León XIV pidió cuidar la riqueza natural argentina y que sus recursos beneficien a las comunidades

En su primer discurso ante las autoridades del país, el Papa mencionó el agua, la energía y los minerales de la Argentina, y planteó que su aprovechamiento debe preservar los territorios y contribuir al bienestar de quienes los habitan.

En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV dedicó un pasaje al patrimonio natural del país y a la forma en que se aprovechan sus recursos. Ante el presidente Javier Milei, gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil reunidos en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el pontífice sostuvo el domingo 8 de noviembre que el desarrollo económico no puede separarse del cuidado de la tierra ni del bienestar de quienes habitan los territorios.
“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó el Papa, y mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía y los minerales del país, que, según dijo, ofrecen amplias posibilidades de desarrollo. Pero enseguida planteó una condición: una ecología auténticamente humana, explicó, debe unir el cuidado de la creación con el de las personas, de modo que el aprovechamiento de esos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios.

Una visita con agenda social y ambiental
El discurso fue la primera intervención pública de León XIV ante las autoridades nacionales, tras una reunión privada en la Casa Rosada, en el marco de una gira que incluyó Uruguay y que continuará en Perú. El pontífice recordó que llegaba a la patria de su antecesor, Francisco, y abordó temas como la democracia, la educación, el trabajo, la tecnología y la solidaridad entre generaciones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, señaló en otro tramo de su mensaje.
En el pasaje ambiental, el Papa también se refirió a la dimensión regional de los bienes naturales, al recordar que los grandes ríos unen territorios y que los ecosistemas se prolongan de un país a otro. Además, mencionó a los pueblos originarios, cuya presencia, dijo, precede al nacimiento de la nación.
Su mensaje no rechazó la producción ni la explotación de recursos, sino que puso el foco en para quién se produce y en cómo se distribuyen los beneficios. En esa línea, pidió favorecer las oportunidades y la iniciativa privada, y procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.

La herencia de Laudato si’
El planteo retoma la perspectiva de Laudato si’, la encíclica de 2015 en la que Francisco propuso el concepto de ecología integral, que vincula la crisis ambiental con la social. Desde el inicio de su pontificado, León XIV dio continuidad a esa línea: en julio de 2025 celebró una misa dedicada al cuidado de la creación, y en sus mensajes ambientales relacionó el deterioro ecológico con la pobreza, los conflictos y la desigualdad. En mayo de este año publicó además la encíclica Magnifica humanitas, en la que denunció nuevas formas de esclavitud vinculadas a la extracción de tierras raras que alimenta a la industria tecnológica.
El pontífice, nacido en Chicago en 1955 como Robert Francis Prevost, conoce de cerca la realidad sudamericana: como sacerdote agustino trabajó durante años en Perú, en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Un país de recursos en disputa
Las palabras del Papa resuenan en un país donde el uso de los bienes naturales está en el centro del debate público. Según el primer Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018, la Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren unos 8.484 kilómetros cuadrados, una reserva estratégica de agua dulce cuya protección quedó en discusión tras la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada este año y cuestionada ante la Justicia por provincias y organizaciones ambientales.
En materia energética, un estudio de la Secretaría de Energía de agosto de 2026 estimó en 30.170 millones de barriles el petróleo técnicamente recuperable en Vaca Muerta, una cifra de recursos y no de reservas comprobadas. En cuanto a los minerales, un relevamiento de 2025 identificó 18,6 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en reservas y unos 197,9 millones en recursos estimados, en el centro de la expansión minera del Noroeste.
La visita del Papa siguió el martes 10 con una misa en Córdoba y una vigilia juvenil en Buenos Aires, y concluirá el miércoles 11 en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú. Según los organizadores, unas 2,5 millones de personas participaron de la misa del lunes en Palermo, la mayor convocatoria de su pontificado.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Canal 26; Perfil; Letra P; Buenos Aires Times

Suiza perdió casi un 20% de sus glaciares en cinco años, una alerta para los Andes argentinos

El informe anual del monitoreo glaciar suizo registró la pérdida del 5,5% del hielo del país en 2026, mientras en la Argentina el Perito Moreno retrocede a un ritmo sin precedentes y la protección de los glaciares quedó en disputa judicial tras la reforma de la ley.

Los glaciares de Suiza perdieron casi una quinta parte de su hielo en apenas cinco años. Según el informe anual de la Red Suiza de Monitoreo de Glaciares (GLAMOS) y la Academia Suiza de Ciencias, difundido el 30 de septiembre, en el año hidrológico 2026 desapareció el 5,5% del volumen de hielo del país, una de las mayores pérdidas desde que existen registros. La señal llega desde los Alpes, pero interpela de lleno a la Argentina, donde los glaciares andinos también retroceden mientras la protección legal que los resguardaba quedó en discusión.
El balance suizo fue el resultado de una combinación desfavorable: un invierno con escasa nieve, que normalmente funciona como una capa protectora sobre el hielo, y un verano con temperaturas récord en Europa. Entre julio y septiembre, los glaciares suizos perdieron unos 2,2 billones de litros de agua, más de cuatro veces el agua potable que consumen en un año todos los hogares del país.

Un deshielo sin pausa
El espesor medio de los glaciares se redujo entre 2,5 y 4 metros en 2026, y en algunos sectores las lenguas glaciares perdieron hasta 10 metros durante el verano. El glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, registró el mayor deshielo de su historia, y el Tsanfleuron perdió más de cuatro metros de espesor promedio. Aun así, el año no superó a 2022, que sigue siendo el peor registro, cuando el polvo del Sahara oscureció la nieve y aceleró la fusión.
“Estamos viendo años con extremos casi todos los años, y esta es una situación realmente preocupante”, advirtió Matthias Huss, director de GLAMOS, en una frase traducida del inglés. El glaciólogo atribuyó la pérdida masiva de hielo al calentamiento global. Las proyecciones indican que, con un calentamiento fuerte, los Alpes podrían perder más del 90% del volumen de sus glaciares hacia 2100, mientras que una reducción rápida de las emisiones permitiría salvar alrededor de un tercio.

El espejo andino
Lo que ocurre en Suiza tiene su correlato en la cordillera argentina. El glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, que durante décadas fue considerado uno de los pocos glaciares estables del planeta, entró en una fase de retroceso acelerado. Un estudio de investigadores argentinos y alemanes publicado en la revista Communications Earth & Environment, con la participación del IANIGLA, mostró que el frente retrocedió unos 800 metros en un sector desde 2020, frente a apenas 100 metros entre 2000 y 2019. El adelgazamiento de su extremo pasó de 0,34 metros por año a un promedio de 5,5 metros anuales entre 2019 y 2024, un ritmo más de dieciséis veces mayor.
Para el glaciólogo Lucas Ruiz, del IANIGLA-CONICET, uno de los autores, “cuando estos procesos comienzan son irreversibles”. El trabajo señala como principal disparador al cambio climático, con menores acumulaciones de nieve y un mayor derretimiento.
Los glaciares andinos cumplen una función clave como reservas de agua dulce. En las provincias cuyanas y del norte, el deshielo alimenta ríos que abastecen a ciudades, cultivos e industrias, sobre todo en los años secos.

Una protección legal en disputa
Ese escenario se cruza con el debate por la nueva Ley de Glaciares. En abril, el Congreso sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.804, que modificó el régimen de la Ley 26.639 de 2010. La reforma permite que cada provincia defina qué glaciares y ambientes periglaciares quedan protegidos, limita la protección estricta a aquellos con una función hídrica comprobada y reemplaza las prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. El Gobierno nacional la defendió como una forma de fortalecer el federalismo ambiental y dar previsibilidad a las inversiones mineras.
La norma enfrenta varias presentaciones judiciales. La provincia de La Pampa, ubicada aguas abajo de los ríos que nacen en la cordillera, le pidió a la Corte Suprema que suspenda la reforma y mantenga vigente la ley anterior. A ese reclamo se suman la demanda colectiva de organizaciones ambientales, que reunió más de 850.000 adhesiones, y una cautelar que suspendió la aplicación de la ley en Santa Cruz.
La experiencia suiza muestra que el retroceso del hielo puede acelerarse en pocos años y que, una vez iniciado, es difícil de revertir. En la Argentina, donde los glaciares son una reserva estratégica de agua frente a sequías cada vez más frecuentes, el debate sobre cómo protegerlos llega en el momento en que la ciencia advierte que el tiempo se acorta.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Agencia AP; Agencia Reuters; IANIGLA-CONICET; Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Arauco concentra 264.000 hectáreas en Misiones en medio de denuncias de comunidades y campesinos

La forestal chilena es el mayor propietario privado de tierras de la provincia y defiende su gestión como sustentable, mientras comunidades Mbya Guaraní, familias campesinas y organizaciones ambientales denuncian el reemplazo de la selva paranaense, disputas territoriales e incendios.

La multinacional forestal de capitales chilenos Arauco concentra en Misiones 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio, una superficie equivalente a más de seis veces la Ciudad de Buenos Aires, que la convierte en el mayor propietario privado de tierras de la provincia. Su expansión, sin embargo, sigue atravesada por denuncias de comunidades Mbya Guaraní y familias campesinas, disputas por la tierra y cuestionamientos ambientales por el reemplazo de la selva paranaense por plantaciones de pinos y eucaliptos.
La empresa opera en la Argentina desde 1996 y tiene su centro de actividades en Misiones, aunque también trabaja en el Delta del Paraná y en otras provincias. A partir de la forestación con especies exóticas, desarrolló una cadena integrada que produce celulosa, madera, paneles y energía. Gran parte de su producción se exporta: la celulosa se vende sobre todo a Asia y Europa, y la compañía afirma que sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes.

La mirada de la empresa
En su Reporte de Sustentabilidad 2025, Arauco se refiere a sus plantaciones como bosques y sostiene que, gestionadas de manera responsable, no solo producen materiales renovables, sino que también capturan carbono, conservan la biodiversidad y protegen servicios ecosistémicos. La compañía asegura además que integra “conservación, restauración y manejo forestal responsable” y que resguarda áreas de alto valor ambiental dentro de su patrimonio.

La selva que ya no está
Las organizaciones ambientales ofrecen otra lectura. Según Greenpeace, cerca de 120.000 hectáreas de las plantaciones de la empresa en Misiones reemplazaron a la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del país. La propia compañía reconoció que, entre 1994 y 2003, cuando operaba como Alto Paraná S.A., desmontó 20.811 hectáreas de vegetación nativa para nuevas plantaciones, a las que se suman otras 100.000 hectáreas compradas a terceros que ya habían sido desmontadas.
Para las organizaciones, los monocultivos de pino compactan y acidifican los suelos, alteran los ciclos del carbono y del nitrógeno y vuelven al territorio más vulnerable a los incendios, que en las plantaciones se propagan con mayor velocidad e intensidad que en el monte nativo. Tras el fuego, el pino rebrota con rapidez y coloniza las áreas quemadas, lo que dificulta la recuperación de la selva.

Comunidades Mbya Guaraní en conflicto
Las disputas por el territorio tienen como protagonistas a varias comunidades indígenas. Santiago Ramos, cacique de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, cerca de Garuhapé, denunció que en 2022 un incendio consumió las plantas medicinales y los frutales nativos de su comunidad, y atribuyó la sequía de arroyos y nacientes al consumo de agua de las plantaciones. También aseguró que análisis propios detectaron contaminación en el arroyo que llega desde la plantación y que la denuncia ante el Estado provincial no tuvo respuesta.
En 2023, Greenpeace se sumó a los reclamos de las comunidades Puente Quemado II y Guazurarí, cerca de Puerto Libertad, cuyos territorios fueron relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena, y denunció que la empresa mantiene plantaciones dentro de ellos. Para Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización, era “hora de terminar con su impunidad”.

Denuncias de familias campesinas
Los conflictos alcanzan también a familias campesinas. En septiembre de este año, en Puerto Argentino 3, en el municipio de San Pedro, la organización Rebelión o Extinción Misiones denunció el incendio de la vivienda de una familia rural días después de que personal de la empresa y de la Policía provincial le indicaran que dejara de trabajar la tierra, y aseguró que en el último mes se habían quemado diez casas en el marco del conflicto. La organización pidió investigar el origen de los incendios. No se conoce una respuesta pública de la empresa ni de las autoridades provinciales a estas denuncias.
La Ley de Bosques 26.331 establece que todo proyecto de desmonte o de manejo de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.

Otra forma de producir
Frente a ese modelo, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) muestra una alternativa. La organización ganó un juicio a la empresa por 600 hectáreas, donde hoy produce alimentos agroecológicos, una experiencia que retrata el documental La Tierra Explota, de Juan Pablo Lepore, estrenado en septiembre. Según el director, en esas tierras trabajan hoy personas que antes eran empleadas de la forestal y que pasaron de aplicar agrotóxicos a producir de forma agroecológica, en una disputa concreta sobre para qué y para quiénes es la tierra.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Arauco (Reporte de Sustentabilidad 2025); Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

La Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países y 35 son altamente peligrosos

Un relevamiento revela que el uso de plaguicidas en el país se multiplicó más de dieciséis veces entre 1990 y 2022, mientras la regulación nacional avanza hacia la flexibilización de los registros y los controles.

En los campos argentinos se utilizan 167 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, y 35 de ellos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo revela una investigación periodística especializada que cruzó los principios activos autorizados en el país con las prohibiciones vigentes en el resto del mundo.
Entre las sustancias de uso habitual en la Argentina figuran el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina, aplicadas sobre todo en cereales y oleaginosas, pero también en el tabaco y la horticultura. Los productos son comercializados por grandes compañías del sector, entre ellas Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.

Un consumo que se multiplicó por dieciséis
El dato más contundente es el del crecimiento del uso. Según la investigación, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas aplicados en el país pasó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros por año, es decir, se multiplicó más de dieciséis veces. En el mismo período, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció un 117% y la producción un 269%, lo que muestra que el consumo de agroquímicos aumentó a un ritmo muy superior al de la propia actividad agrícola.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en el trabajo estima que en unos 36 millones de hectáreas se aplican cada año alrededor de 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de distintos fitosanitarios.

Qué es un plaguicida altamente peligroso
El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la FAO y la OMS en 2013, define a los PAP como aquellos productos que presentan “niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico” para la salud o el ambiente, según los sistemas internacionales de clasificación. El mismo código prevé que los países consideren prohibir su importación, distribución, venta y compra cuando las medidas para reducir los riesgos no resulten suficientes.
La Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por su sigla en inglés), una coalición internacional de organizaciones, propone criterios todavía más amplios: incluye entre los PAP a las sustancias con toxicidad fatal por inhalación, las que pueden provocar daños irreversibles, las que actúan como disruptores endocrinos, las altamente persistentes o bioacumulables y las que resultan muy tóxicas para las abejas y los organismos acuáticos.
El problema se agrava por la cercanía de los cultivos a escuelas, barrios y pueblos rurales, donde los casos de exposición a las fumigaciones derivaron en reclamos vecinales y demandas judiciales en distintas provincias.

Una regulación que va en sentido contrario
La advertencia llega en un contexto de flexibilización normativa. En junio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que creó un nuevo Registro Nacional de Productos Fitosanitarios con inscripciones por tiempo indefinido. La norma permite que los establecimientos que elaboran, importan o exportan estos productos funcionen con una declaración jurada y control posterior, y que los fitosanitarios aprobados en una lista de países considerados equivalentes, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios europeos, ingresen al mercado local mediante un trámite simplificado.
Además, en 2025 se debatió en el Congreso un proyecto de ley que, según denunció Greenpeace, reemplazaba el término agrotóxicos por fitosanitarios y fijaba distancias mínimas de aplicación de 10 metros para las pulverizaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Para la organización, se trataba de una regresión frente a los 1.000 metros de resguardo que fijaron diversos fallos judiciales y ordenanzas locales, como la del municipio bonaerense de Campana.

La paradoja de los países que prohíben y exportan
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Diversas organizaciones vienen denunciando desde hace años el doble estándar de algunos países que prohíben ciertos plaguicidas en su territorio pero permiten que sus empresas los fabriquen y los exporten hacia naciones del Sur Global, donde los controles suelen ser más débiles.
Frente a este escenario, los especialistas y las organizaciones ambientales reclaman avanzar hacia una reducción progresiva del uso de agrotóxicos, eliminar primero los más peligrosos, reforzar el monitoreo independiente sobre el agua, el suelo y los alimentos, y promover una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Agencia Tierra Viva; Portal Bichos de Campo; FAO; OMS; INTA; SENASA

Científicos del CONICET siembran vieiras en el fondo del golfo San José para recuperar sus bancos

Un equipo del CESIMAR-CONICET sembró unas 30.000 vieiras tehuelche en la Península Valdés, que crecieron de forma similar a las silvestres y alcanzaron casi la talla legal de captura, en una experiencia que busca fortalecer la marisquería artesanal.

En el fondo del golfo San José, en el norte de Chubut, un grupo de científicos del CONICET está sembrando vieiras con un objetivo claro: ayudar a recuperar los bancos naturales de un molusco emblemático de la Patagonia antes de que la presión pesquera los deje vacíos. El proyecto, impulsado por el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), del CONICET, ya mostró sus primeros resultados: las vieiras sembradas en el lecho marino crecieron de forma similar a las silvestres y, tras cerca de un año y medio, alcanzaron tallas próximas a la medida legal de captura.
La especie protagonista es la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), un bivalvo que forma bancos en el golfo San José y que sostiene desde hace unas cinco décadas la marisquería artesanal de la Península Valdés. La extracción se realiza en forma manual, mediante buceo, en fondos de hasta unos 25 metros de profundidad.

Bancos que se vacían
En condiciones naturales, los bancos pueden alcanzar densidades de hasta 150 ejemplares por metro cuadrado, pero tras la temporada de pesca quedan prácticamente agotados. A eso se suma que la especie atraviesa ciclos naturales de abundancia y escasez, que combinados con la presión pesquera pueden prolongar durante varias temporadas la recuperación de los bancos.
Por eso, el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, contempla el repoblamiento de bancos de bivalvos como una de las herramientas para responder a la presión pesquera. El proyecto es coordinado por Leandro Getino Mamet, becario posdoctoral del CONICET en el CESIMAR, y Gaspar Soria, investigador del organismo.

Cómo se siembra una vieira
El método aprovecha el ciclo de vida del molusco. Tras los desoves de fines de diciembre y enero, las larvas nadan alrededor de un mes en la columna de agua antes de fijarse a una superficie. Para captarlas, los investigadores instalan colectores artificiales, fabricados con redes de tipo Netlon, donde “las larvas se adhieren y comienzan a crecer”, explicó Getino Mamet.
Los juveniles, que miden apenas dos o tres milímetros, permanecen algunos meses en los colectores. Luego son retirados y sembrados directamente en el fondo marino. En la primera experiencia, en el verano de 2025, los colectores se colocaron en la zona de Fracasso, y en abril se sembraron unas 30.000 vieiras en Los Morros, en la costa sur del golfo, con densidades similares a las de los bancos naturales. Los investigadores estimaron que, al llegar a la talla comercial de unos 60 milímetros, ese repoblamiento podría rendir entre 500 y 1.000 kilos.

Las papas de mar y un nuevo diseño
El camino no estuvo libre de obstáculos. Uno de los principales problemas fueron las ascidias, conocidas como papas de mar, unos organismos que colonizan los colectores y dificultan su manipulación y la recuperación de las semillas. En 2026, el equipo realizó ensayos de limpieza mediante buceo, que redujeron el efecto de las ascidias, acortaron los tiempos de trabajo y mejoraron la captación y el crecimiento de los juveniles.
Además, probaron un nuevo diseño de colectores que cuadruplicó la cantidad de semilla obtenida, un avance clave para pensar en una escala mayor.

Ciencia junto a los marisqueros
La experiencia combina el trabajo científico con el conocimiento local. Buzos profesionales del Área de Náutica y Buceo del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) participaron en las tareas submarinas, y la Secretaría de Pesca de Chubut brindó apoyo logístico. La primera etapa fue financiada por un fondo de investigación marina del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y la continuidad del proyecto contará con el respaldo de la Fundación Williams.
El próximo paso será escalar la experiencia con más colectores en el mar y evaluar si el sistema funciona en condiciones reales de trabajo, junto a los marisqueros artesanales del golfo, con sus embarcaciones, su equipamiento y su conocimiento del ambiente. Según Getino Mamet, el objetivo a largo plazo es generar conocimiento y herramientas que permitan replicar la experiencia a mayor escala.
Si los resultados se confirman, el repoblamiento podría convertirse en una herramienta para fortalecer una pesquería artesanal que es parte de la identidad de la Península Valdés y, al mismo tiempo, para conservar un recurso que depende del equilibrio entre lo que se extrae y lo que se devuelve al mar.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; CONICET; CESIMAR-CONICET; CENPAT; Secretaría de Pesca de Chubut; Diario Jornada.

Ambientalistas advierten que la Corte Suprema se aleja de los grandes conflictos ambientales

Abogados y organizaciones ambientales sostienen que el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas sobre bosques, glaciares, el Riachuelo y derechos indígenas, en un contexto de desregulación que, según denuncian, favorece a los proyectos extractivos.

Organizaciones y abogados ambientalistas advierten que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aleja cada vez más de los grandes conflictos ambientales del país. Según sus críticos, el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas estructurales sobre bosques, ríos, glaciares y derechos de los pueblos indígenas, mientras avanzan las políticas de desregulación y los proyectos extractivos. El planteo retoma conclusiones del segundo Informe de Regresiones Socioambientales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que analizó las políticas aplicadas entre julio de 2025 y julio de 2026.
La Corte funciona hoy con solo tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con dos vacantes sin cubrir y sin ninguna mujer en su composición. Para Lucas Micheloud, codirector de la asociación, la falta de respuestas del tribunal “termina siendo funcional a quienes saquean nuestros bienes comunes”. En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la organización, la calificó como una de las peores Cortes de la historia reciente.

Causas que esperan
La lista de expedientes pendientes es extensa. En 2019, Greenpeace presentó un amparo contra el Estado nacional y las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco. La Corte tardó cuatro años en declararse competente y todavía no resolvió el fondo, mientras los desmontes continúan: entre enero y septiembre de este año se perdieron más de 73.000 hectáreas de bosque nativo en esas cuatro provincias, según el monitoreo satelital de la propia organización.
Algo similar ocurre con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que entre otras medidas derogó la Ley de Tierras, que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros. El tribunal rechazó un planteo contra esa derogación por falta de legitimación y, casi tres años después de la firma del decreto, sigue sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
En el golfo San Matías, en Río Negro, la Multisectorial que defiende el área cuestionó en 2023 la derogación de la Ley 3.308, que prohibía la actividad hidrocarburífera en sus aguas. La causa tampoco fue tratada por la Corte, en una zona donde hoy avanza la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación de crudo.

Respuestas tardías
Los críticos señalan además casos en los que la Corte respondió cuando ya era tarde. La comunidad qom Nam Qom, de Formosa, reclamó la consulta previa por la instalación de una planta de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek. El tribunal tardó once años en expedirse y, cuando lo hizo, la obra estaba prácticamente terminada y rechazó el planteo.
La causa Mendoza, por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, es otro ejemplo citado. En octubre de 2024, tras dieciséis años, la Corte dio por finalizada la supervisión del cumplimiento de su histórica sentencia de 2008 y ordenó archivar el expediente, aunque gran parte de los objetivos de acceso al agua, cloacas y salud pública seguían pendientes. Este año, la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona las tareas de limpieza del río.
El próximo desafío llegó con la reforma de la Ley de Glaciares, la Ley 27.804, promulgada en abril. La provincia de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y otras entidades, pidió al tribunal que suspenda la norma mientras se define su constitucionalidad. El pedido todavía no tiene respuesta.

De los fallos emblemáticos al silencio
El contraste es mayor si se considera la historia reciente del tribunal. La misma Corte construyó una jurisprudencia ambiental reconocida en toda la región con fallos como el de la causa Mendoza, Salas, que frenó desmontes en Salta, Majul, que reconoció el valor de los humedales, y el del río Atuel, que obligó a Mendoza a garantizar un caudal mínimo hacia La Pampa.
El malestar también se trasladó a la calle. En octubre, durante el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, una protesta interrumpió la exposición de Lorenzetti en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obligó a suspenderla, y hubo manifestaciones similares en San Martín de los Andes.
Más allá de la Corte, el informe de los abogados ambientalistas describe un retroceso más amplio, con la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación de 16 proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el 90% vinculados a minería, hidrocarburos o infraestructura asociada, y recortes en organismos como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta el momento, la Corte no respondió públicamente a las críticas.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Tiempo Argentino; Portal Economía Sustentable; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas

Juicio a Conarpesa: testigos describen el caño que volcaba efluentes pesqueros en el Golfo Nuevo

En el nuevo juicio por presunta contaminación en Puerto Madryn, que se hace después de que el Superior Tribunal de Chubut anulara la absolución, declararon funcionarios, un investigador del CONICET y un perito informático sobre el vertido de efluentes sin tratar de 2023.

El nuevo juicio por presunta contaminación ambiental contra dos empleados de la pesquera Conarpesa sumó en Puerto Madryn testimonios clave sobre el caño que, según la acusación, volcaba efluentes industriales sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En la segunda audiencia del debate, un exfuncionario municipal, un funcionario provincial, un investigador del CONICET y un perito informático describieron el hallazgo de la conexión, el resultado de los análisis y los mensajes que forman parte de la prueba.
Los acusados son la responsable del área ambiental de la empresa y el encargado del sistema de tratamiento de efluentes, imputados como presuntos coautores del delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El juicio se desarrolla ante la jueza Yamila Flores, en un tribunal unipersonal, con la acusación a cargo del fiscal jefe Alex Williams. En la primera jornada, ambos imputados negaron haber dispuesto una conexión clandestina.

Un juicio que vuelve a empezar
Es la segunda vez que el caso llega a juicio oral. En el primer debate, realizado en 2025, la Fiscalía había pedido penas de tres años y seis meses y de tres años y tres meses de prisión, pero la jueza Patricia Reyes absolvió a los dos acusados. En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló por unanimidad esa absolución por deficiencias jurídicas en la sentencia y ordenó un nuevo juicio con otro juez. El debate comenzó el 5 de noviembre.
La empresa involucrada es Continental Armadores de Pesca S.A. (Conarpesa), una exportadora de langostinos con planta en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn, alejado del área urbana y junto a una playa de acantilados.

El caño en la playa
Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2023, cuando denuncias públicas y el video de un vecino alertaron sobre un vertido en la costa del Golfo Nuevo. El líquido, de color naranja o rosado intenso y fuerte olor, salía de una cañería que desembocaba en la playa y que, según la investigación, provenía de la pesquera. Para la Fiscalía, los responsables conocían ese conducto de desvío y lo utilizaron hasta que la presencia judicial y policial obligó a interrumpir el vertido.
Facundo Ursino, quien durante nueve años fue secretario de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn, describió el hallazgo de un caño de PVC que llevaba el líquido por gravedad hacia la costa. Explicó que elevó un informe técnico y que, tras el monitoreo municipal, esa coloración no volvió a registrarse.
Jonatan Ueberfeld, hoy director general de Logística de la Secretaría de Ambiente provincial, relató que siguieron el recorrido aguas arriba. En las cámaras de otras dos plantas encontraron agua tratada, pero, tras excavar, hallaron un caño de cemento roto con líquido sin tratar que llegaba hasta la línea de Conarpesa. Ante una fotografía exhibida por la Fiscalía, el testigo dijo ver dos caños, mientras que la acusada sostuvo que eran tres.

Lo que revelaron los análisis
El investigador Mauricio Faleschini, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), que depende del CENPAT-CONICET, y especialista con más de veinte años en tratamiento de aguas residuales, tomó muestras en la cámara que rebalsaba y en la descarga sobre la playa. Según declaró, los valores superaban los límites del decreto provincial 1540/16, y advirtió sobre el efecto que una descarga sostenida puede tener en un cuerpo de agua cerrado como el golfo. De acuerdo con los datos de la causa, las muestras mostraron más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica, frente a un límite permitido de 50.

Los mensajes del celular
El perito informático forense Ariel Aburto presentó su informe sobre los mensajes que el encargado de efluentes envió al teléfono de la responsable ambiental. Entre ellos figura uno que decía: “no podemos derivar más al pay pass”. Los imputados explicaron en la primera audiencia que el mensaje se refería al cierre del by-pass, una derivación que la empresa había declarado.
Las defensas, a cargo de Luis Novoa y Jorge Rubiolo, interrogaron a los testigos sobre las inspecciones realizadas en otras plantas de la zona. En un momento de la audiencia, la jueza llamó la atención a uno de los defensores por formular una pregunta que condicionaba la respuesta.

Un golfo de alto valor ecológico
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur. Según Faleschini, este tipo de vertidos no elimina los nutrientes, lo que podría alterar el equilibrio del ecosistema. El juicio continuará con nuevas audiencias.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut; Portal Economía Sustentable; Diario Jornada; Ministerio Público Fiscal de Chubut

Un libro del CONICET y la UNCuyo analiza las desigualdades en el acceso al agua en Mendoza

Investigadores de la UNCuyo, el CONICET y la UNAM sostienen que la escasez hídrica en la provincia no es solo un fenómeno climático y analizan los conflictos por el agua en Lavalle, el Atuel, la megaminería y los territorios mapuche-pehuenche.

¿Quién se queda con el agua en Mendoza y por qué? Esa pregunta atraviesa Problemáticas, conflictos y controversias sobre la “cuestión ambiental” en Mendoza, un libro elaborado por investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sostiene que la escasez hídrica en la provincia no puede explicarse solo por el clima. Para sus autores, la apropiación del agua y del territorio estructura las relaciones de poder en Mendoza y ayuda a entender por qué algunos territorios concentran el recurso mientras otros quedan postergados.
La obra fue presentada en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en el marco de la Feria del Libro, y es el primer tomo de la Serie Vaguada. Fue coordinada por Facundo Rojas, Pedro S. Urquijo y Diana Méndez Rojas, y reúne trabajos de especialistas como Lucrecia Wagner, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y Jorge Ivars y Paula Mussetta, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), ambos del CONICET. El prólogo es de la socióloga Gabriela Merlinsky.

Una cuestión con historia y geografía
El libro propone entender la cuestión ambiental como un proceso abierto, con una historia y una geografía propias, y no como un asunto puramente técnico. Según sus autores, la gestión del agua y de otros bienes naturales “no es una cuestión exclusivamente técnica ni neutral”, sino el resultado de decisiones estatales y del rumbo de las inversiones, que ayudaron a consolidar territorios privilegiados mientras otras zonas quedaron relegadas.
Rojas, investigador del CONICET en el IANIGLA, explicó que la cuestión ambiental adquiere una espesura histórico-geográfica que permite comprender el papel del Estado provincial. En esa línea, los investigadores cuestionan el paradigma productivista, que presenta la escasez de agua como un fenómeno meramente físico, sin considerar sus dimensiones sociales y políticas.

Lavalle y los humedales olvidados
Uno de los ejes del libro es el ciclo hidrosocial del norte provincial, en particular el departamento de Lavalle y las lagunas de Guanacache. Estos humedales, que forman parte de un sitio Ramsar de importancia internacional compartido con San Juan y San Luis, fueron durante siglos el territorio del pueblo huarpe. Los autores contrastan la situación de estas áreas rurales, afectadas por la falta de agua, con la concentración del recurso en las zonas altas y en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
El trabajo también analiza el conflicto con La Pampa por el río Atuel, uno de los litigios ambientales más largos del país, y lo que los autores describen como su giro ambiental en la Justicia. En julio de 2020, la Corte Suprema fijó un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo que Mendoza debe dejar pasar hacia territorio pampeano, aunque la disputa sigue abierta. Por eso, los investigadores remarcan la importancia de garantizar caudales ambientales o ecológicos para preservar la vida de los ríos y los humedales.

Megaminería, fracking y pueblos originarios
Otro capítulo central es el de las movilizaciones contra la megaminería y la defensa de la Ley 7722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera. Los autores destacan las protestas masivas de diciembre de 2019, cuando la Legislatura modificó la norma y, tras días de movilizaciones en toda la provincia, debió dar marcha atrás. El libro aborda además el cuestionamiento social al fracking en el sur mendocino.
La obra analiza también la presencia de los pueblos mapuche-pehuenche en el sur de la provincia y los discursos que buscan negar sus reclamos territoriales. En ese marco, los autores proponen una mirada ecocéntrica, en diálogo con el concepto mapuche de Kvme Felen, el buen vivir.

Propuestas y alternativas
Entre sus recomendaciones, el libro plantea fortalecer la participación ciudadana y asegurar la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También destaca el papel de la sociedad organizada, como asambleas, comunidades indígenas y productores, que aportan otras formas de relacionarse con la naturaleza, y visibiliza el proyecto de Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas como alternativa productiva.
El libro, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, puede descargarse de forma libre y gratuita desde su Biblioteca Digital. Un segundo tomo, sobre la historia del paisaje y el ambiente desde Mesoamérica hasta el Cono Sur, está en preparación, y una tercera entrega abordará las dimensiones ambientales de la vitivinicultura.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal Mendoza Today; CONICET Mendoza; Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo); IANIGLA-CONICET; INCIHUSA-CONICET

El aire contaminado de Tucumán reduce hasta dos años y medio la esperanza de vida, según un estudio

Durante la zafra, la contaminación atmosférica llega a ser siete veces mayor que el valor guía de la OMS, y un trabajo científico estima que eliminar las quemas agrícolas podría evitar unas 519 muertes por año en la provincia.

Respirar en Tucumán tiene un costo sanitario que empieza a medirse en años de vida. Una investigación interdisciplinaria basada en una red de sensores de calidad del aire estimó que la contaminación atmosférica puede reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida de los tucumanos en comparación con el resto del país. Durante la zafra, entre mayo y octubre, los niveles de contaminación llegan a ser siete veces superiores a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio fue realizado por neumólogos y especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA), que forma parte del Instituto de Química del Noroeste Argentino (Inquinoa), y la Fundación Breathe2Change, con la colaboración de la Subsecretaría de Medio Ambiente provincial. El trabajo fue premiado en el 52° Congreso Argentino de Medicina Respiratoria y sus resultados se presentaron en el foro Tucumán Respira.
Los investigadores también detectaron un aumento de los síntomas respiratorios en unos 2.000 chicos de entre 7 y 11 años de distintas escuelas, que relacionaron con los registros de la red de monitoreo. “Tucumán es la provincia más contaminada del NOA y la segunda del país”, afirmó María Marta Sáez, de Breathe2Change.

Fuego, ingenios y una geografía que encierra el humo
Las fuentes de la contaminación son múltiples. Una de las más importantes es la quema de cañaverales, que todavía se utiliza para facilitar la cosecha: según las estimaciones difundidas, cada año se quema entre el 10% y el 20% de las aproximadamente 260.000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar, sobre todo en manos de pequeños productores que no cuentan con cosechadoras. A eso se suman la quema de restos de la producción citrícola, de pastizales en las banquinas de rutas y caminos y de basura domiciliaria, además de las emisiones de los ingenios azucareros y el tránsito vehicular, cuyo peso confirmó un estudio de la UNT y el CONICET durante las restricciones de la pandemia.
La geografía agrava el problema. El cordón montañoso del oeste dificulta la circulación del aire y favorece que el humo quede concentrado cerca del suelo, una situación que se acentúa en San Miguel de Tucumán por el relieve sobre el que está asentada la ciudad.

Cientos de muertes evitables
Un estudio publicado en 2025 en la revista Salud Ambiental dimensionó el impacto sanitario de las quemas agrícolas. Con la herramienta AirQ+, desarrollada por la OMS, y datos de nueve estaciones de monitoreo de 2023, los autores estimaron que alrededor de 1,1 millones de habitantes estuvieron expuestos a concentraciones de partículas finas PM2.5 que durante el invierno superaron los 40 microgramos por metro cúbico como promedio mensual.
A partir de esos datos, calcularon que unas 888 muertes anuales podrían atribuirse a la exposición a PM2.5. Al simular un escenario sin el período de mayor quema, la cifra bajó a 369, por lo que eliminar las quemas a cielo abierto podría evitar alrededor de 519 muertes por año. Se trata de una estimación epidemiológica basada en modelos de riesgo, no de una identificación individual de fallecimientos.

Hollín sobre los techos y olores nauseabundos
Los números tienen su correlato en la vida cotidiana. En el sur provincial, vecinos de Aguilares, Concepción y Villa La Trinidad denuncian desde hace años la llamada lluvia negra: partículas de hollín que cubren veredas, patios, autos y techos durante la zafra, y que con las lluvias forman un barro que obstruye canaletas y desagües. En el Gran Tucumán, en cambio, el reclamo más repetido es el olor nauseabundo que invade las calles antes de las tormentas, que los vecinos asocian con la vinaza, el residuo de la destilación de alcohol, y con efluentes y basurales.
La industria sucroalcoholera acumula además antecedentes de sanciones. En junio de este año, la Subsecretaría de Medio Ambiente ordenó el cese de un vertido del ingenio Bella Vista tras detectar peces boqueando en el arroyo del Rey, y en 2024 el ingenio Concepción fue multado con unos 17 millones de pesos por volcar efluentes en la cuenca Salí-Dulce. En octubre, organismos provinciales y nacionales inspeccionaron diez establecimientos azucareros en el marco del acuerdo de 2011 para sanear la cuenca, cuyos resultados se informan a la Corte Suprema.
Para los especialistas, la salida combina educación, control y sanción: reemplazar las quemas por cosecha mecanizada, mejorar los filtros de las calderas y fiscalizar los basurales. La Ley provincial 6.253 de protección ambiental ya permite sancionar las quemas, pero la persistencia del humo cada invierno muestra que la norma, por sí sola, no alcanza.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental; Portal Contexto Tucumán; Diario La Gaceta; Universidad Nacional de Tucumán; Revista Salud Ambiental.

La Justicia federal suma fiscales, gendarmes y ambientalistas para frenar desmontes en Chaco

La jueza federal Zunilda Niremperger creó un equipo interinstitucional que vigilará con satélites, drones y allanamientos el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, donde el bosque nativo sigue cayendo pese a la prohibición.

La Justicia federal de Chaco creó un equipo especial que reúne a fiscales, funcionarios provinciales y nacionales, gendarmes, guardaparques y ambientalistas con un objetivo concreto: frenar los desmontes ilegales en los bosques nativos de la provincia. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la organización que impulsa la causa penal conocida como la “mafia de los desmontes”.
El nuevo organismo lleva el nombre de Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco. Según la resolución judicial, su función es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”, que prohíbe los desmontes en el territorio chaqueño.

Quiénes lo integran
El equipo suma a representantes de distintos niveles del Estado. Por el Ministerio Público Fiscal Federal participan los fiscales Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. Por la provincia, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. La autoridad ambiental nacional envió al ingeniero forestal Eduardo Manghi, y la Administración de Parques Nacionales estará representada por Néstor Arriola, intendente del Parque Nacional Copo, y Sergio Arias Valdecantos, director de la Regional Norte. Completan la mesa el comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni y Fabián Maggi, de la asociación de abogados ambientalistas.
“Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales”, destacó Maggi, que calificó la resolución como muy trascendente.

Satélites, drones y allanamientos
La resolución fija tareas concretas. Los integrantes deberán intercambiar información a partir del monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y vigilancia en el territorio. Gendarmería tendrá que reforzar sus recursos humanos, técnicos y operativos, y evaluar la incorporación de personal, vehículos y drones, mientras que el Ministerio de Seguridad provincial deberá fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales.
Cada alerta será comunicada a la Dirección de Bosques de la provincia, y el Ministerio Público Fiscal intervendrá ante posibles delitos o incumplimientos de la cautelar. El esquema prevé además una intervención judicial urgente cuando sea necesario ordenar allanamientos o decomisos de maquinaria. La Dirección de Bosques y la fiscalía federal deberán presentar informes periódicos: el primero, en la primera quincena de febrero de 2027, y luego cada tres meses.

Una cautelar que va y viene
La medida que el equipo deberá custodiar tiene una historia accidentada. Fue dictada por la propia Niremperger en agosto de 2024, poco después de que la asociación de abogados ambientalistas presentara una denuncia penal por un presunto entramado de corrupción público-privada en el otorgamiento de permisos de desmonte, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios. En aquel momento, la jueza suspendió los desmontes autorizados que aún no se habían ejecutado y prohibió otorgar nuevos permisos.
La cautelar fue prorrogada en 2025, pero luego levantada en forma parcial, con el argumento de que una nueva ley provincial cambiaba el escenario. En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al hacer lugar a los recursos de la fiscalía y de los ambientalistas, al considerar que no se había explicado por qué la nueva norma reducía el riesgo ambiental. Los jueces invocaron el principio precautorio y señalaron que se habían detectado desmontes ilegales incluso con la medida vigente.

El bosque sigue cayendo
La creación del equipo responde a una realidad que la prohibición judicial no logró detener. En septiembre, la asociación denunció el desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo a pocos metros del Parque Provincial Loro Hablador, dentro del paisaje de conservación del yaguareté y del corredor del Chaco Seco. La Dirección de Bosques secuestró topadoras y cadenas tras la primera denuncia, pero la tala continuó. Según estimaciones de Aves Argentinas, el desmonte liberó más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron 9.339 hectáreas de bosque en Chaco, dentro de un total de más de 73.000 hectáreas en las cuatro provincias del norte más afectadas. El Gran Chaco, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, es también uno de los que más rápido desaparece.
Los ambientalistas esperan que la iniciativa se traduzca en una protección real del bosque. La primera evaluación llegará en febrero, con el informe inicial.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo; Portal Economía Sustentable; Diario Tiempo Argentino

Denuncian una red de venta ilegal de hurones, tortugas, erizos y aves por redes sociales en San Juan

Un vecino de Los Berros, en el departamento Sarmiento, asegura que reclama desde septiembre ante la autoridad ambiental y la Policía Ecológica por la oferta de animales silvestres y exóticos en redes sociales, en una provincia que labró 161 actas por tráfico de fauna en 2025.

Un vecino de San Juan denunció la existencia de una presunta red de venta ilegal de animales silvestres y exóticos que operaría desde Los Berros, en el departamento Sarmiento, y que ofrecería hurones, tortugas, erizos y distintas especies de aves, entre ellas loros, a través de grupos de compra y venta en redes sociales. El denunciante, que pidió reserva de su identidad, aseguró que desde septiembre presentó reclamos ante la autoridad ambiental provincial y la Policía Ecológica, pero que la actividad continuaría.
Según su relato, acompañado por fotografías de los animales, en el lugar podría funcionar un criadero. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente, y hasta el momento no se conocieron operativos ni respuestas públicas de los organismos de control sobre este caso. Las publicaciones aparecen en grupos de redes sociales, algunos dedicados específicamente a la comercialización de fauna.

Una práctica prohibida
En la Argentina, la captura, el transporte, el comercio y la tenencia de animales silvestres, así como de sus productos y subproductos, están prohibidos por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, sancionada en 1981 y reglamentada por el Decreto 666/97. Las provincias, que administran sus recursos naturales, suman además sus propias normas y controles.
La venta de tortugas terrestres, una de las especies mencionadas en la denuncia, está prohibida, y se trata de uno de los reptiles más castigados por el tráfico. En febrero de este año, un operativo en Santa Fe permitió secuestrar de un camión más de 500 animales silvestres, entre ellos 219 loros habladores y 146 tortugas.

San Juan, entre las provincias más afectadas
La denuncia se suma a un problema que la propia Secretaría de Ambiente de San Juan reconoce como una de las problemáticas ambientales más complejas de la provincia. A través de la Dirección de Conservación, el organismo labró en 2025 un total de 161 actas de infracción por tenencia, captura y comercialización ilegal de fauna silvestre y por extracción de flora, y sumó alrededor de 15 actas más en los primeros dos meses de 2026. Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda fueron los departamentos con más procedimientos.
En lo que va del año se realizaron allanamientos en Rawson, Rodeo, Bermejo y La Bebida, con participación de la Policía Ecológica, la Policía de San Juan, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la fiscalía. Las aves son las más afectadas, sobre todo por el mascotismo ilegal. En uno de los casos más resonantes, en Rawson se recuperaron 26 cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que no es nativa de San Juan y que habría sido trasladada desde Río Negro. Los animales rescatados pasan por evaluaciones sanitarias y de comportamiento, y por un proceso de rehabilitación antes de decidir si pueden ser liberados.

El peso del mercado ilegal
Un relevamiento del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de Aves Argentinas, basado en noticias publicadas entre 2011 y 2023, identificó 15.597 animales de 226 especies afectados por el tráfico en 22 provincias. San Juan concentró el 8% de los registros, al igual que Río Negro, en un listado encabezado por Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Entre las especies amenazadas, se contabilizaron 1.876 loros habladores y 903 cardenales amarillos. La organización advierte que las cifras son solo una aproximación, porque muchos operativos nunca llegan a difundirse.
Otros datos de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina indican que más de 135 especies son afectadas por el tráfico en el país y que al menos 20 están en peligro de extinción. Según estimaciones de organizaciones conservacionistas y de la autoridad ambiental nacional, apenas uno de cada diez animales capturados sobrevive al traslado, y solo el 5% de los recuperados vuelve a su hábitat.

Las redes sociales, una vidriera
La oferta de animales en redes sociales es una tendencia en crecimiento que amplía el alcance del comercio ilegal y dificulta los controles. Por eso, desde Aves Argentinas remarcan que las denuncias de la ciudadanía son “un paso crucial” para combatir el tráfico, y que reducir la demanda es clave: si baja el consumo, baja la oferta.
En San Juan, las denuncias pueden realizarse de forma anónima a la línea ambiental 4305057 o por WhatsApp al 2644305057.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Diario de Cuyo; Tiempo de San Juan; Chequeado; Secretaría de Ambiente de San Juan; Aves Argentinas; Wildlife Conservation Society Argentina; Ley Nacional 22.421.

Chubut presentó su hoja de ruta del hidrógeno verde: proyecta 632.000 toneladas anuales en 2035

La estrategia prevé 13.000 megavatios eólicos para producir hidrógeno, amoníaco verde y combustibles sintéticos de exportación, aunque sus impulsores advierten que depende de grandes inversiones y de una ley nacional que todavía no existe.

Chubut presentó su Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde, un documento que proyecta para 2035 una producción de 632.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y sus derivados, impulsada por 13.000 megavatios de energía eólica destinados exclusivamente a esa industria. La estrategia, presentada en la Casa de Gobierno de Rawson en el marco de la Estrategia Provincial de Hidrógeno Verde y Derivados, busca posicionar a la provincia como polo exportador de amoníaco verde y combustibles sintéticos, conocidos como e-fuels.
El documento fue elaborado por la organización Transición Energética Sostenible (TES) junto con la consultora CALDEN, con el acompañamiento de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Fue presentado ante funcionarios provinciales, representantes sindicales, cámaras empresarias, universidades y especialistas, en el marco de la gestión del gobernador Ignacio Torres.

Un escenario, no proyectos en marcha
Las cifras deben leerse con cautela. Según los propios impulsores, los números describen un escenario de desarrollo planteado hacia 2035 y no proyectos que estén actualmente en ejecución. Para alcanzarlo harían falta inversiones de gran magnitud, que el documento no cuantifica públicamente, además de obras eléctricas, portuarias y viales a lo largo de la próxima década.
La provincia apuesta a sus ventajas naturales y logísticas: los vientos patagónicos, reconocidos por su potencial para la generación eólica, y los puertos de aguas profundas de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, considerados clave para exportar los derivados del hidrógeno a los mercados internacionales que buscan descarbonizar su industria y su transporte.

Tres ejes
La hoja de ruta se organiza en tres ejes. El primero es el desarrollo local, con formación de trabajadores y la incorporación de proveedores chubutenses a la cadena de valor. En ese punto, el documento destaca la experiencia de la fuerza laboral del sector hidrocarburífero, que podría reconvertirse hacia las nuevas actividades, aunque no ofrece cifras de empleo. El segundo eje es la sostenibilidad ambiental, que incluye la protección de la biodiversidad y el uso de agua de mar desalinizada para la producción. El tercero apunta a la integración territorial, para que los beneficios se distribuyan entre la costa y el interior.

Falta una ley nacional
El principal obstáculo, según los impulsores, es la falta de un marco normativo nacional específico que garantice reglas estables para inversiones que se proyectan a varias décadas. “Que exista un marco normativo a nivel nacional es una condición muy importante”, sostuvo Rolando Rivera, presidente de TES. Esa previsibilidad es considerada clave para atraer el financiamiento internacional que requieren este tipo de proyectos.
En el Congreso de la Nación, distintos proyectos de ley sobre hidrógeno no lograron avanzar en los últimos años. Uno de los más recientes, presentado en 2025 por diputados del PRO y de La Libertad Avanza, propone declarar de interés nacional toda la cadena del hidrógeno e integrarla al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Prevé estabilidad tributaria por 30 años e inversiones mínimas de 200 millones de dólares, o de 2.000 millones para los proyectos de exportación estratégica.
A nivel provincial, el gobierno anunció que volverá a convocar a la Mesa de Hidrógeno Verde, creada por la Ley IX N° 175 a fines de 2024 como espacio de coordinación entre organismos públicos, universidades y empresas.

Oportunidades y desafíos ambientales
El hidrógeno verde, producido a partir de electricidad renovable mediante electrólisis del agua, es visto como una herramienta para reducir las emisiones de sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, la navegación y la aviación. Sin embargo, una expansión de la escala prevista implica también desafíos ambientales: la instalación masiva de parques eólicos en la estepa, el tendido de líneas eléctricas, el uso del territorio y la gestión de la salmuera que generan las plantas desalinizadoras. Experiencias en marcha en la Patagonia chilena despertaron preocupación en organizaciones ambientales por esos impactos.
Por eso, la incorporación de criterios de biodiversidad y de evaluación ambiental desde la etapa de planificación será decisiva para que la apuesta energética de Chubut sea compatible con la conservación de sus ecosistemas y con las comunidades del territorio.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro; Portal Parlamentario; Portal EQSnotas; Diario El Cronista

Salta: frenan topadora en Orán y denuncia un aumento del 70% en los desmontes

Activistas bloquearon una máquina en una finca del norte salteño donde ya se arrasaron 700 hectáreas de bosque nativo, mientras la provincia acelera la deforestación y el Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Bosques.

Activistas de Greenpeace Argentina frenaron el miércoles 4 de noviembre una topadora que desmontaba bosque nativo en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en el norte de Salta, sobre una franja boscosa entre las márgenes del río Bermejo. Según la organización, en ese predio ya se deforestaron unas 700 hectáreas, detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos.
Los activistas se interpusieron entre la máquina y el bosque, instalaron un cepo en las palancas de manejo para bloquearla y colocaron una faja de clausura con la leyenda “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei con la consigna de que la Ley de Bosques no se toca. Las fuentes no informaron el nombre de la finca, su propietario ni la categoría de conservación del área desmontada.

Salta, en alza
La acción se da en un año en que la deforestación en la provincia se aceleró. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, Salta registró entre enero y septiembre un 70% más de desmontes que en el mismo período del año anterior, con unas 20.122 hectáreas perdidas entre las yungas y el Chaco salteño. La provincia es la segunda con mayor pérdida de bosque del norte del país, detrás de Santiago del Estero, en una región donde ya se desmontaron más de 73.000 hectáreas en lo que va del año.
“La deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Según la organización, cerca del 80% de las áreas forestales se encuentran en categorías donde no se pueden autorizar desmontes.
El contexto provincial también cambió. En diciembre de 2024, la Legislatura salteña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que, según las organizaciones ambientales, redujo en unas 300.000 hectáreas la superficie de categoría III y habilitaría el desmonte de más de 700.000 hectáreas. Durante el debate, el oficialismo defendió la actualización como una obligación prevista por la Ley de Bosques, que debía haberse realizado en 2019, y sostuvo que el nuevo mapa busca “fomentar el uso sustentable del medio ambiente”. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias cuestionaron la falta de consulta.

La Ley de Bosques en la mira
El reclamo apunta también al Gobierno nacional, que impulsa una reforma de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según Greenpeace, los cambios modificarían los artículos 13 y 14, que regulan las autorizaciones de desmonte y las restricciones en las áreas de mayor valor de conservación, y ampliarían del 20% al 80% la superficie de bosques nativos donde podrían autorizarse desmontes.
A eso se suma el financiamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 destina a la protección de los bosques nativos apenas alrededor del 4% de los fondos que exige la ley, en un contexto de ejecución muy baja de las partidas en los últimos años. “Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz, quien convocó a la ciudadanía a defender la norma y a reclamar la penalización de los desmontes e incendios forestales.

Una pérdida acumulada
Los números de largo plazo ayudan a dimensionar el problema. Según datos de la Dirección Nacional de Bosques citados por la organización, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos en la Argentina, y cerca del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, las provincias del Gran Chaco. La destrucción del hábitat pone en riesgo a especies emblemáticas como el yaguareté, del que se estima que quedan menos de 20 ejemplares en esa región. Por esa razón, en 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra las cuatro provincias y el Estado nacional, que todavía no tiene sentencia. A la pérdida por desmontes se suman, además, las más de 60.000 hectáreas de bosque afectadas por los incendios de la última temporada en la Patagonia.
Hasta el momento, ni el gobierno salteño ni el nacional respondieron públicamente a la denuncia ni informaron si el desmonte frenado en Orán contaba con autorización. Mientras tanto, la acción de Greenpeace vuelve a poner en el centro del debate a una ley que, a casi dos décadas de su sanción, enfrenta un nuevo intento de reforma.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae; Diario Página/12; Portal Flipr; Prensa Mercosur; Portal Economía Sustentable

Chubut ya plantó más de 130 mil árboles nativos para recuperar los bosques arrasados por el fuego

El programa provincial de restauración avanza en cinco reservas de la cordillera y prevé duplicar la producción del vivero de especies nativas de El Maitén, tras una temporada de incendios que quemó más de 60.000 hectáreas de bosque en la provincia.

Chubut ya plantó más de 130.000 árboles nativos en lo que va del año para recuperar los bosques de la cordillera afectados por los incendios forestales. Así lo informó el gobernador Ignacio Torres al presentar el avance del Programa Provincial de Restauración, que ejecuta la Secretaría de Bosques junto con comunidades locales y organizaciones ambientales, con el objetivo de recuperar los ecosistemas dañados, preservar la biodiversidad y fortalecer la conservación de las áreas protegidas.
Las plantaciones se realizaron en distintos puntos de la cordillera chubutense: la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida. “Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar algo que es patrimonio de todos los argentinos”, afirmó Torres, quien destacó que la recuperación del bosque nativo exige un trabajo sostenido entre el Estado y las comunidades.

Una temporada devastadora
El esfuerzo responde a una de las peores temporadas de fuego que se recuerden en la región. Según un relevamiento de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos, de las cuales 60.304 correspondieron a Chubut, casi la totalidad del total regional. La organización cuestionó además el ajuste en las políticas nacionales de manejo del fuego. “El gobierno redujo los fondos para combatir los incendios forestales y la deforestación ilegal”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de su campaña de bosques.

Llegar a los lugares más remotos
Una de las intervenciones más complejas se realizó en la Reserva Provincial Río Turbio, donde se trabajó sobre 20 hectáreas en la margen sur del arroyo Jara. Como el acceso por tierra exige una caminata de unos 30 kilómetros por bosque cerrado durante dos jornadas, los plantines fueron trasladados en helicóptero. Allí se plantaron más de 20.000 coihues, producidos en el vivero provincial y llegados en abril, unos cuatro meses después del último incendio, en un área golpeada por el fuego en 2015 y en diciembre de 2025, en una tarea en la que participaron pobladores locales y técnicos forestales.
Los ejemplares se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera de manera natural, aprovechando los troncos quemados y los arbustos sobrevivientes como protección frente al viento y la radiación solar. Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtieron que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo.

Un vivero que duplicará su producción
La clave del programa está en la producción de plantas. El Vivero Forestal Lemu, ubicado en El Maitén, a la vera de la Ruta Provincial 70, fue inaugurado en abril de 2025 como el primer vivero provincial dedicado exclusivamente a especies nativas para restaurar áreas degradadas por el fuego. Hoy tiene capacidad para producir unos 70.000 plantines, y la provincia planifica una ampliación que permitiría duplicar esa cifra, hasta unos 140.000, para la próxima primavera. El vivero se construyó con financiamiento del proyecto ProCLIM-AR y un convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Cooperación internacional
ProCLIM-AR es un proyecto enmarcado en un acuerdo de cooperación bilateral entre la Argentina y Alemania, financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del gobierno alemán. Lo implementa un consorcio integrado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la agencia alemana GIZ, con la participación del programa ReforestArg. La planificación de las acciones se articula, además, en la Mesa Multisectorial de Restauración, que reúne a las organizaciones involucradas en la recuperación de los bosques de la cordillera.

Resultados a mediano plazo
Los responsables del programa aclaran que los resultados se verán a mediano plazo, a medida que crezcan las especies plantadas y los ecosistemas comiencen a recuperarse de manera progresiva. Frente a la magnitud de la superficie afectada, la combinación de prevención de incendios, producción de plantines nativos y participación de las comunidades es la apuesta provincial para que los bosques andino-patagónicos vuelvan a cubrir, con el paso de los años, las laderas que el fuego arrasó.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Patagónico; abcDiario; Portal ADNSUR; Canal 4 Esquel

Fin de la zafra: Tucumán y Santiago del Estero refuerzan los controles sobre la cuenca Salí-Dulce

Ambas provincias coordinan el monitoreo de los ríos que desembocan en el embalse de Río Hondo y Tucumán intensificó las inspecciones en los ingenios azucareros, con el antecedente de la mortandad masiva de peces de 2023.

Con el cierre de la zafra azucarera, Tucumán y Santiago del Estero reforzaron los controles ambientales sobre la cuenca Salí-Dulce, el sistema de ríos que desemboca en el embalse de Río Hondo y que durante décadas sufrió el impacto de los efluentes de la industria sucroalcoholera. El subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Facundo Moreno Majnach, y el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, se reunieron para intercambiar información sobre la temporada y coordinar las acciones de monitoreo.
Ambos coincidieron en la necesidad de sostener los controles sobre los afluentes de la cuenca, sobre todo durante la actividad de los ingenios, con el objetivo de “prevenir posibles impactos en los recursos hídricos que desembocan en el embalse de Río Hondo”, según informó el gobierno tucumano. El trabajo se enmarca en el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, con la participación de su Grupo de Gestión en Tiempo Real y del Grupo de Mediciones en Embalse, y en un acuerdo de cooperación entre ambas provincias.

Inspecciones en los ingenios
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental tucumana, dependiente de la Secretaría de Producción, intensificó durante la última semana las inspecciones en establecimientos industriales, con foco en los ingenios azucareros. Los controles incluyeron tomas de muestras, la verificación de la gestión de efluentes y del funcionamiento de las plantas de tratamiento, y la revisión del manejo de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Las autoridades no informaron cuántos establecimientos fueron inspeccionados ni los resultados de las muestras.
Según el gobierno provincial, el monitoreo de las aguas superficiales en distintos tramos de la cuenca se realiza de manera permanente desde 2009, a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, y se intensifica durante la zafra.

Una temporada atípica
La campaña de este año estuvo marcada por el clima. En algunos sectores de Tucumán se acumularon entre 800 y 1.000 milímetros de lluvia, lo que obligó a frenar temporalmente la molienda de entre ocho y nueve ingenios durante algunas semanas y elevó los caudales de los ríos por encima de los del año anterior. En ese contexto, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de que la vinaza y las cenizas, los principales residuos de la producción de azúcar y alcohol, terminen en los cursos de agua, en especial si se disponen en terrenos que no están en condiciones de recibirlos. La Dirección de Fiscalización vinculó también el refuerzo de los controles con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
A comienzos de septiembre, el balance oficial era positivo. “No hemos tenido ningún episodio significativo”, afirmó entonces Moreno Majnach, mientras que Escobar Correa señaló que el embalse presentaba un buen nivel de oxígeno.

Una deuda ambiental histórica
La vigilancia tiene una razón. La cuenca Salí-Dulce y el embalse de Río Hondo, uno de los principales destinos turísticos de Santiago del Estero, fueron escenario de reiterados episodios de contaminación vinculados a los desechos de la industria azucarera. En noviembre de 2023, millones de peces aparecieron muertos a lo largo de unos 14 kilómetros de costa en la desembocadura del río Salí en el embalse. “Son millones, kilómetros y kilómetros de peces muertos”, describió entonces un pescador de la zona.
En aquella oportunidad, el gobierno tucumano descartó la contaminación por vinaza y atribuyó la mortandad a la sequía y la falta de oxígeno por el bajo caudal, mientras que los pescadores apuntaron contra los ingenios. Santiago del Estero se presentó como querellante en una denuncia penal ante la Justicia federal, y las dos provincias realizaron investigaciones en paralelo.
Ese antecedente explica por qué el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones resulta clave. La salud del embalse no depende solo de lo que ocurre en sus orillas, sino de lo que llega aguas arriba, desde los ríos tucumanos que atraviesan una de las principales regiones azucareras del país. Con el fin de la zafra y la llegada de la temporada de lluvias, los controles sobre los afluentes seguirán siendo la principal herramienta para evitar nuevos episodios.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero 
Fuentes Consultadas: Portal El Tucumano; Portal Info del Estero; Diario La Nación

Ley de Glaciares: La Pampa le pidió a la Corte Suprema que suspenda la reforma

La provincia reclama que se mantenga la protección de la Ley 26.639 mientras se resuelve la causa, por el riesgo para las cuencas del Colorado y el Atuel, en un escenario judicial en el que todavía no hay definiciones de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.

La provincia de La Pampa le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda los efectos de la nueva Ley de Glaciares, la Ley 27.804. También solicitó que mantenga vigente el régimen de protección de la Ley 26.639 hasta que se resuelva la causa que cuestiona la reforma. Como alternativa, pidió que al menos se suspenda la aplicación de la nueva norma en las actividades que puedan afectar glaciares, el ambiente periglacial y los sistemas hídricos interjurisdiccionales con incidencia directa sobre el territorio pampeano.
La presentación lleva la firma del gobernador Sergio Ziliotto y de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y la acompañan la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, apoderado de la provincia, informó sobre el escrito.

Por qué La Pampa reclama
El planteo pampeano parte de una premisa: los glaciares y el ambiente periglacial regulan los recursos hídricos, y el daño que se produzca en una provincia puede extenderse más allá de sus límites. La Pampa, ubicada aguas abajo, advierte sobre los riesgos para las cuencas de los ríos Colorado y Atuel y para la subcuenca del Salado-Chadileuvú-Curacó, que dependen del agua que nace en la cordillera.
El escrito sostiene que el régimen anterior fijaba prohibiciones legales específicas para actividades potencialmente dañinas, mientras que la reforma traslada las decisiones a evaluaciones técnico-científicas y a las autoridades de cada jurisdicción. Para los demandantes, “una evaluación de impacto ambiental no equivale a una prohibición legal”. Además, invocan los principios de prevención, precaución y no regresión. Argumentan también que el dominio provincial sobre los recursos naturales no puede interpretarse de forma aislada cuando las decisiones de un territorio afectan a otros.

Qué cambió con la reforma
El Congreso sancionó la reforma el 8 de abril, tras su aprobación en Diputados por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y el Poder Ejecutivo la promulgó el 24 de abril. Estos son sus cambios principales:
- cada provincia puede definir qué glaciares y ambientes periglaciares quedan protegidos;
- la protección estricta de los glaciares de escombros y las zonas periglaciares queda limitada a aquellos con una función hídrica comprobada o relevante;
- las prohibiciones generales se reemplazan por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso;
- el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) pierde su rol central en la identificación de glaciares y conserva una función de registro.
El Gobierno nacional defendió la reforma como una forma de ordenar el marco legal, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental. Según la Oficina del Presidente, los glaciares con funciones hídricas siguen protegidos y la minería podrá avanzar en terrenos mal catalogados como glaciares. “El cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”, sostuvo.

Una batalla judicial abierta
La provincia ya había presentado en abril un amparo ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. En mayo, el juez Juan José Baric rechazó la cautelar que pedía suspender la ley en todo el país. Consideró que suspender una norma del Congreso es una decisión excepcional y que “no se acreditó un daño ambiental concreto e inminente”. Aun así, habilitó el amparo y ordenó al Estado nacional presentar un informe.
En el mismo juzgado tramita la demanda colectiva impulsada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que reunió más de 850.000 adhesiones. El 8 de octubre, el juzgado se declaró competente, pero las organizaciones denunciaron que la causa sigue sin avances sustanciales. “Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron”, señalaron. Entre sus pedidos figura evitar que el glaciar GE110, incluido en el Inventario Nacional y ubicado en la zona del proyecto minero Vicuña, en San Juan, sea retirado del registro.
El caso pampeano no es el único: en abril, un juzgado federal suspendió la aplicación de la reforma en Santa Cruz, a pedido del Concejo Deliberante de El Calafate. Con la nueva presentación, La Pampa busca que sea el máximo tribunal el que defina, al menos de manera provisoria, si la protección de los glaciares vuelve a regirse por la ley de 2010.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
Provincia/Región: Nacional - La Pampa 
Fuentes Consultadas: La Arena; Infobae; El Cronista; Noticias RCN; Palabras del Derecho; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Gobierno de La Pampa; Oficina del Presidente