Temporal en Embarcación reaviva el debate del monte
Temporal en Embarcación: 150 heridos y un debate abierto sobre los desmontes en el norte de Salta
El fuerte viento y la lluvia dañaron viviendas, escuelas y el tendido eléctrico, mientras organizaciones advierten que la pérdida de monte nativo aumenta la vulnerabilidad de los pueblos del Chaco salteño frente a los eventos extremos.
Un violento temporal de viento y lluvia golpeó el jueves 12 de noviembre a Embarcación, en el norte de Salta. Dejó unas 150 personas heridas, viviendas sin techo, árboles y postes caídos y cortes de luz. El episodio reavivó en la región un debate de fondo: el vínculo entre la pérdida del monte nativo y la creciente vulnerabilidad de los pueblos del Chaco salteño frente a los eventos climáticos extremos, en una temporada marcada por El Niño.
Según informó el Gobierno de Salta, los heridos fueron atendidos en el Hospital San Roque de la localidad. Entre ellos había personas con fracturas y lesiones cortantes, y un niño con un traumatismo encefalocraneano grave, que fue derivado en código rojo al hospital de Orán. Las ráfagas derribaron techos, árboles y postes de media tensión, dañaron viviendas y comercios y dejaron sin suministro eléctrico a Embarcación y Senda Hachada.
La respuesta oficial
El Comité de Emergencia Climática provincial, encabezado por el ministro Mario Mimessi junto al intendente Carlos Funes, coordinó la asistencia. Participaron equipos de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Seguridad. Hubo personal de Defensa Civil, refuerzo de ambulancias, entrega de artículos de primera necesidad y suspensión de clases en las escuelas afectadas. La distribuidora eléctrica trabajó en la reposición del servicio, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía la alerta amarilla para el departamento.
El monte como amortiguador
Organizaciones socioambientales sostienen que estos episodios no pueden analizarse sin mirar lo que ocurre alrededor de los pueblos. Un análisis publicado tras el temporal plantea que la destrucción del monte prepara el terreno para la catástrofe. El argumento es que los suelos desnudos pierden capacidad de absorber el agua, y las comunidades quedan más expuestas a anegamientos, erosión y aludes.
Esa relación entre deforestación y escurrimiento está ampliamente documentada por la ciencia hidrológica: la cobertura boscosa intercepta la lluvia, favorece la infiltración y reduce la velocidad con que el agua llega a los cauces. El norte salteño tiene antecedentes dolorosos, como el alud que arrasó parte de Tartagal en 2009, cuando especialistas señalaron el desmonte en la cuenca alta como uno de los factores que agravaron el desastre. En el caso de Embarcación, sin embargo, los daños principales fueron provocados por el viento, y no hay estudios que vinculen directamente este temporal con la deforestación de la zona.
Topadoras en territorio wichí
El debate se da en un territorio donde la presión sobre el bosque no se detiene. En octubre, Greenpeace denunció el desmonte de más de 3.300 hectáreas en dos meses en tres fincas ubicadas sobre la ruta nacional 86, cerca de Tartagal. Según la denuncia, los desmontes afectaron territorios y cementerios de diez comunidades wichí. “Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó entonces Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización.
A comienzos de este año, en la comunidad wichí de Misión Chaqueña, a unos 48 kilómetros de Embarcación, mujeres indígenas cortaron un camino para frenar la tala y las quemas en una franja de monte cuya titularidad está en disputa. Dos miembros de la comunidad fueron detenidos tras denunciar los hechos. Ese mismo verano, una veintena de mujeres wichí y guaraníes viajó a Buenos Aires para reclamar ante la Corte Suprema por desmontes que, según denunciaron, continuaban pese a medidas judiciales que los suspendían.
Una ley que necesita controles
La Ley de Bosques Nativos 26.331 establece presupuestos mínimos de protección y obliga a las provincias a ordenar su territorio. Sin embargo, las organizaciones advierten que sin financiamiento ni controles efectivos su aplicación queda debilitada. Salta es una de las provincias con mayor pérdida de bosque del país y, junto con Santiago del Estero, Chaco y Formosa, concentra la mayor parte de la deforestación del Gran Chaco argentino.
Con un El Niño que anticipa lluvias por encima de lo normal en el norte durante el verano, el temporal de Embarcación funciona como advertencia. La forma en que se gestione el monte que todavía queda en pie será clave para la seguridad de los pueblos del Chaco salteño y de las comunidades indígenas que dependen de él.
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Indymedia Argentina, Portal Informate Salta, Portal La Hora de Salta
El Niño y la crecida favorecen mosquitos y roedores
Alerta por la proliferación de mosquitos y roedores por El Niño y la crisis climática
Con calor, lluvias por encima de lo normal e inundaciones en el Litoral, la organización advirtió sobre el aumento de plagas que transmiten enfermedades como el dengue y la leptospirosis, y difundió una guía de prevención.
Con la llegada del calor, las lluvias que trae El Niño y una crecida del río Paraná que ya dejó miles de evacuados en el Litoral, Greenpeace Argentina advirtió que el país enfrenta un escenario favorable para la proliferación de mosquitos, cucarachas, moscas, hormigas y roedores. La organización publicó una guía de prevención en la que vincula el aumento de estas plagas con la crisis climática y recuerda que algunas de ellas transmiten enfermedades como el dengue, el zika y la leptospirosis.
La advertencia se apoya en un diagnóstico que comparte la Organización Mundial de la Salud: el aumento de las temperaturas y los cambios en el régimen de lluvias están modificando la distribución de los vectores de enfermedades. También están ampliando las zonas y los meses en los que pueden reproducirse.
Un mosquito que se adapta al clima
El principal motivo de preocupación es el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue en la Argentina. Con temperatura y humedad favorables, puede completar su ciclo “desde huevo hasta adulto en apenas una semana”, según la organización. Además, sus huevos resisten largos períodos de sequía adheridos a las paredes de los recipientes y eclosionan cuando vuelven a mojarse, de modo que cada lluvia puede dar origen a una nueva generación.
El Niño agrava ese cuadro. El Servicio Meteorológico Nacional estimó que el fenómeno se mantendrá al menos hasta fin de año, con tendencia a intensificarse y lluvias por encima de lo normal en buena parte del noreste. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que las lluvias intensas y las inundaciones multiplican los criaderos, sobre todo donde el agua queda acumulada en recipientes, neumáticos, canaletas o macetas.
Por ahora, la temporada de dengue arrancó tranquila. El Boletín Epidemiológico Nacional de mediados de octubre registraba casi un millar de casos sospechosos desde el inicio de la temporada 2026-2027 y solo cuatro confirmados, todos con antecedente de viaje al exterior. Sin embargo, los equipos de salud siguen en alerta por el antecedente de la temporada 2023-2024. Esa temporada también coincidió con El Niño y dejó más de 580.000 casos confirmados y 419 muertes. Los especialistas aclaran que el clima, por sí solo, no permite anticipar la magnitud de un brote.
Roedores y alacranes tras las inundaciones
Las crecidas también desplazan a otros animales. Los roedores buscan refugio en zonas secas y en las viviendas, y con ellos aumenta el riesgo de leptospirosis. Es una enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de ratas y otros mamíferos y que se contrae al tener contacto con agua o barro contaminados. Sus síntomas pueden confundirse con los del dengue, y se cura con antibióticos si se detecta a tiempo.
Distinto es el caso del hantavirus. En la región lo transmite el ratón colilargo, propio de zonas rurales y no de las ratas urbanas, y se contagia sobre todo al inhalar polvo contaminado en galpones o construcciones cerradas. Los alacranes, en especial las especies del género Tityus, de importancia sanitaria en el país, también se desplazan con el agua y representan un riesgo mayor para los niños. “Con el calentamiento global y las inundaciones, el alacrán se va a desplazar”, advirtió la licenciada en saneamiento ambiental Mariana Maglianesi.
Cómo prevenir en casa
La guía de Greenpeace propone sostener las medidas durante todo el año y no solo en verano. La primera es eliminar el agua estancada: hacer descacharrado después de cada lluvia, vaciar y cepillar bebederos y floreros, y mantener tapados tanques y cisternas. La segunda es sumar barreras físicas, como mosquiteros en puertas y ventanas, ropa que cubra brazos y piernas y repelentes registrados ante la ANMAT.
También recomienda mantener el pasto corto y las canaletas y desagües limpios, guardar la basura en recipientes con tapa y almacenar correctamente los alimentos para no atraer roedores ni insectos. A quienes regresan a sus casas después de una inundación les aconseja evitar el contacto directo con agua estancada o barro y usar botas y guantes impermeables durante la limpieza.
La vacuna contra el dengue se aplica en dos dosis, con estrategias focalizadas según cada jurisdicción. Ayuda a reducir los cuadros graves, pero no reemplaza la eliminación de criaderos. En un clima cada vez más cálido y húmedo, la prevención cotidiana se vuelve una forma concreta de adaptación.
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal Aire de Santa Fe, Canal 26, Greenpeace Argentina, Ministerio de Salud de la Nación
Crecida del Paraná: más de 4.500 evacuados en el Litoral
La crecida del río Paraná ya deja más de 4.500 evacuados en el Litoral y el INA anticipa más subas
Al menos diez ciudades ribereñas de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos superaron su cota de evacuación, y los pronósticos indican que el río seguirá creciendo en el tramo medio e inferior en el marco de un El Niño intenso.
La crecida del río Paraná sigue avanzando sobre el Litoral y ya obligó a dejar sus casas a más de 4.500 personas. Según el último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias, realizado el jueves 12 de noviembre, hay 4.547 evacuados y autoevacuados en 25 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que el río continúe en ascenso en el tramo medio e inferior durante los próximos días.
Chaco es la provincia más afectada, con 2.242 personas fuera de sus hogares, seguida por Corrientes, con 2.005. En Santa Fe se contabilizan 164 evacuados y en Entre Ríos, 136. En la capital correntina, unos 690 vecinos tienen sus viviendas anegadas.
Una decena de ciudades sobre la cota de evacuación
Los registros del sábado 14 muestran que la mayoría de las ciudades ribereñas ya superó su nivel de evacuación. Los difundió el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral, con datos de la Prefectura Naval. En Barranqueras, en Chaco, el río alcanzó 6,56 metros, frente a una cota de evacuación de 6,50. En Goya marcó 5,86 metros, por encima de los 5,70 de referencia, y en Esquina, 5,51 metros.
En Santa Fe, Reconquista llegó a 5,70 metros, cuando la evacuación se fija en 5,30. En Entre Ríos, el río superó la cota en La Paz, con 6,28 metros; en Hernandarias, con 6,39; en Paraná, con 5,64, y en Diamante, con 5,74. También se informaron situaciones críticas en Isla del Cerrito y San Javier.
La ciudad de Santa Fe está al límite: el sábado registró 5,66 metros, apenas 4 centímetros por debajo de su nivel de evacuación, con una suba de 16 centímetros por día. Más al sur, Rosario marcó 4,63 metros, todavía por debajo de su cota de alerta de 5 metros, pero con un aumento de 10 centímetros en 24 horas. Villa Constitución, San Nicolás y San Pedro también registraron subas.
Lo que viene: el río seguirá subiendo
El pronóstico del INA del 13 de noviembre anticipa que “la onda de crecida sigue propagándose hacia el tramo medio e inferior de la cuenca”. Las estimaciones centrales para las próximas semanas son estas:
- Santa Fe: 5,84 metros el 17 de noviembre y 5,90 el 24, ya por encima de la cota de evacuación.
- Paraná: se mantendría en torno a 5,82 metros.
- Rosario: podría pasar de 4,98 metros el 17 a 5,33 el 24, lo que la llevaría por encima de su nivel de alerta hacia fines de mes.
Aguas arriba, la situación empieza a estabilizarse. La Entidad Binacional Yacyretá estimó que el caudal de ingreso a la represa llegaría a unos 24.700 metros cúbicos por segundo y que luego oscilaría entre 20.500 y 24.500. En octubre, el caudal medio fue de 14.400 metros cúbicos por segundo, el más alto para ese mes desde 1971. Septiembre y octubre superaron el promedio histórico en un 37% y un 106%, respectivamente.
El Niño, detrás de las aguas altas
La crecida se da en el marco de un evento de El Niño de gran intensidad, que suele traer lluvias por encima de lo normal en el noreste argentino y en la cuenca alta del Paraná. Según los informes climáticos que cita la entidad binacional, existe “una alta probabilidad de nuevos episodios de aguas altas” entre noviembre de este año y enero de 2027, de modo que el río podría marcar la temporada de verano.
El fenómeno llega después de la bajante extraordinaria que sufrió el Paraná entre 2019 y 2022, la peor en casi ocho décadas. Ese período dejó cauces y barrancas modificados, y también un avance de la ocupación sobre zonas bajas que hoy quedan más expuestas al agua.
Impactos en la costa y en los humedales
La crecida ya altera la vida cotidiana en las ciudades ribereñas. En Santa Fe, las playas de las costaneras Este y Oeste no funcionarán como balnearios esta temporada por la fuerza de la corriente y los elementos que arrastra el río. En Rosario, la llegada masiva de camalotes modificó la costa y complicó la toma de agua.
Para los humedales del Delta y las islas, las aguas altas forman parte del pulso natural del río y renuevan nutrientes y hábitats para peces y aves. Pero cuando las crecidas son extremas, el riesgo pasa a las comunidades que viven en las zonas bajas, donde la ubicación de las viviendas y el estado de los caminos definen cuán grave será el impacto.
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal MeteoRed, Agencia Federal de Emergencias, Instituto Nacional del Agua, Universidad Nacional del Litoral (CIM-FICH)
Yaguareté: piden a la Corte frenar los desmontes
Piden a la Corte Suprema suspender los desmontes en el norte argentino para salvar al yaguareté
Greenpeace reclamó al máximo tribunal que resuelva con prioridad una medida cautelar en la causa Yaguareté, mientras en las cuatro provincias del Gran Chaco ya se perdieron más de 73.000 hectáreas de bosque nativo en lo que va del año.
Greenpeace Argentina volvió a golpear la puerta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la pérdida de bosques nativos en el norte del país. Con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la organización pidió al máximo tribunal dos cosas en la llamada causa Yaguareté: que resuelva con prioridad una medida cautelar para suspender los desmontes en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, y que convoque a una audiencia pública.
El reclamo se apoya en los datos de deforestación de este año. Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en esas cuatro provincias, según el relevamiento satelital de la propia organización. Santiago del Estero encabeza la lista con 35.368 hectáreas, seguida por Salta con 20.122, Chaco con 9.339 y Formosa con 8.395.
Un felino al borde de la desaparición
El centro de la causa es el yaguareté, el mayor felino de América, declarado Monumento Natural Nacional. En el Gran Chaco argentino se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. Según el escrito, la deforestación y la fragmentación de su hábitat “ponen en serio riesgo la supervivencia” de la especie en esa región.
La presentación también cuestiona las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta. Son los mapas que cada provincia elabora para definir qué zonas pueden desmontarse y cuáles deben conservarse. De acuerdo con la organización, esos cambios no tuvieron en cuenta los estudios científicos disponibles sobre el yaguareté y sus necesidades de territorio.
La Ley de Bosques, en el centro del debate
El pedido llega en medio de la discusión por la reforma de la Ley de Bosques, la norma 26.331 sancionada en 2007, que fija los presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Según el escrito, con los cambios propuestos por el Gobierno nacional el desmonte quedaría prohibido solo en los bosques de Categoría I, o rojos, que representan cerca del 10% de la superficie de los ordenamientos territoriales de las cuatro provincias. Para la organización, eso provocaría un aumento significativo de la deforestación.
La presentación suma un segundo cuestionamiento: el desfinanciamiento de la ley, que alcanza también a los fondos destinados al control de los desmontes ilegales y a la prevención de incendios. Sin esos recursos, advierten, las provincias pierden capacidad para fiscalizar lo que ocurre en el territorio.
Los datos oficiales también muestran que la ley vigente se incumple con frecuencia. En 2023, el último año con cifras oficiales consolidadas, más de la mitad del desmonte registrado en el país se produjo en zonas donde la norma prohíbe el cambio de uso del suelo, la mayor parte en bosques de categoría amarilla.
Siete años esperando una respuesta
La causa tiene una larga historia. En 2019, Greenpeace presentó un amparo contra las cuatro provincias y el Estado nacional para reclamar deforestación cero en el hábitat del yaguareté. En 2021 pidió una medida cautelar y en 2022 la Corte anunció una audiencia pública. En noviembre de 2023, el tribunal se declaró competente de manera originaria y pidió informes a las provincias, al Estado nacional y a la Administración de Parques Nacionales. Desde entonces, la cautelar sigue sin resolverse.
Para reforzar el pedido, el escrito invoca el criterio que aplicó la propia Corte en la causa Árbol de Pie, vinculada con la Ley de Tierras. En ese caso, el tribunal reconoció “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno” y justificó una medida interina. La organización sostiene que el mismo razonamiento debería aplicarse ahora, ya que cada mes de demora se traduce en miles de hectáreas perdidas.
El Gran Chaco, un bosque sudamericano en retroceso
El Gran Chaco es el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonía y se reparte entre la Argentina, Paraguay y Bolivia. En la porción argentina viven comunidades indígenas y campesinas que dependen del monte para su subsistencia. También habitan allí especies amenazadas como el tatú carreta y el pecarí quimilero, además del yaguareté.
El avance de la frontera agropecuaria lo convirtió en uno de los focos de deforestación más activos del continente. En la Cumbre del Clima de Glasgow, en 2021, la Argentina se comprometió a alcanzar la deforestación cero para 2030. Con la reforma de la ley en debate y una causa que lleva siete años en el máximo tribunal, la decisión de la Corte sobre la cautelar puede marcar el rumbo de lo que queda del bosque chaqueño.
Greenpeace invitó además a la ciudadanía a sumarse a la República de los Siete Bosques, una comunidad de monitoreo y protección del bosque nativo.
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Norte, El Heraldo, Portal Chequeado, Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más de 300 cámaras buscan a los yaguaretés de Misiones
Con más de 300 cámaras trampa, Argentina y Brasil buscan saber cuántos yaguaretés quedan en la selva
Un nuevo monitoreo binacional en el Corredor Verde busca estimar la población del felino en la selva misionera, donde el último relevamiento, de 2024, contó una media de 84 ejemplares tras años de recuperación.
Más de 300 cámaras trampa distribuidas en la selva misionera vuelven a buscar al yaguareté. Como cada noviembre, investigadores de la Argentina y Brasil pusieron en marcha un nuevo Monitoreo Binacional de Yaguaretés en el Corredor Verde, el área de Bosque Atlántico del Alto Paraná que comparten ambos países, con el objetivo de estimar cuántos ejemplares sobreviven en la población más importante del país.
En el lado argentino se instalaron 170 estaciones de muestreo con 340 cámaras. El trabajo es coordinado por el Proyecto Yaguareté, del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) y el CONICET, junto al Proyecto Onças do Iguaçu, que depende del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) de Brasil, con el acompañamiento de la Fundación Vida Silvestre Argentina. El relevamiento coincide con el Día Internacional del Yaguareté y con el Día Provincial de la especie en Misiones.
Huellas digitales en la piel
El método es sencillo en apariencia, pero muy preciso. Las cámaras se activan con el movimiento y registran a los animales sin alterar su comportamiento. Como cada yaguareté tiene un patrón de manchas único, similar a una huella digital, los investigadores pueden distinguir a los individuos ya conocidos de los nuevos y, a partir de esos registros, estimar el tamaño de la población, su distribución y los cambios entre un monitoreo y otro.
El seguimiento se realiza de manera sistemática desde 2003. “Esta serie de datos constituye la más extensa a nivel mundial con la especie”, destacó Agustín Paviolo, investigador del CONICET y coordinador del Proyecto Yaguareté.
De 400 a 40, y una recuperación frágil
Los registros muestran una historia de altibajos. A comienzos de la década de 1990 se estimaba que en el Bosque Atlántico del Alto Paraná vivían más de 400 yaguaretés. Para mediados de la década siguiente, la población se había desplomado a alrededor de 40 ejemplares, una caída cercana al 90%, por la caza, la pérdida de bosques y la fragmentación del hábitat.
A partir de entonces, las acciones de conservación permitieron una recuperación sostenida: entre 2006 y 2018 la población se duplicó y alcanzó una estimación de 105 individuos. Sin embargo, los monitoreos posteriores mostraron que ese crecimiento se detuvo. El censo de 2020-2021, que abarcó unas 564.000 hectáreas con 215 estaciones de cámaras, estimó entre 76 y 106 ejemplares, con una media de 90, y los investigadores advirtieron entonces que era la primera disminución registrada desde 2005. El último relevamiento, realizado en 2024 sobre más de 570.000 hectáreas, estimó entre 64 y 110 yaguaretés en el Corredor Verde, con una media de 84, una leve disminución que los especialistas siguen con atención.
Amenazas que persisten
Entre las principales amenazas figuran la caza del yaguareté y de sus presas, los conflictos con la ganadería, la fragmentación de la selva y los atropellamientos en rutas. Este último problema volvió a quedar en evidencia esta semana con la muerte de Anguja, un yaguareté nacido en libertad en los Esteros del Iberá, que fue embestido por una camioneta en una ruta de Corrientes.
“La población misionera de yaguaretés es la más grande del país”, recordó Sebastián Fermani, director de Conservación de Vida Silvestre, quien subrayó la importancia de sostener el monitoreo para orientar las medidas de protección. En todo el país se estima que quedan unos 250 yaguaretés en libertad, repartidos entre la selva misionera, las Yungas, el Gran Chaco y los Esteros del Iberá, y la especie está considerada en peligro crítico de extinción en la Argentina.
Una especie que no conoce fronteras
El carácter binacional del monitoreo responde a la propia biología del felino. Los yaguaretés recorren grandes territorios y cruzan sin dificultad entre el Parque Nacional Iguazú, en la Argentina, y el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, por lo que solo un trabajo coordinado entre ambos países permite conocer el estado real de la población.
Los resultados de este nuevo relevamiento permitirán saber si la población logró estabilizarse o si la tendencia a la baja continúa, un dato clave para definir las políticas de conservación del mayor felino de América en uno de sus últimos refugios del país.
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Portal Economía Sustentable; Portal Unidiversidad; Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET)
Golfo Nuevo: cuatro pesqueras, ante la Justicia
Imputan hoy a responsables de cuatro pesqueras de Puerto Madryn por contaminar el Golfo Nuevo
La Fiscalía de Puerto Madryn especializada en delitos ambientales abre este lunes la investigación por descargas de efluentes que, según la acusación, superaron ampliamente los límites legales durante 2016 y 2017.
Cuatro empresas pesqueras de Puerto Madryn quedan desde hoy en el centro de una causa penal por la contaminación del Golfo Nuevo. Este lunes, a las 12, la jueza penal Patricia Asaro encabezará la audiencia en la que la Fiscalía formalizará la apertura de la investigación contra cuatro responsables de las áreas ambientales de Red Chamber, Estrella Patagónica, Conarpesa y Congeladores Patagónicos. Están acusados de haber volcado al mar efluentes líquidos con niveles de contaminantes que superaban los límites de la normativa provincial.
La acusación estará a cargo de la fiscal Cecilia Pistará, de la agencia del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn especializada en delitos ambientales, que encabeza el fiscal jefe Álex Williams. En esta instancia, los imputados conocerán los hechos que se les atribuyen y la calificación legal propuesta. Se trata de una etapa inicial del proceso: ninguno de ellos fue juzgado y rige el principio de inocencia.
Qué sostiene la Fiscalía
Según la hipótesis fiscal, durante 2016 y 2017 las cuatro plantas descargaron en el Golfo Nuevo efluentes que no cumplían los parámetros fijados por las normas provinciales. Las muestras, tomadas dentro de cada establecimiento, habrían arrojado valores de demanda química de oxígeno y de bacterias coliformes fecales “ampliamente superiores al máximo permitido por ley”, según la descripción del Ministerio Público.
La demanda química de oxígeno mide cuánto oxígeno se necesita para degradar la materia orgánica y otros compuestos presentes en el agua. Un valor elevado indica una carga contaminante que, al llegar al mar, consume el oxígeno disponible para la vida acuática. Los coliformes fecales, en tanto, son indicadores bacteriológicos de contaminación y de posible riesgo sanitario para quienes usan las costas.
La calificación provisoria es contaminación ambiental, como delito continuado y en calidad de coautores. Esa figura implica que, para la acusación, no se trató de un episodio aislado sino de una conducta que se repitió en el tiempo.
Una causa que llega casi diez años después
Los hechos investigados ocurrieron hace casi una década. El expediente se tramitó primero en el fuero federal y luego fue remitido a la Justicia provincial, que ahora retoma la investigación con esta audiencia. La información difundida antes de la jornada no precisó qué dio origen a la causa ni qué penas podrían corresponder si el caso llegara a juicio. Esos aspectos podrían conocerse a partir de la presentación de la fiscal.
El tiempo transcurrido es uno de los puntos que probablemente estarán en discusión, tanto por la reconstrucción de la prueba como por los planteos que puedan hacer las defensas. Para las organizaciones y vecinos que siguen la situación del golfo, en cambio, el caso pone en foco el control de los efluentes del parque industrial pesquero durante esos años.
Conarpesa, con otro juicio en curso
Una de las firmas mencionadas, Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), enfrenta en paralelo otro proceso por un hecho distinto. Desde el 5 de noviembre se desarrolla en Puerto Madryn un segundo juicio oral contra dos de sus empleados por el caño que, según la acusación, volcaba en febrero de 2023 efluentes sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En ese debate, un investigador del CENPAT-CONICET declaró que las muestras superaban los límites del decreto provincial 1540/16, con más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica frente a un máximo de 50. El primer juicio había terminado en absolución en 2025, pero el Superior Tribunal de Justicia de Chubut lo anuló y ordenó repetirlo. Ese proceso todavía no tiene sentencia.
Un golfo bajo presión
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur y sostiene buena parte del turismo de la región. Su forma semicerrada hace que la renovación del agua sea lenta, por lo que las descargas sostenidas pueden tener un efecto acumulativo sobre el ecosistema.
No es la única señal de alerta. Un estudio reciente de investigadores del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, publicado en la revista Marine Pollution Bulletin, detectó residuos de 49 agroquímicos en bivalvos del golfo. La actividad pesquera es central para la economía de Puerto Madryn y de Chubut. La audiencia de este lunes vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre ese motor productivo y la protección de un ambiente marino único.
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal ADNSUR, Canal 12 Web, Portal La Tecla Patagonia, Diario El Chubut
Argentina sigue con una calificación climática insuficiente
La Argentina mantiene una calificación climática altamente insuficiente, según un análisis
El Climate Action Tracker advierte que la baja de emisiones responde a la recesión y no a nuevas políticas, que la meta presentada en 2025 apenas las reduce un 6% y que la expansión de los hidrocarburos en Vaca Muerta va en sentido contrario.
La política climática argentina sigue lejos de lo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. Así lo concluye la última evaluación del Climate Action Tracker (CAT), una iniciativa científica independiente que analiza los compromisos y las políticas de los países, y que mantiene a la Argentina en la categoría de “altamente insuficiente”, tanto por sus metas como por sus acciones concretas. Según el informe, si todos los países siguieran un enfoque similar, el calentamiento global podría superar los 3 °C y llegar hasta los 4 °C hacia fines de siglo.
En su actualización anterior, el CAT había ubicado al país en la categoría más baja, “críticamente insuficiente”. La mejora, sin embargo, no responde a nuevas políticas. “Este cambio no refleja nuevas acciones climáticas de Argentina, sino que es resultado de menores emisiones históricas”, aclaró la organización.
Menos emisiones, pero por la recesión
De acuerdo con el análisis, las emisiones del país cayeron alrededor de un 4% entre 2022 y 2024, tras el rebote posterior a la pandemia. Pero el CAT atribuye esa baja a la contracción económica y a la menor demanda de energía, y no a un cambio estructural en la matriz energética. Por eso advierte que, si la economía vuelve a crecer sin cambios en la intensidad de las emisiones ni en la política climática, las emisiones podrían volver a subir.
Una meta que casi no reduce
El informe también evaluó la tercera contribución determinada a nivel nacional (NDC) de la Argentina, presentada en noviembre de 2025 por la Subsecretaría de Ambiente. El compromiso fija un tope de emisiones netas de 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) tanto para 2030 como para 2035, y abarca todos los gases y sectores del inventario nacional.
Para el CAT, esa meta representa apenas una reducción del 6% respecto de los niveles de 2022. Si se excluye el sector de uso del suelo, los límites incluso suben de 360 a 365 millones de toneladas entre 2030 y 2035, lo que implica que las emisiones seguirían creciendo en lugar de bajar, como exige el objetivo de 1,5 °C. Para alinearse con esa meta, el país debería fijar topes un 37% más bajos en 2030 y un 49% menores en 2035.
El Gobierno, por su parte, defendió la NDC como un compromiso realista. “La ambición debe ser siempre lo posible”, sostuvo al presentarla el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien destacó que la actualización amplía la cobertura del inventario y es un requisito para que el país participe en los mercados de carbono del Acuerdo de París. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en cambio, cuestionó la falta de una hoja de ruta, la escasa participación pública y la contradicción entre las metas y el impulso a la expansión petrolera y gasífera.
Vaca Muerta en el centro
Uno de los principales cuestionamientos apunta al rumbo energético. El Gobierno promueve la expansión de la producción y exportación de petróleo y gas, sobre todo en Vaca Muerta, con el apoyo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y proyecta que el superávit comercial energético podría pasar de 6.000 millones de dólares en 2024 a 44.000 millones en 2035, impulsado por las exportaciones de gas natural licuado.
Mientras tanto, las energías renovables, sin contar las grandes represas hidroeléctricas, cubrieron el 15% del consumo eléctrico, frente a una meta del 20% para 2025, y el gas aportó el 54% de la generación eléctrica de ese año.
Metano y uso del suelo
El informe señala además la falta de metas y medidas específicas para reducir el metano, que representó el 29% de las emisiones nacionales en 2022, alrededor de dos tercios provenientes de la ganadería. En el sector de bosques y uso del suelo, que en los últimos veinte años explicó en promedio más del 20% de las emisiones del país, el CAT reclama mantener y reforzar las políticas que limitan la deforestación.
Las recomendaciones
Entre sus recomendaciones, la organización plantea fijar metas más ambiciosas para 2030 y 2035, garantizar recursos humanos y financieros para aplicar las políticas climáticas vigentes, dejar de apoyar la expansión de la producción de hidrocarburos, reactivar los instrumentos de promoción de las energías renovables y diseñar una estrategia baja en carbono para la agricultura, la ganadería y el uso del suelo.
La evaluación llega mientras se desarrolla la COP31 en Antalya, Turquía, donde los países discuten cómo cerrar la brecha entre sus compromisos y lo que exige la ciencia.
Fecha de Publicación: 14/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Bichos de Campo; Climate Action Tracker; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo
Científicos detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo, una zona casi sin agricultura
Un estudio del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham halló residuos de plaguicidas en todas las muestras de mejillones, cholgas, almejas y vieiras analizadas frente a Puerto Madryn, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina.
Un estudio científico detectó 49 agroquímicos distintos en moluscos bivalvos del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, en Chubut, una zona donde no desemboca ningún río y donde la actividad agrícola es mínima. El trabajo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, encontró residuos de al menos un plaguicida en todas las muestras analizadas, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina desde hace años.
La investigación fue publicada en la revista científica Marine Pollution Bulletin con el título en inglés Occurrence and concentration of agricultural phytosanitary residues in bivalve mollusks collected from Golfo Nuevo, Argentina. Sus autores son Camila Ayelén Frydman, Cintia Natalia Gonzalez, Natalia Pesquero, María Juana Ruiz, Elena Susana Barbieri, Marina Valeria Mozgovoj y Diego Sebastián Cristos. Según los investigadores, se trata de la primera línea de base sistemática sobre la presencia de estos compuestos en bivalvos del golfo.
Residuos en todas las muestras
El equipo analizó 87 bivalvos, entre ellos mejillones, cholgas, almejas y vieiras, recolectados en tres sitios del golfo entre 2021 y 2023. Se buscaron 57 fitosanitarios de uso habitual, y 49 de ellos fueron detectados al menos una vez. Los herbicidas fueron el grupo más frecuente y el que presentó las concentraciones más altas, seguidos por los fungicidas y, en menor medida, por los insecticidas.
Dos compuestos aparecieron en el 100% de las muestras: el fungicida carbendazim y el insecticida diclorvós, este último prohibido en la Argentina desde 2018. El imidacloprid, un insecticida prohibido en la Unión Europea, se encontró en el 92% de los casos. También se detectaron paraquat, vetado en Europa desde 2007, y clorpirifós, prohibido en el país desde 2023. En total, 26 de los 49 plaguicidas hallados figuran en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN).
En cuanto a las concentraciones, 28 compuestos superaron los 10 microgramos por kilo de tejido, un valor genérico que la Unión Europea utiliza como límite máximo de residuos por defecto. Los autores aclararon que lo emplearon solo como referencia comparativa, porque no existen límites específicos para bivalvos. El herbicida carfentrazona-etil fue el que registró los niveles más elevados, con un promedio cercano a los 1.900 microgramos por kilo y valores máximos superiores a 4.100.
Cómo llegan al mar
El hallazgo resulta llamativo por el lugar. El Golfo Nuevo no recibe aportes de ríos, y en Chubut la agricultura ocupa menos del 1% de la superficie provincial. Por eso, los investigadores plantean dos vías posibles. Una es la escorrentía superficial desde áreas cultivadas, que podría incluir efluentes vinculados a la actividad industrial cercana. La otra es la deposición atmosférica: los plaguicidas pueden evaporarse o ser arrastrados por el viento junto con el polvo desde zonas de producción lejanas y depositarse luego sobre el mar.
El estudio, de todos modos, no logró determinar cuál es el origen concreto de los compuestos.
¿Hay riesgo para quienes los consumen?
Los científicos advierten que todavía no se sabe si esas concentraciones representan un riesgo concreto para la salud humana, y que no existen límites específicos con los cuales compararlas. Los bivalvos funcionan como centinelas de la contaminación porque filtran grandes volúmenes de agua y acumulan sustancias, pero su presencia en los tejidos no demuestra por sí sola un peligro para los consumidores. Los investigadores también señalan que otras especies que se alimentan de ellos, como cangrejos y pulpos, podrían acumular residuos, algo que todavía no fue analizado.
Un vacío de control
El trabajo expone además un vacío en los controles. La Secretaría de Pesca de Chubut monitorea todos los meses las biotoxinas asociadas a la marea roja, pero no analiza la presencia de agroquímicos. La normativa nacional, a través de la Resolución 829/2006 de la entonces Secretaría de Agricultura, contempla compuestos organohalogenados, pero el monitoreo queda en manos de las provincias.
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral y sostiene actividades de pesca artesanal y maricultura. El estudio se suma a otras alertas sobre la llegada de contaminantes a ecosistemas considerados prístinos, y refuerza el debate sobre el uso masivo de agroquímicos en el país, donde se emplean decenas de sustancias que están prohibidas en otras partes del mundo.
Provincia/Región: Chubut - Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Mongabay; INTA; CONICET; Universidad Nacional de Hurlingham
La arena para Vaca Muerta, bajo la lupa alemana
Un diario alemán expone el impacto de la extracción de arena en Ibicuy para Vaca Muerta
Un informe publicado en Alemania describe la transformación de dunas milenarias en fosas, el deterioro del agua potable y la falta de controles en el sur entrerriano, mientras la producción provincial de arena para el fracking se encamina a los seis millones de toneladas este año.
La extracción de arena en Ibicuy, en el sur de Entre Ríos, para abastecer al fracking de Vaca Muerta llegó a las páginas de la prensa alemana. Un informe del periodista Jürgen Vogt, publicado en el diario alemán taz, describe la transformación de un paisaje de dunas de unos 4.500 años en un “paisaje de fosas”, denuncia el impacto sobre el agua potable de la localidad y vincula el negocio con Alemania, que a partir de 2027 recibiría gas natural licuado proveniente de la formación neuquina.
Según el informe, cada pozo de fracking requiere entre 6.000 y 15.000 toneladas de arena, que se inyecta junto con agua y químicos para mantener abiertas las fisuras de la roca por donde fluyen el petróleo y el gas. La arena de cuarzo de Ibicuy y sus alrededores es considerada una de las mejores para esa tarea, y en la zona operan una docena de areneras, entre ellas la cantera El Mangrullo, de YPF, la mayor de la región, con cintas transportadoras que funcionan las 24 horas.
Un boom que crece cada año
Los datos oficiales confirman la magnitud del fenómeno. Según cifras de la provincia, la producción de arena en Entre Ríos pasó de 2,5 millones de toneladas en 2024 a 3,6 millones en 2025, y hasta junio de este año ya sumaba 2,7 millones, con una proyección cercana a los seis millones para todo 2026. La recaudación por guías mineras saltó de unos 1.000 millones de pesos en 2024 a 4.000 millones en 2025. En la provincia operan unas 130 empresas mineras, de las cuales alrededor de cien son areneras.
El Gobierno provincial sostiene que en los últimos años ordenó la actividad y reforzó los controles, y atribuye el aumento de la recaudación a una fiscalización más eficaz. Según funcionarios del área, entre 2022 y 2023 no se había labrado ni una sola acta ni multa a las empresas.
El agua, bajo presión
Los vecinos y especialistas consultados en el informe advierten sobre otro escenario. El agrónomo y productor Carlos Cadoppi, que se opone a la actividad desde 2017, denunció la existencia de pozos de hasta ocho metros de profundidad cuando la normativa permite tres, y aseguró que una arenera lavó arena en un arroyo lindante con sus campos, lo tapó y lo secó, y luego extrajo agua del mismo acuífero que abastece a la población. Para Cadoppi, lo que ocurre es un “ecocidio”.
La Cooperativa de Agua de Ibicuy, que abastece a más de 2.000 hogares desde tres pozos de 55 metros, registró un aumento de las concentraciones de hierro y manganeso de 0,12 a 1,20 miligramos por litro, y los filtros, que antes se limpiaban una vez por semana, ahora deben limpiarse casi a diario. Según el informe, las areneras consumen en una hora lo que los hogares de la localidad usan en un día. Félix Echenique, de la cooperativa, propuso que las empresas utilicen agua del río y reutilicen la que decanta en sus piletas.
El biólogo Rubén Quintana, de la Fundación Humedales, describió la zona como un paisaje relicto que no puede restaurarse una vez destruido.
Camiones sin balanza
El informe también pone el foco en los controles. Entre las areneras y la Patagonia circularían a diario entre 400 y 1.500 camiones, pero no existe una balanza oficial para pesar las cargas, y la carta de porte digital, si no es controlada en la ruta, podría reutilizarse. Cadoppi y el abogado Ricardo Luciano presentaron una denuncia penal por presunta evasión fiscal: según sus cálculos, se declararon 1,5 millones de toneladas, cuando a Vaca Muerta habrían llegado unas cuatro millones.
Causas judiciales sin resolver
El conflicto también tiene un frente judicial. Luciano ganó un amparo que obligaba a las empresas a realizar los estudios hidrogeológicos exigidos por la ley provincial de aguas, y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo confirmó en septiembre de 2022, pero según el informe la sentencia todavía no se ejecutó.
En octubre de 2025, además, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, citó a declaración indagatoria al intendente de Ibicuy, a la secretaria de Ambiente, al secretario de Minería y al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, en una causa iniciada por una denuncia de Cadoppi por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de control sobre las areneras. No se conocieron novedades posteriores sobre esa causa.
Cadoppi envió una carta abierta al gobernador Rogelio Frigerio en la que sostiene que los funcionarios no cumplieron con sus tareas de control. Hasta el momento, ni el Gobierno provincial ni las empresas respondieron públicamente a los planteos del informe.
Fecha de Publicación: 14/11/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Portal El Entre Ríos; Portal Letra P; El Día de Gualeguaychú; Gobierno de Entre Ríos
Cerro Catedral: alertas ambientales por el plan urbanístico
Advierten riesgos ambientales y geológicos en el plan urbanístico para la base del cerro Catedral
La Defensoría del Pueblo de Bariloche pidió una evaluación ambiental integral del Plan Director, que fija las reglas de construcción en 77 hectáreas del cerro, mientras la concesionaria presiona por aprobaciones para una inversión de unos 30 millones de dólares.
El Plan Director que busca ordenar el desarrollo urbanístico de la base del cerro Catedral, en Bariloche, enfrenta advertencias por sus posibles impactos ambientales y geológicos. La Defensoría del Pueblo de la ciudad pidió una evaluación ambiental integral del plan y la revisión de sus estudios por organismos técnicos independientes, mientras la empresa concesionaria del centro de esquí, Catedral Alta Patagonia (CAPSA), presiona para obtener las aprobaciones que le permitan avanzar con una inversión de unos 30 millones de dólares.
El plan fija parámetros urbanísticos y de uso del suelo sobre 77 de las 1.920 hectáreas públicas del cerro, en la zona de la base, ubicada a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se definirán alturas, superficies y usos permitidos para futuras construcciones, un debate que en Bariloche se arrastra desde 2018, cuando se aprobó la prórroga de la concesión, que se extiende hasta el 31 de octubre de 2056.
Una inversión con apuro
La principal obra prevista es el reemplazo de la telecabina Amancay por un nuevo sistema de 68 cabinas para diez pasajeros, que duplicaría la capacidad actual hasta unas 3.000 personas por hora y reduciría el tiempo de ascenso de unos 15 a unos 5 minutos. El proyecto incluye además un edificio de 11.530 metros cuadrados cubiertos, unas 3,7 veces la superficie actual, y nuevos estacionamientos. Según la empresa, la construcción podría ocupar a unas 2.000 personas.
CAPSA sostiene que, si las aprobaciones no llegan a tiempo, el reemplazo de la telecabina podría postergarse al menos una temporada más allá del invierno de 2027. La empresa presentó su propuesta en septiembre, pero hasta el momento la provincia de Río Negro no respondió el planteo sobre la telecabina, y el expediente del Plan Director todavía no llegó al Concejo Municipal.
Las alertas de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Mariana Minuth, con el aporte técnico de la ingeniera Ailin Clavería, advirtió que el cerro presenta riesgos geológicos que deben evaluarse de manera integral. Entre ellos mencionó los deslizamientos, la caída de rocas, los flujos de agua y sedimentos, la erosión, la pérdida de vegetación y la compactación del suelo, a partir de antecedentes del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de estudios científicos sobre la zona.
El organismo también alertó sobre los impactos acumulativos de las distintas obras, los efectos del cambio climático en la montaña y la capacidad de las plantas de tratamiento de efluentes para absorber nuevas construcciones. Por eso, reclamó que el plan sea analizado como un todo y no obra por obra, y que los estudios presentados sean revisados por organismos técnicos independientes.
En la audiencia pública realizada en mayo, en la que hablaron unos 70 expositores, varios respaldaron con énfasis las inversiones previstas, mientras que otros advirtieron sobre el impacto ambiental y geológico de los desarrollos. Luego se sumaron presentaciones escritas del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de Río Negro, el Colegio de Arquitectos, la junta vecinal Cerro Catedral y vecinos de la zona.
La postura del municipio
El gobierno municipal, encabezado por Walter Cortés, defiende que el plan permitirá ordenar un área con importantes déficits de infraestructura. Según el intendente, el Informe de Sensibilidad Ambiental elaborado por la concesionaria redujo del 9% al 4% de la superficie concesionada el área potencial de intervención en la base, y la propuesta excluye la expansión hacia los bosques nativos.
El municipio sostiene además que la empresa deberá costear la totalidad de las obras de agua, saneamiento y energía, y que “cada obra deberá pasar por una evaluación posterior” en la que se analizará el proyecto concreto. En paralelo, convocó a una audiencia pública sobre el estudio de impacto ambiental de un reservorio de 130.000 metros cúbicos destinado a la fabricación de nieve artificial.
El Ejecutivo municipal también planteó la necesidad de un debate más amplio, que incluya los posibles beneficios para los vecinos y una consulta popular vinculante sobre la concesión, y reconoció que hay pocas posibilidades de completar la aprobación este año. En el Concejo, algunos ediles respaldan las inversiones para mantener la competitividad del centro de esquí, mientras que otros cuestionan el alcance del desarrollo inmobiliario y comercial y piden evaluar cada proyecto por separado.
La discusión sobre el cerro Catedral se suma a otros debates abiertos en Bariloche sobre el avance de grandes desarrollos turísticos en zonas de bosques y montañas, en una región donde el atractivo natural es, al mismo tiempo, su principal motor económico.
Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario Neuquino; Diario Río Negro; Defensoría del Pueblo de Bariloche
Chubut se compromete a bajar 15% sus emisiones energéticas
Chubut se compromete a recortar un 15% las emisiones de su sector energético hacia 2030
La provincia obtuvo la convalidación nacional de su Plan de Respuesta al Cambio Climático, que fija un tope de 7,83 millones de toneladas de CO₂ equivalente para el sector energético, responsable de más del 90% de sus emisiones.
La provincia de Chubut se comprometió a reducir un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero de su sector energético hacia 2030, en comparación con los niveles de 2022. La meta forma parte del Plan de Respuesta al Cambio Climático de Chubut (PRCCCh), que fijó como tope para ese año un máximo de 7,83 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) en ese sector. El plan fue presentado el 28 de octubre ante la Mesa de Articulación Provincial y obtuvo la convalidación del Gobierno nacional.
El documento se elaboró en el marco de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que obliga a cada provincia a elaborar su propio plan de respuesta, y fue aprobado a nivel provincial mediante el Decreto 1140/25. “Que nuestro plan haya sido convalidado a nivel nacional confirma que Chubut tiene una hoja de ruta climática seria”, afirmó Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia.
Una provincia petrolera frente al clima
El compromiso tiene un peso particular en Chubut, una provincia con una fuerte actividad hidrocarburífera. Según el inventario incluido en el plan, en 2022 la provincia emitió 9,94 millones de toneladas de CO₂ equivalente, y el sector energético explicó el 92,64% de ese total, con un promedio de 9,40 millones de toneladas anuales.
Dentro de ese sector, la quema de combustibles aporta unos 7,1 millones de toneladas por año, mientras que las emisiones fugitivas vinculadas a la producción de petróleo y gas suman alrededor de 2,3 millones, con un rol central del metano. Este gas, liberado en pérdidas, venteos y quemas en los yacimientos, tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono en el corto plazo, por lo que su control es una de las herramientas más rápidas para reducir el impacto climático.
En esa línea, el plan incorpora la regulación de las emisiones de metano de la actividad hidrocarburífera establecida por la Resolución 58/2024, y una estrategia para el avance de las energías renovables, en especial la eólica y la solar, en una provincia con uno de los mejores recursos de viento del país.
Más allá de la energía
El inventario identifica también otros sectores. Los procesos industriales generan unas 0,67 millones de toneladas anuales, casi en su totalidad por la producción de aluminio primario en Puerto Madryn. La agricultura y la ganadería aportan 0,96 millones de toneladas por año, el 7,3% del total, mientras que en el sector de usos de la tierra los incendios forestales aparecen como el principal factor de variabilidad.
El plan se organiza en siete ejes de trabajo, entre ellos la transición energética, la transición productiva y la gestión de los recursos hídricos. En materia de adaptación, se propone fortalecer los sistemas de alerta temprana y la resiliencia ante eventos extremos, como sequías, incendios y tormentas. La coordinación está a cargo del Gabinete Provincial de Cambio Climático, con la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación y la Dirección de Cambio Climático, creada en 2023. La elaboración contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pocos planes provinciales en marcha
La convalidación de Chubut llega en un contexto de bajo cumplimiento de la ley climática. Según el Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC), un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones, a julio de este año solo Jujuy, La Pampa y Misiones tenían sus planes provinciales de respuesta convalidados. Río Negro, por su parte, presentó su plan provincial para el período 2026-2036.
El mismo observatorio advirtió que el 88,7% de los 115 compromisos climáticos asumidos por el Estado nacional está fuera de trayectoria de cumplimiento, y que de los 76 objetivos que vencen en 2030 solo tres ya fueron alcanzados. A eso se suma que la Argentina todavía no presentó su nueva contribución determinada a nivel nacional ante Naciones Unidas.
Chubut ya había dado señales en materia climática: en 2024 se convirtió en la primera provincia argentina en adherir a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, que compromete a reducir a la mitad las emisiones del sector en una década. El desafío ahora será traducir las metas del plan en resultados verificables, con mediciones periódicas que permitan saber si la reducción comprometida se concreta.
Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Revista Mercado; Gobierno de Chubut
Mendoza sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos
Mendoza aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos con regalías flexibles y apuesta a Vaca Muerta
La norma, sancionada por el Senado con 31 votos a favor y 2 en contra, reemplaza el régimen de 2006, fija una regalía de referencia del 15% con posibles rebajas, incorpora la concesión no convencional y amplía las obligaciones ambientales de las operadoras.
La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplaza el régimen provincial vigente desde 2006 y busca reactivar una producción petrolera en declive. El Senado le dio sanción definitiva el martes con 31 votos a favor y 2 en contra. La norma incorpora de manera expresa las concesiones de explotación no convencional, pensadas para la porción mendocina de Vaca Muerta, flexibiliza las regalías y amplía las obligaciones ambientales de las empresas en todas las etapas de la actividad.
La reforma fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y todavía no está vigente: debe ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial, y luego requerirá reglamentaciones que definan cómo se aplicarán las reducciones de regalías, los incentivos, los controles y la información a los municipios.
Regalías variables
El cambio central es el esquema de regalías. Para las futuras licitaciones se fija una regalía de referencia del 15%, aunque las empresas podrán ofrecer porcentajes mayores o menores según las características de cada proyecto. Además, el Ejecutivo podrá reducirlas en casos como la reactivación de pozos inactivos, la recuperación mejorada o el desarrollo de áreas de baja productividad, y algunas alícuotas podrían quedar por debajo del 5%.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió la lógica del esquema cuando presentó el proyecto. “El objetivo no es que la recaudación crezca por el precio, sino por la producción”, sostuvo. Según el diagnóstico oficial, la producción en las cuencas convencionales de Mendoza cae desde hace años, con una baja de alrededor del 10%, y la provincia pasó de licitar una sola área en 2019 a doce en 2024.
Por una modificación incorporada durante el debate, los municipios productores recibirán cada tres meses información sobre las alícuotas, la producción, los montos liquidados y las reducciones aplicadas, aunque no podrán aprobar ni rechazar esas rebajas. La ley no establece cuotas de contratación de trabajadores ni de proveedores locales.
La apuesta por Vaca Muerta
La reforma tiene especial impacto en Malargüe, en el sur provincial, que forma parte de la Cuenca Neuquina y concentra la porción mendocina de Vaca Muerta. La nueva figura de concesión no convencional permitirá además reconvertir áreas ya existentes para desarrollar recursos no convencionales, que en la Argentina se extraen mediante fractura hidráulica.
Mendoza reglamentó en 2018 la estimulación hidráulica, conocida como fracking, a partir de un informe técnico elaborado con la Universidad Nacional de Cuyo. La técnica requiere grandes volúmenes de agua y genera aguas residuales y residuos cuya gestión es uno de los principales desafíos ambientales de la actividad, como muestra la experiencia de Neuquén, donde más del 95% de las aguas residuales del fracking se descarta en pozos de inyección profunda.
Más obligaciones ambientales
En materia ambiental, la ley amplía las responsabilidades de las operadoras desde la exploración hasta el cierre y abandono de los yacimientos. Las empresas deberán realizar monitoreos, remediar las áreas afectadas, cerrar correctamente los pozos y sanear los pasivos ambientales, y esas obligaciones no terminarán con la devolución o el abandono de un área.
Además, cada dos años tendrán que publicar una declaración sobre sus prácticas ambientales, laborales y de seguridad. Las multas pasarán a calcularse en función del precio de la nafta súper, y se crea una tasa de control de hasta el 0,8% de las regalías y cánones para financiar las tareas de inspección y fiscalización.
Minería y petróleo en el mismo territorio
La norma también define qué hacer cuando un proyecto petrolero se superpone con derechos mineros. En esos casos, ambas partes deberán buscar la compatibilidad de las actividades, y si la convivencia no es posible o implica riesgos ambientales o de seguridad, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo, con la intervención de las autoridades correspondientes.
Lo que falta
La sanción no garantiza por sí sola nuevas inversiones, producción ni empleo. Su impacto dependerá de las reglamentaciones, las licitaciones y las decisiones de las empresas, y también de la capacidad del Estado provincial para controlar el cumplimiento de las nuevas exigencias ambientales en un territorio donde el agua es un recurso escaso. La aprobación se suma a otras leyes recientes con las que Mendoza busca impulsar las actividades extractivas, como la que habilitó el proyecto de cobre San Jorge, en Uspallata.
Fecha de Publicación: 13/11/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Diario Mendoza; Portal Sitio Andino; Legislatura de Mendoza; Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza; Universidad Nacional de Cuyo.
Murió atropellado Anguja, un yaguareté nacido en Iberá
Murió atropellado Anguja, un yaguareté nacido en libertad en Iberá, y crece la alarma vial
El felino de dos años y medio, hijo de dos ejemplares reintroducidos en los Esteros del Iberá, fue embestido por una camioneta en la ruta provincial 6, en Corrientes, y la Justicia investiga el hecho como una presunta infracción a la Ley de Fauna.
Anguja, un yaguareté de dos años y medio nacido en libertad en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, murió atropellado en la ruta provincial 6, en Corrientes. El animal fue embestido por una camioneta durante la noche del domingo en el tramo que une Santa Rosa con Mburucuyá, cerca del paraje Pago Redondo y a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. Su cuerpo fue hallado en la madrugada del lunes.
Anguja era hijo de Saso y Coli, dos ejemplares liberados en Iberá en 2021, y era uno de los yaguaretés nacidos en libertad en la provincia, donde la especie había estado extinta durante más de setenta años. No llevaba collar satelital, por lo que los técnicos seguían sus desplazamientos a través de huellas, rastros, registros de cámaras y reportes de pobladores rurales. Sus primeros indicios fuera del núcleo protegido donde nació se habían detectado en julio de 2025.
Investigación en curso
Tras el hallazgo intervinieron la Policía Rural de Corrientes y agentes de la Administración de Parques Nacionales. El fiscal Daniel Lezcano ordenó el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se le realizará la necropsia, y se abrieron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La Justicia correntina busca establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de los ocupantes del vehículo.
El yaguareté está declarado Monumento Natural tanto a nivel nacional como en Corrientes, la máxima categoría de protección para una especie. Según la Fundación Rewilding Argentina, que impulsa el proyecto junto con organismos provinciales y nacionales, el tramo donde ocurrió el atropellamiento contaba con límites de velocidad y carteles que advertían sobre la presencia de fauna, instalados por la Dirección de Parques y Reservas de la provincia.
Un felino que necesita espacio
La muerte de Anguja expone uno de los desafíos centrales del regreso del yaguareté: a medida que la población crece, los animales comienzan a dispersarse fuera de las áreas protegidas en busca de nuevos territorios. Desde la fundación explicaron que estos felinos “necesitan recorrer grandes extensiones de territorio” para alimentarse, establecerse y reproducirse, por lo que la convivencia con las rutas, los campos y las poblaciones se vuelve inevitable.
Por eso, la organización remarcó que la recuperación de la especie no depende únicamente de la reproducción y liberación de ejemplares, sino también de garantizar corredores biológicos seguros y una convivencia responsable con las actividades humanas. Las autoridades provinciales, por su parte, señalaron la necesidad urgente de fortalecer las campañas de concientización vial y de hacer cumplir los límites de velocidad.
Desde que comenzaron las liberaciones en 2021, el proyecto logró que se reprodujeran yaguaretés en libertad en Iberá, y en abril de este año la población silvestre en los esteros rondaba los 50 ejemplares. En todo el país se estima que quedan unos 250 yaguaretés en libertad, distribuidos entre las Yungas, el Gran Chaco, la selva misionera y el Iberá, y la especie está considerada en peligro crítico de extinción en la Argentina.
Las rutas, una amenaza silenciosa
Los atropellamientos son una de las principales causas de muerte de fauna silvestre en el país. Según la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), entre 2019 y noviembre de 2024 se documentaron más de 13.000 animales muertos en las rutas, una cifra que no incluye todos los casos. “Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió Diego Varela, investigador del CONICET y coordinador de la red. En Misiones, cinco yaguaretés murieron atropellados entre 2012 y 2024, entre ellos una hembra preñada.
Los especialistas proponen medidas que combinan el control de la velocidad y la señalización con infraestructura específica, como ecoductos, pasos subterráneos, alcantarillas adaptadas y cercos que guíen a los animales hacia cruces seguros. Un estudio en Misiones que monitoreó 21 alcantarillas y puentes durante 18 meses registró unos 450.000 registros de 35 especies, una muestra de que estas estructuras funcionan cuando se diseñan para la fauna.
Para un proyecto que lleva años de trabajo para devolver al yaguareté a los esteros, la pérdida de cada ejemplar nacido en libertad representa un golpe para una población todavía pequeña, y deja en claro que conservar a la especie también exige rutas más seguras.
Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Nación; Diario Perfil; Portal Canal 26; Diario Infobae; Fundación Rewilding Argentina
Salta: la minería promete mucho y aporta poco
La minería explica el 44% de las exportaciones de Salta, pero sus regalías aportan solo el 0,2%
Mientras el gobernador Gustavo Sáenz presenta a la actividad como una oportunidad histórica, un informe del IERAL muestra que las regalías pesan poco en las finanzas del NOA, y el megaproyecto de cobre Taca Taca llega a audiencia pública en Tolar Grande.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a presentar a la minería como una oportunidad histórica para la provincia, pero los números muestran que, al menos por ahora, la actividad deja poco en las arcas públicas. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, en 2025 la minería explicó el 44% de las exportaciones salteñas, mientras que las regalías mineras representaron apenas el 0,2% de los ingresos totales de la provincia.
Sáenz habló durante la clase abierta “Federalismo minero: por una política minera sustentable en lo económico, social y ambiental”, organizada por la Universidad Austral y la Caja de Abogados de Salta. Allí sostuvo que la provincia tiene “todo lo que hoy el mundo demanda”, desde minerales críticos hasta alimentos y energía, y advirtió que las inversiones no deben responder solo a una lógica extractiva, sino generar condiciones para que las comunidades crezcan y vivan con dignidad.
Mucho exporta, poco recauda
El informe del IERAL, elaborado por Alejandra Nazareno, responsable de la sede regional Catamarca del instituto, analizó el impacto directo de la minería en las finanzas de Catamarca, Jujuy y Salta. En conjunto, las tres provincias concentraron en 2025 alrededor del 30% de las exportaciones mineras del país, por unos 1.803 millones de dólares, y la mitad de ese monto correspondió al litio. En Catamarca, la minería explicó el 94% de las exportaciones provinciales, y en Jujuy, el 80%.
Sin embargo, el peso de las regalías en los ingresos provinciales fue marginal en los tres casos: 0,46% en Catamarca, 0,96% en Jujuy y 0,2% en Salta. Tampoco resultaron decisivas para sostener la obra pública. Entre 2023 y 2025, las regalías financiaron entre el 8% y el 9% de la inversión pública en Jujuy, entre el 3% y el 4% en Catamarca y entre el 1% y el 5% en Salta. Según la autora, la minería “no cumple un rol decisivo” en el financiamiento de la inversión de estas provincias.
En el caso salteño, la participación de la inversión pública en los ingresos totales bajó del 8% en 2023 al 6% en 2025, la más baja de las tres jurisdicciones analizadas. El informe aclara que el 0,2% no representa todo el aporte fiscal de la actividad, porque no incluye los impuestos provinciales a las actividades económicas y de sellos, las tasas municipales ni los efectos indirectos sobre salarios, proveedores y contratistas.
Empleo local, una promesa a medir
Durante su exposición, Sáenz reclamó que las empresas prioricen la contratación de trabajadores y proveedores locales. “La mano de obra tiene que ser de Salta, de Catamarca, de Jujuy”, afirmó. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación citados por el IERAL, en marzo de 2026 las tres provincias reunían unos 12.520 empleos mineros formales, el 31% del total nacional, aunque la cifra no permite saber cuántos de esos puestos son ocupados por trabajadores de cada provincia.
Taca Taca, bajo evaluación ambiental
La gran apuesta del gobierno salteño es Taca Taca, el proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals en la Puna. La iniciativa prevé una inversión de hasta 5.250 millones de dólares y una producción promedio de 291.000 toneladas anuales de cobre durante sus primeros diez años, además de oro y molibdeno. La empresa estima que la construcción podría generar hasta 5.000 puestos de trabajo y la operación más de 2.000 empleos directos, aunque se trata de proyecciones empresariales.
El proyecto debe atravesar todavía la evaluación ambiental. La audiencia pública sobre el Informe de Impacto Ambiental y Social está convocada para el 12 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Tolar Grande, donde los vecinos y las organizaciones podrán presentar observaciones. Luego, la autoridad ambiental provincial deberá analizar el expediente antes de resolver sobre la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez obtenido ese aval, la compañía prevé solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.
La escala de Taca Taca obliga a examinar con detalle sus necesidades de agua, energía e infraestructura en uno de los ambientes más áridos del país, además de sus efectos sobre el territorio y las comunidades de la Puna.
Sáenz vinculó además el desarrollo minero con la recuperación de los ramales ferroviarios, la mejora de las rutas y la salida al Pacífico por la ruta nacional 51, y reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales. El desafío, según el propio informe del IERAL, es ampliar los beneficios fiscales y sociales de la actividad más allá de la vida útil de los yacimientos.
Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Diario Página/12; LM Neuquén (Más Energía); IERAL-Fundación Mediterránea; Secretaría de Minería de la Nación; Gobierno de Salta.
La Justicia frenó el saneamiento urgente de Ar Zinc
Revocan la orden de sanear Ar Zinc, con 800.000 toneladas de residuos tóxicos junto al Paraná
La Cámara Penal de Rosario dejó sin efecto la cautelar que obligaba a la empresa a estabilizar la barranca y contener la jarosita acumulada en su ex planta de Fray Luis Beltrán, y derivó la definición de plazos al juez civil del amparo ambiental.
La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó la orden judicial que obligaba a la empresa Ar Zinc a estabilizar la barranca y contener los residuos tóxicos acumulados en su antigua planta de Fray Luis Beltrán, en el Gran Rosario. En el predio, ubicado entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, permanecen unas 800.000 toneladas de jarosita, un residuo del procesamiento del zinc con metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. El fallo deja sin plazos fijos una remediación que vecinos, fiscales y especialistas consideran urgente.
La decisión fue firmada por el camarista Javier Beltramone, que revocó en forma íntegra la resolución dictada a fines de septiembre por el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia. Esa medida cautelar ordenaba a la empresa iniciar de inmediato los trabajos para estabilizar la barranca sobre el Paraná, contener los depósitos de jarosita, instalar un cerramiento perimetral para impedir el acceso al predio y completar las obras en un plazo máximo de ocho meses, con informes de avance cada quince días.
Una cuestión de competencia
Según el fallo, la Justicia penal no tiene competencia para fijar cronogramas técnicos ni definir soluciones de ingeniería ambiental. Beltramone señaló que esas decisiones corresponden al juez civil que tramita un amparo ambiental iniciado en 2020, con la intervención técnica del Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de la Secretaría de Recursos Hídricos. El camarista también tuvo en cuenta que la empresa presentó contratos de obra con un plazo estimado de once meses.
El fallo aclara, sin embargo, que la decisión no libera a la compañía de sus obligaciones ambientales. Lo que cambia es quién debe fijar las órdenes y los plazos: ya no el fuero penal, sino el juez civil del amparo, a partir de los criterios técnicos que defina la autoridad ambiental provincial.
Una montaña tóxica junto al Paraná
La planta de Fray Luis Beltrán funcionó durante décadas como el principal complejo de producción de zinc electrolítico del país y también fabricaba ácido sulfúrico. El grupo suizo Glencore fue su propietario desde 2005 hasta el cierre definitivo, en 2016, cuando unos 400 trabajadores quedaron sin empleo. En 2021, el predio de unas 50 hectáreas pasó a manos de Integra Capital, un grupo liderado por el empresario José Luis Manzano. El municipio de Fray Luis Beltrán y la parte querellante sostienen que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria por el pasivo ambiental.
La jarosita es un subproducto del proceso de obtención del zinc que concentra metales pesados. Según los especialistas, parte de esos contaminantes se filtra hacia las napas subterráneas y drena hacia el río Paraná, del que se abastecen de agua potable millones de personas en la región.
El riesgo de la barranca
La principal preocupación es la estabilidad de la barranca, sobre la que se asienta parte de las instalaciones. La fiscalía advirtió que un derrumbe podría arrastrar el material contaminado directamente al río, un escenario que se vuelve más probable con las lluvias intensas previstas para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.
Por eso, la orden revocada exigía como primer paso el apuntalamiento urgente de la barranca, y le daba a la empresa diez días para informar si optaría por retirar el material o por tratarlo y contenerlo en el lugar, y quince días para presentar la documentación técnica y los profesionales responsables. Con la revocación, esos plazos quedaron sin efecto hasta que el juez civil defina un nuevo cronograma.
Un pasivo que se arrastra
El caso de Ar Zinc es uno de los pasivos ambientales industriales más graves del corredor del Gran Rosario, una franja sobre el Paraná que concentra puertos, plantas químicas y agroindustriales. A diez años del cierre de la planta, los residuos siguen en el predio y la remediación todavía no tiene una fecha cierta de finalización.
La discusión de fondo excede el expediente judicial. Mientras las autoridades y los tribunales definen quién debe ordenar los trabajos, cómo hacerlos y en qué plazos, las 800.000 toneladas de jarosita continúan a orillas de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, en una zona expuesta a crecidas y lluvias extremas. El desafío ahora es que la definición de competencias no se traduzca en nuevas demoras.
Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario La Capital
León XIV habló de la riqueza natural argentina
León XIV pidió cuidar la riqueza natural argentina y que sus recursos beneficien a las comunidades
En su primer discurso ante las autoridades del país, el Papa mencionó el agua, la energía y los minerales de la Argentina, y planteó que su aprovechamiento debe preservar los territorios y contribuir al bienestar de quienes los habitan.
En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV dedicó un pasaje al patrimonio natural del país y a la forma en que se aprovechan sus recursos. Ante el presidente Javier Milei, gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil reunidos en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el pontífice sostuvo el domingo 8 de noviembre que el desarrollo económico no puede separarse del cuidado de la tierra ni del bienestar de quienes habitan los territorios.
“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó el Papa, y mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía y los minerales del país, que, según dijo, ofrecen amplias posibilidades de desarrollo. Pero enseguida planteó una condición: una ecología auténticamente humana, explicó, debe unir el cuidado de la creación con el de las personas, de modo que el aprovechamiento de esos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios.
Una visita con agenda social y ambiental
El discurso fue la primera intervención pública de León XIV ante las autoridades nacionales, tras una reunión privada en la Casa Rosada, en el marco de una gira que incluyó Uruguay y que continuará en Perú. El pontífice recordó que llegaba a la patria de su antecesor, Francisco, y abordó temas como la democracia, la educación, el trabajo, la tecnología y la solidaridad entre generaciones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, señaló en otro tramo de su mensaje.
En el pasaje ambiental, el Papa también se refirió a la dimensión regional de los bienes naturales, al recordar que los grandes ríos unen territorios y que los ecosistemas se prolongan de un país a otro. Además, mencionó a los pueblos originarios, cuya presencia, dijo, precede al nacimiento de la nación.
Su mensaje no rechazó la producción ni la explotación de recursos, sino que puso el foco en para quién se produce y en cómo se distribuyen los beneficios. En esa línea, pidió favorecer las oportunidades y la iniciativa privada, y procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.
La herencia de Laudato si’
El planteo retoma la perspectiva de Laudato si’, la encíclica de 2015 en la que Francisco propuso el concepto de ecología integral, que vincula la crisis ambiental con la social. Desde el inicio de su pontificado, León XIV dio continuidad a esa línea: en julio de 2025 celebró una misa dedicada al cuidado de la creación, y en sus mensajes ambientales relacionó el deterioro ecológico con la pobreza, los conflictos y la desigualdad. En mayo de este año publicó además la encíclica Magnifica humanitas, en la que denunció nuevas formas de esclavitud vinculadas a la extracción de tierras raras que alimenta a la industria tecnológica.
El pontífice, nacido en Chicago en 1955 como Robert Francis Prevost, conoce de cerca la realidad sudamericana: como sacerdote agustino trabajó durante años en Perú, en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.
Un país de recursos en disputa
Las palabras del Papa resuenan en un país donde el uso de los bienes naturales está en el centro del debate público. Según el primer Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018, la Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren unos 8.484 kilómetros cuadrados, una reserva estratégica de agua dulce cuya protección quedó en discusión tras la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada este año y cuestionada ante la Justicia por provincias y organizaciones ambientales.
En materia energética, un estudio de la Secretaría de Energía de agosto de 2026 estimó en 30.170 millones de barriles el petróleo técnicamente recuperable en Vaca Muerta, una cifra de recursos y no de reservas comprobadas. En cuanto a los minerales, un relevamiento de 2025 identificó 18,6 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en reservas y unos 197,9 millones en recursos estimados, en el centro de la expansión minera del Noroeste.
La visita del Papa siguió el martes 10 con una misa en Córdoba y una vigilia juvenil en Buenos Aires, y concluirá el miércoles 11 en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú. Según los organizadores, unas 2,5 millones de personas participaron de la misa del lunes en Palermo, la mayor convocatoria de su pontificado.
Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Canal 26; Perfil; Letra P; Buenos Aires Times
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