La ley de biocombustibles llega a Diputados con apoyo al bioetanol y disputa por el biodiésel

La Comisión de Energía recibió a las cámaras del sector: el bioetanol y las aceiteras respaldaron el proyecto con media sanción, mientras las pymes del biodiésel advierten que la apertura del mercado a las exportadoras las llevaría a la quiebra.

La nueva ley de biocombustibles comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con un amplio apoyo a la suba de los cortes obligatorios, pero con una disputa abierta en torno al biodiésel. La Comisión de Energía y Combustibles, que preside el diputado Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza, recibió el martes a representantes del sector para debatir el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 41 votos a favor y 25 en contra.
La iniciativa eleva de manera gradual los cortes obligatorios de biocombustibles: el biodiésel mezclado con el gasoil pasará del 7,5% al 10%, y el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en un plazo de doce meses. El punto conflictivo es que las grandes empresas exportadoras, hoy excluidas, podrán ingresar al mercado interno de biodiésel con una transición hasta 2036, lo que reduce la porción reservada a las pymes.

El respaldo de los bloques y el bioetanol
Los diputados cordobeses Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, defendieron la sanción del proyecto. Bornoroni sostuvo que la norma salda deudas con el interior y garantiza previsibilidad a los productores, y resumió el espíritu del cambio: “Pasamos de un Estado que reparte a un mercado que crece”.
El sector del bioetanol, que obtiene su materia prima del maíz y la caña de azúcar, respaldó la iniciativa. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, consideró que la ley vigente está agotada y no contempla los avances tecnológicos ni los nuevos mercados: “Pasamos de ser pioneros en biocombustibles a ser rezagados”, advirtió. Según su visión, el proyecto elimina cupos y fórmulas de precios, promueve la competencia mediante licitaciones públicas y abre la actividad a nuevas inversiones.
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, destacó que el bioetanol es decisivo para la actividad azucarera y que el texto recogió los reclamos del sector. También apoyaron el proyecto la cámara de pymes productoras y expendedoras de biocombustibles Biopyme, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

La pelea por el biodiésel
El biodiésel concentró las diferencias. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), advirtió que las plantas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte obligatorio y que, si la norma no se modifica, quedarán al borde de la quiebra. Aunque coincidió en la necesidad de modernizar el régimen, sostuvo que eso no puede significar “mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”.
En la misma línea se pronunciaron representantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que apoyan una nueva ley, pero con cambios al texto aprobado por el Senado.
Del otro lado, Gustavo Idígoras, presidente de la cámara aceitera, defendió la apertura del mercado y sostuvo que el régimen actual, sin competencia, perjudica a la Argentina cuando intenta abrir mercados externos para sus biocombustibles.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, valoró el amplio consenso que tuvo la iniciativa, aunque reconoció la necesidad de encontrar una solución para las pymes del biodiésel.

Qué está en juego
Según los datos de Cepreb, la reforma reduciría casi a la mitad la producción de las pymes, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y pondría en riesgo unos 9.500 empleos directos e indirectos en el interior del país. Las grandes aceiteras, en cambio, controlan la materia prima, que representa alrededor del 80% del costo de producción del biodiésel.
Más allá de la disputa económica, el debate tiene una dimensión ambiental. Los biocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en comparación con los combustibles fósiles, por lo que el aumento de los cortes obligatorios representa un avance para la descarbonización. La discusión de fondo es quién producirá ese combustible: si un entramado de pymes distribuido en distintas provincias o un grupo reducido de grandes empresas exportadoras concentradas en el polo agroindustrial.
Si Diputados aprueba el proyecto sin cambios, se convertirá en ley; si introduce modificaciones para atender el reclamo de las pymes, deberá volver al Senado.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Clarín, Diario Página/12, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Un equipo del Conicet desarrolla un método para recuperar litio y otros metales de baterías usadas

El proyecto Litio circular, premiado con la Distinción Franco-Argentina en Innovación, usa cápsulas de biopolímeros para separar los metales de las baterías en desuso y busca escalar del laboratorio a las baterías de autos eléctricos.

Un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desarrolla un método para recuperar litio, cobalto, níquel y otros metales de las baterías usadas y reincorporarlos a la industria. El proyecto, denominado Litio circular, fue reconocido con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026, en la categoría Senior, que entregan el Conicet y el Instituto Francés de Argentina, de la Embajada de Francia.
La iniciativa está a cargo del investigador Martín Negri, director del Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), que depende del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires. Participa además el Laboratorio de Polímeros del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono, también de ambas instituciones.

Cómo funciona
El proceso comienza con la neutralización de la carga eléctrica que queda en las baterías, para evitar explosiones. Luego, los dispositivos se desarman o se trituran para separar los electrodos y las membranas. A continuación, mediante procesos químicos, se obtienen líquidos con sales disueltas que contienen los distintos metales.
La innovación está en la etapa siguiente. Las sales se capturan con cápsulas elaboradas a partir de biopolímeros, que funcionan como “esponjas inteligentes”: cada una está diseñada para retener una sal específica, lo que permite separar los elementos sin que se mezclen entre sí. Esas cápsulas se fabrican con celulosa obtenida de plantas nativas invasoras, lo que suma un beneficio ambiental adicional.
El método permite procesar baterías de ion-litio, las más usadas en teléfonos, computadoras y autos eléctricos, y de níquel-metal-hidruro. Entre los materiales que pueden recuperarse figuran aluminio, litio, níquel, cobalto, manganeso y tierras raras.

De los celulares a los autos eléctricos
La metodología ya fue validada con éxito a escala de laboratorio con baterías de teléfonos celulares. El próximo paso es escalarla para tratar baterías de tracción de vehículos eléctricos, cuyo volumen crecerá en los próximos años con la expansión de la electromovilidad y de los sistemas de almacenamiento de energía. El equipo mantiene conversaciones con el área de sustentabilidad de una automotriz y prevé, además, trabajar junto con recicladores urbanos.
Para Negri, la economía circular es clave en este sector. Según explicó, es fundamental, “una vez terminada la vida útil de las baterías, poder recuperar elementos de alta demanda”.

Un problema en crecimiento
El proyecto apunta a un desafío doble. Por un lado, las baterías en desuso son residuos peligrosos: si terminan en basurales o se desarman sin control, pueden liberar metales y sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua. Por otro, contienen materiales estratégicos para la transición energética, cuya extracción genera fuertes impactos ambientales.
En la Argentina, el desafío es especialmente relevante. El país genera unas 517.000 toneladas de residuos electrónicos por año y recupera apenas el 3% por canales formales, según datos difundidos por organizaciones ambientales. A la vez, forma parte del llamado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia, una región donde la explotación del mineral en salares de la Puna genera preocupación por el uso del agua y sus efectos sobre las comunidades y los ecosistemas de altura.
El reciclado no reemplaza la minería, pero puede reducir la presión sobre los territorios donde se extraen esos minerales y disminuir la dependencia de nuevas fuentes. En la Unión Europea, por ejemplo, la normativa sobre baterías ya establece porcentajes mínimos de contenido reciclado para el litio, el cobalto y el níquel en las baterías nuevas a partir de la próxima década.
La Distinción Franco-Argentina en Innovación, que este año celebró su décima edición, cuenta con el respaldo de la empresa TotalEnergies Argentina y busca promover proyectos científicos con potencial de transferencia al sector productivo. En el caso de Litio circular, el desafío ahora es dar el salto del laboratorio a la industria, en un país que podría convertirse no solo en proveedor de litio, sino también en un actor clave en su reciclaje.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Un estudio confirma que el zorro de monte habita en Catamarca y alerta por los atropellamientos

Investigadores documentaron la presencia del cánido en el centro de la provincia, donde se la consideraba dudosa, a partir de observaciones en rutas y aportes de ciencia ciudadana, y advirtieron que los choques con vehículos son una de sus principales amenazas.

Un estudio científico confirmó que el zorro de monte habita en Catamarca, una provincia donde su presencia era considerada dudosa por falta de registros documentados. El trabajo, publicado en la revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, reúne varias observaciones de la especie en el centro de la provincia y advierte sobre una amenaza creciente: los atropellamientos en las rutas.
El zorro de monte, cuyo nombre científico es Cerdocyon thous, es un cánido de tamaño mediano que se distribuye por buena parte de América del Sur. En la Argentina habita principalmente en el norte y el noreste del país, en ambientes de monte, selvas y bosques. Hasta ahora, la última evaluación del estado de conservación de los mamíferos argentinos consideraba dudosa su presencia en Catamarca.

Los registros
La pieza central del estudio es una observación realizada el 5 de marzo de este año, cuando se registraron cuatro ejemplares sobre la Ruta Provincial N.º 1, cerca de la localidad de La Puerta y del dique Las Pirquitas, en el centro de la provincia. Uno de ellos había muerto atropellado.
Los investigadores sumaron otros antecedentes. En junio de 2024, una hembra fue rescatada sobre la Ruta Provincial N.º 16, entre La Puerta y El Rodeo, con una triple fractura de cadera. Recibió tratamiento veterinario y, tras un mes de rehabilitación, fue liberada en el mismo lugar. También se incorporaron dos observaciones aportadas por plataformas de ciencia ciudadana, en los departamentos de Capayán, en 2022, y Santa Rosa, en 2025.
En conjunto, estos registros permiten confirmar que la especie está presente en Catamarca y amplían el conocimiento sobre su distribución en el noroeste argentino.

Un aliado del ecosistema
El zorro de monte cumple funciones ecológicas importantes. Al alimentarse de pequeños vertebrados, como roedores, y de insectos, contribuye a regular sus poblaciones. Además, consume frutos y dispersa semillas, lo que favorece la regeneración de la vegetación nativa.
La especie está catalogada como de preocupación menor, tanto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Sin embargo, los investigadores advierten sobre amenazas como las enfermedades transmitidas por perros domésticos y los conflictos con las actividades rurales, además de los atropellamientos.

Las rutas, una trampa mortal
Los accidentes en las rutas aparecen como una de las principales amenazas para la fauna nativa. El zorro de monte es una de las especies más afectadas por los atropellamientos en el norte argentino, ya que suele desplazarse por los bordes de los caminos en busca de alimento, sobre todo de noche.
El problema no es exclusivo de Catamarca. Un estudio publicado en la misma revista documentó los primeros registros de la especie en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en el partido bonaerense de Campana, el punto más austral de su distribución conocida. De los cinco registros obtenidos allí, cuatro correspondieron a animales muertos en colisiones con vehículos o con un tren. Los autores de ese trabajo advirtieron que la expansión de las redes de transporte constituye una amenaza grave y creciente para la biodiversidad, y reclamaron estrategias específicas de mitigación.
Entre las medidas que suelen recomendarse para reducir los atropellamientos de fauna figuran la instalación de pasos de fauna bajo o sobre las rutas, la señalización en los tramos críticos, los reductores de velocidad y las campañas de concientización para los conductores.

Un área clave para conservar
Los autores del estudio sobre Catamarca destacaron el área del dique Las Pirquitas como un sitio relevante para futuras iniciativas de conservación. También recomendaron profundizar las investigaciones sobre los mamíferos de la provincia, que todavía presentan importantes vacíos de información, y difundir los resultados entre las comunidades locales.
El hallazgo muestra, además, el valor de la ciencia ciudadana: las observaciones registradas por vecinos y naturalistas en plataformas digitales resultaron clave para reconstruir la presencia de una especie que había pasado desapercibida para la ciencia en la provincia.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Diario Inforama, revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos (SAREM), Administración de Parques Nacionales.

Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN

En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.

Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.

Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.

Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.

El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.

Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La muerte de un joven con plomo en sangre destapó una planta clandestina de baterías en Tortuguitas

Un trabajador de 20 años murió con niveles de plomo cuatro veces superiores al máximo permitido, y la investigación derivó en el allanamiento de una planta de desarme de baterías y una fundición donde 14 personas trabajaban en condiciones de explotación.

La muerte de un joven de 20 años con niveles críticos de plomo en sangre permitió descubrir una planta clandestina de desarme de baterías y una fundición en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde 14 trabajadores fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde manipulaban, sin protección, residuos de óxido de plomo y ácido.
El caso salió a la luz a partir de la muerte del trabajador, oriundo de Misiones, cuyos análisis registraron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces el máximo admitido para un trabajador expuesto, según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La información oficial no establece que la intoxicación haya sido la causa del fallecimiento.

Dos establecimientos, 23 trabajadores
Por orden de la Justicia federal, se allanaron dos establecimientos en Tortuguitas: una planta de desarme de baterías de plomo y una fundición. Uno de los predios no estaba declarado ante ninguna autoridad. En el lugar se relevaron 23 trabajadores, de los cuales 14 fueron identificados como presuntas víctimas de trata.
Los inspectores constataron jornadas de 12 horas, falta de elementos de protección personal y contacto directo con residuos tóxicos. Se labraron actas por indicios de explotación laboral, y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por trata de personas y reducción a servidumbre. La presentación se basó en un reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un informe de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven.
En el operativo participaron, además, la Dirección Provincial de Inspección, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, el Departamento de Delitos Ambientales, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

Un metal sin nivel seguro
El plomo es un metal tóxico que se acumula en el organismo y afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre y el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro, y sus efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. La exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar anemia, daño neurológico, convulsiones e incluso la muerte.
El reciclado informal de baterías de plomo es una de las principales fuentes de contaminación por este metal en el mundo. Durante el desarme y la fundición se liberan polvo y humos con plomo que no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden depositarse en el suelo y contaminar el aire y el agua de los alrededores. Por eso, la intervención del Departamento de Delitos Ambientales y de los equipos de toxicología resulta clave para determinar el alcance del daño.

Ambiente y derechos humanos
El caso expone el cruce entre la contaminación ambiental y la explotación laboral. Las baterías en desuso de autos y motos contienen plomo y ácido sulfúrico, por lo que su tratamiento debería realizarse en plantas habilitadas, con controles sanitarios y ambientales, ya que se trata de residuos peligrosos alcanzados por la Ley nacional 24.051. Cuando ese proceso se hace en la clandestinidad, el costo recae sobre los trabajadores más vulnerables, muchas veces trasladados desde otras provincias, y sobre los barrios cercanos.
Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si se realizaron estudios de contaminación en el entorno de los establecimientos. Tampoco se conoció si otras personas del barrio presentan niveles elevados de plomo.
Las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de manera confidencial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, al 0800-666-2187, y que la línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas, en forma gratuita y anónima.

Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Organización Mundial de la Salud (OMS).

La provincia de Buenos Aires lanzó un visor para monitorear lluvias y crecidas en tiempo real

La herramienta pública reúne datos de 150 estaciones sobre precipitaciones, caudales y niveles de ríos, y forma parte del plan provincial de gestión del riesgo frente al cambio climático, ante la amenaza de un El Niño intenso.

La provincia de Buenos Aires lanzó un Visor Hidrometeorológico de acceso público que permite seguir en tiempo real las lluvias, los caudales y los niveles de ríos y arroyos en todo el territorio bonaerense. La herramienta, presentada en Bragado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca anticipar crecidas e inundaciones en un contexto marcado por el exceso de agua acumulada y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.
El visor fue desarrollado a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), de la Autoridad del Agua (ADA), junto con los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agrario. Cualquier persona puede consultarlo sin registrarse, desde una computadora, una tablet o un celular, a través del sitio simparh.ada.gba.gov.ar, y abarca los 135 municipios bonaerenses.

Qué muestra
La plataforma integra la información de 150 estaciones de monitoreo, 42 de ellas provinciales. También suma datos de redes nacionales y de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, además de aportes de monitoreo participativo y de los municipios.
Las estaciones automáticas registran lluvias, caudales y niveles de agua, y, según su equipamiento, también condiciones meteorológicas, calidad del agua, nivel de la napa freática, temperatura, humedad y presión. La mayoría transmite datos cada 15 minutos o cada hora.
Los usuarios pueden filtrar la información por cuenca o por municipio, generar gráficos, descargar informes y proyectar el comportamiento de los cuerpos de agua. La versión para usuarios registrados incorpora además datos de campo de 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial. Cada municipio recibirá un usuario y una contraseña para armar sus propios tableros de control y filtros.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al visor como “una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”. El funcionario remarcó que la gestión del agua requiere coordinación entre sectores e inversión en infraestructura, porque el agua no reconoce límites entre jurisdicciones.

Un plan frente al cambio climático
El visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el ministerio impulsa desde 2025. La iniciativa responde a la gran cantidad de agua acumulada en el territorio bonaerense y al riesgo de que el fenómeno de El Niño, e incluso un posible “Súper Niño” de magnitud histórica, provoque lluvias extraordinarias durante la segunda mitad de este año y en 2027. En la región pampeana, los episodios de El Niño suelen asociarse con precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, lo que eleva el riesgo de anegamientos en campos y ciudades.
La provincia proyecta ampliar la red hasta 250 estaciones entre 2026 y 2030. Para 2027 prevé contratar un software centralizado de visualización, modelado de datos y alertas, y destinar recursos a la operación y el mantenimiento de las redes de monitoreo.

La importancia de anticiparse
Contar con datos en tiempo real es clave en una provincia de grandes llanuras, donde el agua escurre lentamente y las inundaciones pueden prolongarse durante semanas. La información sobre lluvias y niveles de ríos permite a los municipios, los productores y los organismos de emergencia prepararse con anticipación, organizar evacuaciones y proteger viviendas, infraestructura, cultivos y ganado.
La herramienta llega en un momento de alerta en buena parte del país. El fenómeno de El Niño ya provoca una crecida extraordinaria de los ríos Paraná y Uruguay, con cientos de evacuados en el Litoral, y especialistas de la represa de Yacyretá advirtieron que el episodio recién comienza y podría intensificarse entre octubre y febrero.
En la provincia de Buenos Aires, donde los excesos hídricos se alternan con sequías cada vez más severas, el monitoreo permanente se vuelve una pieza central de la adaptación al cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes Consultadas: Diario La Nueva, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Autoridad del Agua (ADA).

Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026

El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.

La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.

Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.

Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.

Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.

Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.

Misiones limita la tenencia de animales silvestres y solo permitirá vender seis especies exóticas

Una resolución del Ministerio de Ecología provincial creó un registro único de fauna, fijó un tope de cinco animales por persona y prohibió el ingreso de especies invasoras o protegidas, para frenar el tráfico y proteger la biodiversidad.

Misiones puso límites a la tenencia y la venta de animales silvestres y exóticos. A través de la Resolución 367, publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables provincial creó un registro obligatorio, fijó un tope de cinco animales vivos por persona y redujo a solo seis las especies exóticas que podrán comercializarse en la provincia.
La norma regula el ingreso, la permanencia, la tenencia y la comercialización de fauna silvestre, tanto nativa como exótica. Sus objetivos son prevenir el tráfico ilegal de animales, proteger la biodiversidad, reducir los riesgos para la salud pública y evitar que especies foráneas se establezcan en los ambientes naturales de la provincia. Según el texto de la resolución, la regulación de las especies exóticas debe realizarse “bajo criterios preventivos y precautorios”.

Solo seis especies a la venta
La resolución establece una lista positiva, es decir, un listado cerrado de las únicas especies exóticas que podrán venderse. Incluye cuatro aves, la cotorrita australiana, la cacatúa ninfa, el canario y el diamante cebra, y dos reptiles, el gecko leopardo y el dragón barbudo. Su comercialización estará sujeta a requisitos legales, sanitarios y de identificación, y solo podrá hacerse en veterinarias y agroveterinarias autorizadas.
Quedan fuera de ese régimen los loros habladores, las cotorras autóctonas, las tortugas, las boas y otras serpientes. Además, se prohíbe el ingreso y la permanencia en la provincia de ejemplares y material biológico reproductivo de especies restringidas o prohibidas, como las incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en las listas de especies exóticas invasoras.
En cuanto a la fauna nativa de Misiones, no se otorgarán nuevas autorizaciones de tenencia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Un registro único
La norma crea el Registro Único de Fauna (RUFA), que estará a cargo de la Dirección de Biodiversidad y tendrá dos secciones: una para los particulares que tengan animales silvestres y otra para los comercios autorizados a vender las especies permitidas. La autoridad podrá exigir anillos, microchips u otros métodos de identificación, además de la acreditación del origen legal de cada ejemplar. La inscripción, sin embargo, no habilita por sí sola a tener, criar, trasladar ni vender animales: para eso se necesitan permisos específicos.
La tenencia particular queda limitada a cinco animales vivos por persona o entidad registrada. Si varias personas inscriptas conviven en un mismo domicilio, el total también será de cinco, salvo excepciones justificadas. Para obtener la autorización, los interesados deberán presentar documentación que acredite el origen legal, un informe sanitario firmado por un veterinario, fotos del animal y de su alojamiento, y un plan de manejo elaborado por un profesional que contemple nutrición, ambiente, salud física, comportamiento y estado mental. Las autorizaciones deberán renovarse cada año, en abril, y las muertes deberán informarse dentro de los cinco días hábiles.

Plazos para regularizar
Quienes ya tengan animales alcanzados por la norma tendrán dos meses para inscribirse, y los comercios, tres. La inscripción no garantiza la aprobación: el Ministerio evaluará el origen, la especie, la documentación y las condiciones de alojamiento. Los casos de maltrato, abandono, negligencia grave o condiciones incompatibles con el bienestar animal quedarán excluidos de la regularización, y podrán derivar en medidas de protección, secuestro preventivo o decomiso de los ejemplares. Los animales que ingresen desde otras provincias deberán acreditar su origen legal y cumplir requisitos de documentación, sanidad e identificación.

La presión sobre la selva
La medida se suma a los esfuerzos de la provincia contra la caza furtiva y el tráfico de fauna en la selva paranaense, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país. Según datos difundidos en el Día Provincial del Guardaparque, que se celebró el 19 de octubre, más de 120 guardaparques protegen 22 parques provinciales, y en lo que va del año se labraron más de 200 actas de infracción, se secuestraron 25 armas y se desmantelaron más de 100 campamentos ilegales.
“Encontramos muchas infracciones de caza furtiva adentro del área”, contó Fabio Malosch, guardaparque del Parque Provincial Salto Encantado, quien explicó que buena parte de esa caza se destina a la comercialización de mamíferos y peces en grandes cantidades.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Misiones 
Fuentes Consultadas: Portal Canal Doce Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Boletín Oficial de la Provincia de Misiones.

Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

La reforma de la ley de biocombustibles pone en riesgo 14 plantas pymes y casi 10.000 empleos

El proyecto con media sanción del Senado reduce casi a la mitad la participación de las pymes en el mercado del biodiésel y abre el negocio a las grandes aceiteras, en un debate que también define el futuro de los biocombustibles en el país.

La reforma del régimen de biocombustibles que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en la Cámara de Diputados pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel en el interior del país. Según la cámara que las agrupa, la nueva ley reduciría casi a la mitad su participación en el mercado, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y amenaza unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y respaldado por el gobierno nacional, fue aprobado por el Senado el 17 de septiembre y pasó a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Busca reemplazar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, que elimina los precios fijados por la Secretaría de Energía y desregula el mercado.

Qué cambia para el biodiésel
Hoy, el gasoil que se vende en el país debe contener un 7,5% de biodiésel, y ese volumen es abastecido en su totalidad por productores no integrados, en su mayoría pymes regionales, que compran el aceite de soja a las grandes aceiteras. La reforma eleva la mezcla total, pero reduce la porción reservada a las pymes a un piso del 4% y abre un segmento de libre negociación del 6%, en el que competirían las grandes agroexportadoras.
Según los cálculos difundidos por el sector, la producción de las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Con ese volumen, solo 11 de las 25 plantas podrían seguir operando. Las restantes, distribuidas en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, quedarían en riesgo de quiebra.

La concentración del mercado
El conflicto enfrenta a las pymes con las grandes aceiteras. Las 25 productoras pequeñas y medianas tienen, cada una, una participación de mercado del 5% o menos, pero elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio. En cambio, las grandes procesadoras de soja controlan la materia prima, que representa el 80% del costo de producción. Del lado de los compradores, YPF concentra el 59% de las adquisiciones y las principales petroleras, el 92% del mercado.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dejar que las aceiteras ingresen al mercado interno a costa de las pymes concentraría la producción en pocos grupos empresarios, en su mayoría ubicados en el polo agroexportador de Santa Fe. Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que, si las grandes empresas quieren entrar al mercado interno, debería hacerse aumentando el cupo total de biodiésel y no reduciendo el de las pymes.

La contrapropuesta de las pymes
La cámara propone elevar el corte de biodiésel al 12,5% del gasoil, dividido en tres segmentos: un 5% para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos, un 2,5% para pymes portuarias no integradas y un 5% abierto a las grandes exportadoras. También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por licitaciones competitivas.
Según Cepreb, el sector genera más de 1.000 millones de dólares anuales, sostiene a unas 400 extrusoras regionales de soja y produce un combustible con emisiones de gases de efecto invernadero un 69% menores que las del gasoil fósil.

Un debate también ambiental
Los biocombustibles son una de las herramientas con las que la Argentina reduce las emisiones del transporte, uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por eso, más allá de la disputa económica, la reforma define cuánto biocombustible se mezclará con los combustibles fósiles en los próximos 15 años y quién lo producirá.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo régimen amplía los cortes obligatorios, incorpora competencia y elimina distorsiones de precios. Las pymes, en cambio, advierten que la desregulación favorecerá a los grandes jugadores y pondrá en riesgo un entramado productivo distribuido en el interior, vinculado a las economías regionales.
La media sanción en el Senado no estuvo exenta de tensiones. Según Cepreb, el senador radical Maximiliano Abad votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios, que fue rechazado. Ahora, la discusión se traslada a Diputados, donde las pymes buscan modificar el texto antes de que se convierta en ley.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Senado de la Nación Argentina, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo

La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.

Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.

Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.

Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.

La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.

Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta

El Senado debate una ley para regular el cierre de minas con garantías ambientales y financieras

Un plenario de comisiones analizará este miércoles tres proyectos que buscan llenar el vacío legal sobre qué ocurre con los yacimientos cuando terminan de producir, con planes obligatorios y fondos para remediar los sitios.

El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles una deuda pendiente de la regulación minera argentina: qué ocurre con las minas cuando terminan de producir. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable analizará tres proyectos que buscan establecer reglas para el cierre de minas, con planes obligatorios desde el inicio de la actividad y garantías financieras que aseguren la remediación de los sitios.
La reunión está prevista para el miércoles 21 de octubre a las 15, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El punto de partida es un diagnóstico compartido por las tres iniciativas: la Argentina no tiene una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas. El tema aparece solo de manera indirecta en la legislación ambiental minera, sin procedimientos, responsabilidades ni garantías detalladas.

Tres proyectos en debate
El primero de los textos, el S-285/25, pertenece al fallecido senador chaqueño Antonio Rodas y propone una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. Define el plan de cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas por la actividad y exige la constitución de garantías financieras. Alcanzaría a las nuevas unidades mineras y a las que reinicien operaciones una vez vigente la norma.
Los otros dos proyectos plantean un camino distinto: incorporar al Código de Minería un título específico denominado Régimen de Cierre de Minas. Uno de ellos, el S-257/26, lleva la firma de los senadores Flavio Fama, de Catamarca, y Edith Terenzi, de Chubut. El otro, el S-525/26, es de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. En la Cámara de Diputados también hay una iniciativa sobre el tema, el expediente 5793-D-2025.

Qué proponen
Las iniciativas coinciden en exigir que las empresas presenten un plan de cierre al comienzo de la actividad, junto con el informe de impacto ambiental, y que lo actualicen de manera periódica durante la vida útil del yacimiento. Los proyectos de Fama y Corpacci obligan, además, a constituir fondos o instrumentos financieros específicos para cubrir los costos del cierre y del poscierre, que el Estado podría ejecutar si la empresa no cumple.
Ambas propuestas también crean mecanismos fiduciarios o fondos permanentes para financiar el monitoreo ambiental una vez concluido el poscierre, cuando ya no hay actividad pero los riesgos de contaminación pueden persistir durante décadas. La iniciativa de Fama y Terenzi incluye, por otra parte, la obligación de que la autoridad de aplicación institucionalice procedimientos de participación ciudadana antes de aprobar cada plan y garantice el acceso público a la información.

Las minas que quedaron atrás
La falta de reglas claras tiene consecuencias visibles. En la Puna del noroeste argentino, las minas La Concordia, La Poma y Pan de Azúcar dejaron de operar sin un plan de cierre adecuado. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas detectó en esos sitios drenaje ácido de mina, un proceso por el cual los sulfuros de los residuos se oxidan con el agua y el aire y liberan metales pesados. La contaminación alcanzaba aguas superficiales, suelos, sedimentos y vegetación, y los autores advirtieron que el daño continuará si no se realizan tareas de remediación.
El debate no es nuevo en el Congreso. En 2022, el Senado ya había analizado proyectos sobre el tema, con la participación de funcionarios de Catamarca, provincia que desarrolló su propia normativa a partir del cierre de Bajo de la Alumbrera, tras más de 15 años de producción. Sin embargo, aquellas iniciativas no llegaron a convertirse en ley.

La comparación con los países vecinos
Los fundamentos de los proyectos señalan que Chile y Perú cuentan desde hace años con leyes específicas sobre el cierre de faenas mineras, mientras la Argentina mantiene un vacío legal. En Perú, la Ley 28.090, vigente desde 2003 y actualizada en 2025, obliga a las empresas a presentar planes de cierre y a constituir garantías financieras. En Chile, la Ley 20.551, en vigor desde 2012 y fiscalizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, estableció exigencias similares.
El debate llega en un momento de fuerte expansión de la actividad minera en el país, impulsada por el cobre y el litio, con grandes proyectos en provincias cordilleranas. Para las comunidades cercanas a los yacimientos, la discusión es clave: define quién se hará cargo de los residuos, las escombreras y los diques de colas cuando las empresas se vayan, y si el costo de la remediación recaerá sobre ellas o sobre el Estado.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Parlamentario, Portal Chubutline, Portal Futuro Sustentable, Senado de la Nación Argentina

La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

Un megacentro de datos en Chubut avanza sin datos sobre su consumo de agua ni su impacto ambiental

El proyecto de una empresa polaca, anunciado con una inversión de 3.300 millones de dólares y una demanda de hasta 3.000 megavatios, no informa cuánta agua usará en una provincia en emergencia hídrica, mientras los pedidos de informes siguen sin respuesta.

El anuncio de un megacentro de datos para inteligencia artificial en Chubut, con una inversión de 3.300 millones de dólares, avanza sin información pública sobre cuánta agua y energía consumirá ni sobre su impacto ambiental. A casi tres meses de la firma del acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa, no se conocen la ubicación definitiva, el tamaño real de la obra ni los estudios ambientales, y los pedidos de informes oficiales siguen sin respuesta.
El proyecto, denominado Atlas GigaHub, pertenece a Green Capital, una compañía de capitales polacos dedicada a la generación de energía limpia que no tiene antecedentes en la construcción de centros de datos. A fines de julio, su director ejecutivo, Michał Polanowski, firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador Ignacio Torres. La empresa asegura que contará con socios tecnológicos de Finlandia, Francia, China y los Países Bajos. En 2024, la misma firma había anunciado una planta de hidrógeno verde en la provincia que nunca se concretó.

Una demanda energética gigante
Según lo anunciado, el centro tendría una capacidad de hasta 3.000 megavatios en su máxima potencia, un consumo similar al de todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, y se proyecta para 2033. Se dedicaría a procesar datos para empresas de inteligencia artificial y podría convertirse en el primer centro de hiperescala del país. Para dimensionarlo: la Argentina tiene 47 centros de datos, 31 de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y solo 13 superan un megavatio de potencia.
Green Capital alquila desde hace más de un año unas 130.000 hectáreas alrededor de Trelew para instalar parques eólicos y solares. La empresa sostiene que el 80% de la energía sería renovable al inicio de las operaciones, pero no precisó de dónde saldría el resto. Los especialistas advierten que, incluso con energía limpia, estos centros suelen tener generadores a gas o diésel como respaldo. Además, la Secretaría de Energía de la Nación exige que los nuevos centros de datos se abastezcan por cuenta propia de la electricidad que necesitan.

El interrogante del agua
El punto más sensible es el agua, que se usa en grandes cantidades para refrigerar los equipos. La compañía afirma que empleará un sistema de enfriamiento directo sobre los chips, en circuito cerrado, que reduciría la demanda en más de un 90%, pero no informó cuál sería el consumo real ni respecto de qué se calcula esa reducción.
La falta de datos preocupa en una provincia que atraviesa una emergencia hídrica, declarada por la Legislatura por la caída histórica del caudal de sus principales ríos.
Green Capital aseguró que inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, aunque no hay información oficial sobre sus alcances. La ley provincial exige una audiencia pública antes de cualquier autorización, aunque su resultado no es vinculante. La Municipalidad de Trelew informó que no inició ningún expediente vinculado al proyecto, cuya ubicación podría ser la subzona franca de la ciudad o una estancia a unos 20 kilómetros del centro.

Silencio oficial y reclamo vecinal
El 6 de agosto, la Legislatura aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Norma Arbilla, que el Ejecutivo provincial no respondió. “No sabemos cuál es el estado de situación de la empresa”, señaló Arbilla, quien advirtió que tampoco se conocen el tamaño del centro, su consumo energético ni su sistema de refrigeración. Los pedidos de acceso a la información presentados ante el gobierno y la Secretaría de Ambiente provincial tampoco tuvieron respuesta.
En Trelew surgió el grupo vecinal Trelew Libre de Data. Su integrante Analía Bignone cuestionó que todo se haga “a espaldas de los vecinos”. La especialista en tecnología Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, recordó que la huella de estos centros no se limita a las emisiones de carbono, sino que incluye ruido, calor, movimiento de suelos y chatarra electrónica.

Experiencias en otros países
Los conflictos por los centros de datos se multiplican en el mundo. En Chile, la Justicia obligó a Google a replantear un proyecto que preveía usar 7,6 millones de litros de agua por día para refrigeración, y en Uruguay la empresa también debió modificar una iniciativa para reducir su consumo. En Finlandia, la Justicia suspendió la construcción de centros de datos de Google. En Estados Unidos, el 71% de la población se opone a tener uno en su comunidad, según una encuesta de Gallup.
Las experiencias de los países vecinos muestran que, en el Sur Global, la carrera por atraer la infraestructura de la inteligencia artificial pone en juego recursos estratégicos como el agua y la energía. En Chubut, por ahora, las preguntas superan a las respuestas.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Chequeado, Legislatura del Chubut