Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Fuerte polémica por la baja de una resolución ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Marcelo Rucci salió al cruce porque ya no se obligará a las petroleras al uso de las mantas oleofílicas para absorber derrames en los pozos.
La decisión de la secretaría de Ambiente de Neuquén, a cargo de Leticia Esteves, que elimina la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas para contener derrames en los pozos petroleros, desató una polémica en el corazón de la industria de Vaca Muerta.
Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, calificó la medida como un retroceso y advirtió sobre las consecuencias ambientales y laborales que podría acarrear esta decisión.
Rucci, en diálogo con radio Capital, dijo que habló personalmente con el gobernador Rolando Figuroa para manifestarle su preocupación por la decisión que tomó la funcionaria provincial. Y que le dejó en claro que “en Vaca Muerta no vale todo”.
Según el sindicalista, la conversación con el mandatario provincial se centró en la posibilidad de revertir la resolución, a la que el sindicalista calificó como un error que habilita prácticas obsoletas que atentan contra el medio ambiente y la seguridad en los yacimientos.

Marcelo Rucci: "Retrocedemos a viejas prácticas"
Se trata de la Resolución 159/24, publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 5 de noviembre, que derogó normas vigentes desde 2014 que establecían el uso obligatorio de mantas oleofílicas orgánicas, absorbentes y no inflamables en tareas de exploración, explotación, perforación y servicios de apoyo a pozos.
El sistema fue creado para contener derrames y evitar la contaminación del suelo, había sido promovido como un estándar ambiental clave en la región, pero con el mercado de tres o cuatro emperras que ofrecían ese servicio.
Rucci no dudó en señalar que esta decisión “nos hace retroceder a viejas prácticas”, y se refirió a que, en el pasado, las empresas contenían esos derrames con bandejas colectoras y otros métodos que, según él, ya demostraron ser ineficientes y perjudiciales. “Si hay algo mejor que las mantas para absorber los derrames, no lo conocemos”, afirmó Rucci.
El sindicalista subrayó que la medida no solo pone en riesgo al medio ambiente, sino también el empleo de más de 500 trabajadores vinculados a la industria. También cuestionó las motivaciones detrás de la resolución. “Las petroleras buscan ahorrar y beneficiarse lo más que puedan, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente ni de los puestos de trabajo”, sentenció.
“Son de las industrias que más beneficios han tenido en los últimos años, pero no podemos permitir que la presión empresarial nos haga volver atrás”, indicó. Uno de los puntos más destacados por Rucci fue la afectación directa a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del servicio de mantas oleofílicas.

Tres empresas prestan servicios
En la Cuenca Neuquina, tres firmas dominaban este mercado: AESA (subsidiaria de YPF), Environmental Services y Real Work. La primera, al ser proveedora de la petrolera estatal, lideraba en volumen, mientras que las otras dos compartían el resto de la demanda.
El cambio normativo deja a estas empresas en una posición incierta, especialmente en el caso de Real Work, que según fuentes de la industria mantenía vínculos históricos son el sindicato petrolero.
La insistencia en el cambio de la normativa ambiental no es nueva en la agenda de las grandes operadoras. Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) venían presionando para eliminar la obligatoriedad de las mantas oleofílicas. Argumentaban que el sistema “restaba competitividad” y proponían reemplazarlo por soluciones técnicas superadoras.
Rucci sostuvo que esta decisión “no favorece a nadie” y marca un retroceso en un momento crítico para la explotación hidrocarburífera. “La presión empresarial no puede estar por encima de la seguridad ni del medio ambiente. Creo que hay límites y es la seguridad y eso nos corresponde en gran parte a nosotros y el medio ambiente, pero mucho más al gobierno provincial”, aseguró y afirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Figueroa, a quien le planteó su preocupación por el impacto de la medida.

¿Darán marcha atrás?
“Fue un error. Lo importante es que se está evaluando y se revisa la situación”, expresó el gremialista. Según el sindicalista, el gobernador mostró apertura para analizar el tema, aunque aún no hay confirmación de un posible retroceso en la norma.
“No se puede permitir que el desarrollo de Vaca Muerta pase por encima del medio ambiente y de los trabajadores”, sostuvo. Además, reiteró que la seguridad es una prioridad que no puede estar en discusión.
La derogación de las resoluciones 506/14, 982/14 y 561/15 no solo afecta a los trabajadores y proveedores, sino que no obliga a las operadoras a contratar este servicio, que se dio de alta cuando comenzó el boom de Vaca Muerta.
La pelota está en la cancha del gobierno provincial, que deberá definir si rectifica su camino o enfrenta las consecuencias de una resolución que generó una fuerte fricción con el sindicato petrolero.
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Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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Chubut ampliará el Área Protegida Punta Tombo y creará una Fiscalía Ambiental

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut


También se endurecerán las penas para delitos que atenten contra la fauna de la provincia, y se pondrá en funcionamiento un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, entre una serie de acciones presentadas por el titular del Ejecutivo provincial, enmarcadas en las políticas de Estado para la protección y conservación de la naturaleza en Chubut.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó este viernes una serie de importantes medidas enfocadas en la protección y conservación de la fauna provincial, entre ellas la ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos cometidos dentro de áreas protegidas, y todos aquellos que afecten la fauna nativa. Los proyectos de ley en cuestión serán enviados por el Gobierno Provincial a la Legislatura, donde serán tratados en las distintas comisiones para luego tomar estado parlamentario y ser tratados en el recinto.
El anuncio fue realizado por el titular del Ejecutivo chubutense junto a la reconocida artista y conductora de televisión, Susana Giménez, desde las instalaciones del nuevo Museo Egidio Feruglio de
Trelew, con el acompañamiento del ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.
Durante la presentación, Torres destacó la presencia de Susana Giménez, quien destacó "la cultura y la naturaleza de la provincia", mientras que el mandatario llamó a "concientizar y que llegue a todos lados la necesidad de cuidar nuestra fauna, algo que las generaciones más chicas lo tienen muy a flor de piel".
En otro pasaje de su discurso, el Gobernador hizo referencia a la reciente condena de un empresario por el delito de ecocidio en el Área Natural Protegida Punta Tombo: "Lamentablemente, durante mucho tiempo se creía que no era un tema importante, pero hay que destacar el trabajo que la gestión ha realizado para ponerle un punto final a este tipo de situaciones, por eso vamos a crear una Fiscalía Ambiental".
"Si uno pasa por encima de un nido, si mata a un ave que está protegida por la Unesco, eso es un delito acá y en cualquier país, y por suerte hubo una condena ejemplificadora", remarcó.
"Vamos a ampliar el Área Natural Protegida Punta Tombo y también presentaremos un proyecto de ley que endurezca las penas", sostuvo Torres en relación al proyecto presentado por la senadora nacional Edith Terenzi para la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal "para que, de una vez por todas, cada vez que ocurra un hecho de estas características, los responsables cumplan con la condena que deben cumplir ante la Justicia; hoy hay una condena ejemplificadora pero hay que dar un paso más, sentando las bases normativas para que esto no vuelva a pasar en Chubut, como así tampoco en ningún lugar de la Argentina", consignó.
Cabe destacar, asimismo, que uno de los proyectos de ley que será elevado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura establece el incremento de las multas pecuniarias a los delitos de maltrato y crueldad animal.
A su vez, el titular del Ejecutivo provincial resaltó el acompañamiento "de organizaciones que financian estos proyectos, además de que se armará un Comité de Gestión, esto es, una mesa de trabajo, para garantizar la infraestructura necesaria, porque hace algunos años las áreas protegidas eran un desastre, y hoy las estamos poniendo en un lugar necesario para poder cuidar a toda la fauna, pero por sobre todo, para concientizar respecto de la importancia de cuidar lo nuestro, que es parte de la identidad de todos los chubutenses".
La ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, explicó el Gobernador, "deberá ser aprobada por ley luego de que elevemos el proyecto a la Legislatura, y ya hay distintas organizaciones no gubernamentales que, de aprobarse, están dispuestas a acompañar a la provincia para garantizar la estructura básica" y puso en valor que la gobernanza sobre el sector "incluirá también a científicos y organizaciones destinadas a la conservación".
Por su parte, Susana Giménez se solidarizó con los chubutenses por los hechos ocurridos en la reserva natural, y destacó que "hay una conciencia que la gente está tomando, y lo cierto es que un animal no solo es simpático, sino también inofensivo, por lo que me parecen muy bien las medidas que se van a tomar".
"En Chubut se pueden hacer muchas cosas durante todo el año", destacó la estrella televisiva en relación a las virtudes naturales de la provincia. Además, puso en relieve las nuevas instalaciones del Museo Egidio Feruglio, detallando que "acá se aprende un montón, sabíamos que el lugar era impresionante y ahora lo comprobamos, por lo que hay que felicitar al Gobernador y al equipo del MEF".

Nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara
El Área Natural Protegida Punta Tombo fue creada en 1983, con un total de 210 hectáreas terrestres y en ella habita la mayor colonia de pingüinos de Magallanes. Cada año llegan aproximadamente 140 mil parejas de la especie a sus costas. Asimismo, en diciembre de 2015 se creó el Área Marina Protegida Punta Tombo, sumando el ambiente costero y marino al área protegida terrestre y formando también parte de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Actualmente, el Área Natural Protegida Punta Tombo incorporará 1.014 hectáreas terrestres más, sumando así a toda la región de Punta Clara, de forma tal que su zona de influencia abarcaría un total de 180 mil parejas de pingüinos de Magallanes. La nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara albergará, asimismo, lobos y elefantes marinos, colonias de aves marinas y costeras, y hábitat de innumerables especies terrestres, transformando el sitio en un enclave de relevancia mundial.
Esta ampliación también implicará una importante inversión en infraestructura y equipamiento para mejorar el control y el monitoreo del área, a los fines de garantizar la protección de la fauna marina que allí habita.

Fiscalía Ambiental y Comité de Gestión
Dichas acciones forman parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno del Chubut en lo referido al manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de las especies, destacándose asimismo la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos que se cometan dentro de dichos sectores protegidos, como así también cualquier delito que afecte a la fauna nativa de la provincia.
Se suma a dichas políticas de Estado, la creación de un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, continuando con el fortalecimiento de las políticas de protección y conservación de la naturaleza en la provincia del Chubut.

Protección de Fauna Marino Costera
Otro de los proyectos de ley que será elevado en los próximos días por el Ejecutivo chubutense a la Legislatura, es el de "Protección de Fauna Marino Costera" y que establece una serie de restricciones al acercamiento y a actividades que impacten negativamente en la fauna marina en las costas y mares provinciales.
La iniciativa parlamentaria prevé "proteger y conservar la fauna marina silvestre" y "garantizar la preservación de las especies y su entorno, permitiendo únicamente interacciones con autorización específica y regulada por el Poder Ejecutivo".
Además, establece la declaración de Interés Público de la conservación de la fauna marina, considerada "un recurso natural a cargo del Estado Provincial".
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Contaminación ambiental: empresarios azucareros deberán pagar 80 millones de pesos por arrojar residuos peligrosos al agua

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán


En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la justicia federal de Tucumán determinó que los directivos de la firma “Azucarera J.M. Terán SA”, que explota el ingenio “Santa Bárbara”, deberán abonar una indemnización de 80 millones de pesos por provocar daños ambientales con sus actividades industriales. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras homologar la propuesta presentada por los fiscales Pablo Camuña y Daniel Weisemberg.
Los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, máximos responsables de la empresa azucarera, enfrentaban cargos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce y violar, de ese modo, el régimen penal de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051, que reprime a todo aquel que, utilizando determinados desechos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general”.
Dicha normativa también aclara que cuando esas conductas “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El proceso contó con la intervención de la jueza subrogante Carina Frías del Tribunal de Santiago del Estero, quien a través de su homologación validó la postura acusatoria respecto al acuerdo como una herramienta legal idónea para reparar los perjuicios ocasionados en la comunidad de Santa Bárbara, situada a 100 km al sur de San Miguel de Tucumán.
Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el dinero será abonado en cuatro cuotas semestrales ajustadas por inflación y se destinará a obras que mejoren la calidad de vida en las zonas afectadas por la contaminación residual, derivada de una operatoria industrial sin los controles y certificaciones ambientales correspondientes.
Si bien los empresarios fueron eximidos de realizar labores comunitarias en virtud de su avanzada edad, deberán implementar una reconversión estructural en sus plantas para adecuarlas a las normativas vigentes. En esa línea, los empresarios dejaron asentado su compromiso para llevar adelante auditorías periódicas dentro del ingenio para lograr procesos productivos más limpios y sostenibles en el tiempo. El propósito, según informó el MPF, tiene como norte reducir la posibilidad de futuros impactos ambientales en la región.
El expediente tuvo su origen en 2006 por medio del impulso fiscal de Gustavo Gómez, que recibió información de la Dirección de Medio Ambiente respecto a posibles daños ambientales producidos por afluentes líquidos arrojados por la compañía azucarera en el río Chica, que sale al río Salí y desemboca luego en la cuenca del Dique Frontal. Si bien en primera instancia los empresarios resultaron sobreseídos, las actuaciones llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, desde donde se dispuso el dictado de una nueva resolución.
La contaminación fue corroborada por diferentes informes y estudios especializados que dieron cuenta de la alteración nociva en el agua. Con ese sustento fáctico, Camuña y Weisemberg promovieron el acuerdo con los imputados para resarcir el daño colectivo. Los hermanos Colombres, por otro lado, firmaron distintos convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para recomponer los pasivos ambientales de la zona y contar con un auditor que controle la producción limpia.
Un caso similar sucedió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial homologó dos condenas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron condenados por haber cometido delitos de contaminación ambiental en la localidad tucumana de Concepción y por afectar la salud de su población durante un periodo que abarca desde 2006 hasta 2017.
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Senadores reciben aporte de especialistas en salud, en el estudio del proyecto sobre fitosanitarios

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: Portal Cuestión Entrerriana
Provincia/Región: Entre Ríos


Los profesionales especialistas en toxicología y cáncer dieron su aporte ante los legisladores que forman parte de tres comisiones del Senado: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Producción. Los legisladores pretenden reunir la mayor cantidad de información sobre la temática en el marco del estudio del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.

Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, gozar de un ambiente sano y equilibrado y favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La reunión fue encabezada por los senadores Hernán Méndez (presidente de la comisión de Salud Pública y Drogadicción), Gloria Cozzi (presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Casiano Otaegui (presidente de la comisión de Producción).

Aportes de los especialistas
En primer lugar, mediante teleconferencia, hizo su exposición la Dra. Cecilia Tavella, del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Rosario. La profesional mencionó que un proyecto de estas características “provoca sensibilidad social y debate”, por lo que “necesita de interdisciplina y trabajo en equipo”. Tavella puso como eje de la discusión a la salud como un derecho, atendiendo la preocupación de las personas expuestas a los agroquímicos en el agua, el polvo ambiental y los alimentos.
Tavella hizo hincapié en el acuerdo sobre el uso seguro de los productos, que deben tener buenos usos y prácticas. Además, habló sobre la venta de los productos, la capacitación, los elementos de protección personal en la manipulación, y la receta agronómica. Aseguró que la falta de estadísticas sobre los afectados está vinculada principalmente a malas prácticas en el uso de estos productos y sugirió incorporar un representante de salud en el Consejo Asesor Fitosanitario que se crearía con la sanción del proyecto de ley.

Impacto de los agroquímicos
Los senadores Méndez, Oliva y Benedetti realizaron consultas sobre los efectos de los agroquímicos, a lo que Tavella respondió que un 90% de las afectaciones se deben al mal uso o a la falta de protección personal. Además, explicó que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres gestantes, y destacó que la mayoría de las consultas que reciben se relacionan con problemas respiratorios y dermatológicos.
A continuación, Dr. Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer, abordó el tema del cáncer y su relación con las exposiciones a fitosanitarios. El médico subrayó que es difícil generar evidencia de causas debido a la complejidad de evaluar causas directas, y resaltó la falta de estadísticas en la materia. No obstante, señaló que a nivel nacional y regional ha habido una tendencia decreciente en los casos de cáncer.

El proyecto de ley
El proyecto de ley establece la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se detallan pautas para los registros de usuarios de fitosanitarios, importadores, elaboradores, formuladores, expendedores, asesores, aplicadores, y operarios. También se establece la obligación de emitir una receta agronómica digital, y se regulan las zonas de exclusión, la protección de escuelas rurales y la salud en relación con la aplicación de fitosanitarios.

Presencias
Estuvieron presentes en la reunión los senadores Nancy Miranda (Federal), Ramiro Favre (Colón), Claudia Silva (Paraná), Gustavo Vergara (Diamante), Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gladys Domínguez (Feliciano), Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador) y Juan Conti (Tala).
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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El gobierno impulsa endurecer las sanciones contra desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


El gobierno envió a la legislatura un proyecto de Ley con el objeto de adoptar medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal que incluyan, tanto la agravación de las penas como la implementación de mecanismos de control más eficientes.
Así lo informaron ayer el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción, Víctor Zimmermann. "Durante toda esta gestión no hubo autorización de cambio de uso de suelo ni permiso para desmonte de ninguna hectárea.
Estamos combatiendo el desmonte ilegal y en ese marco promovemos el agravamiento de multas y un control más fuerte", apuntó Gutiérrez e informó que la propuesta contempla penas mucho más duras que las actuales para quienes violen el régimen forestal.
Zimmermann destacó también el compromiso del gobernador Zdero y de la actual gestión con el cuidado del ambiente y preservación de bosques. "Se trata fundamentalmente de evitar los desmontes ilegales, esto se suma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que impulsamos oportunamente", destacó.
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Punta Tombo: "Un hito para la justicia ambiental"

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Chubut


Un tribunal declaró culpable al empresario Ricardo La Regina por "daño agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal". Las repercusiones.
El juicio oral y público contra el productor había comenzado el pasado 28 de octubre y las imágenes que se habían difundido de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron tal conmoción en la ciudadanía que el caso llegó a tener repercusión internacional.
“Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino que era un crimen contra la naturaleza”, indicó Micheloud al salir del tribunal.
Además, el abogado agregó: “Es un fallo que genera un gran precedente y un punto de inflexión a la impunidad. La historia de Argentina es la historia de la impunidad ambiental donde los grandes poderosos siempre han evadido las condenas y el veredicto histórico de hoy nos permite pensar que empieza una nueva página en nuestro país para consolidar la justicia ecológica”.
De acuerdo a la investigación corroborada en el juicio, entre agosto y diciembre del 2021, La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización y decidió instalar un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo. En medio de su aventura especulativa para delimitar las fronteras de su campo, no tuvo en consideración que el mismo limitaba con una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, área protegida donde habitaba la especie hace décadas. Así es como avanzó sobre 175 nidos, provocando la muerte de más de un centenar de pingüinos y huevos, el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie.
El productor siguió en forma virtual la lectura del veredicto del tribunal, aunque contó con la presencia de un abogado defensor en la sala. Allí, el tribunal halló culpable a La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medioambiente, la biodidiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido. Ahora, queda pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena, que se conocerá el lunes 11 de noviembre.
“Este caso es un hito para la justicia ambiental, constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas ambientales y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”, dijo a Página 12 Matias Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, biólogo y experto en conservación de biodiversidad.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y personal de la Fiscalía de Rawson, y se sumaron como querellantes el Estado provincial, Greenpeace, la fundación Patagonia Natural, National Geographic, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, con el objetivo de que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, Gómez y los querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”. “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, indicó.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad", consignó Gomez, y añadió que el caso marcara "un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde".
Al conocer el veredicto, Arrigazzi afirmó: “El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita. En el alegato de cierre, la defensa dijo que ellos no creían que se hubiera hecho un daño, pero de haberse provocado fue en propiedad privada. Bueno, los jueces acaban de decir que no, que un pingüino no es propiedad privada, que un nido no es propiedad privada y que la vegetación desmontada para abrir un camino, tampoco lo es”.
La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Esta se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, a 110 km de la ciudad de Rawson. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo sufrió los impactos de la actividad humana en tierra, sino que además está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Además de la llamada “masacre de los pingüinos", el biólogo advirtió que un punto clave del veredicto fue que se demostró no solo el daño a los pingüinos, sino que a un ecosistema entero. “Hablamos del pingüino porque fue la especie más afectada y llama la atención porque es un animal súper carismático, pero una acción tan grave como esta rompe el equilibrio de un ecosistema completo y tiene consecuencias mucho más complejas”, explicó Arrigazzi y ejemplificó: “El desmonte de una zona árida hace que sea muy difícil recuperar las capacidades del suelo, que sin vegetación no absorben el agua y pueden generar inundaciones en las áreas colindantes”.
Para Micheloud, este es un fallo que trasciende a la provincia de Chubut y tiene impacto en todo el país y la región. El abogado ambientalista afirmó: “Seguiremos la causa si hay instancias posteriores y defenderemos esta valiosísima sentencia. Nuestro objetivo es continuar con la lucha socioambiental, poniéndole voces a los que no tienen, cómo a los animales no humanos que son verdaderos sujetos de derechos, y defendiendo los bienes comunes, a las comunidades y a sus territorios”.
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La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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La Justicia complica el saneamiento de los ríos más importantes de la Provincia

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Dos decisiones diferentes en dos causas diferentes ponen en jaque las tareas de saneamiento de dos ríos fundamentales.
El Poder Judicial parece haber puesto en jaque las tareas de saneamiento de los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se trata del Reconquista y del Matanza-Riachuelo.
Sentencias, renuncias y cierre de causas: ¿Qué está pasando?
Este miércoles, a través del Decreto 2459/2024, Axel Kicillof le aceptó la renuncia a Martín Sabbatella en el cargo de presidente del directorio del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). El ya exfuncionario le había presentado la dimisión con una carta en la que le explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año en una causa que data del 2015.
Sabbatella había llegado al COMIREC tras presidir la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre 2020 y 2023. Este organismo fue creado en 2006 luego de que el máximo tribunal instara a las autoridades a sanear el río que nace en Cañuelas y desemboca en el Río de La Plata.
Hoy en día, reina la incertidumbre también en ese organismo. Como ya contó INFOCIELO, la Corte Suprema cerró la Causa Mendoza y decidió dejar de supervisar las tareas de saneamiento lideradas por la ACUMAR desde 2010.
Tras este fallo, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, compartió un documento expresando su preocupación. En concreto, advirtió que la Corte "no deja en claro los procedimientos para continuar con lo empezado e impedir la regresión de los logros".
Lo cierto es que ahora el Poder Ejecutivo estará a cargo de los trabajos en cuestión. Sin embargo, Vilar recordó que el actual presidente Javier Milei "expresa públicamente que las empresas pueden contaminar un río ya que sobra el agua".

El nuevo presidente del COMIREC
A pesar de las sentencias adversas, el gobierno bonaerense quiere dar vuelta la página rápidamente para que el organismo a cargo del Río Reconquista siga funcionando. Así es que en paralelo a la renuncia obligada de Sabbatella salieron los reemplazos.
De acuerdo al Decreto 2641 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el nuevo presidente del directorio es Daniel Larrache, un hombre muy cercano a su antecesor que lo acompañó también durante sus años en el ACUMAR.
Larrache ya era parta del directorio en representación del Ministerio de Gobierno bonaerense. Ahora, esa silla será ocupada por María José Parra.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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