Ambiente sin conducción: la Nación lleva más de un mes sin subsecretario

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La renuncia de Fernando Brom dejó vacante la conducción de la Subsecretaría de Ambiente. Aunque el despacho quedó transitoriamente bajo la órbita del secretario de Turismo y Ambiente, la falta de una autoridad específica profundiza los interrogantes sobre el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda del Gobierno nacional.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación lleva más de un mes sin una autoridad política propia. Fernando Brom renunció al cargo con efecto desde el 26 de junio y, hasta el momento, el Gobierno no anunció a su reemplazante. La situación vuelve a exponer el debilitamiento institucional de un área estratégica para coordinar políticas climáticas, proteger los recursos naturales y representar al país en los principales debates ambientales internacionales.
La renuncia fue aceptada mediante la Resolución 62/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial. La misma norma encomendó al secretario de Turismo y Ambiente la atención y firma del despacho de la Subsecretaría, como mecanismo transitorio para garantizar la continuidad administrativa. En términos estrictos, el organismo no se encuentra completamente paralizado, pero carece de una autoridad dedicada exclusivamente a conducirlo y fijar sus prioridades.
La diferencia no es menor. La firma de expedientes permite sostener el funcionamiento cotidiano, pero no reemplaza la conducción política necesaria para negociar partidas presupuestarias, coordinar posiciones con las provincias, impulsar nuevas regulaciones o intervenir en discusiones que enfrentan intereses productivos, económicos y ambientales.

Un área estratégica relegada
La estructura ambiental nacional tiene competencias sobre recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión climática, evaluación y control ambiental y articulación con las distintas jurisdicciones. También interviene en cuestiones vinculadas con bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales.
La prolongación de la vacante aparece, por lo tanto, como algo más que una demora administrativa. Constituye una señal política sobre la posición subordinada que ocupa la agenda ambiental dentro de un Gobierno concentrado en la desregulación económica, el impulso de inversiones extractivas y la reducción de la estructura estatal.
Desde diciembre de 2023, el área ambiental perdió jerarquía institucional y quedó incorporada a una secretaría que también concentra las políticas de turismo. La falta de un subsecretario profundiza ese proceso y reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir con una mirada ambiental propia frente a decisiones relacionadas con minería, hidrocarburos, infraestructura, energía y explotación de recursos naturales.
Uno de los debates más sensibles es el futuro de la Ley de Glaciares. En un escenario marcado por el avance de proyectos de cobre, litio y oro en zonas cordilleranas, la autoridad ambiental debería aportar criterios técnicos, coordinar con las provincias y garantizar que las decisiones productivas respeten los presupuestos mínimos de protección establecidos por la legislación nacional.
La ausencia de una conducción específica también puede afectar el vínculo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones. Ese espacio resulta fundamental para coordinar políticas sobre incendios forestales, bosques nativos, residuos, biodiversidad, cambio climático y evaluación de grandes proyectos.

La agenda climática, sin un referente definido
El vacío institucional se produce, además, en un momento clave para la política climática. Argentina debe sostener sus compromisos bajo el Acuerdo de París, avanzar con planes de adaptación, actualizar inventarios de gases de efecto invernadero y definir estrategias para reducir emisiones en sectores como energía, transporte, producción e infraestructura.
A ello se suma la preparación de la posición argentina para la COP31, que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Históricamente, la autoridad ambiental nacional tuvo un papel central en la coordinación técnica de la delegación argentina y en la articulación con Cancillería, las provincias, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.
Sin un funcionario claramente responsable, el país llega debilitado a una negociación internacional en la que estarán en juego el financiamiento climático, la adaptación, la transición energética y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
La vacancia también puede generar consecuencias económicas. Los mercados internacionales, los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión incorporan cada vez más exigencias sobre trazabilidad, emisiones, biodiversidad y estándares ambientales. Una política nacional sin conducción clara no solo debilita los controles, sino que reduce la previsibilidad para las propias actividades productivas.
La designación de un nuevo subsecretario no resolverá por sí sola el retroceso de la política ambiental. Sin embargo, la demora en cubrir el cargo revela una definición más profunda: mientras se aceleran las decisiones vinculadas con minería, hidrocarburos e infraestructura, la autoridad encargada de evaluar y controlar sus consecuencias permanece sin una conducción política específica.
En un contexto atravesado por incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso del territorio, mantener vacante la principal autoridad ambiental operativa del Estado nacional no constituye un detalle burocrático. Es la expresión institucional del lugar marginal que el Gobierno le asigna actualmente a la protección del ambiente.
.

Buques chinos que depredaban el Mar Argentino recibieron multa multimillonaria pero seguirán pescando 

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Nacional


La depredación que sufre el Atlántico Sur, vía una flota de al menos 600 buques extranjeros que se mantiene sobre la milla internacional 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue generando controversia pero también respuestas por parte del Gobierno nacional. En esa línea, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca impuso una sanción contra dos buques ligados a China que operaban de forma ilegal en la ZEE. En concreto, se les estableció una multa del orden de los $2.700 millones de pesos. Las embarcaciones en cuestión llevan el nombre de Bao Feng y Bao Win y operan bajo control de capitales de la potencia asiática aunque con base fiscal fijada en Samoa. Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.
Se indicó de forma oficial que, para eludir regulaciones globales y abaratar costos operativos, ambos buques utilizan "banderas de conveniencia". Así, el Bao Feng opera bajo pabellón de Vanuatu, mientras que el Bao Win figuraba en los registros marítimos de Panamá.
Tras la detección inicial por parte de las autoridades locales, la presión diplomática llevó a Vanuatu a darles de baja su registro, maniobra que la empresa resolvió rápidamente reembanderando a la embarcación en Tanzania para no perder la capacidad de navegación.
La autoridad pesquera dispuso un castigo económico equivalente a un millón de Unidades de Pesca para cada uno de los barcos. En términos monetarios, la cifra combinada escala por encima de los $2.700 millones de pesos, en lo que representa una de las sanciones económicas más duras desde que se ampliaron los controles a la pesca ilegal en aguas nacionales.
"Argentina reafirma su política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal. Logramos la detección temprana y sancionamos a estos buques en defensa de la soberanía y de la sustentabilidad de nuestros recursos marinos", dijo al respecto el vocero presidencial, Adrián Ravier, tras dar cuenta de la sanción aplicada.
La medida responde a la aplicación de la Disposición 20/2026 impulsada por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Esta normativa cierra grises legales utilizados en las últimas décadas por las flotas extranjeras para eludir sanciones cuando no eran abordadas de forma "física" en el mar.

El Gobierno acentúa el control en torno a la milla 200
El procedimiento contra el potero Bao Feng se inició en enero tras su detección en aguas nacionales por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA). El buque en cuestión navegó durante más de una hora y media a velocidad reducida e inferior a los cuatro nudos, un patrón técnico que la reglamentación tipifica como "maniobra directa de faena".
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó en su momento que la infracción fue confirmada mediante la plataforma de rastreo satelital Skylight. Este entrecruzamiento de datos consolidó una prueba electrónica irrefutable ante la Justicia administrativa sin necesidad de exponer a la PNA a un abordaje en altamar.
Semanas después, el buque Bao Win incurrió en una maniobra idéntica dentro de la jurisdicción nacional. La inteligencia de tráfico marítimo documentó "desplazamientos anómalos". Y aplicó el mismo criterio reglamentario, confirmando la conducta ilícita de la embarcación asiática sobre los bordes del límite marítimo.
A tono con este escenario, especialistas en conservación marina afirmaron que "la rapidez con la que estas empresas cambian de bandera e ignoran las normativas expone la debilidad de los controles internacionales sobre las 'flotas oscuras' que operan en la Milla 201".
La normativa argentina establece que la navegación sin autorización a velocidades menores a seis nudos determina una presunción de pesca ilícita. Con este mecanismo, el Gobierno convierte la telemetría satelital en multas efectivas ejecutables sobre las empresas multinacionales.

Sanción a buques chinos pero igual sigue la pesca ilegal
Pese al impacto de la multa, debe mencionarse que la aplicación de la sanción económica no impide que estas embarcaciones continúen con la extracción de recursos. Una vez cubierta la penalización establecida por el área de Pesca, debe aclararse que tanto el Bao Feng como el Bao Win podrán retomar sus operaciones a partir de la milla 201.
Al tratarse de aguas internacionales, la legislación argentina no cuenta con potestad jurídica para incautar las embarcaciones ni para prohibirles la libre navegación fuera de las 200 millas. Para las grandes corporaciones pesqueras chinas, las multas multimillonarias terminan siendo absorbidas como un costo operativo más dentro de sus campañas extractivas.
Esta incursión dentro del Mar Argentino forma parte de un fenómeno estructural. Como publicó iProfesional, en los últimos años las flotas de origen chino y europeo elevaron un 85% la intensidad de la pesca en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, la estrategia de las empresas asiáticas abarca el mercado interno. Según reveló un reciente informe de este medio, los conglomerados chinos compraron acciones en empresas pesqueras nacionales y ya controlan el 63% de la flota potera que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura del calamar.
.

Las ballenas sei en la Patagonia argentina vuelven tras 100 años y la ciencia las rastrea desde el espacio

Fecha de Publicación: 01/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Patagonia


Las ballenas sei en la Patagonia argentina reaparecieron en aguas del Golfo San Jorge después de casi un siglo de desaparición por caza intensiva, y ahora un equipo científico las monitorea con tecnología satelital para proteger sus rutas migratorias. El tercer animal más grande del planeta, catalogado en peligro crítico de extinción, convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la biología marina.
Un estudio liderado por Mariano Coscarella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que estos cetáceos se alimentan en el Golfo San Jorge entre octubre y junio, y luego migran hacia las costas de Brasil para reproducirse. El equipo incluye especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y Rewilding Argentina.
El rastreo satelital de ballenas sei se realiza mediante dispositivos que se implantan en la piel y grasa de los ejemplares, con una duración de entre 30 días y cuatro meses según el tipo de tecnología. El satélite captura la información cada vez que el animal sale a respirar, permitiendo reconstruir sus rutas completas. Dos ejemplares están siendo monitoreados en tiempo real.
La ballena sei (Balaenoptera borealis) puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso. Es uno de los cetáceos más veloces del océano y se caracteriza por su cuerpo estilizado de color gris con vientre blanco. Permanece como una de las especies más desconocidas del océano, según informó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam.

El Golfo San Jorge se convirtió en zona de alimentación crítica para la especie
Las ballenas sei se acercan a la región entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly buscando langostilla, copépodos y pequeños peces pelágicos, según explicó Coscarella a Mongabay Latam. Los copépodos son crustáceos microscópicos que forman parte del plancton y constituyen el alimento base de muchos cetáceos. Durante ocho meses al año, las ballenas permanecen en estas aguas acumulando reservas de grasa.
En junio, los animales inician una migración hacia el norte. Algunos lo hacen sobre la plataforma costera, otros por aguas profundas, pero todos se dirigen al sur de Brasil. “Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella a Mongabay. El monitoreo satelital busca identificar con precisión las zonas de reproducción.
Los resultados del estudio pueden determinar la creación de áreas protegidas marinas en el Golfo San Jorge y zonas de protección en las costas brasileñas, según los expertos. El trabajo científico permitirá establecer corredores seguros para la especie y regular actividades humanas que puedan interferir con sus rutas.
Tecnología satelital puede salvar al tercer animal más grande del mundo
La ballena sei estuvo desaparecida durante casi 100 años como consecuencia de la caza industrial que la llevó al borde de la extinción. En 2024, un equipo de científicos marinos halló el rastro de un ejemplar en el litoral patagónico, confirmando el regreso de la especie. Desde entonces, los monitoreos verificaron un crecimiento poblacional histórico en los últimos 15 años.
“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella. La información recopilada permitirá diseñar estrategias de conservación basadas en datos concretos sobre el comportamiento de los animales.
La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común (Balaenoptera physalus). El Golfo San Jorge se confirmó como un espacio indispensable para la supervivencia de la especie en el Atlántico Sur.
.

El reciclaje de plásticos cayó 11% en Argentina durante 2025

Fecha de Publicación: 01/08/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Nacional


La industria del reciclaje de plásticos en la Argentina procesó 235.352 toneladas de residuos durante 2025, un volumen que representa una caída interanual del 11% y refleja el impacto de la retracción del consumo interno y de la volatilidad del mercado internacional sobre la actividad.
Los datos surgen del Índice de Reciclaje 2025, elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS), a partir de un relevamiento realizado entre 150 empresas de todo el país. El informe ofrece una radiografía del desempeño del sector y, al mismo tiempo, plantea los desafíos que enfrenta la cadena de valor para consolidar el crecimiento de la economía circular.
Del total de plásticos recuperados, 198.025 toneladas correspondieron al reciclado mecánico, que registró una disminución del 15% respecto del año anterior. En cambio, la revalorización energética mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 23%, hasta alcanzar las 37.327 toneladas. Esta tecnología permite aprovechar el alto poder calorífico de los residuos plásticos como combustible alternativo en hornos cementeros.
Según el informe, la baja en los volúmenes reciclados responde principalmente a la menor demanda de materiales, producto de la desaceleración del consumo en Argentina y de las fluctuaciones de precios que atraviesa el mercado internacional de los plásticos reciclados.
Como consecuencia de este contexto, la proporción de plásticos posconsumo domésticos reciclados descendió al 14,6% durante 2025, frente al 25,8% registrado el año anterior. Asimismo, la participación del plástico reciclado sobre el total del consumo nacional cayó al 12,44%, desde el 16,66% alcanzado en 2024.
Frente a este escenario, la directora ejecutiva de Ecoplas, Verónica Ramos, señaló que los resultados reflejan tanto el impacto de las condiciones económicas como los desafíos estructurales que enfrenta el país.
«Los resultados de este año reflejan el impacto que pueden tener las condiciones del mercado sobre el reciclado, pero también ponen en evidencia los desafíos estructurales que aún tenemos por delante. Es fundamental avanzar con políticas como una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases, tal como existe en Europa desde hace más de veinte años y también en algunos países de la región, como Uruguay y Chile. Además, es necesario desarrollar la infraestructura y la logística, mejorar la gestión integral de los residuos, fortalecer la educación ambiental y promover la separación en origen. De esta manera, se generará un circuito virtuoso en todo el país, donde los plásticos posconsumo se incorporen al sistema productivo como nuevos recursos», afirmó.
A pesar del retroceso registrado durante el último año, el informe destaca que la evolución del reciclaje plástico en Argentina mantiene una tendencia positiva de largo plazo. En poco más de dos décadas, el volumen de materiales recuperados se multiplicó por cinco, consolidando al reciclaje como uno de los pilares del desarrollo de la economía circular.
El sector también remarca que la industria recicladora cuenta con presencia federal, capacidad instalada y tecnología para incrementar el procesamiento de residuos. Junto con transformadores, productores de materias primas y empresas de consumo masivo, la cadena viene impulsando iniciativas vinculadas al ecodiseño, las certificaciones de contenido reciclado y el desarrollo de nuevos productos fabricados con resinas recicladas.
En ese marco, Ecoplas y CAIRPLAS sostienen que el principal desafío pasa por consolidar un marco regulatorio que garantice el abastecimiento de materiales reciclables, fortalezca la gestión integral de los residuos y genere previsibilidad para nuevas inversiones. La aprobación de una ley nacional de responsabilidad extendida del productor aparece, según el sector, como una herramienta clave para potenciar el reciclaje, aumentar la recuperación de envases y seguir generando empleo, innovación y valor agregado dentro de la economía circular argentina.
.

El sorprendente aumento de guanacos en Santa Cruz: de 200.000 a 2 millones en 20 años

Fecha de Publicación: 31/07/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Santa Cruz


Un estudio del CAP, WCS y CONICET confirmó que la población de guanacos crece en Santa Cruz. Buscan equilibrar su conservación con la producción ganadera.
En el año 2000, el gobierno de Santa Cruz llevó adelante un censo según el cual había entre 220.000 y 240.000 guanacos en la provincia. Trece años más tarde, de acuerdo con el censo aéreo realizado en 2013 por el Consejo Agrario Provincial (CAP) junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el Aeroclub Río Gallegos, el número había alcanzado el millón de animales. Esta semana se conocieron los resultados de los relevamientos terrestres más recientes, realizados por el CAP, la organización WCS Argentina y el CONICET, y el resultado es contundente
La población de guanacos en Santa Cruz ronda los 2 millones de ejemplares durante la estación fría (abril-septiembre) y los 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), en un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% del territorio provincial. Los niveles de incertidumbre de estas estimaciones —15% para la temporada fría y 7% para la cálida— se ubican dentro de los rangos esperables para este tipo de estudios sobre fauna silvestre.

La tendencia de crecimiento en la última década
Al comparar estos resultados con el último relevamiento metodológicamente equivalente, correspondiente a 2013, los investigadores identificaron una tendencia de incremento de la población provincial de guanacos durante la última década, aunque advierten que su magnitud probablemente varíe según los distintos paisajes de la provincia.
El estudio también reveló una marcada heterogeneidad en la distribución de las poblaciones según la zona. Este dato —sumado a la disputa por pasturas y agua entre la fauna silvestre y la ganadería— refuerza, según los autores, la necesidad de seguir desarrollando herramientas de manejo que favorezcan la coexistencia y la conservación de los pastizales frente a una aridez creciente.
En ese sentido, WCS Argentina trabajó junto a los equipos técnicos del CAP en el procesamiento y el modelado de los datos relevados en 2023. Entre las acciones conjuntas impulsadas por ambas instituciones se destaca la instalación de protectores en aguadas, orientada a reducir la competencia por el recurso hídrico entre la fauna silvestre y la producción ganadera ovina y vacuna.

Primeros mapas de densidad de guanacos
El informe constituye la estimación más actualizada de abundancia de guanaco disponible para Santa Cruz y ofrece una base científica para diseñar estrategias de monitoreo, manejo y conservación a escala provincial.
Como parte del trabajo, se generaron los primeros mapas estacionales de densidad con una resolución de 4 km² elaborados para la provincia, acompañados de mapas de incertidumbre que permiten evaluar el grado de precisión de las estimaciones en cada sector del territorio.
Los autores aclaran que esa información, si bien es clave para orientar decisiones a escala provincial, no reemplaza los estudios complementarios que se requieren para tomar decisiones de manejo a nivel local o predial.
"Que las autoridades provinciales hayan invested en desarrollar este análisis es un paso fundamental para contar con información confiable y actualizada, que hoy es imprescindible para tomar decisiones de manejo y conservación basadas en evidencia", sostuvo Andrés Novaro, coautor del informe y director de conservación terrestre de WCS Argentina, organización que trabaja en la conservación y el manejo sustentable del guanaco en la Patagonia desde hace tres décadas.

Metodología validada internacionalmente
El relevamiento aplicó Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una técnica estandarizada a nivel internacional para el monitoreo de poblaciones silvestres, e incorporó ajustes respecto de limitaciones detectadas en estudios anteriores. El área de predicción se restringió al rango efectivamente recorrido en el terreno, lo que —según los responsables del estudio— garantiza que los resultados reflejen condiciones observadas y no proyecciones sobre datos no verificados.
Al tratarse de la misma metodología utilizada en el censo de 2013, los investigadores pudieron realizar una comparación temporal válida entre ambos períodos.
Desde el CAP y WCS Argentina coincidieron en la importancia de continuar generando información científica actualizada que permita seguir la evolución de la población de guanacos y su distribución en el tiempo, bajo un enfoque metodológico consistente. El objetivo central es avanzar hacia esquemas de manejo que equilibren la conservación de la fauna nativa con la sustentabilidad de la producción ganadera y la recuperación de los pastizales patagónicos.
"Contar con datos científicos rigurosos y actualizados es fundamental para tomar decisiones informadas y responsables en el territorio. La alianza y el trabajo técnico conjunto con WCS Argentina nos aportan una base de información altamente relevante para avanzar en la dirección correcta: nos brinda las herramientas necesarias para consolidar el Plan de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, garantizando que nuestras acciones resguarden la salud de los pastizales nativos y eviten impactos ambientales negativos, al mismo tiempo que impulsamos un desarrollo con resultados positivos y tangibles en materia social, económica y cultural para Santa Cruz", destacó Hugo Garay, en representación del Consejo Agrario Provincial.

El guanaco como recurso estratégico
El guanaco es considerado un componente clave de la biodiversidad patagónica y, a la vez, un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable (fibra, carne y derivados). Para los responsables del estudio, la evidencia de una población consolidada y en crecimiento indica que la especie encuentra en la actualidad condiciones favorables para su desarrollo en la provincia.
En ese marco, remarcaron que la información científica generada resulta clave para consolidar planes de manejo ambiental que eviten la sobrecarga de los campos, resguarden la productividad de los pastizales nativos y permitan sostener un equilibrio entre la conservación de la fauna y la salud de los ecosistemas de Santa Cruz.
.

Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
.

El plebiscito que frenó una megaobra hace 30 años vuelve a estar en peligro y las voces de alerta crecen en Misiones 

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


Represas en Misiones: el 14 de abril de 1996, un plebiscito vinculante marcó la historia ambiental de la provincia. El 88% de los habitantes votó "no" a la construcción de una central hidroeléctrica en Corpus Christi, cerca del pueblo de San Ignacio.
El sitio elegido estaba en plena selva de Paraná. Una zona estrecha, con gran caudal. El proyecto era similar al de Yacyretá, que había sido inaugurada oficialmente apenas dos años antes.
Según publicó la periodista Karina Ocampo en el sitio EconomiaSustentable.com, como en el complejo hidroeléctrico binacional, el tratado nacía de un acuerdo entre Argentina y Paraguay. El objetivo era aprovechar la energía hidráulica en la región, pero la resistencia ciudadana transformó ese "no" en ley provincial.
La Ley Provincial 3.294 —ahora LEY XI – Nº 5— ratificó el resultado del plebiscito. No solo prohíbe la construcción de represas sobre el tramo del río Paraná que corresponde a Misiones. También deja cualquier proyecto similar en manos de la población, sin importar dónde se emplace.

Por qué Misiones rechazó las represas en los años 90
Eduardo Luján es referente socioambiental de la Mesa Provincial No a las Represas. Actualiza la información sobre esta lucha desde la cuenta oficial de la organización.
Recuerda que en la década del 90 se hablaba de tres posibilidades. Una era Corpus Christi. Otra estaba en la isla Pindoí. Había una tercera ubicada unos kilómetros más arriba.
"En aquel momento hubo una gran resistencia de la ciudadanía", dice Luján. La oposición tenía razones concretas: los graves efectos ambientales, sociales y sanitarios que había generado Yacyretá.
Se sumaban los efectos de Itaipú, la represa brasileña ubicada aguas arriba de Iguazú. El impacto en los ecosistemas de las más de treinta represas que construyó Brasil entre los ríos Iguazú, Uruguay, Paraná y sus afluentes es enorme, aseguran los opositores. según indicó EconomíaSustentable.com.
Entre las consecuencias destacan: pérdida irreparable de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, y alteración de ciclos de sedimento.

Quiénes intentan revivir el proyecto de Corpus Christi
Luján señala que algunos ex diputados y actuales legisladores del oficialismo —de La Libertad Avanza— intentan promover un debate sobre la construcción de Corpus Christi.
"Nosotros tenemos todos los argumentos de que está prohibido", asegura. La ley surge con el respaldo de la Constitución y tiene rango constitucional, porque la reforma del año 94 estableció una serie de elementos jurídicos que la protegen. Solo considerándola inconstitucional podría llegar a ser derogada.
El 10 de mayo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció un acuerdo con Taiwán. El proyecto Yguazú Digital avanzó en un memorándum de entendimiento para un "Centro Soberano de Computación de Inteligencia Artificial".
Ese tipo de instalaciones necesitan grandes cantidades de energía. Al igual que las generadoras de bitcoin. Por esa razón, explica Luján, el proyecto no sería en provecho de la población local.
"Más allá del histórico interés de empresas constructoras, con la aparición del RIGI y todos estos beneficios para las grandes corporaciones, hay miradas de algunos inversionistas pretendiendo avanzar sobre disposiciones y leyes avaladas por la ciudadanía", advierte.

Cómo se organizó la resistencia en Misiones
En 2010 se empezó a hablar de un nuevo proyecto: Garabí Panambí. En ese momento se conformó la Mesa Provincial No a las Represas. según indicó EconomíaSustentable.com.
La integran más de 40 organizaciones ambientalistas, sociales y religiosas. Distintos cleros de la provincia: evangélicos, católicos, obispados. Desde los inicios contaron con el acompañamiento del obispo Joaquín Piña, de la diócesis de Iguazú.
Sus seguidores continúan esa línea. Se sumaron sindicatos como la CTA, movimientos campesinos, la Asociación de Plantadores de Yerba Mate (APAM), el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y más.
"Garabí Panambí fue parado por un fallo de una justicia brasileña", explica Luján. El fallo prohibió avanzar con esa obra porque afectaba un parque nacional de Brasil frente a los Saltos del Moconá, patrimonio de las Naciones Unidas.
"Desde ese momento hasta ahora hemos mantenido siempre alguna actividad mínima, más preventiva que otra cosa. En los últimos meses hemos comenzado a accionar nuevamente porque avanzan sobre la posibilidad de discutir Corpus", agrega.
Un artículo reciente del medio Mongabay señala que el proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad. Significa que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3.500 megavatios (MW) de potencia.

Qué acciones llevan adelante los ambientalistas misioneros
A 30 años de aquel plebiscito por el "no", la Mesa realizó acciones en Posadas con mucho movimiento y adhesiones.
Hace un mes pidieron audiencia ante el gobernador. Todavía no tuvieron respuesta. El 31 de julio, los integrantes de la Mesa se reunirán en Aristóbulo del Valle para delinear qué acciones llevarán adelante ante esa falta de respuesta.
"La misma ley 11 número 5 del Digesto Misionero establece en su articulado que le indican y le instruyen al gobernador la necesidad de que sea él quien advierta que está prohibido a quienes intentan avanzar sobre algún tipo de estas megaobras", dice Luján.
El referente remarca la necesidad de advertir a las autoridades paraguayas que no deberían avanzar. Pero la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP) —que tiene la función de administrar y mejorar el uso del río— ha ejercido presión desde el lado de Paraguay.
Su director, Guardo Enrique, dijo que el proyecto nunca fue abandonado.

Cuáles son los problemas ambientales que enumera la Mesa
Eduardo Luján enumera los problemas ambientales existentes en Misiones: el desmonte, la pérdida de masa boscosa, el avance del monocultivo de pino, la pérdida de biodiversidad, los niveles de contaminación.
Un cambio climático acelerado por todo lo anterior. "La proliferación grandísima que ha habido en la provincia de vectores que transmiten fiebre amarilla, paludismo, dengue", agrega.
En lo social, la pérdida de fuente de trabajo. Una represa genera la erradicación de sus lugares de origen a miles de personas, y la situación se viene agravando en términos generales.
El acompañamiento del voto popular se ha manifestado a lo largo de 30 años de diferentes maneras. Con actividades culturales, bicicleteadas y movilizaciones. El objetivo es mantener el tema en agenda y reafirmar el "no" contra las represas en Misiones. según indicó EconomíaSustentable.com.

Las voces jóvenes que heredaron la lucha contra las represas
Jazmín Furlán tiene 16 años. Vive en la localidad de Cerro Corá, en el municipio de Candelaria. Técnicamente —aclara— viven en Villa Venecia, cerca del pueblo de Cerro Corá.
En medio de la selva paranaense, la adolescente cuenta que no tienen mayores problemas con el acceso al agua. Cada chacra tiene su propia vertiente. Pero sí hay problemas en el pueblo, donde se hacen muchas perforaciones por ese mismo aspecto.
"No tenemos mayores problemáticas con agrotóxicos, ya que no hay monocultivos en este territorio, tales como soja o maíz, porque no es rentable producir en terrenos como los de Misiones", explica.
Los mayores problemas socioambientales son las titulaciones de los terrenos. Muchos pequeños campesinos no pueden acceder porque no hay una disposición legal. La mayoría de estos terrenos no están a nombre de los campesinos que los habitan y los defienden.
El padre de Jazmín vivió la histórica votación de 1996. Ella conoce desde pequeña el riesgo que implica una represa hidroeléctrica cerca de su hogar.
Autodidacta desde los 13 años, por elección propia, trabaja como docente de niños pequeños en reservas naturales. Les habla sobre microbiología, biodiversidad nativa, la importancia de la selva misionera. Qué es una reserva natural y cuál es la importancia de defenderla.
También trabaja en la construcción de huertas comunitarias sostenibles. Comparte saberes con niños y adolescentes en colegios secundarios.
Se define como "campesina y comunicadora". Cuenta que en su chacra cultivan maíz. Hicieron un cuadro de milpas sostenibles con semillas de maíz nativo criollo de una comunidad mbya cercana.
Jazmín explica que lo hicieron con trabajo comunitario de chacras locales y con biofertilizantes de su biofábrica. No solo estudia y difunde información en las redes. También habla sobre todo lo que podría peligrar de avanzar el proyecto. según indicó EconomíaSustentable.com.

Qué datos cuestionan los jóvenes ambientalistas sobre Corpus Christi
"Las autoridades a cargo del proyecto dicen públicamente que estaría evitando la emisión de 8 millones de toneladas de carbono", dice Jazmín. Ese dato es completamente irreal y los números están por fuera de cualquier estudio que se haya realizado al respecto.
Aún no se hizo siquiera la evaluación de impacto ambiental que por ley en Argentina se tiene que hacer antes de cualquier proyecto que tenga un impacto en el ambiente.
Otra cuestión relevante que menciona Jazmín: la construcción de la represa hidroeléctrica tomaría varias décadas. Al igual que los estudios.
Para construir Yacyretá se estimaron unos diez años. En 1983 se inició la construcción de las obras civiles. En 1994 comenzó a generar energía. Recién en 2011 se terminó la obra definitiva. según indicó EconomíaSustentable.com.
En Corpus Christi se habla de siete años y medio, sin siquiera haber realizado estudios al respecto.
"Entonces, cualquier falla técnica que estos megaproyectos siempre tienen, o cualquier mínima complicación, no la van a pagar los inversores del proyecto, las empresas estadounidenses y taiwanesas", advierte Jazmín.
"Las estarían pagando el pueblo misionero y los futuros consumidores de esa energía. Pero no hay nadie que esté ahora mismo informando públicamente al pueblo misionero respecto a qué está pasando en verdad con este megaproyecto", concluye la joven activista de una resistencia que cumple 30 años en Misiones.
.

Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
.

Basura en el Mar Argentino: científicos encontraron casi 30 tipos de residuos y el fondo continental es un “sumidero irreversible”

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Una investigación desarrollada en tres cañones submarinos determinó que la gran mayoría de los desechos son plásticos. Piden reforzar la prevención para evitar que se sigan acumulando.
El buque Falkor too, desde donde se transmitió la expedición Talud Continental IV que atrapó a todo el país mostrando criaturas marinas durante varias semanas, no se limitó solamente a la exploración de especies en el fondo continental argentino. El mismo barco se usó para registrar los múltiples tipos de residuos que se encuentran en el lecho marino argentino y que, por su ubicación, convirtieron al área en un “sumidero irreversible”.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por 26 científicos y publicada en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science. El artículo se denomina “Acumulación de residuos antropogénicos en aguas profundas de la Argentina: la evidencia de un sumidero irreversible” y en él también se muestran imágenes en alta definición de la basura encontrada, tomadas gracias al ROV SuBastian que también su usó para mostrar la biodiversidad marina durante el streaming del Conicet.
En total, se registraron, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 29 tipos de residuos tras un relevamiento de 55,6 kilómetros del lecho marino distribuidos en diversos cañones submarinos ubicados en aguas argentinas. La mayoría de ellos, especificó en diálogo con TN la investigadora Melisa Fernández Severini, que fue parte del equipo de trabajo, se concentró en el área de los cañones de Colorado-Rawson.
“Los elementos predominantes fueron plásticos representados por bolsas, envoltorios y recipientes, seguidos por artes de pesca (líneas, sogas y redes). También se observaron otros objetos, como prendas de vestir de tela y de goma, y una cinta VHS”, detalló quien integra el Instituto Argentino de Oceanografía (Iado - Conicet) y es directora del Grupo de Investigación en Química de Ambientes de Transición, en Bahía Blanca.
La mayoría de artículos de plástico encontrados, resaltó, “coincide con los patrones globales reportados para ecosistemas bentónicos profundos, donde este material representa la categoría de basura más persistente y extendida”.
Esos patrones globales mencionados por la investigadora son reflejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos y si no se toman medidas, esta crisis podría triplicarse hacia 2040.

Irreversible
El título del artículo que publicó Fernández Severini junto a otros 25 investigadores de la Argentina, Uruguay y Estados Unidos remite a una situación irreversible en el fondo marino argentino.
La científica explicó que se basaron en “tres argumentos principales” para catalogar la situación de esta manera. Las zonas casi inaccesibles donde se alojan los residuos, la persistencia de los mismos en el tiempo y su impacto sobre la biodiversidad explican por qué el lecho marino argentino es un “sumidero irreversible”.
“Las zonas donde se hicieron los estudios presentan corrientes que favorecen la acumulación de sedimentos y material externo, incluso la basura. En ausencia de luz y oxígeno, tanto los plásticos como las artes de pesca pueden quedar en el ambiente por décadas o siglos, provocando la destrucción de hábitats y daños físicos prolongados. Los plásticos pueden ser ingeridos de manera involuntaria por los organismos”, agregó.
Estas razones hacen que la eliminación natural de estos residuos sea casi nula y que por las profundidades alcanzadas por esos residuos (entre 1000 y 4000 metros, especificó la investigadora) tampoco sea posible hacerlo de manera manual: “No existen tecnologías viables ni escalables para la remoción de residuos a las profundidades relevadas”.

Fuentes de contaminación
Consultada sobre los orígenes de los residuos, la científica indicó que no hay una única fuente y que tampoco es local.
Al tratarse de una zona tan compleja, la basura puede provenir de muchas fuentes tanto marinas como terrestres: “Los cañones submarinos actúan como conductos que canalizan material desde la plataforma continental hacia las profundidades. La basura detectada en el mar Argentino puede tener origen tanto en actividades desarrolladas en el país como en otras regiones del Atlántico Sur”.
Estos múltiples orígenes plantean un desafío a la hora de pensar en, al menos, reducir la cantidad de residuos en el lecho marino. En ese sentido, Fernández Severini dijo: “Requiere un abordaje integral. Implica, por un lado, políticas nacionales en gestión de residuos y regulación de la actividad pesquera. Y por otro la coordinación a nivel internacional, porque una parte significativa de la basura puede provenir de la navegación y de la pesca en aguas internacionales”.

Prevención
La finalidad del trabajo es establecer una base sobre la situación del “mar profundo argentino”, dijo Fernández Severini, para diseñar políticas que apunten a su conservación.
Si bien consideró que eliminar por completo los plásticos del océano es “un objetivo lejano”, se puede ir hacia una reducción significativa de las fuentes que aportan esos contaminantes al ecosistema.
Mencionó por caso al Tratado Global de Plásticos, una herramienta que aún no logra consensos a nivel internacional a pesar de que se viene discutiendo hace años: “Si logran establecer metas vinculantes para reducir la producción de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos a nivel global y regular los materiales utilizados en la pesca y la navegación, tendrán un impacto directo en la cantidad de basura que finalmente alcanza el lecho marino”.
De todos modos, aclaró que el consenso actual en el ámbito científico internacional es que la prevención debe ser la primera opción ante esta problemática para que dejen de depositarse residuos en el lecho marino, por sobre posibles intentos de remover los que ya están allí.
Se trata de un problema global, por lo que requiere soluciones en la misma medida, indicó la científica. Y afirmó que “la única manera efectiva de proteger el mar profundo argentino es evitar que continúe ingresando basura”.
.

Patagonia protege más de la mitad de sus bosques, pero hay tres amenazas

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Lo advierte un informe del CONICET y la Asociación Argentina de Ecología. Fue elaborado por investigadores en ecología y biodiversidad. Detallaron el estado de los bosques andino-patagónicos, que ocupan 53.565 kilómetros cuadrados. Afirmaron que cuidar esos paisajes es clave para preservar la biodiversidad regional 
Un grupo de 51 investigadores con filiación en 19 instituciones convocados por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) elaboró el mapeo más completo disponible de los ecosistemas del país. Contaron con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El trabajo fue elaborado por pedido de la Dirección de Biodiversidad de la Nación.
El trabajo produjo 133 fichas de ecosistemas —marinos, acuáticos continentales y terrestres— y uno de sus resultados más llamativos aparece en el extremo sur del país.
Los bosques andino-patagónicos, una franja de vegetación que se extiende a lo largo de la cordillera, desde las provincias del norte de la Patagonia hasta Tierra del Fuego, tienen el 58,3% de su superficie bajo algún grado de protección, según el informe.
Eso equivale a 31.236 km², resguardados por una red que incluye cinco áreas de jerarquía internacional, entre ellas los Patrimonios de la Humanidad Los Alerces y Los Glaciares, y la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica. A eso se suman 13 áreas nacionales y 54 provinciales. Sin embargo, los expertos señalaron tres amenazas para los ecosistemas de la Patagonia para tener en cuenta.

El castor invasor
La primera amenaza es animal y viene del hemisferio norte. El castor canadiense es una especie exótica invasora —es decir, traída de otro lugar del mundo y que causa daño al ambiente local— que el informe de la AsAE ubica entre los principales peligros para el bosque. El animal construye diques en los cursos de agua, lo que provoca la inundación de los bosques aledaños y la destrucción de los árboles. Otras especies invasoras que también figuran en el diagnóstico son la rosa mosqueta y la avispa chaqueta amarilla.

Truchas foráneas
Los cuerpos de agua del bosque enfrentan otro problema: la presencia de salmónidos exóticos, es decir, truchas y salmones introducidos desde otras regiones del mundo. El informe menciona, entre otros, a la trucha arcoíris y a la trucha marrón. Estas especies están presentes en los mismos cuerpos de agua que peces nativos como los puyenes y las percas, propios de la región y parte de la cadena alimentaria original del ecosistema.

El deshielo que no para
La tercera amenaza es climática. El informe de la AsAE registra la retracción glaciar —la pérdida de masa de los glaciares por el aumento de la temperatura— como uno de los factores que afecta los lagos de altura de la región. Esos cuerpos de agua dependen del derretimiento controlado del hielo para mantener su nivel. Los lagos andinos de Patagonia austral, entre los que se cuenta el lago Argentino —el más grande de la Argentina, con 1.560 kilómetros cuadrados—, también reciben el impacto del cambio climático junto con el avance urbano sobre sus márgenes.

El tesoro oculto del bosque andino: fauna única y naturaleza en peligro
De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET, el bosque andino-patagónico tiene 53.565 kilómetros cuadrados de superficie total y un clima templado frío, con precipitaciones medias de 1.649 milímetros anuales.
Entre su fauna conviven el huemul, un ciervo autóctono en peligro de extinción, el cóndor, el carpintero gigante y el alerce, uno de los árboles más longevos de la región. El ecosistema presta servicios de regulación del clima, provisión de agua dulce y soporte para el ecoturismo en toda la región cordillerana.
Una de las coautoras, la investigadora en ecología del CONICET Paulina Martinetto, contó a Diario RIO NEGRO sobre la situación de las provincias de Río Negro y Neuquén. “En las dos provincias se observa una gran diversidad de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos continentales y marinos. Esto se debe principalmente a su geografía única, desde la cordillera al mar, y su posición en la Patagonia norte, región de transición climática”.
La experta destacó: “La riqueza natural que convive en Río Negro y Neuquén brinda múltiples beneficios a sus habitantes, como agua potable, alimentos, regulación del clima y ecoturismo”.
.

La Unesco advirtió por el impacto del oleoducto de Vaca Muerta y pidió frenar las obras

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: A24
Provincia/Región: Nacional


El organismo internacional expresó su preocupación por el impacto ambiental de la terminal petrolera de Punta Colorada y exigió información sobre los riesgos para el ecosistema marino.
La Unesco, a través de su Comité de Patrimonio Mundial, le reclamó al Gobierno argentino que detenga los trabajos en la terminal petrolera de Punta Colorada hasta contar con una evaluación ambiental que permita determinar el impacto del proyecto. El organismo manifestó su preocupación por los posibles efectos sobre la Península Valdés y estableció febrero de 2027 como fecha límite para recibir la documentación pendiente.
El proyecto para construir la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías enfrenta un nuevo revés. La Unesco solicitó este viernes al Estado argentino que interrumpa las obras que se llevan adelante en el lugar y presente con carácter urgente información complementaria sobre los posibles impactos ambientales de la iniciativa.
El pedido quedó plasmado en un documento difundido durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que se desarrolla en Busan, Corea del Sur. Allí, el organismo reclamó a la Argentina que suspenda los trabajos vinculados al proyecto hasta que se presente ante el Centro del Patrimonio Mundial la evaluación ambiental solicitada.
La preocupación de la Unesco está relacionada con la ubicación de la terminal petrolera de Punta Colorada, sobre la costa del Golfo San Matías y a unos 30 kilómetros de la Península Valdés, sitio reconocido como Patrimonio Mundial y área protegida de la provincia.
En diciembre de 2024, YPF comenzó la construcción del oleoducto de 437 kilómetros, una obra destinada a transportar el petróleo extraído de Vaca Muerta hasta la costa patagónica para su posterior exportación.

La preocupación por el impacto ambiental
La iniciativa generó cuestionamientos desde sus comienzos debido a que el Golfo San Matías había sido declarado área protegida por ley. Esa normativa fue modificada en septiembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, para habilitar el desarrollo del proyecto.
La discusión también sumó voces de distintos sectores. En agosto del año pasado, el obispo de Rawson, Roberto Álvarez, envió una carta al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que transmitió las preocupaciones planteadas por ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
Ahora, la Unesco volvió a expresar su inquietud por el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Según señaló, existen riesgos vinculados al traslado de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria ubicada en el Golfo San Matías.
Además, el organismo estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para que la Argentina entregue la información pendiente.
En el documento, el Comité también manifestó su preocupación porque las obras preliminares de la terminal ya se encuentran en marcha y porque, de acuerdo con los informes recibidos, la exportación de petróleo podría comenzar durante 2026.
La Unesco ya había solicitado en cuatro oportunidades información adicional al Estado argentino sobre el proyecto, cuya terminal de salida estará ubicada en Punta Colorada. En esos pedidos, el organismo había advertido sobre el riesgo potencial de generar un daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) de la Península Valdés.

Qué cuestiona la Unesco
Entre los principales puntos señalados por el organismo aparece la falta de un proceso participativo considerado adecuado para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La preocupación está centrada en los posibles efectos de la actividad sobre la fauna marina, el riesgo de colisiones con cetáceos, la contaminación acústica submarina y eventuales derrames de petróleo.
Tras los reiterados pedidos, el Gobierno argentino presentó finalmente, el 15 de diciembre de 2025, una evaluación ambiental ante el Centro del Patrimonio Mundial. El documento incluía medidas de mitigación y gestión ambiental previstas para las distintas etapas del proyecto, además de mecanismos de monitoreo y control.
Sin embargo, para la Unesco todavía existen dudas sobre el alcance de esa evaluación. El organismo consideró que no está suficientemente claro si fueron analizados de manera adecuada todos los posibles impactos del proyecto ni si las medidas planteadas permiten garantizar que no habrá efectos negativos.
También señaló que la información disponible es limitada respecto de la manera en que se gestionarían eventuales incidentes durante la etapa operativa de la terminal.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la división de responsabilidades entre las distintas jurisdicciones provinciales involucradas, particularmente Río Negro y Chubut, lo que, según la Unesco, podría dificultar la gestión de los riesgos ambientales.
De esta manera, el Comité de Patrimonio Mundial volvió a poner el foco sobre el proyecto y reiteró su preocupación por los potenciales riesgos que podría generar el oleoducto Vaca Muerta Sur en la zona.

El antecedente de la UICN
El reclamo de la Unesco se suma a una advertencia realizada el año pasado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales redes ambientales a nivel global.
En octubre de 2025, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Abu Dabi, la organización pidió al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro que recuperaran el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías y suspendieran aquellos proyectos que pudieran poner en riesgo su biodiversidad.
En aquella resolución, la UICN reclamó derogar las normas que redujeron el nivel de protección del área y solicitó restablecer las condiciones establecidas por la Ley 3308.
La organización también cuestionó la modificación realizada en 2022, al considerar que fue impulsada de manera “inconsulta, apresurada y regresiva” y que dejó expuesta la integridad ambiental del Golfo San Matías frente a los proyectos previstos para la región.
.

Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
.

Encontraron más de 700 cajones pesqueros en las playas de Puerto Madryn y crece el reclamo por controles

Fecha de Publicación: 27/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut


Los cajones aparecieron a pocos metros del muelle operativo y fueron retirados por vecinos. Organizaciones ambientales advierten que no se trata de un hecho aislado.
Más de 700 cajones pesqueros abandonados en las playas céntricas de Puerto Madryn volvieron a poner bajo la lupa el impacto ambiental de la actividad marítima en el Golfo Nuevo y la falta de controles sobre los residuos que genera la industria pesquera.
El hallazgo, registrado a pocos metros del muelle operativo, expuso una problemática que va más allá de la presencia de basura en la arena: la falta de trazabilidad de los pertrechos comerciales, las fallas en los sistemas de estibaje y la ausencia de sanciones efectivas para las empresas responsables.
Según los relevamientos realizados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente municipal, en dos jornadas de trabajo se retiraron 750 recipientes plásticos. La imagen de los cajones acumulados en la rambla generó preocupación entre vecinos y organizaciones ambientales.
El episodio se suma a otro ocurrido dos semanas antes en las playas de la zona sur de la ciudad, donde se retiró más del doble de estos desechos, sin que hasta el momento se conozcan explicaciones oficiales claras ni multas aplicadas a las operadoras.

Vecinos retiraron los cajones antes de que llegaran al mar abierto
La respuesta inicial estuvo a cargo de vecinos que recorrían la costa y decidieron ingresar al agua para retirar los residuos antes de que la marea pudiera arrastrarlos mar adentro.
“Cuando levantamos la mirada y vimos que había centenares de cajones, nos dio mucha impotencia”, relató Shirley, una de las ciudadanas que impulsó el retiro manual de los residuos.
La vecina explicó que suele ser habitual encontrar elementos vinculados a la actividad marítima en sectores más alejados por acción de las corrientes, pero destacó la magnitud del hallazgo en una zona céntrica de la ciudad.
“En el medio de la ciudad nunca vimos esa magnitud de cajones”, señaló.
El operativo se desarrolló en un sector visible y cercano a las autoridades marítimas, lo que incrementó el malestar de quienes participaron de la limpieza.
“Más que nada me indignó que, estando frente a Prefectura y frente al puerto, nadie haya hecho nada”, denunció Shirley.
La vecina contó que dieron aviso formal a las dos y media de la tarde y trabajaron hasta las seis sin asistencia de organismos públicos. También cuestionó la falta de colaboración de quienes circulaban por la zona.
“Era un día lindo y había muchas personas caminando, pero nadie nos ayudó”, lamentó.

Cajones identificados pero sin responsables
Uno de los principales cuestionamientos surgió porque los recipientes encontrados contaban con marcas que permitían identificar su origen.
La voluntaria confirmó que “los cajones sí estaban identificados en su mayoría” y explicó que pudieron fotografiar las insignias y marcas comerciales impresas en el plástico.
Además, observaron en el agua dos pallets de madera que podrían evidenciar fallas en la manipulación de cargas o en las operaciones de los buques.
A pesar de la identificación visible de parte del material, los vecinos cuestionaron que todavía no haya responsables identificados.
“Es increíble que a un barco le falten 700 cajones y todavía no hay un responsable”, cuestionó Shirley.
La vecina reclamó controles más estrictos sobre las empresas y el estibaje, y advirtió que la falta de protocolos también genera otros residuos.
“Frutas, verduras y hasta un pack de cintas Scotch” pueden terminar en el mar por descuidos industriales, señaló.

El riesgo de los microplásticos
Más allá del impacto visual en la costa, organizaciones ambientales advierten que la permanencia del plástico en el mar genera consecuencias a largo plazo por su fragmentación en microplásticos.
El episodio también generó críticas hacia la falta de compromiso ciudadano durante la limpieza.
“Fue indignante ver la cantidad de gente que pasaba por al lado nuestro y no nos ayudó ni a sacar un cajón, y después los ves a todos subiendo los videítos con la ballena”, expresó Shirley.
La vecina alertó sobre el impacto de estos residuos en la cadena alimentaria. “La gente no sabe que ese plástico enorme que está flotando en el mar después termina en nuestro torrente sanguíneo”, sostuvo.
Y agregó: “Si comés peces, sabés que estás consumiendo plástico”. Si bien reconoció el trabajo de remoción realizado por el municipio, cuestionó que se trate de una solución definitiva.
“Las limpiezas solo funcionan como parches”, afirmó, y señaló que el problema continuará si el Estado no interviene sobre las causas que generan estos residuos.

Reclaman sanciones para el sector pesquero
Desde la fundación Sin Azul No Hay Verde coincidieron con el diagnóstico vecinal y advirtieron que el hallazgo no representa un caso aislado.
El coordinador de la organización, Juan Coustet, remarcó que el hallazgo de los recipientes “no es un hecho aislado” sino una crisis que persiste y aumenta con el paso del tiempo.
Según explicó, una investigación reciente del proyecto MARES reveló que aproximadamente el 90% de la contaminación plástica en las costas de Chubut proviene de la actividad pesquera.
Frente a este escenario, Coustet reclamó que el problema no se aborde únicamente con limpiezas de playas, sino con medidas que permitan identificar responsabilidades.
El referente ambiental sostuvo que el Estado debe avanzar en “sancionar a los responsables”.
También cuestionó que la comunidad deba asumir este pasivo ambiental a pocos kilómetros de un área protegida y Patrimonio de la Humanidad como Península Valdés.
Desde la organización remarcaron que los residuos terminan afectando al territorio chubutense más allá de la jurisdicción bajo la que operen los buques y reclamaron que las autoridades implementen “medidas efectivas para que deje de pasar”.
.