Denuncian “groseros errores” en el estudio que habilitó la caza de patos autóctonos en Entre Ríos

Profesionales de Gualeguay piden anular el informe financiado por el sector cinegético que sirvió de base a la Resolución 100/2026, y reclaman nuevos estudios a cargo de instituciones independientes.

La temporada de caza de patos en Entre Ríos terminó el 23 de agosto, pero la discusión sobre su legitimidad sigue abierta. Un grupo de profesionales de Gualeguay denunció que el estudio poblacional usado para habilitar la caza de aves autóctonas contiene “groseros errores técnicos y estadísticos” y pidió que se declare su nulidad.
La presentación administrativa fue realizada ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, el organismo que autorizó la temporada mediante la Resolución 100/2026, y tramita bajo el expediente 3453784. Los denunciantes, entre ellos un médico y un biólogo, solicitan además una revisión de oficio de la resolución y nuevas evaluaciones científicas sobre las especies involucradas. La organización ambientalista Ceydas fue la encargada de exponer públicamente el caso.

Un estudio pagado por el sector
El documento cuestionado es un informe de campaña elaborado por un equipo privado de monitoreo de fauna silvestre, por encargo de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético, una entidad vinculada al sector que se beneficia con la actividad. Ese trabajo evaluó las poblaciones de cuatro especies de patos autóctonos, entre ellas el pato picazo y el pato brasilero.
Según el informe técnico que acompaña la denuncia, el estudio presenta “al menos diez vicios graves”. Entre los señalamientos figura que se contaron ejemplares que no se veían, bajo el supuesto de que estaban ocultos en la vegetación, que la probabilidad de detección de las aves fue mal estimada y que la cantidad de muestreos no alcanza para que los modelos estadísticos sean confiables. Los denunciantes también objetan la selección de escalas espaciales, un período de muestreo demasiado acotado y el uso de datos que no cumplirían los requisitos del método aplicado. En uno de los casos, dos especies con abundancias estimadas diferentes aparecen con el mismo rango superior de cálculo.

Sin control sanitario ni independencia
La denuncia advierte además que el estudio no incluyó una evaluación sanitaria, a pesar de los riesgos asociados a patógenos zoonóticos como la influenza aviar y a la exposición al plomo de las municiones. Y apunta a un problema de fondo: la falta de independencia. El relevamiento fue realizado por organizaciones vinculadas a la promoción de la caza y no intervino ningún organismo técnico oficial de la provincia.
Ese punto quedó expuesto dentro del propio expediente. Según la documentación difundida, el asesor legal de la Dirección, Luciano Emanuel Campos, señaló que no se puede avanzar sin un estudio propio del área de Fauna y Flora, mientras que el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, derivó la cuestión a la cámara de turismo cinegético, ya que el área técnica indicó no haber participado del trabajo.
El pedido de medida cautelar quedó en abstracto con el cierre de la temporada, y el expediente llegó a octubre sin resolución. Los denunciantes reclaman que un nuevo estudio poblacional y sanitario quede a cargo de instituciones independientes como la Universidad Nacional de Entre Ríos, el INTA o el Conicet, con al menos cuatro réplicas temporales por sitio y una escala espacial definida. Invocan el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Una disputa que vuelve cada año
La caza de patos autóctonos en Entre Ríos acumula años de conflicto. En julio de 2022, la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial provincial frenó la caza del pato picazo, el sirirí pampa, el sirirí colorado y el pato capuchino, al considerar que el gobierno carecía de estudios que justificaran la medida. El amparo había sido presentado por Ceydas, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres.
En abril de este año, Ceydas, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje reclamaron poder exponer en igualdad de condiciones que el sector cinegético en la audiencia pública convocada en Victoria para decidir la apertura de la temporada 2026. Además, organizaciones ambientalistas y de protección animal mantienen una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización provincial de la caza de aves autóctonas.
Hasta el momento, ni el gobierno entrerriano ni los autores del estudio respondieron públicamente a los cuestionamientos.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Agencia AIM Digital, Diario Junio, Portal Era Verde

Denuncian que lixiviados del Centro Ambiental de Villa La Angostura llegan al lago Nahuel Huapi

Una denuncia vecinal puso bajo la lupa el Centro Ambiental de Villa La Angostura, el predio donde la localidad neuquina dispone sus residuos sólidos urbanos. Según la presentación, los lixiviados, los líquidos contaminantes que se forman cuando el agua atraviesa la basura, estarían filtrándose y rebalsando desde las celdas hacia el arroyo Calfuco, que desemboca en el lago Nahuel Huapi.

La denuncia fue presentada el jueves 8 de octubre ante la Defensoría del Pueblo local y en pocos días sumó más de cien adhesiones. Su principal impulsor es el vecino Gerardo Minnaard, quien advirtió que la contaminación afecta la biodiversidad, la salud pública y la integridad ecológica del área protegida que rodea a la localidad.

Piletas que rebalsan
El Centro Ambiental funciona en el sector Loma Guacha, sobre la ruta nacional 40, cerca de zonas de bosque andino patagónico. De acuerdo con la presentación, cuando llueve el agua y el escurrimiento desde terrenos más altos ingresan a las celdas y hacen rebalsar las piletas de contención, que desagotan su capa superior, “donde flotan sustancias aceitosas combinadas con lixiviados”, hacia el entorno natural. Los denunciantes hablan de un vuelco grave y continuado de efluentes sin tratar.
La presentación también alerta sobre el riesgo de incendio. En el predio se acumulan residuos forestales, vehículos en desuso y electrodomésticos, y se recuerdan episodios previos de ignición. Según la denuncia, el agua usada por los bomberos para controlar esos focos se suma a la generación de lixiviados, y en verano las celdas llegan a rebalsar.

Advertencias que no se atendieron
El problema no es nuevo. El predio fue destinado a la basura en 1991 por la ordenanza municipal 442, y en 2013 comenzó a funcionar el Centro Ambiental, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2018, un diagnóstico técnico encargado por el propio municipio advirtió que la evaporación en la pileta de lixiviados era casi nula y que existía riesgo de desborde hacia el arroyo: sobre la celda caen unos 13.000 metros cúbicos de lluvia por año, frente a una pileta con capacidad para 800. Un ensayo de octubre de ese año midió 6.505 microgramos de plomo por litro en el líquido de la pileta. El proyecto de adecuación, estimado en hasta 1,06 millones de dólares, nunca se concretó.
En 2019, la ordenanza 3614 reconoció los problemas de capacidad y ordenó la clausura, el cierre y la remediación de la celda, además de informes semestrales. Los vecinos aseguran que no encontraron constancias de esa clausura ni de los informes. En 2021, una inspección de la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica no detectó afectación en el arroyo ese día, aunque en la pileta midió una demanda química de oxígeno de 1.004 miligramos por litro. Desde entonces no hay análisis actualizados, y de las 30 estaciones de la red oficial de monitoreo del lago Nahuel Huapi, ninguna está sobre el Calfuco. El predio, además, limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La Defensoría toma el caso
El defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, visitó el Centro Ambiental, se comunicó con la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y le solicitó una serie de informes. Al evaluar la presentación, consideró que está fundamentada. “No se trata, por tanto, de una presentación genérica o carente de fundamento”, señaló.
Entre las medidas pedidas figuran una inspección urgente de las geomembranas y las piletas de lixiviados, la toma de muestras de agua y sedimentos en el arroyo Calfuco, en su desembocadura y en las costas del lago, un relevamiento térmico de las celdas y acciones inmediatas para contener los vertidos, controlar el ingreso de agua de lluvia y reducir el material combustible. El denunciante plantea incluso evaluar la clausura definitiva de las celdas y aplicar sanciones si se comprueban incumplimientos.
Hasta el momento no se conoce una respuesta pública del municipio, y las afirmaciones de la denuncia todavía requieren análisis de laboratorio que las confirmen.
Minnaard ya había promovido en 2024 un amparo colectivo por el vertido de líquidos cloacales en la localidad, en el que un peritaje confirmó la presencia de líquido séptico crudo. Ahora, la mirada vuelve sobre el lago, esta vez desde el lugar donde termina la basura de la ciudad.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Neuquén 
Fuentes Consultadas: Diario El Cordillerano, Portal La Angostura Digital, Diario Andino, Portal Economía Sustentable

Proponen que todas las escuelas de Río Negro enseñen a separar residuos y sumen contenedores

Un proyecto presentado en la Legislatura rionegrina busca que la separación en origen y la gestión de residuos se enseñen de forma obligatoria en todos los niveles educativos de la provincia.

Separar los residuos podría convertirse en un contenido obligatorio en todas las escuelas de Río Negro. Un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone modificar la Ley Orgánica de Educación para que la separación en origen y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos se enseñen en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.
La iniciativa lleva la firma de los legisladores Marcela González Abdala, Martina Valeria Lacour y César Rafael Domínguez. El texto incorpora un nuevo artículo a la ley educativa que obliga al Consejo Provincial de Educación a incorporar estos contenidos y a abordarlos “de manera sistemática y transversal”, es decir, no como una actividad aislada sino a lo largo de distintas materias y años.

De la teoría al aula
El proyecto no se limita a la enseñanza. También prevé que todos los establecimientos educativos implementen sistemas de separación en origen, con contenedores diferenciados por tipo de residuo y señalización adecuada. Las escuelas tendrían un plazo máximo de dos ciclos lectivos, contados desde la reglamentación, para completar esa implementación. El Poder Ejecutivo, a su vez, contaría con 90 días desde la promulgación para reglamentar la norma.
Entre los contenidos a desarrollar figuran la recolección diferenciada, el uso de puntos verdes y el compostaje de residuos orgánicos. La propuesta busca además vincular la separación de residuos con la economía circular y con las oportunidades de trabajo que genera para las cooperativas de recuperadores urbanos.
Para garantizar que los contenidos lleguen efectivamente a las aulas, la iniciativa contempla formación docente continua, con herramientas pedagógicas adaptadas a cada nivel. La autoridad de aplicación podrá firmar convenios con municipios, comisiones de fomento, cooperativas de recuperadores, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Por qué ahora
En los fundamentos, los autores reconocen que en Río Negro ya existen iniciativas de educación ambiental en las escuelas, pero advierten que no están sistematizadas ni garantizadas de manera uniforme en todo el territorio provincial. Por eso plantean que la educación es “una herramienta estratégica para generar cambios culturales profundos” y que la escuela puede funcionar como multiplicadora de esos hábitos en los hogares y en la comunidad. Según el texto, el espíritu de la propuesta no es solo escolar, sino educativo y cultural.
La iniciativa se inscribe en la Ley nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral, conocida como Ley Yolanda, sancionada en 2021, que promueve la incorporación de la educación ambiental en todo el sistema educativo. También se articula con la Ley nacional 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, que fija los presupuestos mínimos para el tratamiento de la basura en todo el país.

Lo que ya se hace en la provincia
El proyecto llega sobre una base de acciones dispersas. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro entrega desde hace años cestos y bolsones de separación a escuelas e instituciones que los solicitan, y sus equipos técnicos visitan establecimientos para explicar el uso de los puntos limpios, como ocurrió en 2025 en Ingeniero Jacobacci, en articulación con el municipio.
En el plano legislativo, la provincia sancionó a fines de 2025 la Ley 5.835, que instituyó la semana del 17 de mayo como Semana Provincial del Reciclaje para concientizar sobre la separación en origen. La norma fue aprobada por unanimidad.
El desafío de fondo sigue siendo la disposición final. Río Negro cuenta con una ley provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos, la 5.491, y con un plan provincial que busca cerrar los basurales a cielo abierto mediante una gestión regional. En la Región Sur y la zona andina, ese plan involucra a municipios como Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci, donde en 2023 todavía funcionaban depósitos de basura a cielo abierto.
Si el proyecto avanza, la separación de residuos dejaría de depender de la voluntad de cada escuela o docente para convertirse en una política educativa común en toda la provincia, con la apuesta de que los chicos lleven a sus casas lo que aprenden en el aula.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Diario La Arena, Legislatura de Río Negro

Derrame de Shell en Magdalena: 27 años después, el exintendente dice que el acuerdo fue un engaño

Fernando Carballo, que en 2009 firmó el convenio de reparación con Shell, dice que el municipio fue engañado, mientras la Cámara Federal revisa el fallo que rechazó ese acuerdo.

Más de 27 años después del mayor desastre petrolero en la historia de Magdalena, la causa sigue sin cerrarse y suma un nuevo capítulo. El exintendente Fernando Carballo, que en 2009 firmó con Shell el acuerdo de reparación que hoy está en discusión en la Justicia, admitió que aquel convenio fue un error y que el municipio fue engañado.
El derrame ocurrió el 15 de enero de 1999, cuando el buque petrolero Estrella Pampeana, operado por Shell, chocó con el portacontenedores Sea Paraná en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena. Se volcaron unos 5,4 millones de litros de crudo, que afectaron más de 30 kilómetros de playas, humedales y arroyos. Es considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce registrado.

Un largo recorrido judicial
El municipio demandó a la empresa poco después del accidente. En 2002, durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata ordenó a la petrolera medidas de recomposición ambiental por unos 35 millones de dólares. Pero en diciembre de 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dejó sin efecto aquella decisión.
En 2009, ya con Carballo al frente del municipio, Magdalena y Shell firmaron un acuerdo por 9,5 millones de dólares, más asistencia para proyectos de desarrollo local. A cambio, el municipio desistía de sus acciones judiciales, mientras la empresa no reconocía responsabilidad. El pago quedaba sujeto a la homologación de un juez. Para respaldar el convenio, la comuna convocó a un plebiscito no vinculante en mayo de ese año: la propuesta obtuvo alrededor del 77% de los votos, aunque esa aprobación equivalió a cerca de una cuarta parte del padrón.

“Nos mintió”
Hoy, Carballo revisa aquella decisión con dureza. En una entrevista con un medio local, sostuvo que la información oficial difundida antes del plebiscito fue tendenciosa: detallaba el dinero y los proyectos que llegarían, pero no explicaba que aceptar el acuerdo implicaba abandonar las demandas. “Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell”, afirmó, en alusión a la petrolera y a su conducción de entonces, encabezada por Juan José Aranguren, quien años más tarde fue ministro de Energía y Minería de la Nación.
El exintendente aseguró que no volvería a impulsar una consulta de ese tipo y que el municipio debió haber seguido reclamando la totalidad de la reparación. Desde la organización ambientalista Ala Plástica, que sigue la causa desde hace años, señalaron que con el acuerdo se perdió la posibilidad de profundizar la investigación y el reclamo con proyección nacional e internacional.

El fallo que reabrió la causa
El convenio nunca llegó a cerrar el conflicto. El 30 de diciembre de 2025, el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, rechazó homologarlo. En su resolución sostuvo que los derechos ambientales son de orden público y no pueden negociarse en forma privada, y que ni el aval del Concejo Deliberante ni el plebiscito pueden estar por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.
El magistrado también consideró que el monto carecía de sustento técnico, porque no había estudios ambientales ni estimaciones de costos de recomposición que justificaran los 9,5 millones, y calificó el acuerdo como “objetivamente desactualizado”. Admitió que las pericias recientes no detectan un daño ambiental activo, pero sostuvo que el análisis debía situarse en el momento en que se firmó el convenio. El fallo no fijó, sin embargo, una nueva indemnización.
Shell y su aseguradora apelaron ante la Cámara Federal. La empresa sostiene que el ambiente ya fue recompuesto, que no hay daños pendientes de reparación y que pericias e informes oficiales realizados entre 2020 y 2024 no detectan contaminación por hidrocarburos. La Municipalidad de Magdalena también recurrió el fallo, aunque con otro objetivo: reclama una indemnización acorde con el daño sufrido.
Ahora será la Cámara la que deberá decidir si confirma el rechazo del acuerdo. Mientras tanto, a casi tres décadas del derrame, la costa de Magdalena sigue esperando una respuesta definitiva sobre quién y cuánto debe pagar por el daño.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Captan a Gualamba, la primera yaguareté hembra nacida en libertad en El Impenetrable

Las cámaras trampa confirmaron que una hembra nacida en estado silvestre sobrevive en el parque chaqueño, un hito para el regreso del yaguareté al Gran Chaco argentino.

En el corazón del monte chaqueño, una cámara trampa confirmó lo que los conservacionistas esperaban desde hace años. Gualamba, una joven hembra de yaguareté nacida en libertad, sigue viva y en buen estado dentro del Parque Nacional El Impenetrable. Es el primer registro de una hembra nacida en estado silvestre desde que comenzó el programa de restauración del mayor felino de América en el Gran Chaco argentino.
Gualamba fue identificada por primera vez en octubre de 2025 por el equipo técnico de Parques Nacionales. Las nuevas imágenes, obtenidas con dispositivos de fototrampeo, permitieron ahora certificar su supervivencia y su buen estado. Según los especialistas, todo indica que es hija de Keraná, una de las hembras reintroducidas en el parque. Su nombre fue elegido por votación entre alumnos de escuelas de Miraflores. El registro confirmaría la capacidad de la especie para reproducirse naturalmente en el parque y marcaría el inicio de una nueva generación de felinos criados en estado salvaje.
Para la Fundación Rewilding Argentina, que lleva adelante el proyecto junto con la Administración de Parques Nacionales, cada nacimiento silvestre es “un paso más hacia la recuperación de la especie”. La organización subraya que resguardar grandes extensiones del monte chaqueño es clave para asegurar agua, refugio, alimento y conectividad a la nueva generación de felinos.

Una especie al borde de desaparecer
El hallazgo cobra dimensión cuando se mira el punto de partida. En marzo de 2024, cuando comenzaron las liberaciones de hembras, solo había diez yaguaretés confirmados en la porción argentina del Gran Chaco, y todos eran machos. El último registro confirmado de una hembra en la zona databa de 1990. En todo el país, se estima que sobreviven entre 200 y 250 ejemplares en poblaciones fragmentadas, y la especie perdió más del 95% de su distribución original.
“El Gran Chaco es un ecosistema vital compartido por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay”, señaló entonces Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, al destacar la importancia regional de este bosque seco y la atención internacional que podían atraer los yaguaretés sobre sus problemas.

De Qaramta a Gualamba
La historia de la recuperación empezó en 2019, cuando un guardaparque siguió el rastro de Qaramta, el primer macho silvestre hallado en el parque. Fue equipado con un collar de seguimiento y luego cruzado con hembras cautivas del Centro de Reintroducción de Yaguaretés de Iberá, en Corrientes. De esa unión con la hembra Tania nacieron en enero de 2021 Nalá y su hermano Takajay, en los recintos de El Impenetrable.
Keraná llegó por otro camino. Fue rescatada como cachorra en Paraguay, después de que cazadores mataran a su madre, y en marzo de 2024 se convirtió en la primera hembra liberada en el parque. Más tarde se sumaron Nalá, Miní y Quiyoc. Hoy, además de esas cuatro hembras, los equipos técnicos monitorean a tres machos silvestres: Qaramta, Tewuk y Tañhi Wuk.
El primer gran signo de éxito llegó a fines de julio de 2025, cuando dos guías locales de vida silvestre, Pablo Luna y Darío Soraire, fotografiaron desde una lancha a Nalá junto a un cachorro de unos cinco meses en una barranca del río Bermejo. Parques Nacionales lo anunció en agosto como la primera cría silvestre registrada desde el inicio del proyecto. Gualamba, identificada dos meses después, se convirtió en la confirmación de que las hembras reintroducidas no solo sobreviven, sino que también se reproducen en libertad.

El desafío de la conectividad
Para los responsables del programa, el objetivo final es una población autónoma, capaz de reproducirse y sostenerse sin intervención humana. Pero eso exige mucho más que un parque. “Los yaguaretés silvestres necesitan diversidad genética y conectividad para prosperar”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, quien ve potencial para un corredor que se extienda más allá de los límites del área protegida.
El trabajo en El Impenetrable forma parte de un plan más amplio de restauración, que también contempla la reintroducción del lobo gargantilla, el ciervo de los pantanos, la tortuga yabotí y el tapir. En ese contexto, cada imagen de Gualamba es más que una buena noticia: es la prueba de que el monte chaqueño todavía puede recuperar a su gran predador.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Chaco
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Diario Digital Copal, Fundación Rewilding Argentina

Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Sequías, pinos y barrios en el bosque: por qué los incendios patagónicos son más graves

Un estudio de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro analizó doce grandes incendios en la Comarca Andina entre 2015 y 2025 y concluyó que el clima, la acumulación de combustible y la expansión urbana se combinan para potenciar el fuego.

Los incendios forestales en la cordillera patagónica no son solo más frecuentes: también son más extensos, más severos y más destructivos. Un equipo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se propuso explicar por qué y llegó a una conclusión clara: no hay una única causa, sino una combinación de factores que se potencian entre sí.
El trabajo, publicado en la revista científica Ecología Austral, analizó doce grandes incendios ocurridos entre 2015 y 2025 en la Comarca Andina del Paralelo 42. Esa región reúne localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre Río Negro y Chubut. En esa década, el fuego arrasó 46.222 hectáreas, y cerca del 48% de esa superficie se quemó con severidad alta. Los incendios de 2015, 2021 y 2025 destruyeron más de 930 viviendas y causaron la muerte de cuatro personas, además de dañar cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua.

Un clima cada vez más seco
El primer factor es climático. Los registros de El Bolsón de los últimos 30 años muestran que siete de los últimos diez veranos tuvieron lluvias por debajo del promedio. En la temporada 2024-2025, la temperatura máxima media superó en 3,5 grados el registro histórico, con 28 días por encima de los 30 °C.
Sequías recurrentes y temperaturas récord generan un ambiente en el que la vegetación se seca con facilidad y el fuego encuentra condiciones ideales para propagarse.

Combustible acumulado
El segundo factor es el combustible. “Por un lado se produjo una acumulación durante décadas de material combustible a partir del bosque nativo”, explicó Mariano Amoroso, coautor del estudio, investigador del CONICET y director de la Maestría en Agroecología de la UNRN. A eso se suman unas 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos exóticos, una especie muy inflamable y de crecimiento denso, que tampoco recibieron un manejo adecuado. Según el investigador, ambos factores facilitan la rápida propagación de las llamas.
El problema se retroalimenta después de cada incendio. En las áreas quemadas, los arbustos rebrotan más rápido que los árboles nativos, lo que genera un paisaje todavía más inflamable que el original y aumenta el riesgo de que el fuego vuelva.

Barrios dentro del bosque
El tercer factor es humano. Entre 2000 y 2022, la superficie urbanizada de la región creció un 63,1%, en gran parte sobre el bosque nativo. Ese avance amplió la llamada interfase urbano-forestal, la franja donde las viviendas conviven con la vegetación.
El estudio muestra que al menos nueve de los doce grandes incendios comenzaron o se propagaron en barrios construidos junto al bosque. En esas zonas se multiplican las fuentes de ignición vinculadas a la actividad humana, y al mismo tiempo crece la cantidad de casas y personas expuestas al fuego.
Los investigadores subrayan que estos tres factores no actúan por separado: un verano seco sobre un bosque cargado de combustible y rodeado de viviendas multiplica el riesgo de que una chispa se convierta en un incendio de gran escala.

Actuar “el día antes”
Los investigadores advierten que la estrategia actual, centrada en el combate, no alcanza. Proponen dejar de actuar solo cuando el fuego ya empezó y planificar el territorio con anticipación: gestionar la vegetación que funciona como combustible, regular el avance de los barrios sobre el bosque y educar a la comunidad para prevenir y anticipar los riesgos.
La advertencia cobra fuerza tras la temporada 2025-2026, considerada la peor en seis décadas en la región. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 los incendios afectaron más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, casi todas en Chubut. La superficie duplicó la de la temporada anterior y fue diez veces mayor que el promedio de 2022 a 2024. La organización estima, además, que cerca del 95% de los incendios en la región tiene origen humano, un dato que refuerza la advertencia del estudio sobre la interfase urbano-forestal.
Con una nueva temporada por delante y El Niño en pleno desarrollo, las autoridades de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias se reunieron días atrás en Bariloche para coordinar recursos. Para los científicos, sin embargo, la clave está en lo que se haga antes de que aparezca la primera columna de humo.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro

Tierra del Fuego reglamentó su ley de cambio climático casi cuatro años después de sancionarla

El Decreto 1698/26 pone en marcha la Ley 1.470: crea un fondo para financiar la acción climática y activa el gabinete y el consejo asesor que la norma preveía desde 2022.

Casi cuatro años después de su sanción, Tierra del Fuego reglamentó su Ley 1.470 de Gestión Integral para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Lo hizo mediante el Decreto 1698/26, que pone en marcha los organismos y herramientas previstos en la norma, entre ellos un fondo específico para financiar la acción climática en la provincia más austral del país.
La ley había sido sancionada por la Legislatura fueguina el 21 de diciembre de 2022, en la última sesión de aquel año, a partir de un proyecto impulsado por el bloque del Partido Verde, y fue promulgada pocos días después. Es complementaria de la Ley nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. El propio texto fijaba un plazo de 90 días para su reglamentación, que vencía a fines de marzo de 2023.

Qué establece la reglamentación
El decreto organiza la estructura de gobernanza climática provincial. Crea o pone en funcionamiento una Mesa de Trabajo Especial, el Gabinete Provincial de Cambio Climático y un Consejo Asesor con competencia en todo el territorio. La Dirección de Cambio Climático y Vigilancia Atmosférica será el organismo técnico: asistirá a la autoridad de aplicación, coordinará los vínculos con las dependencias nacionales y conducirá metodológicamente el trabajo del Gabinete y de la Mesa.
La pieza financiera es una cuenta especial en el Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Provincial para el Financiamiento Climático. Esos recursos se destinarán al Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, a obras de contención y a estudios técnicos de base para el monitoreo ecológico. Según la ley, el fondo puede nutrirse de aportes públicos y privados, nacionales e internacionales, y su uso es exclusivo para los objetivos de la norma.

Un plan para turberas, glaciares y costas
El corazón de la ley es el Plan Provincial de Respuesta, que deberá actualizarse al menos cada cinco años o en sintonía con las contribuciones nacionales que Argentina presenta ante el Acuerdo de París. El plan debe incluir una línea de base de emisiones, metas de reducción y de adaptación que se vuelvan más exigentes en cada revisión, hojas de ruta por medida y un esquema de gobernanza.
La norma enumera medidas mínimas pensadas para la geografía fueguina. Entre ellas figuran el ordenamiento y la zonificación de las turberas, valoradas por su papel como sumideros de carbono; la evaluación y protección de los glaciares, con sistemas de alerta temprana donde abastecen de agua potable; la conservación de los bosques nativos y la prevención de incendios en la interfase urbana; un programa de manejo costero frente al aumento del nivel del mar, y la planificación de una transición energética justa.
En materia de mitigación, la ley prevé metas progresivas de reducción de emisiones, más energías renovables, generación distribuida, eficiencia energética, incentivos fiscales y crediticios y normas de construcción sustentable.

Participación y control legislativo
El Consejo Asesor Externo, de carácter consultivo y permanente, deberá reunir a científicos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, representantes de la mayoría y la minoría legislativa y jóvenes fueguinos, con paridad de género. Los municipios participarán a través de la Mesa de Trabajo Especial.
La demora en la reglamentación había llegado a la Legislatura. Ante un pedido de informes aprobado en 2025, la Dirección de Cambio Climático reconoció en julio de ese año que la ley no se había reglamentado en el plazo previsto y que el borrador, enviado el 18 de junio, seguía en revisión. El mismo informe admitió que esa situación había frenado la creación de la mesa con los municipios y del Consejo Asesor. La respuesta oficial fue remitida a la Cámara en marzo de 2026.

Una provincia en la primera línea
Cuando la ley fue aprobada, sus impulsores destacaron que Tierra del Fuego se convertía en la tercera jurisdicción del país con una norma de este tipo, después de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con el decreto firmado, el desafío es que el plan, el fondo y los organismos de participación dejen el papel y se traduzcan en acciones concretas frente a los riesgos que la propia ley identifica en glaciares, bosques, turberas y costas.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Fuentes Consultadas: Agencia OPI Santa Cruz / OPI TdF, Legislatura de Tierra del Fuego

Del litio en Ancasti al cobre de Agua Rica: crecen los reclamos contra el avance minero en Catamarca

Vecinos, productores y comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia cuestionan proyectos de exploración y explotación por su impacto sobre el agua, la producción y los territorios, mientras el Gobierno y las empresas los presentan como una oportunidad de desarrollo.

Catamarca vive un momento de fuerte expansión minera y, al mismo tiempo, de creciente resistencia social. En distintos puntos de la provincia, vecinos, productores y comunidades indígenas cuestionan el avance de proyectos de exploración y explotación por sus posibles efectos sobre el agua, la actividad agropecuaria y los territorios ancestrales. Del otro lado, empresas y autoridades presentan esas inversiones como una oportunidad de desarrollo y empleo.

Ancasti y el litio
Uno de los focos más recientes está en la Sierra de Ancasti, al este de la provincia, donde la empresa Litios del Norte S.A. impulsa un proyecto de exploración de litio denominado El Alto. Según el programa de trabajo, prevé hasta 21 perforaciones de entre 100 y 300 metros de profundidad y el uso de hasta 2.100 metros cúbicos de agua en cinco o seis meses.
Vecinos y productores rechazan la iniciativa por el cuidado del agua y por su posible impacto sobre la ganadería, desde pequeños emprendimientos de cría de ovejas hasta explotaciones familiares. Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y la localidad santiagueña de Frías se reunieron en Guayamba para cuestionar el proyecto. Tras unas 50 impugnaciones vecinales, el Ministerio de Minería suspendió la instancia de participación ambiental prevista para el 30 de septiembre.
El intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, aseguró que el municipio no fue informado. “Nunca me notificaron, nunca me invitaron”, afirmó. El jefe comunal advirtió que el año pasado el municipio tuvo que repartir agua a la población y que parte del bosque nativo de la zona está en la categoría roja de la Ley de Bosques, la de máxima protección. Aclaró que no se opone a la minería, pero reclamó información y participación. También anticipó que buscará asesoramiento legal junto al senador departamental Rodolfo Santillán.

Santa María y Belén
En el departamento Santa María, habitantes y organizaciones se opusieron al proyecto de oro y cobre Sofía Gold, en las inmediaciones de Fuerte Quemado. Esa oposición terminó con una decisión de la Provincia de dejarlo sin efecto por razones ambientales y sociales.
En Belén, en cambio, el conflicto sigue abierto. La comunidad indígena diaguita de Peñas Negras denuncia ingresos no autorizados de empresas mineras a su territorio ancestral y reclama el cese de la exploración. La zona está en el área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca. La comunidad sostiene que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución Nacional.

El cobre de Agua Rica
El proyecto de mayor escala es Agua Rica-MARA, de cobre, impulsado por la multinacional Glencore en el oeste provincial. A comienzos de octubre, el Gobierno nacional aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y regulatorios. Según la empresa, el proyecto podría producir en promedio más de 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años.
La iniciativa prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento de Agua Rica. Según la compañía, la reactivación de Alumbrera emplea a casi 2.000 personas y apunta a obtener su primera producción en el segundo semestre de 2027.

Agua, suelo y controles
Más allá de cada caso, los reclamos comparten preocupaciones de fondo. En los valles del oeste, productores agrícolas y referentes comunitarios de Tinogasta y Andalgalá advierten sobre el polvo arrastrado por el viento desde las zonas de operación, que se deposita sobre cultivos y áreas de pastoreo. También alertan por la posible salinización de las cuencas y la infiltración de insumos químicos en los suelos.
Las organizaciones reclaman auditorías ambientales independientes y planes de remediación, y cuestionan que la Provincia acelere los permisos extractivos. Desde el sector laboral también surgieron cuestionamientos por salarios, seguridad y condiciones de trabajo en las operaciones.
En una provincia árida, donde el agua es un recurso escaso y disputado, el debate central es hasta dónde puede avanzar la minería sin comprometer la producción local, los territorios indígenas y el acceso al agua de las comunidades.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Portal Noticias D, Portal El Aconquija, Diario El Ancasti

La Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras y Lorenzetti defendió el fallo

Con el voto de dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida interina en la causa de una organización ambiental y comunidades mapuche que restituye en forma provisoria los topes a la compra de campos por extranjeros.

Diez días después de haber dejado operativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la Corte Suprema de Justicia dio un giro. El 9 de octubre, el tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que había eliminado la Ley 26.737, y restituyó en forma provisoria los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se tomó en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El tribunal dictó una medida interina, es decir, provisoria. Regirá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y sobre el pedido de cautelar.

Un voto dividido
La resolución llevó las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con las de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los conjueces habían sido convocados días atrás porque los tres integrantes titulares del tribunal no lograron un acuerdo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Reconoció que la legitimación de la asociación era distinta de la del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, cuyo planteo la Corte había rechazado a fines de septiembre. Aun así, sostuvo que el tribunal no tenía competencia para dictar una medida de ese tipo y propuso remitir el expediente a Bariloche.
Para la mayoría, el caso involucra cuestiones vinculadas a la tutela del daño ambiental, y el trámite en las instancias inferiores había dejado sin respuesta las peticiones de la demanda. Por eso, la medida busca asegurar la tutela judicial efectiva y “evitar la producción de daños irreparables”.
Con la suspensión, vuelven a regir las restricciones de la Ley 26.737:
- el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras;
- el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo;
l- as limitaciones sobre predios con cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.
La cuestión de fondo, la constitucionalidad de la derogación, sigue pendiente.

La defensa de Lorenzetti
Tras la decisión, Lorenzetti salió a explicar el fallo en declaraciones televisivas. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó. Según explicó, la medida se apoyó en tres ejes: los hechos concretos del caso, la cuestión ambiental vinculada a los recursos naturales y el debilitamiento de la participación social.
El juez recordó que la ley ambiental, en su artículo 32, permite a los magistrados dictar medidas aun sin pedido de las partes. Sostuvo además que, como el proceso no había sido tratado en primera instancia, la organización quedó desprotegida durante todo ese tiempo. También consideró que nadie debería sorprenderse de que firmara una cautelar en materia ambiental, dada la línea que el tribunal sostiene desde hace años.
Ante las críticas que recibió la Corte en las últimas semanas, Lorenzetti negó que la decisión respondiera a la presión pública. “Hemos tenido presiones mucho más fuertes que ahora y siempre resolvimos conforme a derecho”, sostuvo. Señaló, además, que el debate es legítimo, pero que el camino para cuestionar las decisiones es judicial. También atribuyó parte de los conflictos a que el Congreso nunca legisló sobre el tema. Sobre la disidencia de Rosenkrantz, la calificó como una postura legítima, aunque más restrictiva.

El impacto en el Congreso
El fallo también reordenó la discusión política. La oposición había convocado a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. Pero los cálculos de los propios negociadores le daban, en el mejor escenario, unos 115 presentes, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. La restitución de los límites quitó presión a sectores que defendían los topes pero no querían voltear el decreto completo, como los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora.
El Gobierno, por su parte, busca preservar el resto del DNU y separar el tema de las tierras. La Libertad Avanza impulsa incluir un capítulo con restricciones en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocó a su propia sesión para el 21 de octubre.
Mientras tanto, la Ley de Tierras vuelve a regir de manera provisoria. Su suerte definitiva dependerá del Juzgado Federal de Bariloche, de una eventual sentencia de fondo y de lo que finalmente resuelva el Congreso.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Perfil, Diario El Día, Diario Infobae, Diario El Liberal, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tras 27 años, la causa de tres vecinos de Ensenada contra YPF espera la definición de la Corte

La demanda por la contaminación del Canal Lateral Oeste, iniciada en 1999 por vecinos de El Dique, ya tiene condenas en dos instancias y la petrolera admitió en su balance que podría derivar en indemnizaciones.

En 1999, tres vecinos de El Dique, en Ensenada, decidieron enfrentar a algunas de las empresas más poderosas del país. Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste, el curso de agua que corre junto a la Refinería La Plata de YPF y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago. Veintisiete años después, su reclamo acumula dos sentencias favorables y espera la última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda no busca solo una compensación económica. Los vecinos pidieron que cese la contaminación y que se recomponga el ambiente dañado, un objetivo que los tribunales ya les reconocieron en dos instancias.

Dos fallos a favor de los vecinos
El 7 de febrero de 2022, YPF fue notificada de la sentencia de primera instancia de la Justicia Federal. El fallo tuvo por acreditado el daño ambiental en los canales vinculados a la refinería, ordenó su cese y recomposición y repartió las responsabilidades. El 90% recayó sobre YPF y el Estado Nacional, en una proporción de 80% y 20% entre ambos. El 10% restante quedó a cargo de Petroquímica Cuyo, ex Petroken, y de Garovaglio y Zorraquín.
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la obligación de cesar y recomponer el daño. Los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo ordenaron presentar un plan de recomposición del pasivo ambiental del canal. El plan debe contemplar el efecto sobre la salud y la seguridad públicas, la prevención de daños futuros y el plazo necesario para la reparación. Lo evaluarán el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata y las autoridades ambientales de la Nación, la provincia y el municipio de Ensenada. En su fallo, el tribunal sostuvo que “la protección del ambiente es prevalente” frente al desarrollo económico.
Los codemandados llevaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que todavía no fue resuelto y que, desde mayo de 2025, circula por una de las vocalías del máximo tribunal.

Lo que admite YPF
La causa volvió a tomar estado público porque la propia petrolera la incluyó en un documento presentado a sus accionistas en febrero de este año. Allí reconoció reclamos por “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” y admitió que podrían implicar nuevas obligaciones económicas. Para cubrirlas previsionó fondos en su balance, sin precisar montos. Por su parte, Garovaglio y Zorraquín informó que “el monto económico de la condena aún no estaba determinado”.
En su defensa, YPF se apoyó en un estudio concluido en 2021 según el cual entre el 88% y el 91% de los hidrocarburos presentes en los sedimentos del canal se habría depositado antes de 1991. Con ese dato, la empresa planteó la responsabilidad del Estado Nacional por las condiciones de la privatización de la compañía. Las resoluciones judiciales, además, no atribuyen a la refinería todas las enfermedades denunciadas por los vecinos.

Un polo bajo la lupa científica
La Refinería La Plata, con capacidad para procesar unos 210.000 barriles diarios, forma parte del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada, uno de los complejos industriales más grandes del país. Distintas investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron su impacto durante años.
Un relevamiento del Área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas identificó el agua y la atmósfera como las principales vías de impacto. Entre 2014 y 2016, un proyecto conjunto de la UNLP y el CONICET monitoreó aire, agua y sedimentos en El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso, Ensenada y el barrio Mosconi. Otros trabajos analizaron compuestos como el benceno, el tolueno y los xilenos, además de material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por sus propiedades cancerígenas.
A esos estudios se suman episodios que los vecinos recuerdan bien. En abril de 2013, durante la inundación de La Plata, un incendio dejó hidrocarburos en la vegetación del Canal Oeste. En 2022 y 2024 hubo nuevos incendios dentro del complejo.
Mientras la Corte analiza el expediente, la historia de los vecinos de El Dique ya dejó una marca. Demostró que un reclamo iniciado por tres personas puede obligar a una de las mayores empresas del país a reconocer, ante sus propios accionistas, el costo de la contaminación.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal La Plata 1, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, CONICET

Cinco meses sin respuesta: la demanda contra la reforma de la Ley de Glaciares sigue sin cautelar

Un juzgado federal de La Pampa se declaró competente en la causa impulsada por organizaciones ambientales y respaldada por más de 850.000 personas, pero todavía no resolvió los pedidos para frenar la reforma ni para proteger un glaciar amenazado por un proyecto minero.

Más de cinco meses después de presentada, la demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares tuvo su primera definición, aunque no la que esperaban sus impulsores. El 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para tramitar la causa. Sin embargo, todavía no resolvió los pedidos de medidas cautelares que buscan frenar los efectos de la nueva norma.
“Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza”, advirtieron las organizaciones demandantes en un comunicado. La causa fue presentada el 5 de mayo por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas, organizaciones territoriales y referentes sociales de todo el país. Más de 850.000 personas adhirieron a la presentación en menos de dos semanas.

Qué cambió la reforma
La demanda cuestiona la Ley 27.804, publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril. Esa norma modificó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Según las organizaciones, la reforma eliminó la protección efectiva de los glaciares y de las cuencas que dependen de ellos.
Entre los cambios centrales, la nueva norma limita la protección a los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas y deja en manos de cada provincia la tarea de identificarlos. También modifica el criterio para prohibir actividades: ya no alcanza con que puedan afectar a los glaciares, sino que deben poder alterar de modo relevante su condición natural o sus funciones hídricas. Esa evaluación también queda a cargo de las provincias. Además, la evaluación ambiental estratégica deja de ser obligatoria y pasa a depender del criterio de cada autoridad provincial.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sigue a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero ahora debe incorporar o eliminar geoformas según la información que le envíen las jurisdicciones. Si un glaciar es dado de baja por no cumplir funciones hídricas, deja de estar alcanzado por la ley.
La demanda pide que se declare inconstitucional la reforma y que, como medida cautelar, se suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo, para evitar autorizaciones o avances de proyectos que puedan provocar daños irreversibles. Las organizaciones presentaron dos pedidos de pronto despacho para acelerar la decisión, sin resultado hasta ahora.

El glaciar en la mira
La urgencia tiene un caso concreto. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, de cobre, oro y plata, impulsado por BHP y Lundin en el departamento Iglesia, en San Juan. En su zona de intervención se encuentra el glaciar de escombros GE110, ubicado en la cuenca del río Jáchal e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2022. Según la presentación judicial, el proyecto prevé un tajo a cielo abierto de unas 259 hectáreas en esa zona.
El 23 de junio, las organizaciones pidieron una cautelar específica para impedir que el GE110 sea retirado del inventario mientras dure la causa. Advirtieron que, si el glaciar pierde su protección y el proyecto avanza, una sentencia posterior podría llegar cuando el daño ya esté hecho. “Llegar tarde equivale a convalidar la pérdida”, sostuvieron. Ese pedido tampoco recibió respuesta.

Voces cuestionadas
La resolución del 8 de octubre sumó otro motivo de preocupación. El juez Baric cuestionó las presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan la demanda. Entre ellas están las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, y las de integrantes de la Asamblea de Jáchal. Las organizaciones advirtieron que ese criterio podría dejar fuera del proceso a personas que defienden la ley desde hace años.
Para los demandantes, la demora no es neutral. Mientras la Justicia no se pronuncia sobre las cautelares, la reforma sigue vigente y las provincias pueden avanzar en la revisión del inventario. En juego están los glaciares, que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce para buena parte de las cuencas cordilleranas del país.

Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Econews, Greenpeace Argentina

El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

Doce empresas concentran más de 1,1 millones de hectáreas del Chaco salteño

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Salta muestra que la mayoría de los grandes compradores de tierras son nacionales y advierte que el problema central es la concentración, el cambio de uso del suelo y la desprotección de comunidades indígenas y criollas.

En medio del debate nacional por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un investigador salteño propone correr el foco. Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, están en manos de apenas 12 empresas. Y la mayoría de quienes compran grandes extensiones no son extranjeros.
Los datos surgen del análisis de las grandes transacciones de tierras que realizó Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Venencia está adscripto a la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e integra el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). También forma parte del equipo técnico regional de Land Matrix para América Latina y el Caribe, una iniciativa que registra las grandes operaciones de tierras en el mundo.

Una tierra cada vez más concentrada
El Chaco salteño abarca unos 7 millones de hectáreas, y alrededor del 80% es hoy propiedad privada. El resto se reparte entre comunidades indígenas, lotes fiscales, áreas protegidas y parques nacionales.
Desde el año 2000, Land Matrix registró en la región 122 grandes transacciones, de 200 hectáreas o más, ya sean compraventas, arrendamientos o concesiones a privados. En conjunto involucraron más de 1,7 millones de hectáreas: el 47% se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde sobre todo a la actividad petrolera.
La distribución es profundamente desigual. El 10% de los adquirentes concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% con menos tierra apenas reúne el 0,3%. Un solo comprador acumula unas 300.000 hectáreas, parte de ellas concesionadas por la propia provincia para la explotación agrícola en Salta Forestal.

Más allá de los extranjeros
El 64% de los grandes adquirentes son nacionales, una proporción cercana a la del conjunto del país, donde llega al 67%. Le sigue China, con el 12% de las adquisiciones, sobre todo para explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, la presencia extranjera se desdibuja porque muchas empresas cotizan en bolsa y operan a través de fondos de inversión integrados por personas de distintas nacionalidades.
"La extranjerización de tierra es un tema importante", reconoció Venencia. Aun así, planteó que el debate también debe incluir el acaparamiento, un concepto que abarca la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que esos cambios generan en los territorios.

Comunidades sin títulos y sin protección
La dimensión que más preocupa al investigador es la de las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan y trabajan esas tierras desde hace generaciones, en muchos casos sin títulos de propiedad. Los registros de Land Matrix identifican niveles potencialmente altos de conflictividad donde las grandes transacciones se superponen con esos territorios. Para Venencia, la consecuencia principal es "la falta de una tenencia de la tierra segura".
Ese escenario se agravó con la caída de varias protecciones legales. El 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de comunidades campesinas prevista en la ley provincial 7.658, y la Legislatura no la renovó. A nivel nacional, el Gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que había permitido relevar los territorios comunitarios, aunque solo alrededor de la mitad de las comunidades de Salta llegó a ser relevada. A eso se sumó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que según el investigador abre la puerta a los desalojos sin importar la nacionalidad del inversor.

El monte y el desarrollo que no llegó
Una de las consecuencias más visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Sobre la ruta nacional 86, donde el derecho indígena fue reconocido, los desmontes continúan, en algunos casos con autorizaciones cuestionadas. Y hay situaciones en las que el acceso al agua se convierte en moneda de cambio para que las comunidades no se opongan a la tala.
Venencia vinculó ese proceso con la expansión agrícola y ganadera iniciada a comienzos de los 2000, impulsada por la soja transgénica, que prometía desarrollo para la región. "Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza", advirtió, y mencionó también los casos de desnutrición infantil en comunidades indígenas.
Para el investigador, la pregunta no es solo quién se queda con la tierra, sino para qué se usa y si quienes viven allí podrán quedarse.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, Diario Página|12, Portal Gente de Salta