La Argentina mantiene una calificación climática altamente insuficiente, según un análisis

El Climate Action Tracker advierte que la baja de emisiones responde a la recesión y no a nuevas políticas, que la meta presentada en 2025 apenas las reduce un 6% y que la expansión de los hidrocarburos en Vaca Muerta va en sentido contrario.

La política climática argentina sigue lejos de lo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. Así lo concluye la última evaluación del Climate Action Tracker (CAT), una iniciativa científica independiente que analiza los compromisos y las políticas de los países, y que mantiene a la Argentina en la categoría de “altamente insuficiente”, tanto por sus metas como por sus acciones concretas. Según el informe, si todos los países siguieran un enfoque similar, el calentamiento global podría superar los 3 °C y llegar hasta los 4 °C hacia fines de siglo.
En su actualización anterior, el CAT había ubicado al país en la categoría más baja, “críticamente insuficiente”. La mejora, sin embargo, no responde a nuevas políticas. “Este cambio no refleja nuevas acciones climáticas de Argentina, sino que es resultado de menores emisiones históricas”, aclaró la organización.

Menos emisiones, pero por la recesión
De acuerdo con el análisis, las emisiones del país cayeron alrededor de un 4% entre 2022 y 2024, tras el rebote posterior a la pandemia. Pero el CAT atribuye esa baja a la contracción económica y a la menor demanda de energía, y no a un cambio estructural en la matriz energética. Por eso advierte que, si la economía vuelve a crecer sin cambios en la intensidad de las emisiones ni en la política climática, las emisiones podrían volver a subir.

Una meta que casi no reduce
El informe también evaluó la tercera contribución determinada a nivel nacional (NDC) de la Argentina, presentada en noviembre de 2025 por la Subsecretaría de Ambiente. El compromiso fija un tope de emisiones netas de 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) tanto para 2030 como para 2035, y abarca todos los gases y sectores del inventario nacional.
Para el CAT, esa meta representa apenas una reducción del 6% respecto de los niveles de 2022. Si se excluye el sector de uso del suelo, los límites incluso suben de 360 a 365 millones de toneladas entre 2030 y 2035, lo que implica que las emisiones seguirían creciendo en lugar de bajar, como exige el objetivo de 1,5 °C. Para alinearse con esa meta, el país debería fijar topes un 37% más bajos en 2030 y un 49% menores en 2035.
El Gobierno, por su parte, defendió la NDC como un compromiso realista. “La ambición debe ser siempre lo posible”, sostuvo al presentarla el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien destacó que la actualización amplía la cobertura del inventario y es un requisito para que el país participe en los mercados de carbono del Acuerdo de París. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en cambio, cuestionó la falta de una hoja de ruta, la escasa participación pública y la contradicción entre las metas y el impulso a la expansión petrolera y gasífera.

Vaca Muerta en el centro
Uno de los principales cuestionamientos apunta al rumbo energético. El Gobierno promueve la expansión de la producción y exportación de petróleo y gas, sobre todo en Vaca Muerta, con el apoyo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y proyecta que el superávit comercial energético podría pasar de 6.000 millones de dólares en 2024 a 44.000 millones en 2035, impulsado por las exportaciones de gas natural licuado.
Mientras tanto, las energías renovables, sin contar las grandes represas hidroeléctricas, cubrieron el 15% del consumo eléctrico, frente a una meta del 20% para 2025, y el gas aportó el 54% de la generación eléctrica de ese año.

Metano y uso del suelo
El informe señala además la falta de metas y medidas específicas para reducir el metano, que representó el 29% de las emisiones nacionales en 2022, alrededor de dos tercios provenientes de la ganadería. En el sector de bosques y uso del suelo, que en los últimos veinte años explicó en promedio más del 20% de las emisiones del país, el CAT reclama mantener y reforzar las políticas que limitan la deforestación.

Las recomendaciones
Entre sus recomendaciones, la organización plantea fijar metas más ambiciosas para 2030 y 2035, garantizar recursos humanos y financieros para aplicar las políticas climáticas vigentes, dejar de apoyar la expansión de la producción de hidrocarburos, reactivar los instrumentos de promoción de las energías renovables y diseñar una estrategia baja en carbono para la agricultura, la ganadería y el uso del suelo.
La evaluación llega mientras se desarrolla la COP31 en Antalya, Turquía, donde los países discuten cómo cerrar la brecha entre sus compromisos y lo que exige la ciencia.


Fecha de Publicación: 14/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Bichos de Campo; Climate Action Tracker; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Científicos detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo, una zona casi sin agricultura

Un estudio del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham halló residuos de plaguicidas en todas las muestras de mejillones, cholgas, almejas y vieiras analizadas frente a Puerto Madryn, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina.

Un estudio científico detectó 49 agroquímicos distintos en moluscos bivalvos del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, en Chubut, una zona donde no desemboca ningún río y donde la actividad agrícola es mínima. El trabajo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, encontró residuos de al menos un plaguicida en todas las muestras analizadas, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina desde hace años.
La investigación fue publicada en la revista científica Marine Pollution Bulletin con el título en inglés Occurrence and concentration of agricultural phytosanitary residues in bivalve mollusks collected from Golfo Nuevo, Argentina. Sus autores son Camila Ayelén Frydman, Cintia Natalia Gonzalez, Natalia Pesquero, María Juana Ruiz, Elena Susana Barbieri, Marina Valeria Mozgovoj y Diego Sebastián Cristos. Según los investigadores, se trata de la primera línea de base sistemática sobre la presencia de estos compuestos en bivalvos del golfo.

Residuos en todas las muestras
El equipo analizó 87 bivalvos, entre ellos mejillones, cholgas, almejas y vieiras, recolectados en tres sitios del golfo entre 2021 y 2023. Se buscaron 57 fitosanitarios de uso habitual, y 49 de ellos fueron detectados al menos una vez. Los herbicidas fueron el grupo más frecuente y el que presentó las concentraciones más altas, seguidos por los fungicidas y, en menor medida, por los insecticidas.
Dos compuestos aparecieron en el 100% de las muestras: el fungicida carbendazim y el insecticida diclorvós, este último prohibido en la Argentina desde 2018. El imidacloprid, un insecticida prohibido en la Unión Europea, se encontró en el 92% de los casos. También se detectaron paraquat, vetado en Europa desde 2007, y clorpirifós, prohibido en el país desde 2023. En total, 26 de los 49 plaguicidas hallados figuran en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN).
En cuanto a las concentraciones, 28 compuestos superaron los 10 microgramos por kilo de tejido, un valor genérico que la Unión Europea utiliza como límite máximo de residuos por defecto. Los autores aclararon que lo emplearon solo como referencia comparativa, porque no existen límites específicos para bivalvos. El herbicida carfentrazona-etil fue el que registró los niveles más elevados, con un promedio cercano a los 1.900 microgramos por kilo y valores máximos superiores a 4.100.

Cómo llegan al mar
El hallazgo resulta llamativo por el lugar. El Golfo Nuevo no recibe aportes de ríos, y en Chubut la agricultura ocupa menos del 1% de la superficie provincial. Por eso, los investigadores plantean dos vías posibles. Una es la escorrentía superficial desde áreas cultivadas, que podría incluir efluentes vinculados a la actividad industrial cercana. La otra es la deposición atmosférica: los plaguicidas pueden evaporarse o ser arrastrados por el viento junto con el polvo desde zonas de producción lejanas y depositarse luego sobre el mar.
El estudio, de todos modos, no logró determinar cuál es el origen concreto de los compuestos.

¿Hay riesgo para quienes los consumen?
Los científicos advierten que todavía no se sabe si esas concentraciones representan un riesgo concreto para la salud humana, y que no existen límites específicos con los cuales compararlas. Los bivalvos funcionan como centinelas de la contaminación porque filtran grandes volúmenes de agua y acumulan sustancias, pero su presencia en los tejidos no demuestra por sí sola un peligro para los consumidores. Los investigadores también señalan que otras especies que se alimentan de ellos, como cangrejos y pulpos, podrían acumular residuos, algo que todavía no fue analizado.

Un vacío de control
El trabajo expone además un vacío en los controles. La Secretaría de Pesca de Chubut monitorea todos los meses las biotoxinas asociadas a la marea roja, pero no analiza la presencia de agroquímicos. La normativa nacional, a través de la Resolución 829/2006 de la entonces Secretaría de Agricultura, contempla compuestos organohalogenados, pero el monitoreo queda en manos de las provincias.
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral y sostiene actividades de pesca artesanal y maricultura. El estudio se suma a otras alertas sobre la llegada de contaminantes a ecosistemas considerados prístinos, y refuerza el debate sobre el uso masivo de agroquímicos en el país, donde se emplean decenas de sustancias que están prohibidas en otras partes del mundo.


Provincia/Región: Chubut - Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Mongabay; INTA; CONICET; Universidad Nacional de Hurlingham

Un diario alemán expone el impacto de la extracción de arena en Ibicuy para Vaca Muerta

Un informe publicado en Alemania describe la transformación de dunas milenarias en fosas, el deterioro del agua potable y la falta de controles en el sur entrerriano, mientras la producción provincial de arena para el fracking se encamina a los seis millones de toneladas este año.

La extracción de arena en Ibicuy, en el sur de Entre Ríos, para abastecer al fracking de Vaca Muerta llegó a las páginas de la prensa alemana. Un informe del periodista Jürgen Vogt, publicado en el diario alemán taz, describe la transformación de un paisaje de dunas de unos 4.500 años en un “paisaje de fosas”, denuncia el impacto sobre el agua potable de la localidad y vincula el negocio con Alemania, que a partir de 2027 recibiría gas natural licuado proveniente de la formación neuquina.
Según el informe, cada pozo de fracking requiere entre 6.000 y 15.000 toneladas de arena, que se inyecta junto con agua y químicos para mantener abiertas las fisuras de la roca por donde fluyen el petróleo y el gas. La arena de cuarzo de Ibicuy y sus alrededores es considerada una de las mejores para esa tarea, y en la zona operan una docena de areneras, entre ellas la cantera El Mangrullo, de YPF, la mayor de la región, con cintas transportadoras que funcionan las 24 horas.

Un boom que crece cada año
Los datos oficiales confirman la magnitud del fenómeno. Según cifras de la provincia, la producción de arena en Entre Ríos pasó de 2,5 millones de toneladas en 2024 a 3,6 millones en 2025, y hasta junio de este año ya sumaba 2,7 millones, con una proyección cercana a los seis millones para todo 2026. La recaudación por guías mineras saltó de unos 1.000 millones de pesos en 2024 a 4.000 millones en 2025. En la provincia operan unas 130 empresas mineras, de las cuales alrededor de cien son areneras.
El Gobierno provincial sostiene que en los últimos años ordenó la actividad y reforzó los controles, y atribuye el aumento de la recaudación a una fiscalización más eficaz. Según funcionarios del área, entre 2022 y 2023 no se había labrado ni una sola acta ni multa a las empresas.

El agua, bajo presión
Los vecinos y especialistas consultados en el informe advierten sobre otro escenario. El agrónomo y productor Carlos Cadoppi, que se opone a la actividad desde 2017, denunció la existencia de pozos de hasta ocho metros de profundidad cuando la normativa permite tres, y aseguró que una arenera lavó arena en un arroyo lindante con sus campos, lo tapó y lo secó, y luego extrajo agua del mismo acuífero que abastece a la población. Para Cadoppi, lo que ocurre es un “ecocidio”.
La Cooperativa de Agua de Ibicuy, que abastece a más de 2.000 hogares desde tres pozos de 55 metros, registró un aumento de las concentraciones de hierro y manganeso de 0,12 a 1,20 miligramos por litro, y los filtros, que antes se limpiaban una vez por semana, ahora deben limpiarse casi a diario. Según el informe, las areneras consumen en una hora lo que los hogares de la localidad usan en un día. Félix Echenique, de la cooperativa, propuso que las empresas utilicen agua del río y reutilicen la que decanta en sus piletas.
El biólogo Rubén Quintana, de la Fundación Humedales, describió la zona como un paisaje relicto que no puede restaurarse una vez destruido.

Camiones sin balanza
El informe también pone el foco en los controles. Entre las areneras y la Patagonia circularían a diario entre 400 y 1.500 camiones, pero no existe una balanza oficial para pesar las cargas, y la carta de porte digital, si no es controlada en la ruta, podría reutilizarse. Cadoppi y el abogado Ricardo Luciano presentaron una denuncia penal por presunta evasión fiscal: según sus cálculos, se declararon 1,5 millones de toneladas, cuando a Vaca Muerta habrían llegado unas cuatro millones.

Causas judiciales sin resolver
El conflicto también tiene un frente judicial. Luciano ganó un amparo que obligaba a las empresas a realizar los estudios hidrogeológicos exigidos por la ley provincial de aguas, y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo confirmó en septiembre de 2022, pero según el informe la sentencia todavía no se ejecutó.
En octubre de 2025, además, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, citó a declaración indagatoria al intendente de Ibicuy, a la secretaria de Ambiente, al secretario de Minería y al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, en una causa iniciada por una denuncia de Cadoppi por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de control sobre las areneras. No se conocieron novedades posteriores sobre esa causa.
Cadoppi envió una carta abierta al gobernador Rogelio Frigerio en la que sostiene que los funcionarios no cumplieron con sus tareas de control. Hasta el momento, ni el Gobierno provincial ni las empresas respondieron públicamente a los planteos del informe.


Fecha de Publicación: 14/11/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Portal El Entre Ríos; Portal Letra P; El Día de Gualeguaychú; Gobierno de Entre Ríos

Advierten riesgos ambientales y geológicos en el plan urbanístico para la base del cerro Catedral

La Defensoría del Pueblo de Bariloche pidió una evaluación ambiental integral del Plan Director, que fija las reglas de construcción en 77 hectáreas del cerro, mientras la concesionaria presiona por aprobaciones para una inversión de unos 30 millones de dólares.

El Plan Director que busca ordenar el desarrollo urbanístico de la base del cerro Catedral, en Bariloche, enfrenta advertencias por sus posibles impactos ambientales y geológicos. La Defensoría del Pueblo de la ciudad pidió una evaluación ambiental integral del plan y la revisión de sus estudios por organismos técnicos independientes, mientras la empresa concesionaria del centro de esquí, Catedral Alta Patagonia (CAPSA), presiona para obtener las aprobaciones que le permitan avanzar con una inversión de unos 30 millones de dólares.
El plan fija parámetros urbanísticos y de uso del suelo sobre 77 de las 1.920 hectáreas públicas del cerro, en la zona de la base, ubicada a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se definirán alturas, superficies y usos permitidos para futuras construcciones, un debate que en Bariloche se arrastra desde 2018, cuando se aprobó la prórroga de la concesión, que se extiende hasta el 31 de octubre de 2056.

Una inversión con apuro
La principal obra prevista es el reemplazo de la telecabina Amancay por un nuevo sistema de 68 cabinas para diez pasajeros, que duplicaría la capacidad actual hasta unas 3.000 personas por hora y reduciría el tiempo de ascenso de unos 15 a unos 5 minutos. El proyecto incluye además un edificio de 11.530 metros cuadrados cubiertos, unas 3,7 veces la superficie actual, y nuevos estacionamientos. Según la empresa, la construcción podría ocupar a unas 2.000 personas.
CAPSA sostiene que, si las aprobaciones no llegan a tiempo, el reemplazo de la telecabina podría postergarse al menos una temporada más allá del invierno de 2027. La empresa presentó su propuesta en septiembre, pero hasta el momento la provincia de Río Negro no respondió el planteo sobre la telecabina, y el expediente del Plan Director todavía no llegó al Concejo Municipal.

Las alertas de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Mariana Minuth, con el aporte técnico de la ingeniera Ailin Clavería, advirtió que el cerro presenta riesgos geológicos que deben evaluarse de manera integral. Entre ellos mencionó los deslizamientos, la caída de rocas, los flujos de agua y sedimentos, la erosión, la pérdida de vegetación y la compactación del suelo, a partir de antecedentes del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de estudios científicos sobre la zona.
El organismo también alertó sobre los impactos acumulativos de las distintas obras, los efectos del cambio climático en la montaña y la capacidad de las plantas de tratamiento de efluentes para absorber nuevas construcciones. Por eso, reclamó que el plan sea analizado como un todo y no obra por obra, y que los estudios presentados sean revisados por organismos técnicos independientes.
En la audiencia pública realizada en mayo, en la que hablaron unos 70 expositores, varios respaldaron con énfasis las inversiones previstas, mientras que otros advirtieron sobre el impacto ambiental y geológico de los desarrollos. Luego se sumaron presentaciones escritas del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de Río Negro, el Colegio de Arquitectos, la junta vecinal Cerro Catedral y vecinos de la zona.

La postura del municipio
El gobierno municipal, encabezado por Walter Cortés, defiende que el plan permitirá ordenar un área con importantes déficits de infraestructura. Según el intendente, el Informe de Sensibilidad Ambiental elaborado por la concesionaria redujo del 9% al 4% de la superficie concesionada el área potencial de intervención en la base, y la propuesta excluye la expansión hacia los bosques nativos.
El municipio sostiene además que la empresa deberá costear la totalidad de las obras de agua, saneamiento y energía, y que “cada obra deberá pasar por una evaluación posterior” en la que se analizará el proyecto concreto. En paralelo, convocó a una audiencia pública sobre el estudio de impacto ambiental de un reservorio de 130.000 metros cúbicos destinado a la fabricación de nieve artificial.
El Ejecutivo municipal también planteó la necesidad de un debate más amplio, que incluya los posibles beneficios para los vecinos y una consulta popular vinculante sobre la concesión, y reconoció que hay pocas posibilidades de completar la aprobación este año. En el Concejo, algunos ediles respaldan las inversiones para mantener la competitividad del centro de esquí, mientras que otros cuestionan el alcance del desarrollo inmobiliario y comercial y piden evaluar cada proyecto por separado.
La discusión sobre el cerro Catedral se suma a otros debates abiertos en Bariloche sobre el avance de grandes desarrollos turísticos en zonas de bosques y montañas, en una región donde el atractivo natural es, al mismo tiempo, su principal motor económico.


Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario Neuquino; Diario Río Negro; Defensoría del Pueblo de Bariloche

Chubut se compromete a recortar un 15% las emisiones de su sector energético hacia 2030

La provincia obtuvo la convalidación nacional de su Plan de Respuesta al Cambio Climático, que fija un tope de 7,83 millones de toneladas de CO₂ equivalente para el sector energético, responsable de más del 90% de sus emisiones.

La provincia de Chubut se comprometió a reducir un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero de su sector energético hacia 2030, en comparación con los niveles de 2022. La meta forma parte del Plan de Respuesta al Cambio Climático de Chubut (PRCCCh), que fijó como tope para ese año un máximo de 7,83 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) en ese sector. El plan fue presentado el 28 de octubre ante la Mesa de Articulación Provincial y obtuvo la convalidación del Gobierno nacional.
El documento se elaboró en el marco de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que obliga a cada provincia a elaborar su propio plan de respuesta, y fue aprobado a nivel provincial mediante el Decreto 1140/25. “Que nuestro plan haya sido convalidado a nivel nacional confirma que Chubut tiene una hoja de ruta climática seria”, afirmó Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia.

Una provincia petrolera frente al clima
El compromiso tiene un peso particular en Chubut, una provincia con una fuerte actividad hidrocarburífera. Según el inventario incluido en el plan, en 2022 la provincia emitió 9,94 millones de toneladas de CO₂ equivalente, y el sector energético explicó el 92,64% de ese total, con un promedio de 9,40 millones de toneladas anuales.
Dentro de ese sector, la quema de combustibles aporta unos 7,1 millones de toneladas por año, mientras que las emisiones fugitivas vinculadas a la producción de petróleo y gas suman alrededor de 2,3 millones, con un rol central del metano. Este gas, liberado en pérdidas, venteos y quemas en los yacimientos, tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono en el corto plazo, por lo que su control es una de las herramientas más rápidas para reducir el impacto climático.
En esa línea, el plan incorpora la regulación de las emisiones de metano de la actividad hidrocarburífera establecida por la Resolución 58/2024, y una estrategia para el avance de las energías renovables, en especial la eólica y la solar, en una provincia con uno de los mejores recursos de viento del país.

Más allá de la energía
El inventario identifica también otros sectores. Los procesos industriales generan unas 0,67 millones de toneladas anuales, casi en su totalidad por la producción de aluminio primario en Puerto Madryn. La agricultura y la ganadería aportan 0,96 millones de toneladas por año, el 7,3% del total, mientras que en el sector de usos de la tierra los incendios forestales aparecen como el principal factor de variabilidad.
El plan se organiza en siete ejes de trabajo, entre ellos la transición energética, la transición productiva y la gestión de los recursos hídricos. En materia de adaptación, se propone fortalecer los sistemas de alerta temprana y la resiliencia ante eventos extremos, como sequías, incendios y tormentas. La coordinación está a cargo del Gabinete Provincial de Cambio Climático, con la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación y la Dirección de Cambio Climático, creada en 2023. La elaboración contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Pocos planes provinciales en marcha
La convalidación de Chubut llega en un contexto de bajo cumplimiento de la ley climática. Según el Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC), un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones, a julio de este año solo Jujuy, La Pampa y Misiones tenían sus planes provinciales de respuesta convalidados. Río Negro, por su parte, presentó su plan provincial para el período 2026-2036.
El mismo observatorio advirtió que el 88,7% de los 115 compromisos climáticos asumidos por el Estado nacional está fuera de trayectoria de cumplimiento, y que de los 76 objetivos que vencen en 2030 solo tres ya fueron alcanzados. A eso se suma que la Argentina todavía no presentó su nueva contribución determinada a nivel nacional ante Naciones Unidas.
Chubut ya había dado señales en materia climática: en 2024 se convirtió en la primera provincia argentina en adherir a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, que compromete a reducir a la mitad las emisiones del sector en una década. El desafío ahora será traducir las metas del plan en resultados verificables, con mediciones periódicas que permitan saber si la reducción comprometida se concreta.


Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Revista Mercado; Gobierno de Chubut 

Mendoza aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos con regalías flexibles y apuesta a Vaca Muerta

La norma, sancionada por el Senado con 31 votos a favor y 2 en contra, reemplaza el régimen de 2006, fija una regalía de referencia del 15% con posibles rebajas, incorpora la concesión no convencional y amplía las obligaciones ambientales de las operadoras.

La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplaza el régimen provincial vigente desde 2006 y busca reactivar una producción petrolera en declive. El Senado le dio sanción definitiva el martes con 31 votos a favor y 2 en contra. La norma incorpora de manera expresa las concesiones de explotación no convencional, pensadas para la porción mendocina de Vaca Muerta, flexibiliza las regalías y amplía las obligaciones ambientales de las empresas en todas las etapas de la actividad.
La reforma fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y todavía no está vigente: debe ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial, y luego requerirá reglamentaciones que definan cómo se aplicarán las reducciones de regalías, los incentivos, los controles y la información a los municipios.

Regalías variables
El cambio central es el esquema de regalías. Para las futuras licitaciones se fija una regalía de referencia del 15%, aunque las empresas podrán ofrecer porcentajes mayores o menores según las características de cada proyecto. Además, el Ejecutivo podrá reducirlas en casos como la reactivación de pozos inactivos, la recuperación mejorada o el desarrollo de áreas de baja productividad, y algunas alícuotas podrían quedar por debajo del 5%.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió la lógica del esquema cuando presentó el proyecto. “El objetivo no es que la recaudación crezca por el precio, sino por la producción”, sostuvo. Según el diagnóstico oficial, la producción en las cuencas convencionales de Mendoza cae desde hace años, con una baja de alrededor del 10%, y la provincia pasó de licitar una sola área en 2019 a doce en 2024.
Por una modificación incorporada durante el debate, los municipios productores recibirán cada tres meses información sobre las alícuotas, la producción, los montos liquidados y las reducciones aplicadas, aunque no podrán aprobar ni rechazar esas rebajas. La ley no establece cuotas de contratación de trabajadores ni de proveedores locales.

La apuesta por Vaca Muerta
La reforma tiene especial impacto en Malargüe, en el sur provincial, que forma parte de la Cuenca Neuquina y concentra la porción mendocina de Vaca Muerta. La nueva figura de concesión no convencional permitirá además reconvertir áreas ya existentes para desarrollar recursos no convencionales, que en la Argentina se extraen mediante fractura hidráulica.
Mendoza reglamentó en 2018 la estimulación hidráulica, conocida como fracking, a partir de un informe técnico elaborado con la Universidad Nacional de Cuyo. La técnica requiere grandes volúmenes de agua y genera aguas residuales y residuos cuya gestión es uno de los principales desafíos ambientales de la actividad, como muestra la experiencia de Neuquén, donde más del 95% de las aguas residuales del fracking se descarta en pozos de inyección profunda.

Más obligaciones ambientales
En materia ambiental, la ley amplía las responsabilidades de las operadoras desde la exploración hasta el cierre y abandono de los yacimientos. Las empresas deberán realizar monitoreos, remediar las áreas afectadas, cerrar correctamente los pozos y sanear los pasivos ambientales, y esas obligaciones no terminarán con la devolución o el abandono de un área.
Además, cada dos años tendrán que publicar una declaración sobre sus prácticas ambientales, laborales y de seguridad. Las multas pasarán a calcularse en función del precio de la nafta súper, y se crea una tasa de control de hasta el 0,8% de las regalías y cánones para financiar las tareas de inspección y fiscalización.

Minería y petróleo en el mismo territorio
La norma también define qué hacer cuando un proyecto petrolero se superpone con derechos mineros. En esos casos, ambas partes deberán buscar la compatibilidad de las actividades, y si la convivencia no es posible o implica riesgos ambientales o de seguridad, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo, con la intervención de las autoridades correspondientes.

Lo que falta
La sanción no garantiza por sí sola nuevas inversiones, producción ni empleo. Su impacto dependerá de las reglamentaciones, las licitaciones y las decisiones de las empresas, y también de la capacidad del Estado provincial para controlar el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales en un territorio donde el agua es un recurso escaso. La aprobación se suma a otras leyes recientes con las que Mendoza busca impulsar las actividades extractivas, como la que habilitó el proyecto de cobre San Jorge, en Uspallata.


Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Mendoza 
Fuentes Consultadas: Diario Mendoza; Portal Sitio Andino; Legislatura de Mendoza; Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza; Universidad Nacional de Cuyo.

Murió atropellado Anguja, un yaguareté nacido en libertad en Iberá, y crece la alarma vial

El felino de dos años y medio, hijo de dos ejemplares reintroducidos en los Esteros del Iberá, fue embestido por una camioneta en la ruta provincial 6, en Corrientes, y la Justicia investiga el hecho como una presunta infracción a la Ley de Fauna.

Anguja, un yaguareté de dos años y medio nacido en libertad en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, murió atropellado en la ruta provincial 6, en Corrientes. El animal fue embestido por una camioneta durante la noche del domingo en el tramo que une Santa Rosa con Mburucuyá, cerca del paraje Pago Redondo y a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. Su cuerpo fue hallado en la madrugada del lunes.
Anguja era hijo de Saso y Coli, dos ejemplares liberados en Iberá en 2021, y era uno de los yaguaretés nacidos en libertad en la provincia, donde la especie había estado extinta durante más de setenta años. No llevaba collar satelital, por lo que los técnicos seguían sus desplazamientos a través de huellas, rastros, registros de cámaras y reportes de pobladores rurales. Sus primeros indicios fuera del núcleo protegido donde nació se habían detectado en julio de 2025.

Investigación en curso
Tras el hallazgo intervinieron la Policía Rural de Corrientes y agentes de la Administración de Parques Nacionales. El fiscal Daniel Lezcano ordenó el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se le realizará la necropsia, y se abrieron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La Justicia correntina busca establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de los ocupantes del vehículo.
El yaguareté está declarado Monumento Natural tanto a nivel nacional como en Corrientes, la máxima categoría de protección para una especie. Según la Fundación Rewilding Argentina, que impulsa el proyecto junto con organismos provinciales y nacionales, el tramo donde ocurrió el atropellamiento contaba con límites de velocidad y carteles que advertían sobre la presencia de fauna, instalados por la Dirección de Parques y Reservas de la provincia.

Un felino que necesita espacio
La muerte de Anguja expone uno de los desafíos centrales del regreso del yaguareté: a medida que la población crece, los animales comienzan a dispersarse fuera de las áreas protegidas en busca de nuevos territorios. Desde la fundación explicaron que estos felinos “necesitan recorrer grandes extensiones de territorio” para alimentarse, establecerse y reproducirse, por lo que la convivencia con las rutas, los campos y las poblaciones se vuelve inevitable.
Por eso, la organización remarcó que la recuperación de la especie no depende únicamente de la reproducción y liberación de ejemplares, sino también de garantizar corredores biológicos seguros y una convivencia responsable con las actividades humanas. Las autoridades provinciales, por su parte, señalaron la necesidad urgente de fortalecer las campañas de concientización vial y de hacer cumplir los límites de velocidad.
Desde que comenzaron las liberaciones en 2021, el proyecto logró que se reprodujeran yaguaretés en libertad en Iberá, y en abril de este año la población silvestre en los esteros rondaba los 50 ejemplares. En todo el país se estima que quedan unos 250 yaguaretés en libertad, distribuidos entre las Yungas, el Gran Chaco, la selva misionera y el Iberá, y la especie está considerada en peligro crítico de extinción en la Argentina.

Las rutas, una amenaza silenciosa
Los atropellamientos son una de las principales causas de muerte de fauna silvestre en el país. Según la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), entre 2019 y noviembre de 2024 se documentaron más de 13.000 animales muertos en las rutas, una cifra que no incluye todos los casos. “Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió Diego Varela, investigador del CONICET y coordinador de la red. En Misiones, cinco yaguaretés murieron atropellados entre 2012 y 2024, entre ellos una hembra preñada.
Los especialistas proponen medidas que combinan el control de la velocidad y la señalización con infraestructura específica, como ecoductos, pasos subterráneos, alcantarillas adaptadas y cercos que guíen a los animales hacia cruces seguros. Un estudio en Misiones que monitoreó 21 alcantarillas y puentes durante 18 meses registró unos 450.000 registros de 35 especies, una muestra de que estas estructuras funcionan cuando se diseñan para la fauna.
Para un proyecto que lleva años de trabajo para devolver al yaguareté a los esteros, la pérdida de cada ejemplar nacido en libertad representa un golpe para una población todavía pequeña, y deja en claro que conservar a la especie también exige rutas más seguras.


Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Nación; Diario Perfil; Portal Canal 26; Diario Infobae; Fundación Rewilding Argentina

La minería explica el 44% de las exportaciones de Salta, pero sus regalías aportan solo el 0,2%

Mientras el gobernador Gustavo Sáenz presenta a la actividad como una oportunidad histórica, un informe del IERAL muestra que las regalías pesan poco en las finanzas del NOA, y el megaproyecto de cobre Taca Taca llega a audiencia pública en Tolar Grande.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a presentar a la minería como una oportunidad histórica para la provincia, pero los números muestran que, al menos por ahora, la actividad deja poco en las arcas públicas. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, en 2025 la minería explicó el 44% de las exportaciones salteñas, mientras que las regalías mineras representaron apenas el 0,2% de los ingresos totales de la provincia.
Sáenz habló durante la clase abierta “Federalismo minero: por una política minera sustentable en lo económico, social y ambiental”, organizada por la Universidad Austral y la Caja de Abogados de Salta. Allí sostuvo que la provincia tiene “todo lo que hoy el mundo demanda”, desde minerales críticos hasta alimentos y energía, y advirtió que las inversiones no deben responder solo a una lógica extractiva, sino generar condiciones para que las comunidades crezcan y vivan con dignidad.

Mucho exporta, poco recauda
El informe del IERAL, elaborado por Alejandra Nazareno, responsable de la sede regional Catamarca del instituto, analizó el impacto directo de la minería en las finanzas de Catamarca, Jujuy y Salta. En conjunto, las tres provincias concentraron en 2025 alrededor del 30% de las exportaciones mineras del país, por unos 1.803 millones de dólares, y la mitad de ese monto correspondió al litio. En Catamarca, la minería explicó el 94% de las exportaciones provinciales, y en Jujuy, el 80%.
Sin embargo, el peso de las regalías en los ingresos provinciales fue marginal en los tres casos: 0,46% en Catamarca, 0,96% en Jujuy y 0,2% en Salta. Tampoco resultaron decisivas para sostener la obra pública. Entre 2023 y 2025, las regalías financiaron entre el 8% y el 9% de la inversión pública en Jujuy, entre el 3% y el 4% en Catamarca y entre el 1% y el 5% en Salta. Según la autora, la minería “no cumple un rol decisivo” en el financiamiento de la inversión de estas provincias.
En el caso salteño, la participación de la inversión pública en los ingresos totales bajó del 8% en 2023 al 6% en 2025, la más baja de las tres jurisdicciones analizadas. El informe aclara que el 0,2% no representa todo el aporte fiscal de la actividad, porque no incluye los impuestos provinciales a las actividades económicas y de sellos, las tasas municipales ni los efectos indirectos sobre salarios, proveedores y contratistas.

Empleo local, una promesa a medir
Durante su exposición, Sáenz reclamó que las empresas prioricen la contratación de trabajadores y proveedores locales. “La mano de obra tiene que ser de Salta, de Catamarca, de Jujuy”, afirmó. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación citados por el IERAL, en marzo de 2026 las tres provincias reunían unos 12.520 empleos mineros formales, el 31% del total nacional, aunque la cifra no permite saber cuántos de esos puestos son ocupados por trabajadores de cada provincia.

Taca Taca, bajo evaluación ambiental
La gran apuesta del gobierno salteño es Taca Taca, el proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals en la Puna. La iniciativa prevé una inversión de hasta 5.250 millones de dólares y una producción promedio de 291.000 toneladas anuales de cobre durante sus primeros diez años, además de oro y molibdeno. La empresa estima que la construcción podría generar hasta 5.000 puestos de trabajo y la operación más de 2.000 empleos directos, aunque se trata de proyecciones empresariales.
El proyecto debe atravesar todavía la evaluación ambiental. La audiencia pública sobre el Informe de Impacto Ambiental y Social está convocada para el 12 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Tolar Grande, donde los vecinos y las organizaciones podrán presentar observaciones. Luego, la autoridad ambiental provincial deberá analizar el expediente antes de resolver sobre la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez obtenido ese aval, la compañía prevé solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.
La escala de Taca Taca obliga a examinar con detalle sus necesidades de agua, energía e infraestructura en uno de los ambientes más áridos del país, además de sus efectos sobre el territorio y las comunidades de la Puna.
Sáenz vinculó además el desarrollo minero con la recuperación de los ramales ferroviarios, la mejora de las rutas y la salida al Pacífico por la ruta nacional 51, y reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales. El desafío, según el propio informe del IERAL, es ampliar los beneficios fiscales y sociales de la actividad más allá de la vida útil de los yacimientos.


Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Diario Página/12; LM Neuquén (Más Energía); IERAL-Fundación Mediterránea; Secretaría de Minería de la Nación; Gobierno de Salta.

Revocan la orden de sanear Ar Zinc, con 800.000 toneladas de residuos tóxicos junto al Paraná

La Cámara Penal de Rosario dejó sin efecto la cautelar que obligaba a la empresa a estabilizar la barranca y contener la jarosita acumulada en su ex planta de Fray Luis Beltrán, y derivó la definición de plazos al juez civil del amparo ambiental.

La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó la orden judicial que obligaba a la empresa Ar Zinc a estabilizar la barranca y contener los residuos tóxicos acumulados en su antigua planta de Fray Luis Beltrán, en el Gran Rosario. En el predio, ubicado entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, permanecen unas 800.000 toneladas de jarosita, un residuo del procesamiento del zinc con metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. El fallo deja sin plazos fijos una remediación que vecinos, fiscales y especialistas consideran urgente.
La decisión fue firmada por el camarista Javier Beltramone, que revocó en forma íntegra la resolución dictada a fines de septiembre por el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia. Esa medida cautelar ordenaba a la empresa iniciar de inmediato los trabajos para estabilizar la barranca sobre el Paraná, contener los depósitos de jarosita, instalar un cerramiento perimetral para impedir el acceso al predio y completar las obras en un plazo máximo de ocho meses, con informes de avance cada quince días.

Una cuestión de competencia
Según el fallo, la Justicia penal no tiene competencia para fijar cronogramas técnicos ni definir soluciones de ingeniería ambiental. Beltramone señaló que esas decisiones corresponden al juez civil que tramita un amparo ambiental iniciado en 2020, con la intervención técnica del Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de la Secretaría de Recursos Hídricos. El camarista también tuvo en cuenta que la empresa presentó contratos de obra con un plazo estimado de once meses.
El fallo aclara, sin embargo, que la decisión no libera a la compañía de sus obligaciones ambientales. Lo que cambia es quién debe fijar las órdenes y los plazos: ya no el fuero penal, sino el juez civil del amparo, a partir de los criterios técnicos que defina la autoridad ambiental provincial.

Una montaña tóxica junto al Paraná
La planta de Fray Luis Beltrán funcionó durante décadas como el principal complejo de producción de zinc electrolítico del país y también fabricaba ácido sulfúrico. El grupo suizo Glencore fue su propietario desde 2005 hasta el cierre definitivo, en 2016, cuando unos 400 trabajadores quedaron sin empleo. En 2021, el predio de unas 50 hectáreas pasó a manos de Integra Capital, un grupo liderado por el empresario José Luis Manzano. El municipio de Fray Luis Beltrán y la parte querellante sostienen que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria por el pasivo ambiental.
La jarosita es un subproducto del proceso de obtención del zinc que concentra metales pesados. Según los especialistas, parte de esos contaminantes se filtra hacia las napas subterráneas y drena hacia el río Paraná, del que se abastecen de agua potable millones de personas en la región.

El riesgo de la barranca
La principal preocupación es la estabilidad de la barranca, sobre la que se asienta parte de las instalaciones. La fiscalía advirtió que un derrumbe podría arrastrar el material contaminado directamente al río, un escenario que se vuelve más probable con las lluvias intensas previstas para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.
Por eso, la orden revocada exigía como primer paso el apuntalamiento urgente de la barranca, y le daba a la empresa diez días para informar si optaría por retirar el material o por tratarlo y contenerlo en el lugar, y quince días para presentar la documentación técnica y los profesionales responsables. Con la revocación, esos plazos quedaron sin efecto hasta que el juez civil defina un nuevo cronograma.

Un pasivo que se arrastra
El caso de Ar Zinc es uno de los pasivos ambientales industriales más graves del corredor del Gran Rosario, una franja sobre el Paraná que concentra puertos, plantas químicas y agroindustriales. A diez años del cierre de la planta, los residuos siguen en el predio y la remediación todavía no tiene una fecha cierta de finalización.
La discusión de fondo excede el expediente judicial. Mientras las autoridades y los tribunales definen quién debe ordenar los trabajos, cómo hacerlos y en qué plazos, las 800.000 toneladas de jarosita continúan a orillas de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, en una zona expuesta a crecidas y lluvias extremas. El desafío ahora es que la definición de competencias no se traduzca en nuevas demoras.


Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario La Capital

León XIV pidió cuidar la riqueza natural argentina y que sus recursos beneficien a las comunidades

En su primer discurso ante las autoridades del país, el Papa mencionó el agua, la energía y los minerales de la Argentina, y planteó que su aprovechamiento debe preservar los territorios y contribuir al bienestar de quienes los habitan.

En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV dedicó un pasaje al patrimonio natural del país y a la forma en que se aprovechan sus recursos. Ante el presidente Javier Milei, gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil reunidos en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el pontífice sostuvo el domingo 8 de noviembre que el desarrollo económico no puede separarse del cuidado de la tierra ni del bienestar de quienes habitan los territorios.
“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó el Papa, y mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía y los minerales del país, que, según dijo, ofrecen amplias posibilidades de desarrollo. Pero enseguida planteó una condición: una ecología auténticamente humana, explicó, debe unir el cuidado de la creación con el de las personas, de modo que el aprovechamiento de esos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios.

Una visita con agenda social y ambiental
El discurso fue la primera intervención pública de León XIV ante las autoridades nacionales, tras una reunión privada en la Casa Rosada, en el marco de una gira que incluyó Uruguay y que continuará en Perú. El pontífice recordó que llegaba a la patria de su antecesor, Francisco, y abordó temas como la democracia, la educación, el trabajo, la tecnología y la solidaridad entre generaciones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, señaló en otro tramo de su mensaje.
En el pasaje ambiental, el Papa también se refirió a la dimensión regional de los bienes naturales, al recordar que los grandes ríos unen territorios y que los ecosistemas se prolongan de un país a otro. Además, mencionó a los pueblos originarios, cuya presencia, dijo, precede al nacimiento de la nación.
Su mensaje no rechazó la producción ni la explotación de recursos, sino que puso el foco en para quién se produce y en cómo se distribuyen los beneficios. En esa línea, pidió favorecer las oportunidades y la iniciativa privada, y procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.

La herencia de Laudato si’
El planteo retoma la perspectiva de Laudato si’, la encíclica de 2015 en la que Francisco propuso el concepto de ecología integral, que vincula la crisis ambiental con la social. Desde el inicio de su pontificado, León XIV dio continuidad a esa línea: en julio de 2025 celebró una misa dedicada al cuidado de la creación, y en sus mensajes ambientales relacionó el deterioro ecológico con la pobreza, los conflictos y la desigualdad. En mayo de este año publicó además la encíclica Magnifica humanitas, en la que denunció nuevas formas de esclavitud vinculadas a la extracción de tierras raras que alimenta a la industria tecnológica.
El pontífice, nacido en Chicago en 1955 como Robert Francis Prevost, conoce de cerca la realidad sudamericana: como sacerdote agustino trabajó durante años en Perú, en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Un país de recursos en disputa
Las palabras del Papa resuenan en un país donde el uso de los bienes naturales está en el centro del debate público. Según el primer Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018, la Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren unos 8.484 kilómetros cuadrados, una reserva estratégica de agua dulce cuya protección quedó en discusión tras la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada este año y cuestionada ante la Justicia por provincias y organizaciones ambientales.
En materia energética, un estudio de la Secretaría de Energía de agosto de 2026 estimó en 30.170 millones de barriles el petróleo técnicamente recuperable en Vaca Muerta, una cifra de recursos y no de reservas comprobadas. En cuanto a los minerales, un relevamiento de 2025 identificó 18,6 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en reservas y unos 197,9 millones en recursos estimados, en el centro de la expansión minera del Noroeste.
La visita del Papa siguió el martes 10 con una misa en Córdoba y una vigilia juvenil en Buenos Aires, y concluirá el miércoles 11 en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú. Según los organizadores, unas 2,5 millones de personas participaron de la misa del lunes en Palermo, la mayor convocatoria de su pontificado.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Canal 26; Perfil; Letra P; Buenos Aires Times

Suiza perdió casi un 20% de sus glaciares en cinco años, una alerta para los Andes argentinos

El informe anual del monitoreo glaciar suizo registró la pérdida del 5,5% del hielo del país en 2026, mientras en la Argentina el Perito Moreno retrocede a un ritmo sin precedentes y la protección de los glaciares quedó en disputa judicial tras la reforma de la ley.

Los glaciares de Suiza perdieron casi una quinta parte de su hielo en apenas cinco años. Según el informe anual de la Red Suiza de Monitoreo de Glaciares (GLAMOS) y la Academia Suiza de Ciencias, difundido el 30 de septiembre, en el año hidrológico 2026 desapareció el 5,5% del volumen de hielo del país, una de las mayores pérdidas desde que existen registros. La señal llega desde los Alpes, pero interpela de lleno a la Argentina, donde los glaciares andinos también retroceden mientras la protección legal que los resguardaba quedó en discusión.
El balance suizo fue el resultado de una combinación desfavorable: un invierno con escasa nieve, que normalmente funciona como una capa protectora sobre el hielo, y un verano con temperaturas récord en Europa. Entre julio y septiembre, los glaciares suizos perdieron unos 2,2 billones de litros de agua, más de cuatro veces el agua potable que consumen en un año todos los hogares del país.

Un deshielo sin pausa
El espesor medio de los glaciares se redujo entre 2,5 y 4 metros en 2026, y en algunos sectores las lenguas glaciares perdieron hasta 10 metros durante el verano. El glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, registró el mayor deshielo de su historia, y el Tsanfleuron perdió más de cuatro metros de espesor promedio. Aun así, el año no superó a 2022, que sigue siendo el peor registro, cuando el polvo del Sahara oscureció la nieve y aceleró la fusión.
“Estamos viendo años con extremos casi todos los años, y esta es una situación realmente preocupante”, advirtió Matthias Huss, director de GLAMOS, en una frase traducida del inglés. El glaciólogo atribuyó la pérdida masiva de hielo al calentamiento global. Las proyecciones indican que, con un calentamiento fuerte, los Alpes podrían perder más del 90% del volumen de sus glaciares hacia 2100, mientras que una reducción rápida de las emisiones permitiría salvar alrededor de un tercio.

El espejo andino
Lo que ocurre en Suiza tiene su correlato en la cordillera argentina. El glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, que durante décadas fue considerado uno de los pocos glaciares estables del planeta, entró en una fase de retroceso acelerado. Un estudio de investigadores argentinos y alemanes publicado en la revista Communications Earth & Environment, con la participación del IANIGLA, mostró que el frente retrocedió unos 800 metros en un sector desde 2020, frente a apenas 100 metros entre 2000 y 2019. El adelgazamiento de su extremo pasó de 0,34 metros por año a un promedio de 5,5 metros anuales entre 2019 y 2024, un ritmo más de dieciséis veces mayor.
Para el glaciólogo Lucas Ruiz, del IANIGLA-CONICET, uno de los autores, “cuando estos procesos comienzan son irreversibles”. El trabajo señala como principal disparador al cambio climático, con menores acumulaciones de nieve y un mayor derretimiento.
Los glaciares andinos cumplen una función clave como reservas de agua dulce. En las provincias cuyanas y del norte, el deshielo alimenta ríos que abastecen a ciudades, cultivos e industrias, sobre todo en los años secos.

Una protección legal en disputa
Ese escenario se cruza con el debate por la nueva Ley de Glaciares. En abril, el Congreso sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.804, que modificó el régimen de la Ley 26.639 de 2010. La reforma permite que cada provincia defina qué glaciares y ambientes periglaciares quedan protegidos, limita la protección estricta a aquellos con una función hídrica comprobada y reemplaza las prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. El Gobierno nacional la defendió como una forma de fortalecer el federalismo ambiental y dar previsibilidad a las inversiones mineras.
La norma enfrenta varias presentaciones judiciales. La provincia de La Pampa, ubicada aguas abajo de los ríos que nacen en la cordillera, le pidió a la Corte Suprema que suspenda la reforma y mantenga vigente la ley anterior. A ese reclamo se suman la demanda colectiva de organizaciones ambientales, que reunió más de 850.000 adhesiones, y una cautelar que suspendió la aplicación de la ley en Santa Cruz.
La experiencia suiza muestra que el retroceso del hielo puede acelerarse en pocos años y que, una vez iniciado, es difícil de revertir. En la Argentina, donde los glaciares son una reserva estratégica de agua frente a sequías cada vez más frecuentes, el debate sobre cómo protegerlos llega en el momento en que la ciencia advierte que el tiempo se acorta.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Agencia AP; Agencia Reuters; IANIGLA-CONICET; Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Arauco concentra 264.000 hectáreas en Misiones en medio de denuncias de comunidades y campesinos

La forestal chilena es el mayor propietario privado de tierras de la provincia y defiende su gestión como sustentable, mientras comunidades Mbya Guaraní, familias campesinas y organizaciones ambientales denuncian el reemplazo de la selva paranaense, disputas territoriales e incendios.

La multinacional forestal de capitales chilenos Arauco concentra en Misiones 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio, una superficie equivalente a más de seis veces la Ciudad de Buenos Aires, que la convierte en el mayor propietario privado de tierras de la provincia. Su expansión, sin embargo, sigue atravesada por denuncias de comunidades Mbya Guaraní y familias campesinas, disputas por la tierra y cuestionamientos ambientales por el reemplazo de la selva paranaense por plantaciones de pinos y eucaliptos.
La empresa opera en la Argentina desde 1996 y tiene su centro de actividades en Misiones, aunque también trabaja en el Delta del Paraná y en otras provincias. A partir de la forestación con especies exóticas, desarrolló una cadena integrada que produce celulosa, madera, paneles y energía. Gran parte de su producción se exporta: la celulosa se vende sobre todo a Asia y Europa, y la compañía afirma que sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes.

La mirada de la empresa
En su Reporte de Sustentabilidad 2025, Arauco se refiere a sus plantaciones como bosques y sostiene que, gestionadas de manera responsable, no solo producen materiales renovables, sino que también capturan carbono, conservan la biodiversidad y protegen servicios ecosistémicos. La compañía asegura además que integra “conservación, restauración y manejo forestal responsable” y que resguarda áreas de alto valor ambiental dentro de su patrimonio.

La selva que ya no está
Las organizaciones ambientales ofrecen otra lectura. Según Greenpeace, cerca de 120.000 hectáreas de las plantaciones de la empresa en Misiones reemplazaron a la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del país. La propia compañía reconoció que, entre 1994 y 2003, cuando operaba como Alto Paraná S.A., desmontó 20.811 hectáreas de vegetación nativa para nuevas plantaciones, a las que se suman otras 100.000 hectáreas compradas a terceros que ya habían sido desmontadas.
Para las organizaciones, los monocultivos de pino compactan y acidifican los suelos, alteran los ciclos del carbono y del nitrógeno y vuelven al territorio más vulnerable a los incendios, que en las plantaciones se propagan con mayor velocidad e intensidad que en el monte nativo. Tras el fuego, el pino rebrota con rapidez y coloniza las áreas quemadas, lo que dificulta la recuperación de la selva.

Comunidades Mbya Guaraní en conflicto
Las disputas por el territorio tienen como protagonistas a varias comunidades indígenas. Santiago Ramos, cacique de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, cerca de Garuhapé, denunció que en 2022 un incendio consumió las plantas medicinales y los frutales nativos de su comunidad, y atribuyó la sequía de arroyos y nacientes al consumo de agua de las plantaciones. También aseguró que análisis propios detectaron contaminación en el arroyo que llega desde la plantación y que la denuncia ante el Estado provincial no tuvo respuesta.
En 2023, Greenpeace se sumó a los reclamos de las comunidades Puente Quemado II y Guazurarí, cerca de Puerto Libertad, cuyos territorios fueron relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena, y denunció que la empresa mantiene plantaciones dentro de ellos. Para Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización, era “hora de terminar con su impunidad”.

Denuncias de familias campesinas
Los conflictos alcanzan también a familias campesinas. En septiembre de este año, en Puerto Argentino 3, en el municipio de San Pedro, la organización Rebelión o Extinción Misiones denunció el incendio de la vivienda de una familia rural días después de que personal de la empresa y de la Policía provincial le indicaran que dejara de trabajar la tierra, y aseguró que en el último mes se habían quemado diez casas en el marco del conflicto. La organización pidió investigar el origen de los incendios. No se conoce una respuesta pública de la empresa ni de las autoridades provinciales a estas denuncias.
La Ley de Bosques 26.331 establece que todo proyecto de desmonte o de manejo de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.

Otra forma de producir
Frente a ese modelo, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) muestra una alternativa. La organización ganó un juicio a la empresa por 600 hectáreas, donde hoy produce alimentos agroecológicos, una experiencia que retrata el documental La Tierra Explota, de Juan Pablo Lepore, estrenado en septiembre. Según el director, en esas tierras trabajan hoy personas que antes eran empleadas de la forestal y que pasaron de aplicar agrotóxicos a producir de forma agroecológica, en una disputa concreta sobre para qué y para quiénes es la tierra.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Arauco (Reporte de Sustentabilidad 2025); Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

La Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países y 35 son altamente peligrosos

Un relevamiento revela que el uso de plaguicidas en el país se multiplicó más de dieciséis veces entre 1990 y 2022, mientras la regulación nacional avanza hacia la flexibilización de los registros y los controles.

En los campos argentinos se utilizan 167 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, y 35 de ellos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo revela una investigación periodística especializada que cruzó los principios activos autorizados en el país con las prohibiciones vigentes en el resto del mundo.
Entre las sustancias de uso habitual en la Argentina figuran el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina, aplicadas sobre todo en cereales y oleaginosas, pero también en el tabaco y la horticultura. Los productos son comercializados por grandes compañías del sector, entre ellas Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.

Un consumo que se multiplicó por dieciséis
El dato más contundente es el del crecimiento del uso. Según la investigación, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas aplicados en el país pasó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros por año, es decir, se multiplicó más de dieciséis veces. En el mismo período, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció un 117% y la producción un 269%, lo que muestra que el consumo de agroquímicos aumentó a un ritmo muy superior al de la propia actividad agrícola.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en el trabajo estima que en unos 36 millones de hectáreas se aplican cada año alrededor de 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de distintos fitosanitarios.

Qué es un plaguicida altamente peligroso
El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la FAO y la OMS en 2013, define a los PAP como aquellos productos que presentan “niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico” para la salud o el ambiente, según los sistemas internacionales de clasificación. El mismo código prevé que los países consideren prohibir su importación, distribución, venta y compra cuando las medidas para reducir los riesgos no resulten suficientes.
La Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por su sigla en inglés), una coalición internacional de organizaciones, propone criterios todavía más amplios: incluye entre los PAP a las sustancias con toxicidad fatal por inhalación, las que pueden provocar daños irreversibles, las que actúan como disruptores endocrinos, las altamente persistentes o bioacumulables y las que resultan muy tóxicas para las abejas y los organismos acuáticos.
El problema se agrava por la cercanía de los cultivos a escuelas, barrios y pueblos rurales, donde los casos de exposición a las fumigaciones derivaron en reclamos vecinales y demandas judiciales en distintas provincias.

Una regulación que va en sentido contrario
La advertencia llega en un contexto de flexibilización normativa. En junio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que creó un nuevo Registro Nacional de Productos Fitosanitarios con inscripciones por tiempo indefinido. La norma permite que los establecimientos que elaboran, importan o exportan estos productos funcionen con una declaración jurada y control posterior, y que los fitosanitarios aprobados en una lista de países considerados equivalentes, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios europeos, ingresen al mercado local mediante un trámite simplificado.
Además, en 2025 se debatió en el Congreso un proyecto de ley que, según denunció Greenpeace, reemplazaba el término agrotóxicos por fitosanitarios y fijaba distancias mínimas de aplicación de 10 metros para las pulverizaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Para la organización, se trataba de una regresión frente a los 1.000 metros de resguardo que fijaron diversos fallos judiciales y ordenanzas locales, como la del municipio bonaerense de Campana.

La paradoja de los países que prohíben y exportan
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Diversas organizaciones vienen denunciando desde hace años el doble estándar de algunos países que prohíben ciertos plaguicidas en su territorio pero permiten que sus empresas los fabriquen y los exporten hacia naciones del Sur Global, donde los controles suelen ser más débiles.
Frente a este escenario, los especialistas y las organizaciones ambientales reclaman avanzar hacia una reducción progresiva del uso de agrotóxicos, eliminar primero los más peligrosos, reforzar el monitoreo independiente sobre el agua, el suelo y los alimentos, y promover una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Agencia Tierra Viva; Portal Bichos de Campo; FAO; OMS; INTA; SENASA

Científicos del CONICET siembran vieiras en el fondo del golfo San José para recuperar sus bancos

Un equipo del CESIMAR-CONICET sembró unas 30.000 vieiras tehuelche en la Península Valdés, que crecieron de forma similar a las silvestres y alcanzaron casi la talla legal de captura, en una experiencia que busca fortalecer la marisquería artesanal.

En el fondo del golfo San José, en el norte de Chubut, un grupo de científicos del CONICET está sembrando vieiras con un objetivo claro: ayudar a recuperar los bancos naturales de un molusco emblemático de la Patagonia antes de que la presión pesquera los deje vacíos. El proyecto, impulsado por el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), del CONICET, ya mostró sus primeros resultados: las vieiras sembradas en el lecho marino crecieron de forma similar a las silvestres y, tras cerca de un año y medio, alcanzaron tallas próximas a la medida legal de captura.
La especie protagonista es la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), un bivalvo que forma bancos en el golfo San José y que sostiene desde hace unas cinco décadas la marisquería artesanal de la Península Valdés. La extracción se realiza en forma manual, mediante buceo, en fondos de hasta unos 25 metros de profundidad.

Bancos que se vacían
En condiciones naturales, los bancos pueden alcanzar densidades de hasta 150 ejemplares por metro cuadrado, pero tras la temporada de pesca quedan prácticamente agotados. A eso se suma que la especie atraviesa ciclos naturales de abundancia y escasez, que combinados con la presión pesquera pueden prolongar durante varias temporadas la recuperación de los bancos.
Por eso, el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, contempla el repoblamiento de bancos de bivalvos como una de las herramientas para responder a la presión pesquera. El proyecto es coordinado por Leandro Getino Mamet, becario posdoctoral del CONICET en el CESIMAR, y Gaspar Soria, investigador del organismo.

Cómo se siembra una vieira
El método aprovecha el ciclo de vida del molusco. Tras los desoves de fines de diciembre y enero, las larvas nadan alrededor de un mes en la columna de agua antes de fijarse a una superficie. Para captarlas, los investigadores instalan colectores artificiales, fabricados con redes de tipo Netlon, donde “las larvas se adhieren y comienzan a crecer”, explicó Getino Mamet.
Los juveniles, que miden apenas dos o tres milímetros, permanecen algunos meses en los colectores. Luego son retirados y sembrados directamente en el fondo marino. En la primera experiencia, en el verano de 2025, los colectores se colocaron en la zona de Fracasso, y en abril se sembraron unas 30.000 vieiras en Los Morros, en la costa sur del golfo, con densidades similares a las de los bancos naturales. Los investigadores estimaron que, al llegar a la talla comercial de unos 60 milímetros, ese repoblamiento podría rendir entre 500 y 1.000 kilos.

Las papas de mar y un nuevo diseño
El camino no estuvo libre de obstáculos. Uno de los principales problemas fueron las ascidias, conocidas como papas de mar, unos organismos que colonizan los colectores y dificultan su manipulación y la recuperación de las semillas. En 2026, el equipo realizó ensayos de limpieza mediante buceo, que redujeron el efecto de las ascidias, acortaron los tiempos de trabajo y mejoraron la captación y el crecimiento de los juveniles.
Además, probaron un nuevo diseño de colectores que cuadruplicó la cantidad de semilla obtenida, un avance clave para pensar en una escala mayor.

Ciencia junto a los marisqueros
La experiencia combina el trabajo científico con el conocimiento local. Buzos profesionales del Área de Náutica y Buceo del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) participaron en las tareas submarinas, y la Secretaría de Pesca de Chubut brindó apoyo logístico. La primera etapa fue financiada por un fondo de investigación marina del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y la continuidad del proyecto contará con el respaldo de la Fundación Williams.
El próximo paso será escalar la experiencia con más colectores en el mar y evaluar si el sistema funciona en condiciones reales de trabajo, junto a los marisqueros artesanales del golfo, con sus embarcaciones, su equipamiento y su conocimiento del ambiente. Según Getino Mamet, el objetivo a largo plazo es generar conocimiento y herramientas que permitan replicar la experiencia a mayor escala.
Si los resultados se confirman, el repoblamiento podría convertirse en una herramienta para fortalecer una pesquería artesanal que es parte de la identidad de la Península Valdés y, al mismo tiempo, para conservar un recurso que depende del equilibrio entre lo que se extrae y lo que se devuelve al mar.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; CONICET; CESIMAR-CONICET; CENPAT; Secretaría de Pesca de Chubut; Diario Jornada.

Ambientalistas advierten que la Corte Suprema se aleja de los grandes conflictos ambientales

Abogados y organizaciones ambientales sostienen que el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas sobre bosques, glaciares, el Riachuelo y derechos indígenas, en un contexto de desregulación que, según denuncian, favorece a los proyectos extractivos.

Organizaciones y abogados ambientalistas advierten que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aleja cada vez más de los grandes conflictos ambientales del país. Según sus críticos, el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas estructurales sobre bosques, ríos, glaciares y derechos de los pueblos indígenas, mientras avanzan las políticas de desregulación y los proyectos extractivos. El planteo retoma conclusiones del segundo Informe de Regresiones Socioambientales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que analizó las políticas aplicadas entre julio de 2025 y julio de 2026.
La Corte funciona hoy con solo tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con dos vacantes sin cubrir y sin ninguna mujer en su composición. Para Lucas Micheloud, codirector de la asociación, la falta de respuestas del tribunal “termina siendo funcional a quienes saquean nuestros bienes comunes”. En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la organización, la calificó como una de las peores Cortes de la historia reciente.

Causas que esperan
La lista de expedientes pendientes es extensa. En 2019, Greenpeace presentó un amparo contra el Estado nacional y las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco. La Corte tardó cuatro años en declararse competente y todavía no resolvió el fondo, mientras los desmontes continúan: entre enero y septiembre de este año se perdieron más de 73.000 hectáreas de bosque nativo en esas cuatro provincias, según el monitoreo satelital de la propia organización.
Algo similar ocurre con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que entre otras medidas derogó la Ley de Tierras, que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros. El tribunal rechazó un planteo contra esa derogación por falta de legitimación y, casi tres años después de la firma del decreto, sigue sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
En el golfo San Matías, en Río Negro, la Multisectorial que defiende el área cuestionó en 2023 la derogación de la Ley 3.308, que prohibía la actividad hidrocarburífera en sus aguas. La causa tampoco fue tratada por la Corte, en una zona donde hoy avanza la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación de crudo.

Respuestas tardías
Los críticos señalan además casos en los que la Corte respondió cuando ya era tarde. La comunidad qom Nam Qom, de Formosa, reclamó la consulta previa por la instalación de una planta de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek. El tribunal tardó once años en expedirse y, cuando lo hizo, la obra estaba prácticamente terminada y rechazó el planteo.
La causa Mendoza, por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, es otro ejemplo citado. En octubre de 2024, tras dieciséis años, la Corte dio por finalizada la supervisión del cumplimiento de su histórica sentencia de 2008 y ordenó archivar el expediente, aunque gran parte de los objetivos de acceso al agua, cloacas y salud pública seguían pendientes. Este año, la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona las tareas de limpieza del río.
El próximo desafío llegó con la reforma de la Ley de Glaciares, la Ley 27.804, promulgada en abril. La provincia de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y otras entidades, pidió al tribunal que suspenda la norma mientras se define su constitucionalidad. El pedido todavía no tiene respuesta.

De los fallos emblemáticos al silencio
El contraste es mayor si se considera la historia reciente del tribunal. La misma Corte construyó una jurisprudencia ambiental reconocida en toda la región con fallos como el de la causa Mendoza, Salas, que frenó desmontes en Salta, Majul, que reconoció el valor de los humedales, y el del río Atuel, que obligó a Mendoza a garantizar un caudal mínimo hacia La Pampa.
El malestar también se trasladó a la calle. En octubre, durante el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, una protesta interrumpió la exposición de Lorenzetti en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obligó a suspenderla, y hubo manifestaciones similares en San Martín de los Andes.
Más allá de la Corte, el informe de los abogados ambientalistas describe un retroceso más amplio, con la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación de 16 proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el 90% vinculados a minería, hidrocarburos o infraestructura asociada, y recortes en organismos como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta el momento, la Corte no respondió públicamente a las críticas.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Tiempo Argentino; Portal Economía Sustentable; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Juicio a Conarpesa: testigos describen el caño que volcaba efluentes pesqueros en el Golfo Nuevo

En el nuevo juicio por presunta contaminación en Puerto Madryn, que se hace después de que el Superior Tribunal de Chubut anulara la absolución, declararon funcionarios, un investigador del CONICET y un perito informático sobre el vertido de efluentes sin tratar de 2023.

El nuevo juicio por presunta contaminación ambiental contra dos empleados de la pesquera Conarpesa sumó en Puerto Madryn testimonios clave sobre el caño que, según la acusación, volcaba efluentes industriales sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En la segunda audiencia del debate, un exfuncionario municipal, un funcionario provincial, un investigador del CONICET y un perito informático describieron el hallazgo de la conexión, el resultado de los análisis y los mensajes que forman parte de la prueba.
Los acusados son la responsable del área ambiental de la empresa y el encargado del sistema de tratamiento de efluentes, imputados como presuntos coautores del delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El juicio se desarrolla ante la jueza Yamila Flores, en un tribunal unipersonal, con la acusación a cargo del fiscal jefe Alex Williams. En la primera jornada, ambos imputados negaron haber dispuesto una conexión clandestina.

Un juicio que vuelve a empezar
Es la segunda vez que el caso llega a juicio oral. En el primer debate, realizado en 2025, la Fiscalía había pedido penas de tres años y seis meses y de tres años y tres meses de prisión, pero la jueza Patricia Reyes absolvió a los dos acusados. En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló por unanimidad esa absolución por deficiencias jurídicas en la sentencia y ordenó un nuevo juicio con otro juez. El debate comenzó el 5 de noviembre.
La empresa involucrada es Continental Armadores de Pesca S.A. (Conarpesa), una exportadora de langostinos con planta en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn, alejado del área urbana y junto a una playa de acantilados.

El caño en la playa
Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2023, cuando denuncias públicas y el video de un vecino alertaron sobre un vertido en la costa del Golfo Nuevo. El líquido, de color naranja o rosado intenso y fuerte olor, salía de una cañería que desembocaba en la playa y que, según la investigación, provenía de la pesquera. Para la Fiscalía, los responsables conocían ese conducto de desvío y lo utilizaron hasta que la presencia judicial y policial obligó a interrumpir el vertido.
Facundo Ursino, quien durante nueve años fue secretario de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn, describió el hallazgo de un caño de PVC que llevaba el líquido por gravedad hacia la costa. Explicó que elevó un informe técnico y que, tras el monitoreo municipal, esa coloración no volvió a registrarse.
Jonatan Ueberfeld, hoy director general de Logística de la Secretaría de Ambiente provincial, relató que siguieron el recorrido aguas arriba. En las cámaras de otras dos plantas encontraron agua tratada, pero, tras excavar, hallaron un caño de cemento roto con líquido sin tratar que llegaba hasta la línea de Conarpesa. Ante una fotografía exhibida por la Fiscalía, el testigo dijo ver dos caños, mientras que la acusada sostuvo que eran tres.

Lo que revelaron los análisis
El investigador Mauricio Faleschini, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), que depende del CENPAT-CONICET, y especialista con más de veinte años en tratamiento de aguas residuales, tomó muestras en la cámara que rebalsaba y en la descarga sobre la playa. Según declaró, los valores superaban los límites del decreto provincial 1540/16, y advirtió sobre el efecto que una descarga sostenida puede tener en un cuerpo de agua cerrado como el golfo. De acuerdo con los datos de la causa, las muestras mostraron más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica, frente a un límite permitido de 50.

Los mensajes del celular
El perito informático forense Ariel Aburto presentó su informe sobre los mensajes que el encargado de efluentes envió al teléfono de la responsable ambiental. Entre ellos figura uno que decía: “no podemos derivar más al pay pass”. Los imputados explicaron en la primera audiencia que el mensaje se refería al cierre del by-pass, una derivación que la empresa había declarado.
Las defensas, a cargo de Luis Novoa y Jorge Rubiolo, interrogaron a los testigos sobre las inspecciones realizadas en otras plantas de la zona. En un momento de la audiencia, la jueza llamó la atención a uno de los defensores por formular una pregunta que condicionaba la respuesta.

Un golfo de alto valor ecológico
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur. Según Faleschini, este tipo de vertidos no elimina los nutrientes, lo que podría alterar el equilibrio del ecosistema. El juicio continuará con nuevas audiencias.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut; Portal Economía Sustentable; Diario Jornada; Ministerio Público Fiscal de Chubut