Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas

Fecha de Publicación: 12/11/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación en ese organismo desde que Gerardo Werthein asumió como embajador
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El Presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo. El diplomático está por estas horas en Buenos Aires contribuyendo con el canciller en la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en ONU es Fabian Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
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Cortes y reclamo mapuche en Vaca Muerta: dictaron la orden de desalojo por los caminos bloqueados

Fecha de Publicación: 17/09/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Desde las 8 de la mañana, comunidades mapuches cortan cinco puntos clave de Vaca Muerta, exigiendo cumplimiento de acuerdos.
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén comenzó un bloqueo de rutas en varios puntos estratégicos de Vaca Muerta, como parte de una protesta por tiempo indeterminado. Mirá dónde realizan los cortes.
Según informaron desde la Zonal a Diario RÍO NEGRO, alrededor de las 13 se libró una orden desalojo a pedido del fiscal Juan Narváez, aunque por el momento se mantienen los bloqueos.
«Seguimos, no hemos tenido respuesta a nuestro reclamo», expresaron este lunes por la tarde.

Cortes en puntos clave de Vaca Muerta: mapuches bloquean los accesos
La protesta se concentra en cinco puntos estratégicos vinculados a la industria del fracking y los basureros petroleros. Estos sitios, considerados como «centros de contaminación» por los manifestantes, incluyen las instalaciones de Servicios Ambientales Neuquén (SAN), Indarsa, Ecopolo, Treater y Comarsa.
Según las comunidades, estas plantas de tratamiento de residuos petroleros operan sin respetar las normativas ambientales vigentes, con el conocimiento y la inacción de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Los bloqueos se instalaron en las rutas de acceso a estas plantas, ubicadas en su mayoría en cercanías de la localidad de Añelo, corazón de la industria petrolera de Vaca Muerta. Los manifestantes sostienen que no se retirarán de los cortes hasta obtener una respuesta concreta por parte del gobierno provincial.

Ubicaciones de los puntos de bloqueo:
Servicios Ambientales Neuquén (SAN): Ubicada en la Ruta 7, a 10 km del ejido de Añelo.
Indarsa: Planta en Ruta Provincial 17, Km 9,5, Añelo, en Neuquén.
Ecopolo: Situada en la Ruta Provincial 17, cerca de Añelo.
Treater: Planta en el Parque Industrial de Añelo, Lote 56, Ruta Provincial 17.
Comarsa: Planta en el Parque Industrial de Añelo, sobre Ruta Provincial 7.
Las comunidades mapuches declararon que mantendrán los bloqueos de manera indefinida hasta que se logren avances en sus demandas, señalando que ya no aceptarán mesas de diálogo sin resultados.

Cortes en Vaca Muerta: claves para entender el conflicto entre Rolando Figueroa y las comunidades mapuches
Las comunidades mapuches exigen la ejecución de compromisos asumidos por el gobernador Rolando Figueroa y denunciaron el incumplimiento de acuerdos que llevan más de 10 meses sin respuesta.
Las demandas de las comunidades mapuches incluyen, entre otros puntos, el registro de personería jurídica para varios lof de la región, la clausura de los basureros petroleros que operan sin cumplir con las normas ambientales y la mensura de tierras para distintas comunidades.
Los manifestantes subrayaron que el gobierno provincial no dio respuesta a sus reclamos, a pesar de haber sostenido numerosas reuniones que no arrojaron resultados concretos.
Además, los mapuches exigen la creación del Registro de Comunidades y Organizaciones Mapuche, comprometido por decreto en febrero de 2023, la aplicación de la educación intercultural en los departamentos de Confluencia, Añelo y Pehuenches, y la provisión de servicios básicos como gas, luz y agua para los territorios afectados por la explotación de Vaca Muerta.
Denunciaron que la población rural, tanto mapuche como local, sigue siendo excluida de estos servicios fundamentales, a pesar de vivir en zonas que albergan infraestructura petrolera.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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Río Negro: la minería avanza a paso firme y Weretilneck logra un guiño de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones de la meseta le ponen fichas al desarrollo en la provincia. Algunas voces mapuches se desmarcan de sus pares. El mensaje del gobernador.
Mientras se ultiman las condiciones para que se inicie el proyecto Calcatreu, el reservorio de oro y plata que es la punta de lanza del desarrollo de la minería a gran escala en Río Negro, Ingeniero Jacobacci fue sede de un encuentro de organizaciones que se destacó por las manifestaciones a favor de la actividad y el aval de una comunidad originaria, que deja en carne viva la división del pueblo mapuche.
La reunión del último fin de semana congregó a diversas figuras de la política local, organizaciones sociales y sindicales. Se destacaron integrantes de la comunidad Peñi Mapu de Lepitrén Chico, que reconocieron a la explotación minera como principal esperanza regional. Esta expresión se diferencia de la de algunos voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche, un espacio crítico del gobierno provincial, que anticipó acciones si la minería sigue su curso.
Fue el gobernador Alberto Weretilneck el que celebró la reunión, utilizada para explicar aspectos técnicos del proyecto. “La comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso. Quiero destacar este respaldo masivo que refleja un profundo deseo de trabajo y bienestar”, matizó en sus redes.

Reunión ampliada
La foto en el estadio polideportivo de Jacobacci se capturó a poco de la convocatoria al Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), citado especialmente la última semana con el objetivo de inspeccionar el territorio. El Copeam está compuesto por integrantes de la Legislatura, representantes de universidades, comunidades mapuches donde se emplazan los yacimientos (en este caso, a 80 kilómetros de Jacobacci) y autoridades de la Secretaría de Energía rionegrina.
En las últimas horas se oficializó que la audiencia pública del proyecto se desarrollará a finales de agosto, luego de la visita de figuras del partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, acompañadas por referentes de la oposición. El que condujo al segundo grupo fue Juan Martín, flamante presidente del PRO rionegrino.

A favor de la minería en Río Negro
Más de 600 personas llegaron a Jacobacci desde Comallo, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Grande, San Carlos de Bariloche, Valcheta y Ñorquinco, convocadas a una charla informativa en la que se colgaron banderas a favor de Calcatreu y organizaciones sindicales de la actividad en la Patagonia.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fue uno de los gremios que más movilizó, al igual que los trabajadores de la construcción bajo el paraguas protector de la UOCRA. Según confiaron fuentes de la organización, hay “enorme expectativa” por la generación de puestos de trabajo. Se espera que el proyecto garantice alrededor de 700 empleos directos e indirectos.
“Estamos todos en el mismo carril, con la expectativa de que esto salga. El gobierno rionegrino, en general, apuesta al cambio y a este proyecto”, reconoció a Letra P el secretario de la seccional rionegrina de AOMA, Maximiliano Castro. “Calcatreu es el primero de los proyectos, es importante para los trabajadores que esto avance”, se sinceró ante la consulta de este medio.
Castro recordó inversiones de otras empresas, de la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, uranio o litio en roca. "Hay enormes posibilidades de inversiones y puestos de trabajo", atizó el dirigente sindical.
La expectativa es enorme por el número que se maneja. Aunque suena estadísticamente bajísimo, en la denominada Región Sur de Río Negro, la más extensa de la provincia y menos poblada, reside apenas el 3% de algo más de 700.000 habitantes.

Guiño local
Una de las integrantes de Peñi Mapu, Camila Onorio, vaticinó un auge a través del proyecto y profundizó las diferencias con otros sectores de las comunidades originarias. “Podemos acceder a varias cosas para mejorar la vida de los campesinos. Los jóvenes tendrán una posibilidad, una salida laboral”, vislumbró Onorio.
Las declaraciones coinciden con las del intendente local, el periodista José Mellado (JSRN). De linaje radical, con pasado en la corresponsalía del diario Río Negro, construyó poder y reconocimiento desde los medios, como docente en el instituto universitario ligado a la minería y en la presidencia de la cooperativa de agua local.
“Hay información y se siente otra perspectiva con Calcatreu”, dijo el aliado del gobierno provincial, que publicó un manual para estudiantes de 5° grado para una batalla cultural sin consentimientos.
El próximo mes será trascendental. Se inicia la fase final de una discusión de vieja data.
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En Salinas Grandes, una porción de la Puna resiste el desembarco de la minería del litio

Fecha de Publicación: 11/06/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Jujuy - Salta
 

En el territorio que se extiende alrededor de la cuenca de este gran salar que comparten las provincia de Salta y Jujuy, un bloque de comunidades logró frenar durante los últimos 14 años gran parte del avance de las mineras que pretenden extraer el “oro blanco”. La oposición al litio unió a las poblaciones kollas y demostró que están dispuestas a defender el ambiente que habitan.
Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración.  
Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. elDiarioAR viajó a la región junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un recorrido por algunas de las comunidades que habitan alrededor del salar financiado por la ONG ambientalista.
A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la minería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.
En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras twittear sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales.
Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.
Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.
El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

El salar  
Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no sólo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.
El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día de por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.
Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.
Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un “regalo del Padre celestial”. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.
Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.
El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. Pulso Ambiental se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.
Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.363 metros sobre el nivel del mar.
“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han demostrado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, afirmó.
“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.
En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.
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Proponen derogar normas que garantizan derechos de comunidades indígenas sobre tierras

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.
El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.
La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.

INAI
En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el INAI reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.
De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.
Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.
A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.

Mendoza
Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el INAI emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.
El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.

Activos
El ex gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y ex senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del INAI para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el INAI era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del INAI
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.
Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.

Río Negro
El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
 “Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.
Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), la Administración de Milei planifica eliminar el INAI.
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La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Fecha de Publicación: 16/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La sentencia también dicta que la provincia "deberá abstenerser de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral".
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
En este sentido la sentencia además dicta al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras".
La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitian, en representación de la Comunidad Originaria Atacameños.
El instrumento al que hizo lugar la Corte, solicita que se ordene a la provincia de Catamarca a revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros Ampliación de proyecto Fenix y Sal de Vida, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi PampaIncahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

Desdoblamiento del Estado
En el voto por mayoría emitido por  Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los ministros señalaron que "se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera".
Además señalaron que "También se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos - Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosas o dañina".
En este sentido advirtieron el desdoblamiento de los organismos del Estado: "Reviste gran importancia, el detalle e identificación de varios permisos de explotación de aguas subterráneas de la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, por Decretos del Poder Ejecutivo y Disposiciones para los proyectos mineros, lo que implica un desdoblamiento de las áreas del Estado Provincial, por un lado se emiten las DIA de los emprendimientos mineros, en la órbita del Ministerio de Minería de la Provincia; y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos), se tramitan y otorgan las concesiones del agua, esta modalidad atenta contra este estudio y análisis integral y acumulativo", señalaron los magistrados en la sentencia.
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El cambio climático obliga a familias del Gran Chaco Americano a migrar local e internacionalmente

Fecha de Publicación: 01/03/2024
Fuente: Diario Norte (Argentina)
Provincia/Región: Norte Argentino


De acuerdo al documento y la investigación que tuvo una duración de dos años, se ha evidenciado movilidades asociadas al aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua. De lo que se conoce la mayor cantidad de migraciones son a nivel interno, sin embargo, los testimonios de las autoridades locales exponen casos de migraciones internacionales.
"Los nivaclés de Cayin Ô’clim y de Uj’e Lhavos vinieron del Pilcomayo, y eso tiene que ver con el tema de la movilidad, porque ustedes saben que los pueblos chaqueños eran seminómadas. Que esto hasta hoy se nota. Y lo eran porque imagínense, en una situación como el Chaco donde a veces durante medio año hasta ocho meses no cae ninguna gota de lluvia, lógicamente la agricultura sería mortal, o sea, eso no puede ser. Entonces tenían que desarrollar otra economía. Y tenían una economía muy complementaria y para eso necesitaban ser móviles" , señala una persona entrevistada en Argentina y que refleja el estudio.
"Migraciones Ambientales en el Gran Chaco Americano" como se denomina el proyecto, se ha desarrollado a solicitud de un consorcio conformado por 11 autoridades subnacionales, de la sociedad civil, de una organización regional y de la academia. La iniciativa forma parte de la iniciativa "MIgration EU eXpertise+ (MIEUX+) que es financiado por la Unión Europea e implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD).
Se trata del primer diagnóstico en la región que aborda esta temática lo que ha obligado a los investigadores y especialistas a implementar una metodología  con múltiples herramientas como encuestas de  pre-diagnóstico, investigación documental, entrevistas virtuales semiestructuradas, trabajo de campo y sistematización de la información y finalización del documento de lineamientos de políticas públicas.  
Durante la investigación se ha entrevistado a más de 210 personas, procedentes de más de 12 pueblos diferentes recorriendo más de 6000 km en dos misiones. Igualmente se ha entrevistado a representantes de las comunidades Aymara (originalmente de la región andina de Bolivia), Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenayek y Wichi.
La investigación refleja la preocupación de las autoridades locales por los crecientes desastres ambientales y las profundas condiciones de sequía, eventos que, a su vez, han generado desplazamientos forzados de personas, sobre todo, jóvenes.
"Este documento se alimentó de las 3 primeras fases, mientras que el trabajo de campo fue realizado de manera independiente del equipo de investigación debido a que la indagación que debía levantarse obedecía en estricto sentido a recabar información de las autoridades locales y cómo las mismas pueden y deben diseñar políticas públicas" señala Giovanna Tipán Barrera una de las autoras del documento y la investigación.
El proyecto  no sólo aporta a la problemática de migraciones ambientales a través de un diagnóstico sobre la temática, sino que proyecta recomendaciones y propuestas desde lo público a través de un documento de lineamientos para política pública sobre migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano.
"Las autoridades, a pesar de ser actores protagónicos en el diseño de políticas públicas, expresan que las escasas oportunidades laborales que se ofrece a nivel local constituye otro de los factores que expulsan a la población, además, los procesos migratorios han desencadenado problemáticas sociales difíciles de contener desde los gobiernos locales que cuentan con presupuestos limitados", relata el informe.
Estas políticas públicas deben responder a los desafíos ambientales, el aumento de la temperatura; la sequía, la escasez de agua y el viento del norte; las inundaciones; el desmonte y los incendios; y los impactos negativos de la construcción de infraestructuras y otros proyectos de desarrollo, detectados en la investigación.
Las conclusiones apuntan a la urgencia de diseñar políticas públicas de migraciones ambientales debido a los desafíos que enfrenta la humanidad en relación al cambio climático y los desastres ambientales, su diseño permitirá abordar de manera efectiva las necesidades de los migrantes ambientales, proteger sus derechos y brindar asistencia.
El Gran Chaco Americano, con 9 millones de personas, más de 1,1 millones de km2 ubicados en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil es una región extensa que abarca diferentes ambientes ecológicos y condiciones climáticas extremas agravadas por la crisis climática y una elevada tasa de desmonte y se han construido múltiples proyectos de infraestructuras, con escasos beneficios para la población local.
En él habitan poblaciones indígenas de diferentes etnias, así como poblaciones criollas, cuyas formas y medios de subsistencia están estrechamente vinculados al territorio y están siendo fuertemente influenciados por la degradación ambiental.
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Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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Revés judicial para mapuches: luz verde para la minería en El Bolsón

Fecha de Publicación: 28/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Río Negro


En julio pasado, en Río Negro, ante un reclamo de comunidades de pueblos originarios, el juez de El Bolsón Marcelo Muscillo le prohibió a la provincia avanzar con” cualquier exploración, prospección, cateo o explotación” minera en territorios comunitarios.
Muscillo hizo lugar a una acción colectiva de amparo y le ordenó al Gobierno rionegrino “establecer un mecanismo de consulta con las comunidades originarias” actoras, tendiente a obtener “su consentimiento libre, previo e informado” respecto de cada uno de los proyectos mineros que se apliquen en los territorios que ocupan.
Además, el magistrado estableció que la Secretaría de Minería le debía notificar el contenido del fallo a todas las empresas que presentaron solicitudes respecto a las tierras reclamadas por mapuches y les vedó a las firmas ingresar, extraer muestras minerales o llevar a cabo “cualquier actividad relacionada con la actividad minera”.
La presentación que generó la decisión del a quo fue promovida por referentes de las comunidades Ancalao, Lofche Pulam LafkeAmulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y Mariano Solo; la Regional Andina de la Coordinadora del Mapuche de Río y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Apuntó contra los permisos otorgados a terceros por el Ejecutivo provincial -concretamente, por la Secretaría de Minería de Río Negro-.
En esa instancia, pidió que se frenara el “avance de cualquier tipo de exploración, prospección, cateo o explotación minera” dentro de territorios de las comunidades actoras.
La parte accionante tuvo éxito y el juez paralizó todo tipo de actividades hasta tanto se cumpliera con las consultas que dispuso.
“A fin de proceder a lo ordenado y de evitar la reiteración de situaciones similares, la Provincia de Río Negro deberá -a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y demás organismos pertinentes- poner a disposición de la Secretaría de Minería información compatible con la legislación minera respecto de las ocupaciones territoriales de las comunidades aquí presentadas”, estableció el fallo. Y sumó: “En lo sucesivo la Secretaría de Minería deberá obligatoriamente consultar con el CODECI respecto de la ocupación de Comunidades Originarias en el inicio de trámites de permisos que se apliquen en territorio de las amparistas”.
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro revocó el decisorio que paralizó los trabajos exploratorios de minería que la empresa Ivael Mining SA llevaba adelante en la zona andina de El Bolsón.
Los vocales Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Barotto y Liliana Piccinini argumentaron que el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios accionantes coinciden con las zonas que abarcan los permisos.
“La sentencia era contradictoria al aceptar que los estudios ambientales y demás actos administrativos realizados por el Ministerio de Ambiente provincial eran válidos, pero ordenaba su paralización”, agregaron.
A su vez, advirtieron que el juez sustituto Muscillo, previo a resolver, debió verificar que las tierras involucradas “exhibían posesión comunitaria ancestral” y que fueros aquellas “donde la autoridad de aplicación tramitaba las autorizaciones y/o permisos mineros cuestionados”.
Para los ministros de la máxima instancia de Río Negro, el error del juez de grado tornó incoherente y arbitraria su sentencia, toda vez que no es posible identificar cuáles son las prohibiciones, qué permisos pueden o no otorgarse y a quién debería efectuarse la consulta dispuesta.
“El pronunciamiento impugnado se vuelve contradictorio al rechazar la invalidez de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente en la materia y al mismo tiempo ordenar la suspensión”, concluyeron Apcarian, Criado, Barotto y Piccinini
La decisión del máximo tribunal de la provincia fue criticada por representantes de las comunidades originarias.

Vocero
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, rechazó el fallo. En declaraciones a Radio Nacional, en Viedma, afirmó que fue dictado “a la medida de los intereses extractivos”.
“Creo que en 40 años de democracia estas cosas no debieran pasar. Se pierde la calidad institucional de un organismo del que dependen todos los sectores más postergados y avasallados de la sociedad, como es la Justicia”, manifestó.
“Si no podemos confiar en que la Justicia respete las propias leyes que están vigentes, qué podemos esperar de las empresas, o de los gobiernos, que nos queda a nosotros, sólo cerrar las tranqueras y tener más problemas”, opinó.
Por último, el dirigente originario aseveró que las comunidades no van a permitir el ingreso de las empresas mineras a los territorios comunitarios.
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Comunidades mapuche bloquean basureros petroleros en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 20/10/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Neuquén


Desde la Confederación Mapuche de Neuquén explicaron que la ocupación de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos busca visibilizar el reclamo por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de Neuquén.
Miembros de la comunidad mapuche iniciaron este martes un bloqueo al ingreso a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, para reclamar por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de la provincia de Neuquén.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la Confederación Mapuche exclamó: "Levantamos la voz desde el corazón de nuestro territorio, hoy denominado “Vaca Muerta” ya que la industria del fracking hasta los nombres de nuestros parajes modificó".
"Desde las primeras horas de hoy, hemos procedido a ocupar las instalaciones de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos de la industria hidocarburífera: Indarsa, Treater, SAN (Servicios Ambientales Neuquén) y Comarsa interrumpiendo todo tipo de tareas en estos basureros petroleros", añadió.
Según explicaron desde la Confederación, el objetivo de la medida de fuerza es "llamar la atención del poder Legislativo sordo que se ha burlado de nuestra urgencia permitiendo el envenenamiento de ríos, lagos, y territorio de todos, mapuches y productores de la provincia de Neuquén y negándose a incluir en la agenda legislativa la propuesta de convertir en Ley la CONSULTA LIBRE, PREVIA INFORMADA".
La Confederación manifestó, asimismo, que la negativa les llamó la atención, dado que "es el propio gobernador (Omar) Gutiérrez quien lo elevó por nota a principios de año y ha solicitado en actos públicos su urgente tratamiento", y agregó que "las razones esgrimidas es que quien decide la agenda de la Legislatura desde hoy es el gobernador electo Rolando Figueroa".
"A nosotros nos parece un manoseo infame que un derecho que tiene tres décadas de vigencia quede en los toma y daca de los bloques de poder", lamentaron y remarcaron: "No es complejo el tema. Se debe convertir en Ley el Decreto 108 que el gobernador aprobó a principios de este mismo año".
Por último, la Comunidad exigió el "tratamiento de ley de consulta previa, la ejecución de seguros ambientales a las operadoras que incumplen y la ejecución de contratos para que se cumpla con la legislación vigente", y aseguró que mantendrán la medida de fuerza hasta ser escuchados.
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"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
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