Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Detectaron un alarmante retroceso del glaciar Perito Moreno y estudian si es una tendencia irreversible

Fecha de Publicación: 12/08/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz


Como consecuencia del cambio climático, un grupo científico del CONICET halló una pérdida de 700 metros de hielo en los márgenes en los últimos dos años. Continúan estudiando si es un proceso definitivo
Uno de los íconos turísticos de la Argentina muestra algunos cambios preocupantes: un grupo de científicos estudia la pérdida de hielo que se registra en el glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, desde hace cinco años. A pesar de que aún los datos no son suficientes para saber si se trata de una tendencia irreversible, los 350 metros de hielo por año que han perdido los márgenes ponen la lupa en uno de los cuerpos de hielo más estables y equilibrados del planeta.
“Relacionar el cambio climático con el retroceso de los glaciares no es una novedad. Pero el comportamiento que se está registrando desde 2016 en el icónico Perito Moreno es una noticia no sólo para la comunidad glaciológica sino para el público general. Hasta el año pasado todo lo publicado sobre el glaciar mostraba que se mantenía neutro o que estaba cerca del equilibrio (es decir que ganaba la misma masa que perdía, según la estacionalidad)”, indicó a Infobae Lucas Ruiz, glaciólogo investigador del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología de la Argentina (Ianigla) y del Conicet.
“Sin embargo, en 2016 mostró un período de cambio de masa en el que la acumulación no compensa la pérdida. Si a eso le sumamos el desprendimiento de témpanos, es notorio el cambio”, sumó Ruiz.
Los cambios, registrados con imágenes satelitales, en colaboración con otros científicos, entre ellos Etienne Bertier, glaciólogo de la Universidad de Toulouse, muestran un retroceso en los márgenes del glaciar de unos 350 metros por año.
La investigación es parte de un convenio entre el Conicet y la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. para obtener fundamentos científicos del impacto que tendrán la construcción y el funcionamiento de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. El objetivo es ampliar la información sobre los cambios recientes en el Perito Moreno y comprender la variabilidad hidroclimática de la cuenca del río Santa Cruz.
“Venimos analizando los mapas con detenimiento desde 2021. Una de las primeras cosas que nos advirtieron los guías de montaña es que en la margen Norte el glaciar no era el que acostumbraban ver. Analizamos ese sector en particular y se notaba un incipiente cambio en el lugar. Todos los meses tenemos una buena imagen que nos permite monitorear cómo está el frente en su totalidad, no solo en la zona de la pasarela, sino en toda su extensión. Eso nos permite entender si el frente avanzó o retrocedió para entender cuánta masa perdió y los procesos. Nosotros medimos dos veces al año cuánta nieve hay en la zona de acumulación y cuánto hielo se derritió en la superficie en la parte baja del glaciar”, agregó Ruiz.
En distintas expediciones que realizó el científico junto a colegas y guardaparques, se observó que el glaciar retrocedió 700 metros en el margen norte del Canal de los Témpanos durante los últimos dos años, lugar opuesto a donde están las pasarelas. “Es un retroceso fuerte. Si se calcula aproximadamente cuánto se retrajo el glaciar entre 1998 y 2019, podemos decir que fueron 1 o dos metros por año. Además, aumentó la cantidad de témpanos que se desprenden y está ocurriendo un comportamiento similar en la parte sur del Brazo Rico del Lago Argentino”, detalló.
El frente del ventisquero no ha sufrido estos cambios, aclaró el científico argentino: “El frente todavía sigue en contacto con la península de Magallanes. Si hoy medimos cómo cambió desde 2018, es prácticamente nada. Como sigue en contacto con la península no podemos hablar aún de retroceso como pasó en el glaciar Upsala o en el Biedma o en tantos otros. El frente todavía no ha perdido la posición de equilibrio que encontró a principios del siglo pasado”.

La hipótesis de los expertos
Toda esta información obtenida significa un desafío para los investigadores: intentar determinar si ha comenzado la retracción del glaciar. “Nuestra hipótesis de trabajo a futuro es si el Perito Moreno comenzó una nueva etapa de retroceso, no asociada al desprendimiento de témpanos, sino a una disminución de acumulación de masa en la parte alta asociada a un aumento de la temperatura en los últimos veranos y a la falta de precipitación causadas el cambio climático”, explicó Ruiz. El paper de investigación debe ser revisado aún por sus pares (peer review), pero el consenso científico es dar a conocer la información al público en general mientras se desarrolla la investigación.
“Este es un trabajo asociado a entender mejor qué es lo que está pasando con los glaciares no sólo para la comunidad científica, sino para el público en general. Entendemos que el Perito Moreno es un super atractivo turístico que también puede ser una muestra para la toma de conciencia acerca del cambio climático de lo que pasa con otros 16.000 glaciares en el país, que desde hace 100 años están retrocediendo por culpa de la quema de combustibles fósiles”, sostuvo Ruiz quien aseguró que “estamos viviendo un contexto de cambio climático en el que es más probable que tarde o temprano todos los glaciares van a retroceder, porque dependen del clima”
¿Qué pasará con el espectáculo de los rompimientos en este nuevo contexto? “El último puente importante que se formó por su avance contra la península fue en el 2018. Subió sobre el nivel del Brazo Rico del Lago Argentino más de 9 metros. Los rompimientos de la década de 2010 no habían llegado hasta esa altura. Luego tuvo cierres más pequeños. Y en 2022, cerró una semana, producto de este avance estacional. Es probable que vuelva a hacer un cierre pequeño, realmente necesita tener ese frente todo constituido que tenía en 2018. Cabe aclarar que el Perito Moreno va a ser un magnífico glaciar, incluso si retrocede un par de kilómetros, recordemos que tiene 260 kilómetros”, dijo Ruiz.
El imponente ventisquero está en el área que cubre el Parque Nacional Los Glaciares, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Fue creado en 1937 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981. Se ubica dentro de lo que se conoce como el Campo de Hielo Patagónico Sur y es la tercera extensión de hielos continentales más grande del planeta, luego de la Antártida y Groenlandia. Allí hay más de 45 glaciares que oscilan entre los 200 y los 1.300 kilómetros cuadrados.
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Desertificación, glaciares y más: los informes de la AGN sobre problemáticas ambientales

Fecha de Publicación: 06/06/2023
Fuente: Portal elauditor.info
Provincia/Región: Nacional


La AGN juega un papel central en el análisis y seguimiento del uso de recursos públicos y preservación de riquezas naturales. ¿Qué dicen algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre las problemáticas vinculadas al medioambiente?
El cuidado del ambiente es una prioridad de las agendas mundiales y en Argentina no es la excepción. Como organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un rol fundamental. ¿Por qué es tan importante que la AGN se involucre en estas cuestiones? Porque es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión estatal, también en lo vinculado a la sustentabilidad y la preservación de riquezas naturales.
Desertificación, glaciares, energías renovables, pasivos ambientales, bosques nativos, saneamiento del Riachuelo son algunos de los temas que el organismo consideró para sus informes. Estos estudios permitieron identificar deficiencias y puntos a mejorar. Si bien siempre hubo un compromiso de parte del organismo con la gestión ambiental, en 2001 se creó un área específica para esa labor que es el Departamento de Control de Gestión Ambiental (DCGA).

Desertificación
Una de las grandes preocupaciones en materia ambiental es la desertificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El estudio se centró en la gestión desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, y el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
La auditoría encontró “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. Según el informe, las acciones no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
Hallaron que no impulsó una nueva legislación sobre suelos y desertificación, y que el presupuesto y recursos humanos son insuficientes para la efectiva implementación del programa. Entre los factores ajenos al programa, señalaron la situación del ASPO por COVID-19 que obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.

Parques nacionales
Otro aspecto analizado por la AGN es la gestión de los Parques Nacionales. La Auditoría evalúa la eficacia de las políticas y medidas implementadas para su protección, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos de conservación y se minimicen los impactos negativos en espacios naturales que albergan un patrimonio invaluable.
A mediados de 2021, el organismo de control aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se habían resuelto ocho.
Entre las observaciones realizadas se detalló que no se encontró personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados y que en muchas ocasiones el control y vigilancia o acciones ante emergencias ambientales son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo.
La AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.

Sobre la cuenca Matanza - Riachuelo
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitía una sentencia que fue pionero en materia de recomposición y prevención del daño ambiental: el fallo “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros” mediante el cual se obligó al Estado a desarrollar un plan para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de la causa, la AGN tuvo un accionar clave en el aporte de pruebas.
El informe de la Auditoría daba cuenta que el 65,9% de los hogares de la Cuenca no tenía acceso a los servicios de cloacas, y afirmaba que las principales fuentes de contaminación eran los vertidos cloacales e industriales (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel e hidrocarburos y sus derivados) y la falta de una gestión adecuada de los residuos.
Desde entonces, cada año la Auditoría realiza un estudio de gestión y de seguimiento de las tareas que Acumar realiza en la Cuenca. El último fue aprobado en abril de este año sobre el desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.

Glaciares
En lo referente a glaciares, la Auditoría ha realizado informes para evaluar la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Estos análisis son fundamentales para asegurar que se cumplan las medidas de protección necesarias y evitar el deterioro de estos ecosistemas únicos.
En 2018, aprobó un informe en el que se concluyó que existe una “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares de la zona oeste del país y, por eso, se está ante un “riesgo potencial catastrófico”. El organismo de control encendió las alarmas luego de analizar la labor del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los auditores explicaron que cuando los lagos se desbordan “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.

Pasivos ambientales
La AGN examinó la gestión de la Secretaría de Minería en materia de manejo de los Pasivos Ambientales Mineros. Observó fallas en el fortalecimiento de la administración y en la estandarización de marcos normativos. Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente" en el cumplimiento de objetivos.

Bosques nativos
Sobre la preservación de bosques nativos, la Auditoría General de la Nación realizó varios informes y la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos para su protección.
El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización.

Energías renovables
En función del cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, la AGN analizó la gestión de la Secretaría de Energía. El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.
Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.

¿Qué se audita en 2023?
Según el Programa de Acción Anual de la AGN presentado ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, este año la AGN realiza el estudio de la gestión de la Administración de Parques Nacionales sobre el Parque Nacional Campos del Tuyú, Mburucuyá, Talampaya; las acciones en función de la calidad del aire impulsadas por el Ministerio; el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos; la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
También forman parte del listado la gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos; la producción sustentable. contingencias y pasivos ambientales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos; la gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad, comunidad wichí, Salta; y el relevamiento de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
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Alarma por el dramático fenómeno que pondrá fin a los glaciares de Tierra del Fuego: para cuándo se prevé

Fecha de Publicación: 19/09/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Los especialistas sostienen que los “glaciares de circo”, característicos de aquella provincia, se encuentran en retroceso por el cambio climático
En un diagnóstico desolador, los científicos advierten que a los glaciares de Tierra del Fuego les restan entre 40 y 60 años antes de desaparecer. Los especialistas sostienen que los “glaciares de circo”, característicos de aquella provincia, se encuentran en retroceso por el cambio climático. Las altas temperaturas –como efecto del calentamiento global– están acelerando los deshielos y redujeron un tercio de su masa en los últimos 20 años.
El fenómeno afecta en especial al Martial, un emblema natural de Ushuaia que se partió en tres fragmentos. La ciudad depende casi en su totalidad del glaciar para el suministro de agua potable y, de continuar la tendencia, podría entrar en estado de emergencia. El pronóstico es pesimista, pero no irreversible si se adoptan acciones inmediatas. La posibilidad de recuperarlos, según consignan, será un proceso lento en el que tengan que registrarse varias décadas con temperaturas por debajo de las actuales que permitan una acumulación de capas de nieve para nutrir nuevamente a los cuerpos de hielo.
El problema fue advertido con crudeza en Hostil, un documental de producción argentina enfocado en los glaciares del archipiélago fueguino y su relación directa con las turberas, que son humedales milenarios que dependen del agua dulce para que su ecosistema no colapse. El documental contó con la colaboración y los estudios de científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del Conicet. Además colaboró la empresa tecnológica Google, que aportó una cámara especial que permitió a los realizadores mapear los rincones más inhóspitos de la provincia del sur argentino y registrar en una expedición osada cómo el hielo cede por la intensidad solar y el impacto de la actividad humana.
Los especialistas destacan la necesidad de que a futuro se declare a la Península Mitre área protegida. El sitio alberga glaciares, una fauna y flora diversas, y contiene el 84% de las turberas del país, un activo natural que es clave para evitar la liberación de carbono en la atmósfera.
“Si se mantiene la tendencia climática, de temperaturas elevadas y cada vez menos precipitaciones, los glaciares de circo de Tierra del Fuego van a desaparecer en los próximos 40 a 60 años. La mayoría están retrocediendo de forma muy acelerada, sobre todo en los últimos cinco años, que coinciden con el incremento alto de las temperaturas registradas en ese período. Revertir la situación climática va a ser muy difícil”, dice a LA NACION Juan Federico Ponce, geólogo investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Los glaciares de circo son un tipo más pequeño de estas formaciones. Se ubican en las cabeceras de los valles recluidos en los picos de las montañas. Al no tener una altura muy elevada respecto del nivel del mar, son muy sensibles al aumento de las temperaturas en el planeta. Son los que predominan en la provincia y hay relevados alrededor de 110 en la cordillera fueguina, aunque el número es actualizado cada año por los investigadores, con una tendencia descendente.
El fenómeno de retroceso es explícito en el glaciar Martial, que está ubicado en Ushuaia y puede ser avistado desde casi cualquier punto de la ciudad. Por el adelgazamiento de su masa terminó por fragmentarse. “Con el correr del tiempo, por reducción de la superficie se dividió en tres cuerpos más pequeños”, dice el glaciólogo. Y agrega: “La posibilidad de recuperar los glaciares es un proceso lento. Tienen que haber varias décadas con una temperatura por debajo de la actual para que se estabilicen primero y dejen de retroceder. La formación de hielo se hace a través de la acumulación de nieve en la superficie. Los glaciares se alimentan de nieve que queda allí, y tiene que aguantar todo un verano sin derretirse para que sobre ella caiga más nieve y se forme el hielo”.
La problemática no se limita a los glaciares toda vez que, como cuerpos de agua, están asociados a los arroyos que alimentan ríos y lagos. También de ellos dependen las turberas, que son ecosistemas sensibles con abundante vegetación en los valles de Tierra del Fuego. Estos ambientes formados hace más de 19.000 años funcionan como “aspiradoras de carbono” y necesitan de mucha humedad y frío para seguir existiendo. “La desaparición de los glaciares corta el suministro de agua que les llega. Son humedales que sirven de reservorios de carbono porque evitan que los gases de la descomposición orgánica se libere en la atmósfera”, detalla Ponce.
Las turberas de Tierra del Fuego son lugares prácticamente vírgenes y únicos en el mundo. En la antigüedad las tribus yámanas habitaron esas regiones, pero mantuvieron una relación con la naturaleza que no dejó huellas en el ecosistema y se mantienen en la forma natural que fueron generadas. Tienen una superficie con vegetación viva, principalmente musgos y a medida que la flora muere se acumula en su fondo. Tienen una estructura fibrosa y retienen mucha agua. Alcanzan hasta 16 metros de profundidad y sirven, a la vez, de archivo geológico vivo porque con el estudio de sus capas se puede conocer cuál era el clima en la época de cada una de ellas.
Antes de que se tomara conciencia, se explotaban por su gran poder calorífico. Los panes de turba eran extraídos por el hombre, se drenaba el agua y se usaban para calentar salamandras y chimeneas. La actividad aprovechaba la energía de las turberas, pero paralelamente aceleraba la liberación de carbono en la atmósfera, por lo que comenzó a limitarse.

La travesía
Llevar los papers y las advertencias científicas al campo real les requirió a los realizadores de Hostil viajar al corazón del problema. Un grupo de jóvenes se aventuró en una travesía de un mes por las montañas para documentar el estado de los glaciares de circo –entre ellos, el Martial y El Ojo del Albino– y las turberas. Finalmente se embarcaron en velero y navegaron las aguas heladas del canal de Beagle hasta alcanzar las profundidades de la Península Mitre, una región de 2400 kilómetros cuadrados de sierras, faldas, valles, bosques, lagunas y ríos. La zona vista desde un mapa es la punta oriental del triángulo que representa Tierra del Fuego.
“Está invisibilizado lo que sucede en los glaciares de Tierra del Fuego y queremos que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo. Documentamos con un registro fotográfico que sirve a las próximas generaciones para que entiendan cómo estaba la isla en ese momento específico del tiempo. Google se interesó mucho en el proyecto y nos prestaron la cámara que utilizan para mapear el Google Maps”, dice a LA NACION Fernando Urdapilleta, director del documental.
La empresa tecnológica aportó la cámara Google Trekker, que es una una mochila pesada que fotografía en 360 grados con alta resolución. Luego las imágenes fueron subidas al Google Street View para que cualquier persona pueda recorrerlas con una computadora. El ambientalista Alexis Caporale y Federico Frigerio, diputado nacional de Tierra del Fuego y productor del documental, se encargaron de llevar el dispositivo de 15 lentes para registrar las cumbres de los glaciares y los senderos de la Península Mitre.
“La película es un llamado a la reflexión de esta realidad y a la acción de proteger los ecosistemas. La ciudad de Ushuaia se nutre de agua dulce exclusivamente del glaciar Martial, cuando desaparezca se va a tener que preparar para la emergencia. Se pueden tomar distintas medidas para ralentizar el retroceso, pero la realidad es que nos tenemos que hacer la idea de que Tierra del Fuego se va a quedar sin glaciares. Somos la última generación que los va a ver en la isla, es dramático”, denuncia Urdapilleta.
Después agrega: “Las turberas están íntimamente vinculadas con los glaciares y son casi el único ambiente que podemos proteger ahora de forma activa. Son aspiradoras de carbono que absorben las emisiones de los autos, las fábricas y todos los gases de efecto invernadero que producen el aumento de las temperaturas y el consecuente derretimiento de los glaciares. Protegiendo la turba se protegen los glaciares”.
La expedición a los glaciares fue liderada por el alpinista Leandro Hernández, experto en travesías por hielo continental. No fueron pocos los contratiempos presentes al mapear la zona. En un ascenso, uno de los drones que los acompañaba perdió señal en la altura e impactó contra una montaña. Por otro lado, tuvieron que sortear las grietas escondidas en la nieve, un riesgo que aumentaba por el peso de las cámaras y los equipos que transportaban, en especial el del Trekker. “Podés caer y quedar atrapado en una gruta. Los glaciares de circo están a medio derretir y podés dar un paso en falso en un lugar que parece firme, pero abajo hay una cueva. Arriba del glaciar se produce un microclima distinto y tenés que estar siempre en movimiento por el peligro de congelarte”, describió Urdapilleta.
De acuerdo con Frigerio, el objetivo del documental fue amplificar y visibilizar lo que los científicos vienen advirtiendo hace más de 50 años en estudios e investigaciones irrefutables sobre el problema. “Lugares como Península Mitre quedan muy pocos en la Tierra. Por la hostilidad del clima se cuidó sola durante miles de años. Lo inhóspito y hostil del clima expulsó cualquier intento del hombre de establecerse ahí”, detalla Frigerio.
Luego advierte: “Pero indefectiblemente el hombre, el turismo y la tecnología avanzan, y cada vez hay más visitantes en esa zona. Hoy es una anarquía. Si no se planifican los senderos, el mantenimiento y se protege el área, puede destruirse. Hay que evitarlo”.
Existe actualmente un proyecto de ley en la legislatura de Tierra del Fuego para declarar la Península Mitre área protegida y convertirla en un parque provincial. La iniciativa busca proteger el ecosistema de los glaciares, las turberas, la flora y la fauna, y un bosque de macroalgas. A tres años de su presentación todavía no fue tratado en el recinto.
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Alerta Patagonia: el grave impacto ambiental de las dos represas que amenazan a los glaciares y la biodiversidad

Fecha de Publicación: 05/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz


Financiadas por China, los expertos aseguran que las obras en Santa Cruz ponen en riesgo los movimientos naturales de las masas de hielo y la fauna que depende de los humedales de la zona. Cómo se ve perjudicado el patrimonio cultural
El río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes glaciares del país y es el último río glaciario libre de la Patagonia. Desde hace algunos años, dos represas amenazan con cambiar su destino y el del medio ambiente.
La construcción de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se encuentra en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo, es un complejo hidroeléctrico en el sur de Argentina, que puede impactar fuertemente en los glaciares circundantes. Además podrían inundar humedales vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glaciares más grandes del mundo que se encuentran fuera de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.
El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de cinco años y medio. En mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones.
A pesar de las protestas, las demandas y las órdenes judiciales para detener la construcción y poder realizar estudios medioambientales adecuados, las obras del complejo han continuado, a menudo para el desconcierto de los conservacionistas.
Las represas se están construyendo en el río Santa Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso de agua del sur de Argentina. El río nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y llena dos lagos en su recorrido.
Son varias las voces y los estudios que tienen mucho qué argumentar sobre todo el desastre que pueden ocasionar ambas represas. “Las mega-represas son consideradas como una fuente obsoleta de energía. Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sacrificio”, denunció el abogado Andrés Napoli, director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el documental Matar al río.
Por su parte, en un documento de FARN, también se expidió en contra y aseguró que “su construcción podría constituir un potencial riesgo a la preservación de los glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si bien el complejo no se encuentra emplazado en una zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural de los glaciares”.
“En los estudios presentados por la Administración de Parques Nacionales (APN) se reconoce que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, mientras las obras avanzan sin contar con información científica básica para ponderar los riesgos ambientales. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo de monitoreo de especies protegidas, como el macá tobiano, del cual, además, no existen estudios actuales ni pasados que permitan conocer la dinámica y el uso temporal de las poblaciones en los estuarios”, agregaron desde FARN.
“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el vínculo con China, mientras hipoteca nuestros bienes naturales, desoye las advertencias científicas y no respeta los derechos de las comunidades originarias, no puede seguir avanzando”, sentenciaron desde FARN.
“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo debe funcionar esto”, le dijo Cristian Fernández, de la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, una de las organizaciones que luchan contra el proyecto en los tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida Silvestre también han participado en el proceso judicial. “El problema es que no les importa. No les importa porque quieren sacar adelante el proyecto a toda costa Espero de todo corazón que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y detenga las obras porque se trata de algo más que violar un montón de leyes ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a la biodiversidad, a los glaciares”, agregó Fernández al sitio de noticias ambientales Mongabay.
“Tenemos dos casos pendientes ante la Justicia. La Corte ya tiene en su poder informes de expertas en distintos campos. El informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) señala que se desconocen las afectaciones que podrían sufrir los glaciares Spegazzini y Upsala como consecuencia de potenciales interacciones glaciar-lago una vez construidas las represas de Santa Cruz (así como de la mayoría de los 1089 glaciares de la cuenca)”, señaló a Infobae Darío Rodríguez, director de campañas de Fundación Banco de Bosques.
Además, “en la respuesta del INPRES, se confirma la ocurrencia de sismos y se los relaciona, con una alta probabilidad, con una falla geológica potencialmente activa en el Río Bote (brazo del Rio Santa Cruz). A El INPRES explica que el informe de Topografía y Sismografía cuenta con escasos datos, que necesita de mayor fundamentación, que no se menciona el tipo de suelo en el que se emplazarán las represas, que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis fundamentado de las fallas geológicas del río Santa Cruz”, amplió Rodríguez.
En cuanto al curso de las presentaciones en la Justicia, desde Fundación Banco de Bosques remarcaron que “la Corte Suprema ya cuenta con todos los informes técnicos requeridos desde fines de 2021. El expediente se encuentra en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte desde el 14 de febrero de 2022?.
“En vistas de los posibles daños ambientales irreversibles, desde la Fundación Banco de Bosques, en coincidencia con la coalición de ONG, entendemos que las obras no deberían seguir avanzando, mientras el país continúa endeudandose para sostener este proyecto”, concluyó Rodríguez.

El duro documento de Fundación Silvestre Argentina
En un documento, que fue publicado en su página oficial en 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina buscó derribar los mitos en torno a la “seguridad” que presenta la construcción de estas represas sobre el Río Santa Cruz.
El informe se base en cuatro ejes principales fueron. El primero es que el glaciar Perito Moreno no está a salvo. Según señalaron en el escrito, aunque se hayan realizado modificaciones al proyecto original, “la nueva cota del Embalse de la represa Néstor Kirchner no asegura el total desacople del lago Argentino, ni la consecuente afectación del glaciar Perito Moreno. Un verdadero desacople significa que las represas deberían trabajar tanto a su mínima como a su máxima altura SIN afectar al lago Argentino”. En ese sentido, aseguraron que “las represas N. Kirchner tendrá una afectación sobre el lago y podría afectar la dinámica hídrica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini”. “Lo más alarmante es que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares”, advirtieron.
El segundo eje es: Biodiversidad y cultura en riesgo. “Las modificaciones realizadas al proyecto hidroeléctrico original resultan cosméticas e insuficientes para evitar el daño ambiental a la flora, la fauna, el paisaje y al ecosistema entero del Río Santa Cruz”, alertaron desde la Fundación y aseguraron que “las represas inundarán áreas prioritarias e irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como el Macá Tobiano (monumento natural provincial) y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia”.
Pero eso no es todo, ya que desde Vida Silvestre destacaron que estas obras “sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi 10 mil años esta meseta esteparia”. “Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”. Será importante e histórico, pero quedará inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un daño permanente desde el punto de vista arqueológico”, aseguraron, ya que “no sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.
“La energía no queda en Santa Cruz”, es el tercer eje. Otro de los puntos abordados por Vida Silvestre es quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proyecto. Aunque aclararon que “no brindará energía a la Patagonia’'. “De esta manera, se alterará el paisaje de rutas escénicas y la energía generada en la provincia de Santa Cruz, pero será transportada hacia los grandes centros urbanos para su consumo. Así, los santacruceños deberán soportar los costos ambientales de la obra sin recibir los beneficios energéticos de la misma, más allá de las regalías (12%)”, explicaron.
El cuarto eje es: Las megarepresas no son energía renovable. Las represas son consideradas por muchos como fuentes de energía renovable, pero lo cier5to es que desde Vida Silvestre desestimaron esta postura. “Las represas Kirchner y Cepernic generarán 1310 MW de manera que no pueden ser consideradas energía renovable. Para advertirlo basta con leer el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En efecto, el art. 2 inc. b) de la Ley 27.191 establece que ‘el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)’”. “Las megarepresas no son energía renovable y representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual”, afirmaron y destacaron que contribuirán con el calentamiento global, ya que " la inundación de áreas con biomasa provocada por los embalses genera metano, un gas efecto invernadero con un poder de contaminación 21 veces mayor que el dióxido de carbono”.
“Al contrario que los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos embalses también reciben de los ríos abundante materia orgánica y nutrientes, como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción de gases contaminantes”, concluyeron en el escrito.
Hay más de mil glaciares en la cuenca del río Santa Cruz, tres de los cuales están en contacto con uno de los lagos, según un comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La organización informó que los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto directo en los movimientos de los glaciares y en las tasas de derretimiento.
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, se espera que el proyecto de la represa inunde cerca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.
Las inundaciones y otros cambios en la zona circundante podrían también tener repercusiones negativas a largo plazo en las áreas de cría de aves como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La Administración de Parques Nacionales dijo que la flora terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida de forma permanente e irreversible por la inundación.
El complejo es construido por la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, una asociación entre la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de varios bancos de desarrollo chinos. El proyecto se ha incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, plan destinado a reforzar las relaciones internacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraestructuras en más de 140 países.
A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio de China y a otras autoridades del país para reiterar sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra organización involucrada en el proceso judicial—, nunca recibieron una respuesta.

Más estudios ambientales
El complejo de la represa, como la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental durante su elaboración, de modo que pudieran hacerse cambios para mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en este caso, según numerosas organizaciones que los revisaron en una demanda presentada en la Corte Suprema, los estudios estaban plagados de imprecisiones y falta de detalles.
El año pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) señaló que los estudios carecían de datos suficientes sobre los patrones migratorios de las aves y los peces exóticos e instó a los funcionarios a continuar analizando el posible impacto en los ecosistemas locales. La declaración de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ante la Corte Suprema decía que los estudios se basaban, en gran medida, en información obsoleta de una investigación de 1996 sobre los glaciares y que algunas partes de su análisis eran “débiles”.
En una conclusión similar presentada en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) dijo que algunos datos geológicos y sísmicos de los estudios eran “cuestionables” y que los tipos de suelo alrededor de las represas —un factor importante para determinar la actividad sísmica— nunca se mencionaron en los estudios originales. “Los estudios realizados no permiten confirmar la completa sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el INPRES en un comunicado.
Algunos de los trabajos de análisis del suelo se han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un método para abrir el suelo mediante la inyección de líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a dos terremotos a principios del año pasado en la falla geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa Cruz, según comenta el INPRES.
“Utilizar el método del fracking es una total locura”, dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia de una zona sísmicamente activa”. A pesar de estos riesgos geológicos, no se conocen planes para trasladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se produzcan más terremotos.
Silvina Comachi, residente de la localidad de Piedra Buena en Santa Cruz y miembro del Movimiento Patagonia Libre explicó a Infobae que “las localidades que nos abastecemos del agua potable del Río Santa Cruz como es Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián también veremos afectada la calidad del agua por la salinidad sabiendo que la lengua del mar llega hasta la altura de Piedra Buena y en caso de que empiecen con el llenado de los diques, no sabemos qué va a pasar con la calidad del agua”.

Contra el patrimonio cultural
La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la que pedía que se les consultara debidamente sobre las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre todo al alterar el flujo del río, importante para su sistema de creencias.
“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres humanos a vivir”.
La demanda fue presentada contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como también la provincia de Santa Cruz, entre otras entidades regionales. La constructora, Represas Patagonia, también figuraba como demandada.
“El derecho a la consulta previa, libre e informada aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras comunidades indígenas que pueden ver afectados sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la demanda. “[Esto es] a pesar de que [los diseñadores del proyecto] ya han comenzado el desarrollo preliminar y están próximos a iniciar las obras principales”.
Antes de que se inicie la construcción de la represa, las autoridades están obligadas por ley a reunirse con los residentes para discutir el impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los funcionarios cuando la construcción ya había comenzado, de acuerdo con la demanda.
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Se abrió una consulta pública para la actualización del inventario de glaciares

Fecha de Publicación: 04/10/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, invita a participar de la consulta pública relativa al Plan de Actualización del Inventario Nacional de Glaciares —Ley 26639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial—, que estará abierta hasta el 20 de octubre. Los resultados obtenidos serán considerados en el procedimiento de validación del plan.
Cabe recordar que la mencionada norma, conocida como “ley de glaciares”, fue promulgada el 28 de octubre de 2010 y reglamentada por el Decreto 207/11, con el objetivo de preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información de estudio científico y como atractivo turístico. Entre otras medidas, contempla la creación del Inventario Nacional de Glaciares (ING), fundamental para un estudio a largo plazo de los cuerpos de hielo de Argentina, su dinámica y relación con el ambiente, el que establece estándares mínimos de protección, pudiendo las provincias complementarlos.
De acuerdo con la normativa, el encargado de la realización del inventario y del monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. También intervienen el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en materia cartográfica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Mediante la reglamentación de la ley mencionada, el IANGLA quedó a cargo de definir el tipo y nivel de detalle necesario para que la información glaciológica y geocriológica obtenida permita un manejo adecuado de las reservas estratégicas de los recursos hídricos. Con definiciones operativas y metodologías científicas avaladas por la comunidad científica internacional, el ING fortalece el Sistema de Información Ambiental Nacional. También constituye un insumo de relevancia para el ordenamiento ambiental del territorio, la información y educación ambiental, la gestión ambiental del agua, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña, el estudio y adaptación al cambio climático, la evaluación ambiental, el control de las actividades antrópicas y la participación ciudadana.
La norma también prevé un conjunto de herramientas más específicas para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, como la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana, las auditorías ambientales y un conjunto de acciones y medidas que deben ser implementadas por las autoridades de cada jurisdicción y la Administración de Parques Nacionales.
El objetivo de la consulta pública, que consta de información y preguntas disparadoras, es recabar opiniones, comentarios, recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía sobre el plan de actualización presentado. Puede accederse a través de este enlace.
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