Tiene cuernos y se llama Loki: identifican 57 especies nuevas en el cañón submarino de Mar del Plata

Un pepino de mar con apéndices que parecen cuernos encabeza los hallazgos de la campaña Talud Continental IV del CONICET, que ya suma 57 especies y cinco géneros nuevos para la ciencia y prepara una nueva expedición frente a Chubut.

Tiene dos apéndices que parecen cuernos, vive a 2.577 metros de profundidad y fue bautizado Loki, como el dios embaucador de la mitología nórdica. Este pepino de mar del género Peniagone es una de las 57 especies nuevas para la ciencia identificadas a partir de la campaña Talud Continental IV. La expedición del CONICET recorrió en 2025 el cañón submarino de Mar del Plata y se volvió un fenómeno de divulgación en todo el país.
Al cierre de la campaña, los científicos estimaban haber encontrado al menos 40 especies desconocidas. El análisis posterior elevó la cifra a 57 especies y cinco géneros nuevos. Los investigadores advierten que el número todavía puede crecer, porque gran parte del material recolectado aún no fue estudiado.

Un taller para ponerles nombre
El salto se produjo durante el Species Discovery Workshop, un taller realizado entre el 13 y el 24 de julio en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires. Lo organizaron The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census y el Schmidt Ocean Institute, con el apoyo del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). Reunió a 20 taxónomos e investigadores jóvenes de América Latina y Europa, y la coordinación local estuvo a cargo de Martín Brogger y Valeria Teso, del CONICET.
El resultado se reparte en cuatro grandes grupos:
- 20 copépodos, pequeños crustáceos;
- 22 equinodermos, entre pepinos de mar y crinoideos;
- 14 cnidarios, entre octocorales, plumas de mar y corales pétreos;
- un escafópodo, un molusco con concha en forma de colmillo.
El caso de los copépodos es elocuente: solo se revisó el 10% de las muestras y todos los ejemplares analizados resultaron ser especies nuevas.
“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental”, afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el MACN y jefe científico de la campaña. Destacó que se trata de grupos con pocos especialistas activos en el mundo. Lauretta subrayó además que el CONICET reúne la mayor comunidad de taxónomos del país y que preservar esas capacidades es clave a futuro.

Loki y otros habitantes del abismo
Loki es uno de los hasta diez pepinos de mar nuevos identificados, y fue estudiado por los taxónomos Francisco Alonso Solís-Marín y Mariano Martínez. Entre los hallazgos destacados también figuran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de un intenso color naranja rojizo. En el grupo de los corales aparecieron además dos posibles géneros nuevos y hasta una posible familia nueva, que deberán confirmarse con análisis genéticos.
Estos organismos cumplen un papel clave en las profundidades: los corales y las plumas de mar forman estructuras que funcionan como hábitat para otras especies. “Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra”, señaló Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census. Los hallazgos se registraron en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto con datos sobre especies marinas recién descubiertas. Los ejemplares quedarán en colecciones argentinas como la del MACN.

La expedición que miró todo el país
La campaña se realizó entre julio y agosto de 2025 a bordo del buque de investigación Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, con el vehículo operado a distancia SuBastian, que descendió hasta 3.900 metros. El cañón de Mar del Plata supera los 3.500 metros de profundidad, casi el doble que el Gran Cañón del Colorado, y se ubica en la zona de la confluencia entre las corrientes de Brasil y de Malvinas. Durante 21 días, la transmisión en vivo llegó a más de cuatro millones de personas y sumó unas 22 millones de visualizaciones. Jyotika Virmani, directora ejecutiva del instituto, destacó que la expedición cautivó la imaginación del público.
Además, se volvieron a examinar ejemplares de las campañas Talud Continental I a III, realizadas en 2012 y 2013.

Próximo destino: frente a Chubut
La exploración continuará entre febrero y marzo de 2027 con Talud Continental V. La campaña recorrerá los cañones Ameghino y Almirante Brown, a unos 600 kilómetros de la costa de Chubut, una zona poco explorada y con presencia de ecosistemas marinos vulnerables. Participarán 19 científicos de institutos del CONICET, universidades nacionales y la Prefectura Naval Argentina, y la campaña volverá a transmitirse en vivo.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Revista Ocean News & Technology; CONICET; Schmidt Ocean Institute; The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census; Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Caza ilegal en La Pampa: multas de hasta 5,6 millones de pesos e inhabilitaciones para reincidentes

La Subsecretaría de Asuntos Agrarios sancionó a nuevos infractores de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, en una política de multas crecientes que la provincia aplica durante todo el año contra la caza furtiva.

El Gobierno de La Pampa aplicó nuevas multas millonarias por infracciones a la Ley N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre. Según las resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios dadas a conocer a fines de octubre, dos infractores reincidentes deberán pagar 5.650.000 pesos cada uno, el monto más alto de esta tanda de sanciones. Uno de ellos quedó además inhabilitado de forma absoluta para cualquier actividad vinculada a los usos que permite la normativa de fauna hasta el 31 de diciembre de 2027. Un tercer sancionado deberá depositar 1.025.800 pesos en la cuenta de Rentas Generales a nombre de la Dirección General de Recursos Naturales.
Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que se intensificarán los controles en las zonas rurales y advirtieron que aplicarán “todo el peso de la ley sobre quienes atentan contra la fauna local”.

Una política sostenida de sanciones
Las multas de octubre no son un hecho aislado. A lo largo de 2026, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, a cargo de Ricardo Baraldi, publicó en el Boletín Oficial varias tandas de sanciones contra decenas de infractores:
- Abril: las multas principales llegaron a 2.260.000 pesos, con inhabilitaciones hasta fines de 2026. Incluyeron casos de responsabilidad solidaria de adultos por infracciones cometidas por menores.
- Julio: el máximo trepó a 5.650.000 pesos para un reincidente sancionado por cazar sin permiso y transportar una jauría sin cumplir los requisitos. Hubo otras multas de entre 900.000 y 4,5 millones de pesos.
Las faltas más frecuentes son:
- la caza sin permiso;
- la caza o el transporte de animales y sus derivados fuera de temporada;
- el traslado irregular de jaurías sin medidas de seguridad como bozales o jaulas cerradas;
- la pesca sin licencia.
También se sancionó la tenencia, sin documentación de origen, de animales vivos o productos de especies en peligro o en situación rara o vulnerable, en propiedades privadas, acopios, depósitos o comercios, e incluso la instigación a infringir la ley mediante publicaciones.

Cómo se calculan las multas
El régimen pampeano utiliza un sistema de días multa que se actualiza automáticamente: cada día equivale al valor de 20 litros de gasoil, según el precio que fija la autoridad de aplicación. De acuerdo con el decreto reglamentario de la ley:
- las infracciones leves se sancionan con entre 1 y 20 días multa;
- las graves, con entre 21 y 100;
- las muy graves, con entre 101 y 500.
La reincidencia agrava las penas, y la ley habilita inhabilitaciones de uno a cinco años para las faltas graves.
Los sancionados tienen diez días hábiles para pagar, y en varios casos deben constituir domicilio legal en Santa Rosa para continuar el trámite administrativo. Muchos de ellos, además, siguen vinculados a causas judiciales por tenencia ilegal de armas o delitos ambientales.

Operativos en el campo
Las sanciones se apoyan en el trabajo de la Policía de La Pampa a través de Seguridad Rural. En procedimientos realizados en zonas como El Durazno y Victorica se secuestraron armas, astas, cueros, trofeos y especies exóticas embalsamadas, entre ellas felinos. En marzo, al comienzo de la temporada de brama del ciervo colorado, el Ministerio de Seguridad y Justicia lanzó además un operativo especial de prevención. Incluyó drones con visión térmica, cámaras tácticas de largo alcance y patrullajes permanentes en caminos rurales, con epicentro en la Reserva Provincial Parque Luro.

Una provincia de caza
El control tiene un peso especial en La Pampa, uno de los principales destinos de caza deportiva del país. La provincia concentra alrededor del 40% de los trofeos de caza del país, y las especies habilitadas más cazadas son el ciervo colorado y el jabalí, ambos exóticos. En 2024, “se emitieron más de 11.000 permisos de caza”, según informó entonces Federico Pelizzari, subdirector de Fauna Silvestre provincial. Ese año llegaron más de 1.200 cazadores extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Brasil y Uruguay.
En ese contexto, la caza furtiva aparece como un problema creciente que combina impacto ambiental y riesgos para la seguridad rural, y que se vincula con redes de comercio ilegal de fauna. Con las sanciones, la provincia busca frenar una práctica que amenaza su biodiversidad y promover una actividad rural legal y sostenible.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes Consultadas: Portal InfoPico; Diario La Arena; El Diario de La Pampa

Santiago del Estero: denuncian desmontes autorizados en territorio de la comunidad vilela El Tunal

Integrantes de la comunidad indígena, junto al MOCASE-VC y Greenpeace, denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó el desmonte de unas 200 hectáreas de monte nativo sin consulta previa, en tierras cuya ocupación tradicional reconoció el INAI.

La comunidad indígena El Tunal, del pueblo vilela, denunció que topadoras avanzan sobre el monte nativo de su territorio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), que acompaña a las familias, los trabajos cuentan con una autorización de la Dirección de Bosques provincial a favor de la firma Agropecuaria Tomay S.A., otorgada sin informar ni consultar previamente a la comunidad.
Greenpeace se sumó al reclamo y difundió el 19 de octubre que el desmonte ya había alcanzado una superficie considerable. “Las topadoras ya avanzaron sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo”, advirtió la organización. Pidió frenar los trabajos de inmediato y que la provincia proteja la vida de quienes defienden el monte. También envió una nota a la Dirección de Bosques y Fauna santiagueña y lanzó una campaña de firmas en defensa de los bosques nativos.

Un territorio reconocido por el Estado
El conflicto se da en tierras que el propio Estado nacional reconoció como de ocupación indígena. En 2019, El Tunal obtuvo su personería jurídica y quedó inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido, mediante la Resolución 95/2020, el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160. Ese relevamiento reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre unas 3.132 hectáreas georreferenciadas.
El relevamiento no equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero sí acredita la posesión ancestral de las familias. El MOCASE-VC sostiene, además, que la empresa beneficiada por la autorización no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.

De la topadora frenada al regreso de las máquinas
El reclamo lleva varias semanas. A fines de agosto, integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado en uno de los últimos sectores de monte nativo del territorio, y difundieron el hecho en redes sociales. Días después, según la denuncia, la maquinaria volvió con una orden atribuida a las autoridades provinciales de Bosques y con personas que custodiaban las tareas. El MOCASE-VC y Greenpeace denunciaron la presencia de personas armadas en la zona.
La organización campesina presentó reclamos ante organismos provinciales, la Policía y el INAI, y exigió la suspensión de los trabajos. “Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas”, reclamó el movimiento. Pidió además revisar los permisos, realizar estudios de impacto ambiental y llevar adelante la consulta pública que, según afirma, nunca se hizo.
No es la primera vez que el territorio queda bajo amenaza. En 2023 hubo denuncias por desmontes en el mismo sector, y las tareas se detuvieron tras los reclamos. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE ya habían denunciado el ingreso de policías y particulares, en una causa por presunta usurpación iniciada a partir de la denuncia de un empresario.

Lo que dice la ley
El caso pone en discusión el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos:
- su artículo 19 exige que los proyectos de desmonte reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras;
- su artículo 26 obliga a garantizar instancias de participación y consulta pública antes de autorizar el cambio de uso del suelo.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía legal en la Argentina a través de la Ley 24.071, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas que los afecten.
Según Greenpeace, la provincia no cumplió con esas exigencias al otorgar el permiso. Hasta el momento no se conocen respuestas públicas de la Dirección de Bosques ni de la empresa sobre las denuncias.

La provincia que más desmonta
El episodio ocurre en el distrito que encabeza la deforestación en el país. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, en 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, la cifra más alta de la Argentina. La pérdida de monte en el Gran Chaco no solo libera carbono y destruye hábitats: también empuja a comunidades indígenas y campesinas a defender con el cuerpo territorios de los que dependen para vivir.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal La Noticia Web; Diario Tiempo Argentino; Portal Reporte 24; Portal Economía Sustentable

Pesca: ONG lanzan un registro abierto de la flota y reclaman que el Estado publique sus datos

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reunieron en una plataforma pública los permisos, cuotas y sanciones de los barcos del Mar Argentino, mientras en Diputados sigue frenado un proyecto para abrir el registro oficial.

Dos organizaciones ambientales lanzaron registroflotapesquera.org, una base de datos abierta que reúne en un solo lugar información sobre la flota que opera en el Mar Argentino. La iniciativa es del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y de Sin Azul No Hay Verde (SANHV), y busca suplir un vacío: el país no tiene un registro nacional oficial, completo, actualizado y de libre acceso en línea sobre quién pesca y en qué condiciones.
La plataforma sistematiza datos sobre embarcaciones, propietarios y armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas asignadas y antecedentes de sanciones. Para construirla, las organizaciones presentaron múltiples pedidos de acceso a la información pública y ordenaron las respuestas. Según explicaron, gran parte de esos datos ya los administra la Subsecretaría de Pesca, pero hoy están fragmentados o son difíciles de consultar. Además, parte de la base quedó incompleta porque el Estado no entregó todo lo solicitado.

Una industria de exportación
El reclamo apunta a uno de los sectores exportadores más importantes del país. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.010 millones de dólares, el segundo mejor registro histórico, y los desembarques de este año marcan el nivel más alto de la última década. Juan Coustet, coordinador de SANHV, cuestionó que, aun así, nadie pueda saber con facilidad quién explota un recurso que es de todos los argentinos, con qué derechos y bajo qué condiciones.
Consuelo Bilbao, directora política del CPA, sostuvo que publicar esta información no implica solo ponerla a disposición de la ciudadanía, sino repartir la capacidad de control. Las organizaciones aclararon que la plataforma no pretende reemplazar a los organismos públicos ni asumir tareas de fiscalización. Su objetivo es demostrar que los datos pueden reunirse y difundirse de forma accesible, y empujar la creación de un registro oficial.

El proyecto que espera en Diputados
La base de datos se presenta como respaldo de un proyecto de ley concreto. El expediente 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que creó el Registro de la Pesca. La reforma busca que su contenido sea público, se difunda en formatos abiertos y se actualice periódicamente. “El Registro de la Pesca ya existe”, resumió Bilbao: la iniciativa no exige crear nuevas bases de datos, sino publicar lo que el Estado ya recopila.
Según el texto del proyecto, el registro debería incluir como mínimo:
- los datos técnicos y de titularidad de cada barco;
- los permisos y las cuotas individuales transferibles de captura, con sus cambios;
- la situación administrativa de cada embarcación;
- las sanciones firmes.
La información se publicaría en un sitio oficial gratuito, con actualización al menos mensual. Cualquier reserva por secreto comercial o datos personales tendría que ser excepcional y fundada. El Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla.
Los fundamentos invocan la Ley 27.275 de acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú, que obligan a difundir de manera proactiva la información ambiental.
Sin embargo, la iniciativa no avanza. En septiembre, durante un conversatorio en el Senado, las organizaciones denunciaron que la comisión de Diputados a cargo del tema no le había dado tratamiento. Se trata de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por César Treffinger (La Libertad Avanza). Ferraro planteó entonces: “Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene”.

Nueve de cada diez viajes, sin control a bordo
La opacidad se extiende a la fiscalización. Un informe previo de las mismas organizaciones, titulado El mar como caja negra, aporta estos datos:
- la cobertura de inspectores embarcados cayó del 20% al 15% de los viajes entre 2023 y 2026;
- hay 64 inspectores para más de 7.400 mareas, y casi nueve de cada diez viajes se realizan sin control a bordo;
- en la pesca de calamar Illex, el principal producto exportado en volumen en 2025, la cobertura es del 9%;
- la normativa exige inspector en los buques de 33 metros de eslora o más, pero esa obligación nunca se cumplió en más del 56% de los casos.

La excepción regional
El argumento central de las organizaciones es comparativo. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay ya cuentan con sistemas digitales abiertos para consultar los datos de sus flotas, y los fundamentos del proyecto suman a México, Panamá y Guatemala. En ese mapa, la Argentina aparece como la excepción entre los países pesqueros de la región.
Para los impulsores, abrir el registro reduciría la discrecionalidad en la asignación de permisos y cuotas, ayudaría a prevenir conflictos de interés y facilitaría el control ciudadano sobre un recurso cuya sostenibilidad depende de saber quién captura qué.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Noticias Ambientales; Economía Sustentable; Red del Conurbano; ADNSUR; EcoNews; Mercado; Honorable Cámara de Diputados de la Nación (proyecto 2585-D-2026); Ley Federal de Pesca 24.922; Subsecretaría de Pesca; Círculo de Políticas Ambientales; Sin Azul No Hay Verde.

Río Negro creó por ley el Corredor de los Cinco Grandes, su mayor área marina protegida

La Legislatura aprobó por unanimidad en general la creación de un área de 2.733 kilómetros cuadrados en el Golfo San Matías. El plan de manejo definirá dónde y cómo podrá pescarse.

Río Negro ya tiene su mayor área marina protegida. La Legislatura provincial sancionó el jueves 29 de octubre la ley que crea el Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes. El área abarca unos 2.733 kilómetros cuadrados del noreste del Golfo San Matías y más de 130 kilómetros de costa, desde la desembocadura del río Negro hasta Punta Mejillón, y se extiende mar adentro hasta las 12 millas náuticas.
Es la primera área natural protegida que se crea en la provincia en casi 20 años y la primera de tipo costero-marino en más de dos décadas. Según el Gobierno provincial, con el corredor y las áreas ya existentes, la superficie marina protegida de ese sector del golfo pasa de alrededor del 8% al 23%. Así se acerca a la meta internacional de proteger el 30% de los mares del planeta.

Cómo fue la votación
El proyecto, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, fue aprobado por unanimidad en general. En la votación en particular, la mayoría de los artículos obtuvo el respaldo de todos los legisladores. Las excepciones fueron los artículos 1, 3 y 8, que se aprobaron por mayoría. El artículo 3, que fija la delimitación territorial, y el 8, que regula los mecanismos de participación y consulta, recibieron 37 votos a favor y 5 en contra.
Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda cuestionó la extensión del área y reclamó incluir otros sectores costeros afectados por proyectos energéticos. Desde el oficialismo, el legislador Facundo López defendió los límites propuestos y su compatibilidad con el desarrollo productivo de la provincia. También se discutió la situación de la pesca artesanal y la necesidad de que sus representantes participen de las decisiones de manejo.

Qué protege y cómo
El corredor une las reservas existentes de Punta Bermeja y Caleta de los Loros-Pozo Salado-Punta Mejillón, incluye sectores del estuario del río Negro y se vincula con la Reserva Municipal Acantilado de los Loros, en Viedma. Sus límites quedan definidos por 30 vértices georreferenciados en un anexo de la ley. El área se incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Su nombre homenajea a orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos. La norma establece tres categorías de manejo: Parque Provincial, Reserva de Uso Múltiple y Paisaje Protegido. La reserva de uso múltiple admitirá actividades productivas compatibles con la conservación. La intención es armonizar la protección con la pesca, el turismo, la navegación y la recreación.

Qué pasa con la pesca
La definición más importante para el sector pesquero llegará con el plan de manejo. Ese plan fijará la zonificación definitiva: dónde podrá operar cada modalidad de pesca y qué restricciones regirán en cada categoría. Hasta que se apruebe, las actividades legalmente autorizadas continuarán sujetas a la normativa vigente.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de Judith Jiménez, será la autoridad de aplicación. Elaborará el plan con la participación de los municipios, los pescadores artesanales, los sectores productivos, las instituciones científicas y las comunidades costeras. Al presentar la iniciativa ante la comisión legislativa, la funcionaria sostuvo que “proteger el mar también es defender nuestros recursos, acompañar a las comunidades costeras” y generar condiciones para un desarrollo turístico y productivo responsable. Los próximos pasos son la promulgación y la publicación de la ley.

Ciencia y turismo
El corredor se apoya en dos años de investigación científica de la Fundación Por el Mar, con estudios de la Fundación Cethus, la Wildlife Conservation Society y el Grupo Condros del CIMAS. Para la directora de Por el Mar, Martina Sasso, se trata de “algo novedoso, tanto para Argentina como para el resto del mundo”. El coordinador de la fundación en Río Negro, Sebastián García, destacó que el área puede potenciar el turismo de naturaleza, con el avistaje de las especies que le dan nombre, y generar oportunidades para las comunidades locales.
Según el Gobierno, la nueva figura también establece un marco para ordenar las actividades del golfo y anticipar conflictos con el tráfico marítimo y los sectores productivos. Es una zona donde la conservación convive con el desarrollo energético.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Gobierno de Río Negro, Pescare, Portal ANBariloche

Lapataia: suspenden el arribo de megayates con helicópteros, pero la autorización sigue en pie

La agencia que representa a los tres yates de lujo suspendió el fondeo en el Parque Nacional Tierra del Fuego alegando razones climáticas, mientras las organizaciones ambientales siguen reclamando explicaciones por un permiso otorgado contra la opinión de los técnicos del parque.

Los megayates no llegarán a Bahía Lapataia. La agencia marítima Ushuaia Shipping (USHIP SRL) comunicó a la administración del Parque Nacional Tierra del Fuego que decidió suspender el fondeo de los yates Lonian, Hodor y Sherakhan, previsto entre el 12 y el 18 de noviembre. La operación incluía el traslado de pasajeros en helicóptero dentro del área protegida. La marcha atrás llegó pocos días después de que se conociera la autorización oficial, que había desatado una fuerte polémica en Ushuaia.
En una nota fechada el 29 de octubre, la empresa explicó que optaba por “suspender momentáneamente el fondeo” y atribuyó la decisión exclusivamente a factores climáticos. No hizo referencia a las objeciones ambientales ni a las restricciones legales que habían planteado los propios técnicos del parque. Tampoco aclaró si se trata de una cancelación definitiva.

Una autorización contra el informe técnico
El pedido había sido presentado el 28 de septiembre. El 20 de octubre, siete especialistas de las áreas técnicas y operativas del parque firmaron un informe unánime. Tras evaluar los riesgos ambientales y las restricciones legales, concluyeron: “No resulta procedente autorizar” el fondeo ni las operaciones con helicópteros. Pese a eso, el 27 de octubre el intendente del parque, Marcelo Almirón, firmó la autorización.
El dictamen sostenía que los vuelos vulnerarían la Ley de Parques Nacionales 22.351, que restringe los sobrevuelos de aeronaves motorizadas en estas áreas, e invocaba el principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675. Entre los riesgos, los técnicos advirtieron:
- que las anclas y cadenas de embarcaciones de entre 67 y 87 metros de eslora podían dañar los bosques sumergidos de cachiyuyo, un alga clave para el ecosistema marino austral;
- el ruido de helicópteros y generadores;
- la posibilidad de derrames;
- la perturbación de especies como el huillín, el cauquén caranca y el quetro austral.

La versión del parque
Tras la suspensión, la Intendencia del Parque Nacional difundió un comunicado en el que informó que la empresa había desestimado la propuesta. Allí sostuvo que la solicitud debía evaluarse según su compatibilidad con los objetivos de conservación del área protegida. También afirmó que el informe técnico ambiental resultaba fundamental para identificar los aspectos relevantes y fijar medidas preventivas. Recordó además que en Puerto Arias operan catamaranes desde hace más de una década, y aseguró que el equipo de gestión queda a disposición de organizaciones y vecinos para consultas e inquietudes.
El comunicado, sin embargo, abrió nuevas dudas. Allí se afirma que la propuesta se limitaba a la posible actividad de dos embarcaciones, mientras que el pedido original y la autorización mencionaban tres yates. Tampoco explica por qué se habilitó una actividad que los técnicos habían considerado improcedente ni cuál sería la excepción legal que permitía los vuelos.

Las organizaciones no se conforman
La Asociación Manekenk, una de las organizaciones ambientales que encabezó el rechazo, consideró que el texto oficial no se corresponde con la evidencia y que solo agrega confusión. Su referente, Nancy Fernández, cuestionó que el comunicado equiparara un kayak con una embarcación de casi 80 metros con helicópteros. También apuntó contra las autoridades políticas del parque más que contra la empresa. Según Fernández, la autorización habilitaba algo que la ley prohíbe y nunca se justificó por qué.
Sobre la suspensión, Fernández relativizó el argumento climático. “Creo que también esto se debe a la presión social”, afirmó. Destacó la respuesta de la comunidad fueguina y su apoyo a los técnicos de los organismos nacionales, que a su juicio fueron silenciados por las áreas políticas. La organización asegura que no recibió ninguna comunicación oficial y, junto con otras entidades, busca reunirse con Almirón para conocer los fundamentos de la decisión.

Preguntas abiertas
La autorización no fue revocada: la suspensión fue una decisión de la empresa, y su carácter momentáneo deja abierta la posibilidad de un nuevo pedido. Para las organizaciones, el caso expone una tensión de fondo sobre el uso de los parques nacionales: si las áreas protegidas pueden abrirse a actividades turísticas de alto impacto aun cuando sus propios especialistas recomiendan lo contrario. Bahía Lapataia queda por ahora a salvo de los helicópteros, pero sin respuestas sobre cómo se llegó a autorizarlos.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Fuentes Consultadas: Portal NotiTDF; El Diario del Fin del Mundo; Aire Libre FM; Portal Sur54

“El pueblo merece conocer los resultados”: habla la científica exonerada por el INTA

Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones que motivaron su exoneración, denunció censura y reclamó que se difundan los resultados del estudio.

“La ciencia se rebate con ciencia, no con menos ciencia”. Con esa frase cerró Virginia Aparicio el mensaje que difundió tras ser notificada de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la sanción más grave prevista para el empleo público: la aparta del organismo y le impide volver a ocupar cargos en el Estado. La investigadora, que coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones en su contra y reclamó que los resultados de su trabajo se den a conocer.
En un video grabado y compartido en redes sociales, Aparicio se presentó como investigadora del INTA y del CONICET y servidora pública con más de 20 años de trabajo en el sistema científico. Explicó que el proyecto se inició en 2020 con autorización del propio INTA. Gracias a él, dijo, fue posible documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.

“El pueblo merece conocer los resultados”
La científica sostuvo que el organismo le inició un sumario justamente por participar de ese proyecto, y que a partir de 2023 comenzó una campaña para desacreditar la investigación y su rol en ella. Planteó que la sociedad, como pueblo, merece conocer los resultados de las investigaciones públicas. Según Aparicio, el INTA debe hacerse responsable de la vulneración de los derechos de las personas que participaron como voluntarias del estudio y responder ante la comunidad.
Aparicio enmarcó su caso en un problema más amplio: advirtió que en democracia no pueden aceptarse procesos de censura, persecución ni falta de libertad para investigar. Agradeció el acompañamiento recibido y pidió que la sigan apoyando.
En declaraciones periodísticas, la investigadora afirmó que no hay nada claro que justifique su apartamiento de la administración pública. Sostuvo, además, que la decisión busca generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren. En una carta abierta a la comunidad había escrito: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar”. Y agregó que la posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia, sino una condición de su independencia.

Qué encontró el proyecto
SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, analizó plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los alimentos y las personas. En la Argentina, el estudio se realizó en el sudeste bonaerense con 73 voluntarios, a quienes se les tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los compuestos detectados figuran mezclas de plaguicidas, entre ellos el glifosato y el clorpirifos. El glifosato apareció en la orina del 84% de las personas estudiadas.
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año retiró al organismo del proyecto y abrió el sumario. El 15 de octubre de 2026, días antes de conocerse la sanción, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

La posición del INTA
El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración el 26 de octubre mediante la Resolución 366. El organismo le atribuyó dos faltas. La primera, haber usado las facultades de su cargo para fines ajenos a la función, al otorgar sin autorización formal un rol en el manejo de datos a su pareja, un investigador retirado. La segunda, un uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. La propia resolución reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal ni se acreditó un beneficio económico personal, y ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. En un comunicado que no la nombra, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

Respaldo y próximos pasos
Universidades nacionales, gremios del sector, organizaciones socioambientales e integrantes de la comunidad científica expresaron su rechazo a la medida y su solidaridad con la investigadora. Además, impulsaron una carta abierta en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. La defensa de Aparicio considera agotada la vía administrativa y evalúa llevar el caso a la Justicia.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Elonce, Portal Trama Educativa, Diario Textual, Bichos de Campo, INTA

Abra Pampa: 457 vecinos esperan un fallo por la contaminación con plomo de Metal Huasi

Damnificados de la Puna jujeña se movilizaron a Tribunales para reclamar la sentencia de una causa que lleva dos décadas, mientras denuncian que el pasivo ambiental de la ex fundidora nunca fue remediado del todo.

Después de dos décadas de litigio, vecinos de Abra Pampa, en la Puna jujeña, siguen esperando que la Justicia de Jujuy dicte la sentencia definitiva en la causa por la contaminación con plomo que dejó la ex fundidora Metal Huasi. Un grupo de damnificados viajó hasta San Salvador de Jujuy y se movilizó frente a Tribunales para reclamar que se firme el fallo. Denuncian que el pasivo ambiental no fue remediado y que el plomo sigue enfermando a personas y animales.
La causa reúne a 457 personas que reclaman un resarcimiento por los daños a la salud, con el patrocinio del abogado Riad Quintar. Los manifestantes se presentaron en el despacho del juez Federico Otaola, a quien piden que firme la sentencia final, y dejaron asentado un pedido formal de audiencia. Según los vecinos, todos los representados cuentan con estudios de laboratorio realizados en la provincia de Buenos Aires que certifican niveles elevados de plomo en sangre.

Para las próximas generaciones
Esteban Morales vive a una cuadra y media del antiguo complejo. Contó que sufre dolores en los huesos y una pérdida progresiva de la memoria, la vista y el oído, síntomas que atribuye al plomo. El vecino advirtió sobre las enfermedades que podrían afectar a quienes vienen detrás y sostuvo que el reclamo es para las próximas generaciones.
Lorena Mendoza vive junto al predio donde funcionaba la fundidora, hoy convertido en un anfiteatro, y cuestionó los trabajos de limpieza del suelo. “La remediación se hizo pero no como se debía hacer, la contaminación continúa”, afirmó. Según su relato, cuando llueve la ropa se daña, el asfalto se deteriora y los cordones cuneta toman un color amarillento.
Los damnificados también reclaman por quienes ya no están. “Queremos pedir justicia por aquellas personas que también ya no están con nosotros”, señaló uno de los vecinos, en referencia a quienes murieron mientras esperaban una respuesta judicial.

Una herencia tóxica en medio del pueblo
La fundidora Metal Huasi funcionó durante décadas en Abra Pampa y acumuló grandes cantidades de escoria metalúrgica. Cuando sus instalaciones fueron desmanteladas, a comienzos de los años noventa, esos residuos quedaron como un pasivo ambiental en pleno casco urbano. Recién a mediados de la década de 2000 sus efectos sobre la salud fueron vinculados con una situación de riesgo. Así lo señala un trabajo publicado en 2010 en la Revista de Salud Ambiental por investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, que confirmó a Abra Pampa como sitio contaminado, con una alta proporción de la población infantil afectada por la exposición.
La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino de oficio en 2007. En una resolución de 2011, recogió estudios del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy que daban cuenta de unas 7.000 toneladas de escoria de plomo almacenadas en lugares de fácil acceso. Las concentraciones eran de 17 a 50 veces superiores a los valores de referencia de Estados Unidos y México. Según esos estudios, el 81% de los niños presentaba niveles de plomo en sangre capaces de provocar daños en el neurodesarrollo.

Remediación tardía
En esa resolución, el organismo advirtió que la remediación acumulaba fuertes demoras. Las obras se financiaban con un subprograma del Banco Interamericano de Desarrollo y estaban previstas para 2008-2010. También señaló que el cerco perimetral tenía aberturas, que el embolsado de los residuos no seguía las recomendaciones de los expertos y que la limpieza de fachadas, techos y tanques se había atrasado. La Defensoría recordó además que retirar los residuos no implica por sí mismo recomponer el ambiente. Sostuvo que la remediación y el tratamiento de todos los afectados revestían “carácter urgente y no admite más demoras”.
En aquella resolución, el organismo instó al Gobierno de Jujuy a poner en marcha un programa de asistencia sanitaria para toda la población, en especial para los niños. También recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación intervenir para garantizar la remediación.
Quince años después de esa advertencia, los vecinos aseguran que la contaminación persiste y que la respuesta judicial todavía no llega. La causa sigue sin una resolución ejecutada.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Jujuy
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Jujuy al Momento, Defensoría del Pueblo de la Nación, Revista de Salud Ambiental

Parques Nacionales autorizó megayates y helicópteros en Bahía Lapataia pese a un informe en contra

El intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego habilitó el fondeo de tres yates de lujo y traslados aéreos de pasajeros, aunque siete técnicos del organismo habían concluido que la operación era improcedente por razones legales y ambientales.

La Administración de Parques Nacionales autorizó a una empresa a fondear tres megayates y trasladar pasajeros en helicóptero en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Lo hizo pese a un informe técnico interno que había desaconsejado la actividad por considerarla contraria a la ley y de alto riesgo ecológico. La decisión generó el rechazo de organizaciones ambientales de Ushuaia, que reclaman su anulación.
El intendente del parque, Marcelo Almirón, otorgó el permiso mediante una nota firmada el 27 de octubre. Respondía a pedidos de la agencia marítima Ushuaia Shipping (USHIP SRL), que representa a las embarcaciones. La operación está prevista entre el 12 y el 18 de noviembre e involucra a los yates M/Y Lonian, M/Y Hodor y M/Y Sherakhan, con helicópteros propios para el traslado de pasajeros.

Los yates y sus banderas
El Lonian mide 87 metros de eslora y el Hodor, identificado como buque de apoyo, 67 metros. Según registros de seguimiento marítimo, ambos navegan con bandera de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar. Distintas publicaciones especializadas señalan como su propietario a Lorenzo Fertitta, exdueño de la empresa de artes marciales mixtas UFC. Del Sherakhan no se informaron dimensiones ni bandera.

Un informe técnico en contra
Una semana antes de la autorización, el 20 de octubre, siete especialistas del parque firmaron un dictamen unánime. Tras evaluar los riesgos ambientales y las restricciones legales, concluyeron: “No resulta procedente autorizar” el fondeo ni las operaciones aéreas.
El documento sostiene que los traslados vulnerarían la Ley Nacional de Parques Nacionales 22.351. Según el informe, esa norma prohíbe los sobrevuelos de aeronaves motorizadas en estas áreas, con excepciones específicas que no alcanzan a este caso. Aclara, además, que usar las cubiertas de los barcos como plataformas de despegue y aterrizaje no modifica esa prohibición. El dictamen también invoca el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que obliga a prevenir daños graves o irreversibles.

Los riesgos para el ecosistema
Entre los impactos ambientales, los técnicos advirtieron sobre el peso de las anclas y el arrastre de las cadenas cuando los barcos giran con el viento o las corrientes. Ese movimiento podría destruir los bosques sumergidos de cachiyuyo, un alga que brinda refugio y alimento a numerosas especies del ecosistema marino austral. Señalaron además el ruido de los helicópteros y de los generadores, la posibilidad de derrames y sus efectos sobre la fauna. Entre las especies afectadas mencionaron al huillín, una nutria de agua, y a aves costeras como el cauquén caranca y el quetro austral.
Como alternativa, los especialistas propusieron trasladar la actividad fuera del área protegida, por ejemplo a la Bahía de Ushuaia, una opción que fue descartada.

Qué dice la autorización
La nota de Almirón autoriza el desarrollo de la actividad solicitada. Sin embargo, no menciona el informe desfavorable, no explica cómo se resolvieron sus objeciones ni identifica la excepción legal que habilitaría los vuelos. Para la operación aérea, exige una planificación que minimice los sobrevuelos sobre sectores terrestres, evite las zonas sensibles y respete alturas mínimas, corredores y zonas de exclusión. No fija, en cambio, valores numéricos, rutas específicas ni frecuencias de vuelo.

El reclamo ambiental
La Asociación Manekenk, una organización ambiental de Tierra del Fuego, denunció que la medida se tomó de forma unilateral, sin considerar la opinión de los propios técnicos del organismo, y exigió su anulación inmediata. La entidad sostiene que el parque es un patrimonio natural de toda la ciudadanía y que no puede convertirse en un puerto privado de uso exclusivo. Su consigna resume el planteo: “La ley no tiene excepciones VIP”.
Hasta el momento, ni Parques Nacionales ni la intendencia del parque, la empresa o los propietarios de las embarcaciones respondieron públicamente a las objeciones.
La autorización también reavivó cuestionamientos locales por la presencia de embarcaciones vinculadas a territorios británicos en el extremo sur del país. Como antecedente se recordó que, el 24 de agosto, el buque tanque VS Promise, registrado en la Isla de Man, recaló en Ushuaia tras cargar crudo en Río Cullen. El Gobierno nacional reconoció esa escala como una parada de reabastecimiento.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego 
Fuentes Consultadas: Portal Sur54, Aire Libre FM, Del Fuego Noticias, Administración de Parques Nacionales

Río Negro propone crear el Corredor de los Cinco Grandes para proteger el Golfo San Matías

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para crear un área protegida marino-costera de 273.300 hectáreas, con zonas de distinto nivel de protección para orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos.

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear el Corredor de los Cinco Grandes, una nueva área natural protegida marino-costera de 273.300 hectáreas en el Golfo San Matías. La iniciativa busca conservar los ambientes donde viven orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos, los cinco grupos de especies que le dan nombre al proyecto.
El corredor se extendería desde la desembocadura del río Negro hasta las inmediaciones de San Antonio Este, y mar adentro hasta las 12 millas náuticas. Limitaría con las áreas protegidas ya existentes de Punta Bermeja, Pozo Salado, Caleta de los Loros y Punta Mejillón, e incluiría sitios como Promontorio Belén, Bahía Creek y Bahía Rosas. Si la Legislatura lo aprueba, se incorporará al sistema provincial de áreas naturales protegidas que regula la Ley M 2669.

Las especies que busca resguardar
Entre las especies que motivan la propuesta se destaca el delfín de Lahille, considerado en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y una de las variedades de delfín más amenazadas del país. También figura la franciscana, catalogada como vulnerable, sobre todo por las capturas accidentales en redes de pesca.
El proyecto apunta además a proteger a la ballena franca austral, al lobo marino de un pelo y a especies de tiburones consideradas vulnerables. En Punta Bermeja y Bahía Rosas se registraron crías de orca. En los alrededores de Promontorio Belén y Bahía Creek habitan tiburones y rayas que comparten zonas de cría y desove con el pez gallo, ambientes que podrían verse afectados por la pesca no regulada.

Tres categorías de protección
La propuesta no impone una protección uniforme, sino que divide el corredor en tres categorías:
- El Paisaje Protegido abarca zonas de uso recreativo y turístico, con pesca deportiva y actividades náuticas, sobre todo en verano.
- El Parque Provincial prioriza la protección ecológica y admite actividades de bajo impacto, ecoturismo y educación ambiental.
- La Reserva de Uso Múltiple compatibiliza la conservación con usos productivos, incluida la pesca bajo criterios de manejo sustentable.
La pesca artesanal y productiva no quedaría prohibida en todo el corredor, sino concentrada en las zonas de uso múltiple. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial definiría las actividades permitidas y prohibidas en cada sector y los mecanismos de control. La reglamentación se elaboraría con participación de los municipios costeros, los pescadores artesanales y las instituciones académicas y ambientales. El debate legislativo terminará de fijar los límites, las reglas de uso y los controles.

Un proyecto con base científica
La iniciativa se apoya en un trabajo que la Secretaría de Ambiente impulsa junto con la Fundación Por el Mar sobre la costa noreste del golfo, entre El Cóndor y San Antonio Este. Durante 2025 se realizaron campañas de investigación en Bahía Creek, con participación de la Fundación Cethus y el Grupo Condros. Esas campañas aportaron datos sobre la distribución, el comportamiento y el uso del hábitat de las especies. La Legislatura ya había declarado el proyecto de interés ambiental, social, científico, económico y turístico. “Este reconocimiento es un respaldo al proceso colectivo que venimos construyendo”, había señalado Sebastián García, coordinador del proyecto por la Fundación Por el Mar.
Según la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, el proyecto integra la conservación marina con el turismo responsable y el desarrollo local. También busca ordenar el crecimiento turístico para reducir su impacto sobre los ecosistemas.

Un golfo bajo la lupa
El área forma parte de los Golfos Norpatagónicos y Frente Valdés y del Corredor Costero Norte de Argentina, reconocidos internacionalmente como Áreas Importantes para los Mamíferos Marinos.
El Golfo San Matías también está en el centro de un debate por los proyectos hidrocarburíferos en su costa. En julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO pidió al Estado argentino suspender las obras del oleoducto Vaca Muerta Sur. Además, solicitó información técnica sobre los riesgos de la terminal portuaria de Punta Colorada, a unos 30 kilómetros de Península Valdés, con plazo hasta el 1 de febrero de 2027. El organismo advirtió sobre posibles daños a la fauna marina, colisiones con cetáceos, aumento del ruido submarino y derrames de petróleo.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, ADN Río Negro, Gobierno de Río Negro, UNESCO

Denuncian la muerte de un puma en una estancia de Empedrado: lo habrían asfixiado con un lazo

Un ambientalista se presentó ante la Fiscalía de Saladas y acusó a peones del establecimiento de haber intentado capturar al animal pese a la orden de esperar a un equipo de rescate.

Un ambientalista denunció ante la Justicia la muerte de un puma juvenil en una estancia de Empedrado, en Corrientes. Acusó a los peones del establecimiento de haber provocado su muerte al intentar atraparlo con un lazo. Según su relato, el animal murió aparentemente por asfixia tras un forcejeo, pese a que las autoridades habían indicado no intervenir hasta la llegada de un equipo especializado de rescate.
La denuncia fue presentada por Luis Martínez ante la Fiscalía de Saladas. El ambientalista estará acompañado por la abogada animalista Liliana Gómez, con quien prevé constituirse como querellante en la causa. La identidad de los peones involucrados no trascendió.

Una orden que no se respetó
El felino apareció el viernes en el predio rural. De acuerdo con Martínez, las autoridades fueron notificadas y dieron la instrucción de no actuar hasta que llegara el personal capacitado para el rescate. Sin embargo, los trabajadores habrían intentado capturarlo por su cuenta con un lazo, y en el forcejeo el animal murió.
“Lo que hicieron estuvo mal y debe tener consecuencias”, sostuvo el denunciante. Remarcó, además, que la presencia de un puma en una propiedad rural no habilita a nadie a actuar de manera imprudente. Para Martínez, el manejo improvisado de este tipo de situaciones termina en hechos como el ocurrido en Empedrado, que ponen en riesgo a un ejemplar de fauna silvestre. Según planteó, no existen animales agresivos sino animales que se defienden cuando se sienten amenazados.

Una especie protegida
El puma (Puma concolor) está protegido por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y su caza está prohibida en Corrientes. La norma regula la caza, la captura y la destrucción de crías, huevos y madrigueras, así como la tenencia, el tránsito y el comercio de animales silvestres y sus productos. También establece que los propietarios de tierras pueden aprovechar la fauna de sus campos siempre que la protejan y aseguren su conservación.
El denunciante consideró, no obstante, que la legislación vigente no está a la altura de las circunstancias para combatir estos hechos. Según explicó, en la práctica los casos suelen resolverse con una compensación y una multa administrativa que, a su juicio, no repara el daño causado.

Fauna desplazada por el agua
Martínez vinculó el episodio con un fenómeno que se repite en estas semanas: la aparición de animales silvestres en zonas habitadas de la costa correntina, empujados por la crecida del río Paraná. Según datos del Instituto Nacional del Agua, el 23 de octubre el río marcaba 7,42 metros en Corrientes, por encima de su nivel de evacuación. La crecida se da en el marco de un El Niño de gran intensidad, que favorece lluvias superiores a las normales en la cuenca.
Frente a ese escenario, el ambientalista pidió a la población que mantenga distancia de los animales que aparezcan en campos, calles o patios, que no intente capturarlos y que espere la intervención de la autoridad competente. La advertencia coincide con la que se escucha en otras provincias del Litoral. En Santa Fe, donde la crecida empuja ciervos axis hacia pueblos y ciudades, el guardafauna Juan Martín Mastropaolo recomendó en estos días llamar al 911 y evitar las persecuciones y los intentos improvisados de captura, que suelen terminar con animales heridos o muertos.
La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía de Saladas, que deberá determinar las circunstancias de la muerte y las eventuales responsabilidades.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Corrientes
Fuentes Consultadas: El Litoral, Portal MeteoRed, LT10

Riachuelo: 354 establecimientos siguen declarados contaminantes y ACUMAR apuesta a reforestar

Grandes empresas y pymes siguen en el registro de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, mientras el organismo de cuenca suma un plan para restaurar humedales, talares y riberas con especies nativas.

Más de 350 establecimientos siguen bajo control ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo por su impacto sobre el agua, el suelo y el aire. Según los datos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a fines de 2025, 354 establecimientos permanecían activos en el registro de “agentes contaminantes”. Esa categoría alcanza a las industrias y comercios que vuelcan efluentes, generan residuos peligrosos o emiten contaminantes.
El listado incluye a grandes empresas y a pymes de distintos rubros. Entre ellas figura YPF, con su planta Líquidos Docke, en Avellaneda, declarada en octubre de 2011 y todavía activa en el registro. Raízen Argentina, la ex Shell, tiene tres establecimientos activos, dos en Ezeiza y uno en Avellaneda. La operadora de Carrefour suma cuatro locales: uno en Mataderos, uno en Monte Grande y dos en Avellaneda. Coto cuenta con dos establecimientos: uno comercial en la Comuna 3 porteña y una planta de faena y procesamiento de carne en La Matanza, declarada en 2009.
La lista se completa con frigoríficos de Avellaneda, La Matanza y la Comuna 9, y una firma química de Almirante Brown. También incluye una empresa de tratamiento de residuos peligrosos de Cañuelas, incorporada en enero de 2025, y una curtiembre de Avellaneda, sumada en julio de ese año. Figurar en el registro, de todos modos, no implica que se trate de los mayores contaminantes del río.

Planes de adecuación
Para salir del registro, los establecimientos deben presentar y cumplir un Plan de Adecuación Ambiental. A fines de 2025 había 139 planes activos: 81 aprobados y en ejecución y 58 todavía sin aprobar. Desde que comenzó el sistema se presentaron 455 planes, de los cuales 127 se cumplieron y 189 fueron rechazados, incumplidos o excluidos.
El padrón histórico de ACUMAR reúne 1.469 registros. Además de los 354 activos, 520 establecimientos se reconvirtieron y 281 cesaron su actividad. Otros 119 fueron considerados adecuados, 135 quedaron excluidos y 49 volvieron a su condición anterior. Algunas empresas, en definitiva, corrigieron sus procesos y lograron salir de los listados oficiales.
El organismo mantiene, además, un listado de establecimientos de seguimiento particular, que exigen una inspección más estrecha. Allí figuran los mayores aportantes de contaminación, los involucrados en conflictos socioambientales, las instalaciones del Polo Petroquímico Dock Sud, las del aeropuerto de Ezeiza y las curtiembres. Para las curtiembres, una resolución de 2024 permite presentar planes de adecuación que contemplen su traslado al Parque Industrial Curtidor de Lanús o el envío de sus efluentes a la planta de tratamiento de ese predio.

Del control a la restauración
Mientras continúan los controles industriales, ACUMAR aprobó en agosto, mediante la Disposición 1/2026, el Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo. La iniciativa marca un giro: de frenar la contaminación a restaurar los ecosistemas degradados.
El plan busca recuperar sistemas naturales, aumentar la biodiversidad y mejorar las condiciones socioambientales de la cuenca. Contempla trabajar con especies nativas en áreas ribereñas, talares y ambientes de estepa pampeana, y recuperar vegetación degradada y humedales, que almacenan agua y amortiguan las inundaciones. También prevé corredores biológicos para conectar fragmentos de vegetación y el desarrollo de infraestructura verde y azul, con parques, plazas, áreas naturales, cursos de agua y humedales.
Para medir sus avances, el plan fija indicadores como la cantidad de ejemplares plantados, la tasa de supervivencia, la superficie forestada y reforestada, los espacios verdes recuperados y los kilómetros de corredores biológicos. La producción de especies nativas podría además generar demanda para viveros, cooperativas, bancos de semillas y trabajadores especializados. Sin embargo, no se informaron el presupuesto ni el cronograma del programa.

Una cuenca con historia
La cuenca arrastra una larga historia de vuelcos industriales y cloacales, residuos y transformaciones urbanas. ACUMAR fue creada por la Ley 26.168 como un organismo interjurisdiccional que reúne a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, porque ninguna jurisdicción puede abordar el problema por sí sola. En octubre de 2024, tras 16 años de supervisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado el control de cumplimiento de la sentencia de la causa Mendoza, el fallo que había ordenado sanear el Riachuelo.
Con cientos de establecimientos todavía bajo control y un plan de restauración sin metas presupuestarias conocidas, el saneamiento del Riachuelo sigue siendo una tarea abierta.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: iProfesional, Economía Sustentable, ACUMAR, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Más de 73.000 hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en nueve meses

Un relevamiento satelital de Greenpeace registró desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre, mientras se discute la flexibilización de la Ley de Bosques.

Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El dato surge de un relevamiento de Greenpeace basado en la comparación de imágenes satelitales de alta resolución. La superficie equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a unas cuatro veces la de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago del Estero vuelve a encabezar la lista, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total, sobre todo en el bosque chaqueño semiárido. Le sigue Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%) entre las yungas y el Chaco salteño. Más atrás quedan Chaco, con 9.339 (12,7%), y Formosa, con 8.395 (11,5%), donde la pérdida alcanza humedales y bosques secos. Los desmontes se concentran en el Gran Chaco, y su avance profundiza la crisis climática y acelera la pérdida de biodiversidad.

Un ritmo que no se detiene
Los números muestran que el desmonte siguió durante el invierno. En julio, la misma organización había informado que en el primer semestre se habían arrasado 40.862 hectáreas en esas cuatro provincias. Santiago del Estero encabezaba la lista, con 20.727 hectáreas, seguida por Salta, con 11.960, un nivel que en esa provincia duplicaba el del mismo período del año anterior. Con esos datos, entre julio y septiembre se sumaron más de 32.000 hectáreas, un promedio cercano a 10.800 por mes.
El salto más llamativo se dio en Chaco, que pasó de 3.800 hectáreas en el primer semestre a 9.339 al cierre de septiembre: en solo tres meses desmontó más que en los seis anteriores. En ese trimestre, Santiago del Estero sumó unas 14.600 hectáreas; Salta, unas 8.200, y Formosa, unas 4.000.
Para Greenpeace, las sanciones vigentes no logran frenar el fenómeno. “Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización. Según Giardini, los empresarios agropecuarios incorporan las multas como un costo más de producción. También apuntó contra los gobiernos provinciales, a los que acusó de controlar poco, flexibilizar sus normas y autorizar desmontes donde no están permitidos, y habló de “una clara complicidad de los gobiernos provinciales”.

La Ley de Bosques en discusión
El relevamiento se conoce en medio del debate por la modificación de la Ley de Bosques (26.331) que impulsa el Gobierno nacional, y de recortes en los fondos destinados a la conservación. Giardini calificó de inadmisible la flexibilización de la norma y advirtió que provocaría un aumento significativo de la deforestación. También recordó que la Argentina está lejos de cumplir el compromiso de deforestación cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021.
La propuesta de reforma ya había despertado objeciones técnicas a comienzos de año. El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco advirtió que, entre otros cambios, eliminaría la autorización previa obligatoria para desmontar en las áreas de categoría III, o verde. Además, habilitaría desmontes en zonas de categoría II, o amarilla. Para esa entidad, las modificaciones debilitarían los controles y la evaluación ambiental, y representarían un retroceso contrario a los principios precautorio y de no regresión.

El yaguareté, en la cuerda floja
El desmonte también amenaza a una de las especies más emblemáticas del país. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las cuatro provincias y el Estado nacional por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, donde se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. La presentación sostiene, además, que esos desmontes violan la ley nacional de bosques. El máximo tribunal se declaró competente, pero todavía no dictó sentencia.
La organización reclama defender la Ley de Bosques y penalizar los desmontes y los incendios forestales. Además, impulsa la iniciativa “República de los Siete Bosques”, que invita a la ciudadanía a sumarse a una red de monitoreo territorial y resistencia pacífica frente a la pérdida de bosques.
A poco más de tres años de la meta de deforestación cero comprometida para 2030, el Gran Chaco argentino sigue perdiendo superficie a un ritmo que, según los datos satelitales, no da señales de desacelerarse.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Chaco On Line, InfoBariloche, Greenpeace Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco

Mendoza revocó dos permisos de exploración minera en Malargüe por no iniciar los trabajos

La Dirección de Minería les quitó a Newera Hydrogen dos áreas por unas 5.920 hectáreas, pese a que ya contaban con aprobación ambiental, porque la empresa no acreditó haber empezado a explorar dentro de los plazos legales.

El Gobierno de Mendoza revocó dos permisos de exploración minera en Malargüe que sumaban unas 5.920 hectáreas, porque la empresa titular no acreditó haber iniciado los trabajos dentro de los plazos que fija la ley. La decisión alcanza a Newera Hydrogen SAS y se formalizó mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal. Las áreas vuelven ahora al Estado provincial.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente dictó la medida el lunes 26 de octubre. Es un mensaje al sector en una provincia que convirtió a la minería en una de sus banderas económicas: obtener un permiso no alcanza si no hay trabajo efectivo en el terreno en los tiempos comprometidos.

Dos áreas en el distrito minero
Los permisos se ubican en el Distrito Minero N.º 05 de Malargüe, en la zona conocida como Malargüe Distrito Minero Occidental. El de mayor superficie, denominado Mercedes North, abarcaba 5.433 hectáreas y se había otorgado por 650 días. El otro, Mercedes Mariano, cubría 487 hectáreas con un plazo de 150 días.
Ambos derechos fueron concedidos en noviembre de 2024 a Guillermo Wild Ceruzzi, quien luego los cedió a Newera Hydrogen SAS mediante una transferencia inscripta en la Dirección de Minería. La Legislatura provincial había ratificado en diciembre de 2025 las Declaraciones de Impacto Ambiental de los dos proyectos.
Según el Gobierno, los equipos legales de Minería revisaron las actuaciones y concluyeron que no estaba probada la instalación de los trabajos de exploración. En el caso de Mercedes North, el plazo para iniciarlos venció el 18 de enero de 2026. Para Mercedes Mariano, la empresa no presentó en término, en abril, el formulario de actividad en el sitio, y lo hizo recién el 19 de mayo.

La aprobación ambiental no alcanza
Las resoluciones se fundamentan en el Código de Minería de la Nación, en particular su artículo 41, y en los artículos 71 y 73 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza. El Gobierno aclaró que contar con la aprobación ambiental no exime a los titulares de cumplir con sus obligaciones ni con los plazos establecidos. La aclaración es relevante porque ambos proyectos ya habían superado la instancia de evaluación y contaban con el aval legislativo.
Newera Hydrogen mantiene otros proyectos activos en la zona, entre ellos Alicia, La Victoria, Malargüe West y Mercedes 14 de Febrero. Otro proyecto de la firma, Mercedes Huanquimeleo, no registra presentaciones de su titular desde que se ratificó su Declaración de Impacto Ambiental. La empresa todavía puede recurrir las resoluciones. El plazo para que el Estado decida sobre las áreas comenzará a correr una vez resuelta esa instancia.

Qué pasará con las tierras
De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero, cuando las resoluciones queden firmes se notificará a Impulsa Mendoza Sostenible SA, la empresa estatal minera. Tendrá 30 días hábiles para decidir si reserva esas superficies para investigación geológico-minera o si las solicita bajo el régimen vigente. Si no ejerce ese derecho de preferencia, el Gobierno publicará la liberación de las áreas durante dos días en el Boletín Oficial, y quedarán disponibles para nuevos interesados.

Más controles sobre la expansión minera
La revocación se suma a otras decisiones recientes de la autoridad minera. En las últimas semanas, el Gobierno revisó ambientalmente una veintena de proyectos del nuevo distrito Mendoza Norte. A fines de septiembre, además, rechazó tres proyectos en Malargüe tras su evaluación ambiental.
El distrito de Malargüe es el eje de la estrategia provincial para atraer inversiones en exploración. En la segunda etapa del distrito, en marzo de 2025, Impulsa Mendoza Sostenible había presentado 29 proyectos. La autoridad ambiental minera rechazó dos y habilitó los otros 27 para su evaluación y una audiencia pública. En aquella oportunidad, Shantal anticipó el criterio que ahora aplica: “Nuestro rol es el de controlar, y vamos a ser igual de rigurosos con todos”.
Con la medida, la provincia busca diferenciar a las empresas que efectivamente exploran de aquellas que retienen derechos sin invertir. El esquema combina la apertura a la actividad con la exigencia de cumplir los plazos y las condiciones ambientales.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Mendoza Today, Diario Uno, Mendoza Minera, Gobierno de Mendoza

Ordenan a YPF y otras petroleras un plan urgente para cerrar un pozo que contamina en Salta

A pedido de la Fiscalía de Pichanal, la Justicia de Orán dictó una cautelar ambiental por las emanaciones de gas del pozo Loma de Olmedo X-10, ante el riesgo de que las lluvias de El Niño arrastren la contaminación a los campos vecinos.

La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán ordenó medidas urgentes para contener la contaminación del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, en la zona de Puesto Guardián, en el norte de Salta. A pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, el juez Ramiro Morizzio dictó una cautelar ambiental urgente, preventiva y provisoria. La medida obliga a YPF y a President Petroleum a presentar en diez días hábiles un plan para cerrar en forma definitiva el pozo y contener la contaminación. La resolución se notificó el 23 de octubre.
El pozo mantiene emanaciones de gas que las empresas debían controlar, y en sus inmediaciones se acumuló una sustancia en la superficie. La preocupación se agravó por el pronóstico de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían arrastrar ese material hacia campos agrícolas y ganaderos vecinos.

Un pozo con 40 años de historia
El Loma de Olmedo X-10 fue perforado por YPF en 1983, cuando era una sociedad del Estado, y luego pasó por distintas operadoras. La última fue President Petroleum, cuya quiebra se declaró en 2025. Los primeros problemas se detectaron en agosto de 2023, cuando la Dirección General de Energía e Hidrocarburos de Salta comprobó una pérdida de gas en el cabezal y la aparición de líquidos en los alrededores. En 2024, la Secretaría de Minería y Energía ordenó el abandono obligatorio del pozo.
En junio de 2025, una inspección oficial constató que seguían brotando gas y líquidos desde la boca del pozo y desde un cráter cercano. El Gobierno provincial conformó entonces un comité de emergencia y restringió el acceso con presencia policial permanente. Además, sostuvo que “si se respetan las medidas de seguridad, no hay riesgo alguno” para la población cercana. Más tarde, mediante un decreto, declaró la caducidad de la concesión de President Petroleum y recuperó el área.
Los productores de la zona denuncian desde hace años los efectos sobre el suelo, el agua, la vegetación y los animales. Atribuyen a las pérdidas la muerte de unas 300 cabezas de ganado. Según Greenpeace, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo alrededor del pozo están secas, y muchos habitantes tuvieron que abandonar sus casas. “Como biólogo, ver la naturaleza destruida me partió el alma”, relató Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de la organización, tras recorrer el lugar.

Qué ordenó el juez
La cautelar exige un Plan Técnico de Cierre y Abandono Técnico para sellar el pozo en forma permanente y frenar las emanaciones. El plan debe incluir la metodología de intervención, las medidas de seguridad, mecanismos para evitar nuevas surgencias, un cronograma y el monitoreo posterior. El juez también pide un plan de contingencia y contención para la sustancia depositada en la superficie, que deberá elaborarse junto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Minería y Energía de Salta.
Ese segundo plan deberá contemplar:
- el aislamiento del área y la instalación de barreras;
- la identificación de las vías de escurrimiento y el monitoreo de los campos vecinos;
- protocolos de respuesta rápida ante lluvias;
- procedimientos para recuperar y disponer de forma segura las sustancias desplazadas.
La medida alcanza a seis empresas de la cadena de concesiones. YPF y President Petroleum ya fueron notificadas. Restaba notificar a E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José. El juez consideró que la responsabilidad de las empresas por los costos de cierre y la remediación del suelo podría ser objetiva y solidaria, y que los permisos administrativos no las eximen de sus obligaciones ambientales.
La resolución se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú. Advierte, además, que el incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial. El Ministerio Público Fiscal aclaró que las medidas “no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas involucradas”. Antes, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, había sostenido que todas las firmas que participaron de la operación debían integrar el proceso.

Un cierre costoso
Sellar el pozo costaría unos 15 millones de dólares y requeriría equipos especiales y al menos un pozo de alivio. El antecedente cercano es el del pozo MdT 14, en Martínez de Tineo, en la misma zona. Ese pozo tuvo un descontrol en 2006 y causó daños durante seis años, hasta que YPF lo selló en 2012 con un costo superior a los 30 millones de dólares.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, El Tribuno, Ministerio Público Fiscal de Salta

El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la científica que midió agroquímicos en personas

El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público a la investigadora de Balcarce que coordinó el proyecto europeo SPRINT. Ella rechaza las acusaciones y anticipó que irá a la Justicia.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de personas del sudeste bonaerense. El Consejo Directivo del organismo adoptó la decisión el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366. Es la sanción más grave prevista para el empleo público nacional: la deja fuera del INTA y del Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA desde 1997 y también es investigadora del CONICET. Dedicó más de dos décadas al estudio de suelos, agua y plaguicidas. Ella y parte de la comunidad científica consideran infundadas las acusaciones administrativas en su contra.

Qué midió el proyecto SPRINT
SPRINT es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con un presupuesto de 14 millones de euros, y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Analizó más de 200 plaguicidas y sus mezclas en suelo, agua, aire, alimentos, animales y personas. La Argentina fue el único país participante fuera de Europa; el INTA aprobó su incorporación en mayo de 2020.
En 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores. Entre los resultados, se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y se identificaron mezclas de plaguicidas. Según un informe técnico del proyecto de febrero de 2023, ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia. Los autores advirtieron, de todos modos, que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.

Del freno al sumario
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del organismo del proyecto y abrió un sumario que se extendió casi tres años, con ocho imputaciones y trece agentes investigados.
La resolución sostiene que Aparicio incurrió en dos faltas previstas en la ley marco de empleo público. La primera es haber usado las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el INTA, dio un rol en la coordinación y supervisión de datos a su pareja, el investigador retirado José Luis Costa, sin autorización formal ni declaración de conflicto de interés. La segunda es el uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. Sin embargo, el propio texto reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal y que no se acreditó un beneficio económico.
El organismo hizo además otros reproches. Señaló que se centralizaron análisis en el exterior sin autorización y que se reemplazó el comité de ética previsto por el de un programa de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También marcó diferencias entre el protocolo original y la composición final de los grupos de voluntarios. La resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. Otros agentes recibieron suspensiones, como el director de la estación Balcarce, Facundo Quiroz, con 15 días, y el resto fue eximido.
En un comunicado que no menciona a la investigadora, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

La respuesta de Aparicio
Aparicio pidió la nulidad del sumario por indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el planteo al considerar que se garantizó su derecho de defensa, y su defensa anticipó que recurrirá a la Justicia. La investigadora sostiene que la decisión excede lo administrativo y que busca “instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles”. En una entrevista reciente había descrito con crudeza su situación dentro del organismo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El 15 de octubre, días antes de conocerse la resolución, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Conicet impulsan una campaña contra la exoneración. Organizaciones de pueblos fumigados, científicos y organismos de derechos humanos también rechazaron la medida.
El caso reabre el debate sobre el uso de agroquímicos en el país y sobre las condiciones para investigar sus efectos en la salud y el ambiente.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Diario Textual, Portal Bichos de Campo, INTA