250 millones de litros de glifosato al año para Argentina
08:00 | 
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En Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional
Carlos Vicente, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), afirmó que en la Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato, por lo que llamó a abrir el debate sobre la agricultura y el modelo productivo.
Consideró además que la elevación a Ministerio de la Secretaría de Ambiente no es más que "un maquillaje verde" porque hay "continuidad y profundización" del extractivismo con el avance de los agronegocios, la deforestación, los megaproyectos y la minería a cielo abierto.
Vicente, de formación farmacéutico y activista ambiental desde hace 30 años en GRAIN (internacional) y en Acción por la Biodiversidad, de apoyo a las protestas populares por el derecho a un ambiente sano pidió que el gobierno llame a un debate "de fondo" sobre las problemáticas que afectan los territorios y que declare "la emergencia ambiental nacional".
Al explicar la necesidad de abrir la discusión puso como ejemplo a los agronegocios: "aquí no hay ningún tipo de debate sobre qué modelo de agricultura queremos. Hoy se aplican más de 250 millones de litros de glifosato por año y el monocultivo ocupa 20 millones de hectáreas. Algo está fallando y para mí que haya un ministerio no implica la formulación de políticas ni abordar estos debates", dijo el ecologista.
Crítico, tampoco acuerda con la fórmula que utiliza el ministro Sergio Bergman quien en repetidas ocasiones puntualizó que el gobierno nacional "no está en contra de la producción, lo que decimos es que la única producción viable es la sustentable".
"Dicen que el país necesita la minería, quitaron las retenciones pero ¿cómo Argentina va a defender la cordillera con cientos de proyectos mineros a cielo abierto que implican moler las montañas y extraer con productos químicos los minerales?", se preguntó.
Agregó que "sostenible y responsable son adjetivos para engañar a los pueblos pensando que hay posibilidades de que los agronegocios y la minería sean sustentables, cuando esto no es así".
El derrame de solución cianurada en San Juan en septiembre del 2015 le sirvió a Vicente como otro ejemplo de lo que hay que lamentar: "el avance del extractivismo se torna dramático en Argentina. No es que estamos empezando a vivir la crisis, ya hay crisis instalada: el derrame de cianuro en Jáchal es a lo que estamos expuestos y no hay manera de hacer que esa minería a cielo abierto, con cianuro, sea sustentable".
Por otra parte contó que la Renace dejó, apenas asumido el ministro, un documento en la Mesa de Entradas del organismo en el que "planteamos varias problemáticas: agronegocios, la urbana, la de la contaminación, de la minería, de la energía nuclear. Nosotros venimos analizando todos estos temas con las comunidades pero nunca tuvimos ninguna respuesta ni un llamado para el diálogo".
De todos modos advirtió que las organizaciones no están dispuestas a acudir a "un diálogo para plantear parches sino que necesitamos como argentinos generar un debate de fondo sobre el modelo de país que queremos" y recordó que en la Argentina se pierden "200 mil hectáreas de bosques por año".
Sobre este punto distintas ONGs ambientalistas, además de las organizaciones campesinas y de indígenas, reclamaron por el incumplimiento de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en algunos casos porque empresarios avanzaron sobre zonas amarillas, que pueden ser restauradas desde el punto de vista de la conservación o rojas que de acuerdo a la norma son intocables.
Vicente dijo que el debate que pretenden es "socioambiental" porque "nosotros no hablamos de ambiente sin gente. Todos vivimos y somos parte de esta naturaleza, no tenemos un Plan B, no hay otro planeta u otro lugar adonde irnos", y denunció el "vacío" en torno a estos temas que existen "en la sociedad, algo que no es casual porque está alimentado por los grandes medios y sus intereses".
Finalmente remarcó que las soluciones "no van a llegar de arriba" y sostuvo que a su juicio "no hay ningún dirigente ni líder que sea capaz de cambiar la conciencia de la gente; por eso necesitamos que la sociedad empiece a debatir profundamente estas cuestiones sin censuras ni limitaciones".
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional
Carlos Vicente, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), afirmó que en la Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato, por lo que llamó a abrir el debate sobre la agricultura y el modelo productivo.
Consideró además que la elevación a Ministerio de la Secretaría de Ambiente no es más que "un maquillaje verde" porque hay "continuidad y profundización" del extractivismo con el avance de los agronegocios, la deforestación, los megaproyectos y la minería a cielo abierto.
Vicente, de formación farmacéutico y activista ambiental desde hace 30 años en GRAIN (internacional) y en Acción por la Biodiversidad, de apoyo a las protestas populares por el derecho a un ambiente sano pidió que el gobierno llame a un debate "de fondo" sobre las problemáticas que afectan los territorios y que declare "la emergencia ambiental nacional".
Al explicar la necesidad de abrir la discusión puso como ejemplo a los agronegocios: "aquí no hay ningún tipo de debate sobre qué modelo de agricultura queremos. Hoy se aplican más de 250 millones de litros de glifosato por año y el monocultivo ocupa 20 millones de hectáreas. Algo está fallando y para mí que haya un ministerio no implica la formulación de políticas ni abordar estos debates", dijo el ecologista.
Crítico, tampoco acuerda con la fórmula que utiliza el ministro Sergio Bergman quien en repetidas ocasiones puntualizó que el gobierno nacional "no está en contra de la producción, lo que decimos es que la única producción viable es la sustentable".
"Dicen que el país necesita la minería, quitaron las retenciones pero ¿cómo Argentina va a defender la cordillera con cientos de proyectos mineros a cielo abierto que implican moler las montañas y extraer con productos químicos los minerales?", se preguntó.
Agregó que "sostenible y responsable son adjetivos para engañar a los pueblos pensando que hay posibilidades de que los agronegocios y la minería sean sustentables, cuando esto no es así".
El derrame de solución cianurada en San Juan en septiembre del 2015 le sirvió a Vicente como otro ejemplo de lo que hay que lamentar: "el avance del extractivismo se torna dramático en Argentina. No es que estamos empezando a vivir la crisis, ya hay crisis instalada: el derrame de cianuro en Jáchal es a lo que estamos expuestos y no hay manera de hacer que esa minería a cielo abierto, con cianuro, sea sustentable".
Por otra parte contó que la Renace dejó, apenas asumido el ministro, un documento en la Mesa de Entradas del organismo en el que "planteamos varias problemáticas: agronegocios, la urbana, la de la contaminación, de la minería, de la energía nuclear. Nosotros venimos analizando todos estos temas con las comunidades pero nunca tuvimos ninguna respuesta ni un llamado para el diálogo".
De todos modos advirtió que las organizaciones no están dispuestas a acudir a "un diálogo para plantear parches sino que necesitamos como argentinos generar un debate de fondo sobre el modelo de país que queremos" y recordó que en la Argentina se pierden "200 mil hectáreas de bosques por año".
Sobre este punto distintas ONGs ambientalistas, además de las organizaciones campesinas y de indígenas, reclamaron por el incumplimiento de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en algunos casos porque empresarios avanzaron sobre zonas amarillas, que pueden ser restauradas desde el punto de vista de la conservación o rojas que de acuerdo a la norma son intocables.
Vicente dijo que el debate que pretenden es "socioambiental" porque "nosotros no hablamos de ambiente sin gente. Todos vivimos y somos parte de esta naturaleza, no tenemos un Plan B, no hay otro planeta u otro lugar adonde irnos", y denunció el "vacío" en torno a estos temas que existen "en la sociedad, algo que no es casual porque está alimentado por los grandes medios y sus intereses".
Finalmente remarcó que las soluciones "no van a llegar de arriba" y sostuvo que a su juicio "no hay ningún dirigente ni líder que sea capaz de cambiar la conciencia de la gente; por eso necesitamos que la sociedad empiece a debatir profundamente estas cuestiones sin censuras ni limitaciones".
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Córdoba redefine los límites costeros de sus ríos y lagos
Redefinen uso de riberas de ríos y lagos, pero poco cambia
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Coalición pide desestimar la construcción de las represas
Río Santa Cruz sin represas
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: InfoAgua
Provincia/Región: Santa Cruz
La coalición de organizaciones ambientales reclama al Estado Nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz por ser un mal negocio desde lo técnico, ambiental, económico y social. En su lugar, propone un cambio de paradigma en materia de producción y consumo de la energía, orientando los recursos del Estado al cumplimiento de los compromisos pre-electorales de promoción de energías renovables y políticas de eficiencia energética.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) vuelven a reclamar a la Administración Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
La coalición, que en varias oportunidades manifestó su posición frente a este megaproyecto hidroeléctrico (se puede acceder en www.riosantacruzlibre.org), hoy renueva su compromiso en subrayar la necesidad de democratizar la energía en la Argentina, superar el mito de que “las renovables nunca satisfarán más que una ínfima parte de la demanda”, y marcar que el costo ambiental y económico supera significativamente los beneficios energéticos y sociales que podrían satisfacer a la ciudadanía en el corto plazo, y no así en el mediano y largo.
Las grandes represas tienen un alto impacto sobre el medio ambiente y una escasa vida útil por la acumulación de sedimentos que las deja inoperables. Por ambos motivos, no están consideradas energías renovables. A nivel nacional, el gran impacto socio-ambiental de las represas llevó, precisamente, a la decisión legislativa de dejar fuera del régimen de energías renovables a emprendimientos de más de 50 MW2. Asimismo, dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de grandes represas, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana.
Los que se irán
La confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz, ha sido declarada recientemente como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). Esto pondera a la cuenca del río Santa Cruz sobre otros sitios de la región en cuanto a su valor para la conservación de la biodiversidad. El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina, registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. Esta temporada de invierno se contabilizaron casi la mitad de los individuos de macá tobiano en la desembocadura del río Santa Cruz.
Esta desembocadura del Río Santa Cruz es, además, un AICA por mantener regularmente un número equivalente al 1% del total de la población conocida para el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), ya que es no sólo un sitio de alimentación sino que además en la zona del estuario existen dos colonias, las cuales albergan cerca de 30 mil parejas reproductivas. Otras especies, con categoría global de amenaza, que dan valor al AICA son el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y del chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis).
En un informe sobre impactos del complejo hidroeléctrico, la Administración de Parques Nacionales destacó la irreversible pérdida de, y la severa afectación a valiosa biodiversidad, flora, comunidades limnológicas, así como valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es poco serio, una irresponsabilidad por parte de las autoridades.
¿Cuál es la prioridad?
Conforme su diseño original, las represas Kirchner-Cepernic tendrán una productividad o factor de planta del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. Para aprovechar el 100% de la energía generada, debían construirse nuevos tendidos eléctricos que se calculaban en unos 2.000 millones de dólares, haciendo económicamente inviable el proyecto.
Sumado a ello, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global. En este punto es importante subrayar que el sector energético genera el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático. Además existen otros impactos ambientales relacionados con el sector energético, como la contaminación atmosférica y del agua, la destrucción de hábitats y la degradación de tierras.
Una propuesta eficiente
En este sentido, la coalición exige el impulso de una política de eficiencia energética que promueva el uso eficiente de la energía. Esto permitirá contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, a proteger nuestros recursos no renovables, a favorecer que los servicios energéticos se brinden a un menor costo y, de esta manera, también a cuidar la economía. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuar con las prácticas actuales.
Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013).
La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Si bien en la Argentina ya se están impulsando algunas medidas para promover la eficiencia energética, resultan aún parciales e insuficientes. Por todo lo expuesto, las represas representan un mal negocio desde lo ambiental técnico y económico. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto con tan mal prónostico.
Acorralados por China
En esta línea, según los dichos de los funcionarios de la cartera del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la construcción del proyecto hidroeléctrico respondería meramente a compromisos financieros con China para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos. Así, entendemos que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía.
Pareciera que la presión para la realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y que este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, el gobierno de China advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En base a todo lo expuesto, pedimos al gobierno del Presidente Mauricio Macri avanzar en un verdadero cambio hacia la eficiencia en el consumo de las energías existentes y promueva un desarrollo, con autonomía e independencia de monopolios extranjeros, del potencial de las energías renovables para un modelo sustentable argentino.
No avanzar con la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz significaría no sólo un alivio para el ecosistema de esa zona, es sentar un precedente sobre la elección de formas más sustentables de generar energía. Además de fomentar el progreso con responsabilidad y de cambiar las viejas costumbres políticas de ponderar acuerdos económicos por sobre el bienestar del país.
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: InfoAgua
Provincia/Región: Santa Cruz
La coalición de organizaciones ambientales reclama al Estado Nacional desestimar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz por ser un mal negocio desde lo técnico, ambiental, económico y social. En su lugar, propone un cambio de paradigma en materia de producción y consumo de la energía, orientando los recursos del Estado al cumplimiento de los compromisos pre-electorales de promoción de energías renovables y políticas de eficiencia energética.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) vuelven a reclamar a la Administración Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
La coalición, que en varias oportunidades manifestó su posición frente a este megaproyecto hidroeléctrico (se puede acceder en www.riosantacruzlibre.org), hoy renueva su compromiso en subrayar la necesidad de democratizar la energía en la Argentina, superar el mito de que “las renovables nunca satisfarán más que una ínfima parte de la demanda”, y marcar que el costo ambiental y económico supera significativamente los beneficios energéticos y sociales que podrían satisfacer a la ciudadanía en el corto plazo, y no así en el mediano y largo.
Las grandes represas tienen un alto impacto sobre el medio ambiente y una escasa vida útil por la acumulación de sedimentos que las deja inoperables. Por ambos motivos, no están consideradas energías renovables. A nivel nacional, el gran impacto socio-ambiental de las represas llevó, precisamente, a la decisión legislativa de dejar fuera del régimen de energías renovables a emprendimientos de más de 50 MW2. Asimismo, dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua es la construcción de grandes represas, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana.
Los que se irán
La confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz, ha sido declarada recientemente como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). Esto pondera a la cuenca del río Santa Cruz sobre otros sitios de la región en cuanto a su valor para la conservación de la biodiversidad. El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina, registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. Esta temporada de invierno se contabilizaron casi la mitad de los individuos de macá tobiano en la desembocadura del río Santa Cruz.
Esta desembocadura del Río Santa Cruz es, además, un AICA por mantener regularmente un número equivalente al 1% del total de la población conocida para el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), ya que es no sólo un sitio de alimentación sino que además en la zona del estuario existen dos colonias, las cuales albergan cerca de 30 mil parejas reproductivas. Otras especies, con categoría global de amenaza, que dan valor al AICA son el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y del chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis).
En un informe sobre impactos del complejo hidroeléctrico, la Administración de Parques Nacionales destacó la irreversible pérdida de, y la severa afectación a valiosa biodiversidad, flora, comunidades limnológicas, así como valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es poco serio, una irresponsabilidad por parte de las autoridades.
¿Cuál es la prioridad?
Conforme su diseño original, las represas Kirchner-Cepernic tendrán una productividad o factor de planta del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. Para aprovechar el 100% de la energía generada, debían construirse nuevos tendidos eléctricos que se calculaban en unos 2.000 millones de dólares, haciendo económicamente inviable el proyecto.
Sumado a ello, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global. En este punto es importante subrayar que el sector energético genera el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático. Además existen otros impactos ambientales relacionados con el sector energético, como la contaminación atmosférica y del agua, la destrucción de hábitats y la degradación de tierras.
Una propuesta eficiente
En este sentido, la coalición exige el impulso de una política de eficiencia energética que promueva el uso eficiente de la energía. Esto permitirá contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, a proteger nuestros recursos no renovables, a favorecer que los servicios energéticos se brinden a un menor costo y, de esta manera, también a cuidar la economía. El potencial de ahorro estimado a 2030 se encuentra entre el 20% y 30% en relación con la demanda estimada, de continuar con las prácticas actuales.
Todos los sectores pueden disminuir su consumo de energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al menos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una reducción de la demanda futura de combustibles para generación y de una disminución en el costo de inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2013).
La experiencia internacional indica que una de las formas más rápidas y económicas de superar una situación energética crítica es racionalizar y hacer más eficiente el consumo y también que, en general, es más barato ahorrar una unidad de energía que producirla. Si bien en la Argentina ya se están impulsando algunas medidas para promover la eficiencia energética, resultan aún parciales e insuficientes. Por todo lo expuesto, las represas representan un mal negocio desde lo ambiental técnico y económico. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto con tan mal prónostico.
Acorralados por China
En esta línea, según los dichos de los funcionarios de la cartera del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la construcción del proyecto hidroeléctrico respondería meramente a compromisos financieros con China para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos. Así, entendemos que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía.
Pareciera que la presión para la realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y que este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, el gobierno de China advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En base a todo lo expuesto, pedimos al gobierno del Presidente Mauricio Macri avanzar en un verdadero cambio hacia la eficiencia en el consumo de las energías existentes y promueva un desarrollo, con autonomía e independencia de monopolios extranjeros, del potencial de las energías renovables para un modelo sustentable argentino.
No avanzar con la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz significaría no sólo un alivio para el ecosistema de esa zona, es sentar un precedente sobre la elección de formas más sustentables de generar energía. Además de fomentar el progreso con responsabilidad y de cambiar las viejas costumbres políticas de ponderar acuerdos económicos por sobre el bienestar del país.
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Escombrera minera chilena en San Juan vuelve a la luz
Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Riachuelo: inician obra para desechos cloacales
Inician una obra para depurar desechos que caen al Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
A casi ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Riachuelo, el Gobierno nacional comenzó una de las obras centrales para descontaminar la cuenca: la red para evitar que tanto desechos cloacales como otros contaminantes terminen en el río.
Lo que se inició fue la construcción de los túneles secundarios de esa red mediante un sistema llamado pipe-jacking, que minimiza la necesidad de romper las calles y veredas.
A grandes rasgos, el plan tiene tres partes. Por un lado, se construirá un colector en la margen izquierda del Riachuelo, del lado de la Ciudad, que tendrá 11 kilómetros de largo. Este megacaño captará los efluentes cloacales y los vuelcos ilegales que hoy van a parar a la red pluvial y luego al Riachuelo, desde ambas márgenes del río.
El colector, que se construirá con una tuneladora, desembocará en Dock Sud, donde se montará una planta de tratamiento de los efluentes. Desde allí, una segunda tuneladora construirá un canal emisario, por debajo del lecho del Río de la Plata, para terminar volcando los desechos ya procesados en el agua.
En total, se beneficiaría a 1,5 millón de personas, del sur de la Ciudad y de 14 distritos del Conurbano. Pero además esta obra aliviaría la planta de tratamiento que ya funciona en Berazategui, lo que a su vez permitirá expandir las cloacas para los habitantes del sur del GBA.
En total, el proyecto demorará no menos de tres años. Se financiará por un lado préstamo del Banco Mundial por casi 128 millones de euros, y por el otro con más de 3.300 millones de pesos que pondrá el Estado nacional. Todas las obras estarán a cargo de AySA.
El acto de inicio de la construcción se realizó en la Plaza del Avión, en Fernández de la Cruz y Larrazábal, Villa Riachuelo. “Pusimos en marcha una gran obra que ayudará a sanear el Riachuelo. Es el primer paso para saldar una deuda de años”, afirmó el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, que compartió el acto con el ministro de Ambiente Sergio Bergman y autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema firmó el “fallo Mendoza”, por el cual obligó a los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a elaborar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que contemplara la relocalización de la gente que vive a la vera del río, la construcción de cloacas y que se terminara con el vuelco de residuos industriales.Pero entre dificultades económicas y enfrentamientos políticos, los plazos no se cumplieron. Sólo se avanzó en la mudanza de varias familias, la limpieza de las márgenes y la remoción de barcos y autos hundidos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
A casi ocho años del fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento del Riachuelo, el Gobierno nacional comenzó una de las obras centrales para descontaminar la cuenca: la red para evitar que tanto desechos cloacales como otros contaminantes terminen en el río.
Lo que se inició fue la construcción de los túneles secundarios de esa red mediante un sistema llamado pipe-jacking, que minimiza la necesidad de romper las calles y veredas.
A grandes rasgos, el plan tiene tres partes. Por un lado, se construirá un colector en la margen izquierda del Riachuelo, del lado de la Ciudad, que tendrá 11 kilómetros de largo. Este megacaño captará los efluentes cloacales y los vuelcos ilegales que hoy van a parar a la red pluvial y luego al Riachuelo, desde ambas márgenes del río.
El colector, que se construirá con una tuneladora, desembocará en Dock Sud, donde se montará una planta de tratamiento de los efluentes. Desde allí, una segunda tuneladora construirá un canal emisario, por debajo del lecho del Río de la Plata, para terminar volcando los desechos ya procesados en el agua.
En total, se beneficiaría a 1,5 millón de personas, del sur de la Ciudad y de 14 distritos del Conurbano. Pero además esta obra aliviaría la planta de tratamiento que ya funciona en Berazategui, lo que a su vez permitirá expandir las cloacas para los habitantes del sur del GBA.
En total, el proyecto demorará no menos de tres años. Se financiará por un lado préstamo del Banco Mundial por casi 128 millones de euros, y por el otro con más de 3.300 millones de pesos que pondrá el Estado nacional. Todas las obras estarán a cargo de AySA.
El acto de inicio de la construcción se realizó en la Plaza del Avión, en Fernández de la Cruz y Larrazábal, Villa Riachuelo. “Pusimos en marcha una gran obra que ayudará a sanear el Riachuelo. Es el primer paso para saldar una deuda de años”, afirmó el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, que compartió el acto con el ministro de Ambiente Sergio Bergman y autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema firmó el “fallo Mendoza”, por el cual obligó a los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a elaborar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que contemplara la relocalización de la gente que vive a la vera del río, la construcción de cloacas y que se terminara con el vuelco de residuos industriales.Pero entre dificultades económicas y enfrentamientos políticos, los plazos no se cumplieron. Sólo se avanzó en la mudanza de varias familias, la limpieza de las márgenes y la remoción de barcos y autos hundidos.
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Quieren regular la actividad de los feedlot en Buenos Aires
Buscan regular la actividad de los feedlot en la provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un proyecto de ley para establecer pautas al engorde intensivo de animales a corral “a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el bienestar animal”.
La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), determina una normativa que abarcará “a todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral existentes, los que se instalen en un futuro y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, los cuales deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos, exigencias y limitaciones establecidas en la presente”.
Define la actividad de engorde intensivo como “Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC), a un área de confinamiento con comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos productivos. Las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se consideran parte de la estructura del EPEC”.
De acuerdo al proyecto, quedan excluidos del alcance de la ley los encierres temporarios para destetar terneros; encierres por emergencias sanitarias; encierres por emergencias climáticas; y otros encierres transitorios que no excedan de treinta días.
Crea el registro provincial de EPEC, en el que se inscribirán todos los establecimientos y el Registro de Responsables Técnicos, en el cual deberán inscribirse los profesionales matriculados por el Colegio de Veterinarios y de Ingenieros Agrónomos.
Quienes no cumplan la normativa serán sancionados con apercibimiento, multa, inhabilitación temporaria o clausura del establecimiento.
Santiago explicó que “la proliferación de este sistema de producción se debe a que el incremento del aprovechamiento de las tierras generadas por cultivos más rentables, como la soja, está desplazando la ganadería a los rincones menos fértiles de los territorios” y dijo que “en vez de alimentarse de los pastos naturales (ganadería extensiva) o de plantas forrajeras como la alfalfa, el ganado de los feedlots se nutre con alimentos balanceados hechos a base de maíz, soja y otros suplementos especiales”.
Dijo que otro de los objetivos que busca con esa norma es “poder asegurar a los consumidores, tanto del mercado externo como el interno, la calidad del producto comercializado. Para ello es importante establecer las prácticas que aseguren el bienestar, salud y alimentación adecuada del animal, como así también el cuidado del medio ambiente”.
“Debemos tomar conciencia y pensar en el feedlot como una fábrica de carne y que, como en toda fábrica, se deben respetar procedimientos de manera estricta para lograr un producto final de calidad. Todos los pasos industriales deben ser cumplidos, no se podrán saltear etapas u olvidar medidas de manejo, ya que todo debe responder a un estricto programa de producción”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un proyecto de ley para establecer pautas al engorde intensivo de animales a corral “a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el bienestar animal”.
La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), determina una normativa que abarcará “a todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral existentes, los que se instalen en un futuro y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, los cuales deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos, exigencias y limitaciones establecidas en la presente”.
Define la actividad de engorde intensivo como “Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC), a un área de confinamiento con comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos productivos. Las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se consideran parte de la estructura del EPEC”.
De acuerdo al proyecto, quedan excluidos del alcance de la ley los encierres temporarios para destetar terneros; encierres por emergencias sanitarias; encierres por emergencias climáticas; y otros encierres transitorios que no excedan de treinta días.
Crea el registro provincial de EPEC, en el que se inscribirán todos los establecimientos y el Registro de Responsables Técnicos, en el cual deberán inscribirse los profesionales matriculados por el Colegio de Veterinarios y de Ingenieros Agrónomos.
Quienes no cumplan la normativa serán sancionados con apercibimiento, multa, inhabilitación temporaria o clausura del establecimiento.
Santiago explicó que “la proliferación de este sistema de producción se debe a que el incremento del aprovechamiento de las tierras generadas por cultivos más rentables, como la soja, está desplazando la ganadería a los rincones menos fértiles de los territorios” y dijo que “en vez de alimentarse de los pastos naturales (ganadería extensiva) o de plantas forrajeras como la alfalfa, el ganado de los feedlots se nutre con alimentos balanceados hechos a base de maíz, soja y otros suplementos especiales”.
Dijo que otro de los objetivos que busca con esa norma es “poder asegurar a los consumidores, tanto del mercado externo como el interno, la calidad del producto comercializado. Para ello es importante establecer las prácticas que aseguren el bienestar, salud y alimentación adecuada del animal, como así también el cuidado del medio ambiente”.
“Debemos tomar conciencia y pensar en el feedlot como una fábrica de carne y que, como en toda fábrica, se deben respetar procedimientos de manera estricta para lograr un producto final de calidad. Todos los pasos industriales deben ser cumplidos, no se podrán saltear etapas u olvidar medidas de manejo, ya que todo debe responder a un estricto programa de producción”, concluyó.
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Nueva fecha para el Riachuelo: 2023
Riachuelo: estiman que recién en 2023 estará saneado
Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Es la nueva fecha fijada por el ente que debe limpiarlo; mayor control industrial y un colector cloacal, las claves
Tres semanas antes de la presentación oficial que deberá hacer ante la Justicia, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) comenzó una ronda de encuentros para difundir cómo readecuará el plan de saneamiento del río más contaminado de la Argentina. La novedad: 2023 es la fecha que estimaron las autoridades del ente tripartito para que el curso de agua muestre una limpieza palpable.
Las acciones previstas para lograrlo, según el plan que ya se presentó en la sede del gobierno de la ciudad, son: el saneamiento de Dock Sud, la concreción del colector cloacal de la margen porteña y el control estricto de 104 industrias, que no identificaron. Así lo pudo reconstruir LA NACION con algunos de los 200 asistentes de áreas relacionadas con el plan de limpieza.
La presentación estuvo a cargo de quien será, luego de varias idas y venidas, el presidente de la Acumar, Julio Torti, quien hizo gran hincapié en la calidad del agua. En ese sentido, detalló que hoy la cuenca baja tiene registros de menos de 2 mg/l de oxígeno disuelto y que el objetivo es elevar el nivel a 5 mg/l; eso permitiría que la calidad del líquido fuera "aceptable" y pudieran desarrollarse en ese sector flora y fauna.
En la reunión se mencionaron tres lugares conflictivos en la cuenca sobre los que se reforzará el control: el Mercado de Liniers, el Mercado Central y el Aeropuerto de Ezeiza.
La actualización del plan de saneamiento fue ordenada por la Justicia Federal, a la que la Corte Suprema indicó supervisar el cumplimiento del fallo que obliga a limpiar el Riachuelo, ya que todos los plazos impuestos por el máximo tribunal en 2008 fueron incumplidos.
El mes próximo, cuando se cumplan ocho años de aquella decisión, la lista en el haber será bastante pobre: se liberó el camino de sirga, se mantiene y se limpia diariamente de residuos la margen de la Capital, se reubicaron unas 600 de las 17.000 familias censadas, se eliminaron algunos basurales y se consiguió el crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal.
Sólo esta obra demandará un plazo de ejecución de cinco años; es uno de los principales motivos por los que no habrá cambios palpables hasta 2023.
También faltan todavía un serio estudio epidemiológico en el área de la cuenca, controles estrictos a las empresas y cambiar la normativa, que los expertos consideran permisiva.
Para empeorar el panorama, el cuerpo colegiado nombrado por la Corte está descabezado: no hay defensor del pueblo desde 2009 ni su designación aparece en la agenda política. Es la figura que debe presidir a las ONG encargadas de controlar que se cumpla el plan.
En la Defensoría del Pueblo indicaron ayer que no conocían el plan. En tanto, expertos consultados por LA NACION consideraron que se trata de un plan razonable; la cuestión es que se cumpla.
Calidad del agua
Respecto de la calidad del agua, en los informes presentados previamente por la Defensoría ante la Corte figuraba la preocupación de que no sólo hay que pensar en el oxígeno, sino también en los contaminantes. La carga orgánica no es la única que hace pestilente al Riachuelo; cromo, hidrocarburos y sulfuros también deben ser controlados.
Los expertos consideran que debe ser modificada la normativa que regula los efluentes industriales, sobre la base de un estudio pendiente de la capacidad de volcado que soporta el curso de agua.
"Estamos ante un momento histórico; después de unos meses difíciles con turbulencias, de las que no vale la pena hablar pero que todos conocen, está normalizándose la Acumar", dijo Sergio Bergman, el ministro de Ambiente de la Nación, en referencia a las peleas internas que tienen paralizado al organismo desde enero.
Con este nuevo plan, el Gobierno pretende dar agilidad y visibilidad a un problema que afecta a las tres jurisdicciones administradas por Cambiemos: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Hoy, representantes de los tres gobiernos participarán del acto de lanzamiento de la obra más prometida y más esperada de la cuenca: el colector de la margen izquierda del río.
La obra consiste, principalmente, en la construcción de un túnel de unos 16 km de extensión que irá bajo tierra por la margen izquierda del curso de agua. El diámetro del túnel varía de 80 cm a 4,5 metros y su función es recoger y transportar los efluentes cloacales hacia la zona de tratamiento, sobre el Río de la Plata, evitando que se descarguen en el Riachuelo.
La nueva fecha fijada para el saneamiento, que será comunicada a la Corte el 7 de julio, suma otro hito en el cúmulo de promesas para el Riachuelo. Ya en 1811 el Primer Triunvirato se comprometió a limpiarlo, a un año de que se hubieran instalado los primeros mataderos, curtiembres y saladeros. Más de un siglo después, en 1993, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable María Julia Alsogaray prometió que en 1000 días el líquido iba a ser bebible. En 2006, Romina Picolotti estimó una década como plazo de saneamiento.
Pero hoy todavía 8 millones de personas conviven diariamente con la contaminación. Sólo esperan dejar de esperar.
Dos siglos de promesas
1811. Anunció su limpieza el Primer Triunvirato. Ya funcionaban curtiembres, mataderos y saladeros
1871. La Cámara de Diputados provincial se comprometió a canalizar y limpiar el río
1993. La entonces secretaria de Desarrollo Sustentable María Julia Alsogaray prometió que en 1000 días el agua sería apta para consumo
2006. La funcionaria Romina Picolotti estimó una década como plazo para el saneamiento
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Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Es la nueva fecha fijada por el ente que debe limpiarlo; mayor control industrial y un colector cloacal, las claves
Tres semanas antes de la presentación oficial que deberá hacer ante la Justicia, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) comenzó una ronda de encuentros para difundir cómo readecuará el plan de saneamiento del río más contaminado de la Argentina. La novedad: 2023 es la fecha que estimaron las autoridades del ente tripartito para que el curso de agua muestre una limpieza palpable.
Las acciones previstas para lograrlo, según el plan que ya se presentó en la sede del gobierno de la ciudad, son: el saneamiento de Dock Sud, la concreción del colector cloacal de la margen porteña y el control estricto de 104 industrias, que no identificaron. Así lo pudo reconstruir LA NACION con algunos de los 200 asistentes de áreas relacionadas con el plan de limpieza.
La presentación estuvo a cargo de quien será, luego de varias idas y venidas, el presidente de la Acumar, Julio Torti, quien hizo gran hincapié en la calidad del agua. En ese sentido, detalló que hoy la cuenca baja tiene registros de menos de 2 mg/l de oxígeno disuelto y que el objetivo es elevar el nivel a 5 mg/l; eso permitiría que la calidad del líquido fuera "aceptable" y pudieran desarrollarse en ese sector flora y fauna.
En la reunión se mencionaron tres lugares conflictivos en la cuenca sobre los que se reforzará el control: el Mercado de Liniers, el Mercado Central y el Aeropuerto de Ezeiza.
La actualización del plan de saneamiento fue ordenada por la Justicia Federal, a la que la Corte Suprema indicó supervisar el cumplimiento del fallo que obliga a limpiar el Riachuelo, ya que todos los plazos impuestos por el máximo tribunal en 2008 fueron incumplidos.
El mes próximo, cuando se cumplan ocho años de aquella decisión, la lista en el haber será bastante pobre: se liberó el camino de sirga, se mantiene y se limpia diariamente de residuos la margen de la Capital, se reubicaron unas 600 de las 17.000 familias censadas, se eliminaron algunos basurales y se consiguió el crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal.
Sólo esta obra demandará un plazo de ejecución de cinco años; es uno de los principales motivos por los que no habrá cambios palpables hasta 2023.
También faltan todavía un serio estudio epidemiológico en el área de la cuenca, controles estrictos a las empresas y cambiar la normativa, que los expertos consideran permisiva.
Para empeorar el panorama, el cuerpo colegiado nombrado por la Corte está descabezado: no hay defensor del pueblo desde 2009 ni su designación aparece en la agenda política. Es la figura que debe presidir a las ONG encargadas de controlar que se cumpla el plan.
En la Defensoría del Pueblo indicaron ayer que no conocían el plan. En tanto, expertos consultados por LA NACION consideraron que se trata de un plan razonable; la cuestión es que se cumpla.
Calidad del agua
Respecto de la calidad del agua, en los informes presentados previamente por la Defensoría ante la Corte figuraba la preocupación de que no sólo hay que pensar en el oxígeno, sino también en los contaminantes. La carga orgánica no es la única que hace pestilente al Riachuelo; cromo, hidrocarburos y sulfuros también deben ser controlados.
Los expertos consideran que debe ser modificada la normativa que regula los efluentes industriales, sobre la base de un estudio pendiente de la capacidad de volcado que soporta el curso de agua.
"Estamos ante un momento histórico; después de unos meses difíciles con turbulencias, de las que no vale la pena hablar pero que todos conocen, está normalizándose la Acumar", dijo Sergio Bergman, el ministro de Ambiente de la Nación, en referencia a las peleas internas que tienen paralizado al organismo desde enero.
Con este nuevo plan, el Gobierno pretende dar agilidad y visibilidad a un problema que afecta a las tres jurisdicciones administradas por Cambiemos: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Hoy, representantes de los tres gobiernos participarán del acto de lanzamiento de la obra más prometida y más esperada de la cuenca: el colector de la margen izquierda del río.
La obra consiste, principalmente, en la construcción de un túnel de unos 16 km de extensión que irá bajo tierra por la margen izquierda del curso de agua. El diámetro del túnel varía de 80 cm a 4,5 metros y su función es recoger y transportar los efluentes cloacales hacia la zona de tratamiento, sobre el Río de la Plata, evitando que se descarguen en el Riachuelo.
La nueva fecha fijada para el saneamiento, que será comunicada a la Corte el 7 de julio, suma otro hito en el cúmulo de promesas para el Riachuelo. Ya en 1811 el Primer Triunvirato se comprometió a limpiarlo, a un año de que se hubieran instalado los primeros mataderos, curtiembres y saladeros. Más de un siglo después, en 1993, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable María Julia Alsogaray prometió que en 1000 días el líquido iba a ser bebible. En 2006, Romina Picolotti estimó una década como plazo de saneamiento.
Pero hoy todavía 8 millones de personas conviven diariamente con la contaminación. Sólo esperan dejar de esperar.
Dos siglos de promesas
1811. Anunció su limpieza el Primer Triunvirato. Ya funcionaban curtiembres, mataderos y saladeros
1871. La Cámara de Diputados provincial se comprometió a canalizar y limpiar el río
1993. La entonces secretaria de Desarrollo Sustentable María Julia Alsogaray prometió que en 1000 días el agua sería apta para consumo
2006. La funcionaria Romina Picolotti estimó una década como plazo para el saneamiento
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El Río de la Plata ya siente el impacto del cambio climático
El cambio climático ya se siente en el Río de la Plata
Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: Revista Claves21
Provincia/Región: Nacional
Para gran parte de los porteños y bonaerenses, solo se trata de un río contaminado, un “charco” que separa nuestro país con Uruguay y, tal vez, algunos con más años recuerden cuando todavía era posible entrar en sus aguas para hacer una zambullida. Pero el Río de la Plata es mucho más que un recuerdo o un ambiente atacado por los desechos y sustancias arrojados por las personas. Allí sobrevive una biodiversidad propia, mientras que los vientos y mareas que circulan por su superficie influyen en la vida de las poblaciones vecinas. Sin embargo, como sucede en otras latitudes y ambientes completamente distintos, el cambio climático también se hace sentir en esta región y el Río de la Plata no está exento de sus impactos, entre los que se cuentan el incremento de inundaciones producto del aumento del nivel de las aguas.
“Normalmente las poblaciones más afectadas por las crecidas del río son las que se encuentran por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar”, dice el geógrafo del Instituto Geográfico Nacional, Ignacio Gatti. La ribera de Quilmes y Ensenada que está afectada principalmente por sudestadas, las zonas del río Matanza-Riachuelo, toda la costa de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y San Fernando y las islas del Delta, por las crecidas del río Paraná, resalta Gatti, se convierten en lugares con amplias posibilidades de sufrir inundaciones a partir de las nuevas variables del Río de la Plata.
El avance del agua en estas zonas no es algo nuevo e incluso, en muchos casos, sus habitantes hasta se han acostumbrado a que suceda. Entonces, ¿por qué habría que prestarle especial atención a lo que pueda suceder en estos lugares? Lejos de mantenerse estático, los estudios marcan que el Río de la Plata está elevando el nivel de sus aguas.
“Esto obedece a distintas causas -explica la doctora en Ciencias de la Atmósfera Inés Camilloni-. Por un lado, que los ríos que aportan agua, que son principalmente el Paraná y el Uruguay, tienen tendencias positivas: esto quiere decir que son cada vez más caudalosos y por lo tanto, arrastran cada vez más agua al estuario del Río de la Plata.
Otra de las causas es una mayor frecuencia de vientos con componente del Este y eso hace que de alguna forma se apile más agua sobre el margen de la provincia de Buenos Aires. La tercera causa que explica el fenómeno es el ascenso del nivel del mar que también fuerza a que haya niveles de agua cada vez más altos”.
Según el Proyecto Impactos del Cambio Global en las áreas costeras del Río de la Plata (IACC LA 26), llevado adelante por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y científicos de Uruguay, el nivel medio del río aumenta 1,7 mm por año, aunque desde 1970 esta tendencia se habría acelerado. Para finales de este siglo, los modelos hidrodinámicos proyectaron un aumento del nivel medio de 50 centímetros, en su valor máximo.
El aumento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay, que alimentan al Río de la Plata, debe entenderse sin desconocer una de las principales consecuencias del cambio climático: el incremento de las precipitaciones, en este caso, en la región del noreste argentino.
Por su parte, la razón del cambio en el régimen de vientos hay que buscarla en el océano Atlántico, más allá de las aguas amarronadas del río. Allí se ubica un centro de alta presión que, por el cambio climático, ahora se desplaza cada vez más hacia el sur y provoca el aumento en la frecuencia de sudestadas, detalla Camilloni, investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA).
Ante estos eventos, las zonas ribereñas se convierten en zonas vulnerables a sufrir inundaciones, por las crecidas en primer lugar, aunque también por las llamadas sudestadas, que algunas incluso pueden ser acompañadas por precipitaciones.
Adaptación al cambio
La adaptación frente al cambio climático de los habitantes de las zonas costeras al Río de la Plata y aledaños no será una tarea sencilla. Por el contrario, un primer paso tal vez sea subsanar antiguos errores.
“Hoy una causa de inundación es el asentamiento de poblaciones en lugares de baja cota, por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar, en lugares muy cercanos a los arroyos que serían llanuras naturales de inundación”, describe Gatti. Y este no es el único problema que enfrentan los vecinos de zonas en donde el agua causa estragos.
Otros aspectos que el geógrafo enumera son “la falta de espacios verdes para que el agua pueda infiltrarse, la pavimentación de las calles, que por la elevación del nivel del suelo hace que en muchos casos se cree una especie de estanque, y la falta de redes pluviales de desague”.
Ante esto, la pregunta inevitable es qué se debería hacer, entonces Gatti detalla: “El agua acumulada debiera terminar en el Río de la Plata. En la ribera de Quilmes no existen las cañerías, no hay ningún tipo de desagüe pluvial. En la zona de Tigre hay, aunque no en todos los barrios y lo mismo ocurre en San Fernando, en Ensenada y en Berisso parcialmente. Hay que dejar espacios verdes, no construir en lugares altamente expuestos a inundaciones y permitir que haya estudios de impacto ambiental que incluyan el tema de las inundaciones, que actualmente no tienen en cuenta este tipo de problemáticas”.
Las viviendas, en especial las ubicadas en barrios vulnerables y al mismo tiempo afectadas por las crecidas del Río de la Plata representan otro punto de relevancia. Gatti señala la importancia de empezar a construir “viviendas adaptadas a las zonas bajas, a los pulsos de inundación de ascenso del agua”. “Serían de dos plantas o con palafitos, como se usa en Tigre, donde el agua sube pero la gente no pierde nada porque la casa está adaptada. Todo lo que se haga en la zona costera va a tener que tener en cuenta el aumento del nivel del río”, sostiene.
Riesgos para la biodiversidad
Los impactos del cambio climático también se notan en la dinámica actual del Río de la Plata y llegan hasta las especies que lo habitan. “Una de las teorías es que por el aumento de la influencia de los eventos y las precipitaciones extremas en la parte norte de la Cuenca del Plata hay más lluvias y al haber más lluvias, básicamente por el cambio climático, va a haber un corrimiento de los animales”, cuenta Alejandra Volpedo, doctora en ciencias biológicas y vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Investigaciones en Producción Animal (INPA), dependiente del CONICET.
Volpedo explica que por el aumento de las lluvias y en consecuencia del caudal de los ríos Paraná y Uruguay, ya notaron que la cantidad de peces que bajan por estos cursos de agua es mayor. Frente a esto, alerta que los peces pueden cambiar su tipo de alimentación y que de esta manera se puede romper la cadena alimentaria. “La distribución de especies cambió, esto es una observación directa, no es una especulación”, apunta.
“Lo que hacemos desde el INPA es una determinación del stock pesquero -dice Volpedo-. O sea, averiguamos dónde están los peces y hacia dónde van esas especies. Lo hacemos a través de un otolito (un dispositivo de ubicación) que tienen los peces en la cabeza y podemos saber si las especies se están desplazando o no, y si son tolerantes a los cambios ambientales”.
Volpedo destaca además que el Río de la Plata, en especial la bahía de Sanborombón, “es una zona clave de desove de muchas especies de importancia comercial, por ejemplo de corvinas y pescadillas”.
“Que haya modificaciones ambientales en los hábitat de reproducción de estas especies implica muchos riesgos. Si hay cambios y las especies no desovan del todo esto seguramente va a afectar la pesca comercial”, advierte la especialista.
El Río de la Plata también es el escenario de algas tóxicas. Sin embargo, y al contrario de lo que se suele creer, su crecimiento no está directamente relacionado al cambio climático, sino que, según aclara la investigadora, se debe a un aumento de los nutrientes que llegan a sus aguas. “Se debe a que manejamos muy mal los efluentes, tanto los agropecuarios como los domésticos. Entonces al no haber en muchos lugares plantas de tratamiento o manejo adecuado de los efluentes o de las escorrentías de la parte de la agricultura, en estos casos todo termina en el mar”, sostiene.
No obstante, Volpedo aclara: “El incremento de algas tóxicas no necesariamente está relacionado con el aumento de temperatura, que sí hace que crezcan las algas, pero antes tiene que haber nutrientes. Es muy difícil separar los factores ambientales que afectan a una especie. No se puede decir ‘esto es cambio climático y esto es de contaminación’. Por eso muchas veces se llama en lugar de cambio climático, cambios globales, que incluyen todo”.
“Nos aparecen bastantes animales que antes quizá tenían otra distribución o con algunas malformaciones. Eso no podemos asignarlo totalmente a modificaciones en el ambiente, pero estamos tratando de ver qué está pasando”, concluye Volpedo.
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Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: Revista Claves21
Provincia/Región: Nacional
Para gran parte de los porteños y bonaerenses, solo se trata de un río contaminado, un “charco” que separa nuestro país con Uruguay y, tal vez, algunos con más años recuerden cuando todavía era posible entrar en sus aguas para hacer una zambullida. Pero el Río de la Plata es mucho más que un recuerdo o un ambiente atacado por los desechos y sustancias arrojados por las personas. Allí sobrevive una biodiversidad propia, mientras que los vientos y mareas que circulan por su superficie influyen en la vida de las poblaciones vecinas. Sin embargo, como sucede en otras latitudes y ambientes completamente distintos, el cambio climático también se hace sentir en esta región y el Río de la Plata no está exento de sus impactos, entre los que se cuentan el incremento de inundaciones producto del aumento del nivel de las aguas.
“Normalmente las poblaciones más afectadas por las crecidas del río son las que se encuentran por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar”, dice el geógrafo del Instituto Geográfico Nacional, Ignacio Gatti. La ribera de Quilmes y Ensenada que está afectada principalmente por sudestadas, las zonas del río Matanza-Riachuelo, toda la costa de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y San Fernando y las islas del Delta, por las crecidas del río Paraná, resalta Gatti, se convierten en lugares con amplias posibilidades de sufrir inundaciones a partir de las nuevas variables del Río de la Plata.
El avance del agua en estas zonas no es algo nuevo e incluso, en muchos casos, sus habitantes hasta se han acostumbrado a que suceda. Entonces, ¿por qué habría que prestarle especial atención a lo que pueda suceder en estos lugares? Lejos de mantenerse estático, los estudios marcan que el Río de la Plata está elevando el nivel de sus aguas.
“Esto obedece a distintas causas -explica la doctora en Ciencias de la Atmósfera Inés Camilloni-. Por un lado, que los ríos que aportan agua, que son principalmente el Paraná y el Uruguay, tienen tendencias positivas: esto quiere decir que son cada vez más caudalosos y por lo tanto, arrastran cada vez más agua al estuario del Río de la Plata.
Otra de las causas es una mayor frecuencia de vientos con componente del Este y eso hace que de alguna forma se apile más agua sobre el margen de la provincia de Buenos Aires. La tercera causa que explica el fenómeno es el ascenso del nivel del mar que también fuerza a que haya niveles de agua cada vez más altos”.
Según el Proyecto Impactos del Cambio Global en las áreas costeras del Río de la Plata (IACC LA 26), llevado adelante por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y científicos de Uruguay, el nivel medio del río aumenta 1,7 mm por año, aunque desde 1970 esta tendencia se habría acelerado. Para finales de este siglo, los modelos hidrodinámicos proyectaron un aumento del nivel medio de 50 centímetros, en su valor máximo.
El aumento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay, que alimentan al Río de la Plata, debe entenderse sin desconocer una de las principales consecuencias del cambio climático: el incremento de las precipitaciones, en este caso, en la región del noreste argentino.
Por su parte, la razón del cambio en el régimen de vientos hay que buscarla en el océano Atlántico, más allá de las aguas amarronadas del río. Allí se ubica un centro de alta presión que, por el cambio climático, ahora se desplaza cada vez más hacia el sur y provoca el aumento en la frecuencia de sudestadas, detalla Camilloni, investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA).
Ante estos eventos, las zonas ribereñas se convierten en zonas vulnerables a sufrir inundaciones, por las crecidas en primer lugar, aunque también por las llamadas sudestadas, que algunas incluso pueden ser acompañadas por precipitaciones.
Adaptación al cambio
La adaptación frente al cambio climático de los habitantes de las zonas costeras al Río de la Plata y aledaños no será una tarea sencilla. Por el contrario, un primer paso tal vez sea subsanar antiguos errores.
“Hoy una causa de inundación es el asentamiento de poblaciones en lugares de baja cota, por debajo de los cinco metros sobre el nivel del mar, en lugares muy cercanos a los arroyos que serían llanuras naturales de inundación”, describe Gatti. Y este no es el único problema que enfrentan los vecinos de zonas en donde el agua causa estragos.
Otros aspectos que el geógrafo enumera son “la falta de espacios verdes para que el agua pueda infiltrarse, la pavimentación de las calles, que por la elevación del nivel del suelo hace que en muchos casos se cree una especie de estanque, y la falta de redes pluviales de desague”.
Ante esto, la pregunta inevitable es qué se debería hacer, entonces Gatti detalla: “El agua acumulada debiera terminar en el Río de la Plata. En la ribera de Quilmes no existen las cañerías, no hay ningún tipo de desagüe pluvial. En la zona de Tigre hay, aunque no en todos los barrios y lo mismo ocurre en San Fernando, en Ensenada y en Berisso parcialmente. Hay que dejar espacios verdes, no construir en lugares altamente expuestos a inundaciones y permitir que haya estudios de impacto ambiental que incluyan el tema de las inundaciones, que actualmente no tienen en cuenta este tipo de problemáticas”.
Las viviendas, en especial las ubicadas en barrios vulnerables y al mismo tiempo afectadas por las crecidas del Río de la Plata representan otro punto de relevancia. Gatti señala la importancia de empezar a construir “viviendas adaptadas a las zonas bajas, a los pulsos de inundación de ascenso del agua”. “Serían de dos plantas o con palafitos, como se usa en Tigre, donde el agua sube pero la gente no pierde nada porque la casa está adaptada. Todo lo que se haga en la zona costera va a tener que tener en cuenta el aumento del nivel del río”, sostiene.
Riesgos para la biodiversidad
Los impactos del cambio climático también se notan en la dinámica actual del Río de la Plata y llegan hasta las especies que lo habitan. “Una de las teorías es que por el aumento de la influencia de los eventos y las precipitaciones extremas en la parte norte de la Cuenca del Plata hay más lluvias y al haber más lluvias, básicamente por el cambio climático, va a haber un corrimiento de los animales”, cuenta Alejandra Volpedo, doctora en ciencias biológicas y vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Investigaciones en Producción Animal (INPA), dependiente del CONICET.
Volpedo explica que por el aumento de las lluvias y en consecuencia del caudal de los ríos Paraná y Uruguay, ya notaron que la cantidad de peces que bajan por estos cursos de agua es mayor. Frente a esto, alerta que los peces pueden cambiar su tipo de alimentación y que de esta manera se puede romper la cadena alimentaria. “La distribución de especies cambió, esto es una observación directa, no es una especulación”, apunta.
“Lo que hacemos desde el INPA es una determinación del stock pesquero -dice Volpedo-. O sea, averiguamos dónde están los peces y hacia dónde van esas especies. Lo hacemos a través de un otolito (un dispositivo de ubicación) que tienen los peces en la cabeza y podemos saber si las especies se están desplazando o no, y si son tolerantes a los cambios ambientales”.
Volpedo destaca además que el Río de la Plata, en especial la bahía de Sanborombón, “es una zona clave de desove de muchas especies de importancia comercial, por ejemplo de corvinas y pescadillas”.
“Que haya modificaciones ambientales en los hábitat de reproducción de estas especies implica muchos riesgos. Si hay cambios y las especies no desovan del todo esto seguramente va a afectar la pesca comercial”, advierte la especialista.
El Río de la Plata también es el escenario de algas tóxicas. Sin embargo, y al contrario de lo que se suele creer, su crecimiento no está directamente relacionado al cambio climático, sino que, según aclara la investigadora, se debe a un aumento de los nutrientes que llegan a sus aguas. “Se debe a que manejamos muy mal los efluentes, tanto los agropecuarios como los domésticos. Entonces al no haber en muchos lugares plantas de tratamiento o manejo adecuado de los efluentes o de las escorrentías de la parte de la agricultura, en estos casos todo termina en el mar”, sostiene.
No obstante, Volpedo aclara: “El incremento de algas tóxicas no necesariamente está relacionado con el aumento de temperatura, que sí hace que crezcan las algas, pero antes tiene que haber nutrientes. Es muy difícil separar los factores ambientales que afectan a una especie. No se puede decir ‘esto es cambio climático y esto es de contaminación’. Por eso muchas veces se llama en lugar de cambio climático, cambios globales, que incluyen todo”.
“Nos aparecen bastantes animales que antes quizá tenían otra distribución o con algunas malformaciones. Eso no podemos asignarlo totalmente a modificaciones en el ambiente, pero estamos tratando de ver qué está pasando”, concluye Volpedo.
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Guacamayos listos para volar en los Esteros del Iberá
El segundo grupo de guacamayos rojos se está entrenando para su próxima suelta en los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El grupo de guacamayos de Monte Rey sigue creciendo! Luego de la incorporación de tres guacamayos provenientes del Zoo de Buenos Aires, ya son ocho los individuos viviendo en el jaulón de presuelta en Monte Rey, Reserva Cambyreta, Portal Norte de los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Los tres nuevos miembros se adaptaron bien a su entorno y se incorporaron rápidamente a la rutina diaria de ejercicios de vuelo que venía realizando el grupo más veterano de cinco animales. “Nos encontramos ahora en la etapa de entrenamiento activo de este grupo de guacamayos, la cual se concentra en tres aspectos vitales para su supervivencia en libertad: capacidad de vuelo, búsqueda de alimento y comportamiento anti-predatorio. Para esto, contamos con la colaboración del licenciado Fabian Gabelli, reconocido biólogo del comportamiento y entrenador de animales silvestres. Hoy en día trabajamos principalmente en la mejoría de la capacidad de vuelo de las aves, mientras que nos centraremos en la identificación de alimentos y depredadores más cerca de la fecha de liberación”, indicaron desde Conservation Land Trust, la organización creada por Douglas Tompinks para la preservación.
La actividad busca promover el desarrollo de la musculatura de vuelo de los guacamayos, que en estos individuos se encuentra en general atrofiada por falta de práctica. Esto es de gran importancia, considerando que son ejemplares que pasaron toda su vida en cautiverio, muchas veces en jaulas pequeñas, y que nunca tuvieron la oportunidad ni la necesidad de perfeccionar el uso de alas y cola para maniobrar en el aire.
Para llevar a cabo las prácticas de vuelo, se construyo un amplio jaulón de red de 25 metros de largo adyacente al jaulón de presuelta donde viven los guacamayos. En cada extremo del jaulón se localizaron comederos que pueden ser abiertos a distancia mediante un sistema de control remoto que cuentan con luces y sonidos que indican a los guacamayos cuando hay alimento disponible en ellos.
“Abriendo los comederos alternadamente, logramos que los individuos vuelen de un lado al otro y así ejerciten sus alas. Es importante que las aves vuelen estas distancias por voluntad propia, en búsqueda de recompensas de alimento, y no se incite al vuelo al espantarlas o asustarlas ya que en este último caso se desplazan de manera desprolija y no aprenden a hacerlo en forma adecuada. Dado al elevado gasto de energía que requiere el vuelo, es importante mantener un minucioso control del peso de los guacamayos para compensar este gasto energético con alimentación acorde, y por eso se los entrenó para se suban diariamente a una balanza, actividad que los guacamayos realizan con gusto, especialmente sabiendo que van a recibir como recompensa uno de sus alimentos nativos favoritos: el mbocayá!. Luego de subir a la balanza y pesarse, pasan al jaulón de entrenamiento de a uno para realizar durante algunos minutos los ejercicios de prácticas de vuelo”, explicaron.
Por ahora estas se realizan en forma individual porque todavía cada ave tiene distinta capacidad de vuelo. Una vez que las destrezas de vuelo se hayan nivelado, se podrán entrenar varios ejemplares a la vez. Que los guacamayos tengan capacidad de volar durante distancias considerables, habilidad de realizar maniobras en el aire y aterrizajes y despegues adecuados, resultará fundamental para que sus chances de sobrevivir aumenten a partir del día en que vuelvan a volar en libertad.
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Fecha de Publicación: 18/06/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El grupo de guacamayos de Monte Rey sigue creciendo! Luego de la incorporación de tres guacamayos provenientes del Zoo de Buenos Aires, ya son ocho los individuos viviendo en el jaulón de presuelta en Monte Rey, Reserva Cambyreta, Portal Norte de los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Los tres nuevos miembros se adaptaron bien a su entorno y se incorporaron rápidamente a la rutina diaria de ejercicios de vuelo que venía realizando el grupo más veterano de cinco animales. “Nos encontramos ahora en la etapa de entrenamiento activo de este grupo de guacamayos, la cual se concentra en tres aspectos vitales para su supervivencia en libertad: capacidad de vuelo, búsqueda de alimento y comportamiento anti-predatorio. Para esto, contamos con la colaboración del licenciado Fabian Gabelli, reconocido biólogo del comportamiento y entrenador de animales silvestres. Hoy en día trabajamos principalmente en la mejoría de la capacidad de vuelo de las aves, mientras que nos centraremos en la identificación de alimentos y depredadores más cerca de la fecha de liberación”, indicaron desde Conservation Land Trust, la organización creada por Douglas Tompinks para la preservación.
La actividad busca promover el desarrollo de la musculatura de vuelo de los guacamayos, que en estos individuos se encuentra en general atrofiada por falta de práctica. Esto es de gran importancia, considerando que son ejemplares que pasaron toda su vida en cautiverio, muchas veces en jaulas pequeñas, y que nunca tuvieron la oportunidad ni la necesidad de perfeccionar el uso de alas y cola para maniobrar en el aire.
Para llevar a cabo las prácticas de vuelo, se construyo un amplio jaulón de red de 25 metros de largo adyacente al jaulón de presuelta donde viven los guacamayos. En cada extremo del jaulón se localizaron comederos que pueden ser abiertos a distancia mediante un sistema de control remoto que cuentan con luces y sonidos que indican a los guacamayos cuando hay alimento disponible en ellos.
“Abriendo los comederos alternadamente, logramos que los individuos vuelen de un lado al otro y así ejerciten sus alas. Es importante que las aves vuelen estas distancias por voluntad propia, en búsqueda de recompensas de alimento, y no se incite al vuelo al espantarlas o asustarlas ya que en este último caso se desplazan de manera desprolija y no aprenden a hacerlo en forma adecuada. Dado al elevado gasto de energía que requiere el vuelo, es importante mantener un minucioso control del peso de los guacamayos para compensar este gasto energético con alimentación acorde, y por eso se los entrenó para se suban diariamente a una balanza, actividad que los guacamayos realizan con gusto, especialmente sabiendo que van a recibir como recompensa uno de sus alimentos nativos favoritos: el mbocayá!. Luego de subir a la balanza y pesarse, pasan al jaulón de entrenamiento de a uno para realizar durante algunos minutos los ejercicios de prácticas de vuelo”, explicaron.
Por ahora estas se realizan en forma individual porque todavía cada ave tiene distinta capacidad de vuelo. Una vez que las destrezas de vuelo se hayan nivelado, se podrán entrenar varios ejemplares a la vez. Que los guacamayos tengan capacidad de volar durante distancias considerables, habilidad de realizar maniobras en el aire y aterrizajes y despegues adecuados, resultará fundamental para que sus chances de sobrevivir aumenten a partir del día en que vuelvan a volar en libertad.
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Reconvertirán el Zoo de La Plata
El Zoo de La Plata será un bioparque con menos nimales cautivos
Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya liberaron un búfalo y seguirán con un ciervo y lémures a otros espacios. La idea es sumar proyectos educativos y de conservación y reducir las especies que están entre rejas. Siguen así la tendencia mundial.
El Zoológico de La Plata busca cambiar su impronta y comenzó desde adentro: con el traslado de Milu, una hembra de búfalo que dejó la jaula para convivir con otros de su especie en una estancia de cría, se inició un proceso para transformar este tradicional paseo en un centro de conservación de animales. Más componentes educativos e interactivos con los visitantes y menos bichos encerrados entre rejas.
Es una tendencia que se expande en otras ciudades y comporta una mirada más amigable hacia los animales. Además de buscar un destino mejor para los casi $ 30 millones anuales que insume el mantenimiento del predio, gran parte destinada a toneladas de alimentos para la fauna.
El Jardín Zoológico de La Plata está cerca de cumplir 110 años. Fundado en 1907 por iniciativa del gobernador Ignacio Irigoyen y el impulso del coleccionista Alfredo Plot, se cedieron casi 19 hectáreas en el corazón del Bosque para destinarlas a la construcción de pabellones, ambientes y caminos que alojarían las especies para exhibición pública.
Junto con el Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales, el Zoo formó un eje de atracción que fue paseo obligado de todo visitante. Por año ingresan 180 mil personas. El precio del ticket es de $ 25. Los menores de 7 y los jubilados no pagan.
Los tiempos cambiaron, y con los ambientalistas y defensores de los derechos de los animales ahora se buscan otros paradigmas. Administrado por el municipio de La Plata, la gestión de Julio Garro intenta transformar el paseo en un “bioparque del siglo XXI”, en interacción con el bosque que bordea la capital bonaerense. Garro firmó un convenio con el Conicet para instalar en el complejo un Laboratorio de Morfología Evolutiva y Desarrollo, dirigido por especialistas de las facultades de Veterinaria y Ciencias Naturales.
Las autoridades ya tienen previsto el traslado de otros ejemplares que seguirán el camino de Milu. La búfala ya convive con una manada en un espacio libre de 300 hectáreas. “En los próximos meses derivaremos un ciervo “dama” que también irá a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) que está en el parque Pereyra Iraola y dos lémures que serán trasladados al zoo de Batán, donde convivirán con ejemplares de su misma especie”, dijo a Clarín el director del Zoo platense, Diego Brutti.
Hoy hay en condiciones de encierro unos 200 mamíferos, 250 aves y 50 reptiles. “Hay ciertas deficiencias estructurales y algunas dificultades para el tratamiento de los animales”, reconocen en el municipio. Es que las inversiones fueron mínimas en estos años.
El modelo que pretenden los responsables del paseo está más cerca de los parques temáticos como Temaikén. La transformación será paulatina. “Ya no vamos a adquirir nuevos ejemplares y los exóticos solo se incorporarán por motivos de rescate o para conservación”, explicó Brutti.
El elefante de más de 50 años terminará sus días en el Zoo. No es fácil encontrar un lugar para esa mamífero. “No sabe vivir de otra manera y está acostumbrado a este hábitat”, argumentan. Lo mismo ocurrirá con cinco chimpancés que ya tienen afinidad con sus cuidadores. También con el lote de felinos (un tigre, dos tigresas, un león y dos leonas), algunos de ellos incautados en circos y otros sitios.
El municipio tiene previsto reconvertir los ambientes enrejados en recintos amplios donde puedan vivir y reproducirse grupos de fauna autóctona como el guará guazú o el yaguareté, en riesgo de extinción. Esos ejemplares podrían ser trasladados a parques nacionales.
“Lograremos que se vean animales en buenas condiciones. Convertir este centro en un lugar de educación”, explicó Juan Ignacio Martínez Ayerra, Secretario de Espacio Público y Gestión Ambiental.
“Vamos a transformar el lugar en un predio educativo y recreativo”, concluyó el intendente Garro.
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Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya liberaron un búfalo y seguirán con un ciervo y lémures a otros espacios. La idea es sumar proyectos educativos y de conservación y reducir las especies que están entre rejas. Siguen así la tendencia mundial.
El Zoológico de La Plata busca cambiar su impronta y comenzó desde adentro: con el traslado de Milu, una hembra de búfalo que dejó la jaula para convivir con otros de su especie en una estancia de cría, se inició un proceso para transformar este tradicional paseo en un centro de conservación de animales. Más componentes educativos e interactivos con los visitantes y menos bichos encerrados entre rejas.
Es una tendencia que se expande en otras ciudades y comporta una mirada más amigable hacia los animales. Además de buscar un destino mejor para los casi $ 30 millones anuales que insume el mantenimiento del predio, gran parte destinada a toneladas de alimentos para la fauna.
El Jardín Zoológico de La Plata está cerca de cumplir 110 años. Fundado en 1907 por iniciativa del gobernador Ignacio Irigoyen y el impulso del coleccionista Alfredo Plot, se cedieron casi 19 hectáreas en el corazón del Bosque para destinarlas a la construcción de pabellones, ambientes y caminos que alojarían las especies para exhibición pública.
Junto con el Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales, el Zoo formó un eje de atracción que fue paseo obligado de todo visitante. Por año ingresan 180 mil personas. El precio del ticket es de $ 25. Los menores de 7 y los jubilados no pagan.
Los tiempos cambiaron, y con los ambientalistas y defensores de los derechos de los animales ahora se buscan otros paradigmas. Administrado por el municipio de La Plata, la gestión de Julio Garro intenta transformar el paseo en un “bioparque del siglo XXI”, en interacción con el bosque que bordea la capital bonaerense. Garro firmó un convenio con el Conicet para instalar en el complejo un Laboratorio de Morfología Evolutiva y Desarrollo, dirigido por especialistas de las facultades de Veterinaria y Ciencias Naturales.
Las autoridades ya tienen previsto el traslado de otros ejemplares que seguirán el camino de Milu. La búfala ya convive con una manada en un espacio libre de 300 hectáreas. “En los próximos meses derivaremos un ciervo “dama” que también irá a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) que está en el parque Pereyra Iraola y dos lémures que serán trasladados al zoo de Batán, donde convivirán con ejemplares de su misma especie”, dijo a Clarín el director del Zoo platense, Diego Brutti.
Hoy hay en condiciones de encierro unos 200 mamíferos, 250 aves y 50 reptiles. “Hay ciertas deficiencias estructurales y algunas dificultades para el tratamiento de los animales”, reconocen en el municipio. Es que las inversiones fueron mínimas en estos años.
El modelo que pretenden los responsables del paseo está más cerca de los parques temáticos como Temaikén. La transformación será paulatina. “Ya no vamos a adquirir nuevos ejemplares y los exóticos solo se incorporarán por motivos de rescate o para conservación”, explicó Brutti.
El elefante de más de 50 años terminará sus días en el Zoo. No es fácil encontrar un lugar para esa mamífero. “No sabe vivir de otra manera y está acostumbrado a este hábitat”, argumentan. Lo mismo ocurrirá con cinco chimpancés que ya tienen afinidad con sus cuidadores. También con el lote de felinos (un tigre, dos tigresas, un león y dos leonas), algunos de ellos incautados en circos y otros sitios.
El municipio tiene previsto reconvertir los ambientes enrejados en recintos amplios donde puedan vivir y reproducirse grupos de fauna autóctona como el guará guazú o el yaguareté, en riesgo de extinción. Esos ejemplares podrían ser trasladados a parques nacionales.
“Lograremos que se vean animales en buenas condiciones. Convertir este centro en un lugar de educación”, explicó Juan Ignacio Martínez Ayerra, Secretario de Espacio Público y Gestión Ambiental.
“Vamos a transformar el lugar en un predio educativo y recreativo”, concluyó el intendente Garro.
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Estiman el potencial solar de Rosario
El 60% de las viviendas de Rosario puede captar energía solar
Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: Rosario Pus
Provincia/Región: Santa Fe
Ante el exponencial aumento de las facturas, muchos rosarinos empiezan a evaluar la posibilidad de invertir en la generación de energía renovable. La ciudad se ubica en una posición geográfica favorable para apostar a la radiación solar. Provincia y municipio están a la vanguardia en políticas públicas
El nuevo cuadro tarifario de servicios básicos como la luz y el gas despertaron el interés por la energía renovable. Según el relevamiento realizado por Rosarioplus.com, hay cada vez más rosarinos que consultan y se asesoran para poder instalar en sus domicilios o empresas paneles fotovoltaicos para transformar la radiación solar en energía, lo que permite un significativo ahorro a la hora de pagar las facturas.
Ahora bien, la ubicación geográfica del inmueble puede en muchos casos ser un escollo insalvable para quienes deciden embarcarse en esta iniciativa. Los paneles deben colocarse sí o sí sobre cualquier superficie que reciba luz, preferentemente con orientación al norte.
“Esto es fundamental. De ahí que cuanto más alejado del radio formado por los principales bulevares, mejor”, señaló Pablo, coordinador del área de ingeniería del Taller STS Rosario, uno de los pocos emprendimientos que en la ciudad ofrece servicios de energía solar.
Es indispensable tener un techo que esté expuesto al sol directo al menos en la mitad de su diámetro. Los cálculos que hacen los ingenieros, empresarios y funcionarios del área de medio ambientes es que el 60% de las viviendas de la ciudad tienen este requisito.
“Rosario se ubica en una posición geográfica favorable para la generación de energía a partir de paneles solares. Así lo demuestran los estudios que hemos realizado con técnicos del Conicet”, aseguró Damián Bleger, subsecretario de Energías Renovables de Santa Fe.
En diálogo con Rosarioplus.com, el funcionario afirmó que la provincia está a la vanguardia en materia de políticas públicas tendientes a fomentar el uso de las energías renovables. “Aunque no sea un tema de agenda, la inversión en infraestructura energética es clave para el futuro de la provincia. De ahí nuestra ocupación y preocupación”, detalló.
Y agregó: “Siempre hay que tener en cuenta la arista económica. Estamos viendo que mucha gente quiere incursionar en estas energías por el bolsillo y no tanto por la sensibilidad con el medio ambiente. Por tal motivo no podemos descuidar la pata comercial”.
En este sentido, Bleger señaló que Santa Fe cuenta, por ejemplo, con el programa “Un sol para tu techo”, único en todo el país. El proyecto apunta a facilitar la adquisición de calefones solares a través de una línea preferencial de crédito ofrecida por el Banco Santa Fe.
Se busca reemplazar los métodos tradicionales de calentamiento de agua para uso sanitario (en duchas, piletas, cocinas y otros dispositivos). Con estos artefactos, además del ahorro energético, se reemplaza a los combustibles fósiles no renovables por energía sustentable.
Muchas dependencias públicas ya funcionan con energía solar
Rosario ya cuenta con paneles solares en varios edificios públicos. La Sede de Gobernación y el Palacio de los Leones se autoabastecen, en parte, con energía solar. “El 40% de la energía que se consume en el edificio de la delegación del gobierno viene de la radiación solar”, afirmó Bleger.
La intendencia cuenta con ocho paneles solares en la terraza. Se colocaron este año después de tener una experiencia positiva en materia de consumo energético en la Planta de Tratamiento y Compostaje Bella Vista.
La misma medida se adoptará en los seis Centros Municipales de Distrito y en siete de los principales polideportivos públicos de la ciudad. La iniciativa alcanza también a los nuevos edificios privados.
En la ciudad ya construyen 30 edificios con proyectos arquitectónicos más sustentables. Se calcula que el ahorro energético de gas y electricidad será similar al consumo que realizan 56 edificios de diez pisos de altura. La normativa vigente prevé que para el 1º de julio de 2018 todas las edificaciones que se pretendan construir en Rosario deberán estar encuadradas dentro de esta ordenanza.
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Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: Rosario Pus
Provincia/Región: Santa Fe
Ante el exponencial aumento de las facturas, muchos rosarinos empiezan a evaluar la posibilidad de invertir en la generación de energía renovable. La ciudad se ubica en una posición geográfica favorable para apostar a la radiación solar. Provincia y municipio están a la vanguardia en políticas públicas
El nuevo cuadro tarifario de servicios básicos como la luz y el gas despertaron el interés por la energía renovable. Según el relevamiento realizado por Rosarioplus.com, hay cada vez más rosarinos que consultan y se asesoran para poder instalar en sus domicilios o empresas paneles fotovoltaicos para transformar la radiación solar en energía, lo que permite un significativo ahorro a la hora de pagar las facturas.
Ahora bien, la ubicación geográfica del inmueble puede en muchos casos ser un escollo insalvable para quienes deciden embarcarse en esta iniciativa. Los paneles deben colocarse sí o sí sobre cualquier superficie que reciba luz, preferentemente con orientación al norte.
“Esto es fundamental. De ahí que cuanto más alejado del radio formado por los principales bulevares, mejor”, señaló Pablo, coordinador del área de ingeniería del Taller STS Rosario, uno de los pocos emprendimientos que en la ciudad ofrece servicios de energía solar.
Es indispensable tener un techo que esté expuesto al sol directo al menos en la mitad de su diámetro. Los cálculos que hacen los ingenieros, empresarios y funcionarios del área de medio ambientes es que el 60% de las viviendas de la ciudad tienen este requisito.
“Rosario se ubica en una posición geográfica favorable para la generación de energía a partir de paneles solares. Así lo demuestran los estudios que hemos realizado con técnicos del Conicet”, aseguró Damián Bleger, subsecretario de Energías Renovables de Santa Fe.
En diálogo con Rosarioplus.com, el funcionario afirmó que la provincia está a la vanguardia en materia de políticas públicas tendientes a fomentar el uso de las energías renovables. “Aunque no sea un tema de agenda, la inversión en infraestructura energética es clave para el futuro de la provincia. De ahí nuestra ocupación y preocupación”, detalló.
Y agregó: “Siempre hay que tener en cuenta la arista económica. Estamos viendo que mucha gente quiere incursionar en estas energías por el bolsillo y no tanto por la sensibilidad con el medio ambiente. Por tal motivo no podemos descuidar la pata comercial”.
En este sentido, Bleger señaló que Santa Fe cuenta, por ejemplo, con el programa “Un sol para tu techo”, único en todo el país. El proyecto apunta a facilitar la adquisición de calefones solares a través de una línea preferencial de crédito ofrecida por el Banco Santa Fe.
Se busca reemplazar los métodos tradicionales de calentamiento de agua para uso sanitario (en duchas, piletas, cocinas y otros dispositivos). Con estos artefactos, además del ahorro energético, se reemplaza a los combustibles fósiles no renovables por energía sustentable.
Muchas dependencias públicas ya funcionan con energía solar
Rosario ya cuenta con paneles solares en varios edificios públicos. La Sede de Gobernación y el Palacio de los Leones se autoabastecen, en parte, con energía solar. “El 40% de la energía que se consume en el edificio de la delegación del gobierno viene de la radiación solar”, afirmó Bleger.
La intendencia cuenta con ocho paneles solares en la terraza. Se colocaron este año después de tener una experiencia positiva en materia de consumo energético en la Planta de Tratamiento y Compostaje Bella Vista.
La misma medida se adoptará en los seis Centros Municipales de Distrito y en siete de los principales polideportivos públicos de la ciudad. La iniciativa alcanza también a los nuevos edificios privados.
En la ciudad ya construyen 30 edificios con proyectos arquitectónicos más sustentables. Se calcula que el ahorro energético de gas y electricidad será similar al consumo que realizan 56 edificios de diez pisos de altura. La normativa vigente prevé que para el 1º de julio de 2018 todas las edificaciones que se pretendan construir en Rosario deberán estar encuadradas dentro de esta ordenanza.
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Gestión petrolera poco feliz: 400 piletas sin tratar
Aseguran que hay 400 piletas petroleras sin tratar
Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En plena disputa por los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores petroleros, el senador nacional y gremialista Guillermo Pereyra denunció que las compañías no realizan los trabajos de remediación ambiental y contaminan los cursos de agua.
Detalló que a través de una auditoría que realizaron con el gremio detectaron un total de 432 piletas viejas que fueron tapadas sin ningún tipo de tratamiento. "Eso está contaminando absolutamente todo, sumado a los derrames que han venido y las lluvias que han arrastrado petróleo hacia el río Colorado", explicó en declaraciones a LU5.
Pereyra aseguró que las empresas petroleras están obligadas por contrato al tratamiento ambiental, pero que no "han hecho absolutamente nada y esto ha ido contaminando las aguas abajo del río Colorado".
El sindicalista propuso que se emplee en ese tipo de tareas a los trabajadores que hoy están en sus casas. "Hay muchísimo para trabajar, por eso no digan que hay excedente de 1200 trabajadores porque les estoy diciendo que está faltando. Allí hay trabajo para más de 2 mil compañeros y por 10 años", agregó.
El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, dijo a LM Neuquén que, si bien su área no maneja las cifras que mencionó Pereyra, con frecuencia se encuentran piletas con tierras empetroladas enterradas que no habían sido declaradas.
"Si hay 432 piletas, las tenemos que identificar y sanear", señaló el funcionario.
A su vez, coincidió con Pereyra en que "hay mucha tarea de remediación por delante". Esquivel detalló que ya se trató el 50 por ciento del pasivo ambiental declarado por las empresas durante la renegociación de los contratos petroleros de la Ley 2615, y que se cumple con el cronograma pautado para dejar los yacimientos saneados al fin de las concesiones.
Indicó que uno de los mayores problemas son los derrames por instalaciones viejas. Señaló que en Chihuido de la Sierra Negra y Lomita -los yacimientos más críticos de la provincia- se realizó el recambio de 90 km de cañerías principales, pero que falta reponer líneas de conducción. "La política de la Provincia es llegar al objetivo de pérdida cero", aseguró.
"Impulsamos un cambio de paradigma que intenta que las empresas consideren al cuidado ambiental como una inversión y no como un gasto. Hay yacimientos muy maduros que van perdiendo rentabilidad, y las empresas descuidan lo ambiental y no debe ser así", comentó Esquivel.
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Fecha de Publicación: 17/06/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En plena disputa por los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores petroleros, el senador nacional y gremialista Guillermo Pereyra denunció que las compañías no realizan los trabajos de remediación ambiental y contaminan los cursos de agua.
Detalló que a través de una auditoría que realizaron con el gremio detectaron un total de 432 piletas viejas que fueron tapadas sin ningún tipo de tratamiento. "Eso está contaminando absolutamente todo, sumado a los derrames que han venido y las lluvias que han arrastrado petróleo hacia el río Colorado", explicó en declaraciones a LU5.
Pereyra aseguró que las empresas petroleras están obligadas por contrato al tratamiento ambiental, pero que no "han hecho absolutamente nada y esto ha ido contaminando las aguas abajo del río Colorado".
El sindicalista propuso que se emplee en ese tipo de tareas a los trabajadores que hoy están en sus casas. "Hay muchísimo para trabajar, por eso no digan que hay excedente de 1200 trabajadores porque les estoy diciendo que está faltando. Allí hay trabajo para más de 2 mil compañeros y por 10 años", agregó.
El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, dijo a LM Neuquén que, si bien su área no maneja las cifras que mencionó Pereyra, con frecuencia se encuentran piletas con tierras empetroladas enterradas que no habían sido declaradas.
"Si hay 432 piletas, las tenemos que identificar y sanear", señaló el funcionario.
A su vez, coincidió con Pereyra en que "hay mucha tarea de remediación por delante". Esquivel detalló que ya se trató el 50 por ciento del pasivo ambiental declarado por las empresas durante la renegociación de los contratos petroleros de la Ley 2615, y que se cumple con el cronograma pautado para dejar los yacimientos saneados al fin de las concesiones.
Indicó que uno de los mayores problemas son los derrames por instalaciones viejas. Señaló que en Chihuido de la Sierra Negra y Lomita -los yacimientos más críticos de la provincia- se realizó el recambio de 90 km de cañerías principales, pero que falta reponer líneas de conducción. "La política de la Provincia es llegar al objetivo de pérdida cero", aseguró.
"Impulsamos un cambio de paradigma que intenta que las empresas consideren al cuidado ambiental como una inversión y no como un gasto. Hay yacimientos muy maduros que van perdiendo rentabilidad, y las empresas descuidan lo ambiental y no debe ser así", comentó Esquivel.
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Casi 6 de 10 personas no pueden ver las estrellas
Argentina, entre los países con más polución lumínica
Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El país está octavo en un ranking mundial, con el 57,7% de la población viviendo bajo cielos nocturnos llenos de luz artificial
Argentina está entre los diez países con más contaminación lumínica del mundo: el 57,7% de los argentinos no puede ver las estrellas a causa de cielos nocturnos extremadamente brillantes. Así lo reveló un nuevo atlas de la contaminación lumínica elaborado por científicos de Italia, Alemania, Estados Unidos e Israel y que publicó la revista Science Advances.
La contaminación lumínica es el resplandor que se produce a causa de una excesiva emisión de luz proyectada sobre gases y partículas suspendidos en el aire. Según muestra el atlas, el 83% de la población mundial vive bajo cielos con una alta contaminación lumínica, un porcentaje que en el caso de los estadounidenses y los europeos alcanza el 99%.
El trabajo se apoya en los datos del satélite Suomi de las agencias estadounidenses NASA y NOAA, con sensores para medir la iluminación nocturna, y decenas de miles de registros tomados por científicos y voluntarios desde el interior o alrededores de las ciudades. Estos datos revelan que hasta un tercio de los humanos ya no puede ver ni siquiera la Vía Láctea.
Por países, el que tiene mayor brillo nocturno artificial en función de las personas afectadas es Singapur. Le siguen Kuwait, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Corea del Sur, Israel, Argentina, Libia y Trinidad y Tobago. Los que disfrutan de cielos más limpios son Groenlandia, la isla pacífica de Niue, Somalia y Mauritania.
“Este nuevo atlas provee una documentación esencial del medio ambiente nocturno en momentos en que la tecnología de la lámpara de diodos electroluminosos (LED) se impone cada vez más en el mundo”, explicó a AFP el jefe del equipo, Falbio Falci, investigador del Instituto Italiano de la Tecnología y de la Ciencia de la Contaminación Luminosa. “Los niveles luminosos de la tecnología LED y sus colores podrían lamentablemente llevar a una duplicación o a una triplicación de la luminosidad del cielo en las noches”.
Por su parte, Chris Elvidge, del Centro Nacional para la Información Ambiental de Boulder, en Colorado, y uno de los científicos que trabajó en la elaboración del atlas, señaló que “hay generaciones enteras de personas en los Estados Unidos que nunca observaron la Vía Láctea”.
Las regiones en las que es más difícil verla son la del delta del Nilo, en Egipto; la llanura padana, al norte de Italia; la zona de Bélgica-Holanda-Alemania; Boston y Washington, en EE. UU; las ciudades inglesas de Londres, Liverpool y Leeds; y las áreas alrededor de Beijing y Hong Kong.
Los científicos lamentaron que de esta forma se ha perdido una de las principales conexiones de la humanidad con el cosmos, ya que la Vía Láctea es “un brillante río de estrellas que ha dominado el cielo nocturno y la imaginación humana desde tiempos inmemoriales”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El país está octavo en un ranking mundial, con el 57,7% de la población viviendo bajo cielos nocturnos llenos de luz artificial
Argentina está entre los diez países con más contaminación lumínica del mundo: el 57,7% de los argentinos no puede ver las estrellas a causa de cielos nocturnos extremadamente brillantes. Así lo reveló un nuevo atlas de la contaminación lumínica elaborado por científicos de Italia, Alemania, Estados Unidos e Israel y que publicó la revista Science Advances.
La contaminación lumínica es el resplandor que se produce a causa de una excesiva emisión de luz proyectada sobre gases y partículas suspendidos en el aire. Según muestra el atlas, el 83% de la población mundial vive bajo cielos con una alta contaminación lumínica, un porcentaje que en el caso de los estadounidenses y los europeos alcanza el 99%.
El trabajo se apoya en los datos del satélite Suomi de las agencias estadounidenses NASA y NOAA, con sensores para medir la iluminación nocturna, y decenas de miles de registros tomados por científicos y voluntarios desde el interior o alrededores de las ciudades. Estos datos revelan que hasta un tercio de los humanos ya no puede ver ni siquiera la Vía Láctea.
Por países, el que tiene mayor brillo nocturno artificial en función de las personas afectadas es Singapur. Le siguen Kuwait, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Corea del Sur, Israel, Argentina, Libia y Trinidad y Tobago. Los que disfrutan de cielos más limpios son Groenlandia, la isla pacífica de Niue, Somalia y Mauritania.
“Este nuevo atlas provee una documentación esencial del medio ambiente nocturno en momentos en que la tecnología de la lámpara de diodos electroluminosos (LED) se impone cada vez más en el mundo”, explicó a AFP el jefe del equipo, Falbio Falci, investigador del Instituto Italiano de la Tecnología y de la Ciencia de la Contaminación Luminosa. “Los niveles luminosos de la tecnología LED y sus colores podrían lamentablemente llevar a una duplicación o a una triplicación de la luminosidad del cielo en las noches”.
Por su parte, Chris Elvidge, del Centro Nacional para la Información Ambiental de Boulder, en Colorado, y uno de los científicos que trabajó en la elaboración del atlas, señaló que “hay generaciones enteras de personas en los Estados Unidos que nunca observaron la Vía Láctea”.
Las regiones en las que es más difícil verla son la del delta del Nilo, en Egipto; la llanura padana, al norte de Italia; la zona de Bélgica-Holanda-Alemania; Boston y Washington, en EE. UU; las ciudades inglesas de Londres, Liverpool y Leeds; y las áreas alrededor de Beijing y Hong Kong.
Los científicos lamentaron que de esta forma se ha perdido una de las principales conexiones de la humanidad con el cosmos, ya que la Vía Láctea es “un brillante río de estrellas que ha dominado el cielo nocturno y la imaginación humana desde tiempos inmemoriales”.
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La causa por el derrame de la Barrick a San Juan
Una decisión a pedir de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Crecen las críticas por el pase a la Justicia sanjuanina de la causa que investiga el derrame de cianuro hecho por la minera canadiense en Jáchal. Señalan las fuertes complicidades entre la empresa y el poder político local
A nueve meses del derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en las aguas de diferentes ríos de San Juan, la minera canadiense Barrick Gold se anotó un fuerte triunfo en Tribunales, logrando que el hecho deje de estar en el fuero federal y pase directamente a la Justicia provincial, más proclive a escuchar sus argumentos.
Tal como se ha venido remarcando desde el diario Hoy en reiteradas ocasiones, el accionar sin límites ni control alguno por parte de las empresas multinacionales en nuestro territorio han dejado a la Argentina en un estado de indefensión muy grande, mostrando hasta qué grado llega la corrupción estructural que azota a nuestro país.
La resolución judicial fue tomada por el ambiente jurídico y las organizaciones ambientalistas como una “tomada de pelo”, ya que entre los argumentos expuestos en la decisión se remarcan las “mejoras y optimización realizadas en la mina Veladero”, pero para los especialistas esto está muy alejado de la realidad.
Pelea titánica
En el día de ayer se efectuó un debate en la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), en donde diferentes representantes sociales, judiciales, ambientales y políticos destacaron la “incongruencia” de la Justicia de sacarle la causa que llevaba el juez federal Sebastián Casanello y pasarla nuevamente al fuero sanjuanino, donde “las causas reales de por qué se llegó al derrame jamás fueron investigadas”.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas y participante del encuentro, señaló a Hoy que “lamentablemente el gobierno de San Juan actuó más como un vocero o socio de la empresa que en defensa de los derechos de los ciudadanos. El poder político local colaboró con las idas y vueltas judiciales, estando siempre del lado de la Barrick Gold”.
Para el letrado, “las decisiones oficiales siempre han ido en consonancia con los intereses de la multinacional canadiense. La Justicia de San Juan, con el apoyo de la clase dirigente, especialmente de José Luis Gioja, actuó siempre como un apéndice de los intereses de la Barrick, trabajando a espaldas de la sociedad”.
“Se hace muy difícil luchar contra las grandes corporaciones que hacen lobby en la Justicia para imponer sus intereses. Nuestra pelea es titánica, peleamos contra un Tyson de mayúsculas proporciones. Mientras el poder político y la Justicia obren más para los intereses de las empresas que para la sociedad, la posibilidad de hacer Justicia porel derrame de cianuro se alejan”, sentenció Viale.
Violación flagrante
La jornada realizada en la Uncuyo mostró la desazón reinante entre los defensores del medio ambiente, ya que ven cómo la política puede más que la Justicia. “Asistimos impávidos a ver un accionar impune que puede quedar en la nada”, fue una de las frases que sirvió para resumir un encuentro donde las censuras a la Justicia y la clase dirigente estuvieron a la orden del día.
En la decisión judicial, no valió nada que el informe efectuado por la división Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal encontrara agua contaminada con cianuro en los ríos: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, violando así la ley 2405 de residuos peligrosos.
“La política trabaja codo a codo con la minera”
La Barrick Gold ha sabido ser desde su instalación en el país la empresa minera que más beneficios ha recibido por parte de la clase dirigente, levantando airadas quejas de las organizaciones ambientalistas por permitir la depredación de los recursos naturales en Argentina.
En diálogo con Hoy, la referente de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, Débora Gómez, destacó que “la política y el gobierno provincial, con José Luis Gioja a la cabeza, aparecen trabajando codo a codo con la Barrick Gold y le importa muy poco la integridad física de los ciudadanos. La Policía Minera, la Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador, los intendentes, todos trabajan para la minera”.
Según la ambientalista, “los organismos provinciales encargados de controlar realizan trabajos privados para la empresa canadiense, por lo que la posibilidad de conseguir justicia con estudios que la propia Barrick paga es imposible que se llegue a dar en los Tribunales sanjuaninos”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Crecen las críticas por el pase a la Justicia sanjuanina de la causa que investiga el derrame de cianuro hecho por la minera canadiense en Jáchal. Señalan las fuertes complicidades entre la empresa y el poder político local
A nueve meses del derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en las aguas de diferentes ríos de San Juan, la minera canadiense Barrick Gold se anotó un fuerte triunfo en Tribunales, logrando que el hecho deje de estar en el fuero federal y pase directamente a la Justicia provincial, más proclive a escuchar sus argumentos.
Tal como se ha venido remarcando desde el diario Hoy en reiteradas ocasiones, el accionar sin límites ni control alguno por parte de las empresas multinacionales en nuestro territorio han dejado a la Argentina en un estado de indefensión muy grande, mostrando hasta qué grado llega la corrupción estructural que azota a nuestro país.
La resolución judicial fue tomada por el ambiente jurídico y las organizaciones ambientalistas como una “tomada de pelo”, ya que entre los argumentos expuestos en la decisión se remarcan las “mejoras y optimización realizadas en la mina Veladero”, pero para los especialistas esto está muy alejado de la realidad.
Pelea titánica
En el día de ayer se efectuó un debate en la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), en donde diferentes representantes sociales, judiciales, ambientales y políticos destacaron la “incongruencia” de la Justicia de sacarle la causa que llevaba el juez federal Sebastián Casanello y pasarla nuevamente al fuero sanjuanino, donde “las causas reales de por qué se llegó al derrame jamás fueron investigadas”.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas y participante del encuentro, señaló a Hoy que “lamentablemente el gobierno de San Juan actuó más como un vocero o socio de la empresa que en defensa de los derechos de los ciudadanos. El poder político local colaboró con las idas y vueltas judiciales, estando siempre del lado de la Barrick Gold”.
Para el letrado, “las decisiones oficiales siempre han ido en consonancia con los intereses de la multinacional canadiense. La Justicia de San Juan, con el apoyo de la clase dirigente, especialmente de José Luis Gioja, actuó siempre como un apéndice de los intereses de la Barrick, trabajando a espaldas de la sociedad”.
“Se hace muy difícil luchar contra las grandes corporaciones que hacen lobby en la Justicia para imponer sus intereses. Nuestra pelea es titánica, peleamos contra un Tyson de mayúsculas proporciones. Mientras el poder político y la Justicia obren más para los intereses de las empresas que para la sociedad, la posibilidad de hacer Justicia porel derrame de cianuro se alejan”, sentenció Viale.
Violación flagrante
La jornada realizada en la Uncuyo mostró la desazón reinante entre los defensores del medio ambiente, ya que ven cómo la política puede más que la Justicia. “Asistimos impávidos a ver un accionar impune que puede quedar en la nada”, fue una de las frases que sirvió para resumir un encuentro donde las censuras a la Justicia y la clase dirigente estuvieron a la orden del día.
En la decisión judicial, no valió nada que el informe efectuado por la división Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal encontrara agua contaminada con cianuro en los ríos: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, violando así la ley 2405 de residuos peligrosos.
“La política trabaja codo a codo con la minera”
La Barrick Gold ha sabido ser desde su instalación en el país la empresa minera que más beneficios ha recibido por parte de la clase dirigente, levantando airadas quejas de las organizaciones ambientalistas por permitir la depredación de los recursos naturales en Argentina.
En diálogo con Hoy, la referente de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, Débora Gómez, destacó que “la política y el gobierno provincial, con José Luis Gioja a la cabeza, aparecen trabajando codo a codo con la Barrick Gold y le importa muy poco la integridad física de los ciudadanos. La Policía Minera, la Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador, los intendentes, todos trabajan para la minera”.
Según la ambientalista, “los organismos provinciales encargados de controlar realizan trabajos privados para la empresa canadiense, por lo que la posibilidad de conseguir justicia con estudios que la propia Barrick paga es imposible que se llegue a dar en los Tribunales sanjuaninos”.
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Etiquetas:
Barrick Gold,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
minería,
San Juan
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En procedimiento secuestran aves cantoras en Catamarca
Secuestran 60 aves canoras en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Diario La Unión
Provincia/Región: Catamarca
El procedimiento lo realizó Gendarmería nacional, en aplicación de la ley de conservación de la fauna silvestre, en el corredor de la RN 60, intersección con la 157.
Personal del Escuadrón Núcleo, dependiente de la Jefatura de Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional, en circunstancias que realizaba operativos públicos de prevención sobre ruta nacional 60, intersección con la 157, a la altura de Las Salinas, detiene la marcha de un vehículo Renault Clío Mío, procedente de Icaño, provincia de Catamarca, con destino final en la ciudad capital de Córdoba, momentos que se realizaba el correspondiente control físico-documentológico, y al invitar al conductor del rodado a abrir el baúl del mencionado vehículo se produce el hallazgo de tres jaulas conteniendo la totalidad de 35 aves canoras distribuidas en las siguientes especies: 26 reinas moras, 5 pepiteros, 3 jilgueros y 1 cardenal. Por tal motivo, se incautó la totalidad de los especímenes y se procedió a la liberación de los mismos a la luz del día; consecuentemente también se realizó la desarticulación en el mismo acto de las jaulas en las que eran transportados. En este marco de actuación se dio inmediata intervención al inspector de Flora y Fauna de Catamarca, señor Dorado. Lo secuestrado denota una fuerte actividad de caza furtiva para posterior comercialización de aves y especies de animales silvestres protegidos por la Ley Nacional del Medio Ambiente, como también por la Ley Provincial de Protección y Cuidado del Medio Ambiente, Flora y Fauna.
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Fecha de Publicación: 16/06/2016
Fuente: Diario La Unión
Provincia/Región: Catamarca
El procedimiento lo realizó Gendarmería nacional, en aplicación de la ley de conservación de la fauna silvestre, en el corredor de la RN 60, intersección con la 157.
Personal del Escuadrón Núcleo, dependiente de la Jefatura de Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional, en circunstancias que realizaba operativos públicos de prevención sobre ruta nacional 60, intersección con la 157, a la altura de Las Salinas, detiene la marcha de un vehículo Renault Clío Mío, procedente de Icaño, provincia de Catamarca, con destino final en la ciudad capital de Córdoba, momentos que se realizaba el correspondiente control físico-documentológico, y al invitar al conductor del rodado a abrir el baúl del mencionado vehículo se produce el hallazgo de tres jaulas conteniendo la totalidad de 35 aves canoras distribuidas en las siguientes especies: 26 reinas moras, 5 pepiteros, 3 jilgueros y 1 cardenal. Por tal motivo, se incautó la totalidad de los especímenes y se procedió a la liberación de los mismos a la luz del día; consecuentemente también se realizó la desarticulación en el mismo acto de las jaulas en las que eran transportados. En este marco de actuación se dio inmediata intervención al inspector de Flora y Fauna de Catamarca, señor Dorado. Lo secuestrado denota una fuerte actividad de caza furtiva para posterior comercialización de aves y especies de animales silvestres protegidos por la Ley Nacional del Medio Ambiente, como también por la Ley Provincial de Protección y Cuidado del Medio Ambiente, Flora y Fauna.
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