Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026

El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.

La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.

Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.

Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.

Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.

Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.

Misiones limita la tenencia de animales silvestres y solo permitirá vender seis especies exóticas

Una resolución del Ministerio de Ecología provincial creó un registro único de fauna, fijó un tope de cinco animales por persona y prohibió el ingreso de especies invasoras o protegidas, para frenar el tráfico y proteger la biodiversidad.

Misiones puso límites a la tenencia y la venta de animales silvestres y exóticos. A través de la Resolución 367, publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables provincial creó un registro obligatorio, fijó un tope de cinco animales vivos por persona y redujo a solo seis las especies exóticas que podrán comercializarse en la provincia.
La norma regula el ingreso, la permanencia, la tenencia y la comercialización de fauna silvestre, tanto nativa como exótica. Sus objetivos son prevenir el tráfico ilegal de animales, proteger la biodiversidad, reducir los riesgos para la salud pública y evitar que especies foráneas se establezcan en los ambientes naturales de la provincia. Según el texto de la resolución, la regulación de las especies exóticas debe realizarse “bajo criterios preventivos y precautorios”.

Solo seis especies a la venta
La resolución establece una lista positiva, es decir, un listado cerrado de las únicas especies exóticas que podrán venderse. Incluye cuatro aves, la cotorrita australiana, la cacatúa ninfa, el canario y el diamante cebra, y dos reptiles, el gecko leopardo y el dragón barbudo. Su comercialización estará sujeta a requisitos legales, sanitarios y de identificación, y solo podrá hacerse en veterinarias y agroveterinarias autorizadas.
Quedan fuera de ese régimen los loros habladores, las cotorras autóctonas, las tortugas, las boas y otras serpientes. Además, se prohíbe el ingreso y la permanencia en la provincia de ejemplares y material biológico reproductivo de especies restringidas o prohibidas, como las incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en las listas de especies exóticas invasoras.
En cuanto a la fauna nativa de Misiones, no se otorgarán nuevas autorizaciones de tenencia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Un registro único
La norma crea el Registro Único de Fauna (RUFA), que estará a cargo de la Dirección de Biodiversidad y tendrá dos secciones: una para los particulares que tengan animales silvestres y otra para los comercios autorizados a vender las especies permitidas. La autoridad podrá exigir anillos, microchips u otros métodos de identificación, además de la acreditación del origen legal de cada ejemplar. La inscripción, sin embargo, no habilita por sí sola a tener, criar, trasladar ni vender animales: para eso se necesitan permisos específicos.
La tenencia particular queda limitada a cinco animales vivos por persona o entidad registrada. Si varias personas inscriptas conviven en un mismo domicilio, el total también será de cinco, salvo excepciones justificadas. Para obtener la autorización, los interesados deberán presentar documentación que acredite el origen legal, un informe sanitario firmado por un veterinario, fotos del animal y de su alojamiento, y un plan de manejo elaborado por un profesional que contemple nutrición, ambiente, salud física, comportamiento y estado mental. Las autorizaciones deberán renovarse cada año, en abril, y las muertes deberán informarse dentro de los cinco días hábiles.

Plazos para regularizar
Quienes ya tengan animales alcanzados por la norma tendrán dos meses para inscribirse, y los comercios, tres. La inscripción no garantiza la aprobación: el Ministerio evaluará el origen, la especie, la documentación y las condiciones de alojamiento. Los casos de maltrato, abandono, negligencia grave o condiciones incompatibles con el bienestar animal quedarán excluidos de la regularización, y podrán derivar en medidas de protección, secuestro preventivo o decomiso de los ejemplares. Los animales que ingresen desde otras provincias deberán acreditar su origen legal y cumplir requisitos de documentación, sanidad e identificación.

La presión sobre la selva
La medida se suma a los esfuerzos de la provincia contra la caza furtiva y el tráfico de fauna en la selva paranaense, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país. Según datos difundidos en el Día Provincial del Guardaparque, que se celebró el 19 de octubre, más de 120 guardaparques protegen 22 parques provinciales, y en lo que va del año se labraron más de 200 actas de infracción, se secuestraron 25 armas y se desmantelaron más de 100 campamentos ilegales.
“Encontramos muchas infracciones de caza furtiva adentro del área”, contó Fabio Malosch, guardaparque del Parque Provincial Salto Encantado, quien explicó que buena parte de esa caza se destina a la comercialización de mamíferos y peces en grandes cantidades.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Misiones 
Fuentes Consultadas: Portal Canal Doce Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Boletín Oficial de la Provincia de Misiones.

Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

La reforma de la ley de biocombustibles pone en riesgo 14 plantas pymes y casi 10.000 empleos

El proyecto con media sanción del Senado reduce casi a la mitad la participación de las pymes en el mercado del biodiésel y abre el negocio a las grandes aceiteras, en un debate que también define el futuro de los biocombustibles en el país.

La reforma del régimen de biocombustibles que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en la Cámara de Diputados pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel en el interior del país. Según la cámara que las agrupa, la nueva ley reduciría casi a la mitad su participación en el mercado, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y amenaza unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y respaldado por el gobierno nacional, fue aprobado por el Senado el 17 de septiembre y pasó a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Busca reemplazar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, que elimina los precios fijados por la Secretaría de Energía y desregula el mercado.

Qué cambia para el biodiésel
Hoy, el gasoil que se vende en el país debe contener un 7,5% de biodiésel, y ese volumen es abastecido en su totalidad por productores no integrados, en su mayoría pymes regionales, que compran el aceite de soja a las grandes aceiteras. La reforma eleva la mezcla total, pero reduce la porción reservada a las pymes a un piso del 4% y abre un segmento de libre negociación del 6%, en el que competirían las grandes agroexportadoras.
Según los cálculos difundidos por el sector, la producción de las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Con ese volumen, solo 11 de las 25 plantas podrían seguir operando. Las restantes, distribuidas en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, quedarían en riesgo de quiebra.

La concentración del mercado
El conflicto enfrenta a las pymes con las grandes aceiteras. Las 25 productoras pequeñas y medianas tienen, cada una, una participación de mercado del 5% o menos, pero elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio. En cambio, las grandes procesadoras de soja controlan la materia prima, que representa el 80% del costo de producción. Del lado de los compradores, YPF concentra el 59% de las adquisiciones y las principales petroleras, el 92% del mercado.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dejar que las aceiteras ingresen al mercado interno a costa de las pymes concentraría la producción en pocos grupos empresarios, en su mayoría ubicados en el polo agroexportador de Santa Fe. Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que, si las grandes empresas quieren entrar al mercado interno, debería hacerse aumentando el cupo total de biodiésel y no reduciendo el de las pymes.

La contrapropuesta de las pymes
La cámara propone elevar el corte de biodiésel al 12,5% del gasoil, dividido en tres segmentos: un 5% para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos, un 2,5% para pymes portuarias no integradas y un 5% abierto a las grandes exportadoras. También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por licitaciones competitivas.
Según Cepreb, el sector genera más de 1.000 millones de dólares anuales, sostiene a unas 400 extrusoras regionales de soja y produce un combustible con emisiones de gases de efecto invernadero un 69% menores que las del gasoil fósil.

Un debate también ambiental
Los biocombustibles son una de las herramientas con las que la Argentina reduce las emisiones del transporte, uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por eso, más allá de la disputa económica, la reforma define cuánto biocombustible se mezclará con los combustibles fósiles en los próximos 15 años y quién lo producirá.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo régimen amplía los cortes obligatorios, incorpora competencia y elimina distorsiones de precios. Las pymes, en cambio, advierten que la desregulación favorecerá a los grandes jugadores y pondrá en riesgo un entramado productivo distribuido en el interior, vinculado a las economías regionales.
La media sanción en el Senado no estuvo exenta de tensiones. Según Cepreb, el senador radical Maximiliano Abad votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios, que fue rechazado. Ahora, la discusión se traslada a Diputados, donde las pymes buscan modificar el texto antes de que se convierta en ley.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Senado de la Nación Argentina, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo

La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.

Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.

Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.

Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.

La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.

Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta

El Senado debate una ley para regular el cierre de minas con garantías ambientales y financieras

Un plenario de comisiones analizará este miércoles tres proyectos que buscan llenar el vacío legal sobre qué ocurre con los yacimientos cuando terminan de producir, con planes obligatorios y fondos para remediar los sitios.

El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles una deuda pendiente de la regulación minera argentina: qué ocurre con las minas cuando terminan de producir. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable analizará tres proyectos que buscan establecer reglas para el cierre de minas, con planes obligatorios desde el inicio de la actividad y garantías financieras que aseguren la remediación de los sitios.
La reunión está prevista para el miércoles 21 de octubre a las 15, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El punto de partida es un diagnóstico compartido por las tres iniciativas: la Argentina no tiene una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas. El tema aparece solo de manera indirecta en la legislación ambiental minera, sin procedimientos, responsabilidades ni garantías detalladas.

Tres proyectos en debate
El primero de los textos, el S-285/25, pertenece al fallecido senador chaqueño Antonio Rodas y propone una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. Define el plan de cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas por la actividad y exige la constitución de garantías financieras. Alcanzaría a las nuevas unidades mineras y a las que reinicien operaciones una vez vigente la norma.
Los otros dos proyectos plantean un camino distinto: incorporar al Código de Minería un título específico denominado Régimen de Cierre de Minas. Uno de ellos, el S-257/26, lleva la firma de los senadores Flavio Fama, de Catamarca, y Edith Terenzi, de Chubut. El otro, el S-525/26, es de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. En la Cámara de Diputados también hay una iniciativa sobre el tema, el expediente 5793-D-2025.

Qué proponen
Las iniciativas coinciden en exigir que las empresas presenten un plan de cierre al comienzo de la actividad, junto con el informe de impacto ambiental, y que lo actualicen de manera periódica durante la vida útil del yacimiento. Los proyectos de Fama y Corpacci obligan, además, a constituir fondos o instrumentos financieros específicos para cubrir los costos del cierre y del poscierre, que el Estado podría ejecutar si la empresa no cumple.
Ambas propuestas también crean mecanismos fiduciarios o fondos permanentes para financiar el monitoreo ambiental una vez concluido el poscierre, cuando ya no hay actividad pero los riesgos de contaminación pueden persistir durante décadas. La iniciativa de Fama y Terenzi incluye, por otra parte, la obligación de que la autoridad de aplicación institucionalice procedimientos de participación ciudadana antes de aprobar cada plan y garantice el acceso público a la información.

Las minas que quedaron atrás
La falta de reglas claras tiene consecuencias visibles. En la Puna del noroeste argentino, las minas La Concordia, La Poma y Pan de Azúcar dejaron de operar sin un plan de cierre adecuado. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas detectó en esos sitios drenaje ácido de mina, un proceso por el cual los sulfuros de los residuos se oxidan con el agua y el aire y liberan metales pesados. La contaminación alcanzaba aguas superficiales, suelos, sedimentos y vegetación, y los autores advirtieron que el daño continuará si no se realizan tareas de remediación.
El debate no es nuevo en el Congreso. En 2022, el Senado ya había analizado proyectos sobre el tema, con la participación de funcionarios de Catamarca, provincia que desarrolló su propia normativa a partir del cierre de Bajo de la Alumbrera, tras más de 15 años de producción. Sin embargo, aquellas iniciativas no llegaron a convertirse en ley.

La comparación con los países vecinos
Los fundamentos de los proyectos señalan que Chile y Perú cuentan desde hace años con leyes específicas sobre el cierre de faenas mineras, mientras la Argentina mantiene un vacío legal. En Perú, la Ley 28.090, vigente desde 2003 y actualizada en 2025, obliga a las empresas a presentar planes de cierre y a constituir garantías financieras. En Chile, la Ley 20.551, en vigor desde 2012 y fiscalizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, estableció exigencias similares.
El debate llega en un momento de fuerte expansión de la actividad minera en el país, impulsada por el cobre y el litio, con grandes proyectos en provincias cordilleranas. Para las comunidades cercanas a los yacimientos, la discusión es clave: define quién se hará cargo de los residuos, las escombreras y los diques de colas cuando las empresas se vayan, y si el costo de la remediación recaerá sobre ellas o sobre el Estado.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Parlamentario, Portal Chubutline, Portal Futuro Sustentable, Senado de la Nación Argentina

La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

Un megacentro de datos en Chubut avanza sin datos sobre su consumo de agua ni su impacto ambiental

El proyecto de una empresa polaca, anunciado con una inversión de 3.300 millones de dólares y una demanda de hasta 3.000 megavatios, no informa cuánta agua usará en una provincia en emergencia hídrica, mientras los pedidos de informes siguen sin respuesta.

El anuncio de un megacentro de datos para inteligencia artificial en Chubut, con una inversión de 3.300 millones de dólares, avanza sin información pública sobre cuánta agua y energía consumirá ni sobre su impacto ambiental. A casi tres meses de la firma del acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa, no se conocen la ubicación definitiva, el tamaño real de la obra ni los estudios ambientales, y los pedidos de informes oficiales siguen sin respuesta.
El proyecto, denominado Atlas GigaHub, pertenece a Green Capital, una compañía de capitales polacos dedicada a la generación de energía limpia que no tiene antecedentes en la construcción de centros de datos. A fines de julio, su director ejecutivo, Michał Polanowski, firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador Ignacio Torres. La empresa asegura que contará con socios tecnológicos de Finlandia, Francia, China y los Países Bajos. En 2024, la misma firma había anunciado una planta de hidrógeno verde en la provincia que nunca se concretó.

Una demanda energética gigante
Según lo anunciado, el centro tendría una capacidad de hasta 3.000 megavatios en su máxima potencia, un consumo similar al de todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, y se proyecta para 2033. Se dedicaría a procesar datos para empresas de inteligencia artificial y podría convertirse en el primer centro de hiperescala del país. Para dimensionarlo: la Argentina tiene 47 centros de datos, 31 de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y solo 13 superan un megavatio de potencia.
Green Capital alquila desde hace más de un año unas 130.000 hectáreas alrededor de Trelew para instalar parques eólicos y solares. La empresa sostiene que el 80% de la energía sería renovable al inicio de las operaciones, pero no precisó de dónde saldría el resto. Los especialistas advierten que, incluso con energía limpia, estos centros suelen tener generadores a gas o diésel como respaldo. Además, la Secretaría de Energía de la Nación exige que los nuevos centros de datos se abastezcan por cuenta propia de la electricidad que necesitan.

El interrogante del agua
El punto más sensible es el agua, que se usa en grandes cantidades para refrigerar los equipos. La compañía afirma que empleará un sistema de enfriamiento directo sobre los chips, en circuito cerrado, que reduciría la demanda en más de un 90%, pero no informó cuál sería el consumo real ni respecto de qué se calcula esa reducción.
La falta de datos preocupa en una provincia que atraviesa una emergencia hídrica, declarada por la Legislatura por la caída histórica del caudal de sus principales ríos.
Green Capital aseguró que inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, aunque no hay información oficial sobre sus alcances. La ley provincial exige una audiencia pública antes de cualquier autorización, aunque su resultado no es vinculante. La Municipalidad de Trelew informó que no inició ningún expediente vinculado al proyecto, cuya ubicación podría ser la subzona franca de la ciudad o una estancia a unos 20 kilómetros del centro.

Silencio oficial y reclamo vecinal
El 6 de agosto, la Legislatura aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Norma Arbilla, que el Ejecutivo provincial no respondió. “No sabemos cuál es el estado de situación de la empresa”, señaló Arbilla, quien advirtió que tampoco se conocen el tamaño del centro, su consumo energético ni su sistema de refrigeración. Los pedidos de acceso a la información presentados ante el gobierno y la Secretaría de Ambiente provincial tampoco tuvieron respuesta.
En Trelew surgió el grupo vecinal Trelew Libre de Data. Su integrante Analía Bignone cuestionó que todo se haga “a espaldas de los vecinos”. La especialista en tecnología Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, recordó que la huella de estos centros no se limita a las emisiones de carbono, sino que incluye ruido, calor, movimiento de suelos y chatarra electrónica.

Experiencias en otros países
Los conflictos por los centros de datos se multiplican en el mundo. En Chile, la Justicia obligó a Google a replantear un proyecto que preveía usar 7,6 millones de litros de agua por día para refrigeración, y en Uruguay la empresa también debió modificar una iniciativa para reducir su consumo. En Finlandia, la Justicia suspendió la construcción de centros de datos de Google. En Estados Unidos, el 71% de la población se opone a tener uno en su comunidad, según una encuesta de Gallup.
Las experiencias de los países vecinos muestran que, en el Sur Global, la carrera por atraer la infraestructura de la inteligencia artificial pone en juego recursos estratégicos como el agua y la energía. En Chubut, por ahora, las preguntas superan a las respuestas.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Chequeado, Legislatura del Chubut

La crecida del Litoral deja 472 desplazados en Corrientes y multiplica por diez el caudal del Iguazú

El Paraná superó el nivel de alerta en la capital correntina y el agua ya entró en barrios costeros, mientras en el Parque Nacional Iguazú desmontaron las pasarelas de la Garganta del Diablo por un caudal récord vinculado a El Niño.

La crecida de los grandes ríos del Litoral se agravó en los últimos días y ya obligó a cientos de familias a dejar sus casas. El río Paraná superó los 6,50 metros frente a la ciudad de Corrientes, lo que activó la etapa de alerta del plan local de inundaciones, mientras el agua comenzó a ingresar en barrios costeros y en las Cataratas del Iguazú el caudal se multiplicó por diez.
Según el último relevamiento de Defensa Civil de Corrientes, difundido el viernes por la noche, hay 472 personas fuera de sus hogares en la provincia: 206 evacuadas y 266 autoevacuadas. La mayoría de estas últimas está en la capital, donde 65 familias se alojaron por sus propios medios en casas de familiares o conocidos. En Itatí hay 110 personas evacuadas, alojadas en la Casa Promesera y en un hospedaje; en la isla Apipé, 44; en Paso de los Libres, 31, resguardadas en el ex Regimiento; en Ituzaingó, 19, y en Yahapé, 2.

El agua llega a los barrios
En la capital correntina, el río alcanzó el viernes el barrio Anahí, en la zona norte, y anegó calles, veredas y viviendas. El intendente Claudio Polich había advertido que el impacto sería mayor en Punta Taitalo, Puerto Italia y la franja entre el barrio Caridi y La Tosquera. El nivel de evacuación para la ciudad es de 7 metros, y los pronósticos indicaban que podía alcanzarse entre el viernes y el sábado. En Itatí, el agua ya cubrió la costanera, afectó los campings e ingresó en sectores bajos del barrio Ibiray.
El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió las zonas afectadas y anunció que la provincia habilitará refugios con servicios básicos, alimentos y atención sanitaria, junto con los municipios. La Prefectura Naval Argentina advirtió que la crecida acelera la corriente y arrastra troncos y ramas, por lo que recomendó extremar las precauciones en la navegación, evitar hacerlo de noche y no ingresar al agua en sectores no habilitados.
La situación también es crítica en otras provincias. En Misiones, Libertad, Libertador y Santa Ana están en etapa de evacuación, y Eldorado permanece en alerta. En Chaco, Barranqueras está en alerta. Sobre el río Uruguay, Concordia es la única ciudad entrerriana con evacuados, y hay alertas en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland, en Corrientes. En el norte de Santa Fe, un productor rural de 70 años murió el jueves en Villa Ocampo, cuando arreaba ganado en un bañado inundado.

Las Cataratas, al límite
El fenómeno se ve con toda su fuerza en el Parque Nacional Iguazú. El caudal de las Cataratas llegó en los últimos días a unos 15.000 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio habitual ronda los 1.500. El protocolo de cierre de la Garganta del Diablo se activa a partir de los 8.000, por lo que las pasarelas de ese sector fueron desmontadas por completo y el material quedó resguardado. Su reinstalación demandará entre 20 y 25 días, una vez que baje el agua.
“Estas crecientes cada vez vienen sucediendo con más frecuencia y cada vez son un poquito más violentas”, advirtió José María Hervas, intendente del parque. El resto de los circuitos sigue habilitado según evaluaciones permanentes, y Parques Nacionales conformó un comité de crisis con Gendarmería, Prefectura, bomberos y Defensa Civil. El nivel alto del Paraná, además, frena el desagüe del Iguazú.

El Niño, detrás de la crecida
La crecida responde al aumento de las lluvias en la Cuenca del Plata, en el sur de Brasil, Misiones y el noreste argentino, vinculado al fenómeno de El Niño. Las represas de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande abrieron sus vertederos para regular el volumen, lo que atenúa los picos, pero no elimina el riesgo aguas abajo.
María Alejandra Cristanchi, jefa de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, advirtió que el fenómeno recién comienza y que se intensificaría entre octubre y febrero. “Es un Niño muy fuerte”, sostuvo. La Entidad Binacional Yacyretá prevé que los caudales que llegan a la represa se estabilicen o bajen levemente desde este fin de semana, y en el río Uruguay la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande espera una tendencia descendente aguas abajo de la presa.
Sin embargo, el alivio podría ser breve. Se anticipan nuevas lluvias en la cuenca a partir del 22 de octubre, y la onda de crecida tarda entre 10 y 15 días en recorrer el Paraná, por lo que el río seguirá subiendo aguas abajo. El Instituto Nacional del Agua proyecta que frente a la ciudad de Paraná podría alcanzar los 5,12 metros a fines de octubre, por encima de su nivel de evacuación. Para las poblaciones ribereñas del Litoral, la emergencia recién empieza.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal TN24, Portal CFIN, Diario El Tribuno, Portal Perfil, Portal Infobae, Portal Elonce, Defensa Civil de Corriente

Denuncian el desmonte de 1.800 hectáreas de bosque protegido junto al Parque Loro Hablador, en Chaco

Aves Argentinas detectó por satélite la destrucción de bosque nativo en una zona donde la ley prohíbe desmontar, que continuó aun después de que las autoridades secuestraran topadoras en el predio.

Unas 1.800 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas en el Chaco Seco, en un predio que linda con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown. La denuncia la presentó Aves Argentinas ante las autoridades provinciales, a partir del análisis de imágenes satelitales, y la organización advierte que la superficie afectada podría ser todavía mayor.
“La gravedad del caso es extrema”, señaló la entidad en su presentación. El desmonte ocurrió en una zona que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia clasifica en la categoría II, de color amarillo. Según la Ley Nacional de Bosques, esa categoría corresponde a áreas de valor de conservación medio, donde se admiten usos sostenibles como el aprovechamiento forestal controlado, el turismo o la investigación, pero no el desmonte, es decir, la eliminación total del bosque para cambiar el uso del suelo.

Un sitio clave para la biodiversidad
La ubicación del predio agrava el daño. Además de lindar con el Parque Loro Hablador, el área integra la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, y forma parte de un corredor de conectividad entre ambas áreas protegidas. Esos corredores permiten el desplazamiento de la fauna en una región cada vez más fragmentada por el avance de la frontera agropecuaria.
En ese bosque habitan especies emblemáticas y amenazadas. El tatú carreta y el pecarí quimilero son Monumentos Naturales Provinciales; el loro hablador, que da nombre al parque, cuenta con protección provincial, y el yaguareté, Monumento Natural Nacional, tiene en este sector parte de su Paisaje Óptimo de Conservación. El lugar está reconocido además como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), y Aves Argentinas propuso que se lo designe como Área Clave para la Biodiversidad.
La organización estimó que la destrucción de ese bosque podría liberar más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono. El cálculo toma un valor de unas 290 toneladas por hectárea, a partir del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales que la Argentina presentó en 2019 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y no incluye el carbono almacenado en el suelo, por lo que se trata de una estimación conservadora.

Las topadoras siguieron
El caso ya había llegado a las autoridades. El 8 de septiembre, personal de la Dirección de Bosques del Chaco, junto con la Policía Rural, secuestró en el lugar cuatro topadoras y dos cadenas de 100 metros, herramientas típicas del desmonte. Sin embargo, según la denuncia, las imágenes del satélite Sentinel-2 posteriores al operativo indican que la destrucción continuó, por lo que las medidas no habrían alcanzado para frenarla. El relevamiento tiene fecha de corte el 22 de septiembre.
Ese mismo día, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció la medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia, en el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, iniciada por la Fiscalía Federal por presuntos permisos irregulares de cambio de uso del suelo y recategorizaciones en áreas protegidas. Esa suspensión había sido dictada en agosto de 2024 por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, que en agosto de este año la levantó tras la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial. La Cámara revocó esa decisión al considerar que un cambio normativo no demuestra por sí solo que el riesgo haya desaparecido.

Los reclamos
Aves Argentinas pidió una inspección urgente del predio, el cese de cualquier tarea de desmonte, limpieza, quema o habilitación productiva y que se mantenga el secuestro de la maquinaria. También reclamó monitoreo satelital permanente, la publicación de las autorizaciones y actuaciones administrativas vinculadas al terreno, la restauración del bosque y que se informe al juzgado federal. Para el parque y los predios vecinos, solicitó reforzar controles y patrullajes y crear un sistema de alerta temprana.
La organización tiene un convenio con la Subsecretaría de Ambiente provincial para la conservación de estos sitios, y aclaró que ese acuerdo no implica avalar la destrucción del bosque. Hasta el momento, el gobierno chaqueño no respondió públicamente a la denuncia.
El caso se suma a una larga historia de pérdida de bosques en el Gran Chaco, uno de los frentes de deforestación más activos del Sur Global, donde las normas de protección conviven con desmontes que avanzan incluso en las zonas donde están prohibidos.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Chaco
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Aves Argentinas, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Diez años de monitoreo en playas bonaerenses registraron más de 280.000 residuos, la mayoría plásticos

El Censo Provincial de Basura Costera Marina cumple una década con una serie histórica que confirma que cuatro de cada cinco residuos hallados en la costa de Buenos Aires son plásticos.

Más de 280.000 residuos registrados en diez años de relevamientos en las playas de la provincia de Buenos Aires, y una proporción que casi no cambia: alrededor del 80% son plásticos. Ese es el balance de una década del Censo Provincial de Basura Costera Marina, impulsado por la Red Costera Bonaerense (RECOBO), que se convirtió en el registro más extenso sobre la contaminación de las costas de la provincia.
La iniciativa comenzó en 2016, en el marco de las actividades del Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con los Residuos Marinos. Desde entonces, se repite cada año con una metodología común y relevamientos simultáneos a lo largo del litoral, lo que permite comparar los resultados entre localidades y entre temporadas. En esta década participaron más de 20 localidades bonaerenses y miles de voluntarios.
“Diez años después contamos con una valiosa serie histórica”, destacó Diego Albareda, coordinador de Paisajes Costero-Marinos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones que integran la red. Según explicó, esa información muestra que el problema persiste y aporta la evidencia necesaria para impulsar soluciones.

Qué se encuentra en la arena
El último censo con resultados completos, el octavo, se realizó entre septiembre y octubre de 2025. Participaron 50 organizaciones y organismos públicos y 457 voluntarios, que recorrieron 172.359 metros cuadrados de playa en 17 localidades y puntos turísticos. Allí contabilizaron 39.826 residuos.
Los plásticos representaron el 78,36% del total. El ítem más frecuente fueron los fragmentos plásticos, con el 27,32%, restos de objetos que se rompen con el sol, el viento y las olas y que, con el tiempo, se transforman en microplásticos. Les siguieron las colillas de cigarrillos, con el 21,43%; los envoltorios plásticos, con el 8,9%; las bolsas plásticas, con el 8,17%, y el telgopor, con el 7,06%.
La composición de la basura se repite con pocas variaciones año tras año: botellas, tapas, envoltorios y descartables de un solo uso aparecen de manera constante en las playas, tanto en las del Río de la Plata como en las de la costa atlántica. Albareda advirtió en la presentación de esos resultados que los plásticos ya no son un problema exclusivo de la fauna, porque los microplásticos también llegan a las personas a través del agua y los alimentos.

Una amenaza para la fauna marina
El origen del censo explica su foco. Las tortugas marinas que llegan a las aguas bonaerenses, como la tortuga verde, la cabezona y la laúd, confunden bolsas y otros plásticos con su alimento, como las medusas, y los ingieren. Esos residuos pueden obstruirles el sistema digestivo y provocarles la muerte. Lo mismo ocurre con aves, peces y mamíferos marinos, que además pueden quedar enredados en redes, sogas y otros desechos.
Las colillas de cigarrillos, el segundo residuo más frecuente, también tienen un impacto ambiental importante: sus filtros están hechos de un plástico llamado acetato de celulosa y liberan sustancias tóxicas al agua y a la arena.

El censo de este año
Los relevamientos de 2026 ya se realizaron en San Pedro, Vicente López, San Clemente del Tuyú, Villa Gesell, Necochea, Quequén, Monte Hermoso, Miramar, Sauce Grande, Villa del Mar y Bahía Blanca, entre otras localidades. Algunos censos todavía están pendientes por cuestiones climáticas, por lo que los resultados de esta edición se conocerán más adelante.
Para las organizaciones que integran la red, la continuidad del monitoreo es tan importante como sus cifras. Una serie de diez años con la misma metodología permite identificar qué residuos predominan, dónde se concentran y si las políticas de reducción de plásticos de un solo uso tienen efectos concretos en las playas.
Los datos refuerzan además un mensaje que las organizaciones repiten en cada edición: la basura que llega a la costa no se genera solo en la playa, sino también en las ciudades, los ríos y los desagües. Por eso, reclaman medidas que apunten a reducir el uso de plásticos descartables, mejorar la gestión de los residuos y promover la responsabilidad de quienes producen y comercializan envases, además de la participación ciudadana en la limpieza de las costas.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Red Costera Bonaerense (RECOBO), Fundación Vida Silvestre Argentina.

El Gobierno acepta restituir la Ley de Tierras y los límites a la venta de campos a extranjeros

Para evitar una derrota en Diputados y retener a sus aliados, La Libertad Avanza incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos artículos que derogan el artículo 154 del DNU 70/2023 y devuelven plena vigencia a la Ley 26.737.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una de las medidas emblemáticas del inicio de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza aceptó restituir la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros y que había sido derogada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. El giro se concretó en Diputados, en medio de la negociación para evitar una derrota frente a la oposición y asegurar el respaldo de sus aliados al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La restitución quedó incorporada al dictamen de mayoría de esa iniciativa, que obtuvo media sanción del Senado a comienzos de agosto. A propuesta del diputado radical Diógenes González, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se sumaron dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del decreto 70/2023, y el 39, que restablece la plena vigencia de la Ley de Tierras. Con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo reunió 34 firmas para el dictamen.

Qué establece la Ley de Tierras
Sancionada en diciembre de 2011, la Ley 26.737 impide que las personas o empresas extranjeras sean titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, un límite que también se aplica a cada provincia y a cada departamento. Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de esa superficie habilitada. La norma también restringe la compra por extranjeros de inmuebles rurales que contengan o linden con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y fija limitaciones en las zonas de seguridad de frontera.
El cambio de posición del oficialismo es notorio. Al comienzo de la gestión, el decreto 70/2023 eliminó por completo esas restricciones. Luego, durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno pasó a proponer que el tope para extranjeros subiera del 15% al 25%. Ahora acepta volver al esquema original.

Idas y vueltas judiciales
La decisión llega después de semanas de vaivenes judiciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema había dejado firme la derogación al rechazar, por falta de legitimación, la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Pero el 9 de octubre, en otra causa iniciada por la organización Árbol de Pie, dispuso de manera provisoria la suspensión del artículo 154 del decreto y devolvió la vigencia a la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo, que quedó en manos de la Justicia federal de Bariloche.
Ese vacío de diez días mostró los riesgos de dejar el tema sin resolver. En ese lapso, por ejemplo, una inmobiliaria ofreció a compradores extranjeros un campo de casi 3.000 hectáreas con lago privado en Alto Río Pico, en Chubut, según detectó el Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet.

Negociación política
Según trascendió, el movimiento busca contener a los aliados del PRO y la UCR, que reclamaban restablecer los límites, y sumar a bloques provinciales del norte, como los de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, además de diputados cordobeses de Provincias Unidas. La oposición había convocado para el jueves a una sesión especial con el objetivo de derogar el decreto 70/2023; sus impulsores calculaban reunir entre 120 y 123 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. Un referente del oficialismo admitió que eliminar por completo el decreto tendría un costo alto por la incertidumbre que generaría.
Desde la oposición, la diputada Paula Penacca criticó el giro y señaló que los libertarios firman un dictamen contrario a lo que piensa el propio Presidente, autor del decreto. “Qué manotazo de ahogado que pegaron”, ironizó.

El resto del proyecto
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo prevé debatir en el recinto el 21 de octubre, incluye además cambios en las expropiaciones, con mayores exigencias para declarar la utilidad pública e indemnizaciones a valor de mercado, un procedimiento de restitución de inmuebles ocupados en 72 horas y nuevas reglas ante la falta de pago de alquileres. Si Diputados lo aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado.
Hasta que el Congreso complete el trámite, la vigencia de la Ley de Tierras seguirá apoyada en la medida provisoria de la Corte Suprema.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Economía Sustentable, Honorable Cámara de Diputados de la Nación (dictamen), Corte Suprema de Justicia de la Nación

Alarma en Chubut por la muerte de ballenas francas: Greenpeace apunta a la industria

Cinco ballenas aparecieron muertas en menos de 48 horas en Puerto Madryn, la mortandad de crías podría superar el récord de 2012 y Greenpeace vinculó la situación con la sísmica, el tráfico marítimo y el riesgo de derrames.

La temporada de ballenas en Chubut, que cada año atrae a miles de visitantes a Península Valdés, se convirtió en una de las más preocupantes de las últimas décadas. Cinco ballenas francas australes aparecieron muertas en menos de 48 horas en las costas de Puerto Madryn, y los especialistas advierten que la mortandad de crías de esta temporada podría superar el récord de 2012. En ese contexto, Greenpeace difundió un comunicado en el que vinculó la situación con las presiones de las actividades industriales sobre el mar.
Entre el domingo y el lunes se hallaron cuatro ejemplares de entre 10 y 14 metros, y el martes apareció un quinto. A diferencia de lo ocurrido en los meses anteriores, cuando las víctimas eran en su mayoría ballenatos, los nuevos casos incluyen juveniles y adultos, en una cantidad que no se veía desde al menos 2012.

Una temporada fuera de lo habitual
Desde junio, científicos chubutenses registran una mortalidad mayor a la normal en las costas de Península Valdés y el golfo Nuevo. Según datos preliminares del Instituto de Conservación de Ballenas, la muerte de crías de este año podría superar las 113 documentadas en 2012 por el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, la cifra más alta registrada hasta entonces en el mundo. El censo de septiembre contabilizó 1.375 ballenas, entre ellas 409 crías. La Secretaría de Ambiente de Chubut trabaja en el recuento oficial de los ejemplares hallados.

Qué podría estar pasando
Las causas todavía se investigan y los especialistas manejan hipótesis distintas para las crías y para los adultos. En el caso de los ballenatos, los informes preliminares apuntan a la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, presente en ambientes marinos. El gobierno provincial sostuvo que no encontró evidencias de que la actividad humana haya causado directamente esas muertes y habló de una bacteria común en el agua de mar.
Para los adultos y juveniles, la principal hipótesis es otra. Mariano Coscarella, biólogo del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro Nacional Patagónico, dependiente del Conicet, explicó que en octubre las ballenas se alimentan en el golfo y pueden ingerir microalgas asociadas a la marea roja, como ya ocurrió en 2022 y 2024. Por eso consideró que las muertes recientes podrían no estar relacionadas con las de las crías. El investigador recordó además que 2026 es un año con El Niño y que se registraron mortandades de ballenas en otras partes del mundo vinculadas a variaciones climáticas.
Sobre el papel de la actividad humana, Coscarella fue cauto: “No hemos encontrado ningún cambio visible en las actividades humanas en la costa”.

La advertencia de Greenpeace
Greenpeace Argentina, en cambio, puso el foco en las presiones industriales. Aunque reconoció que la ciencia todavía investiga las causas, incluidos factores ambientales, patógenos naturales e interacciones con otras especies, sostuvo que las ballenas enfrentan presiones humanas sin precedentes que amenazan su supervivencia.
La organización señaló tres amenazas concretas: la exploración sísmica para buscar petróleo y gas, cuyas explosiones acústicas afectan la orientación y la comunicación de los cetáceos; el aumento del tráfico marítimo y de la infraestructura industrial, con más riesgo de colisiones con buques y cambios en las rutas migratorias; y la posibilidad de derrames de hidrocarburos en el mar.
“El Mar Argentino no puede ser una zona de sacrificio”, advirtió la organización, que reclamó proteger los golfos patagónicos, fundamentales para la reproducción y la cría de las ballenas, y preservar los hábitats críticos y las rutas migratorias de las especies marinas.

Un símbolo de la Patagonia bajo estudio
Los especialistas insisten en que las hipótesis son preliminares. Las muestras siguen en análisis, el recuento final deberá consolidarse y compararse con los nacimientos de la temporada, y será necesario estudiar las aguas de los golfos Nuevo y San José. El año pasado, el censo había registrado un récord de 2.200 ballenas en el golfo Nuevo y 80 muertes.
Mientras tanto, la ballena franca austral, monumento natural nacional y emblema de la costa chubutense, vuelve a ser el centro de una pregunta abierta sobre la salud del mar patagónico.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario LM Neuquén, Diario Jornada, Diario La Nación, Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas

Tucumán anuncia obras de saneamiento para recuperar el río Salí, que hace 50 años era balneario

Las familias tucumanas se bañaban y pescaban en el Salí en los años setenta. Hoy los análisis detectan coliformes fecales miles de veces por encima de lo permitido, Tras los análisis que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido, la provincia promete plantas depuradoras incluidas en el presupuesto nacional 2027 y controles más estrictos a las industrias.

El gobierno de Tucumán anunció que busca recuperar la cuenca Salí-Dulce con obras de saneamiento cloacal y mayores controles a las industrias que vuelcan efluentes al río Salí. La respuesta oficial llega en medio de la alarma por los análisis de este año, que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido en un río que, hace apenas medio siglo, era un balneario de aguas cristalinas.
“La provincia no es ajena a la situación del río Salí”, sostuvo el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, quien reconoció que el problema es histórico, con entre 40 y 50 años de antigüedad, y que combina residuos industriales con vertidos cloacales sin tratamiento.

Plantas depuradoras frenadas
Según el funcionario, el plan de obras se definió desde el inicio de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, en 2023. En junio de 2024, la provincia firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para construir plantas depuradoras de líquidos cloacales en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, San Felipe, Famaillá, Aguilares y Concepción.
Pero la iniciativa se detuvo. Castro atribuyó la paralización a la política nacional y afirmó que “la obra pública en el marco de este Gobierno nacional no ha sido tenida como prioridad”. Ahora, la provincia logró incluir en el proyecto de presupuesto nacional 2027 las plantas de Alderetes y Banda del Río Salí, con sus sistemas de recolección, además de instalaciones para San Andrés, San Felipe y Concepción. Famaillá y Aguilares quedaron fuera de ese listado, y no se informaron montos ni plazos de ejecución.
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental provincial controla a ingenios, citrícolas y frigoríficos, entre ellos tres plantas frigoríficas que vierten al Salí. El gobierno asegura que es muy estricto con esos controles y que trabaja para contener los vertidos de los asentamientos ubicados a la vera de canales y del río. Santiago del Estero, adonde llegan las aguas, realiza sus propios monitoreos, y la Nación efectúa controles trimestrales en el marco de un convenio con esa provincia vigente desde 2009. Castro defendió, al mismo tiempo, que Tucumán es una provincia netamente industrial y que debe seguir impulsando sus economías locales, un equilibrio que atraviesa todo el debate sobre el río.

Del balneario a la contaminación
El contraste con el pasado es fuerte. En los veranos de los años setenta y principios de los ochenta, las familias tucumanas usaban el Salí como balneario y zona de pesca, con especies de gran tamaño que hoy desaparecieron o escasean. Sergio Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Ambientales de Tucumán, recordó que entonces se pescaban hasta dorados.
Hoy el panorama es otro. Los análisis de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en un muestreo coordinado por el ingeniero Mario Amado junto al legislador José Seleme, encontraron los peores valores en el sector del puente Barros. “Hemos perdido al río por la degradación ambiental”, resumió Martín Sirombra, biólogo de la cátedra de Ecología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Entre las causas figuran las descargas cloacales sin tratamiento desde Banda del Río Salí, los efluentes de asentamientos que llegan por el canal Norte, las deficiencias de la planta depuradora de San Felipe, la basura acumulada en canales y basurales clandestinos y el crecimiento urbano sin planificación.

Advertencias de hace tres décadas
Las alertas no son nuevas. En 1996, el ingeniero Antonio García, entonces jefe de Control Sanitario de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, presentó un estudio sobre unos diez kilómetros del cauce que identificó como fuentes de contaminación a la industria citrícola, a los ingenios Concepción y San Juan, a tres frigoríficos y a los vertidos de los canales Norte, Sur y San Cayetano.
La organización Tucumanos en Acción fotografió los mismos canales en 2019 y volvió a hacerlo en agosto de este año. Su representante, Alejandro Gómez, aseguró que en esos siete años la situación prácticamente no cambió.
Con obras que dependen del presupuesto nacional del año próximo y una contaminación que se arrastra desde hace décadas, la recuperación del Salí, y de la cuenca que comparte con Santiago del Estero, sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Tucumán a las 7, Portal Contexto Tucumán, Gobierno de Tucumán