Increíble hallazgo: encontraron una lechuza nunca antes registrada en El Impenetrable

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Desde el Parque Nacional hicieron hincapié en la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales.
El Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco argentino, fue el escenario de un hallazgo importante para la ornitología y la conservación ambiental. Allí, el guardaparque, Matías Almeida, pudo registrar la presencia de una Lechuza Canela (Aegolius harrisii), un ave poco común que hasta ahora no había sido registrada en este ecosistema.
Desde la administración del parque resaltaron la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales y proteger la diversidad de especies que habitan en la región.

Un hallazgo que refuerza la importancia de la conservación
El descubrimiento de la Lechuza Canela en el Parque Nacional El Impenetrable es un avance crucial para la protección de la biodiversidad, evidenciando la necesidad de preservar estos espacios naturales.
Este registro abre nuevas oportunidades para el estudio y monitoreo de la especie, asegurando que sus poblaciones sean protegidas en su entorno.
Un hallazgo que recuerda que, en cada rincón del planeta, la naturaleza sigue revelando sus secretos, promoviendo un compromiso renovado con la conservación ambiental.
.

Detectan y detienen un nuevo desmonte ilegal en Los Frentones

Fecha de Publicación: 04/06/2025
Fuente: Diario TAG
Provincia/Región: Chaco


El operativo fue llevado a cabo por el personal de la Dirección de Bosques, quienes al tomar conocimiento de la actividad ilegal, se dirigieron a un predio que se encontraba con el portón de acceso abierto. En el interior, encontraron maquinaria utilizada para el desmonte no autorizado.
Tras labrar las actas correspondientes, se procedió al secuestro de dos tractores con pala tipo rastrillo: uno de marca Michigan y otro LOVOL. Ambos vehículos fueron trasladados a la Municipalidad de Los Frentones.
Además, en el campo quedó un acoplado rural de dos ejes marca Agromac, una casilla rodante de dos ejes marca Super Alcas y una cisterna para agua de 2.000 litros marca CAS.
Esta intervención fue posible gracias a la detección del Centro de Geo Información de la Dirección de Bosques, que cuenta con nuevos dispositivos satelitales instalados por la empresa Ecom Chaco.
Esta tecnología permite mantener la conectividad de los vehículos en todo el territorio provincial, lo que fortalece el trabajo de control y preservación de los bosques nativos chaqueños.
.

Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
.

La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
.

Ambiente de Nación acreditó el ordenamiento territorial de bosques nativos del Chaco

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En una reunión encabezada por el ministro Oscar Dudik, junto a los subsecretarios Orlando Morán (Coordinación), Oscar Navarro (Desarrollo Forestal), Julio Fantin (Agricultura) y Mariela Casco (Ganadería), se analizó la acreditación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) que lleva la firma del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Jorge Brown.
Desde la cartera productiva destacaron que el OTBN es una herramienta de planificación del territorio y de la economía provincial, que sirve como instrumento de planificación estratégica provincial, y favorece un proceso inclusivo donde diversos actores sociales, económicos y ambientales definen el destino del uso del bosque, de manera sustentable.
Al finalizar la reunión, el ministro Dudik se mostró satisfecho con la medida y aclaró que “somos cuidadosos, sabemos que existe una cuestión judicial, somos respetuosos respecto de esto, por lo cual los próximos pasos a dar es poder normalizar la situación que vive el sector forestal que hace las cosas bien”.
El titular de la cartera productiva destacó el trabajo que desde la gestión del gobernador Zdero se viene impulsando: “Hemos dado muestras desde lo legislativo, aumentando multas y con el registro de topadoras; con el OTBN aprobado por ley y homologado en Nación, son demostrativos de nuestro correcto accionar”.

Alcances del OTBN
Contar con el OTBN actualizado y acreditado permite al estado provincial planificar y controlar las actividades realizadas en los bosques nativos:
- Control del avance de la frontera agropecuaria y la deforestación: Establece límites normativos al desmonte y al cambio de uso del suelo (CUS), evitando la degradación ambiental y el deterioro de los recursos naturales. A diferencia de lo que sucede cuando no se cuenta con un OTBN vigente y los CUS se encuentran suspendidos: “el desmonte avanza de forma ilegal sin respetar el ordenamiento de los bosques, sobre zonas de bosques con altos y medios niveles de conservación (categoría amarilla y roja)”.
- Condición para la sostenibilidad en las cadenas de valor forestal: Asegura trazabilidad legal y ambiental del origen de productos forestales, lo que favorece la competitividad en mercados nacionales e internacionales (por ejemplo, frente a exigencias como la EUDR europea). Es una herramienta para los productores agropecuarios para realizar sus actividades de manera legal. Permitiendo el aprovechamiento integral de los recursos forestales y la legalidad en toda la cadena productiva forestal en las actividades de transformación de la madera y en la comercialización de los productos forestales.
- Acceso al Fondo Nacional de Bosques Nativos: Permite a la provincia recibir recursos económicos nacionales para compensar a quienes conservan o manejan sosteniblemente los bosques nativos, incluyendo comunidades indígenas y criollas.
- Promoción de actividades sustentables: Habilita la implementación de planes de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, generando empleo y desarrollo local con enfoque ambiental.
- Conservación de servicios ecosistémicos clave: Ayuda a mantener funciones vitales como la regulación del ciclo hídrico, la prevención de inundaciones y erosión, la captura de carbono, y la calidad del aire y del agua. Además, contribuye a proteger especies nativas de flora y fauna, así como ecosistemas estratégicos para la conservación a largo plazo.
.

Organizaciones advierten que la sanción agravaría la crisis por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fundación Vida Silvestre Argentina, expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción  en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles.  
Conocida la convocatoria a sesión extraordinaria para este miércoles, para tratar el proyecto de ley 1861/2024 del diputado Juan José Bergia  que propone incrementar multas por desmontes ilegales , pero avanza en el blanqueo con la madera proveniente de los mismos, las organizaciones Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina , expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción. "Se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en el Chaco", advirtieron.
El pedido a los legisladores lleva las firmas de Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata; y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento, las organizaciones explican que el proyecto de ley propone modificar diversos artículos de la Ley 2079-R respecto de las multas que aplican a los desmontes de bosques nativos ilegales. Y mencionan, en particular "el artículo 4 del proyecto de ley, que propone incorporar a la Ley 2079-R el artículo 45-bis a los fines de legalizar mediante un contrato privado los productos forestales provenientes de desmontes ilegales".
Así, mencionan que el texto del proyecto establece que "para el acceso de los descuentos habilitados por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales, deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución, como mínimo, de un año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos".
Las tres organizaciones advierten que, de aprobarse dicho proyecto "podría institucionalizarse un incentivo perverso  al promover la comercialización de madera proveniente de desmontes ilegales, perpetuando un ciclo de explotación insostenible de los bosques chaqueños".

Diseñar mejores mecanismos
Luego, resaltan que "en la provincia de Chaco es conocida la problemática de desmontes  que devienen en terrenos sin ningún uso productivo posterior, a los fines de aprovisionamiento irregular de madera en contraposición a lo establecido por las regulaciones vigentes y las posibilidades de desarrollo sostenible de la provincia".
Así, desde las organizaciones firmantes, consideran que el mencionado artículo "debe ser eliminado y, en todo caso, se deben diseñar mejores mecanismos para desincentivar los desmontes ilegales y el posterior aprovechamiento de la madera  que sumen y acompañen la efectiva implementación a nivel provincial de la Ley 26.331, sancionada y plenamente vigente desde hace casi dos décadas".
En ese sentido, señalan que "el decomiso de la madera por parte de la Dirección de Bosques, y el agravamiento de las sanciones ante una quema posterior al desmonte, son algunos ejemplos de medidas alternativas  que no perpetúen un círculo vicioso de explotación insostenible". "Cabe mencionar que observaciones similares a las nuestras fueron presentadas por autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción", indicaron.

Crisis ambiental
Por último, sostienen que "la provincia de Chaco enfrenta una crisis ambiental alarmante, donde los procesos de deforestación constituyen una de las principales causantes, a través del cual se despliegan múltiples problemáticas como es la pérdida de biodiversidad ".
Mencionan al respecto que, solamente entre enero y abril de 2024, según datos de Greenpeace, se deforestaron cerca de 20.000 hectáreas , una superficie comparable a la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. Y resaltan que ese incremento "se produce a pesar de las restricciones legales vigentes y de las prohibiciones establecidas por la Justicia Federal y ordinaria".
Agregan también los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que indican que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia de Chaco perdió casi medio millón de hectáreas de bosques nativos. "Estos datos evidencian las limitaciones de la implementación de la Ley de Bosques Nativos, dentro de las cuales se encuentran las insuficientes sanciones a los desmontes ilegales. De sancionarse el proyecto de ley 1861/2024, se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en la provincia de Chaco", alertaron finalmente.
.

Somos Monte en Diputados por controvertido proyecto de diputado imputado: "Los desmontes deberían ser delito penal"

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


El pasado viernes 4, ante un pedido formal, Somos Monte fue invitado a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo,  junto a  los diputados provinciales de dicha comisión, “para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes”, informaron desde la agrupación.
Y señalaron que “entre dichos proyectos, el promovido por el diputado Juan José Bergia, proyecto de Ley 1861/2024, ´Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos´,  propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones”, explicó Somos Monte.
“Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que los desmontes deberían ser delito penal, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. No aceptamos las multas a cambio de nuestro monte nativo”, afirma Somos Monte.
“Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera, ya carente de sus funciones ecosistémicas, de todos modos debería quedar en el suelo contribuyendo a la restauración del sistema y como soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido”, dice el colectivo ambientalista.
Por último, dejaron en claro que “la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad”.

Manifestación pública
Sobre la reunión en concreto, Somos Monte contó que “mientras se llevaba a cabo la audiencia en la Legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueñ”a.
“Queremos dejar constancia también de que a los compañeros que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, y que la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos”, se agregó por último.

Megacausa "La mafia de los desmontes"
Es de recordar que el gobernador Leandro Zdero echó a su funcionario porque fue imputado por la Justicia Federal en una megacausa por los desmontes ilegales tras una denuncia de abogados ambientalistas. Se trata de Hernán Halavacs, quien era "el zorro en el gallinero" para los desmontes en el Chaco.
El 14 de agosto de 2024 se conoció la dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo.

Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
.

Incautan maquinarias al empresario Nardelli por desobedecer cinco veces a la Justicia Federal

Fecha de Publicación: 08/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco

Tres máquinas habían sido llevadas por las fuerzas federales, una de las cuales estaba en resguardo judicial y fue retirada del depósito.
Ayer, por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, la Gendarmería requisó propiedades en Tres Isletas y Barranqueras, con el fin de incautar las máquinas. Una de las cuales el empresario Roberto Nardelli recuperó luego de abonar la multa ante el Ministerio de la Producción y por lo que el fiscal Patricio Sabadini puso énfasis en investigar para saber cómo fue que Nardelli, pese a que la máquina estaba bajo resguardo judicial, pudo volver a tenerla y seguir desmontando, a pesar de la cautelar que lo prohíbe.
Según Sabadini, fueron taladas 200.000 hectáreas, que es el total de la superficie en esta actividad restringida hace meses. La investigación de los desmontes ilegales se inicia a partir de la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y mediante una medida cautelar dictada en agosto del año pasado, que prohíbe el desmonte en todo el territorio provincial, cuya medida se prolongará hasta agosto de este año. Pese a dicha resolución judicial, en empresario del carbón desoyó y siguió con la tala indiscriminada.
Los allanamientos contaron con la presencia de funcionarios judiciales federales y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y se realizó en Barranqueras y Tres Isletas. De acuerdo con fuentes de la investigación, en la localidad portuaria se inspeccionó la oficina comercial de Nardelli, ubicada en la avenida Laprida 4784.
En el lugar se recolectó documentación relacionada con el comercio exterior de carbón vegetal y otras actividades empresariales, que incluyeron facturas, libros de actas y documentación de importación y exportación. Sin embargo, por orden judicial, no se procedió al secuestro de dicha documentación.
En Tres Isletas, el allanamiento se centró en la planta industrial de la firma Alesio y Enzo Nardelli, ubicada en la ruta provincial 95. Allí, se constató la presencia de tres maquinarias de gran porte que fueron utilizadas para la deforestación, una de las cuales ya había sido incautada previamente el 21 de febrero de 2025 en una zona rural cercana a Tres Isletas y que fuera sustraída del lugar donde había quedado bajo custodia judicial, y por lo que Sabadini pidió el allanamiento. Por el momento no hubo detenidos.
.

Chaco: liberan por primera vez a un jaguareté nacido en estado salvaje

Fecha de Publicación: 31/03/2025
Fuente: Weekend
Provincia/Región: Nacional - Misiones - Chaco


Se trata de Miní, quién nació libre en el Parque Nacional Iberá, Misiones, y es la primera de su especie puesta en libertad con fines de conservación y preservación en el mundo.
Miní, una yaguerté nacida en libertad en el Parque Nacional Iberá, Misiones, acaba de unirse a otras dos hembras liberadas en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco, con el objetivo de intentar recuperar la especie en el Gran Chaco.
Se trata de la primera liberación de un yaguareté nacido en estado salvaje y translocado con fines de conservación en el mundo. De hecho, según datos oficiales, en los últimos años, se pudo confirmar la presencia de menos de 10 yaguaretés sobrevivientes en esa región del NOA argentino que cuenta con una extensión de un 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y todos eran machos.
Para revertir esta situación, en 2024, la Fundación Rewilding Argentina (FRA), la Administración de Parques Nacionales (APN) y la provincia de Chaco lograron liberar en el Parque Nacional El Impenetrable a dos yaguaretés hembras, una nacida en cautiverio, hija de Qaramta, y, la otra, rescatada en Paraguay.

Miní: liberación histórica y alentadora
"Argentina está muy orgullosa de liberar al primer yaguareté nacido en la naturaleza que ha sido translocado para su liberación. Sabemos que algunos yaguaretés machos silvestres siguen sobreviviendo en lugares aislados del norte de Argentina, pero necesitan hembras, diversidad genética y conectividad para prosperar", explicó Sebastián Di Martino, Director de Conservación de FRA.
"Esta acción ayudará a  transformar una población casi extinguida a una población reproductiva saludable, y llamará la atención sobre la necesidad de expandir las áreas protegidas para proporcionar un hábitat seguro. Sería muy bueno restaurar un corredor de yaguaretés más allá del parque, ya que eso beneficiaría a otras especies y ayudaría en la restauración del ecosistema a gran escala", concluyó el especialista.
Por su parte, Kristine Tompkins, titular de Tompkins Conservation, felicitó a la Argentina por la buena noticia al señalar que "el Gran Chaco es un ecosistema vital compartido por cuatro países de Sudamérica, pero pocos han oído hablar de él. Espero que el viaje de Miní pueda atraer la atención mundial hacia los desafíos que enfrentan tanto la gente como la vida silvestre de Chaco. Es una prueba de que podemos cambiar la trayectoria en la que estamos y luchar contra la extinción masiva trabajando juntos".
.

Piden la detención e indagatoria de un empresario forestal por violar la cautelar que frenó los desmontes

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado Federal la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por cinco hechos de desobediencia judicial a la medida cautelar que suspendió por seis meses los desmontes en la provincia del Chaco. Vale recordar que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como "Mafia del desmonte" impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal Nº 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en la provincia del Chaco.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a la localidad de Tres Isletas. En la tarea llevada a cabo en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestra de una topadora. Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
No obstante, en el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraba avalados por el mismo, por lo cual eran “ilegales”. Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024.
El último de los hechos imputados está vinculado a que el empresario Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales. Además, advirtió que no debe soslayarse que “su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación” que lleva adelante la Fiscalía Federal.
.

Por la crecida del río Bermejo, ya hay familias aisladas y viviendas inundadas en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta - Chaco


Se agravó la situación en el norte del país debido al aumento de los niveles de agua. En tanto continúan los trabajos de asistencia por la crecida del rio Pilcomayo
La crecida del río Bermejo comenzó a afectar a los habitantes de las localidades del norte de Salta y de Chaco —al límite de Formosa—, donde se registraron las primeras viviendas afectadas por la inundación. Familias enteras se encuentran completamente aisladas, debido a los caminos intransitables; y hay viviendas inundadas y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alimentos.
Por estas horas, el panorama es especialmente crítico en localidades como Las Vertientes, Larguero y El Chañaral, donde el nivel del agua rodeó por completo los asentamientos. Las complicaciones también alcanzaron a la zona del Chaco salteño. Según detalló el portal El Caudillo, hay parajes que quedaron “encapsulados”, sin posibilidad de recibir ayuda terrestre, con cortes de luz y un colapso del suministro de agua; y que ha puesto a la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial de Chaco (SAMEEP) a efectuar tareas para que la crecida no afecte la potabilización de la Planta de El Pintado. “Son muchas acciones realizadas en poco tiempo mientras seguimos avanzando en otras para dejar en condiciones toda la infraestructura de la empresa y llegar con una mejor prestación a los usuarios”, detalló sobre los trabajos, el coordinador de la empresa.
Si bien la Comisión Regional del Bermejo (COREBE) señaló que hay zonas en donde los niveles del agua comenzaron a descender —los ríos en la cuenca alta, como el Grande de Tarija e Iruya-Pescado—, aún continúa la situación crítica en la cuenca del Río San Francisco. En esta área geográfica los valores han aumentado, de acuerdo a lo informado por El Tribuno. Desde el portal también precisaron que mientras Rivadavia Banda Norte permanece rodeada de agua sin registrar evacuados, en los últimos tramos de la Ruta Provincial 13 las comunidades de Banda Sur están completamente anegadas.
El intendente interventor de Morillo (Salta), Marcelo Córdova, explicó en diálogo con el mencionado medio, que los caminos están seriamente comprometidos, lo cual puede agravar cualquier emergencia. Además, informó que se espera la llegada de ayuda en los próximos días para comenzar la distribución de módulos de asistencia. “Estamos esperando que llegue el helicóptero esta semana que viene, y comenzamos a distribuir los bolsones focalizados”, dijo. Sin embargo, aclaró que se trata de ayuda limitada por cuestiones logísticas.
La situación alcanzó también a comunidades wichi como La Esperanza, San Felipe, El Cocal, El Breal y Campo Pañuelo, que se encuentran completamente rodeadas por las aguas del Bermejo.

Como continúa la situación del Pilcomayo
Hace un poco más de una semana, el caudal de agua del río se elevó a uno de sus niveles históricos más altos, poniendo en aprietos a los pobladores que debieron abandonar sus viviendas e incluso algunas comunidades, quedaron incomunicadas. El pico se registró el 18 de marzo pasado, con 7,14 metros.
Uno de los puntos más críticos era el paraje La Gracia, donde caminos y viviendas se encontraban anegados. En tanto, localidades como Santa Victoria Este, Misión La Paz y Monte Carmelo también padecían las consecuencias del desborde. La mayoría de las personas evacuadas pertenecía a comunidades sin acceso a alimentos ni agua potable, donde el corte de la ruta 54 —principal conexión terrestre con varias localidades— obligó a desplegar operativos con lanchas y gomones para distribuir ayuda. Así lo detalló el comisario Diego Bustos, jefe de la Policía en la región. “En dos gomones seguimos trasladando a personas que quedaron anegadas en algunos parajes”, sostuvo días atrás en declaraciones a la prensa.
Mario Mimessi, titular del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y la persona encargada de coordinar la ayuda humanitaria en la zona, señaló a la prensa que las tareas se realizaban minuto a minuto, no solo contra el río, sino también contra el clima.
En las zonas más comprometidas, los anillos de defensa que debían contener el avance del río habían sido desbordados, obligando a muchas familias a buscar refugio en zonas más elevadas. En algunos casos, los campos quedaron totalmente inundados, provocando la pérdida de bienes materiales y dejando a los pobladores sin posibilidad de abastecimiento.
A su vez, las autoridades sanitarias han advertido a los pobladores por enfermedades como el dengue o la leptospirosis, debido a la acumulación de aguas estancadas. Para prevenir contagios, el gobierno desplegó equipos de salud en las zonas afectadas, brindando atención médica y distribuyendo insumos sanitarios.
.

Duro golpe a la mafia del desmonte, esta vez en Tres Isletas: de noche se paró la tala gracias a la Justicia

Fecha de Publicación: 27/02/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


“¡Paramos un desmonte y se secuestró la topadora en la provincia de Chaco!”, festejó el fin de semana la Asociación de Abogados Ambientalistas. Es que en Chaco, a pesar de haber una prohibición, se estaba llevando a cabo una tala enorme en un campo de Tres Isletas.
“A partir de la presentación judicial que hicimos en el momento donde denunciamos que se estaba violando la medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, en el día de ayer se realizó un operativo, ordenado por la Justicia Federal, en un predio en cercanías a la localidad de Tres Isletas”, especificaron los abogados.
Asimismo, denunciaron que “en el procedimiento, los operarios admitieron que ´estaban haciendo tareas de desmonte para Roberto Nardelli´ y se procedió -de manera inédita- al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking”. Asimismo, consignaron que “esta topadora es responsable de varios desmontes en los últimos año”.
“Además de haberse parado el desmonte, tendrá consecuencias judiciales por violar una medida judicial (desobediencia y daño). Esto demuestra que si estamos todos juntos, podemos convertirnos en guardianes/as del monte”, añadieron los abogados ambientalistas.
Se debe precisar que fue el Juzgado Federal  1 de Resistencia el que ordenó el allanamiento de un campo ubicado en la zona de Tres Isletas y el secuestro de una topadora que, en horas previas, habría violado la medida cautelar dictada a mediados de este mes por la que se prorrogó la suspensión de los desmontes por seis meses.
La medida fue ejecutada el pasado viernes 21 de febrero, en horas de la noche. La resolución fue dictada a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, luego de que un equipo de la Gendarmería Nacional informarse que, en el marco de las tareas de constatación del cumplimiento de la medida judicial, pudieron observar que se estaban realizando actividades de tala y desmonte en un campo cercano a la ciudad de Tres Isletas, perteneciente al empresario forestal Roberto Nardelli, expresidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco.
Al dictar la medida, el juez Ricardo Mihanovich, quién subroga el Juzgado Federal  1, consideró que “se encuentra justificado su otorgamiento, dado que existe en el caso una importante sospecha de un acontecer delictivo que reflejaría el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con respecto a la topadora, advirtió que “el bien en cuestión guardaría estrecha relación con las conductas que se pretenden dilucidar en la hipótesis delictiva investigada y que la medida resulta razonable, proporcional, necesaria e idónea”.
.

Golpe a la tala ilegal en Fuerte Esperanza: 13 detenidos y secuestro de madera y herramientas

Fecha de Publicación: 24/02/2025
Fuente: Portal TN24
Provincia/Región: Chaco


La División Rural desbarató una explotación forestal clandestina en una zona protegida. Incautaron motosierras, motocicletas y 700 postes de quebracho colorado.
Tras meses de investigación, un operativo de la División Rural logró frenar una tala clandestina en una reserva natural de Fuerte Esperanza. Con una orden judicial, los agentes irrumpieron en los campos señalados y sorprendieron a 13 personas en pleno desmonte, quienes fueron detenidas.
Durante el procedimiento se incautaron ocho motocicletas, ocho motosierras, una camioneta y varias escopetas, además de 700 postes de quebracho colorado ya labrados, lo que evidencia el impacto ambiental generado.
La acción forma parte de la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de madera, problemáticas que afectan gravemente los ecosistemas chaqueños.
Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la Dra. Noelia Miño, los detenidos fueron notificados de la causa y alojados en la comisaría jurisdiccional. Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar el destino de la madera incautada y si detrás de esta actividad hay una red de comercialización.
.

La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Chaco


La Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco. Esto implica acciones concretas de fiscalización, por lo que la Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024. Por RedEcoAlternativo
Esta medida fue lograda a partir de la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y representa – en palabras de la Asociación – “un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte”.
“La jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales”, afirman desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, advierten.
Para la Asociación, la prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco “es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”: “La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo”, finalizan.
.

Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
.

Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
.

Gobierno provincial frenó otro desmonte en el Departamento Chacabuco

Fecha de Publicación: 22/01/2025
Fuente: Portal NoticiasDelParaná
Provincia/Región: Chaco


En un trabajo desplegado por efectivos del Departamento Seguridad Rural, de General Pinedo de la Policía del Chaco y articulado con la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, se logró frenar un nuevo operativo de desmonte en el Departamento Chacabuco, siendo en este caso un total de 10 hectáreas, donde fueron secuestradas las maquinarias utilizadas y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley N° 2079-R, que regula la actividad forestal en el ámbito provincial.
El procedimiento se llevó a cabo el pasado sábado 18 de enero, entre las 14 y las 18 horas, en el Paraje Pampa Cabrera, Departamento Chacabuco, jurisdicción de Charata, al tomar conocimiento los efectivos policiales que en ese lugar, maquinaria pesada estaba realizando trabajos de desmonte.
Debido a esta situación, se comisionó de inmediato personal policial del Departamento Seguridad Rural de General Pinedo, quien se trasladó hasta el campo mencionado en compañía de Nicolás Gallardo, quien cumple funciones en la Delegación de Bosques en Charata.
Una vez en el lugar, la comitiva de Policía y Bosques logró divisar la actividad forestal, constatando el desmonte de aproximadamente 10 hectáreas.
En virtud de esto, el delegado de Bosques realizó las actuaciones por infracción a la Ley N° 2079-R, Régimen para la actividad forestal, a un ciudadano de 39 años, con domicilio en Charata, dejando constancia sobre la presencia de otro masculino de 38 años, domiciliado en Coronel Du Graty, quien hacía las veces de maquinista.
En el operativo fueron secuestrados una topadora Caterpillar D7 con pala y pluma, una casilla rodante color blanco y verde sin nombre ni dominio; un carretón color rojo sin marca ni dominio; un tanque cisterna de un eje de 1.000 litros para agua, sin marca visible; un tanque cisterna de un eje de 1.500 litros para gasoil, marca Ombú y un acoplado de dos ejes, color verde, marca Ambroggio, modelo 2022, con herramientas varias.
.