Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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El gobierno impulsa endurecer las sanciones contra desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


El gobierno envió a la legislatura un proyecto de Ley con el objeto de adoptar medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal que incluyan, tanto la agravación de las penas como la implementación de mecanismos de control más eficientes.
Así lo informaron ayer el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción, Víctor Zimmermann. "Durante toda esta gestión no hubo autorización de cambio de uso de suelo ni permiso para desmonte de ninguna hectárea.
Estamos combatiendo el desmonte ilegal y en ese marco promovemos el agravamiento de multas y un control más fuerte", apuntó Gutiérrez e informó que la propuesta contempla penas mucho más duras que las actuales para quienes violen el régimen forestal.
Zimmermann destacó también el compromiso del gobernador Zdero y de la actual gestión con el cuidado del ambiente y preservación de bosques. "Se trata fundamentalmente de evitar los desmontes ilegales, esto se suma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que impulsamos oportunamente", destacó.
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Continúa la repoblación de yaguaretés en El Impenetrable: sumaron un nuevo ejemplar brasilero llamado Porá

Fecha de Publicación: 16/10/2024
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Marisi López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Rewilding Argentina, comentó cuál será el rol del nuevo integrante del Parque Nacional.
Porá es un yaguareté procedente de la Asociación Mata Ciliar, Brasil, que se incorporó al Proyecto de Reintroducción de Yaguareté en Iberá en diciembre del 2023. Semanas atrás, fue trasladado a los recintos ubicados en el Parque Nacional El Impenetrable.
López describió que el yaguareté siempre estuvo presente en el Impenetrable, que nunca se extinguió, pero sí bajó mucho la cantidad. Distinto es el caso de Corrientes donde realmente estaba extinto. “En el 2019 pudimos poner cámaras y lo vimos, llevamos una hembra de yaguareté y lo capturamos para ponerle un collar y hacerle un seguimiento para después dejarlo libre. De esa manera podemos tener un monitoreo constante de él”.
Según López, la especie yaguareté es toda la misma, y que en particular este brasilero que acaba de ser trasladado no va a ser libre porque nació y vivió toda su vida en cautiverio y no está preparado ni acostumbrado a la libertad. Es un yaguareté que va a quedar en unos recintos, y de igual manera en el Parque Nacional está cómodo y va a cumplir la función de ayudar en los trabajos de educación ambiental, además de que será reproductor.
“Va a tener crías, y esos cachorros que nazcan sí saldrán a la vida silvestre y tendrán contacto con humanos. Para la fecha de reproducción todavía hay que hacer el trámite y planificación de con quién se va a cruzar”, explicó.
Por otro lado, dijo que la caza furtiva y el desmonte están bastante controlados porque en el Parque Nacional están prohibidos. “Nosotros hacemos trabajos con las comunidades cercanas y vecinos para demostrarles que la repoblación de yaguaretés es algo que genera trabajo y que ellos tienen sus presas vivas dentro del Parque, como carpinchos, yacarés y osos hormigueros, por lo que no van a ir contra su ganado”.  De todas formas, afirmó que donde más foco hay que poner es fuera del Parque donde la ley no es tan firme con el tema de desmontes y caza, el trabajo es más hacia afuera para que seamos todos los que cuidemos al yaguareté.
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Crítico informe de Greenpeace que alerta la deforestación "que quieren ocultar" en Santiago del Estero y Chaco

Fecha de Publicación: 12/10/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero - Chaco


Un informe de Greenpreace reveló la crítica situación por los desmontes en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde se concentra gran parte del este problema grave en la Argentina, causando daños en algunas de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
Desde hace casi tres décadas, el 75% de los desmontes de Argentina se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La deforestación afecta a los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
En el estudio, destacan que desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta junio de 2024 se deforestaron 1.0007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
"La situación es más grave aún teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido por la normativa forestal nacional. Esto ocurre sobre todo en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, principalmente para ganadería intensiva", denunciaron.
Greenpeace analizó la intervención realizada, entre los años 2008 y 2022, sobre 1.881 lotes de las provincias de Santiago del Estero y Chaco con bosques clasificados en la Categoría II – amarillo (donde se permiten actividades sustentables, pero no desmontes), con el objetivo de realizar una caracterización y cuantificación del impacto a partir de variables como su estructura y funcionamiento.
El análisis reveló que desde el año de su intervención hasta la actualidad, los lotes perdieron, en promedio, la mitad de su fracción leñosa.
Por otra parte, se evidenció que el 70% de los casos analizados perdió su estructura y función como bosque.
"De este modo, los bosques de Chaco y Santiago del Estero intervenidos para ganadería intensiva terminan con la misma densidad de árboles que tienen parques públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo que implica que prácticamente están transformando a los bosques chaqueños en una plaza", advirtieron.
Bajo la denominación de un “manejo silvopastoril” supuestamente sustentable, grandes productores en realidad están realizando desmontes, por lo que "es evidente la responsabilidad de los gobiernos de Santiago del Estero y Chaco en la violación de la Ley Nacional de Bosques, al autorizarlos donde no está permitido", alertaron.
Frente a la actual crisis climática y de biodiversidad, Greenpeace reclama en forma urgente prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
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Siguen los desmontes ilegales: frenaron y secuestraron maquinaria en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación: 08/10/2024
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Este viernes, en la localidad de Pampa del Infierno, inspectores de la Dirección de Bosques detectaron un nuevo caso de desmonte ilegal, tras recibir un informe del departamento de Geoinformación de la misma repartición provincial.
Ingenieros e inspectores se trasladaron a un predio rural, donde constataron en el lugar la presencia de una topadora marca Caterpillar D6, que estaba siendo utilizada para realizar un cambio de uso de suelo sin autorización. A pesar de la rápida intervención, los trabajos ilegales ya habían afectado varias hectáreas de monte.
Las autoridades procedieron a detener las actividades, labraron el acta de infracción correspondiente y decomisaron la maquinaria empleada en el desmonte.
Con este decomiso, suman más de 40 las topadoras secuestradas por la Dirección de Bosques, bajo la dirección de Gustavo Vázquez, en la lucha contra la deforestación y el uso ilegal de los recursos naturales en la provincia.
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Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
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La denuncia por los desmontes chaqueños llegó al Vaticano

Fecha de Publicación: 23/09/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunciante en una causa que tramita la justicia federal e involucra a exfuncionarios, funcionarios, diputados y empresarios, expuso en un evento organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y la organización internacional Líbera, en la Casina Pio IV de la santa sede.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas  llevó el caso denominado "la Mafia del desmonte" y su participación en el desmonte ilegal en el Chaco, ante una audiencia de alto nivel reunida en la conferencia internacional sobre "El uso social de los bienes confiscados" , organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional Líbera en la Casina Pio IV del Vaticano.
El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el director ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista italiano Luigi Ferrajoli y el fiscal jefe antimafias de Italia, el cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.
El abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expuso en el panel titulado "Sociedad civil organizada y políticas centradas en la doctrina del desarrollo humano integral: el rol del Estado en la búsqueda y construcción del bien común". Su intervención destacó el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte, el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.
El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA fue la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). "Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social-  a comunidades afectadas" , reveló la entidad en un comunicado.
Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el yaguareté en el Gran Chaco.
La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que "el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades", subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.
La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. "Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global", indicaron.
"El desmantelamiento de estas mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más  justa e igualitaria, incluso con la naturaleza", resaltaron finalmente.

La causa
En el marco de la denuncia penal presentada por la Asociación, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) dictó el mes pasado una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de tres meses (ampliables).
A través de la resolución, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
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Denuncian desmonte ilegal en Chaco

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
«A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial», expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna. «Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región», señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Violación de las medidas cautelares
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.
«En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar», indicaron.
«Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente , como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio», enfatizaron.
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Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco


Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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Chaco: Gendarmería allanó Casa de Gobierno por una denuncia de desmontes indiscriminados

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


Los uniformados allanaron una subsecretaría en Casa de Gobierno y dos sedes administrativas en la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina realizó dos allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña y uno en Resistencia. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las diligencias en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los procedimientos en Sáenz Peña se llevaron a cabo en la Dirección de Bosques, ubicada en la calle Pellegrini entre San Martín y Belgrano, donde se secuestraron computadoras y otros elementos considerados importantes para la causa.
Posteriormente, se realizó otro allanamiento en una consultora que se sospecha es propiedad del actual ministro de Producción del Chaco. Esta consultora gestionaba permisos de desmontes hasta el año 2021, durante la gestión de Jorge Capitanich.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Resistencia, en la sede de la actual Subsecretaría de Desarrollo Forestal. Niremperger resolvió suspender los desmontes en el Chaco por tres meses, mientras investiga una denuncia presentada por abogados ambientalistas.
Por su lado, el fiscal Patricio Sabadini expuso la existencia de un presunto mecanismo de corrupción público-privado que se beneficiaba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo. Niremperger recibió la denuncia del fiscal Sabadini, quien alertó sobre una posible "mafia de los desmontes" en el Chaco.
Según la investigación de los abogados ambientalistas, el actual ministro Hernán Halavacs habría tramitado la mayor cantidad de permisos de desmonte en la última década: 353 de los 876 permisos otorgados por la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando Halavacs dirigía la consultora situada a solo una cuadra de la Dirección de Bosques en Sáenz Peña.
Sabadini ha solicitado una instrucción formal contra Hernán Javier Halavacs, Miguel Ángel López, Luciano Olivares, Atlanto Honcheruk, Juan José Bergia, Zenón Cuellar y, póstumamente, Hernán Miguel Brunswig.
Los cargos incluyen "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
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La Justicia suspendió los desmontes en Chaco por tres meses tras una denuncia de abogados ambientalistas

Fecha de Publicación: 21/08/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


Fue por decisión de la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Un grupo funcionarios forestales y empresarios, están en la mira acusados de armar un esquema sistemático de deforestación.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó este lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes en la provincia de Chaco por un período de tres meses, ampliables.
Esta decisión surge en el marco de la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) contra un grupo de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, acusados de armar un esquema de desforestación sistemático de bosque nativo con graves consecuencias ambientales.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
Entre los delitos imputados a los funcionarios figuran abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y asociación ilícita, entre otros.
A su vez, la gravedad de los hechos denunciados llevó al fiscal a solicitar la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que también se investigará a empresas involucradas en estos actos, como Vicentin y otros grandes grupos agroindustriales.
Al enterarse de la medida cautelar otorgada por la Justicia, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron: “Es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la mafia del desmonte”.
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La Fiscalía Federal de Chaco imputó a ministro de Zdero, diputados y empresas por la megadenuncia ambiental

Fecha de Publicación: 16/08/2024
Fuente: Chaco Ahora
Provincia/Región: Chaco


La Fiscalía Federal de Chaco imputó a altos funcionarios, diputados y empresas, en respuesta a la megadenuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) que se realizó en julio pasado, tal lo publicó Chaco Ahora.
Esto representa un golpe decisivo contra la llamada mafia del desmonte de Chaco, organización criminal devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo.
En concreto, el Fiscal Federal Patricio Sabadini realizó la acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, en contra de Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco e importantes empresas.
Asimismo el fiscal Federal solicitó el cese inmediato de las actividades de extracción forestal.
“Esta decisión judicial es el primer paso para desbaratar esta organización criminal. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y celeridad”, marcaron en las redes los denunciantes.
Chaco Ahora accedió al requerimiento que realizó este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini a la jueza federal Zunilda Niremperger   y que tiene que ver con la denuncia formal que concretó en los primeros días de julio las Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Tal lo publicado por este medio, los abogados ambientalistas concretaron una denuncia penal contra la “mafia del desmonte en Chaco”, ante la Fiscalía Federal de Resistencia con elementos probatorios, en pos de conseguir justicia para los bosques y la sociedad chaqueña y de todo el país.
En esta denuncia penal que implica delitos graves contra la naturaleza, la democracia y las instituciones, están implicados el ministro de la Producción del Chaco, dos diputados, un intendente y empresarios.
“Ministros y diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron e impulsaron una ley que los enriqueció personalmente”, fundamenta los ambientalistas en la denuncia dando cuenta además a la ley que la Legislatura chaqueña aprobó entre gallos y medianoche.
“La denuncia penal que realizamos  es contra funcionarios y empresarios que actúan de los dos lados del mostrador para favorecer el agronegocio y a las corporaciones madereras de Chaco”, se desprende de la denuncia penal.

La causa va tomando fuerza
En ese sentido, este miércoles, la fiscalía federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini presentó “acusación” y “pedido de investigación” a los ciudadanosHernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco; Hernán Miguel Brunswig, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal), “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Sabadini solicitó al mismo tiempo a la jueza Zunilda Niremperge “el cese de desmontes en la provincia del Chaco”.
En presentación dicha presentación se dejó en claro además que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401, como ser  “Vicentín”; “Las Guindas” S.A; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca del salado” S.A; “Grupo Buratovich Hermanos”; “MSU” S.A; “Triad” S.A; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie” S.A; “Cigra” S.A; “La Nueva Pirámide”.
Dice Sabadini en el requerimiento a Niremperger “que los hechos vienen enmarcados según la denuncia que dio inicio a la presente investigación por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras”.
Y añade: “En este sentido, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto, hoy ya sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.
Al mismo tiempo, se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia del Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Santo Padre, el Papa Francesco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad toda a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual, independientemente de las religiones.   

¿Quiénes son los denunciados e imputados?
1-Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
2-Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
3-Atlanto Honcheruk. Diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
4-Miguel Ángel López. Exdirector de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS.
5-Zenón Cuellar, intendente de El Espinillo.
6- Hernán Miguel Brunswig. Exministro de Ambiente.
 7-Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
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Chaco: una megadenuncia sacude la estructura de poder heredada por Leandro Zdero

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chaco


La presentación judicial describe el entramado político y empresarial detrás del avance sobre el bosque nativo. El ojo puesto sobre "la puerta giratoria".
La presentación ante la Justicia Federal chaqueña fue realizada a comienzos de este mes, justo en la previa del inicio de la feria, y está en manos de la jueza Zunilda Niremperger. Con la Justicia en funciones desde este lunes, se espera que la causa comience a avanzar.
Si bien el entramado que se detalla en la denuncia da cuenta de una situación que existe en la provincia desde hace años, el empuje definitivo que aceleró la presentación fue la sesión mediante la cual la Legislatura provincial sancionó, en la madrugada del 30 de abril, una normativa que reduce la protección del bosque nativo de Chaco y permite el avance de las topadoras sobre más de un millón de hectáreas, hoy protegidas.
Según la organización denunciante, la ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades. Por esa razón, se interpuso una cautelar para dejarla sin efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Un desmontador en Chaco
El equipo letrado que presentó la denuncia llama al entramado que incluye a figuras poderosas de la política y el empresariado “la mafia del desmonte”. La definen como “una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción”.
En una exhaustiva investigación en la que participaron profesionales e investigadores de múltiples disciplinas, no deja de sorprender la nómina de empresas que aparecen mencionadas en una denuncia de 86 fojas que incluye mapas georreferenciados y análisis detallado de los datos, que dejan al descubierto un universo de intereses cruzados.
Halavacs, el ministro de Producción de Zdero que además es la máxima autoridad ambiental de la provincia, es la figura paradgimática de la denuncia. Dueño de una consultora, el ingeniero agrónomo fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. De hecho, tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.
Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.
Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).

Más allá de Leandro Zdero
A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.
Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.
En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.

Más allá del desmonte
Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.
La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.

Más allá de Chaco
Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.
Será en la librería La Paz y la expectativa en torno a la conversación empieza a generar un ruido político del que se alimenta la discusión pública provincial. Más allá de eso, los ambientalistas esperan que avance la cautelar que deje sin efecto la ley de reordenamiento. Además, analizan un pedido para que la Justicia los acepte como querellantes en la causa, para así poder seguir de cerca todo el proceso.
Están convencidos de que los daños producidos no terminan en Chaco, hablan de “efectos interjuridiccionales” y apuntan a las consecuencias climáticas y ecológicas que afectan a la vida más allá de las fronteras provinciales. Aunque también advierten que las prácticas políticas y empresarias que, además de la corrupción, habilitan acciones como la explotación laboral o directamente la trata de personas no empieza ni terminan en la provincia en la que nada parece haber cambiado demasiado, más allá de los gobiernos.
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Desmontes en Chaco: intensifican controles en zonas críticas

Fecha de Publicación: 29/07/2024
Fuente: Portal diariotag.com
Provincia/Región: Chaco


La Dirección de Bosques amplió su plantilla de inspectores para trabajar en zonas críticas en la provincia y evitar los desmontes.
"Estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para evitar los desmontes en la provincia, ese es nuestro objetivo, es una tarea difícil, porque los desmontes estaban sucediendo antes y venían con una velocidad alarmante y el año pasado fueron miles de hectáreas las que habían arrasado con esta práctica", comenzó explicando el director de Bosques de la Provincia Gustavo Vázquez.
Señaló que hace ya varios meses se implementaron una serie operativos, "pusimos muchos inspectores en sectores que nosotros consideramos críticos y de esa manera pudimos frenar este avance que tenían los desmontes".
Reconoció el funcionario que "los desmontes siguen ocurriendo, pero todo el esfuerzo del personal de Bosques y el apoyo de la policía se está trabajando para contrarrestar los mismos, además ahora tenemos otras tareas que cumplir, como por ejemplo frenar la salida de productos forestales en forma ilegal hacia Santiago del Estero".
La Dirección de Bosques tiene inspectores en distintos puntos de la provincia, "hay una casilla instalada en lo que se denomina la Picada Olmos, que está en un sector crítico, de donde sale nuestra madera, salida en forma ilegal hacia la zona de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. Y también del otro lado, en el límite con Salta, donde también salía un flujo importante de madera, sobre todo de postes que salían de la reserva, que sería zona roja, en Chaco, y los llevaban en forma ilegal hacia provincias como Salta, en esos puntos se está trabajando intensamente", dijo Vázquez.
Sobre los operativos y secuestros de maquinarias, topadoras que se realizan en forma conjunta con la Policía del Chaco y los Juzgados de Paz reconoció el Director de Bosques que casi semanalmente se realizan estos operativos con secuestros de maquinarias.   "Creemos que es la forma de contrarrestar el desmonte, sacando la maquinaria de los predios donde están realizando el desmonte, porque una maquinaria de grandes dimensiones, como una Caterpillar D8, son 100 y 100 hectáreas que derriba por día. Así que nuestra tarea es incautarlas, secuestrarlas, ponerla a resguardo, a disposición de la Dirección de Bosques y, de esa manera, estamos contrarrestando también el desmonte ilegal", sostuvo Vázquez.
Respecto a los desmontes recordó que partir del 2018, cuando hubo un amparo justamente contra el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a partir de ese momento no se autorizó más ningún desmonte es decir que todo desmonte que está ocurriendo es ilegal.
Sobre el particular dijo que "hay algunas cuestiones permitidas, como por ejemplo los deslindes y todo lo que sea desmonte de bosques nativos no está autorizado y estamos esperando que la ley se implemente. Estamos también gestionando para que acredite Nación, y poder de esa manera implementarla en el Chaco, porque con ese instrumento legal vamos a tener las reglas claras, vamos a poder dar los permisos, pedir que o, mejor dicho, obligar a que se reforeste, vamos a tener un direccionamiento. El productor va a saber a qué atenerse. Y también tenemos que acrecentar lo que sean las sanciones, porque evidentemente, así como estamos con las multas que nosotros aplicamos, con eso no alcanza, porque la realidad nos demuestra que los desmontes siguen sucediendo".  
Por último, dijo que "si aquellos que derriban montes se sienten cómodos pagando solamente las multas y saben de qué crece su negocio inmobiliario, tenemos que actuar de otra manera, acrecentar las sanciones, buscar la forma para desalentar esta actividad ilícita".
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Sostienen que si la Nación no acredita el OTBN seguirán los desmontes

Fecha de Publicación: 25/07/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Remarcan la necesidad de contar con la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos concretada por la Legislatura del Chaco.
Productores del interior chaqueño continúan realizando pedidos al Ejecutivo provincial para la aplicación del OTBN. Reflejan la creciente conciencia y compromiso de la sociedad chaqueña con la gestión sostenible de sus recursos naturales, y consideran que es un paso crucial para garantizar un futuro equilibrado para el ecosistema de la provincia.
El ingeniero Miguel López, productor forestal de la provincia, señaló sobre la urgente necesidad de acreditar el recientemente actualizado Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
Además, López destacó la importancia de esta medida para legalizar las prácticas forestales y avanzar hacia un manejo sostenible de los recursos naturales.

La acreditación de la nación es clave
El ex director de Bosques del Chaco subrayó la dificultad de lograr un consenso en la provincia, y destacó que la acreditación de la ley es vital para pasar de la ilegalidad a la legalidad en las actividades productivas. "Hasta que el productor agrícola no vea que esto va en serio y que la ley se va a aplicar, será difícil controlar el desmonte en la provincia", afirmó.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo multisectorial que recibió este pedido de acreditación, reflejado en una carta enviada al presidente de la Nación, Javier Milei. La misiva, firmada por representantes del sector productivo e institucional del Chaco, busca asegurar que los esfuerzos realizados para actualizar el OTBN sean reconocidos y respaldados a nivel nacional.

Amplio consenso
López detalló el arduo proceso detrás de la actualización del OTBN, que incluyó la participación de instituciones como el INTA, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Federación Económica del Chaco.
"Este trabajo surgió del consenso de todos los que estábamos en esas mesas, incluso dejando de lado algunas inquietudes en pos del bien común", explicó López.
Además, criticó la distribución actual de los fondos destinados a la protección de los bosques, argumentando que la fórmula polinómica utilizada no refleja adecuadamente las diferencias regionales en términos de pérdida de oportunidades económicas.
"La pérdida de chance de un suelo agrícola en el Chaco es mucho mayor que la de una montaña en Córdoba o Mendoza", señaló.

Autonomía provincial
Además, enfatizó en la autonomía provincial sobre el manejo de los recursos naturales, un punto respaldado por el reciente Pacto de Mayo, que reconoce que los recursos naturales son de las provincias y pueden ser explotados de manera racional y sustentable.
"La provincia es dueña de sus recursos naturales y la ley votada por tres cuartas partes de la Cámara debe ser respetada", afirmó el productor forestal del Chaco.
Por último, llamó a una acción decidida por parte de las autoridades provinciales para asegurar la acreditación del OTBN y mejorar la redistribución de los ingresos provenientes de la Ley de Bosques. "Es tiempo de cambio y debemos pedir que se respete la autonomía provincial", concluyó López.
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En el primer semestre, Chaco fue la provincia donde más montes se talaron en forma ilegal

Fecha de Publicación: 15/07/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Los datos fueron difundidos por Greenpeace, en base a imágenes satelitales. La organización expresó su preocupación por el aumento de los desmontes en todo el norte argentino.
Mientras se aguardan definiciones y avances sobre la denuncia penal –junto a una medida cautelar- por los desmontes ilegales en el Chaco presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la organización ecologista Greenpeace difundió esta semana un informe con datos del primer semestre de este año que ubican a la provincia como la primera del país donde más montes se talaron en forma irregular.  Fueron, en datos concretos, más de 27.000 hectáreas en seis meses.
El reporte de Greenpeace indica que se detectó, mediante imágenes satelitales, que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestaron 59.557 hectáreas , un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). "La situación más grave se da en Chaco y en Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales",  alertó la organización ecologista, que volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
El relevamiento realizado mediante la comparación de imágenes satelitales  estima que, entre enero y junio de 2024, la deforestación en el Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas ; en Santiago del Estero, 21.047 hectáreas; en Formosa, 7.162 hectáreas; y en Salta, 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

La frontera agropecuaria sigue en expansión
Greenpeace señaló que "la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exportan a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
"Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020.  Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Complicidad
"Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios p ara arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema", recordó
De hecho, esta semana se cumplieron cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.
"La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos", afirmó Giardini. Y finalizó: "Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente  contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria".

Una denuncia y una cautelar que aguardan definiciones
En los primeros días de este mes, y ante la Fiscalía Federal de Resistencia, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA)  presentó una denuncia penal contra funcionarios públicos y empresarios, a quienes apuntó como responsables de "actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos", advirtiendo "la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
La denuncia penal –indicó la entidad- tiene como objetivo que "se investigue y desarticule a esta mafia del desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia".
Junto con la denuncia, la asociación solicitó a la justicia el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente "toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios de El Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en dos décadas", subrayaron.
La denuncia es contra Hernán Halavacs, actual ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, ya que antes de asumir ese cargo, en su calidad de ingeniero agrónomo, fue quien "mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia", ya que "tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte".
También contra Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, a quien se señala como "principal responsable del desmonte desde el año 2014". "Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público", señalaron los denunciantes.
Otros nombres apuntados en la denuncia penal son Atlanto Honcheruk, diputado provincial y "titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia"; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques de la Provincia; Ana Victoria Hupaluk, empresaria maderera y carbonera, y socia de López en el aprovechamiento de Tria S.A.; Adolfo Eduardo Hupaluk, empresario maderero y carbonero de Los Frentones; y Juan José Bergia, legislador de Nepar.
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Mega denuncia penal contra legisladores, funcionarios públicos y empresarios por el desmonte en el Chaco

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chaco


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada en una sesión que se realizó de madrugada.
A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.

La agonía del monte chaqueño
"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale .
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.

¿Quiénes son los denunciados?
De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk. Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.
Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".

Los fundamentos de la denuncia
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".
Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".
La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".
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Secuestran Topadoras Por Desmonte En El Sudoeste Chaqueño

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Noticias del Paraná
Provincia/Región: Chaco


Durante la siesta del viernes policías Rurales de General Pinedo secuestraron dos topadoras por supuesta infracción al Régimen de actividad forestal. Intervino la Dirección de Bosques.
El primer procedimiento sucedió cerca de las 13, en un campo ubicado en Mesón de Fierro, a 30 kilómetros de Pinedo. Aquí dieron con una máquina Caterpillar D6 D.
El segundo procedimiento se dio por la siesta, en un campo ubicado en Parcela 206, del Departamento Almirante Brown. Se incautó una topadora Caterpillar D6 G más un rolo de 4 metros. El trabajo estuvo acompañado por la Dirección de Bosques de Pampa del Infierno y el allanamiento se hizo con orden del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.
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