Polémica en las Islas Malvinas por un megaproyecto salmonero y el pedido de los isleños por un referéndum ciudadano

Fecha de Publicación: 27/08/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Islas Malvinas 


La posible instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas generó una fuerte controversia entre sus 3.500 habitantes.
Según informó The Guardian, vecinos impulsan un referéndum para definir el futuro del proyecto, que promete inversión y empleo pero también despierta temores por el impacto ambiental en uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico sur.

El proyecto de Unity Marine
La iniciativa está en manos de Unity Marine, sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El plan prevé criar 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones, lo que sería el mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago.
- Una evaluación oficial estimó que producir 30.000 toneladas anuales podría sumar £35 millones (USD 48 millones) al PBI local, equivalente al 11% de la economía.
- Además, se generarían 133 puestos de trabajo.

Objeciones ambientales
La organización Salmon Free Falklands cuestiona la calidad de la información disponible y denuncia que los informes se basan en datos aportados por la propia empresa. Entre las preocupaciones:
- Posibles efectos de los desechos sobre bosques de algas y áreas de desove de calamar.
- Impacto en especies locales como lobos marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
- Falta de estudios rigurosos sobre la capacidad de carga ambiental, es decir, cuántos peces puede soportar la zona sin alterar su equilibrio.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor” y advirtió sobre la ausencia de un análisis de costo-beneficio. También señaló la falta de protocolos claros para eliminar peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios frecuentes en otras salmoneras.

Críticas legales y sociales
Tom Appleby, de la Blue Marine Foundation, consideró “extraordinario” que el gobierno presente informes sin datos primarios verificados de manera independiente.
Para los críticos, la consulta pública iniciada en agosto no ofrece garantías suficientes y debería reemplazarse por un referéndum vinculante.

La posición del gobierno
El Ejecutivo malvinense mantiene una postura de neutralidad. Un portavoz explicó que los estudios buscan alimentar la discusión pública y no aprobar un proyecto concreto.
Según la administración, los documentos sobre capacidad de carga y costos regulatorios son preliminares y no definen aún la viabilidad real de la salmonicultura.

Antecedentes judiciales
En 2022, las autoridades habían rechazado una granja de salmón, pero Unity Marine promovió una revisión judicial que anuló esa decisión y abrió el actual proceso de consulta.
El sector empresario, representado por James Wallace (Fortuna), defendió el camino adoptado y aseguró que la compañía no solicitó una licencia inmediata, sino que busca evaluar la viabilidad económica, social y ambiental.
El caso expone una disputa que combina economía, ambiente y legitimidad institucional en un territorio de escala reducida y alta sensibilidad ecológica.
La promesa de diversificar ingresos y crear empleo convive con el temor a que una actividad intensiva modifique de forma permanente el frente costero y afecte especies clave.
Con la consulta pública abierta hasta el 30 de octubre, el pedido de referéndum impulsado por Salmon Free Falklands busca trasladar la decisión final a los habitantes de las Islas Malvinas.
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Milagro en la Patagonia: reaparece un mamífero en peligro de extinción tras 40 años sin dejar rastros

Fecha de Publicación: 27/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chubut


Tras cuatro décadas de incertidumbre, confirmaron el proceso de recolonización del huillín en el Parque Nacional Los Alerces. Por qué este hallazgo es clave para la Patagonia.
El Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, confirmó una de las noticias ambientales más esperadas de los últimos tiempos. Tras 40 años sin registros sólidos, encontraron rastros de la reaparición del huillín, un animal que se creía prácticamente extinto en esa región desde la década de 1980.
También conocido como nutria de río o lobito patagónico, este mamífero comenzó un proceso formal de recolonización en el área protegida.
Si bien desde el año 2019 se habían reportado avistamientos esporádicos, los recientes rastreos realizados en el tramo del río Grande lograron ratificar la presencia continua de la especie en las cuencas de la zona.
El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre el área de Conservación y la comunidad local.
Pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que navegan a diario los lagos del parque aportaron información vital. Estos datos permitieron a las patrullas de monitoreo orientar sus búsquedas hacia puntos geográficos específicos.

Qué es el huillín y por qué está en peligro crítico
El huillín (Lontra provocax) es una nutria autóctona de los ríos y lagos del sur de Argentina y Chile. Puede medir hasta 1,30 metros de largo con su cola incluida y pesa entre ocho y quince kilos.
Se distingue por un pelaje tupido castaño oscuro en el lomo y plateado en el vientre. Es un nadador veloz gracias a las membranas de sus patas y utiliza sus bigotes sensibles para cazar en aguas turbias. Su dieta principal incluye pancoras (cangrejos de río), peces nativos y moluscos.
En Argentina, la especie está catalogada en peligro crítico de extinción. Su población disminuyó drásticamente por la caza histórica para comercializar su piel, la alteración de las costas y el avance de especies exóticas invasoras, como el visón americano.
Hoy, la presencia del huillín funciona como un bioindicador de la salud ambiental: solo sobrevive en aguas de extrema pureza y en costas con vegetación tupida que le sirven de refugio.

Reglas estrictas para proteger a la especie
Para garantizar que el huillín se asiente y pueda armar sus madrigueras (conocidas como “huillineras”), las autoridades del parque reforzaron los controles y emitieron pautas estrictas para los visitantes.
La regla principal es la prohibición total de ingresar con mascotas. Los perros y gatos representan un riesgo mortal para la fauna nativa, tanto por ataques directos como por la transmisión de enfermedades.
Además, se exige encender fuego exclusivamente en las áreas habilitadas y no arrojar plásticos ni basura doméstica en los ríos o lagos.
El Parque Nacional Los Alerces, creado en 1937 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 2017, vuelve así a ser un refugio seguro para la fauna amenazada. Este ecosistema patagónico es también el hogar de “El Abuelo”, el imponente alerce milenario de 60 metros de altura y más de 2600 años de antigüedad.
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Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Formosa


Carlos Chagra, el comerciante de 52 años que fue acusado de cazar un yaguareté en Formosa y luego jactarse del hecho en un video, reconoció la matanza y fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso, la pena máxima prevista por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna
La condena fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de la jueza Belén López Macé, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
El convenio también contempla el pago de $5 millones, aunque todavía debe resolverse a qué organismo será destinado el dinero. Los fundamentos de la sentencia y las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado se conocerán el próximo 7 de septiembre.
“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, destacó en diálogo con Infobae la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, quien participó de la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.
Hasta el debate, Chagra había negado ser la persona que aparecía en las imágenes, aseguraba que nunca había matado un animal y sostenía que el video utilizado como prueba había sido editado. También afirmaba que no se encontraba en el país cuando ocurrió la cacería.
Al suscribir el acuerdo y ratificarlo ante la jueza, el acusado cambió aquella posición: reconoció la persecución y caza del yaguareté y admitió que el daño ocasionado por la pérdida del ejemplar resulta imposible de reparar económicamente. 
“Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escuchaba decir a una voz masculina en el video que originó la causa.
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final del Mundial de Qatar en la que la Selección argentina se consagró campeona, en una zona cercana a la ciudad formoseña de Clorinda.
El fallo constituye la segunda condena dictada en la Argentina por la caza de un yaguareté, una especie declarada Monumento Natural Nacional y considerada en peligro crítico de extinción. Como reveló la investigación Los expedientes del yaguareté, la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal en el país terminan archivadas.
El primer antecedente se produjo en agosto de 2025, cuando el Juzgado Federal N° 1 de Formosa condenó a cuatro hombres que habían cazado y carneado otro ejemplar en julio de 2024, en la zona de Ibarreta.
En aquel expediente, los acusados fueron identificados inmediatamente después del hecho, estuvieron procesados desde el comienzo de la investigación y permanecieron prófugos durante parte de la causa. Tres recibieron penas de dos años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria y el cuarto fue condenado a dos años en suspenso.
Desde Parques Nacionales celebraron la sentencia como un nuevo hito para la conservación de la especie y destacaron su posible efecto disuasivo. “Es importante para todos. Contiene una pena y es un fallo importante”, resumió Cardozo. 
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Humedal en peligro: polémica en Campana por emprendimiento junto a un parque nacional

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas denuncian desmonte y otros daños a la zona aledaña al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde se construye un emprendimiento de “chacras náuticas”. También advierten que se proyecta trazar un camino por dentro del propio parque. Silencio del municipio y la desarrolladora.
El avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo sobre los humedales de la provincia de Buenos Aires no se detiene. Tal como ocurre en Berazategui con el megacountry Puerto Nizuc, en Campana los ambientalistas denuncian daños al ambiente por parte de la desarrolladora de un proyecto que, por añadidura, requerirá la construcción de un camino a través de una zona protegida dentro de un parque nacional.
Se trata de Brenna Desarrollistas, la empresa detrás del megaproyecto Bahías del Paraná, que ofrece “chacras náuticas” aún por construir en un predio de unas 287 hectáreas lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Para la compañía, todo parece ir viento en popa: la Municipalidad de Campana celebra el emprendimiento, por más que las organizaciones defensoras del ambiente insistan en que el desmonte y desecación del humedal viola la normativa al respecto, por no hablar del camino proyectado a través del parque.
Hace dos semanas, Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), realizó una intervención en el Concejo Deliberante de Campana a través del mecanismo de “banca abierta”, buscando que el cuerpo frenara el desarrollo del emprendimiento. La ASAC había presentado un pedido de información ambiental al Ejecutivo, para recabar datos sobre el impacto que puede tener la construcción de Bahías del Paraná, pero no fue respondido, dijo Remedi a La Tecla.
“Le pedimos al Concejo que se haga eco de nuestro pedido de frenar las obras. Todavía no están edificando, pero están haciendo movimientos de tierra a gran escala para secar el humedal, para abrir canales y elevar el nivel del terreno para que no se inunde. Llevaron maquinaria pesada en barcazas. Hicieron un gran desmonte ya”, explicó el ambientalista a este medio.
La ASAC y otras organizaciones, como la asociación civil Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (conocida como “Vecinos del Humedal”) y la Red del Río Luján, vienen denunciando el daño que ya se está haciendo y la inacción del municipio. Además, advierten que el propio parque nacional está en peligro.
“Estos terrenos están ubicados en una especie de ‘cuña’ junto al parque nacional. Los separa un alambrado. No estamos cuestionando la propiedad de esos terrenos. Estamos cuestionando que son humedales y deberían estar protegidos. En Campana hay una ordenanza de 2017 que prohíbe modificar humedales. Todo esto a nosotros nos da muy mala espina porque notamos una connivencia por parte de la Municipalidad. Incluso han hecho una audiencia pública secreta, de la que nosotros, como ambientalistas, ni nos enteramos”, dijo Remedi.
A pesar del ninguneo oficial, los ambientalistas siguen presionando para que se detenga la modificación del humedal. Remedi y Felisa Díaz, otra integrante de la ASAC, se reunieron el viernes con la diputada provincial Soledad Alonso (Fuerza Patria), a quien le transmitieron su preocupación. Alonso, oriunda del distrito que gobierna el proísta Sebastián Abella, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de escuchar a quienes vienen defendiendo nuestro ambiente y de trabajar para que Campana se desarrolle de manera sustentable”.
Además, la empresa desarrollista afirma que se podrá acceder a las chacras a través de la ruta Panamericana. Esto implica la construcción del camino a través del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, afirman los ecologistas.
“A ese lugar, ahora, sólo se puede acceder por lancha. Ellos dicen que se va a poder llegar por Panamericana. La única manera de llegar por Panamericana es a través del parque”, señala Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal. “El parque nacional tiene tres áreas. Una de ellas es la de reserva estricta, donde no puede entrar absolutamente nadie. El camino debería cruzar precisamente por allí”.
Svaton es pesimista. “El municipio nunca contestó los pedidos de informes. La presentación judicial no avanzó porque el juez Adrián González Charvay no movió un dedo. Estamos teniendo reuniones con diputados, pero son muy cautelosos. Queremos reunirnos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Pero no tengo mucha fe en las instituciones. Suelen ser rápidas para atender a los que vienen con una valija de dinero para invertir, pero no tanto para atender a los vecinos preocupados por el ecosistema”, dijo a La Tecla.
“Encima, en esta coyuntura, en la que a nivel nacional se están proponiendo leyes para entregar todo y no les importa el ambiente, los tipos se ven envalentonados, y están avanzando para quedarse con todos los territorios”, añadió.
Desde Brenna Desarrollistas declinaron la oferta de La Tecla para brindar su posición frente a los cuestionamientos. Tampoco en la Municipalidad de Campana fue posible obtener una respuesta por parte de los funcionarios.
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Qué es la resiliencia de los bosques y cómo se estudiará en Patagonia

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La iniciativa recibió subsidio de la Fundación Williams. El trabajo será realizado por científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Cuáles serán los pasos que darán para aportar conocimiento, según detallaron en diálogo con Diario RIO NEGRO. 
Los bosques patagónicos enfrentan un desafío enorme ante el fuego. Estos ecosistemas únicos sufren daños severos por el incremento de incendios forestales en la región.
La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio y recuperar su equilibrio con el paso del tiempo. Las especialistas estudian esta facultad para entender el proceso de sanación natural. 
Ahora, las doctoras Florencia Urretavizcaya y Melisa Rago buscan respuestas clave para la supervivencia de esos paisajes. Con un subsidio otorgado por la Fundación Williams, las investigadoras analizarán cómo el territorio logra reaccionar tras una catástrofe de gran magnitud. Ambas pertenecen al CONICET al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ubicado en Esquel, Chubut.

El fuego contra el bosque
Se sabe que el aumento en la intensidad del fuego pone en riesgo la biodiversidad local. Esos eventos alteran la estructura natural que protege el suelo y la vida silvestre. El daño estructural dificulta la regeneración natural y pone en peligro la supervivencia futura.
Por eso, la fragilidad del entorno exige medidas concretas para su conservación. La falta de estrategias adecuadas puede impedir que la respuesta sea efectiva frente a la magnitud actual de los incendios.
“El objetivo principal de las investigadoras es estudiar la dinámica de recuperación de los bosques andino-patagónicos afectados por incendios. Vamos a generar conocimientos que servirán para el diseño de estrategias de manejo y conservación”, explicó Urretavizcaya, ingeniera forestal y doctora en biología, quien fue entrevistada por DIARIO RÍO NEGRO.
El trabajo vincula la resiliencia forestal con el impacto de la restauración ecológica activa. «La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio, como un incendio, y recuperar o reorganizar su estructura y sus funciones a lo largo del tiempo», explicó.

Luces sobre la ceniza
Las investigadoras evaluarán la vegetación en sitios afectados durante distintos años. Analizarán cómo la resiliencia propia del bosque interactúa con las nuevas condiciones ambientales.
Se enfocarán en bosques de coihue afectados con alta severidad en la última década. El trabajo de campo abarca áreas de la cordillera en Chubut y Río Negro.
«En este caso, vamos a focalizar nuestro estudio en bosques de coihue, cuyo nombre científico es Nothofagus dombeyi, que se han quemado con alta severidad en los últimos diez años en la región de la cordillera patagónica, ubicados en el norte del Chubut y Río Negro», detaló la doctora Rago.
El proyecto examinará la influencia humana en la regeneración del entorno vegetal. «Además, en este proyecto vamos a estudiar como la restauración ecológica contribuye a la recuperación de los bosques», comentó.
Compararán zonas con técnicas de restauración contra otras áreas sin intervención. Particularmente, van a focalizar ese tema en lenga (Nothofagus pumilio) al caracterizar parcelas de restauración postincendio realizadas por plantaciones, que ya cuentan con 16 años de edad.
“Estudiaremos qué especies de plantas predominan en cada momento y qué rol cumplen. Por ejemplo, queremos saber si favorecen que se recuperen los nutrientes en el suelo, y también cómo se va recuperando la actividad biológica”, añadió Urretavizcaya.
El tiempo de ejecución del proyecto suma un año calendario. «Este proyecto es por un año, así que ahora estamos planificando los muestreos que llevaremos a cabo durante esta primavera y verano», aclaran.
Las científicas prevén la redacción de resultados durante los meses de otoño e invierno. El equipo contempla la necesidad de sostener este monitoreo a largo plazo tras el plazo inicial. “Dado que la recuperación de los bosques luego de incendios es un proceso a largo plazo (o que duran décadas), esperamos luego continuar con estas líneas de investigación a través de futuros financiamientos”, puntualizó Urretavizcaya.

Coihue y lenga: diferencias y características de dos árboles nativos
El coihue (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio) son árboles nativos de Argentina y Chile. Pertenecen al mismo género y comparten parte de su distribución, pero tienen características y ambientes de crecimiento diferentes, según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
El coihue es un árbol siempreverde que puede alcanzar unos 40 metros de altura. Prefiere los suelos húmedos y se desarrolla bien cerca de ríos y lagos. En la Argentina se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La lenga es un árbol caducifolio: pierde sus hojas durante el otoño. Puede alcanzar unos 30 metros de altura. En las zonas bajas presenta porte arbóreo, mientras que en áreas altas o expuestas al viento puede adoptar una forma baja y achaparrada.
También existen diferencias en la altitud donde crecen. El coihue aparece desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros, mientras que la lenga puede crecer hasta unos 1.500 metros. En el norte de su distribución, la lenga puede formar el límite superior de la vegetación arbórea.
Coihue y lenga comparten género y territorio, pero se distinguen por sus hojas, su porte y los ambientes donde crecen. El coihue conserva sus hojas durante todo el año y prefiere suelos húmedos; la lenga pierde sus hojas y puede crecer en zonas más altas y expuestas.
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Juicio histórico por matar un yaguareté en Formosa: armas, fotos y un cuero de puma en el freezer

Fecha de Publicación: 25/08/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Formosa


Tras cuatro años de una ardua investigación, este martes arranca un juicio histórico contra un hombre de 52 años acusado de matar a un yaguareté en Clorinda, Formosa.
El imputado Carlos Chagra es un comerciante que tiene acceso a armas, vehículos y perros. “Hay 250 o 300 yaguaretés y él persiguió y mató a uno. No existen casos de matanza en defensa propia porque el animal no busca a personas”, explica a Clarín Nicolás Lodeiro, presidente de la Fundación Red Yaguareté.
En su casa, se encontraron escopetas, fotografías y hasta un cuero de puma en una heladera. Es la primera vez que una ONG privada participa como querellante y el segundo caso en la historia Argentina que llega a juicio por la muerte de un yaguareté. Podría ser condenado a una pena de cuatro meses a tres años de prisión.
“Tenemos más de 75 causas y todas fracasaron. Estamos contentos por haber llegado a juicio y esperamos que se llegue a una condena”, agrega Lodeiro.
Según fuentes judiciales, todo comenzó cuando Chagra publicó un video en sus redes sociales el 19 de diciembre de 2022, un día después de que Argentina se consagrara en el Mundial de Qatar. En las imágenes, se lo ve junto a otras personas siguiendo las huellas de un yaguareté.
“Hoy es lunes, ayer festejamos el campeonato del mundo, y acá les estoy mostrando huellas de uno grande, grande, macho que debe estar pisando los 150 kilos, fácil. Vamos a seguir la huella, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar éste infeliz”, señala en el video.
Luego aparece otro video en el que el hombre cuenta que logró matar al animal. Lo exhibe como un trofeo: muestra sus dientes, su boca y hace hincapié en que lo venían buscando desde muy temprano.
“Acá por fin pudimos con los muchachos que lo venimos siguiendo, que encontramos las huellas. Macho gigantesco arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es. De la 7 de la mañana que lo andamos buscando y por fin lo pudimos matar acá con los muchachos”, continúa el video.
Red Yaguareté tomó conocimiento del caso y comenzó a investigar. Lodeiro explica que les llamó la atención el tono con el que hablaba: “Si bien no sabemos las circunstancias del hecho, sabemos que lo estaban persiguiendo desde la mañana”. Quieren saber por qué esta persona lo cazó, si trató por diversión o por otro motivo, más allá de que no cambia el panorama judicial.
Una vez que reunieron las pruebas, hicieron la denuncia. “Hay muchos casos, pero la mayoría no son públicos. Cuando ves que no hay yaguareté en zonas que solía haber es porque le metieron bala. No queda otra”, sostiene Lodeiro.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán. El juez llevó adelante la etapa de instrucción y consideró que existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Ahora será la jueza María Belén López Macé la encargada de llevar adelante el juicio que comenzará el martes.

La primera condena por un caso similar
Morán fue también el juez que dictó un fallo inédito en 2025. La primera vez que la Justicia argentina sancionó penalmente a cuatro personas por matar a un ejemplar de una especie en peligro de extinción, protegida por la Ley 25.463.
En esa oportunidad, condenó a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) a dos años de prisión efectiva por haber asesinado a un yaguareté en Estanislao del Campo, Formosa. Los tres cumplen la pena bajo arresto domiciliario.
Por su parte, Máximo Cisneros, dueño del campo, recibió una condena de dos años en suspenso, ya que se mantuvo siempre a derecho durante el proceso. 
La investigación llevó cuatro años. “Parece un montón pero no lo es. Otros casos no se resolvieron, para nosotros es un gran avance. Es un tema que siempre fue ignorado por la Justicia, el matar un yaguareté”, indica Lodeiro.
En la Justicia hay alrededor de 75 casos. “Y solo en los juicios de Formosa se le dio bola al tema”, reconoce a Clarín el juez Morán.
Su primera medida fue ordenar un allanamiento en la casa de Chagras ubicada en Clorinda. Allí encontraron un arsenal de armas de caza y municiones, una fotografía en la que se aprecia la piel de un yaguareté y otras imágenes de animales cazados. Dentro de un freezer también encontraron el cuero de un puma.
Según consta en el expediente, el hombre es propietario de tres armas: un fusil de repetición, una escopeta semiautomática y una escopeta tiro a tiro. Las dos últimas son calibre 12.
“Las armas fueron adquiridas en 2022 y, tanto éstas como las miras secuestradas, no solo tienen un gran valor económico sino que son de uso profesional y específico para la caza de animales”, dice un extracto de la elevación a juicio a la que accedió este medio.
“El hecho de que en su freezer tuviera el cuero de un puma, desvirtúa su manifestación de nunca haber matado un animal”, explica la resolución judicial.

Qué dijo el acusado de matar al yaguareté
Chagras prestó declaración indagatoria y aseguró que “nunca mató a un animal”. También contó que se dedica a la pesca y sostuvo que el video fue publicado en un perfil de Facebook trucho que no le pertenece.
Chagras tiene un perfil diferente al de los otros condenados, que eran personas rurales. “Él sale a cazar no como un negocio, sino como un divertimento de él. La gente que le hace compañía son sus peones de campo, no es lo que lo hace con otros cazadores. Encima se jacta subiéndolo a las redes, no es aceptable”, dice una fuente cercana a la investigación.
Por su parte, el juez Morán hace hincapié que la caza del yaguareté es ilegal, está prohibida y tiene una pena establecida por ley: “Tratamos de concientizar a la gente. Son pocos los animales a los cuales matarlos constituye un delito federal”. Entre ellos están el yaguareté, la ballena austral, el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas.
Chagras está imputado por el delito de caza de animales silvestres, agravado por el concurso de tres o más personas, a las cuales no se pudo identificar. Tiene una pena prevista de cuatro meses a tres años de prisión. El juicio contará con la participación de la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la ONG Red Yaguareté.

El debate para modificar la Ley de Fauna
La ONG reclama hace años la modificación urgente de la Ley Nacional de Fauna 22.421, vigente desde hace cinco décadas y con penas mínimas que resultan irrisorias frente al daño ambiental causado.
“Tuvimos siete intentos para modificarla y todos fracasaron. Hoy estamos intentando que se puedan modificar por lo menos algunos artículos y poner penas más severas”, explica.
“Si matás a un yaguareté no puede ser que tengas una pena de tres años de prisión en suspenso”, agrega.
Los yaguaretés siguen en riesgo de extinción, salvo en Corrientes, la única provincia donde la población de la especie crece. Lodeiro explica que Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de yaguaretés.
A eso se suma que el país carece de un registro nacional y de cifras oficiales que permitan conocer con precisión cuántos ejemplares quedan y controlar la evolución de la especie.
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Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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El Niño cambia el escenario climático en Argentina: qué regiones tendrán más lluvias y cómo impactará en el campo

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El fenómeno climático anticipa un período de lluvias más frecuentes en el centro-este y noreste del país, con especial impacto en Buenos Aires y el Litoral
Con una probabilidad superior al 90%, El Niño ya instalado y una anomalía de casi 2° en el Pacífico ecuatorial, Argentina se prepara para una primavera y un verano con más lluvias y tormentas, un escenario que amenaza con crecidas de ríos, inundaciones en la provincia de Buenos Aires y cambios forzados en la producción agropecuaria.
El riesgo no se limita al pronóstico estacional. El meteorólogo Sergio Jalfin advirtió en Infobae en Vivo que el problema no pasa por tormentas más intensas que en otros años, sino por su mayor frecuencia, una acumulación que termina por saturar los suelos y desbordar la capacidad de drenaje.
Las áreas más expuestas serán el noreste y el centro-este del país, con foco en Buenos Aires y la región del Litoral. Jalfin añadió que el episodio actual se desarrolla en un contexto de calentamiento global, una condición que puede potenciar sus efectos.
En Carlos Casares, Alberto Pol describió una vulnerabilidad estructural que se repite desde hace décadas. “Desde 1973, cada cuatro o cinco años sufrimos inundaciones porque la zona es una Depresión, La Depresión del Salado, y no hay canales ni ríos que desagoten el agua”, explicó a Infobae en Vivo. 
El productor explicó que la región pasó de una economía agrícola-ganadera a otra principalmente agrícola, y que la posibilidad de lluvias por encima de lo habitual obliga a revisar de antemano las decisiones de siembra. El girasol, dijo, quedaría relegado porque “no es apto cuando llueve mucho, por la forma de fecundar”.
La alternativa tampoco es simple con otros cultivos. Pol resumió el dilema así: “Si siembro girasol, llueve, se lava la flor, no me rinde nada. Si siembro maíz, estoy teniendo muchos más kilos por hectárea y si no voy a tener caminos porque va a llover y se van a cortar, no lo voy a poder sacar”.
Frente a ese escenario, anticipó una salida defensiva: “Desgraciadamente, vamos a terminar sembrando soja, porque es lo más fácil de manejar agronómicamente hablando en casos de situaciones adversas”.
La cuenta económica, según Pol, ya era estrecha antes de la amenaza de nuevas inundaciones. En su zona, afirmó, el rinde de indiferencia para sembrar soja es de 3.800 kilos por hectárea, mientras que el promedio habitual ronda los 3.500 kilos.
“Si sacás menos de 3.800 kilos perdés plata. Y el promedio de nuestra zona es 3.500 kilos. Estamos trabajando casi para cambiar la plata”, señaló. También sostuvo que el encarecimiento del combustible y de los insumos agravó la presión sobre la rentabilidad.
El productor vinculó además el resultado del negocio con factores externos y con la carga impositiva. “El que gana con una cosecha récord es el gobierno, no nosotros. Si hay más venta, se exportan más dólares y el que cobra las retenciones es el gobierno de turno. Nosotros no ganamos más”.
La ganadería tampoco ofrece una salida sencilla cuando el agua avanza. Pol explicó que la poca hacienda que queda en la zona no puede trasladarse con facilidad por el costo de los fletes y por las limitaciones sanitarias: “No podés llevar una vaca de Carlos Casares a Corrientes porque se te muere en un mes. La agarra la garrapata y no se puede”.
Ante ese riesgo, la opción pasa por reforzar reservas con rollos y silo de maíz, una decisión que incrementa los costos sin asegurar una mejora en los ingresos. El productor también remarcó que las alteraciones climáticas ya se perciben incluso antes de las lluvias extraordinarias: “Siempre en esta época hacía mucho más frío y no lo hace”.
Pol descartó faltantes de productos básicos aun en un contexto de pérdidas y menor rentabilidad. “El productor agropecuario no sabe hacer otra cosa. Si no siembro, ¿de qué vivo? Aunque sea cambiando la plata, seguís en la producción, la rueda no puede parar”.
También aclaró que el aumento de costos no necesariamente se traduce en precios más altos para el consumidor. Según su explicación, la soja, el maíz y el girasol se rigen por valores internacionales, mientras que el mercado interno puede reflejar más directamente los movimientos en el precio de la carne.
Sobre el consumo, observó un desplazamiento hacia proteínas más baratas. “Se dejó de comer mucha carne de vaca y se come más cerdo, se come más pollo por una cuestión económica”.
Jalfin indicó que gobiernos y municipios trabajan en planes de contingencia para amortiguar los efectos del fenómeno. La recomendación central, dijo, es anticiparse, porque el volumen de lluvias previsto puede superar la capacidad natural de absorción y drenaje en zonas urbanas y rurales.
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Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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Un brazo del río Limay tapado hace 50 años: ¿Por qué hay un amparo ambiental y qué se define esta semana?

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Un conflicto judicial frena la reapertura de un cauce del Limay cerrado hace 50 años, a horas de una reunión. Muchos intereses en juego.
El brazo Todero, el cauce y humedal del río Limay que permanece cerrado desde hace más de 50 años en el suroeste de Neuquén capital, tiene detrás un amparo judicial ambiental que todavía sigue abierto pese a que la obra de infraestructura para reactivarlo está casi terminada.
Es un humedal natural que desde 1970 servía como desvío de los caudales cada vez que había inundaciones. Hoy en esa zona están asentados los barrios La Castellana y La Zagala, entre Anaya y Saavedra, además de que el gobierno provincial, a través de Recursos Hídricos, hizo costosas obras de los puentes de acceso.
Esta semana, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Pereyra y un equipo de trabajo ambiental, se reunirá con el Estado provincial, la Municipalidad de Neuquén y los desarrolladores privados de la zona para definir los términos de esa reapertura. Se sabe que hay un tema complejo de resolver con intereses en juego y posturas encontradas.
Estas son algunos de los puntos para entender el conflicto, que viene desde hace años, pero que con el avance de los lotesos y el auge de los desarrollos, la ciudad también busca compatibilizar el tema ambiental, muy complejo y resonante en buena parte de la comunidad.

¿Por qué hay un amparo ambiental por el río Limay?
El cauce se cerró en la década del 70, cuando un propietario privado lo rellenó para ganar terreno, lo que terminó con buena parte de los humedales que existían en el lugar.
El primer amparo judicial por esta situación se presentó en 2018 y se profundizó en 2020, en plena pandemia, en un contexto en el que también se discutía la afectación del Paseo Costero por obras en la península de Hiroki.
En los años siguientes, distintos desarrolladores siguieron avanzando con loteos sobre los márgenes del cauce seco, lo que motivó nuevas denuncias de la Defensoría (entonces a cargo de Ricardo Riva) para frenar la tala y el relleno del humedal.
El amparo, sostenido en la Justicia neuquina, es la herramienta que hasta hoy condiciona cualquier intervención sobre el brazo.

¿Qué obra se hizo mientras el amparo seguía abierto?
En 2023 se licitó la "Apertura, Sistematización y Saneamiento del Brazo Todero - Puente calle Anaya", adjudicada a la empresa ARCO SRL, la misma firma que, según había denunciado en su momento la Defensoría, fue responsable de parte del taponamiento previo del humedal.
Los trabajos, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, comenzaron en junio de 2025 y hoy superan el 87% de avance, con una inversión que ronda los 6.200 millones de pesos financiada por el Fondo Hídrico Provincial. La primera etapa, los tres puentes sobre las calles Anaya, Saavedra e Ignacio Rivas, ya está terminada.
Lo que falta es el paso más complejo, que es la apertura efectiva del cauce, que es justamente lo que el amparo todavía no habilita sin condiciones.

¿Qué pide puntualmente la Defensoría para acompañar esa reapertura?
Gustavo Pereyra planteó dos condiciones centrales en el marco de la mediación por el amparo y la primera es ambiental. "Que haya la menor afectación ambiental posible. Sabemos que restaurar el cauce natural de ese brazo es importante, pero también es importante que no se afecte toda esa biodiversidad que se creó", dijo, en los años en que el canal estuvo cerrado y se formaron lagunas y otros ambientes naturales.
La segunda apunta a los desarrolladores privados con loteos sobre los márgenes del brazo, como muestran las imágenes de drone de LM Neuquén.
Piden la cesión de parte de esas costas para uso público, de forma que los vecinos puedan circular, andar en bicicleta o hacer algún tipo de paseo por la zona. El objetivo declarado es evitar que se repita lo que pasó con el río Neuquén y el sector de Rincón de Emilio, donde el acceso a la costa quedó en manos privadas.

¿Qué se define en la reunión de esta semana?
Está prevista una mesa técnica entre la Municipalidad de Neuquén, Recursos Hídricos, el área de Ambiente provincial, la Defensoría y los desarrolladores privados con terrenos linderos al cauce. El objetivo es avanzar sobre esos dos puntos —el resguardo ambiental y la cesión de márgenes para uso público— para poder destrabar la etapa final de la obra sin necesidad de que el amparo siga frenando los trabajos.

¿Por qué el brazo no es solo un tema ambiental, sino también de seguridad hídrica?
Según explicó Pereyra, un brazo Todero funcionando permitiría derivar entre 400 y 500 metros cúbicos de agua por segundo del cauce principal del Limay en caso de una crecida fuerte, actuando como una suerte de vertedero natural.
El dato cobra sentido si se tiene en cuenta que el caudal erogado desde el compensador de Arroyito (aguas abajo de la represa El Chocón) suele moverse entre 250 y 900 m³/seg según la demanda energética, con un límite operativo de entre 1200 y 1290 m³/seg fijado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
En julio de 2020, una erogación excepcional de 1375 m³/seg obligó a autoevacuar a varias familias cerca de Plottier. Es en escenarios de esa magnitud donde, según la Defensoría, el brazo Todero podría cumplir un rol de alivio para los barrios de la costa neuquina.
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