“Sería absurdo irnos del Acuerdo de París”: la máxima autoridad ambiental habló por primera vez sobre su gestión

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fernando Brom sostiene que la gestión ambiental debe mantenerse “sin ideologías”, incluso frente al negacionismo climático; advirtió que la producción es prioridad y anticipó que pretenden reformar la ley de glaciares
Hace poco más de seis meses, Fernando Brom asumió el cargo de subsecretario de Ambiente de la Nación. Es la máxima autoridad gubernamental en la materia, pero el organismo tiene mucha menos gravitación de la que tienen sus pares en otros países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay.
Aunque su cargo es político, el subsecretario, de 74 años, se ve a sí mismo como un gestor. “Cuando Daniel Scioli me llamó, me dijo que faltaba gestión. Lo peor es que esta subsecretaría es transversal a toda decisión que se tome en algún área del sector público”, describió Brom en una entrevista con LA NACION, la primera que brinda desde su nombramiento. 
La subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial: uno que catalogó al ambientalismo como una bandera detrás de la que el marxismo se esconde y que dijo frases como “ojalá Argentina contaminara más”. En este contexto, la gestión de Brom enfrenta la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Él afirmó que están trabajando “más que nunca”.
Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento y pasó a ser asesora del diputado nacional, Carlos D’Alessandro (Coherencia). 
Con Francos se conocieron en los 90: ambos militaron en el Partido Federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió el prólogo de uno de sus libros, publicado en 2023, cuando era precandidata a la Presidencia.
Brom es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. No tiene ningún tipo de formación en asuntos ambientales, aunque sí posee más de 30 años de experiencia dentro del sector privado, en especial en el rubro alimentos, como director comercial y gerente general. También fue profesor universitario y tiene posgrados en Stanford y el MIT vinculados a la gestión empresarial. Dentro del sector público, siempre bajo el mandato de Javier Milei, fue primero vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Para temas ambientales, descansa en sus respectivas direcciones, que tienen más un perfil técnico que político y cuyos representantes llevan en la subsecretaría varios períodos. Ellos trabajan como nexo entre el multilateralismo y las provincias; desarrollan estudios técnicos y estrategias generales para que se implementen en territorio. “Nuestro rol es el de buscar financiamiento internacional y empoderar a las provincias a que impulsen sus propios programas. Buscamos federalizar la gestión”, señaló Brom. También, añadió, asesoran de las provincias sobre temas ambientales.
En la entrevista con LA NACION, Brom expresó que “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”, así como su intención de modificar la Ley de Glaciares para abrir paso a la minería.

–¿Cómo ejecutar una buena gestión ambiental en este contexto?
–Es trabajar más allá de las ideologías. El arte no es hacer equilibrio tratando de parecer una cosa, sino que es al revés. Yo creo que gestionar dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos o la eficiencia.

–¿Eso incluye la ideología del Presidente?
–No incluye la ideología del Presidente. Yo creo que el Presidente, en cuanto sepa un poco más de ambiente, no me cabe duda de que va a tomar mejores decisiones.

–¿Y cómo convencerlo?
–Informándolo. Mi línea de reporte es [Daniel] Scioli, [Lisandro] Catalán y [Guillermo] Francos. Con ellos tengo muy buena línea de gestión. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones basándonos en la ideología y mucho menos con la cantidad tremenda de donaciones que todos los días le dan trabajo a por lo menos 200 personas externas. Acá tenemos 300 personas internas y 200 personas externas que están financiadas por organismos internacionales.

–¿Asistirán a la Cumbre del Clima (COP 30) en noviembre en Brasil?
–Todavía no se ha definido, y esto depende de la Cancillería y del Presidente. Estamos preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas [es un documento que plantea los objetivos de reducción de emisiones, ahora para 2035]. Esperamos cerrarlo en noviembre.

–¿Pretenden salir del Acuerdo de París?
–Sería absurdo irnos de algo que no nos cuesta plata y que, si lo adaptamos a los intereses nacionales, nos rinde mucho beneficio en bosques, en gestión del clima, en residuos a cielo abierto...

–Hace poco, se filtró el Plan de Inteligencia Nacional y en este documento había un capítulo expreso en el que hablaban tareas de inteligencia sobre activistas ambientales. ¿Cuál es su posición sobre esto?
–No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia de la administración pública. Pero para mí, la libertad tiene que ser absoluta. La libertad no admite recortes. La libertad de pensamiento, la libertad de acción dentro de la ley. Obviamente, libertad con responsabilidad. En cuanto le pones persecución ideológica a esto, empezás a transformar esto en cualquier cosa.

–¿Producir o conservar?
–Las dos. No es una dicotomía. En la vida pasa eso. La declaración de impacto ambiental tiene que hacerla la empresa, que es la que se compromete a prevenir remediar, mitigar, y la provincia tiene que decir en qué áreas o, por ejemplo, en qué crioforma piensan hacer alguna extracción minera. No una ley como tiene la Argentina que prohíbe todo.

–¿Van a apuntar una reforma a la Ley de Glaciares?
–Sí, obvio. No puede ser un DNU, porque cuando analizamos el problema dijimos: “¿Y entonces qué hacemos?” El DNU sería una locura, se nos viene en contra media Argentina por mala interpretación de la ley.

–¿Esto se vincula a los proyectos de cobre en San Juan?
–Tienen ubicados 30.000 millones de dólares en un área de ocho kilómetros de largo, que es exactamente simétrica a lo que hay del otro lado de la cordillera en Chile. Ahora, si eso hace que la vid y los cultivos se vean perjudicados, va a tener que ser la minera la que diga con su informe de impacto ambiental: “Me comprometo a prevenir o remediar. Me comprometo a todo lo que debería”. 

–¿Qué están haciendo para dar seguridad a sectores como el vitivinícola de que los riesgos de la minería no van a ocurrir?
–Hay dos formas de mentir, con palabras y con estadísticas. Cuando los ambientalistas te dicen que los glaciares representan el 90% del agua dulce no te dicen que casi todo es la Antártida. Tratemos de jugar limpio. No va a haber extracción en el glaciar Perito Moreno, pero tenemos que producir también.

–Pero ciudades como Mendoza o La Rioja son consideradas como ciudades oasis que, en un caso extremo, su población sí dependen de un 30% del agua de deshielo…
–De deshielo, por supuesto. Eso es sagrado.

–Explíqueme, entonces.
–Una cosa es el deshielo de nieve y otra cosa, nieve perenne, nieve eterna; por otro lado, escombros de glaciares o formaciones de agua que en dos años desaparece.

–Pero el agua que llega a esas ciudades viene de ambos, tanto de la nieve eterna como la temporal.
–Sí, tenés razón. Pero con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente. Que analicen esa cuenca. Si hay declaración de impacto ambiental por parte de las empresas y una evaluación ambiental estratégica por parte de la provincia, esto pasa. Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Hay que semaforizar como con la Ley de Bosques.

–Hay temor desde el sector ambientalista que los criterios ambientales dentro del Gobierno se vuelvan flexibles, acorde a este interés nacional en ciertos sectores productivos como la minería, o los hidrocarburos y otros contemplados dentro del RIGI. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no?
–Es fundamental respetar que en la sociedad moderna de este siglo XXI hay cuatro jugadores esenciales. El primer jugador es el Estado, que es el gobierno. El segundo es la empresa privada que tiene una empresa y accionistas que buscan rentabilidad sustentable. El tercer actor es la sociedad civil, y el cuarto y fundamental es la ciencia, la academia, la universidad, donde está el conocimiento.

–¿Se escucha de la misma forma a estos cuatro sectores? Se lo pregunto porque en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el secretario Scioli habló de la importancia de la relación con las empresas. No mencionó a la sociedad civil, no mencionó a la ciencia...
–Esto fue algo que dijo en una reunión, pero es importante resaltar que la sociedad civil y la academia, la ciencia, la evidencia científica hay que tenerla en la mano con toda decisión que se toma. Por otra parte, en un acto previo a la reunión del Cofema, Scioli entregó donaciones por manejo de bosques al gobierno de Salta y por prevención de incendios al de Tierra del Fuego.

–Las cifras generales hablan de un 30% de caída de presupuesto en ciencia. ¿De dónde sacamos la información si este sector tambalea?
–Primero, el sector científico no es mi responsabilidad. Eso sí, no te comas la estadística de que con un 30% menos de gasto se produce un 30% menos de conocimiento. Hablé con toda la planta de la subsecretaría, 40 se fueron y tres tuvieron la valentía de decir que no trabajaban. Casi ninguno se fue en conflicto con ATE ni con UPCN y te aseguro que trabajamos mucho más que antes. Los científicos también, hay buenos y malos.

–¿A criterio de quién?
–La productividad es fundamental, porque si no, ahí es donde empezás a tener altísima ineficiencia.

–En el escenario de la tragedia de Bahía Blanca o del norte de provincia de Buenos Aires, con eventos como estos que se prevé sean más intensos y frecuentes, ¿cuáles son las líneas que pretenden seguir en términos de adaptación al cambio climático?
–Mi primera medida, el segundo día de estar acá, me tocó transferir todo el tema manejo del fuego, que era el 40% de mi presupuesto, a la Agencia Federal de Emergencias. Atiende toda catástrofe climática y humana, terremoto, incendios, lluvias, lo que sea. 

–Las personas que no tienen cuenta de banco o domicilio no tienen acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable?
–Es la primera vez que hay una transferencia de presupuesto, sin intermediarios; uno por uno cobró lo correspondiente en el caso de Bahía Blanca. Con muchos que no tenían ni siquiera la casa a su nombre, pero a partir de una regularización fue al banco y cobró lo que le correspondía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de que en emergencias el Estado está presente.

–Hay intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires que tienen la preocupación de que las personas no tengan acceso al suplemento por la informalidad en la que viven. ¿Cómo está viendo esto el gobierno nacional?
–Eliminar la inflación es lo primerísimo que hay que hacer. Vos me decís que a los pobres les impacta el cambio climático. Antes que el cambio climático, hay que ver que el pobre está debajo de la lona.

–Pero el problema es que sobre eso está el cambio climático…
–Cuando vos vinculás el cambio climático con la pobreza y, voy un poquito más allá, con género y con todo el abanico de temas sociales y no ambientales, podés tener razón. Pero empezás a ideologizar el ambiente y entonces transformás a esta subsecretaría en una que tiene que asistir y dar de comer, dar techo, dar trabajo, con lo cual se te fue el demonio al ambiente.

–En el último boletín de la reunión del Cofema hablaron de la creación de un Fondo de Adaptación.
–No estamos con fondos, hoy tenemos presupuesto, no tenemos fondo porque si tenés fondo, tenés reparto de dinero.

–¿Y qué pasa con el Plan Nacional o la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global?
–Para eso tenemos muchos programas de PNUD, PNUMA, FAO y otros, que están funcionando, tenemos cientos de millones de dólares que hoy, además de pagar sueldos a consultores, están haciendo cosas de mitigación.

–Generalmente, los proyectos que impulsa Naciones Unidas y la banca multilateral son pruebas piloto…
–Es verdad, no son masivos.

–Entonces, ¿cómo esto se convierte en un plan nacional de adaptación si son proyectos piloto?
–Bueno, la intención de estos financiamientos en general es incentivar al Estado a ver que funcionan de cierta manera los estados. Voy a ver cuáles se transformaron en planes provinciales.
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos ambientales

Fecha de Publicación: 25/08/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional

El presupuesto destinado a la deuda pública durante 2025 podría financiar 37 veces el total de las partidas ambientales. Y si el Gobierno así lo estableciera, la mayoría de este tipo de áreas podrían ser cubiertas con una pequeña parte del superávit fiscal, lo que pondría fin al ajuste en los principales organismos de protección ambiental en el país.
En lo que va del mandato de Javier Milei, el recorte en términos reales del presupuesto total entre 2023 y 2025 se estima en 26,5 por ciento. Sin embargo, la caída es desigual: nueve de las diez partidas ambientales se recortaron entre un 28,1 y un 83,2 por ciento.
La conclusión surge de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al analizar los recursos que destina la Casa Rosada a los organismos que se encargan de tareas tales como la limpieza del Riachuelo, la prevención y el combate de los incendios forestales, el cuidado de los parques nacionales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otras. Por segundo año consecutivo, la prórroga del Presupuesto dio al Gobierno un margen de maniobra inusual para modificar, reasignar o recortar partidas, en este caso, en perjuicio de las áreas de protección del ambiente, el clima y la biodiversidad, así como ya ocurrió en otros sectores sociales, publicó el portal de Infobae.
“Nosotros tenemos el Monitor del Presupuesto ambiental en Argentina, lo sacamos cada tres meses. Los niveles de asignación presupuestaria son bajos, pero lo que más alarma es la no ejecución. Estamos hablando de partidas y programas que se ejecutan el 5% en el año”, anticipó durante esta semana Andrés Nápoli, director de FARN, en diálogo con Infobae en vivo.

El Riachuelo, sin fondos
Según las estimaciones de la ONG ambientalista, el organismo que más sufrió la poda de recursos fue la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que se creó para el saneamiento de la cuenca contaminada desde hace décadas. El presupuesto destinado a este objetivo se desplomó en términos reales 83,2% respecto a 2023.
Los recortes coinciden con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar, el año pasado, la causa “Mendoza”. Es el proceso judicial que dio origen a Acumar, tras un reclamo de vecinos que sufrían los altos niveles de polución en la región. El último fallo cerró uno de los casos de jurisprudencia ambiental más emblemáticos de la historia del país.
En el primer semestre de 2025, el informe elaborado por el economista Matías Cena Trebucq estimó que las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo registraron la ejecución más baja de los últimos cinco años: apenas el 31,3% del presupuesto vigente fue utilizado ($28.451 millones sobre $90.967 millones). Si bien entre 2021 y 2023 la ejecución de estas partidas fue del 100%, en 2024 alcanzó apenas el 56,8 por ciento.
En el saneamiento de la cuenca del Riachuelo aún contaba con objetivos pendientes. Según FARN, apenas se pudo cumplir con el 42,5% de las soluciones habitacionales del Plan de Viviendas 2010, la cobertura de red cloacal de la cuenca Matanza-Riachuelo registra el 56,8%, y falta que el 25,9% de los establecimientos industriales declarados “Agentes Contaminantes” adecúen sus procesos productivos a los estándares ambientales.

Bosques nativos y Manejo del Fuego, en baja
En 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) volvió a carecer del financiamiento legalmente establecido por la Ley 26.331. La misión de esa “caja” otorga la facultad de realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, en iniciativas y medidas para fortalecer la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación.
Según FARN, las partidas para la protección de los bosques están integradas únicamente con aportes del presupuesto nacional, y no logra alcanzar el 0,3% estipulado. Tampoco se garantiza el cumplimiento del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias exigido por la norma. Así, durante la primera mitad de 2025, la estimación del FNECBN registró una ejecución de apenas el 10,1%, es decir, $1.009 millones sobre un total de $10.027 millones. Representa una caída de 77,8% en comparación a la ejecución de 2023, consignó el portal de Infobae.
Otro organismo clave es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el cuidado de los bosques. Recientemente, el personal especializado del sector se transfirió al ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Aquella decisión fue cuestionada por los especialistas en ambiente, ya que implica subordinar una mirada socioambiental a una lógica de control y de seguridad.
“La reestructuración del Fondo Manejo del Fuego, pasó de un fondo fiduciario a un fondo del Ministerio de Seguridad. Una cosa es tener un fondo fiduciario, que además mucha parte proviene del sector por el cobro de las primas de seguro, y otra cosa es que esté finalmente en un Ministerio, que lo puede manejar para muchas cosas. Lamentablemente, como se manejó en el último enfrentamiento en la Patagonia, se puso la plata cuando se prendió fuego”, ejemplificó Nápoli.
En concreto, el informe señala que el Servicio del Manejo del Fuego dispone, en 2025, de solo dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, pese a que 2024 registró la mayor cantidad de focos de incendio de los últimos ocho años. Se ejecutaron solo 22% de sus fondos disponibles ($7.739 millones sobre un total de $33.142 millones) correspondientes a Nación.
“En caso de que se utilicen la totalidad de los fondos destinados para este año, la ejecución reflejará una pérdida del 47,4% con respecto a 2023 y será el menor presupuesto de los últimos 4 años”, señala el reporte, elaborado por Trebucq.

La previsión climática y los parques nacionales
La Subsecretaría de Ambiente, que depende del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, en el último año fue afectada por renuncias, y una reducción real del 68,9% de su presupuesto frente a 2023. Otro organismo clave, como la Administración de Parques Nacionales (APN), sufrió una baja del 40,1%, de acuerdo a FARN.
Los cambios son también cualitativos en estos sectores de la administración pública. “Se flexibilizan los contratos laborales de brigadistas, profesionales y el personal administrativo, alcanzando apenas un mes de duración. Esto imposibilita una proyección estratégica para el cuidado del patrimonio natural del país”, apunta la ONG ambientalista.
Las partidas orientadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética, siempre según el informe de FARN, reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios asignados a empresas hidrocarburíferas. En este marco, los ambientalistas cuestionan que la expansión de la frontera hidrocarburífera offshore en Argentina avance sin licencia social en los territorios costeros, como en el Golfo San Matías, de Río Negro. Este impulso coincide con una disminución del 28,1% en términos reales del presupuesto para el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, resaltó el portal de Infobae.
Por otro lado, en relación al contexto de crisis climática, caracterizado, según el informe, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, el Servicio Meteorológico Nacional perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
En relación al contexto de crisis climática, caracterizado, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, coincide con el hecho de que Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
Más allá del ajuste, una de las conclusiones más llamativas del reporte apunta a que utilizando el 88,58% del superávit financiero acumulado en el primer semestre de 2025, equivalente a $2.741.572 millones, podría evitarse la reducción presupuestaria en áreas de alto impacto como el Funcionamiento Hospital Garrahan, el Desarrollo de la Educación Superior y todas las partidas ambientales, sin afectar el equilibrio fiscal. Aun después de esa reasignación, el Estado dispondría de un superávit de $353.514 millones, indican desde la ONG.
Pero incluso si este tipo de reajustes impactara a favor en las áreas ambientales, no parece probable que aquella decisión vaya a ocurrir. En más de una oportunidad, Javier Milei se declaró en contra de la “Agenda 2030″ y atribuyó a la mirada ambientalista sobre el cambio climático como parte de la cosmovisión “socialista”. En noviembre pasado, en coincidencia con el presidente norteamericano Donald Trump, el Gobierno retiró la delegación argentina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP 29), que se desarrolló en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
“No veo que la cuestión climática esté en discusión en ningún lado. Estamos desarmando nuestros compromisos internacionales, yendo para atrás”, lamentó Nápoli.
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"La política marina será cada vez más parte de las preocupaciones"

Fecha de Publicación: 20/08/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Tras el final del vivo del Conicet en el Cañón de Mar del Plata, es momento de discutir qué más hay detrás del fondo del mar en términos políticos y sus utilidades. Estados Unidos y el extractivismo.
Alejandro Limpo González, antropólogo español graduado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Máster en Culturas Visuales Digitales por el Instituto Universitario de Lisboa, está realizando un doctorado en la Winchester School of Art que es parte del programa Intelligent Oceans de la Universidad de Southampton. En su investigación realizó trabajos de campo con grupos de oceanógrafos, biólogos marinos, ingenieros, programadores, activistas y expertos en teledetección, donde estudió las plataformas de sensorización y representacion de diferentes espacios acuáticos como los fondos marinos y la columna de agua, una sección vertical imaginaria de agua en el océano desde la superficie hasta el fondo objetivada como muestra de estudio.
Publicó sobre gobernanza ambiental-marítima, imagen y entornos computacionales, hizo estancias de investigación en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), en FAMU (República Checa) y en el grupo CareNet (UOC, Barcelona). En 2024 cofundó Deep Currents Collective, un grupo de investigación activista que dedicado a intervenir en la jurisprudencia de los fondos marinos a través del arte y la investigación.

--El boom del streaming del Conicet sobre las profundidades del mar argentino generó nuevas preguntas respecto del trasfondo de las aguas nacionales e internacionales. Los legos podemos ver el simple vista de ese fondo marino que se metió en nuestras casa. ¿Qué puede ver más en profundidad un experto como usted?
--Me gusta pensar que imagen, territorios y datos están íntimamente relacionados. Las imágenes traídas por el robot SuBastian del vivo del Conicet son un ejemplo excelente. Las imágenes de los organismos capturados del fondo marino argentino forman parte de un ecosistema visual de territorios y datos. Fotografiadas por primera vez, estas especies entraron al dominio de la taxonomía, se les da un nombre y forman parte de un catálogo visual, fotográfico y de base, atribuyéndoseles un lugar. La imagen del robot SuBastian está acompañada de otras tecnologías de sensorización como el láser a distancia para obtener medidas exactas de las imágenes. Así va incorporando datos como la temperatura, profundidad o concentración de sal en el agua. De esta forma se sabe que las especies de cada imagen aparecen a una cierta profundidad y temperatura, haciendo que la imagen participe de un ecosistema mayor. La imagen es una plataforma donde se ensamblan estos conocimientos en forma de límites territoriales o líneas de base ambiental. Entonces, las imágenes del fondo marino están atravesadas por esa tensión. Por un lado nos acercan a nuevas especies y territorios desconocidos. Por otro lado, en la medida en que estas sean la línea de base sobre la que avance el extractivismo de Estado o las corporaciones, estas pueden volverse un documento de la desaparición de esos mismos territorios. La imagen de YouTube también está en un ecosistema medial similar que nos observa. Esas imágenes miden nuestra atención, la plataforma aprende nuestro comportamiento y crea un territorio. Igual que el fondo del mar, las plataformas existen en los límites del Estado, en un espacio dedicado a la extracción.

--¿Cómo se pueden relacionar las investigaciones sobre el océano con la IA?
--La imagen es hoy más que nunca una superficie de conocimiento y un elemento clave en las plataformas que habilita esta pregunta por la IA. La IA al final son sistemas abstractos, matemáticos, que trabajan dentro de una infraestructura computacional, que consume muchísima energía y posee una geopolítica localizada en países específicos, con pocas compañías capaces de aplicar ese poder computacional sobre las imágenes para extraer conocimiento. ¿Qué pasa con estas imágenes cuando son pensadas para formar parte del modo en que conocemos el fondo marino? Más que una respuesta, me sugiere otra pregunta. Cuando decimos que hemos visto sólo el 0,001% del océano, ¿qué significa eso cuando las imágenes son producidas para ser vistas por máquinas? En este caso, el streaming de SuBastian es bastante excepcional porque saca al fondo marino del circuito, no es la forma de distribución habitual de las imágenes producidas por la ciencia o por compañías energéticas. El ensamble con la IA es complejo, porque YouTube no es menos plataforma que otras plataformas que extraen información de las imágenes. De entrada, creo que es útil pensar las imágenes del fondo marino dentro de esta otra “ecología de datos”, junto al laser o la mano robótica, acompañando la imagen e insertándola a ella y el fondo marino en un registro de operaciones de extracción (de patrones, atención, hidrocarburos, minerales).

--¿Por qué es importante discutir sobre el fondo marítimo en la política internacional? ¿En qué instituciones se dan los debates para regular el acceso al fondo marino en aguas internacionales?
--Es importante porque el fondo marítimo internacional es en gran medida un producto de la geopolítica del siglo XX y existe en tensión con sus instituciones y valores. El giro reciente de la administración Trump hacia la explotación mineral submarina de forma unilateral y en aguas internaciones hace saltar muchos de esos acuerdos internacionales. La historia reciente del fondo marino la podemos retrotraer a septiembre de 1945. El presidente estadounidense Truman declaró la necesidad mundial de nuevas fuentes de petróleo y otros minerales y el derecho de la expansión del Estado moderno sobre los fondos marinos de la placa continental. Es un impulso extractivista el que acelera esta expansión territorial por la que EE.UU. comienza a reclamar el subsuelo y los fondos marinos de sus costas. Desde entonces, la negociación de fronteras marítimas y submarinas fue y es una prioridad mundial en la que convergen geopolítica, derecho internacional y tecnociencia para mapear, explorar y delimitar estos territorios. En 1982, 160 estados establecieron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, conocida como la Copemar, que entró en vigor en 1994 y por la que los estados costeros reclamaron nuevas jurisdicciones territoriales en las profundidades oceánicas, transformando gran parte del mar en un territorio nacional. En el artículo 76 de la Copemar se estableció el criterio geológico para el derecho natural de los Estados a reclamar esos territorios, entendidos como una prolongación del territorio nacional. Argentina presentó su candidatura a la ONU para delimitar su plataforma continental en 2009 y se otorgó en 2016 la expansión de 350 millas (hasta el Cañón de Mar del Plata). Más de la mitad de los pedidos de expansión territorial están hoy irresueltos, por lo que el Fondo Marino Internacional también permanece en un estado virtual a nivel global. El concepto jurídico de la plataforma continental permite la expansión y justifica la exploración en el cañón del Mar del Plata a la vez que comprende las especies inorgánicas y sedentarias conectadas de forma directa o inerte al fondo marino de la misma entidad territorial. En 1994, cuando la Copemar también establece las 350 millas como máximo reclamable, los fondos marinos excedentes se declararon Patrimonio Común de la Humanidad. Además, la Copemar creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que al mismo tiempo debe proteger el patrimonio de la humanidad desde el límite virtual entre los territorios submarinos reclamados y los no reclamados, y además regular acceso, exploración y explotación de los minerales allí existentes y redistribuir sus beneficios.

--¿Hoy la política marina se sigue discutiendo allí? ¿Hay beneficiados y perjudicados o hay mayor equidad?
--Es una pregunta interesante. En las conversaciones que llevaron a la Copemar a establecer una autoridad para regular los fondos marinos --las conferencias Pacem in Maribus-- había un impulso de experimentación constitucionalista que se vio atravesado con anhelos de prosperidad económica y mecanismos internacionales de gestión y redistribución independientes, una demanda nacida de los procesos de descolonización de los 70’. Muchas de estas ideas quedaron luego plasmadas en esa negociación de lo que sería el Fondo Marino, pero como un espacio mayormente mineral, lo que limitó esa gran discusión y ambición constituyente donde se deseaba un régimen internacional para promover un orden equitativo y pacífico sobre el océano. Finalmente se redujo a una institución que tiene un doble mandato: proteger los fondos marinos y regular su explotación. La autoridad internacional de los fondos marinos quedó reducida en su ambición multilateralista y ambientalista, y acabó siendo una institución al servicio del capital y el extractivismo (en parte con la esperanza de que EE.UU ratificase la Copemar, lo que nunca sucedió). Hoy se debate en esa institución qué peso deben tener ambos mandatos y si pueden acompañarse en el contexto de la iniciativa unilateral estadounidense para la explotación de las aguas internacionales a través de una ley federal. Hoy seguimos viviendo con esas antiguas decisiones y con esta institución deficiente, pero con un espíritu aún recuperable: la soberanía compartida, la necesidad de instituciones nuevas para encontrar formas equitativas, y animarnos a pensar por fuera de un régimen extractivista. Hay otra forma de beneficiarnos con el fondo marino, sin la extracción ni el desmantelamiento de esos ecosistemas.

--¿Son los minerales el único beneficio del fondo marítimo? ¿O hay algo más que no tenemos en cuenta?
--Como se ve las imágenes del Rob Subastian y las transmisiones de streaming, el fondo marino no es un espacio vacío. Está habitado por animales y flora, pero también memorias, historias y un futuro que nos conciernen a todos. El fondo marino es algo más que la última frontera mineral, es el ancestro para muchas comunidades del Pacífico, o un lugar de memoria para afrodescendientes cuyos familiares fueron arrojados al fondo del Atlántico durante el tráfico de esclavos y en calidad de “espacios de memoria” puede guiar mecanismos de compensación y reparación. También podemos pensar en el equipo científico liderado por el escocés Sweetman y la hipótesis del "oxígeno negro" aparecida el año pasado. Sweetman hacía muestreos de nódulos polimetálicos para una minera y tras varios ensayos, su equipo concluyó que estas formaciones ricas en metales como manganeso, níquel y cobalto, generaban un diferencial de potencial eléctrico por el que se producía electrólisis en el mar, que separa el oxígeno del nitrógeno, sin necesidad de la luz. Esta hipótesis propone un origen diferente para el oxígeno en el mar, que solo se explicaba por la atmósfera, sosteniendo ahora que el oxígeno que consumen las especies del fondo marino estaría en la geología. El fondo marino puede cambiar nuestro entendimiento del mundo mineral desmontando la idea de que todo el oxígeno de la Tierra proviene de organismos fotosintéticos. Esta teoría afecta al origen de la vida en la Tierra. No me interesa tanto si esta hipótesis se confirma, sino que el fondo marino es capaz de hacernos hipotetizar sobre la vida en la Tierra, y esto tiene valor transcultural e intergeneracional que va más allá de la ciencia occidental actual. Todo eso tiene un valor cultural, que yace en ese espacio y en su capacidad de transformar la forma en que entendemos la vida, la historia, o las relaciones interespecies, y más allá de la reducción de lo mineral como aquello ajeno a la vida.

--¿Qué tan importante es el Conicet para la política marítima argentina?
--La palabra que más se escuchó este último mes ha sido soberanía, íntimamente ligada a la capacidad del Estado para proyectar su poder y su presencia. Aquí aparece el rol del Conicet en el mapeo de límites territoriales, que es un producto del conocimiento y de ciencia argentina. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Escopla) trabajó durante 15 años para demarcar el territorio de la plataforma y extender la soberanía del Estado argentino, experiencia que demuestra cómo el fondo marino no existe sin el ensamblaje de conocimientos jurídicos, legales, geológicos y orográficos. El Conicet contribuye literalmente a hacer a la Argentina más grande con el mapa bicontinental. Pero no creo que la contribución más importante de la ciencia argentina sea esa visión expansionista del Estado como mapeo de recursos y extensión de límites territoriales. La importancia del Conicet es que es una institución de los argentinos y argentinas en la que se puede hacer una agenda propia y plantear una relación de conocimiento con el fondo marino. Esta soberanía como relación de conocimiento no tiene que comulgar necesariamente con los valores del racionalismo, progreso infinito o la centralidad del ser humano y su bienestar como fin último. Nos podemos preguntar si la soberanía es también una ciencia. Y podemos permitirnos pensar un fondo marino que no esté desligado de la idiosincrasia, de las preocupaciones compartidas y las diversas formas culturales de ver el mundo. Eso también es soberanía y no termina en la biología marina, sino en todas las capas que constituyen un sistema científico nacional.

--¿Los gobiernos en general consideran al fondo marino una política de primer orden o de segundo orden?
--Es cada vez más una política de primer orden, por ejemplo, por la decisión unilateral de EE.UU. de lanzarse a la minería submarina de las aguas internacionales, o la agenda de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que ha sido también sumamente influenciada por intereses de algunas compañías mineras. Los gobiernos tienen que tomar decisiones en este contexto de expansión extractivista que dejan al Estado fundamentalmente como garante de los daños ecológicos, y sólo quizás, como beneficiario. No hay buenas expectativas sobre los beneficios económicos de la minería submarina si se consideran los enormes costos asociados a la extracción, los mecanismos distributivos de la Copemar que tendrían que aplicarse, o el hecho de que los precios del mineral no son suficientemente estables. Por último, esta serie de minerales para la anunciada transición energética deja dudas sobre el horizonte mismo de la “transición”, que no se desvía un ápice de los modelos extractivistas e imperialistas que nos han llevado a la necesidad transaccionar a formas más ecológicas, en primer lugar. Estos debates confirman que la política marina será, cada vez más, parte de las preocupaciones de todos y todas. 
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Cambió la fuente de contaminación del Riachuelo y la nueva estrategia para limpiarlo más rápido

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


"En mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, prometía María Julia Alsogaray en 1993 al frente de la Secretaría de Recursos Naturales. Más de tres décadas después, esa meta parece tan lejana como entonces, pero se hicieron y avanzan acciones concretas para continuar recuperando el río y devolverlo a los vecinos. Sin embargo, el problema más profundo no flota en la superficie: hoy el 80 % de la contaminación del Riachuelo proviene de los efluentes cloacales.
Durante años, la imagen del Riachuelo estuvo ligada casi exclusivamente a los desechos industriales, aunque ese tipo de contaminación representa apenas el 20 % del total. El foco principal está en otra parte: la falta histórica de infraestructura cloacal, los pozos ciegos mal gestionados y los sistemas colapsados que siguen arrojando residuos directamente al río, sobre todo en municipios del Gran Buenos Aires.
Para revertir esto, el Gobierno nacional anunció la finalización del Sistema Riachuelo, una obra monumental que no se hacía desde hace más de 70 años y que incluye un gran colector paralelo al cauce y una planta de tratamiento sobre el Río de la Plata, que permite mejorar el servicio a 4,5 millones de personas y sumar a 1,5 millones más a la red.
El anuncio generó cruces políticos: mientras desde Nación se adjudican haberla terminado, referentes de la gestión anterior aseguraron que la obra ya estaba finalizada y solo restaban detalles para ponerla en marcha.
Más allá de las disputas, lo cierto es que esta infraestructura busca atacar el principal foco actual de contaminación del Riachuelo; los efluentes cloacales.
Desde que en 2010 la Ciudad puso en marcha el plan de saneamiento del Riachuelo como parte de la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), se retiraron 5.000 mil toneladas de basura.
A 16 años del fallo histórico que ordenó (al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires) a restablecer el daño ambiental producido en la Cuenca Matanza-Riachuelo, como también su saneamiento, hace unos meses la Corte Suprema de la Nación puso fin a la supervisión del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo. Aunque la limpieza debe continuar.
"El espejo de agua volvió a tener flora y fauna. La idea fue que el vecino pueda acercarse al Riachuelo, a Caminito, a La Boca, y revalorizar toda esa zona. Hoy se puede estar: no hay más ese olor nauseabundo”, explicó a Clarín Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
El Riachuelo atraviesa nueve comunas porteñas y, en su tramo dentro de la Ciudad, bordea espacios icónicos como la Vuelta de Rocha, a metros de Caminito, donde miles de vecinos y turistas circulan cada semana.
Mientras tanto, el desafío no es solo limpiar, sino evitar que se siga ensuciando. “Lamentablemente va a seguir… El problema no es lo que sacamos, sino que la gente siga tirando”, dijo Baistrocchi.
Pese a eso, el avance es visible: hace un año se recuperó una parte de la navegabilidad. “No podías entrar, hoy podés. De hecho, hay una empresa que llega hasta Caminito, viene de Puerto Madero y conecta los dos puntos. Si no hubiéramos hecho ese saneamiento, eso no podría haber ocurrido”, explicó el funcionario.

"Lamentablemente, compartimos este cauce con la provincia de Buenos Aires"
La limpieza del Riachuelo es una deuda histórica. En La Boca, el gobierno asegura que las reuniones con los vecinos son frecuentes y que el reclamo por mejorar la zona de Caminito y su entorno fluvial lleva años. “El pedido del Riachuelo, más allá del fallo que nos obligó a ponerlo en agenda, era un reclamo que nos sostenía como gobierno”, explicó.
Sin embargo, el trabajo diario convive con una dificultad: la tensa relación con la Provincia de Buenos Aires, con quien la Ciudad comparte el cauce del río. “Lamentablemente, compartimos con la Provincia de Buenos Aires este cauce, donde no se realiza este trabajo tan ferviente”, dijo Baistrocchi.
La Ciudad insiste en que realiza campañas de educación ambiental, refuerza la infraestructura con contenedores diferenciados y se enfoca en el manejo de los residuos. Pero, admiten, que no pueden controlar lo que pasa del otro lado.

Para limpiar más rápido
Hasta hace poco, la limpieza del Riachuelo en Vuelta de Rocha se hacía con dos catamaranes chicos, que podían cargar hasta 500 kilos de residuos por vez y tenían que frenar para descargarlos. Pero ahora, la Ciudad sumó una nueva embarcación mucho más potente, fabricada enteramente en Argentina, que puede cargar hasta 2.000 kilos sin parar y acelera el ritmo de limpieza en una de las zonas más visibles del sur porteño.
Este nuevo catamarán ya reemplazó a uno de los viejos, y hay planes para sumar otro más en un futuro. “En realidad, ya tenemos una, estamos agregando una segunda y la chica estamos pensando en reflotarla", detallo Baistrocchi.
"La primer ventaja es la eficiencia porque usa menos combustible para ir y venir y nos permite clasificar más rápido la basura que va al CEAMSE y la basura que se recicla", explicó el funcionario.
El dato no es menor: cada mes se retiran del Riachuelo entre 60 y 120 toneladas de basura. Y todo esto, según explicaron desde el Gobierno porteño, se hizo dentro de la licitación ya vigente. “No le costó a la Ciudad más plata, porque lo que se hizo fue optimizar dentro de la licitación”, aseguraron.
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El dilema del plástico. Los argentinos consumimos 42,7 kilos por año y la mayoría termina en el mar 

Fecha de Publicación: 15/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Representantes de 184 países debatieron en Ginebra un acuerdo internacional para frenar la contaminación plástica; la Argentina mantiene una postura alineada con Estados Unidos
Durante diez días, representantes de 184 países se reunieron en Ginebra para consolidar el Tratado Global sobre Plásticos de la Organización de Naciones Unidas. Este es un acuerdo internacional que tiene como objetivo principal atender la sobreacumulación de plástico en el mundo, una de las tres crisis globales.
El tratado pretende convertirse en un eje rector vinculante para que todos los países adopten medidas urgentes para reducir la cantidad de residuos no solo por los impactos ambientales que supone, sino también por los riesgos que genera a la salud humana. Son cada vez más los estudios que no apuntan solo a los impactos a la biodiversidad, o la contaminación que hay detrás de los plásticos, sino también a su creciente presencia en el cuerpo humano.
En general, el documento contempla un enfoque de regulación del plástico en todo su ciclo de vida. En otras palabras, buscan implementar regulaciones en la producción, distribución y disposición final de los residuos. Dentro del documento, se plantea reducir y gestionar la producción y el consumo, mejorar el diseño de productos para la economía circular y minimizar las emisiones de microplásticos. También se pretende prohibir los vertidos abiertos y la quema de residuos, abordar la contaminación existente y promover la responsabilidad ampliada del productor, así como una transición justa para los trabajadores. 
Si bien existe un consenso entre países, científicos y los distintos sectores de la industria plástica en que es necesario consolidar este tratado, durante la plenaria afloraron tensiones difíciles de aliviar, vinculadas a la limitación de la producción de plástico y la prohibición de químicos de preocupación para la salud humana. Ayer se llamó a una sesión plenaria extraordinaria porque varios países siguen sin acordar la versión final del documento. Se espera que mañana se consolide, aunque de no haber consenso, podría posponerse a un próximo encuentro.
El gobierno argentino envió una delegación encabezada Eliana Ester Saissac, subsecretaría de Asuntos Ambientales de Cancillería, Juan José Galeano, director de Industria Sostenible, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, y Candela Nassi, responsable de Evaluación y Control Ambiental dentro de la Subsecretaría de Ambiente. LA NACION contactó a representantes de la Subsecretaría de Ambiente para conocer su posición, pero los voceros no dieron definiciones claras y advirtieron que todavía no había acuerdo sobre el documento. Según observadores de las negociaciones consultados, el país mantiene un perfil neutral en las negociaciones, aunque señalaron que “mantiene una postura cercana a Estados Unidos”.
Si bien durante la administración de Joe Biden, la potencia del norte había impulsado un primer y ambicioso plan para abordar el problema, quedó relegado tras la asunción de Donald Trump. A pesar de ello, Estados Unidos sigue participando de las negociaciones en este espacio y empuja para evitar limitar la producción de plástico. 
A pesar de ello, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, el libertario puntano Carlos D’Alessandro, confirmó que el Ejecutivo busca firmar el acuerdo, pero se opone a limitar la producción de plástico y de químicos de preocupación para la salud humana. En comparación a vecinos como Colombia y Costa Rica, la posición es flexible. “El Estado debe establecer reglas claras, simples y estables, pero no reemplazar la dinámica de innovación, inversión y mercado, que es la verdadera fuerza para resolver problemas como la sobreacumulación de plásticos”, advirtió en diálogo con LA NACION.
En línea con el gobierno nacional, D’Alessandro plantea que tanto el tratado internacional como cualquier legislación nacional debe plantear “medidas de regulación basadas en evidencia científica y no dogmas ideológicos, incentivos al desarrollo tecnológico en lugar de prohibiciones arbitrarias y responsabilidad del productor sin asfixiarlo con cargas burocráticas”, desglosó el diputado.
Hoy, son más de 100 los países, dentro de las discusiones del tratado, que impulsan regulaciones más estrictas a la producción y gestión del plástico. Desde la OCDE advirtieron que si el tratado se enfoca únicamente en mejorar la gestión de residuos y no aborda la producción, ni la demanda, se seguirían filtrando al medio ambiente unos 13,5 millones de toneladas de residuos plásticos cada año.
“Si va a haber un tratado, queremos que sea uno bueno y ambicioso. Si va a ser un documento solo para cumplir, mejor es no tenerlo. Lo que no queremos es que esto sea un Acuerdo de París”, advirtió María Esther Briz, bióloga y representante de la organización Gaia para América Latina y el Caribe. “Actualmente, tenemos una crisis de contaminación por plásticos. No solo cuando son residuos, sino desde la fase de extracción, durante la fabricación de los polímeros, el uso y el desecho”, añadió.
Para Jaquelina Tapia, representante argentina de la organización Salud sin Daño, la intención no es eliminar todos los plásticos del mundo. “Pero más de la mitad son fabricados para embalajes, o sea que se vuelven residuos rápidamente. Muchos forman parte de nuestra cotidianeidad”, describió.
Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), que representa a más de 2500 empresas vinculadas a la transformación del plástico, planteó que los plásticos llamados de un solo uso son aptos para estar en contacto con los alimentos. “Son monomateriales, por lo que son altamente reciclables”, añadió. “Estamos a favor de un tratado global sin prohibiciones. Sí regulaciones”, sintetizó Hilbrecht.

El plástico en la Argentina
Cada argentino consume 42,7 kilogramos de plástico por año. El país es el tercer mayor productor de plástico de la región, aunque se encuentra muy por debajo de Brasil y de México. Para 2019, la Argentina tenía el 10% de la capacidad instalada en América Latina, mientras que las otras dos potencias de la región sumaban, en conjunto, casi el 80%.
Su producción, en términos generales, ha crecido de forma consistente hasta el 2023, con la llegada de la administración libertaria, en la que presentó una caída, importación y exportación de materias primas plásticas. Así se presentó en el último Anuario Estadístico de la Industria Plástica, con datos del 2024.
En esa línea, casi la mitad de los plásticos usados por la industria son destinados a envases y embalajes, le siguen la construcción, después artículos eléctricos, la industria automotriz y finalmente artículos domésticos y decoración. Hilbrecht reconoció que el mayor caudal de plásticos se destina a los de un solo uso, aunque advirtió que estos son los que mayor capacidad de reciclaje tienen —un 9,3%—. Sin embargo, para Tapia la mejor solución no es solo el reciclaje, sino que no se genere el plástico en primer lugar.
“Ya partimos de un piso alto cuando hablamos de la cantidad de plásticos que tenemos. Pensemos que la mayoría tardan siglos en degradarse. Y si pensamos en el mal manejo que hace tanto Nación como las provincias, es lógico que terminen en el mar, o en vertederos a cielo abierto”, denunció Tapia.
Si bien hay ciertas regulaciones en materia de residuos, la legislación en torno a los plásticos es una gran deuda en la Argentina. Existen regulaciones al uso de ciertos aditivos peligrosos para la salud. También hay leyes que prohíben los microplásticos en cosméticos. Sin embargo, organizaciones como Salud Sin Daño o Taller Ecologista critican que las regulaciones son flexibles y es necesario prohibir componentes que afecten a la salud humana.
Estas organizaciones también señalan que hace falta una Ley de Envases que regule los plásticos más producidos y desechados. Estos, usualmente, terminan en vertederos, en ríos o incluso llegan al mar. En un mapa mundial, Global Plastic Watch identificó miles de tiraderos en los que sobre todo hay residuos plásticos. Con 912 registrados, América Latina y el Caribe concentra la mayor parte de ellos. 
La Argentina es el tercer país con más tiraderos de la región, concentrados en especial en el centro y noreste del territorio. Varios de ellos se encuentran cerca de ríos. Un estudio de 2021 publicado en la revista Science concluyó que más de 1000 ríos acarrean el 80% de los plásticos que llegan al océano.
Por las corrientes marinas, todos los residuos plásticos que terminan en el mar y que no decantan, se concentran en cinco grandes islas de basura que se distribuyen en todos los océanos del planeta. La más grande se encuentra sobre el Pacífico, entre América del Norte y el Este Asiático, y su extensión es tres veces el tamaño de Francia. Según el reporte de la revista Science, en 2019, la Argentina vertió 4137 toneladas de plástico al mar. 
En marzo pasado, D’Alessandro presentó ante la comisión que preside un proyecto de Ley de Envases en conjunto con representantes de la CAIP y de una fundación dedicada al reciclaje asociada a la industria llamada Ecoplas. Este proyecto apunta al reciclaje como eje central de acción frente a la crisis de los plásticos y descarta regulaciones productivas sobre la industria.
“Desde la industria impulsamos fuertemente la Ley de Envases propuesta por D’Alessandro, ya que entendemos que los plásticos no son residuos, sino recursos para una economía circular que abriría no solo oportunidades ambientales, sino también de desarrollo productivo”, planteó Verónica Ramos, directora Ecoplas. Otros proyectos de Ley de Envases, como el propuesto en 2023 por la diputada Natalia Zaracho (UP), se distancian de la visión libertaria, en especial en cuanto a los mecanismos de financiamiento, el rol de los trabajadores recicladores y autoridades de aplicación. Ninguna busca limitar la producción, tampoco los químicos de preocupación.

Los dilemas del plástico
En diferentes tipos y formas, los plásticos son tan esenciales para la vida contemporánea como lo es la luz eléctrica. Si nos detenemos un momento y observamos a nuestro alrededor, podemos encontrarlo en casi cualquier rincón al que enfoquemos: en nuestro celular o en la botella de agua que tenemos sobre la mesa. Existen también pequeñas partículas de plástico suspendidas en el aire y también dentro de nuestro cerebro, riñones, hígado y sangre. Estudios científicos recientes han hallado plástico incluso en la leche materna.
Es una situación dual, pues el plástico se usa en casi cualquier actividad, abarata costos de producción y ha posibilitado el desarrollo de tecnologías para todo tipo de industria. Sin embargo, como residuo es uno de los mayores problemas globales no solo por la contaminación que supone al ambiente, sino por los riesgos a la salud humana.
A partir de 1950 la producción de plástico comenzó a expandirse. Entre los 80 y el 2020 pasó de 70 millones de toneladas a un aproximado de 460 millones de toneladas, según datos de la OCDE. Y la tendencia crece de manera exponencial. Las proyecciones apuntan a que sería más del doble para 2050. El manejo de residuos sólidos como los plásticos ha sido un flagelo para casi todos los países del mundo y el reciclaje de los plásticos es mínimo a nivel global.
Para Michelle Reyes, médica familiar en Filipinas y representante de Salud sin Daño para el sudeste asiático, todavía no se conocen con certeza los efectos de los microplásticos en el cuerpo. Sin embargo, los reportes publicados apuntan a que el cuerpo puede desarrollar enfermedades asociadas al sistema inmunológico y al cardiaco. “Tenemos que regularlos, tener reglas claras e información suficiente para desarrollar políticas que nos alejen de los daños nocivos”, concluyó.
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El desguace como política de Estado: Informe demuestra las regresiones ambientales del gobierno libertario

Fecha de Publicación: 12/08/2025
Fuente: Portal HuellaDelSur
Provincia/Región: Nacional


Este jueves 7 de agosto de 2025 se presentó el primer Informe de Regresiones Ambientales de AAdeAA-CAJE durante los dos años del gobierno de Milei
Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.

(Descarga informe aadeaa.org)

El nuevo Informe de Regresiones Ambientales, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, documenta en detalle este proceso de desguace que abre aun más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.
La presentación pública se realizó este jueves 7 de agosto en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI).
10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados
La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.
El Informe será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú.
Este informe no solo sistematiza una política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo. Es también una herramienta para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática.
Al trascender la denuncia, el informe representa un acto de memoria colectiva sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Sistematiza la regresión, pero también señala caminos para resistir y reconstruir. Propone claves para defender lo común, activar redes, exigir justicia.
Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.
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El gobierno eliminó las retenciones a la minería

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Ejecutivo anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de mercaderías del sector minero y además quitó un régimen especial para la exportación de cobre. Cuáles fueron los detalles y qué objetivos se busca con estos cambios. 
El Gobierno Nacional de Javier Milei anunció este jueves 7 de agosto, por medio del Boletín Oficial, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero, además de la quita de un régimen especial para los envíos al exterior de cobre.
De esta manera, deja fijada la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para aquellas mercaderías que se encuentran dentro de los productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.
El Ejecutivo remarcó en el Decreto 563/2025 que "la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertades económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal".
Como complemento a esto, destacó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.
También se destacó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Nuevos objetivos y la relevancia del sector minero y el cobre
Con la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.
Agrego además que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.
En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.
Por otro lado, el decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación”
El Gobierno precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”, por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.
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Abogados ambientalistas repudian el intento de amedrentamiento del ministro de Producción

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Señor director de NORTE:

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando "pruebas" sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan.
Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en el Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante, sino que participa activamente como parte querellante.
El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso. Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas: Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. "Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco", entre muchos otros).
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas. Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras Indunor y Unitan, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara. Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al señor ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar? Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática.
Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en el Chaco hacia actos ilegales de desmontes. No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores.
Exigimos al gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
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Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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El Congreso sigue en silencio frente a la crisis ambiental

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La agenda ambiental en el Congreso de la Nación atraviesa un preocupante estancamiento. En lo que va de 2025, ninguna de las dos cámaras legislativas logró sancionar leyes vinculadas al cuidado del ambiente, constató AIM tras acceder al último informe del Círculo de Políticas Ambientales.
Según pudo saber AIM, el balance legislativo del primer semestre muestra una clara falta de avance: los proyectos se acumulan en comisiones, sin dictamen ni tratamiento en el recinto. Incluso las reuniones informativas, cuando se realizan, no derivan en acuerdos sustantivos ni movimientos concretos.
Entre las iniciativas paralizadas se destacan:
-La prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que vence a fin de año.
-La ley de envases con inclusión social y la gestión de neumáticos fuera de uso.
-La trazabilidad pesquera.
-La creación de una norma federal para la evaluación de impacto ambiental.
“Nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, los proyectos no avanzan y las reuniones informativas quedan en la nada”, advirtió María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, en declaraciones recogidas en el informe al que tuvo acceso AIM.
Desde el organismo remarcaron que el Congreso tiene una responsabilidad ineludible: legislar con una mirada estratégica y de largo plazo en materia ambiental. Sin embargo, el panorama actual muestra un rol legislativo debilitado y sin rumbo.
Supo AIM que organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector ya alertaron sobre las consecuencias de esta parálisis institucional, que compromete los compromisos internacionales del país y frena la transición hacia un modelo sostenible.

 Para leer el informe completo, acceder al siguiente link.
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La Justicia ratificó la realización de la audiencia pública de PSJ Cobre Minero en Uspallata

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Justicia provincial ratificó la realización de la audiencia pública del proyecto minero PJS Cobre Mendocino, que se llevará adelante el próximo sábado 2 de agosto, en las inmediaciones del yacimiento, en la alta montaña de Uspallata.
La Asociación Civil Oikos Red Ambiental y el exsenador provincial Marcelo Romano presentaron acciones de amparo ambiental para que se ordene como medida cautelar la suspensión de la audiencia pública y la autoridad ambiental minera convoque otra en un “lugar de fácil acceso” como el centro urbano de Uspallata.
Particularmente la ONG sostenía que se generaba “un daño irreparable a los derechos colectivos de participación ciudadana efectiva, acceso a la información pública y a un ambiente sano, consagrados en el Acuerdo de Escazú”.
La jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Nº 2, respondió que “según surge del informe evacuado por la parte demandada, toda la documentación técnica del proyecto —incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, dictámenes de organismos provinciales y nacionales e informes sectoriales— está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
“Por otra parte, se ha dispuesto que los oradores intervendrán en orden cronológico según su inscripción. Primero, lo harán quienes participen de manera presencial y, una vez finalizadas esas exposiciones, será el turno de los inscriptos en la modalidad virtual. El listado de oradores y el cronograma se publicarán en los sitios oficiales del Gobierno”, agregó.
Luego, añadió más detalles de la audiencia pública y afirmó que “para quienes deseen seguir el evento sin intervenir, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente”.
“A la luz de lo arriba transcripto, no advierto prima facie el humo de buen derecho que justifique la procedencia de la medida bajo análisis, siendo insuficiente el simple temor subjetivo de los peticionantes, quienes no han aportado elementos ajenos a su mera subjetividad, que permitan tener por acreditado que existe un riesgo cierto de afectación a los derechos a la información y a la partición política de los amparistas”, sostuvo la jueza-
Y completó: “Como consecuencia de lo expuesto y siendo innecesario entrar al análisis de los demás requisitos que determina la ley para la viabilidad de una medida precautoria, corresponde el rechazo de la misma”.
Este martes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró el fallo citando el principal argumento de la jueza y afirmó que “la audiencia sigue en pie”.
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Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.
El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.
En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».
«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias
Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.
Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos
El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.
Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.
Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas
Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».
También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado
Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».
Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización
Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».
El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»
Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».
Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».
Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».
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