Piden la detención e indagatoria de un empresario forestal por violar la cautelar que frenó los desmontes

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado Federal la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por cinco hechos de desobediencia judicial a la medida cautelar que suspendió por seis meses los desmontes en la provincia del Chaco. Vale recordar que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como "Mafia del desmonte" impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal Nº 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en la provincia del Chaco.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a la localidad de Tres Isletas. En la tarea llevada a cabo en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestra de una topadora. Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
No obstante, en el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraba avalados por el mismo, por lo cual eran “ilegales”. Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024.
El último de los hechos imputados está vinculado a que el empresario Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales. Además, advirtió que no debe soslayarse que “su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación” que lleva adelante la Fiscalía Federal.
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Atanor: a un año de la explosión de la planta de atrazina, los vecinos insisten en el pedido de traslado

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Portal PrensaLibreSN
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves a las 17.00 Hs. vecinos de la planta Atanor, volverán a manifestarse para recordar que su pedido de traslado de la firma no cesa, a concentración será a la intersección de Rivadavia y Ponce de León.
A propósito de esta convocatoria que se da a un año de la explosión de la planta de atrazina, Prensa Libre SN dialogó con Gabriel Godoy, uno de los vecinos y convocantes a la manifestación. Aquel fue “un incidente químico” que “formó una nube tremenda de cianuro que invadió varios barrios de la ciudad, algunos en forma directa y otros luego a través de la nube que se sucedió debido a esta gran gran explosión”. El entrevistado recordó que “barrio Los Fresnos, por varias cuadras, amaneció lleno de polvillo blanco de cianuro, el cual produjo muchas afecciones a la salud, mucha gente se tuvo que asistir médicamente en el hospital, eso quedó todo comprobado”.
El abogado recuerda que a partir de aquella explosión se produjo “la clausura de la empresa completa y en particular de esta parte que fabricaba o producía Atrazina, que es un pesticida muy utilizado actualmente”. Por otra parte, pidió no olvidar que los vecinos y organismos defensores del medioambiente, más puntualmente FOMEA, previo al incidente ya habían iniciado una “causa judicial con el patrocinio del doctor Fabián Maggi. Dentro de esta causa se introdujo una cautelar y la jueza hizo lugar, clausurando la planta de Atrazina y la empresa”. Esto, como es de publico conocimiento para la mayoría de los nicoleños, duró algún tiempo hasta que la Justicia permitió la reapertura de Atanor sin que funcione el sector de Arazina.
“Nuestro pedido de que se reubique la empresa es porque lo que está pasando actualmente es terrible, muchos días los vecinos de Barrio de los Fresnos seguimos padeciendo los olores fuertes a químicos que provienen claramente de la empresa Atanor”, afirmó Godoy y a ello agregó: “vemos la cantidad de camiones que ingresan, muchos de ellos siguen pasando por nuestros barrios y con productos altamente tóxicos, productos químicos que nosotros vamos identificando y vamos llevando en planilla para que sirvan de testigo, de prueba de lo que está sucediendo en esta empresa”.
Casi para cerrar, el entrevistado remarcó que “en el mismo marco de la causa se van sucediendo situaciones que nos van poniendo en conocimiento de la peligrosidad de los elementos que tienen ahí adentro, en la causa surgió que tienen un tanque de 5.000 litros de amoníaco” afirmó. “El amoníaco sería mucho peor que la atrazina, porque si una nube de amoníaco nos sorprende durmiendo prácticamente no vamos a poder salir de nuestra pieza porque es muy potente en cuanto a su peligrosidad. Si el amoníaco ingresa a nuestras casas nos va a afeccionar, nos va a matar dentro de nuestra vivienda”.
Los vecinos “creemos que ese tipo de situaciones de peligrosidad extrema deben hacerse en otro lado. No se pueden hacer acá a metros de los barrios aduciendo una preexistencia que realmente no les da derecho a ellos a tener ese tipo de elementos tan cerca , porque primero que no tienen una preexistencia y segundo que no les da derecho a ponernos en tanto riesgo potencial”, aseguró Godoy.
Para cerrar, insistió, “esta empresa se debe trasladar, se debe reubicar a una zona donde se puede instalar con las debidas condiciones y lo más lejos posible de nuestros barrios”.
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Presentan denuncia penal contra la empresa Dracma por sobrevuelo ilegal de helicóptero en la Quebrada del Condorito

Fecha de Publicación: 21/03/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Lo hizo la Administración de Parques Nacionales. La firma dijo que la aeronave ya no es suya. Ambientalistas exigen sanciones y medidas concretas para evitar futuros incidentes.
Agrupaciones ambientalistas denunciaron que este fin de semana un helicóptero de una empresa privada sobrevoló de manera irregular el Parque Nacional Quebrada del Condorito, provocando un grave impacto ambiental en la fauna local.
El hecho, ocurrido alrededor de las 13.30 del sábado pasado, fue registrado en video por el guía de montaña Martín Ávila, quien documentó cómo el aparato perturbó a más de 30 cóndores que se encontraban en la zona conocida como “El baño del cóndor”, un área de descanso y acicalamiento para estas aves.
La aeronave estaba identificada con el logo de la firma Dracma S.A., pero desde la empresa expresaron a este medio que ese aparato ya no corresponde a la firma.
Frente a este hecho, la Administración de Parques Nacionales (APN) presentó este martes una denuncia penal contra la empresa Dracma, para que se investigue la posible comisión de un delito ambiental.

Vuelo ilegal
El sobrevuelo no autorizado generó un estrés innecesario en los cóndores, obligándolos a abandonar el lugar, y afectó también a otras especies de la fauna local. Las imágenes del incidente fueron difundidas por la Fundación Mil Aves, que calificó el suceso como “gravísimo” y exigió respuestas a las autoridades competentes.
Ante las denuncias, la consultora Dracma S.A. dijo en diálogo con La Voz que el helicóptero involucrado ya no es propiedad de la empresa.
“Estamos al tanto de la lamentable situación. Nos gustaría aclarar que ese helicóptero ya no pertenece a nuestra empresa desde el año pasado, por ende no estaban en dicho vuelo ni directivos ni personal de Dracma. Repudiamos el actuar imprudente, alterando el hábitat del área protegida”, señalaron desde la empresa.
Además, explicaron que el logo de la compañía permaneció en la aeronave por fines comerciales y que no tuvieron contacto con las autoridades del Parque. “No hemos hablado con nadie del Parque. Estamos a disposición para cualquier aclaración al respecto”, agregaron.
Por su parte, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), se refirió al hecho y destacó que el sobrevuelo de helicópteros en áreas protegidas está prohibido por ley.
“No se puede volar en esas áreas, está prohibido por la ley de Parques Nacionales, salvo cuando se trate de casos de emergencia. Apenas tomamos noticia del caso, actuamos conforme a la ley y realizamos la correspondiente denuncia penal”, afirmó Larsen en diálogo con La Voz.
Además, respecto a la declaración de la empresa Dracma, señaló: “Será parte de la investigación judicial. La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) tiene todos los registros de las aeronaves. Será cuestión de que el fiscal pida esa información”.

Denuncia judicial
La APN presentó una denuncia penal ante la Justicia por el hecho, en la que se detalla que el helicóptero –identificado como LV_BSV– sobrevoló a baja altura en el área protegida, violando las normativas establecidas en el Código Aeronáutico y en la Ley de Parques Nacionales.
La denuncia, presentada por Natalia Noemí Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la APN, señala que el sobrevuelo no autorizado generó un grave impacto en la fauna, especialmente en los cóndores, que se encuentran en estado de conservación vulnerable.
También se solicitó la inhabilitación del piloto del helicóptero, que no obstante aún no fue identificado.
Esta conducta está tipificada en el artículo 222 del Código Aeronáutico, que establece penas de prisión de 6 meses a 4 años para quienes conduzcan aeronaves sobre zonas prohibidas.
Respecto a la denuncia penal, desde Dracma indicaron: “No estamos notificados al respecto de esa demanda. Llegado el caso nos ponemos a disposición de la justicia para cualquier aclaración”.
En tanto, la Fundación Mil Aves, emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente la acción y responsabilizó a Dracma por violar las normativas que protegen el área, administrada por la APN. Además, solicitó al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia y a la APN que utilicen todas las herramientas legales disponibles para sancionar a los responsables.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito es un área protegida de gran importancia ecológica, especialmente por ser hábitat de una de las mayores concentraciones de cóndores en las sierras de Córdoba. La irrupción del helicóptero no solo afectó a las aves, sino que también arruinó la experiencia de los visitantes que se encontraban en el lugar.
Las autoridades de Ambiente de Córdoba dijeron que “no es un tema de jurisdicción provincial” y que tenpían entendido que ya había actuado la Adiministración de Parque Nacionales.
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Exigen control sobre frutas y verduras en Rosario ante la detección excesiva de agroquímicos

Fecha de Publicación: 18/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En 2023 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Senasa debía extremar los controles sobre los alimentos en la zona, pero aún no se cumple en su totalidad
Un abogado, acompañado por el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reclamó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) controle y evalúe de forma eficiente y eficaz los químicos de las frutas y verduras que se venden en los mercados de Rosario, desde donde distribuyen los alimentos a los comercios de la ciudad y alrededores.
Hace casi 10 años, el abogado rosarino Enrique Zárate comprobó que las frutas y verduras que se consumían en Rosario estaban contaminados con plaguicidas y otros agrotóxicos perjudiciales para la salud. Esa prueba sirvió para hacer una presentación judicial para que el Senasa se haga cargo de evaluar los alimentos y dejar un registro público.
Días atrás, Zárate presentó ante la Justicia un pedido explicito para que se lleven adelante los controles y las publicaciones correspondientes. "La información que ofrece el Senasa es deficitaria y deja de lado algunos elementos que deben ser considerados", explicó el letrado a La Capital.

Reforzar los análisis
Esta semana fue el propio Zárate que solicitó una revisión de las mediciones que el Senasa desarrolla. El abogado explica que se utilizó cromatografía líquida (HPLC), considerada menos precisa que la cromatografía de gases (GC-MS) para la detección de plaguicidas, esto deriva a un margen de error de un 50%. Además, en los ocho estudios que se realizaron en los últimos 120 días no se analizó ni frutas en cantidad ni cereales, a pesar de su importancia en la dieta diaria.
En concreto en la última medición se tomaron muestras de papa, zanahoria, zapallo, pimiento y tomate (la única fruta) sin detectar plaguicidas en ninguna de las muestras. Ante esta situación, Zárate se plantó y puso en duda esos resultados, ya que se habían detectado estos agroquímicos, algunos prohibidos, en visitas anteriores. Además, puso como ejemplo los mercados de Tucumán donde se encontraron residuos de plaguicidas en varios productos, como pimiento, tomate y zanahoria, incluyendo Acetamiprid, Tebuconazole, Imidacloprid, entre otros.
En otro orden, Zárate citó a las muestras realizadas por la provincia de Santa Fe, las cuales mostraron un 37% de desviaciones de uso, es decir, presencia de plaguicidas no permitidos o en concentraciones inadecuadas en zanahoria o zapallito, por ejemplo.

Cuándo se presentó el reclamo judicial
El periplo por la Justicia federal comenzó en 2016. Presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, finalmente la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que avaló en 2023 el reclamo de Zárate dando lugar a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley General de Ambiente N° 25.675, que garantizan el derecho de toda persona a un ambiente sano y el acceso a información sobre la calidad de los productos alimenticios. Sin embargo, casi siete años después, La Capital recorrió la web oficial del Senasa sin encontrar informes referidos al tema.
“Acá un organismo estatal estuvo litigando, como varias otras áreas del Estado, para no hacer lo que tiene que hacer. Si pusieran esa energía en hacer los controles, los resultados serían diferentes”, explicó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que acompaña de cerca el reclamo del abogado denunciante.
La Justicia resolvió que, a través de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal del Senasa, se realicen seis inspecciones y 24 monitoreos anuales sobre frutas, verduras, hortalizas de tráfico federal que se comercializan en el Mercado de Productores de Rosario y en el Mercado de Concentración de Fisherton. En este sentido, instó al organismo estatal a coordinar esfuerzos con autoridades provinciales y municipales para realizar las evaluaciones y minimizar la presencia de contaminantes en los alimentos.
Además, la jueza federal Sylvia Aramberri exigió garantías para el acceso a la información, según la ley N° 27.275, obligando al Senasa a publicar los resultados de los relevamientos para dar conocimiento a la comunidad.

Controles en frutas y verduras
A pesar de que Senasa aseguró realizar informes del estado de los alimentos en relación con químicos, la Justicia evaluó que se trataban de trabajos insuficientes. Bajo esta mirada, uno de los puntos más relevantes del fallo fue la inclusión del glifosato en los monitoreos, una cuestión la dependencia del Estado intentó evitar alegando que su uso se concentra en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo y no en hortalizas. Sin embargo, la jueza consideró que su presencia debía ser analizada en las muestras tomadas en los mercados rosarinos.
De Bueno destacó que la importancia de la sentencia recae en reconocer las pruebas, “las mismas que mostraban que los alimentos que consumen todos los rosarinos estaban excedidos en cantidad de químicos y de hidroquímicos”. En esta línea, reconoció: “Es importante que los ciudadanos podamos consumir estos alimentos libres de cualquier químico contaminante”.
El Área de Política Ambiental de la UNR se puso a la par de Zárate para “poder hacer efectiva la sentencia” y De Bueno exigió una Justicia especialista en temas ambientales. “El problema que tiene el derecho ambiental principalmente es la eficacia de los fallos de la Corte, que se dictan y muchas veces quedan en la letra del fallo y es difícil llevarlo a la práctica”, reclamó.
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La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Bermúdez sigue en disputa judicial

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: El Litorial
Provincia/Región: Santa Fe


Tras un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que cerró la investigación penal, los fiscales buscan revertir la decisión en la Corte Nacional. Según la información a la que pudo acceder El Litoral, también evalúan acudir a organismos internacionales para evitar que el caso quede impune.
El conflicto judicial por la contaminación ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez ha atravesado diversos vaivenes en los últimos años. La causa, que investiga los daños ambientales y las responsabilidades de los empresarios involucrados, fue cerrada en 2019, pero posteriormente reabierta tras insistentes reclamos de fiscales y organizaciones ambientales.
En 2020 se solicitó la anulación del archivo de la causa, argumentando que el cierre fue prematuro y que las irregularidades detectadas en el proceso requerían un análisis más profundo.
En 2022, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario dio lugar a esta solicitud y ordenó continuar con la investigación, al considerar que los acusados ni siquiera habían sido citados a declarar.
Sin embargo, en un nuevo giro, a fines de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que no correspondía reabrir el caso, declarando la existencia de cosa juzgada.
Con este fallo, quedó sin efecto la posibilidad de avanzar penalmente contra los responsables de la empresa, lo que generó fuertes críticas por parte de fiscales y sectores ambientalistas.

Ante la Corte
Ante esta situación, los fiscales que impulsan la causa presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir el fallo provincial. También evalúan la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, en caso de que no se obtenga una resolución favorable en el ámbito local.
Mientras tanto, el impacto ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez sigue siendo motivo de preocupación.
Estudios recientes han confirmado la presencia de sustancias altamente contaminantes en niveles muy por encima de lo permitido, lo que representa un riesgo latente para la población y el ecosistema de la zona.
En este contexto, organizaciones ambientalistas han convocado a un encuentro para debatir las últimas novedades de la causa. La actividad contará con la participación de especialistas en derecho ambiental, fiscales que impulsan la investigación y expertos en toxicología.

Convocatoria
El evento tendrá lugar el jueves 13 de marzo en Capitán Bermúdez y será abierto a toda la comunidad. Allí se abordará el estado actual de la causa, el impacto de la contaminación y los pasos a seguir para evitar que el caso quede impune.
Según la información a la que pudo acceder El Litoral, el objetivo de esta convocatoria es mantener viva la discusión sobre las responsabilidades en la contaminación y exigir respuestas concretas.
Para las organizaciones involucradas, la lucha no termina con un fallo adverso y continuarán reclamando justicia en todas las instancias posibles.
El caso de la ex Petroquímica Bermúdez es considerado uno de los mayores pasivos ambientales de la región y su desenlace será clave para definir el futuro de la responsabilidad ambiental empresarial en el país.
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Condenan a Berisso y Ensenada por sus islas

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia intimó a las municipalidades de Ensenada y Berisso a instrumentar en 60 días la confección de un plan de manejo de las islas Santiago y Paulino. La medida, que también alcanzó al gobierno provincial, fue adoptada por la justicia del fuero contencioso administrativo de La Plata, tras una denuncia realizada por una Ong de la Región.
Según se pudo saber, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 condenó a los dos municipios y a la Provincia a cumplimentar con un plan de manejo para proteger la zona aludida.
La Ong Nuevo Ambiente, que presentó la denuncia, expresó su satisfacción con el fallo que viene a hacer cumplir la ley 12.756, luego de 23 años y muchos reclamos, protegiendo en mejor forma a todo el Monte Ribereño.
Cabe señalar que las Islas Santiago (Ensenada) y Paulino (Berisso) son áreas que se encuentran declaradas “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico“, mediante la Ley 12756.
“Sin embargo, a 23 años de sanción de la ley, y pese a los muchos reclamos realizados, el Plan de Manejo no existía, y por eso Nuevo Ambiente decidió pedir a la justicia que intervenga. La creación del área protegida tuvo como fundamento principal la preservación de la selva y monte ribereño poniendo un límite a la sustitución y desmonte producidos por la urbanización, y dada la importante biodiversidad que posee, estando en peligro por el desmanejo y avance de construcciones sin ningún tipo de criterio, ni respeto al ambiente natural y sin estudios serios sobre la capacidad de ocupación que puede soportar las Islas y sus posibles impactos negativos hacia el ambiente y la calidad de vida”, indicaron en la Ong, impulsora de la demanda.
¿Qué es un plan de manejo?: el Plan de manejo del área protegida implica la formalización de un documento técnico donde se establecen las acciones y normas para gestionar, mantener y proteger el lugar. En definitiva, de qué forma el accionar del hombre va a influir en la zona y cuales son los requisitos que deberían cumplirse en caso de una intervención. Por ejemplo, si se permite construir, en que zona, bajo que parámetros, explicaron en la Ong.
Marcelo Garófalo, titular de la Ong Nuevo Ambiente, dijo a este diario que “para el espacio el fallo es muy importante, pues no solo viene a exigir que se cumpla la ley, sino que se pone a la vanguardia de la conservación y preservación integral del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de la zona”.
Añadieron que “fallo de la doctora María Ventura Martínez, hace lugar a nuestro reclamo, remediando la situación y obligando a los municipios de Berisso, Ensenada y la Provincia a que en el plazo de 60 (sesenta) días desde su firmeza, instrumenten los mecanismos adecuados a fin de confeccionar y aprobar un Plan de Manejo de dicha área, el cual deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el art. 9 de decreto reglamentario n° 2314, a los fines de su protección y conservación y la armonización de las actividades desarrolladas por el hombre en el lugar para que, posteriormente, se proceda a verificar su cumplimiento, instancia que tiene un amplio abanico legal y administrativo (arts. 5, 9 y concs. de la ley 12.704; 5.3, 9 y concs. del DR 2.314/11; 28 y concs. de la Constitución Provincia de Buenos Aires, ley 11.723; ley 25.675; 41 y concs. de la Constitución Nacional).”
Garófalo afirmó que “sin lugar a dudas esta sentencia es un muy importante logro para la comunidad toda, pues alienta a defendiendo los derechos y la preservación de nuestro ambiente en general. También es un llamado a que los gobiernos municipales y la provincia tomen conciencia, del valor de respetar las legislaciones ambientales vigentes, y que deben no sólo arbitrar las medidas pertinentes para evitar la degradación, sino ser custodios de estos espacios de importancia biológica”.
Desde la Municipalidad de Berisso, su representante legal cuestionó a la Ong, pidió la intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y sostuvo que la Comuna ejerce el poder de policía de manera regular en la Isla Paulino. “Si bien no existe un plan de urbanización alguno, ni aprobación de desarrollo alguno, no existe movimiento de suelos o desmontes en la Isla Paulino”. También recordó que la ley 12.704 no fija un plazo para la confección del Plan de Manejo ambiental.
En tanto, la Municipalidad de Ensenada remarcó ante la justicia que “la isla Santiago está habitada hace más de 150 años por una comunidad arraigada en el lugar, con instituciones barriales. Los pobladores pidieron en 1999 a la Municipalidad de Ensenada la posesión y propiedad de las tierras” y tras numerosas instancias “los pobladores detentan regularizada su posesión”. Repasa también se construyó un camino de acceso pavimentado e iluminado, se incorporó un ramal de una línea de micros y prolongó la obra de red eléctrica de media y baja tensión”. Además, niegan que haya una edificación descontrolada, movimiento de suelos y desmonte y recordó en un desarrolló inmobiliario fue denunciado penalmente por las autoridades municipales.
En tanto, desde la Provincia afirman que la administración del “paisaje protegido” es de gestión municipal, salvo cuestiones específicas, niega los hechos afirmados en la demanda y desconoció la documentación acompañada, con excepción de aquella que tiene carácter de instrumento público.
A su vez, afirma la Provincia que las autoridades provinciales incumbentes brindarán el asesoramiento técnico necesario para elaborar los planes de protección y conservación, así como los de monitoreo y control.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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San Miguel de Tucumán: las faltas al ambiente serán controladas por una Fiscalía

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de San Miguel de Tucumán oficializó la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Ambiental capitalina. La jura del flamante funcionario a cargo, Roberto Chustek, abrió la agenda de la oficina que se encargará de velar por el cuidado del medio ambiente: con ella, el municipio trabajará en la detección de infracciones que serán denunciadas ante el Tribunal de Faltas para convertirse en multas a los ciudadanos o grupos transgresores.
“A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con daño ambiental o cualquier acción que ponga en peligro al ambiente, provocará que la Municipalidad entre en acción a través de sus distintos órganos para tomar las medidas y hacer las denuncias correspondientes en el caso jurisdiccional, de la Justicia local y de la federal; y en el caso administrativo serán presentados ante un juez de Faltas municipal, conforme lo marca la normativa”, explicó el fiscal tras jurar ante la intendenta, Rossana Chahla.
En este sentido, Chustek remarcó que la oficina no tiene fines recaudatorios, sino que es un órgano “de investigación que va a presentar las denuncias ante el juez que corresponda. Por lo tanto, la sanción en sí misma va a ser impuesta por un juez como lo establece el procedimiento”. Además de trabajar de oficio, la Fiscalía recibirá denuncias de ciudadanos a través de un número telefónico y un espacio en el sitio web de la Municipalidad que serán lanzados próximamente. A su vez, aportarán datos la Brigada Ambiental Municipal (BAM), el Centro de Monitoreo Ambiental (CMA), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las cámaras de seguridad instaladas en los camiones de recolección de residuos.
En lo concerniente a las sanciones establecidas por ley, se prevé que haya una actualización. “Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo Código Ambiental. Hoy, ante la inexistencia de un digesto ambiental en la ciudad, tenemos todas las faltas dispersas en distintas reglamentaciones y ordenanzas. Les falta claridad y un criterio uniforme; no puede ser que a veces un hecho de menor daño tenga mayor castigo que otro”, señaló el fiscal Ambiental. La propuesta de modificación, una vez terminada, será enviada al Concejo Deliberante para su análisis.

Multas no monetarias
Acerca de la medida, la intendenta capitalina manifestó: “es una figura nueva dentro del municipio y debe ser una de las más innovadoras dentro de la Provincia. Sirve para ayudarnos a cuidar y a cumplir con las pautas de cuidado de nuestro medio ambiente; sabemos el daño que le hacemos, y desde el primer día las políticas públicas tienen que ver con esto”. A su vez, Chahla anunció que se trabajará en nuevas ordenanzas ambientales. “De acuerdo a la falta que haya tenido (el ciudadano), será su sanción: no es lo mismo tirar un poco de basura que ser constante y reiterado. Cada una de esas multas que se labren van a tener un compromiso del vecino para resarcir al medio ambiente por su accionar”, planteó.
En la jura de Chustek estuvieron presentes miembros del Concejo Deliberante, como los oficialistas Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse, y el radical Leandro Argañaraz, que dirige la comisión encargada de controlar la emergencia ambiental que rige en el municipio. “Celebramos estas políticas públicas que se están implementando y que vayan surgiendo sus efectos: la imagen de la ciudad va cambiando. Venimos trabajando de manera coordinada con el Concejo y la Municipalidad porque creemos que de esta manera se va cerrando ese círculo que es necesario para que el medio ambiente realmente sea una política de estado”, compartió Carrillo Leito, que preside la comisión de Medio Ambiente del cuerpo parlamentario.
Por su parte, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, agregó: “nosotros tenemos que conseguir que realmente se adquieran los hábitos de la conducta ambiental y que el vecino no vuelva a cometer infracciones, por eso quizás las multas no sean monetarias sino, por ejemplo, prestar un servicio ambiental, plantar árboles o ir a los Eco Canjes. Este es un llamado al compromiso colectivo. Y si no, vamos a comenzar a aplicar sanciones más firmes, que para eso nos va a acompañar la Fiscalía Ambiental”.
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Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Si bien el documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”, las ONG denuncian que fomentaría la caza deportiva
Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.
Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.
El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.
Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.
Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.
Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto
El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.
El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).
Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.
Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.
A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.
Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.
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Patagonia: Tenía 81 aves en cautiverio y fue condenado a prisión

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Río Negro


Un hombre de Chichinales recibió prisión en suspenso. Tenía especies en peligro de extinción.
La justicia de Villa Regina condenó a un hombre de Chichinales a tres meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia ilegal de fauna silvestre, luego de que las autoridades rescataran 81 aves en cautiverio en dos allanamientos. La sentencia, dictada por el juez de garantías Gastón Pierroni, impone además reglas de conducta por dos años, bajo el riesgo de que la pena se haga efectiva en caso de incumplimiento.

Allanamientos y especies rescatadas
El primer operativo fue realizado en febrero de 2021, cuando agentes de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro encontraron 45 aves en jaulas dentro de la vivienda del condenado. Sin embargo, el hombre continuó con la actividad ilegal y, en noviembre de 2022, un segundo allanamiento permitió rescatar otras 36 aves.
Entre los ejemplares incautados había cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que fue declarada Monumento Natural de Río Negro en 2023.
Las aves fueron trasladadas al Centro de Cuarentena y Rehabilitación de la Fundación Guardafaunas, donde recibieron los cuidados necesarios antes de ser liberadas en su hábitat natural.
Además del daño ambiental, la captura y tenencia de fauna silvestre representa un riesgo sanitario, ya que las aves pueden transmitir enfermedades como psitacosis, tuberculosis y rabia, todas potencialmente mortales para los humanos.
Desde la Fundación Guardafaunas recordaron que cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos de forma anónima a través del número 2920612000 o mediante redes sociales.
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La represión a activista ambientales comienza a sentirse en Mendoza: “Es una oleada de terror”

Fecha de Publicación: 28/02/2025
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Mendoza


La Asamblea por el Agua de Uspallata denuncia una creciente represión contra los opositores a la minería, tras la detención de Mauricio Cornejo, referente local. Este hecho se suma a una serie de allanamientos masivos y amenazas a vecinos autoconvocados, que rechazan la instalación de proyectos mineros en la provincia.
El lunes, alrededor de las ocho de la mañana, la noticia cayó como un golpe sobre los habitantes de Uspallata, el pequeño pueblo cordillerano de Mendoza. Mauricio Cornejo, un reconocido activista y dueño de un comercio de productos regionales, fue detenido por la policía, desatando una ola de indignación entre los vecinos y las asambleas autoconvocadas en defensa del agua del país.
La detención se produjo un mes después de los incidentes ocurridos durante una manifestación en contra de la minera San Jorge, un proyecto rechazado por la comunidad hace más de una década.
Según los testimonios de los vecinos, Cornejo fue arrestado sin previo aviso mientras caminaba por las calles del pueblo, a pesar de haberse presentado voluntariamente ante la fiscalía en días anteriores, preocupado por las versiones de que existía una orden de captura en su contra. Esta situación se produce tras los incidentes violentos del 24 de enero, cuando un grupo de vecinos, en su mayoría autoconvocados, irrumpió en un evento relacionado con la minería, lo que desató un enfrentamiento con la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).

Un acto de valentía y el inicio de la represión
Silvia Iñiguez, maestra jubilada y miembro de la Asamblea por el Valle de Uspallata, relató que Cornejo no solo es un referente de la protesta, sino que el mismo 24 de enero, cuando la UOCRA agredió a un compañero, él intervino para evitar que la situación terminara en una tragedia.
“Cornejo salió con un matafuegos y comenzó a rociar a los agresores para que dejaran de golpear a un vecino. Si no se metía, lo mataban”, explicó Iñiguez, visiblemente angustiada por la represión que se está desatando en la región.
A pesar de que la violencia provenía de los sectores pro-mineros, la única persona detenida fue Cornejo. Mientras tanto, los miembros de la UOCRA, quienes agredieron a los manifestantes, no fueron citados por la justicia, lo que despertó la ira de los activistas.
“Esta detención es parte de una oleada de terror orquestada por el gobernador Alfredo Cornejo contra aquellos que defienden el agua y rechazan la megaminería”, denunció Silvia Iñiguez.

El temor a la criminalización de la protesta
El abogado ambientalista Marcelo Romano, en un video difundido por las asambleas, advirtió que la detención de Cornejo es un claro mensaje para los militantes y asambleas que luchan por el agua en Mendoza: "Hoy han detenido a un vecino autoconvocado que lo único que hizo fue defender a otro compañero de una patota que lo estaba golpeando. Comenzó la criminalización de la protesta”, dijo Romano.
Por su parte, Eugenia Segura, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, denunció que la detención de Cornejo no es un hecho aislado, sino parte de una serie de allanamientos masivos en la región. Según Segura, estos operativos buscan generar miedo entre la población y frenar la resistencia a la minería en la provincia, en un territorio donde la sociedad ya ha manifestado en diversas ocasiones que no hay “licencia social” para los proyectos mineros contaminantes.
La persecución a los defensores del medio ambiente se suma a una creciente lista de provincias que buscan judicializar a quienes se oponen a proyectos que carecen de licencia social, como ocurre en este caso. Otra clara manifestación de este intento por silenciar a las voces disidentes fue el episodio protagonizado por la policía, cuando la semana pasada se presentó en Radio La Mosquitera, con el objetivo de impedir la proyección de HAM, el documental que narra la lucha por el agua en Mendoza en 2019.
Investigación y cargos: un marco de persecución
La detención de Cornejo fue parte de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Juan Manuel Sánchez, especializado en delitos ambientales, que se llevaron a cabo en la localidad de Las Heras. Durante estos operativos, además de las detenciones, la policía confiscó teléfonos celulares que serán sometidos a análisis judicial. Los imputados enfrentan cargos por “agrupación para la coerción ideológica”, un delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que intenten imponer ideas a través de la violencia o el temor.
La fiscalía de Homicidios, que investiga los incidentes ocurridos el 24 de enero, ya ha calificado los hechos de violencia como graves. El fiscal Carlos Torres mencionó que el ataque contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, pudo haber sido premeditado. Además, se encontró un bidón con combustible en el lugar, aunque se descartó la presencia de bombas molotov.

Un conflicto que no cesa
El conflicto en Uspallata, que comenzó como una lucha contra la instalación de la minería, ahora ha escalado a un enfrentamiento entre los vecinos y el gobierno provincial, con el respaldo de las fuerzas de seguridad. La Cámara de Proveedores Mineros, que fue el epicentro de los incidentes de enero, exige que se haga justicia por los disturbios, mientras que las asambleas ambientales aseguran que la represión y la criminalización de la protesta es la respuesta del gobierno para callar a aquellos que defienden el agua y el medioambiente.
La lucha por el agua en Mendoza continúa, y los vecinos de Uspallata, junto con las asambleas autoconvocadas, han dejado claro que no se dejarán intimidar.
"Si tocan a uno, tocan a todos", fue el mensaje que resonó entre los activistas, quienes se preparan para continuar la resistencia en defensa del medioambiente y de sus derechos.
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Duro golpe a la mafia del desmonte, esta vez en Tres Isletas: de noche se paró la tala gracias a la Justicia

Fecha de Publicación: 27/02/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


“¡Paramos un desmonte y se secuestró la topadora en la provincia de Chaco!”, festejó el fin de semana la Asociación de Abogados Ambientalistas. Es que en Chaco, a pesar de haber una prohibición, se estaba llevando a cabo una tala enorme en un campo de Tres Isletas.
“A partir de la presentación judicial que hicimos en el momento donde denunciamos que se estaba violando la medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, en el día de ayer se realizó un operativo, ordenado por la Justicia Federal, en un predio en cercanías a la localidad de Tres Isletas”, especificaron los abogados.
Asimismo, denunciaron que “en el procedimiento, los operarios admitieron que ´estaban haciendo tareas de desmonte para Roberto Nardelli´ y se procedió -de manera inédita- al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking”. Asimismo, consignaron que “esta topadora es responsable de varios desmontes en los últimos año”.
“Además de haberse parado el desmonte, tendrá consecuencias judiciales por violar una medida judicial (desobediencia y daño). Esto demuestra que si estamos todos juntos, podemos convertirnos en guardianes/as del monte”, añadieron los abogados ambientalistas.
Se debe precisar que fue el Juzgado Federal  1 de Resistencia el que ordenó el allanamiento de un campo ubicado en la zona de Tres Isletas y el secuestro de una topadora que, en horas previas, habría violado la medida cautelar dictada a mediados de este mes por la que se prorrogó la suspensión de los desmontes por seis meses.
La medida fue ejecutada el pasado viernes 21 de febrero, en horas de la noche. La resolución fue dictada a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, luego de que un equipo de la Gendarmería Nacional informarse que, en el marco de las tareas de constatación del cumplimiento de la medida judicial, pudieron observar que se estaban realizando actividades de tala y desmonte en un campo cercano a la ciudad de Tres Isletas, perteneciente al empresario forestal Roberto Nardelli, expresidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco.
Al dictar la medida, el juez Ricardo Mihanovich, quién subroga el Juzgado Federal  1, consideró que “se encuentra justificado su otorgamiento, dado que existe en el caso una importante sospecha de un acontecer delictivo que reflejaría el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con respecto a la topadora, advirtió que “el bien en cuestión guardaría estrecha relación con las conductas que se pretenden dilucidar en la hipótesis delictiva investigada y que la medida resulta razonable, proporcional, necesaria e idónea”.
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Buscan prohibir el cambio de uso del suelo en áreas

Fecha de Publicación: 24/02/2025
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


Los diputados Darío Peralta y Darío Martínez presentaron un proyecto para prohibir el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios forestales. La medida, de 60 años, apunta a proteger los bosques nativos e implantados y prevenir su transformación en terrenos inmobiliarios o productivos.
Los diputados Darío Peralta y Darío Martínez, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los bosques nativos e implantados ante la amenaza de los incendios forestales. La propuesta, que ingresó oficialmente el 21 de febrero bajo el proyecto 17429, tiene como objetivo prohibir el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios, en línea con los principios establecidos en la ley nacional de manejo del fuego.
El proyecto propone una disposición específica en la Ley 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece una prohibición por 60 años para cambiar el uso del suelo en zonas que hayan sido afectadas por incendios forestales. Esta medida pretende disuadir el uso del fuego como herramienta para modificar el uso del suelo, particularmente para fines inmobiliarios o productivos.

Preocupación por el cambio climático y la preservación de los ecosistemas
Los legisladores destacan que los incendios forestales son una de las principales amenazas para el patrimonio natural del país. En el contexto de cambio climático, la preservación de los bosques es crucial no solo para la restauración de los ecosistemas, sino también para la mitigación de los efectos del cambio climático, como la regulación del ciclo hidrológico, la conservación de la biodiversidad y la protección del suelo.
En los fundamentos del proyecto, Peralta y Martínez subrayan que la prohibición busca garantizar las condiciones necesarias para la restauración natural de los ecosistemas afectados por los incendios y evitar que se utilice el fuego como una herramienta para la transformación territorial.
El proyecto se encuentra en sus primeras etapas y de ser aprobado, representaría un paso importante en la protección ambiental y la lucha contra la deforestación impulsada por actividades humanas, al mismo tiempo que protegería a las comunidades y los recursos naturales esenciales para la vida.
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Arroyo rojo en el conurbano: se conoció el resultado preliminar del análisis del agua que cambió de color

Fecha de Publicación: 22/02/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Las muestras se extrajeron el pasado 6 de febrero, cuando el curso de agua sorprendió a los vecinos por su coloración; hay una denuncia penal
Dos semanas después del repentino cambio de coloración del arroyo Sarandí, de Avellaneda, que en la mañana del 6 de febrero se tiñó de rojo por más de 20 horas, se conoció el resultado de un análisis preliminar de las muestras que se extrajeron con el fin de detectar los componentes existentes.
Además, según informó a LA NACION Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se realizó una denuncia ante la Unidad Funcional de Investigación N°1 de Avellaneda.
“El Ministerio de Ambiente de la Provincia realizó una caracterización mediante la técnica de Cromatografía gaseosa GC MS y cromatografía líquida HPLC MS/MS. Con el análisis cromatográfico, se pudo identificar 19 (diecinueve) matices de pigmento orgánico rojo (ACID RED) presentes en la muestra”, concluye el análisis preliminar.
Y precisa: “Esto permite caracterizar con mayor precisión el compuesto derramado, permitiendo circunscribir rubros industriales que utilicen el pigmento en sus procesos productivos: curtiembres, alimenticias, textiles, farmacéuticas. Desde el Ministerio de Ambiente junto con la Autoridad Del Agua y municipios de la Cuenca del Sarandí se están fiscalizando todos los establecimientos industriales que utilicen pigmentos ACID RED dentro de los matices identificados por el Laboratorio y que tengan vertido en la zona”.
Las muestras extraídas del arroyo están siendo evaluadas en el laboratorio de la Autoridad del Agua y en laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Buenos Aires con ciertas técnicas analíticas, a fin de determinar el compuesto que dio la particular coloración rojiza al agua. “Los primeros análisis descartan en principio la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas y de bacterias”, concluye el informe de preliminar del Ministerio de Ambiente, en un trabajo articulado junto a la Autoridad del Agua y la Municipalidad de Avellaneda.

Cambio sorpresivo
Durante la mañana del 6 de febrero de 2025 el organismo oficial intervino ante un aviso de modificación de la coloración del Arroyo Sarandí. Ante la denuncia el Ministerio de Ambiente y del Departamento de Inspección de la Autoridad del Agua, tomaron muestras en la cuenca del curso de agua. Se recorrió la traza del arroyo Sarandí desde el entubamiento hacia aguas abajo en dirección al Río de La Plata. “Allí se pudo observar el cuerpo de agua con una coloración rojiza y se extrajeron muestras a fin de detectar los componentes existentes”, es todo lo que se informó al momento de manera oficial.
Sin respuesta administrativa y ante el lento avance judicial, los ánimos de los habitantes de Villa Inflamable siguen alterados. En la provincia de Buenos Aires no hay fiscalía de delitos ambientales. Y según el testimonio de los vecinos, no es la primera vez que el arroyo cambia de color: ya estuvo azul, amarillo, gris.
Es que muy cerca de allí funcionan destilerías, curtiembres, textiles, industrias farmacéuticas y alimenticias que, según denuncian los habitantes de la zona, realizan vertidos ilegales.
La falta de respuesta no es la excepción: pese a que el informe preliminar apuntaba a la presencia de anilina no hay por el momento responsables ante la justicia. Y el hedor cada vez que se derraman vertidos es irrespirable.

Las quejas de los vecinos
“Soy vecina de toda la vida de acá. Hoy tenemos así, el agua roja. Ha estado gris, ha estado verde, ha estado color medio violeta, azulada, cuando está podrida el agua, con grasa. También, bien marrón, de todo tipo aceite parece arriba. Yo he hablado hace un rato con la gente del municipio y me decían que creen que es más arriba”, dijo María Ducomls, de 52 años.
Y luego apuntó contra el funcionamiento de una empresa de tratamiento de residuos especiales y peligrosos. “Vino en el año 93. Está denunciada hace años, está dentro de la causa Mendoza también por el mismo tema de la contaminación [la impulsada por vecinos para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo]. Yo veo el camión cisterna que viene a la empresa y pasa esto cada vez que el camión viene a la empresa. Capaz que puede ser de más allá, pero el camión ¿dónde lleva estos líquidos a tratar a veces en menos de una hora, a veces un poquito más? ¿Quién controla?”, expresó.
También cuestionó la actuación de las autoridades: “Los organismos vienen y dicen que no encontraron nada, que está todo bien, y no pasa nada”.
En la zona, además del color rojo del agua, llama la atención el olor nauseabundo –como a basura– procedente del arroyo con cada cambio de coloración. Por momentos es más tenue y, luego, se acentúa. Según Ducomls, este olor se registra todos los días, porque la empresa de tratamiento no puede desechar los residuos y los mantiene en bidones a la intemperie hasta que llega el camión cisterna a retirarlos.
Claudia, otra vecina de la zona, coincidió en que el cambio de color del agua del canal Sarandí es un hecho reiterado. “No es la primera vez que vemos esto. Somos los olvidados”, afirmó.
En tanto hoy la oposición elevó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo, a cargo de Axel Kicillof. “[Que se] consigne las medidas preventivas implementadas para evitar vertidos industriales en el Arroyo Sarandí; se exprese si se ha brindado asistencia a los vecinos afectados por la contaminación del arroyo; consigne las campañas de concientización ambiental realizadas en la comunidad de Avellaneda e informe si se han establecido monitoreos continuos de la calidad del agua en el Arroyo Sarandí”, se detalla en el escrito de Romina Braga (Coalición Cívica).
En el pedido de informes se le reclamó además al ministerio de Ambiente y la Autoridad de Agua que exprese “si se han evaluado los impactos de salud pública derivados de la contaminación del arroyo”.
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ONGs denuncian un proyecto del Gobierno que busca desproteger la fauna silvestre autóctona

Fecha de Publicación: 20/02/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Nacional


Más de 60 ONGs rechazan un proyecto del Gobierno para desproteger a la fauna argentina.
Pumakawa es una ONG dedicada a la flora y la fauna autóctona, que filtró un documento que el Gobierno estaría a punto de oficializar y se trata de la derogación de 8 resoluciones que protegen a la fauna argentina.
De acuerdo a las más de 60 ONGs pertenecientes a la coalición Observatorio de lo Silvestre que manifestaron su rechazo, el proyecto habría sido presentado el 20 de enero por la Dirección Nacional de Recursos Naturales.
El documento aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, sin embargo, de acuerdo a est ONG,”al no necesitar el aval del Congreso, solo requeriría que Asuntos Legales lo apruebe y recién ahí sería publicado cuando ya está aprobada y nada se puede hacer”, sostuvieron.

¿Qué busca el proyecto?
De acuerdo a Pumakawa, este proyecto derogaría resoluciones que protegen especies autóctonas:
- 133: prohibe el tránsito de trofeos de caza
- 208: regula la caza deportiva a través del Registro Nacional de Cazadores Deportivos
- 24 y 63: prohíben la exportación y el comercio interno de animales vivos
- 793 y 53: prohíben la exportación, el tráfico interprovincial y la importación de productos de dichos animales
- 460: preserva la flora nativa con el Programa Nacional de Gestión de la Flora
- 351: prohíbe cazar especies marinas amenazadas, autóctonas, en épocas de cría y en áreas protegidas
- 437: Establece los requisitos para exportar trofeos de caza
Desde las ONGs buscan ejercer presión social para el proyecto no se oficialice.
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La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Chaco


La Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco. Esto implica acciones concretas de fiscalización, por lo que la Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024. Por RedEcoAlternativo
Esta medida fue lograda a partir de la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y representa – en palabras de la Asociación – “un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte”.
“La jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales”, afirman desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, advierten.
Para la Asociación, la prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco “es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”: “La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo”, finalizan.
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Avalan el agravamiento de los cargos por contaminación en el predio de Comarsa

Fecha de Publicación: 15/02/2025
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías Gustavo Ravizzoli aceptó la reformulación de cargos realizada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y, de ese modo, avaló el agravamiento de la acusación por contaminación y administración fraudulenta contra dos ejecutivos y un empleado de la empresa Comarsa.
El magistrado también hizo lugar a otros planteos del titular de la fiscalía de Delitos Ambientales para mantener embargos por U$D 7 millones y para extender por seis meses el plazo de investigación.
La resolución se confirmó hoy, 48 horas después de que la fiscalía realizara los planteos durante una audiencia de reformulación de cargos.
Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Durante la audiencia en la que se reformularon los cargos, Breide Obeid  explicó que el avance de la investigación permitió sumar hechos a la acusación inicial por contaminación peligrosa en perjuicio de la Salud Pública contra los imputados, por el vertido sobre el suelo de residuos petroleros sin tratamiento. El fiscal jefe aclaró que, si bien no se modificaba la figura legal, los cambios en los hechos atribuidos tienen que ver con que se pudo constatar que la empresa avanzó por fuera del predio que tenía habilitado utilizar.
La acusación es por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal). La segunda parte de la acusación tiene que ver con haber simulado ganancias para distribuir dividendos y obtener ventajas patrimoniales, y en este caso también hubo cambios: se modificaron los niveles de participación, con J.M.L como autor y los dos imputados restantes como partícipes necesarios.
Todos los planteos realizados por la fiscalía y avalados por el juez tuvieron el acompañamiento de las querellas particulares, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.
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