Laguna de Rocha: la Provincia recortó 490 hectáreas y crecen las alertas por lo inmobiliario

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, en el sur del Gran Buenos Aires, perdió cerca del 30% de su superficie protegida por una modificación legislativa que organizaciones ambientales califican de "exprés" y que, advierten, favorece la valorización inmobiliaria de un humedal clave para prevenir inundaciones en el AMBA.

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, ubicada en el distrito bonaerense de Esteban Echeverría, perdió unas 490 hectáreas de su superficie protegida, cerca de un tercio del total, a partir de una modificación incorporada a la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires. El cambio quedó plasmado en el artículo 112 de la Ley 15.557, que incorporó dos nuevos artículos a la norma original que había creado la reserva en 2012: uno autoriza al Poder Ejecutivo a precisar los límites del área mediante un "Mapa Oficial", y el otro establece que dentro de esos nuevos límites se definirán una zona intangible, una de amortiguación y una experimental. Según el Colectivo Ecológico Unid@s por la Laguna de Rocha, organización que lleva 18 años trabajando en defensa del humedal, ese "Mapa Oficial" toma como referencia únicamente los espejos de agua, dejando fuera de la protección sectores enteros de humedales, pastizales y bosques que antes formaban parte de la reserva.

Un trámite exprés y sin debate
El expediente que dio origen a la reforma fue impulsado por Pablo Domenichini, entonces diputado provincial por la UCR y hoy rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Según el colectivo, la iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobada apenas 24 horas después, en el marco del tratamiento general del presupuesto provincial, sin un debate específico sobre sus implicancias ambientales. Gabriel Videla, integrante del colectivo, dimensionó la magnitud del recorte: "equivale a recortar todo el bosque de Palermo más otras 120 hectáreas", en referencia a que el Parque Tres de Febrero porteño tiene 370 hectáreas. Para Videla, el artículo "ignora la función del humedal porque preserva únicamente el espejo de agua y recorta el régimen de preservación", lo que en los hechos "achica el espacio para proyectos inmobiliarios".

Un humedal con funciones concretas
Antes de la reforma, la superficie protegida de la reserva alcanzaba unas 1.400 hectáreas, con nueve ambientes distintos: pastizales pampeanos, la zona lagunar, pantanos, talares y bosque nativo y exótico. Juan Correa, también del colectivo ambiental, remarcó su valor para la biodiversidad: el Club de Observadores de Aves de Esteban Echeverría "registró alrededor de 230 especies, el 80% de las que hay en la provincia". Más allá de la fauna, la laguna cumple un rol hídrico concreto como valle de inundación que regula los excesos hídricos de toda la región, y climático, al mitigar las islas de calor urbanas: según Videla, "en el sudeste del AMBA la laguna mitiga la temperatura", mientras que en la Capital Federal la masa de cemento eleva la sensación térmica hasta cinco grados, un efecto que además reduce la demanda eléctrica sobre la red en los días de mayor calor.

Un conflicto con antecedentes y sin respuesta oficial
No es la primera vez que la reserva enfrenta un intento de reducción: en 2013, otra ley le había quitado 64 hectáreas para ceder terrenos a los clubes Racing y Boca, que planeaban construir polideportivos sobre el humedal, cesión que la Suprema Corte bonaerense invalidó en 2015 por violar el principio de no regresión ambiental. Walter Martello, exdiputado provincial autor de la ley que creó la reserva y actual Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia, cuestionó ahora la nueva reforma: "hace doce años fui autor del proyecto que dio origen a la Reserva", recordó, y afirmó que hoy rechaza este intento de modificar sus límites. Pese a los reclamos del colectivo y las consultas de la prensa, ni el Ministerio de Ambiente bonaerense ni el municipio de Esteban Echeverría respondieron sobre las medidas previstas frente a la situación. A la falta de respuesta institucional se suma la ausencia de un plan de manejo efectivo por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y de guardaparques permanentes en el área, según denunciaron desde el colectivo, mientras la reserva continúa afectada además por incendios de pastizales, caza de aves y una creciente presión habitacional en sus bordes.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Agencia Tierra Viva, Portal EconomíaSustentable, iProfesional

El INTA está a un paso de exonerar a su investigadora referente en agrotóxicos

Virginia Aparicio, con 22 años de carrera en el INTA y coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, enfrenta la exoneración -la sanción más grave del empleo público- tras un proceso de tres años que incluyó la censura de sus resultados y un progresivo deterioro de sus condiciones laborales, mientras crece una campaña que reclama revertir la decisión.

Con 22 años de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet especializada en la detección de agroquímicos. Tiene publicaciones científicas, participó en libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados, entre ellas el fallo histórico de Pergamino. Ahora enfrenta un sumario administrativo cuyo expediente propone su exoneración, y el Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, ya la habría ratificado según trascendidos, con el expediente derivado al área de Legales.

El proyecto que originó el conflicto
El caso se remonta al proyecto internacional SPRINT ("Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global"), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y desarrollado entre 2020 y febrero de este año en once países, entre ellos Argentina como único caso no europeo. El INTA figuró como beneficiario argentino del convenio y, durante los primeros años, la propia institución difundió sus objetivos, resultados y la participación de Aparicio como coordinadora nacional. En 2021 se analizaron 4.573 muestras de suelo, agua, sedimentos, aire, cultivos, animales y personas, con datos recolectados en 73 participantes de zonas rurales y urbanas bonaerenses. Los resultados mostraron presencia de glifosato en la totalidad de las personas testeadas, junto con 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, con rangos de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado por persona, además de entre 10 y 28 plaguicidas distintos en agua superficial. Según el estudio, los suelos y el agua bonaerenses presentaron concentraciones más altas que las registradas en los países europeos incluidos, y Argentina resultó el país con mayor presencia de plaguicidas de alto riesgo como el glifosato y el clorpirifos.

De la censura a la salida del proyecto
La presentación pública de los resultados argentinos estaba prevista para el 21 de junio de 2023, pero el INTA instruyó a Aparicio a suspenderla pocos días antes, con el argumento de que los estudios "exceden la incumbencia institucional". Meses después, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, formalizó el retiro argentino del consorcio internacional. Pese a esa salida institucional, Aparicio continuó vinculada a publicaciones científicas derivadas de SPRINT durante los años siguientes, y la campaña que reclama por su situación sostiene que la propia Agencia Europea de Investigación recomendó publicar los resultados en la herramienta de evaluación de riesgo sanitario global del proyecto, recomendación que no se habría cumplido en el país.

Un deterioro laboral sostenido
Según reconstruyó la Agencia de Noticias Tierra Viva, tras la censura de 2023 Aparicio atravesó un proceso continuo de deterioro en sus condiciones de trabajo: descensos en sus evaluaciones institucionales, cambios de funciones en su equipo sin consultarla, exclusión de reuniones y del grupo de comunicación del área, negativa a incorporarla en una nueva línea de trabajo con equipamiento que ella misma había gestionado, y una reducción de la interlocución con las autoridades de su estación experimental desde 2025. El sumario en su contra comenzó a avanzar entre fines de 2024 y comienzos de 2025, y entre los cargos atribuidos figura un supuesto perjuicio material a la administración pública. Su abogado, Mario Bolla, cuestiona esa acusación y sostiene que la investigación fue financiada por la Unión Europea y había atravesado todas las instancias institucionales del INTA antes de ser aprobada, y anticipó que recurrirán a la Justicia si se confirma la exoneración. "Me quitan todo, con un proceso en el que me condenaron desde el inicio del sumario", resumió Aparicio.

Una campaña por su continuidad
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades científicas y los gremios APINTA y ATE impulsan actualmente una campaña para reclamar que no se concrete la exoneración. Desde APINTA remarcaron que "la investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional" y recordaron que la suspensión de 2023 ya había generado preocupación gremial en su momento. El caso plantea una discusión que excede la situación individual de Aparicio: qué investigaciones puede desarrollar un organismo estatal dedicado al sector agropecuario, quién define sus prioridades, y qué ocurre cuando los resultados de esa ciencia ponen en cuestión prácticas extendidas del modelo productivo agroindustrial.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal ANRed, Agencia de Noticias Tierra Viva, Página/12 (Radio 750), Bichos de Campo

Científicos crean un mapa genético del yaguareté para mejorar su conservación

Un equipo internacional de investigadores generó el genoma de referencia más completo y preciso del yaguareté hasta la fecha, elaborado por primera vez a partir de muestras obtenidas en Argentina, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar la diversidad genética de sus poblaciones y orientar las estrategias de conservación de la especie.

Un equipo internacional de científicos logró generar el genoma de referencia más completo y preciso del yaguareté (Panthera onca) hasta la fecha, un avance que permitirá fortalecer las estrategias de conservación de una especie que enfrenta una pérdida sostenida de hábitat y cuya población disminuyó en buena parte de su distribución natural. El trabajo, publicado en la revista científica BMC Genomic Data, desarrolló un nuevo ensamblaje y anotación del genoma a escala cromosómica: el resultado alcanzó un 99,85% de la secuencia asignada a los cromosomas y permitió identificar 25.267 genes codificantes de proteínas, lo que convierte a este mapa genético en una referencia de alta calidad para futuras investigaciones.

Cómo se construyó el nuevo mapa genético
Un genoma de referencia funciona como un mapa con el que los investigadores pueden comparar el ADN de distintos individuos: cuanto más completo y ordenado sea ese mapa, mejores herramientas existen para examinar las diferencias genéticas entre ejemplares y poblaciones. Para reconstruir la estructura cromosómica del yaguareté, el equipo combinó lecturas cortas y largas de ADN con datos públicos obtenidos mediante la técnica Hi-C, que ayuda a reconstruir la disposición de las secuencias dentro de los cromosomas. Gracias a ese proceso, los investigadores lograron mejorar de manera significativa los ensamblajes anteriores, que presentaban mayor fragmentación, y perfeccionar la identificación y descripción de los genes. El nuevo genoma cumple además con los estándares del Earth BioGenome Project, una iniciativa global que busca secuenciar y catalogar la biodiversidad de todo el planeta.
La investigación estuvo a cargo de especialistas del Centro Nacional de Análisis Genómico, junto con el Barcelona Supercomputing Center, el IRB Barcelona y el Instituto de Biología y Medicina Experimental, dependiente del Conicet. Fernando Cruz, primer autor del estudio y analista de datos en el Centro Nacional de Análisis Genómico, remarcó el sentido del trabajo: "al generar este genoma de referencia de alta calidad del jaguar, ponemos a disposición de la comunidad científica una herramienta esencial para contribuir a la conservación de esta especie amenazada y favorecer su supervivencia a largo plazo en la naturaleza".

El primer ensamblaje con muestras argentinas
La investigación es, además, el primer ensamblaje del genoma del yaguareté generado a partir de muestras obtenidas en la Argentina, lo que le da un interés particular para los estudios de conservación de la especie en Sudamérica. Patricia Saragüeta, investigadora del Ibyme-Conicet y autora del trabajo, destacó ese punto: "este es el primer ensamblaje del genoma del jaguar generado a partir de muestras argentinas, lo que proporciona un recurso genómico especialmente valioso para estudiar la diversidad genética de esta especie clave para el ecosistema en Sudamérica y apoyar investigaciones de conservación adaptadas al contexto local". Un genoma de referencia, de todos modos, no describe por sí solo el estado genético de todas las poblaciones de la especie: es una herramienta científica que permitirá analizar con mayor precisión esa diversidad en investigaciones futuras, estudiar cómo se relacionan las distintas poblaciones y aportar información concreta a las decisiones de conservación, pero no supone en sí misma una recuperación de los animales en estado silvestre.

Una especie en un contexto delicado
El avance llega en un momento sensible para el mayor felino de América. A escala global, el yaguareté está clasificado como "Casi Amenazado" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que en la Argentina su situación es más grave, ya que las autoridades nacionales lo consideran una especie en peligro de extinción. En el país, el yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, sancionada en 2001, la máxima protección legal disponible para una especie silvestre. La conservación del felino requiere proteger su hábitat, reducir las amenazas que enfrenta y sostener el seguimiento de sus poblaciones, objetivos que integra el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté, entre los que se incluyen su recuperación y la conexión entre las distintas regiones del país donde todavía habita. Según los propios científicos, este nuevo recurso genómico puede aportar evidencia concreta para sostener ese trabajo de conservación a largo plazo.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Perfil, Canal Doce Misiones, TiempoSur

Son estudiantes, crearon una app que alerta de riesgos ambientales y llegaron a la final mundial

Sofía Leal, de 17 años, y Chiara Catalini, de 16, son cordobesas y desarrollaron MultiRisk, una aplicación que anticipa riesgos de incendios forestales e inundaciones, y fueron seleccionadas entre más de 3.600 proyectos de 130 países para la final mundial de Technovation Girls, en la India.

Sofía Leal y Chiara Catalini son cordobesas, pero no se conocieron en persona en su provincia natal, sino de manera virtual. En 2023 participaron de cursos online gratuitos de Chicas Digitales, una iniciativa impulsada por una empresa de telecomunicaciones, y a partir de ese espacio comenzaron a compartir intereses y a trabajar juntas en proyectos vinculados con tecnología y ambiente. Ese fue el germen de MultiRisk, la herramienta que las llevó a la final del concurso internacional Technovation, que se realizará del 5 al 9 de octubre en la ciudad india de Bengaluru. Antes tuvieron un antecedente, FlameFighters, una aplicación que funcionaba como mapa interactivo de incendios. "Esa experiencia fue nuestro primer acercamiento al trabajo en equipo y al desarrollo de proyectos relacionados con problemáticas ambientales", contó Catalini sobre ese primer paso, antes de llegar al proyecto que presentan hoy.

Qué hace la aplicación
El nombre combina "multi", de múltiple, y "risk", riesgo en inglés, y busca abordar distintas amenazas ambientales, principalmente incendios forestales e inundaciones. "La idea surgió a partir de una problemática que conocemos de cerca en Córdoba, ya que atravesamos períodos de sequía que aumentan el riesgo de incendios y, en otros momentos, lluvias intensas que pueden provocar inundaciones", explicó Leal. MultiRisk cruza información de estaciones meteorológicas hiperlocales para estimar el nivel de riesgo según la ubicación del usuario y brindar recomendaciones concretas para actuar antes de una emergencia. Además de la aplicación móvil, el proyecto incorpora un panel de control pensado para municipios e instituciones, orientado a monitorear la calidad de los datos de las estaciones meteorológicas y fortalecer la gestión del riesgo. Las creadoras aclaran que el objetivo no es reemplazar a los organismos de emergencia ni tomar decisiones por las autoridades, sino ofrecer una herramienta complementaria que ayude a la comunidad a informarse y prepararse.

Un proyecto entre 3.600 iniciativas
MultiRisk fue seleccionado entre más de 3.600 proyectos presentados por 12.000 participantes de más de 130 países para integrar la final mundial de Technovation Girls 2026, uno de los certámenes de tecnología y emprendimiento social juvenil más grandes del mundo. El proyecto argentino compite en la categoría Senior junto a otros 14 equipos finalistas de distintos países, entre cinco de nivel inicial, cinco intermedio y cinco avanzado, seleccionados tras dos instancias de evaluación por parte de un jurado internacional.

Gratis para la comunidad, con la mirada puesta en ampliar la red
Sobre el futuro modelo de negocio de la app, las adolescentes coinciden en que quieren que siga siendo gratuita para la comunidad. "Queremos que todas las personas puedan acceder a estos datos y se democratice el acceso a la información ambiental. Por eso orientamos nuestro modelo de negocios hacia empresas y gobiernos", explicó Leal. Catalini agregó que también evalúan esquemas de financiamiento colectivo, mediante los cuales personas, empresas e instituciones podrían "adoptar" una estación meteorológica destinada a las comunidades que más la necesiten, sumando datos locales a la red de MultiRisk. Las jóvenes trabajan además en capacitaciones y acompañamiento para las instituciones que incorporen estaciones meteorológicas, con el objetivo de que el proyecto no se limite a una aplicación, sino que contribuya a construir una red de información ambiental más amplia y confiable.
La aplicación fue pensada para funcionar en cualquier dispositivo, incluso con recursos limitados, y contempla que durante los desastres muchas veces no hay conexión a internet: por eso desarrollaron una función que muestra el último riesgo registrado para que el usuario pueda acceder a esa información sin necesidad de estar conectado. Entre las mejoras que planean incorporar figuran predicciones más precisas, mayor información histórica y, a más largo plazo, la posibilidad de anticipar otros fenómenos influenciados por variables meteorológicas, como los aluviones y movimientos de laderas, aunque aclaran que ese tipo de eventos requiere estudios especializados adicionales antes de poder ofrecer una herramienta confiable.


Fecha de Publicación: 25/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Fuentes Consultadas: La Nación, Technovation Girls

Nacieron cuatro cachorros de aguará guazú en un parque nacional de Córdoba

Cámaras de rastreo instaladas en el Parque Nacional Ansenuza registraron a una hembra de aguará guazú cuidando a sus cuatro cachorros recién nacidos, gracias a un collar que las autoridades le habían colocado en abril para monitorear sus movimientos.

Cámaras de rastreo instaladas en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, registraron a una hembra de aguará guazú cuidando a sus cuatro cachorros recién nacidos. El hallazgo se produjo gracias al seguimiento de un collar que la Administración de Parques Nacionales le había colocado a la hembra en abril, en el marco de una iniciativa de monitoreo impulsada de forma conjunta con la organización ambiental Aves Argentinas y la Secretaría de Ambiente cordobesa. Las cámaras, dispuestas en los sectores más frecuentados por el animal, permitieron obtener imágenes en las que se la ve trasladar a sus crías una por una entre distintos refugios.

Un movimiento que responde a la protección de las crías
Ese desplazamiento constante responde a la necesidad de proteger a los cachorros frente a posibles depredadores de la zona, entre los que figuran el gato montés, el pecarí de collar y el zorro gris. Como la madre debe alejarse varias veces al día para buscar alimento, los dispositivos de monitoreo permitieron comprobar además que el padre permanece cerca del refugio y colabora en el cuidado de las crías. Según los equipos de investigación a cargo del seguimiento, este tipo de asistencia compartida entre ambos progenitores favorece las posibilidades de supervivencia de los cachorros durante sus primeras semanas de vida.
El proceso de monitoreo de la hembra, de aproximadamente tres años, comenzó cuando un equipo de especialistas la capturó con jaulas trampa, sin causarle ningún daño. En esa instancia, el personal técnico le realizó controles sanitarios, tomó muestras biológicas y le colocó el dispositivo de rastreo antes de devolverla a su hábitat natural. Desde entonces, las tareas de seguimiento permiten analizar de forma continua los desplazamientos, las zonas de alimentación y las áreas de cría de la pareja dentro de la región.

Un indicador de buena salud ambiental
La presencia del aguará guazú, declarado Monumento Natural en la provincia de Córdoba, funciona como un indicador de ambientes bien conservados dentro de los pastizales y bañados del centro y norte del país. Se trata además de una de las especies emblemáticas que motivaron la creación del propio Parque Nacional Ansenuza, un extenso humedal que alberga a cientos de miles de aves migratorias y a otras especies amenazadas de la región. La noticia del nacimiento contrasta, de todos modos, con una amenaza persistente para la especie en esa misma zona: las rutas que atraviesan la región cobraron en los últimos tiempos la vida de varios ejemplares de aguará guazú por atropellamiento, una de las principales causas que ponen en riesgo a sus poblaciones silvestres, según reconocieron en su momento las propias autoridades del parque.

Cómo es el aguará guazú
El aguará guazú es el cánido de mayor tamaño de Sudamérica. Su cuerpo presenta un pelaje rojizo anaranjado, con la garganta, el interior de las orejas y el extremo de la cola blancos, mientras que el hocico, la crin del cuello y la parte inferior de las patas son negros. Sus extremidades largas le permiten desplazarse sobre suelos flojos e inundables, gracias a una unión especial en las almohadillas de sus patas. De hábitos predominantemente nocturnos y crepusculares, suele recorrer hasta 30 kilómetros durante la noche en busca de alimento, con una dieta omnívora que incluye cuises y otros roedores pequeños, frutos e insectos, y en menor medida aves, reptiles, anfibios y peces. Camina además con un andar particular conocido como ambladura, en el que avanza de manera simultánea con las patas del mismo lado del cuerpo.
La especie suele vivir en forma solitaria o en parejas que comparten un territorio de entre 25 y 30 kilómetros cuadrados, delimitado mediante marcas olfativas y vocalizaciones. Las crías nacen con una coloración oscura, casi negra, y requieren un período de lactancia de entre tres y cuatro meses antes de comenzar a aprender las técnicas de caza junto a sus padres.


Fecha de Publicación: 25/09/2026
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes Consultadas: La Nación, La Voz del Interior

Por qué Argentina desperdicia 73 millones de kilos de alimentos mientras donarlos no es rentable

Un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reveló que el desperdicio de alimentos en supermercados y autoservicios alcanzó los 73 millones de kilos durante 2025, en un país donde un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza y las empresas encuentran más rentable descartar alimentos que donarlos.

El desperdicio de alimentos en Argentina alcanzó los 73 millones de kilos durante 2025, según un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Lácteos, fiambres y productos refrigerados lideraron los descartes de supermercados y autoservicios, con pérdidas estimadas en 370.520 millones de pesos. La cifra expone una distorsión estructural: mientras un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza, las empresas encuentran más económico destruir alimentos aptos para el consumo que donarlos.

Un problema que no es de marco legal
El problema no pasa por la falta de una ley que habilite la donación. Argentina cuenta desde hace más de dos décadas con la Ley Donal, que brinda seguridad jurídica a las empresas donantes y las resguarda de responsabilidad civil y penal por los alimentos entregados, siempre que cumplan con las exigencias bromatológicas del Código Alimentario Argentino. El desafío es de otro orden, estrictamente económico: el régimen actual de IVA termina penalizando la donación en lugar de incentivarla. Según el artículo 58 del decreto reglamentario de ese impuesto, una empresa que dona bienes debe reintegrar el crédito fiscal que había computado por su elaboración; en cambio, si esos mismos productos se descartan, ese crédito se conserva. La ecuación fiscal, en los hechos, termina invirtiendo los incentivos que debería fomentar.
Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó el mecanismo: "bajo el régimen legal actual, la decisión de donar alimentos implica que la empresa no podrá computar el crédito de IVA vinculado a la elaboración del mismo, mientras que, si ese alimento es descartado, sí es posible computar el referido crédito fiscal". El funcionario remarcó que promover una reforma legislativa que corrija esa distorsión es uno de los objetivos centrales en los que trabajan junto a la Red de Bancos de Alimentos.

Cuando donar cuesta más que tirar
Más allá del componente impositivo, el Banco de Alimentos Buenos Aires -una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 25 años contra el hambre- señala que los costos de recuperación, clasificación, almacenamiento y transporte de los alimentos se suman al desincentivo fiscal, y terminan inclinando la ecuación económica hacia el descarte antes que hacia la donación. El contexto social agrava el problema: según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el país mantiene desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y una indigencia que ronda el 7% de la población.

Qué reformas se plantean
Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos, planteó cuál sería el próximo paso: "Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos". Según explicó, una prioridad sería revisar el tratamiento del IVA asociado a las donaciones, de manera que no genere la pérdida de créditos fiscales que no se produce frente a ciertas formas de descarte. De forma complementaria, planteó evaluar un fortalecimiento de las deducciones fiscales existentes, hoy sujetas en general a un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio de cada empresa. En el Congreso, además, hay un proyecto en danza -"Aprovechamiento Responsable de Excedentes Alimentarios y Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos"- que buscaría ir un paso más allá del incentivo voluntario: contempla que los establecimientos que descarten alimentos aptos sin justificación puedan recibir apercibimientos o multas.
Para Uranga, el resumen del problema cabe en una frase: "cada kilo que se destruye pierde la oportunidad de ser un plato de comida". La donación de alimentos en el país, remarcan desde el sector, no es solo un imperativo ético sino también una solución económica y ambiental que Argentina todavía no logra volver rentable: el desafío pendiente es pasar de una ley que habilita la donación a un sistema de políticas públicas que la vuelva, además, la opción económicamente más racional.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews Global, Perfil

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

El ciervo axis se expande por la Argentina y plantea un nuevo panorama sobre especies exóticas

Un nuevo estudio registró formalmente la presencia del ciervo axis en siete provincias donde la especie no se encontraba originalmente, y los investigadores proponen abordar estas nuevas apariciones desde una mirada socioambiental, más allá del enfoque estrictamente ecológico habitual.

El ciervo axis avanza en el centro y norte del país. Un grupo de investigadores registró, en un nuevo estudio, la presencia de esta especie exótica invasora en al menos siete provincias en las que el animal no se encontraba originalmente cuando fue introducido en la Argentina hacia la década de 1930. Oriundo de Asia -India, Sri Lanka y Nepal-, el ciervo axis llegó al país a principios de esa década para ser utilizado en la caza deportiva y con fines ornamentales, sobre todo en estancias del partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Su rápida proliferación hizo que se dispersara por ecosistemas variados, desde pastizales hasta bosques y matorrales, aunque también sufre declives poblacionales por la destrucción de hábitats y la competencia con el ganado. En 2021, el entonces Ministerio de Ambiente nacional lo declaró "especie exótica invasora, categoría 2", una clasificación que exige políticas específicas para minimizar sus impactos.

Nuevos registros en siete provincias
El estudio, titulado "Primeros registros de la especie introducida Axis axis en el centro y norte de Argentina" y publicado en la revista especializada Notas Sobre Mamíferos Sudamericanos, estuvo a cargo de ocho investigadores de Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires. Entre 2018 y 2025, reunieron 32 registros en siete provincias nuevas respecto de su distribución originaria -Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe-: Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Salta y Formosa, además de reportes en el norte santafesino. El trabajo documentó incluso ejemplares dentro de dos parques nacionales, Copo, en Santiago del Estero, y El Impenetrable, en Chaco. Esa información no implica necesariamente que existan poblaciones ya establecidas en esos lugares, pero sí que la especie muestra un desplazamiento considerable. "El ciervo axis registra apariciones en ambientes y regiones donde no estaba documentado, por eso lo planteamos también como una alerta temprana", explicó el biólogo Matías Wajner, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, dependiente del Conicet.

Entre la dispersión natural y los escapes
Francis Merlo, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, también del Conicet, señaló que todavía no puede reconstruirse una ruta de avance definida de la especie, aunque el estudio deja abierta la posibilidad de indagar el origen de esos ejemplares. "Puede haber dispersión desde poblaciones ya establecidas, pero también escapes o liberaciones desde establecimientos privados", planteó. Desde 2023, la provincia de Corrientes habilitó la caza sin tope del ciervo axis para controlar lo que definieron como una "superpoblación" de la especie, y esa experiencia sirve como antecedente para entender qué ocurre cuando una población invasora ya está consolidada. "El control puede reducir la presencia cuando el esfuerzo se sostiene, pero una vez que las poblaciones están consolidadas el manejo se vuelve mucho más difícil", expresó Fernando Zamudio, también del mismo instituto, quien remarcó la importancia de detectar tempranamente lo que ocurre en las regiones donde recién comienza a aparecer.

Un enfoque que va más allá de lo ecológico
Los investigadores plantearon la necesidad de no abordar estas situaciones únicamente desde una perspectiva ecológica, sino de incorporar también una mirada socioambiental que contemple cómo interactúan las comunidades locales con la especie. Como ejemplo, citaron lo observado en el norte cordobés con la irrupción del jabalí hace una década: mientras para algunos representa un problema, para otros implica una oportunidad de caza que además refuerza vínculos sociales y comunitarios. Algo similar ocurrió con la aparición del axis, según relataron: cuando registraron por primera vez un ejemplar con una cámara trampa en esa región, la sorpresa no fue solo de los científicos, sino también de los propios habitantes del lugar. "No se trata de desconocer los posibles impactos ecológicos, sino de entender que estamos frente a procesos socioambientales", resumió Merlo.
Los especialistas remarcaron que el estudio por sí solo no alcanza para definir una estrategia de manejo, pero sí puede funcionar como punto de partida para futuras políticas, incluso dentro de áreas protegidas. Según coincidieron, cuanto antes se genere información precisa sobre si existen poblaciones reproductivas en las nuevas regiones, mayores serán las posibilidades de intervenir a tiempo, ya que la experiencia con especies introducidas muestra que, una vez que una población queda establecida y expandida, cualquier medida de control se vuelve considerablemente más compleja y costosa.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: TN, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv-Conicet) / Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea-Conicet)

Río Negro acelera su desarrollo minero: Calcatreu en producción y el uranio como próximo objetivo

La provincia contabiliza hoy 60 proyectos metalíferos y de minerales energéticos, con la mina de oro y plata Calcatreu como principal exponente de una nueva etapa productiva y el proyecto de uranio Ivana, en Amarillo Grande, como la iniciativa más avanzada del país para ese mineral estratégico.

Río Negro atraviesa una etapa de expansión de su actividad minera tras varios años de cambios regulatorios, promoción de inversiones y trabajo territorial. La provincia contabiliza actualmente 60 proyectos metalíferos y de minerales energéticos en distintas etapas de desarrollo, que incluyen oro, plata, plomo, hierro, zinc, manifestaciones de tierras raras y proyectos vinculados con litio, uranio y vanadio. Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería provincial desde 2019, atribuyó ese proceso a un trabajo sostenido desde la primera participación de la provincia en la feria minera PDAC de Canadá en 2021, cuando se presentó una hoja de ruta con modificaciones al Código de Procedimientos Mineros, un marco de estabilidad fiscal y, más adelante, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Calcatreu, la punta de lanza
El proyecto Calcatreu, de oro y plata, operado por Patagonia Gold cerca de Ingeniero Jacobacci, se convirtió en el principal símbolo de esta nueva etapa productiva. "Calcatreu es nuestra punta de lanza en minería metalífera", definió Aberastain Oro, quien remarcó que el proyecto atravesó un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad originaria y una audiencia pública antes de avanzar. El funcionario destacó además el valor simbólico del proyecto: hace dos décadas, un debate sobre el mismo yacimiento derivó en una legislación restrictiva para la minería en la provincia, que posteriormente fue derogada, por lo que su desarrollo actual representa, en su visión, un giro respecto de aquella etapa.
Ese desarrollo no estuvo exento de tensiones: en agosto, el Gobierno provincial dispuso una suspensión parcial y temporal de las actividades operativas en Calcatreu, tras una inspección que detectó incumplimientos en la Ley 80/20, la normativa que exige que al menos el 80% del personal contratado acredite residencia en la provincia. La reanudación completa de las operaciones quedó supeditada a la regularización de esos incumplimientos, mientras la Cámara de Minería de la provincia pidió encauzar las diferencias por vías de diálogo técnico. Según Aberastain Oro, ese episodio se resolvió rápidamente a partir de una mesa de trabajo entre la empresa, los gremios, el municipio, la provincia, la comunidad originaria y las cámaras empresarias, y sirve como ejemplo de que los compromisos asumidos en materia de contratación local o procedimientos productivos deben cumplirse para no perder credibilidad institucional.

El uranio, la próxima apuesta
En paralelo al desarrollo aurífero, la provincia concentra hoy el proyecto de uranio más avanzado del país. Se trata de Ivana, en el distrito uranífero de Amarillo Grande, cerca de Valcheta, liderado por Minera Cielo Azul, subsidiaria de Blue Sky Uranium, que ya superó la etapa de Evaluación Económica Preliminar y avanza en su prefactibilidad económica. El yacimiento suma 25,3 millones de toneladas de roca mineralizada, con una ley de 333 gramos de uranio por tonelada en la categoría más confiable de recursos, y su disposición tabular y escasa profundidad -menos de 25 metros en promedio- habilitarían una explotación a cielo abierto de bajo costo mediante lixiviación alcalina. Según estimaciones actualizadas en 2024, la mina podría producir en promedio 680 toneladas anuales de óxido de uranio a lo largo de once años, con una etapa operativa que generaría 190 empleos directos y 250 indirectos, priorizando mano de obra de Valcheta y su zona de influencia.
El respaldo financiero al proyecto se reforzó en febrero de 2025, cuando Blue Sky Uranium cerró un acuerdo con Corporación América, del Grupo Eurnekian, para capitalizar Ivana Minerales S.A. mediante una inversión inicial de 35 millones de dólares a cambio del 49,9% del capital accionario, con un compromiso adicional de 160 millones si los estudios de factibilidad resultan positivos. A esto se suma el Proyecto Catriel, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fase de exploración sistemática. Para la provincia, el desarrollo de estos yacimientos podría articularse con el entramado científico-tecnológico nuclear ya existente -el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu y la empresa estatal INVAP- para conformar una cadena de valor nuclear completa. "El desarrollo minero requiere trabajar en coordinación con todos los actores desde el inicio", resumió el funcionario provincial sobre el criterio que busca sostener este proceso en el largo plazo.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Portal Panorama Minero, Portal Reporte Minero

Cerró el basural a cielo abierto más grande del país: "Podemos abrir las ventanas sin sentir el olor"

El predio de Luján que durante más de 50 años funcionó como el mayor basural a cielo abierto de la Argentina dejó de recibir residuos el 1° de julio; los vecinos ya perciben el cambio, aunque el saneamiento completo y la obra de reemplazo siguen sin terminar.

Durante más de medio siglo, el destino de los residuos de Luján representó la postal más compleja e incómoda de la ciudad: un predio de 13,8 hectáreas ubicado en el área periurbana, cerca de la ruta provincial 192 camino a Open Door, que se convirtió en el basural a cielo abierto más grande del país. Conocido como "La Quema", el lugar comenzó a llenarse desde la década del setenta y llegó a recibir hasta 120 toneladas diarias de residuos sin ningún tipo de tratamiento, con quemas frecuentes, humo, malos olores y líquidos contaminantes que en algunos sectores generaron acumulaciones de hasta 30 metros de profundidad. El 1° de julio de este año, la municipalidad clausuró definitivamente el predio.

Un cambio que ya se nota
Desde entonces, los residuos domiciliarios de Luján -unas 97,8 toneladas diarias- se trasladan al Ceamse, a un costo mensual de 80 millones de pesos para el municipio, equivalente a casi la mitad de lo recaudado por la Tasa por Servicios Generales. Casi dos tercios del predio, unas nueve hectáreas, ya fueron intervenidos y comenzó a crecer vegetación sobre las superficies cubiertas. Pedro Vargas, director de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Luján, remarcó que "el basural ha sido un flagelo socio ambiental durante más de 50 años" y calificó su cierre como un logro de toda la comunidad.
Sergio Almada, vecino del barrio San Pedro y presidente de la sociedad de fomento local, fue una de las voces históricas en el reclamo por la erradicación del basural. Según su testimonio, el cambio ya se percibe en el día a día: "podemos abrir las ventanas sin sentir el olor y el humo" con los que convivieron durante décadas. El impacto en la salud también empieza a notarse: "muchos pudieron desprenderse por primera vez del tubo de oxígeno", contó, en referencia a los vecinos con afecciones respiratorias crónicas generadas por la exposición prolongada a la contaminación.

Lo que todavía falta
El cierre no significa que el pasivo ambiental haya desaparecido. Queda una zona de unas tres hectáreas, conocida como "zona de sacrificio", donde la basura sigue expuesta y que fue la última en dejar de recibir residuos. Debajo de las áreas ya cubiertas persisten décadas de desechos depositados sin tratamiento, con conexión de escurrimiento hacia el arroyo El Haras, tributario del río Luján. El próximo paso es completar el llamado cierre técnico: cubrir y compactar el material expuesto y aplicar un sistema de cobertura con tierra que aísle los residuos de forma definitiva, un proceso que además requiere controles ambientales a largo plazo.

Una obra pendiente desde 2023
El cierre del basural estaba pensado como el primer paso de un proyecto más ambicioso: el Centro Ambiental "Laudato Sí", financiado con un préstamo de 18 millones de dólares tramitado por la Nación ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que debía incluir plantas de tratamiento para reciclables, escombros y neumáticos, además de un relleno sanitario propio para Luján. Las obras, que llegaron a un avance significativo, quedaron paralizadas en 2023 tras un amparo ambiental presentado por una asociación civil, un grupo de vecinos y la propietaria de un campo lindante, que cuestionó aspectos técnicos y el eventual impacto sobre la actividad frutihortícola de la zona. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en abril de 2025 a favor de retomar los trabajos, pero un año y medio después continúan sin reanudarse por falta de ejecución del financiamiento.
En paralelo, la actividad de más de 200 recicladores informales que dependían del basural se fue reorganizando en torno al Centro de Reciclaje Municipal Manuel Belgrano, inaugurado a fines de 2025, donde hoy trabajan más de 30 personas de forma regularizada procesando distintos materiales recuperables de la ciudad.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: La Nación, Perfil, Defensoría del Pueblo de la Nación

Desprendimientos de rocas en la montaña: otro síntoma del cambio climático en El Chaltén

Un informe del American Alpine Journal registró importantes caídas de roca en seis sectores del macizo de El Chaltén durante la temporada 2025-2026, y las vinculó con la degradación del permafrost y el retroceso glaciar, un proceso que investigadores del Conicet también documentan en la misma región.

Un reciente balance de la temporada 2025-2026, publicado por el American Alpine Journal bajo el título "El Chaltén Summary, 2025-2026", identificó varios eventos importantes de caída de roca en distintos puntos del macizo santacruceño, algunos de dimensiones particularmente grandes. El informe está firmado por Rolando Garibotti, guía y montañista de larga trayectoria en Patagonia, autor de la guía de referencia Patagonia Vertical y creador de PATAclimb, una extensa base técnica e histórica de la escalada en la región, que documenta de forma sistemática la actividad del macizo desde hace décadas. El nuevo balance identifica desprendimientos en Cerro Adela, El Mochito, Filo del Hombre Sentado, Aguja de la Silla, la cara oeste del Fitz Roy y el sector del Glaciar de los Tres.

Dos episodios ya conocidos
Al menos dos de los eventos mencionados en el informe ya habían sido registrados en su momento por la prensa local. En enero, un guía que se encontraba en el Campamento Polacos escuchó el estruendo de un desprendimiento en el Filo del Hombre Sentado, un gran contrafuerte rocoso ubicado al noroeste del Fitz Roy, y logró filmar un segundo colapso, todavía mayor, con una enorme masa de roca precipitándose por la pared. Un mes después, el 17 de febrero, se produjo otro desprendimiento significativo desde la ladera norte del Cerro Adela, sobre el glaciar homónimo, cerca del Cerro Torre, que guardaparques e integrantes de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares escucharon mientras trabajaban en la zona. El nuevo informe del American Alpine Journal ubica ahora ambos episodios dentro de una serie más amplia de desprendimientos ocurridos durante la misma temporada.

Qué está pasando en las montañas
Garibotti relaciona estos eventos con una combinación de degradación del permafrost y retroceso glaciar. El permafrost es terreno o roca que permanece congelado durante largos períodos, y en alta montaña el hielo puede ocupar fracturas y contribuir a mantener unidos bloques de roca; su degradación favorece procesos de inestabilidad. En paralelo, cuando un glaciar se adelgaza o retrocede, quedan expuestas paredes que durante décadas o siglos estuvieron sostenidas parcialmente por el hielo.
Esa relación entre el retroceso del hielo y la inestabilidad de las laderas también viene siendo estudiada científicamente en la zona. Investigadores del Conicet que analizaron las pendientes de Cerro Solo y Techado Negro, en la cuenca del Glaciar Torre, determinaron que la pérdida de masa, volumen y espesor de ese glaciar produce una relajación de las laderas que lo contienen, volviéndolas más susceptibles a movimientos de remoción en masa. El mismo estudio aportó un dato relevante: entre 2022 y abril de 2024, la tasa de retroceso del Glaciar Torre se cuadruplicó respecto del período 2019-2022, con una pérdida estimada de unos 0,4 kilómetros cuadrados y un retroceso del frente de aproximadamente 645 metros.

Una preocupación que crece en la misma cuenca
Ese proceso de inestabilidad en la cuenca del Glaciar Torre motivó, además, una advertencia específica de científicos del Conicet sobre el riesgo de un aluvión glaciar en la zona de Laguna Torre, a unos 10 kilómetros de El Chaltén: un eventual desprendimiento de grandes volúmenes de roca hacia la laguna podría generar una ola interna capaz de superar la morena terminal que contiene el agua, con un desplazamiento de agua, sedimentos y rocas que tardaría entre 45 minutos y una hora en llegar a la localidad.
Los antecedentes muestran que los desprendimientos de roca vienen siendo observados desde hace varias temporadas: en el balance 2024-2025, Garibotti había contabilizado siete accidentes graves por caída de rocas en el macizo, con fracturas, un traumatismo severo y tres rescates externos. El informe correspondiente a 2025-2026, en cambio, señala que pese a los grandes desprendimientos registrados hubo comparativamente pocos accidentes, y ninguno fue fatal. El nuevo balance no establece cierres de montañas ni plantea una situación de alarma general, pero sí aporta nueva evidencia sobre un proceso cada vez más observado en la alta montaña: el retroceso del hielo no modifica solamente los glaciares, sino que también puede alterar la estabilidad de las paredes que los rodean.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes Consultadas: Ahora Calafate, American Alpine Journal, Conicet

Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Investigadores de la UNL y el Conicet evalúan el impacto del jabalí en el norte santafesino

Un equipo de biólogos y veterinarios de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet inició un estudio para medir el impacto del jabalí y el chancho cimarrón sobre la fauna nativa, la producción y la salud pública en una reserva privada del departamento 9 de Julio.

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet comenzó a estudiar la expansión del jabalí y el chancho cimarrón en el departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe. El proyecto está dirigido por Ayelen Eberhardt, docente de las facultades de Humanidades y Ciencias y de Ciencias Veterinarias de la UNL e investigadora del Conicet en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, e involucra a un equipo de biólogos y veterinarios que evalúa las consecuencias de esta especie en la Reserva Privada de Usos Múltiples La Herminia, en la localidad de Tostado.
El objetivo central del trabajo es medir los daños que la especie genera sobre la fauna local, los riesgos que representa para la producción agropecuaria y las posibles amenazas para la salud pública. La iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe, financiado en su séptima convocatoria por la propia UNL junto con la Fundación Hábitat y Desarrollo, Sancor Seguros y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, con apoyo adicional de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. En esa misma convocatoria se financiaron otros dos proyectos de conservación: uno sobre aves como indicadores del estado de los bosques del Chaco Seco santafesino y otro sobre insectos del espinal en la reserva La Elena.

Una especie considerada perjudicial
El chancho cimarrón está catalogado internacionalmente como una de las especies exóticas invasoras más perjudiciales. Su hábito de hozar, es decir, levantar tierra con el hocico para buscar alimento, altera la estructura del suelo y degrada la vegetación, además de competir directamente por alimento con la fauna nativa y destruir infraestructura agrícola-ganadera. Según explicó Eberhardt, "esta especie es reconocida por sus efectos negativos sobre los ecosistemas y la producción".
En Santa Fe, la problemática ya tiene un antecedente normativo: la Resolución Provincial N° 213/2024 habilita la caza deportiva sin límite de piezas durante todo el año en los predios privados que la autoricen, en reconocimiento del riesgo ecológico y sanitario que representa la especie. La Herminia, un establecimiento de unas 2.617 hectáreas ubicado en la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Seco, combina actividades ganaderas con un área dedicada a la conservación, y refugia especies de alto valor ecológico como el aguará guazú, el águila coronada, el cardenal amarillo y el pecarí de collar. En los últimos años, administradores y técnicos del lugar observaron un marcado incremento en la presencia de chanchos cimarrones.

Cámaras trampa, drones y transectas
Para cuantificar la abundancia de la especie y relevar la fauna de mamíferos medianos y grandes del área, los investigadores realizarán cuatro campañas estacionales que combinan distintas herramientas metodológicas. El fototrampeo consiste en la instalación de 16 cámaras trampa distribuidas en distintos ambientes de la reserva -bosque abierto, bosque cerrado, pastizales y zona intangible-, que operarán de manera activa las 24 horas. A eso se suman transectas a pie, recorridos sistemáticos para detectar huellas, excrementos, hozadas y avistajes directos, y un relevamiento aéreo con drones, mediante vuelos autónomos a 60 metros de altura, que permitirá estimar la densidad de ejemplares y medir la superficie de vegetación dañada.

El enfoque de Una Salud
Más allá del impacto ambiental y agronómico, el chancho cimarrón funciona como reservorio de distintos patógenos. Bajo el concepto integral de Una Salud, que articula las dimensiones humana, animal y ambiental, los investigadores analizarán muestras biológicas obtenidas de ejemplares capturados por cazadores autorizados, evaluando la presencia de enfermedades de impacto zoonótico y veterinario como triquinosis, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis, cisticercosis, hidatidosis y hemoparásitos. Los resultados de todo el estudio servirán como insumo directo para diseñar un plan de manejo integral en la reserva, con pautas de conservación sostenible que los investigadores esperan puedan replicarse en otros puntos de la provincia de Santa Fe.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes originales consultadas: LT10 (Radio Universidad Nacional del Litoral), Universidad Nacional del Litoral / Conicet
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