Reglamentaron el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Salta
Provincia/Región: Página 12


El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, aclaró que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) podrá ser autorizado en las áreas amarillas.
La reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), enmarcado en la Ley 8483, fue oficializada este miércoles al ser publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 00509 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de José Alejandro Aldazábal.
Pese a estar en amarillo o mediano valor de conservación, hay 5.539.750 hectáreas en esa zona que podrán ser explotadas bajo el sistema silvopastoril o de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), “sistemas productivos que pueden realizarse en zonas amarillas estrictas”, indica el informe final presentado por el equipo técnico a cargo del Proceso de Revisión de OTBN. Con la resolución también queda en firme la posibilidad de presentar proyectos productivos para 721.568 hectáreas en el área verde o de bajo valor de conservación. 
“Esto le va a permitir a la provincia empezar a activar aquellos proyectos que estaban parados o aquellos campos que podían presentar algún proyecto y aun no lo estaban haciendo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Salteña (SRS), Alfredo Figueroa.
El empresario indicó que ven con buenos ojos el camino a seguir y ahora queda por ver si la herramienta del manejo silvopastoril o MBGI resulta como lo indica la teoría. “Queremos que estas herramientas como la ganadería, logren el desarrollo sustentable al interior de la provincia”, afirmó y agregó la necesidad de generar trabajo en el sector.
La posibilidad de añadir el manejo de bosques con ganadería integrada a los montes salteños es coincidente con el llamamiento del gobernador Gustavo Sáenz quien convocó a “llenar la provincia de vacas” en su discurso en la Sociedad Rural Salteña.
El desarrollo del sistema silvopastoril sobre estas zonas implica quitar arbustos y limpiar el terreno para que el ganado pueda andar por el monte, sin voltear los árboles como sucede con el desmonte.
Esta presunta solución productiva sobre las áreas amarillas, donde no se indicó un límite de hectáreas para la cría de ganado mediante el sistema silvopastoril genera preocupación porque se teme que no haya un adecuado monitoreo sobre los proyectos.
Un ejemplo es lo que sucedió con las llamadas “cortinas forestales” que separaban los desmontes, y que en los papeles iban a formar el 40 por ciento de las reservas de vegetación que debían dejar las deforestaciones. Con el tiempo, esas áreas de reservas desaparecieron.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó que el manejo silvopastoril “violaría la Ley Nacional de Bosques Nativos porque en zona amarilla no se puede desmontar”.
“El MBGI permite desmontar 10 por ciento del campo para pasturas”, recordó. Añadió que “el desarbustado, si es intensivo, puede ser considerado un desmonte. En la teoría es una cosa. En la práctica se ve que dejan algunos árboles en pie, y el resto pasturas, eso no es un bosque, es una plaza”.
En el mismo sentido recordó que en provincias como Santiago del Estero o el Chaco, en donde hace años se instrumenta el manejo de bosques con ganadería, aunque el supuesto intento fue dejar más vegetación en pie, “lo marcamos como área deforestada porque de hecho desde la misma imagen satelital se nota que no queda ningún bosque. El bosque es mucho más que árboles”, añadió.

Dos audiencias el mismo día
Ayer se publicaron en el Boletín Oficial dos convocatorias a audiencias públicas referidas a la gestión de bosques, ambas en superficies ubicadas en la jurisdicción del departamento Anta.
La primera solicita el “cambio de uso de suelo con fines de agroganadeería en una superficie de 1.798.10 hectáreas netas a habilitar” con un poco más de 1.206 hectáreas “de protección y reserva”. El pedido de desmonte en la Finca San Javier es de “Julio Argentino San Millán (representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño), Marcelo Tomás León, Francisco José Vidal y Jorge Horacio Beraza”. La audiencia será el 26 de septiembre a las 10 en el Centro Integral de Tolloche.
Otro pedido es sobre la Finca Los Hermanos, que solicita un cambio de uso de suelo para agricultura en 336,16 hectáreas netas, con 156,56 hectáreas de protección. En este caso, los solicitantes son Ramiro y Esteban Maíquez. El día de la audiencia será el mismo viernes 26 de septiembre a las 11.30 en el mismo Centro Integral de la localidad de Tolloche.
Los expedientes son anteriores a la promulgación de la ley que enmarca el OTBN actual. Y aunque se regirán por el ordenamiento viejo, Aldazábal explicó que son propuestas productivas que pueden ser compatibles con las zonas en las que se puede desmontar según las superficies definidas por el nuevo OTBN.
El funcionario afirmó que esta compatibilidad se tendrá en cuenta en la decisión respecto de otros proyectos de desmonte que se rigen por el viejo ordenamiento. 
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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ACUMAR endurece sanciones por infracciones ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispuso modificaciones al régimen de fiscalización y sanciones, con multas más severas para incumplimientos en la presentación de información, falsificación de documentos y construcción de sistemas de control de vertidos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) modificó el régimen de fiscalización, control y sanciones aplicables en el área de la Cuenca, mediante la Resolución 203/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. El organismo dispuso un endurecimiento de las multas y la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la eficacia del control ambiental en la zona.
Entre las principales modificaciones se incorporan como infracciones la falsedad de los datos o documentación presentada y la falta de empadronamiento, que podrán ser imputadas directamente por los inspectores en las actas de fiscalización. Además, se establece un plazo de intimación en los casos de información falsa, con sanciones agravadas en caso de incumplimiento.
La norma también eleva las sanciones para los establecimientos que no construyan o adecúen la Cámara de Toma de Muestra y Medición de Caudales, considerada esencial para identificar un único punto de vertido. ACUMAR señaló que la ausencia de este sistema representa una omisión grave que obstaculiza el control ambiental en la cuenca desde hace 17 años.
Asimismo, se modifican los montos de las multas vinculadas a la falta de presentación de información, informes de avance, planes de adecuación y documentación técnica ambiental, y se reincorporan sanciones específicas para el incumplimiento parcial o total de esos planes. También se introducen cambios en los plazos y modalidades de pago de las multas, con beneficios por cancelación temprana y la posibilidad de pago en cuotas.
La resolución simplifica las etapas intermedias en los procedimientos sancionatorios, sin alterar el derecho de defensa, y regula cuestiones que antes no estaban especificadas, como la reincidencia, la prescripción y el cálculo de intereses en los certificados de deuda.
La medida, firmada por el presidente de ACUMAR, Lucas Figueras, entrará en vigencia a partir de mañana.
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Desmontes ilegales: para la Cámara Federal de Resistencia, la causa se debe investigar en la justicia provincial

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que declaró la incompetencia del fuero federal para investigar la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes ilegales en el Chaco. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y confirmó la decisión de primera instancia que declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar una compleja trama de desmontes ilegales en la provincia del Chaco, presuntamente orquestada por funcionarios públicos provinciales y particulares, en la que se conoció como “la Mafia del Desmonte”
La resolución fue dictada este miércoles 20 de agosto. Firmada por la jueza subrogante Patricia García, sostiene que, tras un año de investigación, no se ha logrado acreditar el requisito fundamental que habilita al fuero federal en materia ambiental: la interjurisdiccionalidad. Es decir, que afecta a más de una provincia.
El fallo señala textualmente que “los elementos probatorios que obran en la causa no resultan -de momento- suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida en este tipo de procesos a los efectos de la procedencia del fuero federal”. En ese sentido, agrega que “la magnitud del daño ambiental postulado por los recurrentes no autorizaría, por sí, la intervención del fuero federal, puesto que, de lo contrario, cualquier controversia ambiental podría ser federalizada por vía indirecta, diluyendo la competencia de las jurisdicciones provinciales, lo que contraría principios constitucionales básicos”.
El caso, iniciado a partir de una denuncia de la asociación ambientalista, involucraba graves delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita, todos en el marco de una presunta maniobra para facilitar desmontes ilegales. Pese a la gravedad de los hechos, la Cámara coincidió con la jueza de primera instancia en que la investigación demostró que la trama se desarrolló íntegramente dentro del ámbito provincial. “La maniobra delictiva [fue] desplegada por funcionarios provinciales quienes, de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de modo alternado y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares, tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial”, fundamenta la sentencia.

Delitos federales no corroborados
Respecto a los delitos federales esgrimidos para intentar mantener la causa en el fuero federal, como lavado de activos y trata de personas, el tribunal fue contundente: “tales hipótesis no han sido corroboradas mediante elementos objetivos incorporados al expediente”. La Cámara consideró que estas figuras aparecen “mencionadas como una proyección posible de la maniobra, sin respaldo probatorio concreto que justifique la intervención del fuero federal por el momento”.
La decisión judicial hace hincapié en el carácter excepcional del fuero federal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que “la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”, y que corresponde a quien lo invoca demostrar los presupuestos necesarios, algo que en este caso no se logró.
En consecuencia, la causa deberá ser derivada a la justicia ordinaria de la provincia del Chaco para que continúe con la investigación de los hechos, los cuales, según el fallo, se inscriben en “el marco del derecho público local y de normas provinciales en materia ambiental, con presunta responsabilidad de autoridades y particulares sometidos a la jurisdicción de la justicia ordinaria chaqueña”.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Piden que dos directivos de Conarpesa vayan presos por contaminación ambiental: las 5 claves de la acusación

Fecha de Publicación: 20/08/2025
Fuente: ADNSur
Provincia/Región: Chubut


En sus alegatos, la fiscal Florencia Bianchi solicitó penas de cumplimiento efectivo para Nadine Parry y Yosef Vargas. Los señaló como responsables del volcado al mar de líquidos crudos sin tratamiento, provenientes del procesamiento de langostino.
El juicio contra dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de verter residuos sin tratar al Golfo Nuevo, tuvo este lunes la jornada de alegatos, donde la Fiscalía solicitó una condena de cumplimiento efectivo para ambos imputados.
La fiscal Florencia Bianchi pidió que se dicte condena contra Nadine Parry, responsable ambiental, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes de Conarpesa, por el volcado al mar líquidos crudos sin tratamiento provenientes del procesamiento de langostino.
En la audiencia realizada este lunes en Puerto Madryn, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se dicte la culpabilidad y la pena de prisión de efectivo cumplimiento de 3 años y 6 meses para Parry, y 3 años y 3 meses para Vargas.
La acusación, según remarcaron desde el MPF, se apoya en testimonios, pericias, actas, fotos, inspecciones oculares y análisis de laboratorio, que confirmaron la existencia de un by pass o conexión clandestina para desviar efluentes sin tratar al Golfo Nuevo con valores miles de veces lo permitido. También se incorporaron como prueba mensajes de WhatsApp entre los imputados que evidencian conocimiento y decisión conjunta sobre la maniobra.
El Ministerio Público Fiscal detalló cuáles son las claves de la acusación que formularon contra los directivos de la empresa Conarpesa.
1-Hallazgo de líquido que llegaba al mar: en febrero de 2023 se detectó un líquido rosado y con olor putrefacto llegando al mar desde el Parque Pesquero.
2-Pruebas científicas: fotos, videos, pericias y análisis confirmaron que eran efluentes crudos de langostino. Los valores superaban miles de veces los permitidos.
3-By Pass: se descubrió una conexión clandestina que desviaba líquidos sin tratar, evitanto el sistema de tratamiento.
4-Los mensajes: un chat entre los imputados habló de “tapar salidas porque al by pass no podemos desviar más”.
5-Los responsables: para la fiscalía, Nadine Parry (responsable ambiental) y Yosef Vargas (jefe de efluentes) dispusieron y ejecutaron la maniobra.
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Dos años de prisión efectiva para los cazadores del yaguareté en Formosa

Fecha de Publicación: 15/08/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Formosa


La condena fue a instancias de un juicio abreviado, en el que los acusados Viterman Ponce de León (37), Walter Hugo Ponce de León (44), Claudio Hugo Cisneros (29) y Máximo Cisneros (60) reconocieron su responsabilidad.
La Justicia Federal de Formosa dictó una condena de dos años de prisión efectiva para los cuatro hombres que en julio del año pasado mataron a un ejemplar de yaguareté en Estanislao del Campo, Formosa, y difundieron fotos del animal en sus estados de WhatsApp.
El fallo se dio en el marco de un juicio abreviado, en el que los acusados Viterman Ponce de León (37), Walter Hugo Ponce de León (44), Claudio Hugo Cisneros (29) y Máximo Cisneros (60) reconocieron su responsabilidad y, a través de sus defensores, acordaron con el Ministerio Público Fiscal y los querellantes la condena, con permisos especiales únicamente para poder trabajar.
La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes admitidos: la Fiscalía de Estado de la Provincia en representación del Gobierno Provincial, la Administración de Parques Nacionales por el Estado Nacional y la Fundación Red Yaguareté.
En la audiencia, refleja el diario La Mañana, el juez federal Pablo Morán destacó la relevancia de la condena: "Es fundamental poner en conocimiento de toda la población este caso y resaltar lo importante que es para todos la conservación del medio ambiente, la no destrucción de nuestro ecosistema".
El magistrado recordó que el yaguareté ocupa "el tope de la cadena alimenticia de los carnívoros en América Latina" y subrayó que "la existencia del Yaguareté y su preservación significa la salud de todo el ecosistema". Y agregó: "Hay que proteger todo el ecosistema, evitar la depredación de otras especies, de nuestros ríos y especialmente la deforestación ilegal de nuestros montes".
Morán detalló que originalmente el juicio estaba previsto como oral y público, en el cual los acusados podrían defenderse y escuchar tanto la acusación como las pruebas presentadas. "No nos olvidemos que en este, como cualquier caso, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario", enfatizó.
Durante la audiencia estuvieron presentes, además del juez, la Fiscal Federal 1 de Formosa, doctora Marisa Vásquez, la representación de la Fiscalía de Estado provincial, doctora Stella Maris Zabala, que envió un escrito firmado, y la Fundación Red Yaguareté, conectada de manera remota, junto con los abogados de Parques Nacionales.
Al iniciar la audiencia, Morán explicó a los acusados la calificación legal que se les imputaba. "La señora Fiscal nos hizo saber que había presentado una propuesta de juicio abreviado", indicó, y detalló que tras un diálogo entre las partes se llegó al acuerdo que permitió la condena, evitando la extensión de un juicio tradicional y asegurando un resultado acorde a la evidencia.
"Se les explicó muy claramente a los acusados lo que estarían firmando, ellos lo entendieron y también se escuchó a los querellantes, quienes manifestaron su conformidad con esta propuesta", señaló Morán, quien destacó la importancia de que todas las partes puedan expresarse, aunque la ley no lo obligue.
El juez aclaró que, salvo que se presenten apelaciones, el proceso quedará cerrado con este fallo y se suspendió la citación de testigos prevista para la jornada siguiente. "Todo eso no será necesario porque se incorporan los informes del expediente y se podrá dictar un veredicto y la condena", explicó.
Por último, Morán aseguró que este es el "primer y único" fallo de este tipo en Argentina por un delito ambiental de estas características. "El año pasado estuve en Foz de Iguazú con colegas brasileños y ellos tienen algunos antecedentes con el Yaguar, como llaman al Yaguareté, pero en nuestro país nunca se había llegado a una condena así", cerró.
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El desguace como política de Estado: Informe demuestra las regresiones ambientales del gobierno libertario

Fecha de Publicación: 12/08/2025
Fuente: Portal HuellaDelSur
Provincia/Región: Nacional


Este jueves 7 de agosto de 2025 se presentó el primer Informe de Regresiones Ambientales de AAdeAA-CAJE durante los dos años del gobierno de Milei
Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.

(Descarga informe aadeaa.org)

El nuevo Informe de Regresiones Ambientales, elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, documenta en detalle este proceso de desguace que abre aun más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.
La presentación pública se realizó este jueves 7 de agosto en Rodriguez Peña 356, en el Centro de Documentación e Investigación de la cultura de Izquierdas (CeDInCI).
10 ejes de regresión: combustibles fósiles, desmontes, incendios e inundaciones, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático, vaciamiento de normativas y más.
Organismos debilitados, vaciados y/o reemplazados: desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA y ACUMAR, INAI, Dirección Nacional de Emergencias, entre otros.
Disolución de organismos: Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE, ENOHSA, entre otros.
Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados
La Ley Bases y el RIGI no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo. El Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo.
El Informe será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú.
Este informe no solo sistematiza una política de negacionismo climático y de profundización del extractivismo. Es también una herramienta para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática.
Al trascender la denuncia, el informe representa un acto de memoria colectiva sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Sistematiza la regresión, pero también señala caminos para resistir y reconstruir. Propone claves para defender lo común, activar redes, exigir justicia.
Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.
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El lunes comienza en Puerto Madryn el juicio a directivos de Conarpesa por contaminación en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación: 11/08/2025
Fuente: Portal LaTeclaPatagónica
Provincia/Región: Chubut


La gerenta de planta y el encargado de efluentes enfrentarán cargos por daño ambiental, tras detectarse un bypass que habría permitido verter líquidos sin tratamiento al mar con niveles de contaminación muy superiores a los permitidos
El próximo lunes por la mañana, en Puerto Madryn, comenzará el juicio oral contra dos responsables jerárquicos de la empresa Conarpesa, acusados de presunto daño ambiental en el Golfo Nuevo. La audiencia inicial está prevista para las 8.30 horas y estará a cargo de la jueza Patricia Reyes. En el banquillo estarán Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes, representados por el abogado de la firma, Luis Novoa. La acusación será llevada adelante por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia Especial de Delitos Ambientales.
El caso se remonta a 2020, cuando un video que mostraba un líquido de color rosado y fuerte olor vertido directamente al mar desde el Parque Industrial Pesquero encendió las alarmas. A partir de esas imágenes, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio que incluyó inspecciones, peritajes técnicos y análisis de laboratorio.
En el marco de esas diligencias, personal de criminalística, especialistas en medio ambiente del municipio y científicos del CENPAT-CONICET constataron la existencia de un bypass no autorizado en la planta industrial de Conarpesa. Según los peritajes, a través de esa conexión se habrían derivado líquidos al Golfo Nuevo sin pasar por el sistema de tratamiento, lo que resultó en vertidos con altos niveles de contaminación.
Los análisis de laboratorio revelaron que las muestras de efluentes contenían bacterias como Escherichia coli en cantidades hasta 2.000 veces por encima del límite legal permitido. Estos resultados fueron considerados como prueba clave por la Fiscalía, que sostiene que el vertido fue potencialmente perjudicial para la salud humana y produjo un daño concreto al ambiente marino.
El juicio buscará determinar la responsabilidad penal de los imputados, en un caso que generó fuerte preocupación en la comunidad local por el impacto sobre uno de los ecosistemas más valiosos de la región. La causa también se convirtió en un precedente en la aplicación de la figura penal de daño ambiental en la actividad pesquera industrial.
De encontrarse culpables, los acusados podrían enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y penas de prisión, en un proceso que será seguido de cerca tanto por organizaciones ambientales como por el sector pesquero, atento a las implicancias de la decisión judicial para la actividad en la zona.
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Abogados ambientalistas repudian el intento de amedrentamiento del ministro de Producción

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Señor director de NORTE:

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando "pruebas" sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan.
Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en el Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante, sino que participa activamente como parte querellante.
El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso. Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas: Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. "Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco", entre muchos otros).
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas. Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras Indunor y Unitan, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara. Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al señor ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar? Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática.
Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en el Chaco hacia actos ilegales de desmontes. No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores.
Exigimos al gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
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Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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El Congreso sigue en silencio frente a la crisis ambiental

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La agenda ambiental en el Congreso de la Nación atraviesa un preocupante estancamiento. En lo que va de 2025, ninguna de las dos cámaras legislativas logró sancionar leyes vinculadas al cuidado del ambiente, constató AIM tras acceder al último informe del Círculo de Políticas Ambientales.
Según pudo saber AIM, el balance legislativo del primer semestre muestra una clara falta de avance: los proyectos se acumulan en comisiones, sin dictamen ni tratamiento en el recinto. Incluso las reuniones informativas, cuando se realizan, no derivan en acuerdos sustantivos ni movimientos concretos.
Entre las iniciativas paralizadas se destacan:
-La prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que vence a fin de año.
-La ley de envases con inclusión social y la gestión de neumáticos fuera de uso.
-La trazabilidad pesquera.
-La creación de una norma federal para la evaluación de impacto ambiental.
“Nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, los proyectos no avanzan y las reuniones informativas quedan en la nada”, advirtió María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, en declaraciones recogidas en el informe al que tuvo acceso AIM.
Desde el organismo remarcaron que el Congreso tiene una responsabilidad ineludible: legislar con una mirada estratégica y de largo plazo en materia ambiental. Sin embargo, el panorama actual muestra un rol legislativo debilitado y sin rumbo.
Supo AIM que organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector ya alertaron sobre las consecuencias de esta parálisis institucional, que compromete los compromisos internacionales del país y frena la transición hacia un modelo sostenible.

 Para leer el informe completo, acceder al siguiente link.
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La Justicia ratificó la realización de la audiencia pública de PSJ Cobre Minero en Uspallata

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Justicia provincial ratificó la realización de la audiencia pública del proyecto minero PJS Cobre Mendocino, que se llevará adelante el próximo sábado 2 de agosto, en las inmediaciones del yacimiento, en la alta montaña de Uspallata.
La Asociación Civil Oikos Red Ambiental y el exsenador provincial Marcelo Romano presentaron acciones de amparo ambiental para que se ordene como medida cautelar la suspensión de la audiencia pública y la autoridad ambiental minera convoque otra en un “lugar de fácil acceso” como el centro urbano de Uspallata.
Particularmente la ONG sostenía que se generaba “un daño irreparable a los derechos colectivos de participación ciudadana efectiva, acceso a la información pública y a un ambiente sano, consagrados en el Acuerdo de Escazú”.
La jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Nº 2, respondió que “según surge del informe evacuado por la parte demandada, toda la documentación técnica del proyecto —incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, dictámenes de organismos provinciales y nacionales e informes sectoriales— está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
“Por otra parte, se ha dispuesto que los oradores intervendrán en orden cronológico según su inscripción. Primero, lo harán quienes participen de manera presencial y, una vez finalizadas esas exposiciones, será el turno de los inscriptos en la modalidad virtual. El listado de oradores y el cronograma se publicarán en los sitios oficiales del Gobierno”, agregó.
Luego, añadió más detalles de la audiencia pública y afirmó que “para quienes deseen seguir el evento sin intervenir, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente”.
“A la luz de lo arriba transcripto, no advierto prima facie el humo de buen derecho que justifique la procedencia de la medida bajo análisis, siendo insuficiente el simple temor subjetivo de los peticionantes, quienes no han aportado elementos ajenos a su mera subjetividad, que permitan tener por acreditado que existe un riesgo cierto de afectación a los derechos a la información y a la partición política de los amparistas”, sostuvo la jueza-
Y completó: “Como consecuencia de lo expuesto y siendo innecesario entrar al análisis de los demás requisitos que determina la ley para la viabilidad de una medida precautoria, corresponde el rechazo de la misma”.
Este martes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró el fallo citando el principal argumento de la jueza y afirmó que “la audiencia sigue en pie”.
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Un fallo histórico prohíbe la caza deportiva de fauna nativa en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: Portal LaTeclaPatagonia
Provincia/Región: Santa Cruz


La Cámara de Apelaciones de Río Gallegos falló a favor de una acción de amparo interpuesta por la Asociación Pumakawa que prioriza la conservación de las especies nativas y ordena buscar alternativas a la caza deportiva
Con un histórico fallo, la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos puso un freno a la caza deportiva de especies silvestres como pumas y zorros. La Cámara falló a favor de una acción de amparo que había interpuesto la Asociación Pumakawa y ordenó al Consejo Agrario Provincial (CAP) priorizar la conservación de las especies nativas y buscar alternativas a la caza deportiva.
Según información publicada en Ahora Calafate, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictó sentencia en el marco del expediente "Asociación Civil Reserva Natural 'Pumakawa' c/Consejo Agrario Provincial s/Amparo ambiental", donde revoca parcialmente una decisión de primera instancia y establece un nuevo marco para la regulación de la caza en la provincia.
En 2024, la Resolución N° 117 del CAP autorizaba la caza deportiva de pumas, guanacos, zorros grises y zorros colorados. Si bien un fallo de primera instancia, de mayo de este año, indicaba que dicha resolución había perdido vigencia porque terminó la temporada de caza deportiva, solicitaba "fijar ciertos estándares en materia ambiental de las futuras Disposiciones del CAP".
Este año, el CAP emitió otra resolución, la N°138, que excluye a estos animales del listado de especies habilitadas para la caza deportiva 2025. Ahora, el fallo de la Cámara respalda esa decisión con una orden judicial. 
El fallo al que accedió Ahora Calafate ordena al Consejo Agrario Provincial en primer lugar, "buscar alternativas a la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos conforme los estudios científicos que esta Cámara detalló en los considerandos".
Desde Pumakawa destacaron que el fallo "deja algo claro y contundente: El Consejo Agrario Provincial deberá adecuar sus futuras normativas a las previsiones constitucionales y convencionales en materia ambiental".
La decisión judicial también indica que "para el caso de continuar con la reglamentación de la caza de pumas, zorros y guanacos, previamente deberán realizarse estudios tendientes a la preservación y aprovechamiento de la fauna autóctona y exótica efectuando una evaluación cualitativa y cuantitativa de las distintas especies que pueblan la provincia que permitan el aprovechamiento racional del recurso natural faunístico, a fin de mantener el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el desarrollo sustentable".
Integrantes de la Asociación Civil Reserva Natural "Pumakawa" consideraron que “esta no es una victoria menor. Es un mensaje directo al Estado: la vida silvestre no puede seguir siendo tratada como un blanco de tiro legalizado". 
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Pampa del Indio: se sacó fotos con un puma muerto y fue detenido por caza furtiva

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


La imagen viralizada en WhatsApp permitió identificar al sospechoso. Secuestraron armas blancas, un aire comprimido y restos de otro animal silvestre.
La secuencia se inició cuando la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental tomó conocimiento de la imagen, ampliamente difundida a través de WhatsApp. En ella, se observa a un hombre sosteniendo en sus brazos a un ejemplar de puma concolor, aparentemente cazado en un área rural de la localidad chaqueña.
A partir del trabajo investigativo, los efectivos identificaron al sujeto como A.M., alias «Curo», y a un presunto cómplice, P.L., apodado «Pauli», ambos residentes del Barrio La Alegría, en Pampa del Indio. Según la información recabada, el puma habría sido abatido en un campo propiedad de O.I., alias «Pinocho».
Con los elementos reunidos, la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín ordenó allanamientos en los domicilios de los involucrados. En la casa de A.M., los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, un rifle de aire comprimido, un machete corto, dos puñales, un serrucho grande y un cuero de carpincho, otro animal protegido por la normativa de fauna silvestre.
El detenido fue examinado por personal médico y quedó alojado en la Comisaría de General San Martín, a disposición de la fiscalía interviniente. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Protección de fauna: un delito penal
El Puma concolor es una especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421, que prohíbe su caza, captura y tenencia sin autorización. Las autoridades recordaron que la caza furtiva es un delito penal y reiteraron el llamado a la población a no difundir ni participar de actos que atenten contra la fauna silvestre.
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