Sequías, pinos y barrios en el bosque: por qué los incendios patagónicos son más graves

Un estudio de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro analizó doce grandes incendios en la Comarca Andina entre 2015 y 2025 y concluyó que el clima, la acumulación de combustible y la expansión urbana se combinan para potenciar el fuego.

Los incendios forestales en la cordillera patagónica no son solo más frecuentes: también son más extensos, más severos y más destructivos. Un equipo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se propuso explicar por qué y llegó a una conclusión clara: no hay una única causa, sino una combinación de factores que se potencian entre sí.
El trabajo, publicado en la revista científica Ecología Austral, analizó doce grandes incendios ocurridos entre 2015 y 2025 en la Comarca Andina del Paralelo 42. Esa región reúne localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre Río Negro y Chubut. En esa década, el fuego arrasó 46.222 hectáreas, y cerca del 48% de esa superficie se quemó con severidad alta. Los incendios de 2015, 2021 y 2025 destruyeron más de 930 viviendas y causaron la muerte de cuatro personas, además de dañar cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua.

Un clima cada vez más seco
El primer factor es climático. Los registros de El Bolsón de los últimos 30 años muestran que siete de los últimos diez veranos tuvieron lluvias por debajo del promedio. En la temporada 2024-2025, la temperatura máxima media superó en 3,5 grados el registro histórico, con 28 días por encima de los 30 °C.
Sequías recurrentes y temperaturas récord generan un ambiente en el que la vegetación se seca con facilidad y el fuego encuentra condiciones ideales para propagarse.

Combustible acumulado
El segundo factor es el combustible. “Por un lado se produjo una acumulación durante décadas de material combustible a partir del bosque nativo”, explicó Mariano Amoroso, coautor del estudio, investigador del CONICET y director de la Maestría en Agroecología de la UNRN. A eso se suman unas 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos exóticos, una especie muy inflamable y de crecimiento denso, que tampoco recibieron un manejo adecuado. Según el investigador, ambos factores facilitan la rápida propagación de las llamas.
El problema se retroalimenta después de cada incendio. En las áreas quemadas, los arbustos rebrotan más rápido que los árboles nativos, lo que genera un paisaje todavía más inflamable que el original y aumenta el riesgo de que el fuego vuelva.

Barrios dentro del bosque
El tercer factor es humano. Entre 2000 y 2022, la superficie urbanizada de la región creció un 63,1%, en gran parte sobre el bosque nativo. Ese avance amplió la llamada interfase urbano-forestal, la franja donde las viviendas conviven con la vegetación.
El estudio muestra que al menos nueve de los doce grandes incendios comenzaron o se propagaron en barrios construidos junto al bosque. En esas zonas se multiplican las fuentes de ignición vinculadas a la actividad humana, y al mismo tiempo crece la cantidad de casas y personas expuestas al fuego.
Los investigadores subrayan que estos tres factores no actúan por separado: un verano seco sobre un bosque cargado de combustible y rodeado de viviendas multiplica el riesgo de que una chispa se convierta en un incendio de gran escala.

Actuar “el día antes”
Los investigadores advierten que la estrategia actual, centrada en el combate, no alcanza. Proponen dejar de actuar solo cuando el fuego ya empezó y planificar el territorio con anticipación: gestionar la vegetación que funciona como combustible, regular el avance de los barrios sobre el bosque y educar a la comunidad para prevenir y anticipar los riesgos.
La advertencia cobra fuerza tras la temporada 2025-2026, considerada la peor en seis décadas en la región. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 los incendios afectaron más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, casi todas en Chubut. La superficie duplicó la de la temporada anterior y fue diez veces mayor que el promedio de 2022 a 2024. La organización estima, además, que cerca del 95% de los incendios en la región tiene origen humano, un dato que refuerza la advertencia del estudio sobre la interfase urbano-forestal.
Con una nueva temporada por delante y El Niño en pleno desarrollo, las autoridades de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias se reunieron días atrás en Bariloche para coordinar recursos. Para los científicos, sin embargo, la clave está en lo que se haga antes de que aparezca la primera columna de humo.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro

Tierra del Fuego reglamentó su ley de cambio climático casi cuatro años después de sancionarla

El Decreto 1698/26 pone en marcha la Ley 1.470: crea un fondo para financiar la acción climática y activa el gabinete y el consejo asesor que la norma preveía desde 2022.

Casi cuatro años después de su sanción, Tierra del Fuego reglamentó su Ley 1.470 de Gestión Integral para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Lo hizo mediante el Decreto 1698/26, que pone en marcha los organismos y herramientas previstos en la norma, entre ellos un fondo específico para financiar la acción climática en la provincia más austral del país.
La ley había sido sancionada por la Legislatura fueguina el 21 de diciembre de 2022, en la última sesión de aquel año, a partir de un proyecto impulsado por el bloque del Partido Verde, y fue promulgada pocos días después. Es complementaria de la Ley nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. El propio texto fijaba un plazo de 90 días para su reglamentación, que vencía a fines de marzo de 2023.

Qué establece la reglamentación
El decreto organiza la estructura de gobernanza climática provincial. Crea o pone en funcionamiento una Mesa de Trabajo Especial, el Gabinete Provincial de Cambio Climático y un Consejo Asesor con competencia en todo el territorio. La Dirección de Cambio Climático y Vigilancia Atmosférica será el organismo técnico: asistirá a la autoridad de aplicación, coordinará los vínculos con las dependencias nacionales y conducirá metodológicamente el trabajo del Gabinete y de la Mesa.
La pieza financiera es una cuenta especial en el Banco de Tierra del Fuego, denominada Fondo Provincial para el Financiamiento Climático. Esos recursos se destinarán al Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, a obras de contención y a estudios técnicos de base para el monitoreo ecológico. Según la ley, el fondo puede nutrirse de aportes públicos y privados, nacionales e internacionales, y su uso es exclusivo para los objetivos de la norma.

Un plan para turberas, glaciares y costas
El corazón de la ley es el Plan Provincial de Respuesta, que deberá actualizarse al menos cada cinco años o en sintonía con las contribuciones nacionales que Argentina presenta ante el Acuerdo de París. El plan debe incluir una línea de base de emisiones, metas de reducción y de adaptación que se vuelvan más exigentes en cada revisión, hojas de ruta por medida y un esquema de gobernanza.
La norma enumera medidas mínimas pensadas para la geografía fueguina. Entre ellas figuran el ordenamiento y la zonificación de las turberas, valoradas por su papel como sumideros de carbono; la evaluación y protección de los glaciares, con sistemas de alerta temprana donde abastecen de agua potable; la conservación de los bosques nativos y la prevención de incendios en la interfase urbana; un programa de manejo costero frente al aumento del nivel del mar, y la planificación de una transición energética justa.
En materia de mitigación, la ley prevé metas progresivas de reducción de emisiones, más energías renovables, generación distribuida, eficiencia energética, incentivos fiscales y crediticios y normas de construcción sustentable.

Participación y control legislativo
El Consejo Asesor Externo, de carácter consultivo y permanente, deberá reunir a científicos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, representantes de la mayoría y la minoría legislativa y jóvenes fueguinos, con paridad de género. Los municipios participarán a través de la Mesa de Trabajo Especial.
La demora en la reglamentación había llegado a la Legislatura. Ante un pedido de informes aprobado en 2025, la Dirección de Cambio Climático reconoció en julio de ese año que la ley no se había reglamentado en el plazo previsto y que el borrador, enviado el 18 de junio, seguía en revisión. El mismo informe admitió que esa situación había frenado la creación de la mesa con los municipios y del Consejo Asesor. La respuesta oficial fue remitida a la Cámara en marzo de 2026.

Una provincia en la primera línea
Cuando la ley fue aprobada, sus impulsores destacaron que Tierra del Fuego se convertía en la tercera jurisdicción del país con una norma de este tipo, después de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con el decreto firmado, el desafío es que el plan, el fondo y los organismos de participación dejen el papel y se traduzcan en acciones concretas frente a los riesgos que la propia ley identifica en glaciares, bosques, turberas y costas.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Fuentes Consultadas: Agencia OPI Santa Cruz / OPI TdF, Legislatura de Tierra del Fuego

Del litio en Ancasti al cobre de Agua Rica: crecen los reclamos contra el avance minero en Catamarca

Vecinos, productores y comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia cuestionan proyectos de exploración y explotación por su impacto sobre el agua, la producción y los territorios, mientras el Gobierno y las empresas los presentan como una oportunidad de desarrollo.

Catamarca vive un momento de fuerte expansión minera y, al mismo tiempo, de creciente resistencia social. En distintos puntos de la provincia, vecinos, productores y comunidades indígenas cuestionan el avance de proyectos de exploración y explotación por sus posibles efectos sobre el agua, la actividad agropecuaria y los territorios ancestrales. Del otro lado, empresas y autoridades presentan esas inversiones como una oportunidad de desarrollo y empleo.

Ancasti y el litio
Uno de los focos más recientes está en la Sierra de Ancasti, al este de la provincia, donde la empresa Litios del Norte S.A. impulsa un proyecto de exploración de litio denominado El Alto. Según el programa de trabajo, prevé hasta 21 perforaciones de entre 100 y 300 metros de profundidad y el uso de hasta 2.100 metros cúbicos de agua en cinco o seis meses.
Vecinos y productores rechazan la iniciativa por el cuidado del agua y por su posible impacto sobre la ganadería, desde pequeños emprendimientos de cría de ovejas hasta explotaciones familiares. Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y la localidad santiagueña de Frías se reunieron en Guayamba para cuestionar el proyecto. Tras unas 50 impugnaciones vecinales, el Ministerio de Minería suspendió la instancia de participación ambiental prevista para el 30 de septiembre.
El intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, aseguró que el municipio no fue informado. “Nunca me notificaron, nunca me invitaron”, afirmó. El jefe comunal advirtió que el año pasado el municipio tuvo que repartir agua a la población y que parte del bosque nativo de la zona está en la categoría roja de la Ley de Bosques, la de máxima protección. Aclaró que no se opone a la minería, pero reclamó información y participación. También anticipó que buscará asesoramiento legal junto al senador departamental Rodolfo Santillán.

Santa María y Belén
En el departamento Santa María, habitantes y organizaciones se opusieron al proyecto de oro y cobre Sofía Gold, en las inmediaciones de Fuerte Quemado. Esa oposición terminó con una decisión de la Provincia de dejarlo sin efecto por razones ambientales y sociales.
En Belén, en cambio, el conflicto sigue abierto. La comunidad indígena diaguita de Peñas Negras denuncia ingresos no autorizados de empresas mineras a su territorio ancestral y reclama el cese de la exploración. La zona está en el área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca. La comunidad sostiene que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución Nacional.

El cobre de Agua Rica
El proyecto de mayor escala es Agua Rica-MARA, de cobre, impulsado por la multinacional Glencore en el oeste provincial. A comienzos de octubre, el Gobierno nacional aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y regulatorios. Según la empresa, el proyecto podría producir en promedio más de 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años.
La iniciativa prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento de Agua Rica. Según la compañía, la reactivación de Alumbrera emplea a casi 2.000 personas y apunta a obtener su primera producción en el segundo semestre de 2027.

Agua, suelo y controles
Más allá de cada caso, los reclamos comparten preocupaciones de fondo. En los valles del oeste, productores agrícolas y referentes comunitarios de Tinogasta y Andalgalá advierten sobre el polvo arrastrado por el viento desde las zonas de operación, que se deposita sobre cultivos y áreas de pastoreo. También alertan por la posible salinización de las cuencas y la infiltración de insumos químicos en los suelos.
Las organizaciones reclaman auditorías ambientales independientes y planes de remediación, y cuestionan que la Provincia acelere los permisos extractivos. Desde el sector laboral también surgieron cuestionamientos por salarios, seguridad y condiciones de trabajo en las operaciones.
En una provincia árida, donde el agua es un recurso escaso y disputado, el debate central es hasta dónde puede avanzar la minería sin comprometer la producción local, los territorios indígenas y el acceso al agua de las comunidades.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Portal Noticias D, Portal El Aconquija, Diario El Ancasti

La Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras y Lorenzetti defendió el fallo

Con el voto de dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida interina en la causa de una organización ambiental y comunidades mapuche que restituye en forma provisoria los topes a la compra de campos por extranjeros.

Diez días después de haber dejado operativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la Corte Suprema de Justicia dio un giro. El 9 de octubre, el tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que había eliminado la Ley 26.737, y restituyó en forma provisoria los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se tomó en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El tribunal dictó una medida interina, es decir, provisoria. Regirá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y sobre el pedido de cautelar.

Un voto dividido
La resolución llevó las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con las de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los conjueces habían sido convocados días atrás porque los tres integrantes titulares del tribunal no lograron un acuerdo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Reconoció que la legitimación de la asociación era distinta de la del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, cuyo planteo la Corte había rechazado a fines de septiembre. Aun así, sostuvo que el tribunal no tenía competencia para dictar una medida de ese tipo y propuso remitir el expediente a Bariloche.
Para la mayoría, el caso involucra cuestiones vinculadas a la tutela del daño ambiental, y el trámite en las instancias inferiores había dejado sin respuesta las peticiones de la demanda. Por eso, la medida busca asegurar la tutela judicial efectiva y “evitar la producción de daños irreparables”.
Con la suspensión, vuelven a regir las restricciones de la Ley 26.737:
- el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras;
- el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo;
l- as limitaciones sobre predios con cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.
La cuestión de fondo, la constitucionalidad de la derogación, sigue pendiente.

La defensa de Lorenzetti
Tras la decisión, Lorenzetti salió a explicar el fallo en declaraciones televisivas. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó. Según explicó, la medida se apoyó en tres ejes: los hechos concretos del caso, la cuestión ambiental vinculada a los recursos naturales y el debilitamiento de la participación social.
El juez recordó que la ley ambiental, en su artículo 32, permite a los magistrados dictar medidas aun sin pedido de las partes. Sostuvo además que, como el proceso no había sido tratado en primera instancia, la organización quedó desprotegida durante todo ese tiempo. También consideró que nadie debería sorprenderse de que firmara una cautelar en materia ambiental, dada la línea que el tribunal sostiene desde hace años.
Ante las críticas que recibió la Corte en las últimas semanas, Lorenzetti negó que la decisión respondiera a la presión pública. “Hemos tenido presiones mucho más fuertes que ahora y siempre resolvimos conforme a derecho”, sostuvo. Señaló, además, que el debate es legítimo, pero que el camino para cuestionar las decisiones es judicial. También atribuyó parte de los conflictos a que el Congreso nunca legisló sobre el tema. Sobre la disidencia de Rosenkrantz, la calificó como una postura legítima, aunque más restrictiva.

El impacto en el Congreso
El fallo también reordenó la discusión política. La oposición había convocado a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. Pero los cálculos de los propios negociadores le daban, en el mejor escenario, unos 115 presentes, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. La restitución de los límites quitó presión a sectores que defendían los topes pero no querían voltear el decreto completo, como los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora.
El Gobierno, por su parte, busca preservar el resto del DNU y separar el tema de las tierras. La Libertad Avanza impulsa incluir un capítulo con restricciones en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocó a su propia sesión para el 21 de octubre.
Mientras tanto, la Ley de Tierras vuelve a regir de manera provisoria. Su suerte definitiva dependerá del Juzgado Federal de Bariloche, de una eventual sentencia de fondo y de lo que finalmente resuelva el Congreso.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Perfil, Diario El Día, Diario Infobae, Diario El Liberal, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tras 27 años, la causa de tres vecinos de Ensenada contra YPF espera la definición de la Corte

La demanda por la contaminación del Canal Lateral Oeste, iniciada en 1999 por vecinos de El Dique, ya tiene condenas en dos instancias y la petrolera admitió en su balance que podría derivar en indemnizaciones.

En 1999, tres vecinos de El Dique, en Ensenada, decidieron enfrentar a algunas de las empresas más poderosas del país. Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste, el curso de agua que corre junto a la Refinería La Plata de YPF y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago. Veintisiete años después, su reclamo acumula dos sentencias favorables y espera la última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda no busca solo una compensación económica. Los vecinos pidieron que cese la contaminación y que se recomponga el ambiente dañado, un objetivo que los tribunales ya les reconocieron en dos instancias.

Dos fallos a favor de los vecinos
El 7 de febrero de 2022, YPF fue notificada de la sentencia de primera instancia de la Justicia Federal. El fallo tuvo por acreditado el daño ambiental en los canales vinculados a la refinería, ordenó su cese y recomposición y repartió las responsabilidades. El 90% recayó sobre YPF y el Estado Nacional, en una proporción de 80% y 20% entre ambos. El 10% restante quedó a cargo de Petroquímica Cuyo, ex Petroken, y de Garovaglio y Zorraquín.
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la obligación de cesar y recomponer el daño. Los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo ordenaron presentar un plan de recomposición del pasivo ambiental del canal. El plan debe contemplar el efecto sobre la salud y la seguridad públicas, la prevención de daños futuros y el plazo necesario para la reparación. Lo evaluarán el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata y las autoridades ambientales de la Nación, la provincia y el municipio de Ensenada. En su fallo, el tribunal sostuvo que “la protección del ambiente es prevalente” frente al desarrollo económico.
Los codemandados llevaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que todavía no fue resuelto y que, desde mayo de 2025, circula por una de las vocalías del máximo tribunal.

Lo que admite YPF
La causa volvió a tomar estado público porque la propia petrolera la incluyó en un documento presentado a sus accionistas en febrero de este año. Allí reconoció reclamos por “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” y admitió que podrían implicar nuevas obligaciones económicas. Para cubrirlas previsionó fondos en su balance, sin precisar montos. Por su parte, Garovaglio y Zorraquín informó que “el monto económico de la condena aún no estaba determinado”.
En su defensa, YPF se apoyó en un estudio concluido en 2021 según el cual entre el 88% y el 91% de los hidrocarburos presentes en los sedimentos del canal se habría depositado antes de 1991. Con ese dato, la empresa planteó la responsabilidad del Estado Nacional por las condiciones de la privatización de la compañía. Las resoluciones judiciales, además, no atribuyen a la refinería todas las enfermedades denunciadas por los vecinos.

Un polo bajo la lupa científica
La Refinería La Plata, con capacidad para procesar unos 210.000 barriles diarios, forma parte del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada, uno de los complejos industriales más grandes del país. Distintas investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron su impacto durante años.
Un relevamiento del Área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas identificó el agua y la atmósfera como las principales vías de impacto. Entre 2014 y 2016, un proyecto conjunto de la UNLP y el CONICET monitoreó aire, agua y sedimentos en El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso, Ensenada y el barrio Mosconi. Otros trabajos analizaron compuestos como el benceno, el tolueno y los xilenos, además de material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por sus propiedades cancerígenas.
A esos estudios se suman episodios que los vecinos recuerdan bien. En abril de 2013, durante la inundación de La Plata, un incendio dejó hidrocarburos en la vegetación del Canal Oeste. En 2022 y 2024 hubo nuevos incendios dentro del complejo.
Mientras la Corte analiza el expediente, la historia de los vecinos de El Dique ya dejó una marca. Demostró que un reclamo iniciado por tres personas puede obligar a una de las mayores empresas del país a reconocer, ante sus propios accionistas, el costo de la contaminación.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal La Plata 1, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, CONICET

Cinco meses sin respuesta: la demanda contra la reforma de la Ley de Glaciares sigue sin cautelar

Un juzgado federal de La Pampa se declaró competente en la causa impulsada por organizaciones ambientales y respaldada por más de 850.000 personas, pero todavía no resolvió los pedidos para frenar la reforma ni para proteger un glaciar amenazado por un proyecto minero.

Más de cinco meses después de presentada, la demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares tuvo su primera definición, aunque no la que esperaban sus impulsores. El 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para tramitar la causa. Sin embargo, todavía no resolvió los pedidos de medidas cautelares que buscan frenar los efectos de la nueva norma.
“Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza”, advirtieron las organizaciones demandantes en un comunicado. La causa fue presentada el 5 de mayo por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas, organizaciones territoriales y referentes sociales de todo el país. Más de 850.000 personas adhirieron a la presentación en menos de dos semanas.

Qué cambió la reforma
La demanda cuestiona la Ley 27.804, publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril. Esa norma modificó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Según las organizaciones, la reforma eliminó la protección efectiva de los glaciares y de las cuencas que dependen de ellos.
Entre los cambios centrales, la nueva norma limita la protección a los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas y deja en manos de cada provincia la tarea de identificarlos. También modifica el criterio para prohibir actividades: ya no alcanza con que puedan afectar a los glaciares, sino que deben poder alterar de modo relevante su condición natural o sus funciones hídricas. Esa evaluación también queda a cargo de las provincias. Además, la evaluación ambiental estratégica deja de ser obligatoria y pasa a depender del criterio de cada autoridad provincial.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sigue a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero ahora debe incorporar o eliminar geoformas según la información que le envíen las jurisdicciones. Si un glaciar es dado de baja por no cumplir funciones hídricas, deja de estar alcanzado por la ley.
La demanda pide que se declare inconstitucional la reforma y que, como medida cautelar, se suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo, para evitar autorizaciones o avances de proyectos que puedan provocar daños irreversibles. Las organizaciones presentaron dos pedidos de pronto despacho para acelerar la decisión, sin resultado hasta ahora.

El glaciar en la mira
La urgencia tiene un caso concreto. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, de cobre, oro y plata, impulsado por BHP y Lundin en el departamento Iglesia, en San Juan. En su zona de intervención se encuentra el glaciar de escombros GE110, ubicado en la cuenca del río Jáchal e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2022. Según la presentación judicial, el proyecto prevé un tajo a cielo abierto de unas 259 hectáreas en esa zona.
El 23 de junio, las organizaciones pidieron una cautelar específica para impedir que el GE110 sea retirado del inventario mientras dure la causa. Advirtieron que, si el glaciar pierde su protección y el proyecto avanza, una sentencia posterior podría llegar cuando el daño ya esté hecho. “Llegar tarde equivale a convalidar la pérdida”, sostuvieron. Ese pedido tampoco recibió respuesta.

Voces cuestionadas
La resolución del 8 de octubre sumó otro motivo de preocupación. El juez Baric cuestionó las presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan la demanda. Entre ellas están las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, y las de integrantes de la Asamblea de Jáchal. Las organizaciones advirtieron que ese criterio podría dejar fuera del proceso a personas que defienden la ley desde hace años.
Para los demandantes, la demora no es neutral. Mientras la Justicia no se pronuncia sobre las cautelares, la reforma sigue vigente y las provincias pueden avanzar en la revisión del inventario. En juego están los glaciares, que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce para buena parte de las cuencas cordilleranas del país.

Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Econews, Greenpeace Argentina

El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

Doce empresas concentran más de 1,1 millones de hectáreas del Chaco salteño

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Salta muestra que la mayoría de los grandes compradores de tierras son nacionales y advierte que el problema central es la concentración, el cambio de uso del suelo y la desprotección de comunidades indígenas y criollas.

En medio del debate nacional por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un investigador salteño propone correr el foco. Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, están en manos de apenas 12 empresas. Y la mayoría de quienes compran grandes extensiones no son extranjeros.
Los datos surgen del análisis de las grandes transacciones de tierras que realizó Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Venencia está adscripto a la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e integra el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). También forma parte del equipo técnico regional de Land Matrix para América Latina y el Caribe, una iniciativa que registra las grandes operaciones de tierras en el mundo.

Una tierra cada vez más concentrada
El Chaco salteño abarca unos 7 millones de hectáreas, y alrededor del 80% es hoy propiedad privada. El resto se reparte entre comunidades indígenas, lotes fiscales, áreas protegidas y parques nacionales.
Desde el año 2000, Land Matrix registró en la región 122 grandes transacciones, de 200 hectáreas o más, ya sean compraventas, arrendamientos o concesiones a privados. En conjunto involucraron más de 1,7 millones de hectáreas: el 47% se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde sobre todo a la actividad petrolera.
La distribución es profundamente desigual. El 10% de los adquirentes concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% con menos tierra apenas reúne el 0,3%. Un solo comprador acumula unas 300.000 hectáreas, parte de ellas concesionadas por la propia provincia para la explotación agrícola en Salta Forestal.

Más allá de los extranjeros
El 64% de los grandes adquirentes son nacionales, una proporción cercana a la del conjunto del país, donde llega al 67%. Le sigue China, con el 12% de las adquisiciones, sobre todo para explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, la presencia extranjera se desdibuja porque muchas empresas cotizan en bolsa y operan a través de fondos de inversión integrados por personas de distintas nacionalidades.
"La extranjerización de tierra es un tema importante", reconoció Venencia. Aun así, planteó que el debate también debe incluir el acaparamiento, un concepto que abarca la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que esos cambios generan en los territorios.

Comunidades sin títulos y sin protección
La dimensión que más preocupa al investigador es la de las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan y trabajan esas tierras desde hace generaciones, en muchos casos sin títulos de propiedad. Los registros de Land Matrix identifican niveles potencialmente altos de conflictividad donde las grandes transacciones se superponen con esos territorios. Para Venencia, la consecuencia principal es "la falta de una tenencia de la tierra segura".
Ese escenario se agravó con la caída de varias protecciones legales. El 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de comunidades campesinas prevista en la ley provincial 7.658, y la Legislatura no la renovó. A nivel nacional, el Gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que había permitido relevar los territorios comunitarios, aunque solo alrededor de la mitad de las comunidades de Salta llegó a ser relevada. A eso se sumó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que según el investigador abre la puerta a los desalojos sin importar la nacionalidad del inversor.

El monte y el desarrollo que no llegó
Una de las consecuencias más visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Sobre la ruta nacional 86, donde el derecho indígena fue reconocido, los desmontes continúan, en algunos casos con autorizaciones cuestionadas. Y hay situaciones en las que el acceso al agua se convierte en moneda de cambio para que las comunidades no se opongan a la tala.
Venencia vinculó ese proceso con la expansión agrícola y ganadera iniciada a comienzos de los 2000, impulsada por la soja transgénica, que prometía desarrollo para la región. "Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza", advirtió, y mencionó también los casos de desnutrición infantil en comunidades indígenas.
Para el investigador, la pregunta no es solo quién se queda con la tierra, sino para qué se usa y si quienes viven allí podrán quedarse.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, Diario Página|12, Portal Gente de Salta

Santiago del Estero inspeccionó diez ingenios tucumanos por la contaminación del Salí-Dulce

La Defensoría del Pueblo santiagueña, junto con organismos de Tucumán y de Nación, revisó plantas sucroalcoholeras en plena zafra para verificar que no haya vuelcos de vinaza ni cenizas a la cuenca compartida.

En plena zafra, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero volvió a cruzar el límite provincial para revisar de cerca la industria que durante años fue señalada como una de las principales fuentes de contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Durante dos jornadas, un equipo encabezado por su titular, Daniel Escobar Correa, inspeccionó diez establecimientos sucroalcoholeros de Tucumán.
El recorrido incluyó el ingenio y la destilería Bella Vista, y los ingenios Santa Rosa, Corona, Marapa, Santa Bárbara, Famaillá, San Juan, Concepción, La Florida y Leales. Fue la tercera inspección del año. Participaron también el ingeniero Guillermo Silva, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán; el ingeniero Marcelo Lizárraga, de la Secretaría de Medio Ambiente tucumana, y el ingeniero Javier Finkelstein, junto con técnicos del área de Ambiente de la Nación.

Tres controles clave
Los inspectores verificaron tres variables. La primera fue el cumplimiento de la meta de "vinaza cero", es decir, que ese residuo no llegue a los cursos de agua. La segunda, la de "ceniza cero", referida a los restos de la quema del bagazo en las calderas. La tercera, el reciclado del agua utilizada para lavar la caña.
La vinaza es el principal desafío ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por cada litro de alcohol se generan unos 13 litros de este efluente, un líquido con una altísima carga orgánica. Cuando llega a ríos y embalses sin tratamiento, consume el oxígeno disuelto en el agua y puede provocar la muerte masiva de peces.
Los controles se realizan antes del inicio de la zafra, hasta dos veces durante la molienda y al cierre de la temporada. Algunas plantas que producen bioetanol todo el año reciben inspecciones adicionales. Las fuentes consultadas no informaron hallazgos ni incumplimientos concretos detectados en esta recorrida.

Un acuerdo con supervisión de la Corte
Las inspecciones se apoyan en un acuerdo interprovincial firmado el 30 de diciembre de 2011 por los entonces gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y José Alperovich, de Tucumán. Del convenio también participaron la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo santiagueña, y habilita a una provincia a controlar las industrias de la otra y sus vuelcos.
El origen del acuerdo fue un amparo ambiental que Santiago del Estero presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Fiscalía de Estado y su Defensoría del Pueblo, por la contaminación de la cuenca. Toda la información que surge de los controles se eleva al máximo tribunal, que supervisa el cumplimiento.
La cuenca Salí-Dulce se extiende por cinco provincias, abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven cerca de 2,5 millones de personas. El río Salí atraviesa Tucumán y desemboca en el embalse de Río Hondo. Ya en territorio santiagueño, continúa como río Dulce hasta la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sus aguas se usan para riego, producción y consumo humano y animal. La contaminación del río y del embalse motivó en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca.

Monitoreo permanente
Desde mayo de 2012, la Defensoría santiagueña monitorea los 365 días del año 32 puntos de control de efluentes, el embalse de Río Hondo y los afluentes industriales. Es un control diario que busca detectar a tiempo cualquier vuelco. Desde el Gobierno tucumano sostienen que la calidad del río mejoró en materia de residuos industriales gracias a los controles semanales que se realizan en conjunto con Santiago del Estero antes de que el cauce ingrese en esa provincia.
Sin embargo, el Salí sigue enfrentando otros problemas. Un estudio difundido esta semana, con muestras analizadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, no encontró valores significativos de metales ni sustancias químicas en su paso por el Gran Tucumán. Pero sí detectó una fuerte contaminación de origen cloacal, con niveles de coliformes fecales que llegaron a superar 2.400 veces el máximo de referencia a la altura del puente Ingeniero Barros.
Para la cuenca compartida, el desafío es doble: sostener los controles sobre la industria azucarera, que durante la zafra concentra el mayor riesgo, y avanzar sobre los efluentes urbanos que todavía llegan sin tratamiento al río.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Fuentes Consultadas: El Liberal, Nuevo Diario de Santiago del Estero, Contexto Tucumán, Ministerio de Ambiente de la Nación (Cuenca Salí-Dulce)

Sin acuerdo, la Corte convoca a dos conjueces para un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras

Una organización ambiental, dos comunidades mapuche y una legisladora rionegrina pidieron que el reciente fallo del tribunal no alcance a su amparo, mientras sindicatos y organizaciones sociales marcharon a Tribunales contra la derogación.

La Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo y tuvo que salir a buscar refuerzos. Sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron una posición común sobre un nuevo planteo vinculado a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Por eso, el tribunal convocó a dos conjueces para completar una integración de cinco miembros y poder reunir mayoría.
El pedido fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con la comunidad mapuche Lafkenche, la lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda. Todos ellos sostienen desde el 28 de diciembre de 2023 un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Un planteo con legitimación propia
La presentación es una aclaratoria. Los demandantes piden que la Corte precise si su fallo del 29 de septiembre, que dejó sin efecto la cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, también alcanza a su causa. Argumentan que invocan títulos de legitimación propios y diferentes, basados en derechos colectivos vinculados a la "protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas", en particular sobre sus territorios ancestrales.
El planteo se apoya en lo que el propio tribunal dijo tras aquella decisión. En un comunicado difundido el 1 de octubre, la Corte aclaró que su sentencia había sido estrictamente procesal. También precisó que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación y que no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto en trámite en distintos tribunales.
Los conjueces deberán definir ahora qué camino toma el expediente: devolverlo a las instancias inferiores, habilitar que la Corte se expida sobre una medida protectoria o rechazarlo con base en el fallo anterior.

Un sorteo y una interna
Como no existe actualmente una nómina vigente de conjueces para el máximo tribunal, la designación se hizo por sorteo entre presidentes de cámaras federales de todo el país. Resultaron elegidos Diego Barroetaveña, camarista de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Guillermo Farah y Jorge Morán.
Según trascendió, la falta de acuerdo responde a posiciones encontradas dentro del tribunal. Rosenkrantz se opondría a reconocer la legitimación de Árbol de Pie y a restablecer una cautelar que proteja la ley, mientras que Rosatti y Lorenzetti estarían dispuestos a hacerlo. Con solo tres miembros en funciones, cualquier disidencia impide formar mayoría.
La convocatoria llega en medio del fuerte rechazo social que generó el fallo de fines de septiembre, que dejó operativa la derogación y habilitó la venta sin límites de campos a compradores extranjeros, incluidos inmuebles en zonas de frontera y con cuerpos de agua. La norma derogada fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo.

La protesta llegó a Tribunales
Ese malestar se trasladó a la calle. El martes, las dos centrales de la CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y organizaciones políticas y sociales se movilizaron a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. La protesta tuvo dos escenarios. Uno, frente a Tribunales, lo encabezaron las centrales sindicales bajo la consigna de que la patria y la soberanía no se venden. El otro se armó sobre la calle Talcahuano, donde organizaciones de izquierda sumaron reclamos contra el Gobierno y pidieron un paro general.
Los convocantes apuntaron directamente contra los tres jueces del tribunal. "Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país", señalaron en su documento, en el que también exigieron la anulación completa del DNU 70/2023.
La próxima cita será el 15 de octubre frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el megadecreto. Mientras tanto, la suerte judicial de la Ley de Tierras queda, al menos por ahora, en manos de una Corte ampliada con dos jueces que llegaron por sorteo.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal Huella del Sur, Portal Infocielo, Diario La Nación

Alertan por el impacto ambiental de habilitar la pesca comercial todo el año frente a Camarones

Organizaciones ambientales y vecinos de la localidad chubutense advierten que el ingreso permanente de buques a una bahía pequeña, dentro de un área marina protegida, amenaza la fauna, el agua y el uso público de la costa.

En Camarones, un pequeño pueblo costero del este de Chubut, la bahía es mucho más que un puerto. Es el balneario de la comunidad, un espacio de recreación y la puerta de entrada a uno de los ambientes marinos más valiosos de la Patagonia. Por eso, la habilitación de la subárea 12 para la pesca comercial durante todo el año encendió las alarmas de organizaciones ambientales, especialistas y vecinos. Todos advierten por el impacto que podría tener la presencia permanente de buques sobre la fauna, el agua y el uso público de la costa.
La medida permite la explotación de merluza en la zona sin restricciones estacionales. Para quienes cuestionan la decisión, el problema central es la escala: la bahía tiene unos 150 metros de extensión, formaciones rocosas en el medio y un muelle de estructura reducida. Según advirtieron técnicos consultados, durante la temporada de verano las embarcaciones podrían llegar a maniobrar a menos de 50 metros de los bañistas.

Un área marina protegida
El reclamo cobra otra dimensión por el lugar donde ocurre. Camarones forma parte del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, creado por la ley nacional 26.446 y gestionado en conjunto por la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Chubut. El área protegida abarca más de 1,18 millones de hectáreas, la mayoría marinas, y alberga colonias de pingüino de Magallanes, apostaderos de lobos marinos, bosques de macroalgas y una gran diversidad de aves. Ballenas, delfines y orcas recorren sus aguas.
Los especialistas señalan que el ruido y el movimiento constante de los buques podrían alterar el comportamiento de las ballenas que frecuentan la región y afectar a la pingüinera cercana a la localidad.

Lo que dejan los barcos
A esas preocupaciones se suman antecedentes concretos. Investigaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) detectaron en el agua estaño liberado por las pinturas antiincrustantes que se aplican en los cascos de los barcos, un contaminante asociado a alteraciones reproductivas y malformaciones en moluscos. Estudios de ese centro a lo largo de la costa patagónica ya habían documentado el imposex, la masculinización de hembras de caracoles marinos, en zonas portuarias con presencia de tributilestaño, el compuesto utilizado en esas pinturas.
Los vecinos también reportaron manchas de hidrocarburos en el agua durante el verano pasado y el desprendimiento de defensas del muelle por los impactos de las embarcaciones. Otro punto débil es el manejo de los residuos: la gestión de los desechos asimilables a domiciliarios que generan los buques es precaria, y no hay datos públicos sobre el volumen que se produce en la actualidad.
La falta de información alcanza a otro problema conocido de la pesca industrial: el descarte de fauna acompañante. Esa práctica, habitual en las flotas de arrastre, está prohibida por la Ley Federal de Pesca. "Sin embargo, poco sabemos sobre qué sanciones se aplican a los buques que incumplen", señaló Juan Coustet, coordinador de la organización Sin Azul No Hay Verde.

El reclamo por transparencia
Para Coustet, el debate no se limita a Camarones. La organización plantea que la gestión de los recursos pesqueros debe ser abierta y controlable por la sociedad, con información clara sobre controles, sanciones y volúmenes de captura. "Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se gestiona nuestro mar", sostuvo el ambientalista, quien recordó que el mar es parte del patrimonio natural del país.
Hasta el momento no se conoció una respuesta oficial a los planteos ni el detalle del acto administrativo que habilitó la pesca durante todo el año en la subárea. Tampoco hay precisiones sobre cuántos buques operan o podrían operar en la bahía, ni sobre los volúmenes de captura previstos.

Una tensión de fondo
El caso expone una tensión que se repite en distintos puntos de la costa patagónica: la convivencia entre una actividad económica de peso como la pesca, el turismo de naturaleza y la conservación de ecosistemas marinos protegidos. En Camarones, donde el pueblo vive de cara al mar, esa discusión se juega en una bahía de apenas 150 metros, en la que cada embarcación que entra se nota.
Para los vecinos y las organizaciones que impulsan el reclamo, la prioridad es que cualquier decisión sobre el uso de la bahía se tome con información pública y controles efectivos, antes de que la próxima temporada de verano vuelva a llenar la costa de bañistas.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, El Rompehielos, CENPAT-CONICET

Un guardaparque halló en Los Glaciares el primer sitio de cría confirmado de la ranita del Chaltén

La observación de renacuajos en la seccional Moyano del parque nacional santacruceño aporta el primer registro de reproducción activa de un anfibio patagónico del que todavía se sabe muy poco.

Sergio Goitía no buscaba ranas. El guardaparque recorría los cuerpos de agua cercanos a la senda que lleva a la Laguna Azul, en la seccional Moyano del Parque Nacional Los Glaciares, para controlar la presencia del Didymo, un alga invasora que amenaza los ríos y lagos de la Patagonia. En ese recorrido, unos movimientos debajo del agua le llamaron la atención. Eran renacuajos, y su hallazgo terminó convirtiéndose en un registro inédito para la ciencia.
Las larvas pertenecían a la ranita del Chaltén, Chaltenobatrachus grandisonae, un anfibio exclusivo de los ambientes cordilleranos del sur de Argentina y Chile. Hasta ahora no existían registros de reproducción de la especie dentro del área protegida santacruceña: lo que se conocía eran apenas observaciones aisladas de ejemplares adultos. Con este hallazgo, la seccional Moyano, en la zona central del parque, se convirtió en el primer sitio de cría activo confirmado de la especie en Los Glaciares.

Cómo se confirmó el hallazgo
Goitía capturó momentáneamente algunos ejemplares, los fotografió y los devolvió de inmediato al agua. Las imágenes fueron analizadas por especialistas en herpetofauna patagónica, entre ellos la doctora Evangelina Soledad Vettese, de la Fundación Anfibia de El Chaltén, y el doctor Diego Barrasso, del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus), que depende del CONICET en Puerto Madryn.
La validación taxonómica determinó que se trataba de renacuajos en estadios larvales tempranos y medios, todavía sin patas traseras desarrolladas. Los especialistas se basaron en rasgos característicos de la especie: un cuerpo deprimido e hidrodinámico, adaptado a las aguas frías de montaña, una coloración dorsal pardo oliva con un fino patrón reticulado y una cola musculosa con aletas de altura moderada.
Para la especie, el dato tiene un valor especial. Según la información disponible sobre su biología, las larvas de la ranita del Chaltén atraviesan un desarrollo acuático prolongado durante el invierno y completan su metamorfosis hacia fines del verano. Encontrar renacuajos en distintos estadios confirma que en ese ambiente la especie no solo vive, sino que completa una parte central de su ciclo de vida.

Una especie casi desconocida
La ranita del Chaltén fue descrita por la ciencia en 1975, a partir de ejemplares de Puerto Edén, en la isla Wellington, en Chile. Con el tiempo se identificaron poblaciones en el lago Nansen y en el lago del Desierto, en Santa Cruz, y en la laguna Caiquenes, en la región chilena de Aysén. Habita bosques templado-fríos de montaña, en general entre los 500 y los 830 metros sobre el nivel del mar, en ambientes húmedos con inviernos largos y abundante nieve. Es una rana pequeña, que no supera los cuatro centímetros de largo, de dorso verde con verrugas marrones.
En la zona de El Chaltén, los antecedentes son escasos: un registro de 1997 en la Reserva Provincial Lago del Desierto y otro de 2024 en el valle del río Toro. Esa falta de información se refleja también en su estado de conservación, sobre el que todavía no hay datos suficientes para una evaluación precisa.

Un termómetro del agua pura
Más allá de la rareza del hallazgo, los especialistas destacan el papel de la especie como indicadora ambiental. Como todos los anfibios, la ranita del Chaltén tiene una piel extremadamente permeable, lo que la vuelve muy sensible a la contaminación, a los cambios en el clima y a la llegada de organismos invasores. Por eso funciona como un verdadero termómetro de la salud de las cuencas de agua dulce y de los ambientes glaciares de la Patagonia austral.
El contexto del descubrimiento refuerza esa idea. El Didymo, conocido también como moco de roca, forma densas alfombras sobre el lecho de ríos y lagos y altera los ambientes acuáticos que invade. Que el hallazgo se haya producido durante un monitoreo de esa alga muestra cómo el trabajo de control en los cuerpos de agua protegidos beneficia a muchas especies a la vez, incluso a algunas que la ciencia apenas empieza a conocer.
Para Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad, el registro suma un nuevo motivo para cuidar sus lagunas y arroyos de montaña. Allí, lejos de los glaciares más visitados, una de las ranas más enigmáticas de la región encontró un lugar para reproducirse.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Santa Cruz - Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario La Mañana de Neuquén, Fundación Anfibia, IDEAus-CONICET, AmphibiaWeb

Un estudio halló en el río Salí materia fecal hasta 2.400 veces por encima del máximo de referencia

Un relevamiento en cuatro puntos del cauce, analizado por la Estación Experimental Obispo Colombres, mostró que la contaminación bacteriológica se dispara al atravesar el Gran Tucumán y reavivó el debate por el saneamiento de la cuenca.

El río Salí, principal curso de agua de Tucumán, llega contaminado al Gran Tucumán y sale de él en peores condiciones. Esa es la conclusión central de un relevamiento sobre la calidad del agua en el tramo que atraviesa el Área Metropolitana, que detectó en el puente Ingeniero Barros, el que une la Capital con Alderetes, concentraciones de coliformes fecales hasta 2.400 veces superiores al valor máximo que los investigadores tomaron como referencia normativa.
El trabajo fue coordinado por el ingeniero Mario Amado, del equipo técnico del legislador provincial José Seleme. Las muestras se extrajeron el 13 de mayo ante escribana pública y se enviaron a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) identificadas solo con un número.

Cuatro puntos sobre el cauce
Para comparar cómo entra el agua al conglomerado y cómo lo abandona, se eligieron cuatro sitios: el dique La Aguadita, al norte; el puente Barros; el puente Lucas Córdoba, entre la Capital y Banda del Río Salí, y la zona de las canteras, al sur y ya fuera del aglomerado.
La EEAOC analizó metales pesados y sustancias químicas, como plomo, arsénico, éter etílico y detergentes, además de coliformes totales y fecales. En el primer grupo no aparecieron valores significativos. El panorama cambió por completo con los indicadores bacteriológicos.
Aun tomando como base La Aguadita, donde el agua ya llega contaminada, los coliformes totales se multiplicaron por 5,6 en el puente Barros y por 25,6 en el Lucas Córdoba, para volver a 5,6 veces el valor inicial en las canteras. Los coliformes fecales, asociados a desechos humanos o animales, crecieron 32 veces en el puente Barros, 10 en el Lucas Córdoba y 5,7 en las canteras. Frente al límite normativo usado en el estudio, la brecha es mayor: La Aguadita lo supera 75 veces; el puente Barros, 2.400; el Lucas Córdoba, 750, y las canteras, 430.
Las muestras se tomaron tras un período de lluvias abundantes y antes de la zafra, un momento que el equipo consideró favorable para el río. Por eso estimó, sin haberlo medido, que con menor caudal y plena actividad industrial los valores podrían ser más altos. Un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET publicado en 2006 ya había observado ese patrón con indicadores químicos: la alteración que provoca el Gran San Miguel de Tucumán sobre el Salí se intensifica en la época seca, cuando la carga contaminante duplica la del período húmedo.

Cloacas, canales y asentamientos
Los técnicos atribuyeron las diferencias a múltiples fuentes urbanas: la planta depuradora de Las Talitas, que recibe los líquidos cloacales de esa ciudad, de Tafí Viejo y de Villa Carmela; el bajo porcentaje de viviendas conectadas a la red en algunos sectores; los canales Norte, Sur, San Cayetano y ex Aeropuerto, y comunas sin cloacas donde los efluentes terminan en pozos ciegos, canales o directamente en el agua.
El informe advierte que el contacto con esta agua puede causar cuadros gastrointestinales e infecciones de piel, ojos y oídos, con mayor riesgo para niños y adultos mayores. El dato pesa porque hay familias asentadas en las márgenes, muchas sin servicios básicos, y porque varios tramos se usan para pescar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, del que depende el área ambiental, una fuente oficial describió el cuadro como una crisis socioambiental que no se resuelve solo tratando el agua. Admitió que los controles provinciales probablemente coincidan, pero pidió repetir los muestreos en otras épocas del año y sostuvo que los residuos industriales disminuyeron gracias a controles semanales compartidos con Santiago del Estero.
Ese control conjunto tiene historia. La cuenca Salí-Dulce abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados en cinco provincias, donde viven cerca de 2,5 millones de personas, y su contaminación motivó en 2007 la creación de un Comité Interjurisdiccional y, en 2011, un acuerdo entre Nación, Tucumán y Santiago del Estero para reducirla.

"Miremos al río"
Con estos resultados, Seleme presentó el proyecto de ley "Miremos al río", en cuyos fundamentos sostiene que el Salí atraviesa un "estado de emergencia ambiental" en buena parte de su cuenca, agravado en el Gran Tucumán, donde vive cerca de un millón de personas. La iniciativa propone cuatro ejes: saneamiento hídrico, recuperación del ecosistema ribereño, gestión de riesgos e integración urbana, e inclusión social, con foco en los barrios de las riberas.
Los investigadores concluyeron que hacen falta más estudios para identificar con precisión las fuentes y políticas públicas para reducir los riesgos. Para el legislador, la magnitud del deterioro exige una política de Estado sostenida en el tiempo.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Contexto Tucumán, Diario Primera Fuente