Sin acuerdo, la Corte convoca a dos conjueces para un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras

Una organización ambiental, dos comunidades mapuche y una legisladora rionegrina pidieron que el reciente fallo del tribunal no alcance a su amparo, mientras sindicatos y organizaciones sociales marcharon a Tribunales contra la derogación.

La Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo y tuvo que salir a buscar refuerzos. Sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron una posición común sobre un nuevo planteo vinculado a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Por eso, el tribunal convocó a dos conjueces para completar una integración de cinco miembros y poder reunir mayoría.
El pedido fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con la comunidad mapuche Lafkenche, la lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda. Todos ellos sostienen desde el 28 de diciembre de 2023 un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Un planteo con legitimación propia
La presentación es una aclaratoria. Los demandantes piden que la Corte precise si su fallo del 29 de septiembre, que dejó sin efecto la cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, también alcanza a su causa. Argumentan que invocan títulos de legitimación propios y diferentes, basados en derechos colectivos vinculados a la "protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas", en particular sobre sus territorios ancestrales.
El planteo se apoya en lo que el propio tribunal dijo tras aquella decisión. En un comunicado difundido el 1 de octubre, la Corte aclaró que su sentencia había sido estrictamente procesal. También precisó que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación y que no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto en trámite en distintos tribunales.
Los conjueces deberán definir ahora qué camino toma el expediente: devolverlo a las instancias inferiores, habilitar que la Corte se expida sobre una medida protectoria o rechazarlo con base en el fallo anterior.

Un sorteo y una interna
Como no existe actualmente una nómina vigente de conjueces para el máximo tribunal, la designación se hizo por sorteo entre presidentes de cámaras federales de todo el país. Resultaron elegidos Diego Barroetaveña, camarista de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Guillermo Farah y Jorge Morán.
Según trascendió, la falta de acuerdo responde a posiciones encontradas dentro del tribunal. Rosenkrantz se opondría a reconocer la legitimación de Árbol de Pie y a restablecer una cautelar que proteja la ley, mientras que Rosatti y Lorenzetti estarían dispuestos a hacerlo. Con solo tres miembros en funciones, cualquier disidencia impide formar mayoría.
La convocatoria llega en medio del fuerte rechazo social que generó el fallo de fines de septiembre, que dejó operativa la derogación y habilitó la venta sin límites de campos a compradores extranjeros, incluidos inmuebles en zonas de frontera y con cuerpos de agua. La norma derogada fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo.

La protesta llegó a Tribunales
Ese malestar se trasladó a la calle. El martes, las dos centrales de la CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y organizaciones políticas y sociales se movilizaron a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. La protesta tuvo dos escenarios. Uno, frente a Tribunales, lo encabezaron las centrales sindicales bajo la consigna de que la patria y la soberanía no se venden. El otro se armó sobre la calle Talcahuano, donde organizaciones de izquierda sumaron reclamos contra el Gobierno y pidieron un paro general.
Los convocantes apuntaron directamente contra los tres jueces del tribunal. "Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país", señalaron en su documento, en el que también exigieron la anulación completa del DNU 70/2023.
La próxima cita será el 15 de octubre frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el megadecreto. Mientras tanto, la suerte judicial de la Ley de Tierras queda, al menos por ahora, en manos de una Corte ampliada con dos jueces que llegaron por sorteo.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal Huella del Sur, Portal Infocielo, Diario La Nación

Alertan por el impacto ambiental de habilitar la pesca comercial todo el año frente a Camarones

Organizaciones ambientales y vecinos de la localidad chubutense advierten que el ingreso permanente de buques a una bahía pequeña, dentro de un área marina protegida, amenaza la fauna, el agua y el uso público de la costa.

En Camarones, un pequeño pueblo costero del este de Chubut, la bahía es mucho más que un puerto. Es el balneario de la comunidad, un espacio de recreación y la puerta de entrada a uno de los ambientes marinos más valiosos de la Patagonia. Por eso, la habilitación de la subárea 12 para la pesca comercial durante todo el año encendió las alarmas de organizaciones ambientales, especialistas y vecinos. Todos advierten por el impacto que podría tener la presencia permanente de buques sobre la fauna, el agua y el uso público de la costa.
La medida permite la explotación de merluza en la zona sin restricciones estacionales. Para quienes cuestionan la decisión, el problema central es la escala: la bahía tiene unos 150 metros de extensión, formaciones rocosas en el medio y un muelle de estructura reducida. Según advirtieron técnicos consultados, durante la temporada de verano las embarcaciones podrían llegar a maniobrar a menos de 50 metros de los bañistas.

Un área marina protegida
El reclamo cobra otra dimensión por el lugar donde ocurre. Camarones forma parte del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, creado por la ley nacional 26.446 y gestionado en conjunto por la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Chubut. El área protegida abarca más de 1,18 millones de hectáreas, la mayoría marinas, y alberga colonias de pingüino de Magallanes, apostaderos de lobos marinos, bosques de macroalgas y una gran diversidad de aves. Ballenas, delfines y orcas recorren sus aguas.
Los especialistas señalan que el ruido y el movimiento constante de los buques podrían alterar el comportamiento de las ballenas que frecuentan la región y afectar a la pingüinera cercana a la localidad.

Lo que dejan los barcos
A esas preocupaciones se suman antecedentes concretos. Investigaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) detectaron en el agua estaño liberado por las pinturas antiincrustantes que se aplican en los cascos de los barcos, un contaminante asociado a alteraciones reproductivas y malformaciones en moluscos. Estudios de ese centro a lo largo de la costa patagónica ya habían documentado el imposex, la masculinización de hembras de caracoles marinos, en zonas portuarias con presencia de tributilestaño, el compuesto utilizado en esas pinturas.
Los vecinos también reportaron manchas de hidrocarburos en el agua durante el verano pasado y el desprendimiento de defensas del muelle por los impactos de las embarcaciones. Otro punto débil es el manejo de los residuos: la gestión de los desechos asimilables a domiciliarios que generan los buques es precaria, y no hay datos públicos sobre el volumen que se produce en la actualidad.
La falta de información alcanza a otro problema conocido de la pesca industrial: el descarte de fauna acompañante. Esa práctica, habitual en las flotas de arrastre, está prohibida por la Ley Federal de Pesca. "Sin embargo, poco sabemos sobre qué sanciones se aplican a los buques que incumplen", señaló Juan Coustet, coordinador de la organización Sin Azul No Hay Verde.

El reclamo por transparencia
Para Coustet, el debate no se limita a Camarones. La organización plantea que la gestión de los recursos pesqueros debe ser abierta y controlable por la sociedad, con información clara sobre controles, sanciones y volúmenes de captura. "Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se gestiona nuestro mar", sostuvo el ambientalista, quien recordó que el mar es parte del patrimonio natural del país.
Hasta el momento no se conoció una respuesta oficial a los planteos ni el detalle del acto administrativo que habilitó la pesca durante todo el año en la subárea. Tampoco hay precisiones sobre cuántos buques operan o podrían operar en la bahía, ni sobre los volúmenes de captura previstos.

Una tensión de fondo
El caso expone una tensión que se repite en distintos puntos de la costa patagónica: la convivencia entre una actividad económica de peso como la pesca, el turismo de naturaleza y la conservación de ecosistemas marinos protegidos. En Camarones, donde el pueblo vive de cara al mar, esa discusión se juega en una bahía de apenas 150 metros, en la que cada embarcación que entra se nota.
Para los vecinos y las organizaciones que impulsan el reclamo, la prioridad es que cualquier decisión sobre el uso de la bahía se tome con información pública y controles efectivos, antes de que la próxima temporada de verano vuelva a llenar la costa de bañistas.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, El Rompehielos, CENPAT-CONICET

Un guardaparque halló en Los Glaciares el primer sitio de cría confirmado de la ranita del Chaltén

La observación de renacuajos en la seccional Moyano del parque nacional santacruceño aporta el primer registro de reproducción activa de un anfibio patagónico del que todavía se sabe muy poco.

Sergio Goitía no buscaba ranas. El guardaparque recorría los cuerpos de agua cercanos a la senda que lleva a la Laguna Azul, en la seccional Moyano del Parque Nacional Los Glaciares, para controlar la presencia del Didymo, un alga invasora que amenaza los ríos y lagos de la Patagonia. En ese recorrido, unos movimientos debajo del agua le llamaron la atención. Eran renacuajos, y su hallazgo terminó convirtiéndose en un registro inédito para la ciencia.
Las larvas pertenecían a la ranita del Chaltén, Chaltenobatrachus grandisonae, un anfibio exclusivo de los ambientes cordilleranos del sur de Argentina y Chile. Hasta ahora no existían registros de reproducción de la especie dentro del área protegida santacruceña: lo que se conocía eran apenas observaciones aisladas de ejemplares adultos. Con este hallazgo, la seccional Moyano, en la zona central del parque, se convirtió en el primer sitio de cría activo confirmado de la especie en Los Glaciares.

Cómo se confirmó el hallazgo
Goitía capturó momentáneamente algunos ejemplares, los fotografió y los devolvió de inmediato al agua. Las imágenes fueron analizadas por especialistas en herpetofauna patagónica, entre ellos la doctora Evangelina Soledad Vettese, de la Fundación Anfibia de El Chaltén, y el doctor Diego Barrasso, del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus), que depende del CONICET en Puerto Madryn.
La validación taxonómica determinó que se trataba de renacuajos en estadios larvales tempranos y medios, todavía sin patas traseras desarrolladas. Los especialistas se basaron en rasgos característicos de la especie: un cuerpo deprimido e hidrodinámico, adaptado a las aguas frías de montaña, una coloración dorsal pardo oliva con un fino patrón reticulado y una cola musculosa con aletas de altura moderada.
Para la especie, el dato tiene un valor especial. Según la información disponible sobre su biología, las larvas de la ranita del Chaltén atraviesan un desarrollo acuático prolongado durante el invierno y completan su metamorfosis hacia fines del verano. Encontrar renacuajos en distintos estadios confirma que en ese ambiente la especie no solo vive, sino que completa una parte central de su ciclo de vida.

Una especie casi desconocida
La ranita del Chaltén fue descrita por la ciencia en 1975, a partir de ejemplares de Puerto Edén, en la isla Wellington, en Chile. Con el tiempo se identificaron poblaciones en el lago Nansen y en el lago del Desierto, en Santa Cruz, y en la laguna Caiquenes, en la región chilena de Aysén. Habita bosques templado-fríos de montaña, en general entre los 500 y los 830 metros sobre el nivel del mar, en ambientes húmedos con inviernos largos y abundante nieve. Es una rana pequeña, que no supera los cuatro centímetros de largo, de dorso verde con verrugas marrones.
En la zona de El Chaltén, los antecedentes son escasos: un registro de 1997 en la Reserva Provincial Lago del Desierto y otro de 2024 en el valle del río Toro. Esa falta de información se refleja también en su estado de conservación, sobre el que todavía no hay datos suficientes para una evaluación precisa.

Un termómetro del agua pura
Más allá de la rareza del hallazgo, los especialistas destacan el papel de la especie como indicadora ambiental. Como todos los anfibios, la ranita del Chaltén tiene una piel extremadamente permeable, lo que la vuelve muy sensible a la contaminación, a los cambios en el clima y a la llegada de organismos invasores. Por eso funciona como un verdadero termómetro de la salud de las cuencas de agua dulce y de los ambientes glaciares de la Patagonia austral.
El contexto del descubrimiento refuerza esa idea. El Didymo, conocido también como moco de roca, forma densas alfombras sobre el lecho de ríos y lagos y altera los ambientes acuáticos que invade. Que el hallazgo se haya producido durante un monitoreo de esa alga muestra cómo el trabajo de control en los cuerpos de agua protegidos beneficia a muchas especies a la vez, incluso a algunas que la ciencia apenas empieza a conocer.
Para Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad, el registro suma un nuevo motivo para cuidar sus lagunas y arroyos de montaña. Allí, lejos de los glaciares más visitados, una de las ranas más enigmáticas de la región encontró un lugar para reproducirse.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Santa Cruz - Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario La Mañana de Neuquén, Fundación Anfibia, IDEAus-CONICET, AmphibiaWeb

Un estudio halló en el río Salí materia fecal hasta 2.400 veces por encima del máximo de referencia

Un relevamiento en cuatro puntos del cauce, analizado por la Estación Experimental Obispo Colombres, mostró que la contaminación bacteriológica se dispara al atravesar el Gran Tucumán y reavivó el debate por el saneamiento de la cuenca.

El río Salí, principal curso de agua de Tucumán, llega contaminado al Gran Tucumán y sale de él en peores condiciones. Esa es la conclusión central de un relevamiento sobre la calidad del agua en el tramo que atraviesa el Área Metropolitana, que detectó en el puente Ingeniero Barros, el que une la Capital con Alderetes, concentraciones de coliformes fecales hasta 2.400 veces superiores al valor máximo que los investigadores tomaron como referencia normativa.
El trabajo fue coordinado por el ingeniero Mario Amado, del equipo técnico del legislador provincial José Seleme. Las muestras se extrajeron el 13 de mayo ante escribana pública y se enviaron a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) identificadas solo con un número.

Cuatro puntos sobre el cauce
Para comparar cómo entra el agua al conglomerado y cómo lo abandona, se eligieron cuatro sitios: el dique La Aguadita, al norte; el puente Barros; el puente Lucas Córdoba, entre la Capital y Banda del Río Salí, y la zona de las canteras, al sur y ya fuera del aglomerado.
La EEAOC analizó metales pesados y sustancias químicas, como plomo, arsénico, éter etílico y detergentes, además de coliformes totales y fecales. En el primer grupo no aparecieron valores significativos. El panorama cambió por completo con los indicadores bacteriológicos.
Aun tomando como base La Aguadita, donde el agua ya llega contaminada, los coliformes totales se multiplicaron por 5,6 en el puente Barros y por 25,6 en el Lucas Córdoba, para volver a 5,6 veces el valor inicial en las canteras. Los coliformes fecales, asociados a desechos humanos o animales, crecieron 32 veces en el puente Barros, 10 en el Lucas Córdoba y 5,7 en las canteras. Frente al límite normativo usado en el estudio, la brecha es mayor: La Aguadita lo supera 75 veces; el puente Barros, 2.400; el Lucas Córdoba, 750, y las canteras, 430.
Las muestras se tomaron tras un período de lluvias abundantes y antes de la zafra, un momento que el equipo consideró favorable para el río. Por eso estimó, sin haberlo medido, que con menor caudal y plena actividad industrial los valores podrían ser más altos. Un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET publicado en 2006 ya había observado ese patrón con indicadores químicos: la alteración que provoca el Gran San Miguel de Tucumán sobre el Salí se intensifica en la época seca, cuando la carga contaminante duplica la del período húmedo.

Cloacas, canales y asentamientos
Los técnicos atribuyeron las diferencias a múltiples fuentes urbanas: la planta depuradora de Las Talitas, que recibe los líquidos cloacales de esa ciudad, de Tafí Viejo y de Villa Carmela; el bajo porcentaje de viviendas conectadas a la red en algunos sectores; los canales Norte, Sur, San Cayetano y ex Aeropuerto, y comunas sin cloacas donde los efluentes terminan en pozos ciegos, canales o directamente en el agua.
El informe advierte que el contacto con esta agua puede causar cuadros gastrointestinales e infecciones de piel, ojos y oídos, con mayor riesgo para niños y adultos mayores. El dato pesa porque hay familias asentadas en las márgenes, muchas sin servicios básicos, y porque varios tramos se usan para pescar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, del que depende el área ambiental, una fuente oficial describió el cuadro como una crisis socioambiental que no se resuelve solo tratando el agua. Admitió que los controles provinciales probablemente coincidan, pero pidió repetir los muestreos en otras épocas del año y sostuvo que los residuos industriales disminuyeron gracias a controles semanales compartidos con Santiago del Estero.
Ese control conjunto tiene historia. La cuenca Salí-Dulce abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados en cinco provincias, donde viven cerca de 2,5 millones de personas, y su contaminación motivó en 2007 la creación de un Comité Interjurisdiccional y, en 2011, un acuerdo entre Nación, Tucumán y Santiago del Estero para reducirla.

"Miremos al río"
Con estos resultados, Seleme presentó el proyecto de ley "Miremos al río", en cuyos fundamentos sostiene que el Salí atraviesa un "estado de emergencia ambiental" en buena parte de su cuenca, agravado en el Gran Tucumán, donde vive cerca de un millón de personas. La iniciativa propone cuatro ejes: saneamiento hídrico, recuperación del ecosistema ribereño, gestión de riesgos e integración urbana, e inclusión social, con foco en los barrios de las riberas.
Los investigadores concluyeron que hacen falta más estudios para identificar con precisión las fuentes y políticas públicas para reducir los riesgos. Para el legislador, la magnitud del deterioro exige una política de Estado sostenida en el tiempo.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Contexto Tucumán, Diario Primera Fuente

Vaca Muerta suma polos más allá de Añelo mientras se discuten el agua, los sismos y el metano

El fracking alcanzó en septiembre 2.395 etapas de fractura y se extiende al norte y al sur de la cuenca. En paralelo, organizaciones, científicos y vecinos reportan sismos, consumo de agua y emisiones de metano, mientras las autoridades responden con medidas parciales.

Una actividad en máximos
Según datos de la Fundación Contactos Energéticos, difundidos por Minuto Neuquén y ADNSUR, en septiembre de 2026 se completaron 2.395 etapas de fractura en 13 concesiones. Entre enero y septiembre fueron 21.625, el 90 % del total de 2025. La actividad crece en el sur (La Angostura Sur, de YPF) y en el norte (Los Toldos, de Tecpetrol, y El Trapial, de Chevron). Pampa Energía y Pluspetrol obtuvieron beneficios del RIGI. Esas notas no mencionan impactos ambientales.

Agua
Un pozo no convencional requiere entre 30.000 y 45.000 metros cúbicos de agua dulce, según Economía Sustentable. Un análisis de la Universidad Nacional del Comahue y el Stockholm Environment Institute estimó, a partir de datos oficiales y de la industria, un uso de unos 100 millones de litros por mes en octubre de 2023. Datos provinciales de 2021 indican que el uso petrolero era una fracción menor de los caudales del Limay y mayor en el Neuquén. Con la emergencia hídrica declarada en octubre de 2025, la provincia subió el canon del agua desde julio de 2026 para incentivar el reúso.

Sismos
El Observatorio de Sismicidad Inducida, un proyecto científico independiente, registró más de 640 sismos desde el inicio del fracking. Según OPSur, hubo 31 en los primeros cinco meses de 2026, un 70 % más que en 2025, en Sauzal Bonito, Añelo, Rincón de los Sauces y Aguada Federal. Ni el gobierno ni las empresas atribuyeron responsabilidad. No hay regulación específica y los vecinos piden un "semáforo sísmico".

Metano
Según OPSur, el observatorio de metano del PNUMA ubicó a Loma La Lata–Sierra Barrosa entre las fuentes más importantes del mundo entre mayo de 2025 y 2026. La escuela N.º 291 de Aguada Toledo, a unos 1.100 metros, fue cerrada hasta febrero de 2027. La Secretaría de Ambiente no halló emisiones preocupantes en sus inspecciones; las organizaciones cuestionan el equipo utilizado. YPF quedó a cargo de los estudios de calidad de aire. Neuquén se sumó al sistema satelital MARS del PNUMA.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Minuto Neuquén, Portal ADNSUR, OPSur

Denuncian que AySAM vuelca cloacas en un predio de Maipú cercano al humedal Leyes-Tulumaya

Una organización civil llevó a la Justicia los vertidos de efluentes sin tratar que la empresa estatal de agua realiza desde 2015 en un campo de 12 hectáreas, a pocos metros del arroyo Leyes y de lagunas protegidas, con riesgo de que la contaminación alcance las napas.

En un campo de unas 12 hectáreas sobre calle Los Pinos, en el departamento mendocino de Maipú, se formó con los años una laguna que no figura en ningún mapa hídrico. La alimentan los líquidos cloacales sin tratar que Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), la empresa estatal de agua de la provincia, deriva allí desde 2015. La situación llegó a la Justicia a partir de una denuncia de la organización Fiscalía Ciudadana, que advierte por el riesgo de contaminación de las napas y de un sistema de humedales cercano.
El predio está ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, junto al trazado de la Colectora Máxima Noreste, el caño que conduce los efluentes cloacales hacia la planta depuradora El Paramillo. A poca distancia corre el arroyo Leyes y se extienden las lagunas El Viborón, La Paloma y Soria. Esas lagunas integran el sistema Leyes-Tulumaya, declarado de interés para su conservación en 2020.

Una emergencia que duró once años
La propia empresa reconoció los vertidos. AySAM explicó que la derivación hacia el campo funciona como un mecanismo de emergencia ante las fallas estructurales de la colectora, un caño construido en la década de 1980 que se fracturó en 2015. También sostuvo que los vuelcos se producen de manera "esporádica y eventual", solo ante contingencias como tormentas que elevan los caudales. En los momentos de mayor descarga, la superficie afectada llegó a abarcar unas 40 hectáreas.
Las constataciones realizadas en junio pusieron en duda esa explicación: se registraron descargas aun cuando no había llovido en los días previos. Marcos Neirotti, vicepresidente de Fiscalía Ciudadana, sostuvo que la situación ya era conocida por las autoridades de control y que, pese a ello, el daño ambiental continuó durante años.
Los antecedentes le dan sustento a ese planteo. El Departamento General de Irrigación ya había intimado a AySAM el 3 de agosto de 2021 a frenar los vertidos y presentar un plan de remediación, y reiteró el pedido seis días después. Cuando el caso se reactivó este año, el expediente físico de aquellas actuaciones no pudo ser localizado.

La denuncia y la respuesta oficial
Fiscalía Ciudadana presentó su denuncia ante Irrigación el 29 de mayo, a partir de denuncias anónimas, y luego promovió una querella penal. Ese mismo día, el organismo labró un acta en la que intimó a la empresa a sanear el área y a retirar el caño que descargaba desde una boca de registro del colector. La intimación se basó en una resolución destinada a prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En la inspección no se observaron vuelcos activos, pero sí una extensa superficie de agua estancada con olor característico de efluentes cloacales.
Dos días después de la denuncia, el 31 de mayo, AySAM firmó un acuerdo con el propietario del campo para utilizarlo como área de contención ante contingencias. La empresa proyecta construir allí una laguna de contención con terraplenes perimetrales y avanzar con el reemplazo progresivo de la vieja colectora. Esas obras cuentan con un financiamiento de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El principal riesgo señalado por los denunciantes es la infiltración. Como el suelo del predio no está impermeabilizado, los efluentes podrían alcanzar las aguas subterráneas y, desde allí, el sistema de humedales, aunque ese impacto todavía no fue acreditado judicialmente. El caso ya involucra a Irrigación, a la autoridad ambiental provincial y a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

Un patrón que se repite
La denuncia de Maipú no es el primer frente judicial de AySAM por vuelcos cloacales. El 26 de mayo, el fiscal Gabriel Blanco imputó al presidente de la empresa, Humberto Mingorance, al gerente general Darío Hernández y al gerente de Operaciones Carlos Sifuente por los derrames en Los Corralitos, en Guaymallén. Los cargos son daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua peligrosa para la salud. Unas semanas antes, Irrigación había multado a la empresa con 100.000 unidades de agua, unos 120 millones de pesos, por esos mismos vertidos.
En ambos casos aparece el mismo telón de fondo: una infraestructura cloacal envejecida cuyas fallas, según los denunciantes, terminan descargándose sobre suelos, canales y humedales de la provincia.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental, Portal Data24, Departamento General de Irrigación de Mendoza

Misiones judicializa la derogación de la Ley de Tierras y lleva su reclamo ambiental al Cofema

Tras el fallo de la Corte Suprema que reactivó la eliminación de los límites a la compra de campos por extranjeros, el gobierno misionero ordenó acciones judiciales y defendió ante el Consejo Federal de Medio Ambiente la vigencia de la Ley 26.737.

Misiones decidió dar pelea en dos frentes para frenar la venta sin restricciones de tierras rurales a compradores extranjeros. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, a iniciar acciones judiciales contra los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En paralelo, el ministro de Ecología, Martín Recamán, llevó la defensa de esa norma al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
"No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", sostuvo el mandatario al anunciar la medida. La instrucción quedó formalizada en el decreto provincial 1935, firmado el 2 de octubre, que habilita a la Fiscalía a representar a la provincia y a promover las acciones y defensas que considere necesarias, por las vías y en los momentos que resulten técnicamente más oportunos.

El fallo que destrabó el decreto
La reacción misionera llegó días después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, el 29 de septiembre, la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Con esa decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, volvieron a quedar sin efecto los topes a la extranjerización del suelo rural.
Ante las críticas, el máximo tribunal emitió un comunicado en el que aclaró que su resolución fue estrictamente procesal. Según explicó, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para obtener la cautelar. La Corte remarcó que no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen y que su sentencia no alcanza a otras cautelares en trámite con el mismo objeto. También recordó que el Congreso conserva la facultad de rechazar el decreto o sancionar una nueva ley.
Ese margen ya empezó a usarse. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, pidieron una nueva cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 para evitar que se consoliden compras irreversibles mientras el Congreso trata el tema. Pichetto advirtió que en el escenario actual "pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles ribereños". Massot, por su parte, alertó que lo que se venda en las próximas semanas podría no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites, ya que esas operaciones quedarían protegidas por el derecho de propiedad.

Una provincia rodeada de fronteras
El planteo de Misiones se apoya en su geografía. Más del 90% de sus límites son internacionales, con Brasil y Paraguay. Por eso el gobierno provincial sostiene que regular la titularidad del suelo es una cuestión de soberanía, ordenamiento territorial y conservación. A esos argumentos Passalacqua sumó la protección de una biodiversidad única en el país y la defensa de los pequeños productores locales.
La Ley 26.737 fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental, e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo. También restringía la compra en zonas de seguridad de frontera y en inmuebles con cuerpos de agua permanentes, dos situaciones que en el territorio misionero son la regla y no la excepción.
Según los datos presentados por la provincia, cinco de sus 17 departamentos ya superaban el límite del 15% aun con la ley vigente: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción. El caso más extremo es Iguazú, donde 114.406 hectáreas pertenecen a titulares extranjeros, casi el 40% de su superficie rural. Esa concentración, advierte el gobierno, ya condiciona la expansión urbana, habitacional e industrial de municipios como Puerto Libertad.

La discusión en el Cofema
En ese contexto, Recamán expuso la posición misionera ante el Cofema, el organismo que reúne a las autoridades ambientales de las provincias y la Nación. El consejo acordó convocar a una asamblea extraordinaria para el martes 13 de octubre, con el objetivo de definir una postura institucional frente a la derogación de la ley.
La asamblea será la primera instancia en la que las autoridades ambientales de todo el país deberán fijar una posición común sobre el tema. Misiones ve en el control del suelo una herramienta para proteger sus ecosistemas, sus cursos de agua y sus fronteras. Para la provincia, el resultado de esa reunión y el de las causas judiciales en marcha definirán hasta dónde puede avanzar la extranjerización de su territorio.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Diario El Territorio, Misiones Online, Canal 12 Misiones

Fijan para marzo el juicio contra Comarsa por acopiar residuos petroleros en Neuquén

Tres directivos de la empresa enfrentarán un debate oral con unos 150 testigos por la contaminación con desechos de Vaca Muerta en el Parque Industrial neuquino, aunque antes el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver un último planteo de las defensas.

Después de seis años de investigación, varias idas y vueltas judiciales y un intento fallido de cerrar la causa sin debate, el caso Comarsa ya tiene fecha. Tres directivos de la empresa de tratamiento de residuos peligrosos serán juzgados entre el 15 de marzo y el 23 de abril de 2027. Están acusados de contaminar con desechos de la actividad petrolera terrenos del Parque Industrial de Neuquén, en una zona que hoy forma parte del área de expansión urbana de la capital provincial.
La Oficina Judicial Penal (Ofiju) programó un juicio oral y público en el que declararán alrededor de 150 testigos y peritos. La acusación estará a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, acompañado por dos querellas: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

Hornos que no se usaron
Comarsa fue habilitada en 2011 para remediar suelos contaminados con hidrocarburos mediante hornos de tratamiento térmico. Según la acusación, desde mediados de ese año la firma acopió grandes cantidades de material contaminante sin tratar, tanto en su propio predio como en tierras lindantes que no le pertenecían, y lo hizo sobre terrenos sin impermeabilizar.
Los fiscales sostienen además que los directivos emitieron certificados de tierras tratadas sin haber realizado efectivamente esa tarea, mientras la planta seguía recibiendo residuos de las operadoras que trabajan en Vaca Muerta. La imputación se encuadra en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 24.051, por contaminación ambiental.
Las consecuencias de esa práctica todavía están a la vista. Los desechos permanecen acopiados en el Distrito 6, uno de los sectores hacia donde crece la ciudad de Neuquén, y frenaron obras de urbanización sobre la calle Soldi. A la afectación del suelo se suma el impacto sobre la calidad del aire en la zona.

Un camino judicial sinuoso
El expediente atravesó varias etapas antes de llegar a esta instancia. El año pasado, los acusados obtuvieron una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, que les habría permitido evitar el debate oral a cambio de cumplir determinadas condiciones. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revocó ese beneficio y devolvió la causa al camino del juicio.
En agosto, el juez de garantías Juan Manuel Kees elevó formalmente el caso a juicio. En esa audiencia rechazó los pedidos de sobreseimiento de dos de los imputados y sostuvo que "será a través de un juicio donde se determine la participación de cada uno". También definió que el caso lo resolverá un tribunal colegiado de jueces profesionales y no un jurado popular, como había solicitado la fiscalía. El magistrado explicó que en Neuquén los juicios por jurados se reservan para delitos contra la integridad sexual o con resultado de muerte o lesiones graves cuya pena supere los 15 años.
El último obstáculo antes del debate es una queja que las defensas de los tres empresarios presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en su intento por revertir la revocación de la probation. El máximo tribunal provincial deberá pronunciarse antes del 5 de noviembre. Si la rechaza, el calendario fijado por la Ofiju quedará firme.

El basurero de Vaca Muerta
La causa pone el foco en un eslabón poco visible de la explotación no convencional: el destino de los residuos que genera la extracción de hidrocarburos. El esquema era sencillo. Las operadoras enviaban sus desechos a Comarsa y la empresa debía devolverlos como suelo remediado, con un certificado que lo acreditara. Según la acusación, esos papeles no se correspondían con lo que realmente ocurría en el predio, donde el material se seguía amontonando sin ningún tratamiento.
Mientras el expediente avanzaba entre recursos y audiencias, los residuos siguieron en el mismo lugar. Más de una década después de que comenzara el acopio, el material continúa en el Distrito 6, a la espera de una definición judicial. Esa definición también incidirá sobre el futuro de esos terrenos, sobre su eventual remediación y sobre los planes de crecimiento urbano de la ciudad.
Si el Tribunal Superior no altera el cronograma, el debate oral comenzará el lunes 15 de marzo y se extenderá durante casi seis semanas. En ese tiempo, los testigos y peritos deberán reconstruir qué pasó en la planta a lo largo de esos años.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Diario Neuquino, Diario Río Negro, Poder Judicial de Neuquén

Los arroyos Crespo y El Espinillo vuelven a teñirse de rojo y vecinos señalan al parque industrial

La Red Cuenca Las Conchas constató una nueva coloración rojiza en dos arroyos de Entre Ríos, junto a la descarga de las piletas de tratamiento de Crespo. Denuncia que ocurre cada octubre desde hace tres años y que solo dos de las ocho industrias del parque industrial tienen certificado ambiental. Hay una denuncia presentada ante la Secretaría de Ambiente, sin respuesta oficial por ahora.

Los arroyos Crespo y El Espinillo volvieron a verse teñidos de rojo, según alertó la Red Cuenca Las Conchas tras una constatación a campo el 1 de octubre, con fotos y videos. Integrantes de la organización siguieron el rastro hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo. Los dos cursos desembocan en el arroyo Las Conchas, en el departamento Paraná. La Red sostiene que el episodio se repite cada octubre desde hace tres años.

Qué denuncia la Red
La organización presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y espera respuesta. Según Era Verde, la Secretaría estaba al tanto y habría hecho un recorrido y un muestreo, algo que no pude confirmar por otra vía. La sospecha apunta al Parque Industrial de Crespo y a un posible desborde de las piletas de tratamiento de efluentes, aunque la Red no presenta una conclusión definitiva, sino una repetición y un punto de descarga. Un informe municipal de diciembre de 2025 indica que ocho industrias del parque vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal, y solo dos cuentan con certificado ambiental. La Red pide regularizar la situación y poner fin a los vertidos en unos arroyos que describe como fuente de vida, trabajo y esparcimiento. También reconoce que las autoridades municipales respondieron siempre a sus consultas, pero dice que la persistencia del problema le genera preocupación e impotencia.

Por qué los controles no lo detectan
La Red cita un informe científico publicado en julio, "Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas". Según su lectura, los monitoreos convencionales y escasos no captan los pulsos de contaminación breves pero intensos, que se producen cuando los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales desbordan con las lluvias y arrastran lo acumulado de una sola vez. Por eso va a pedir reuniones con las industrias del sector y el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca.

Qué se sabe y qué no
Ninguna de las fuentes informa qué sustancia produce el color rojo, ni hay resultados de laboratorio del agua. Tampoco aparecen datos sobre posibles efectos en la salud de quienes usan los arroyos para trabajar o recrearse. Esos resultados, de los muestreos que habría hecho la Secretaría de Ambiente, son el dato clave que falta. No encontré declaraciones del municipio de Crespo ni de las industrias del parque.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Diario Uno Entre Ríos, Portal Elonce

Día Internacional del Aguará Guazú: las amenazas que enfrenta el cánido más grande de Sudamérica

El aguará guazú está categorizado como vulnerable en Argentina y como casi amenazado por la UICN. La pérdida de hábitat, los atropellamientos y la captura de cachorros como mascotas lo ponen en riesgo. En Santa Fe, solo el 0,9% de los ejemplares atropellados logra rehabilitarse, pero en Córdoba una hembra con collar satelital tuvo cuatro crías.

Cada 5 de octubre se conmemora el Día Internacional del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el cánido más grande de Sudamérica. En Argentina habita en Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Misiones. A nivel nacional está categorizado como Vulnerable, y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) figura como Casi Amenazado. La expansión agropecuaria y urbana redujo y fragmentó los pastizales, bañados y montes que necesita para alimentarse, refugiarse y reproducirse.

Rutas que parten su territorio
Los caminos, cultivos, alambrados y urbanizaciones aíslan poblaciones, reducen el intercambio entre animales y los obligan a cruzar sectores con tránsito. Según la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre de Santa Fe, en los últimos siete años murieron 211 ejemplares en siniestros viales en esa provincia. Apenas el 0,9% de los animales atropellados logra rehabilitarse y volver a su ambiente. Guillermo Delfino, coordinador del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, subrayó que es una especie clave para el equilibrio de sus ambientes y una de las más golpeadas por los atropellamientos y la pérdida de hábitat. Para una especie de baja densidad, la muerte de cada ejemplar pesa más que una estadística.

Otras amenazas y un prejuicio
También lo afectan la captura ilegal de cachorros para tenerlos como mascotas y la caza, en parte por prejuicios sobre su comportamiento. El aguará guazú no es una amenaza para el ganado: come sobre todo frutos, insectos, pequeños roedores y anfibios. Al consumir frutos y dispersar semillas participa en la regeneración de pastizales y humedales. Para los pueblos toba y mocoví es un animal protector, y en la tradición criolla se asocia con la leyenda del Lobizón.

Cinco medidas y qué hacer si se encuentra uno
Las medidas que plantea la nota son: corredores de fauna, señalización en los puntos críticos, conductores atentos en caminos que atraviesan ambientes naturales, identificar los lugares y horarios de mayor circulación de animales, y avisar a las autoridades si se encuentra un ejemplar herido. Un cachorro solo no siempre está abandonado, porque los adultos pueden alejarse a buscar comida o trasladar a las crías. Ante un hallazgo, la recomendación es no tocarlo ni alimentarlo y comunicarse con organismos de fauna o equipos especializados. Fundación Temaikèn trabaja hace más de dos décadas en investigación, rescate, rehabilitación y reinserción, usa collares satelitales con GPS para seguir a los animales liberados y co-lidera el programa S.A.F.E. de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos.

Cuatro crías en Ansenuza
En el Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), una hembra llamada Cucusa, con collar satelital de Aves Argentinas desde abril, tuvo cuatro crías. El conservacionista Augusto Distel notó un cambio en sus movimientos e instaló ocho cámaras trampa, y al día siguiente las imágenes confirmaron la camada. Mostraron a la madre trasladando a los cachorros entre refugios, y el monitoreo continúa con mínima intervención. Se trata del primer seguimiento de un aguará guazú en Córdoba, según medios locales.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Portal Elonce , Diario Los Andes

El Gobierno canceló Atucha III y reserva parte del predio para un reactor modular privado

Una asamblea de Nucleoeléctrica Argentina dejó sin efecto el proyecto de la cuarta central nuclear del país, que iba a construirse con tecnología china. En la misma reunión se habilitó una licitación para instalar en 12 hectáreas del predio un reactor modular de capital privado, por unos 1.203 millones de dólares.

La cuarta central nuclear argentina, Atucha III, fue cancelada. La decisión quedó asentada en la asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) del miércoles 23 de septiembre, según las actas a las que accedió Página/12. NA-SA es una empresa estatal: el 79% de las acciones depende de la Secretaría de Energía, el 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% de Enarsa. El proyecto contaba con tecnología y financiamiento mayoritario de China, y había sido impulsado durante el gobierno anterior.

Qué se resolvió
La asamblea decidió dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong, que la asamblea de 2021 había encomendado a NA-SA. El fundamento fue la "falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento", en el marco de la emergencia pública de la Ley 27.742. En el mismo acto se declaró el predio "de interés empresarial" y se autorizó al directorio a preparar los pliegos para una licitación pública. La inversión estimada es de 1.203 millones de dólares, con capital 100% privado y sin fondos ni avales públicos. Requiere otorgar un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del terreno reservado para Atucha III, y contempla que NA-SA opere y mantenga la planta.

Qué era Atucha III
El 1° de febrero de 2022, NA-SA firmó con la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) el contrato para construir un reactor Hualong One de 1.200 MW y 60 años de vida útil inicial, en el complejo nuclear de Lima, provincia de Buenos Aires. La obra se estimaba en unos 8.300 millones de dólares y China ofrecía financiar el 85%. También se proyectaban unos 7.000 empleos directos. Habría incorporado al país una tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, que Argentina no domina: las centrales actuales usan uranio natural y agua pesada. El contrato se prorrogó varias veces, hasta abril de 2025, mientras se negociaba el financiamiento.

El reactor que ocuparía el predio
La cifra de la licitación coincide con la del reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como inversión vinculada al Super RIGI. El Gobierno lo anunció el 2 de julio: unos 300 MW eléctricos en el complejo de Lima, partido de Zárate, con la operación a cargo de NA-SA y un canon por el uso del predio a cargo de la empresa privada. Meitner nació en 2024. El 60% es del empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari y el 40% de Black River Technology, firma estadounidense controlada por la estatal rionegrina Invap, que aporta la tecnología. Autorizar la licitación todavía no significa adjudicarla. Página/12 señala que, por sus características, la licitación tendría un único oferente, y que los especialistas ven varios obstáculos para concretar el reactor, entre ellos su costo. El vocero presidencial Adrián Ravier ya había dicho que Meitner se instalaría en el predio de Atucha.

Críticas y silencio oficial
El exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo sostuvo que Atucha III permitía expandir la potencia nuclear y el complejo científico-tecnológico, con contrato firmado y financiamiento acordado. Dijo que se la "mata" y se entrega el predio en el mismo acto. El especialista Nicolás Malinovsky consideró que la medida profundiza la cercanía con Estados Unidos y la calificó de "punto de inflexión". Según los críticos, el derecho real sobre el terreno buscaría que el proyecto con China no pueda retomarse en futuras gestiones. Página/12 consultó a NA-SA y a sus autoridades por los motivos y por el curso de la licitación y no obtuvo respuesta oficial.

Otro frente: cuánto vale NA-SA
La diputada Florencia Carignano denunció que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) reemplazó al Tribunal de Tasación para valuar empresas estatales sujetas a privatización, con una fórmula que, dijo, arrojó valor cero para NA-SA. Agregó que las tasaciones ahora son confidenciales. Carignano y la diputada Ana María Ianni pidieron el valor al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que integra el directorio de NA-SA y busca la privatización parcial de la compañía. Si no hay respuesta en 72 horas, advirtieron que acudirán a la Procuración de Investigaciones Administrativas.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Ámbito, Diario Infobae 

Glifosato y yerba mate: qué cambió en Misiones y por qué divide a productores, ambientalistas y científicos

Misiones derogó la prohibición provincial del glifosato que había sancionado en 2023. Un productor yerbatero dice que la norma nunca se aplicó y que las notas alarmistas asustan al consumidor. Desde el ambientalismo y el derecho ambiental lo leen como parte de una regresión que incluye un fallo en Entre Ríos y el sumario a una investigadora del INTA.

Qué cambió en Misiones
El 3 de septiembre, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad modificar la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que desde 2023 prohibía el glifosato con un período de transición de dos años. La reforma derogó el artículo 8 de la Ley VIII N° 103 y quedó registrada como Ley VIII N° 124. El gobernador Hugo Passalacqua la promulgó el 8 de septiembre mediante el Decreto 1757. La ley mantiene el impulso a los bioinsumos, pero elimina la prohibición, de modo que el herbicida vuelve al régimen general de los fitosanitarios y puede usarse donde tenga autorización nacional. Entre los argumentos oficiales figura que los bioinsumos no se desarrollaron al ritmo previsto, y que exigir el reemplazo sin alternativas empuja a pequeños y medianos productores a la informalidad. Carlos Rovira, autor de la ley original, votó a favor de derogarla.

La mirada de los productores
El productor Cristian Klingbeil, de la zona centro de Misiones, cuestionó los títulos que vincularon la derogación con un riesgo sanitario para quienes toman mate. Entre ellos citó una nota de El Destape del 1 de octubre. Sostuvo que la prohibición nunca llegó a aplicarse, por lo que su caída no cambió las prácticas, y que el glifosato ya se usaba para controlar malezas. Explicó que se aplica con tractor o mochila, dirigido a la maleza y evitando la planta, y que los productos para el mercado interno y la exportación pasan por análisis. Planteó además un problema económico: controlar las malezas con motoguadaña requiere tres o cuatro pasadas por año, mientras que el glifosato necesita una o dos aplicaciones. Con el precio de la yerba en baja, advirtió, algunos productores pueden recurrir más a los herbicidas. Su temor es que la desconfianza reduzca el consumo: "Si no tenemos consumidores, estamos en el horno". El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) emitió un comunicado en la misma línea. Señaló que la yerba no es un cultivo transgénico tolerante al glifosato y que el herbicida no se aplica sobre la planta. Recordó que el límite máximo de residuos para la yerba en Argentina es de 0,5 mg/kg. Indicó también que el cambio de ley "no constituye evidencia" de que la yerba contenga residuos, y que eso solo lo determinan análisis de laboratorio.

Las críticas desde el derecho ambiental y la ciencia
Tiempo Argentino lee la decisión de Misiones junto con otros dos hechos. Marta Ferreira, exministra de Agricultura Familiar de Misiones e impulsora de la ley derogada, sostiene que el debate no se reduce a prohibir o autorizar un producto, sino a producir de otra manera. El primer hecho es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que anuló una sentencia que había fijado distancias de resguardo de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 para aéreas, y rechazó dos amparos en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. El tribunal consideró que el fallo anulado reconocía la validez de la Ley provincial 11.178 pero fijaba un régimen distinto sin declararla inconstitucional, y que no se había probado una infracción concreta. Aclaró además que rechazar los amparos no implica desatender la tutela ambiental ni a la niña con daño genotóxico involucrada. El 25 de septiembre hubo una protesta en los Tribunales de Paraná. La abogada Aldana Sasia habla de una "enorme asimetría" entre una familia con pruebas médicas y las industrias con capacidad jurídica y económica. El abogado Fernando Cabaleiro sostiene que se viola el principio de no regresión ambiental. El segundo hecho es el caso de Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET en Balcarce, que coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, sobre exposición a plaguicidas en personas, alimentos y ambiente. Enfrenta un sumario que, según su defensa y gremios como APINTA, podría terminar en su exoneración. En Balcarce, concejales de bloques opositores la recibieron en una reunión informal, y evalúan pedir los datos del estudio.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal MisionesOnline, Diario Tiempo Argentino, Dairio Primera Edición, Portal Nota al Pie

"Loki", corales y crustáceos: descubren 57 nuevas especies en los cañones submarinos de la Argentina

Un taller internacional de taxónomos elevó de 40 a 57 la cantidad de especies marinas sin antecedentes científicos halladas en el cañón submarino Mar del Plata durante la expedición Talud Continental IV, la misma que en 2025 cautivó a millones de personas con su transmisión en vivo. El hallazgo incluye un pepino de mar bautizado "Loki" por sus apéndices en forma de cuernos.

La expedición que en 2025 acercó las profundidades del mar argentino a millones de personas a través del streaming sigue aportando resultados científicos. Un taller internacional realizado en Buenos Aires permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco géneros a partir del estudio de muestras obtenidas principalmente en el cañón submarino Mar del Plata, durante la campaña Talud Continental IV. El hallazgo fue comunicado por el CONICET el 1 de octubre. Los organismos habían sido recolectados durante la misión que llevó a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a bordo del buque R/V Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. La campaña, realizada en agosto de 2025, utilizó el vehículo operado de forma remota SuBastian, que permitió registrar imágenes y obtener muestras de ambientes situados a miles de metros de profundidad, y se extendió por 21 días con una transmisión en vivo que alcanzó a 4 millones de personas y cerca de 22 millones de visualizaciones.

Cuáles son las 57 nuevas especies marinas
El resultado amplía la estimación inicial de al menos 40 especies nuevas: tras el trabajo de identificación, el número llegó a 57, aunque todavía puede aumentar porque no se examinó todo el material recolectado. El conjunto comprende animales de distintos grupos, desde pequeños crustáceos hasta corales y pepinos de mar: 20 especies de copépodos (crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (entre ellos pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y un molusco escafópodo. Los cinco nuevos géneros informados corresponden a corales, pepinos de mar y crustáceos. Uno de los resultados más llamativos surgió del análisis de los copépodos: los especialistas examinaron apenas el 10% de las muestras recolectadas de ese grupo y ya reconocieron 20 especies nuevas y un nuevo género, lo que muestra cuánto material permanece pendiente de estudio.

"Loki", el pepino de mar que sobresale entre los descubrimientos
Entre los organismos destacados aparece "Loki" (Peniagone sp.), un pepino de mar de aguas profundas que recibió ese apodo por sus apéndices semejantes a cuernos, asociados a la figura de la mitología nórdica. Sus imágenes y videos fueron capturados en el fondo del cañón submarino, a 2.577 metros de profundidad según informó Ocean Census. Este animal integra el grupo de las holoturias y representa una de hasta diez nuevas especies de pepinos de mar reconocidas durante el taller. La denominación "Loki" funciona como un nombre divulgativo, mientras que los comunicados científicos lo identifican como Peniagone sp. El estudio también permitió reconocer nuevas especies de corales, entre ellas la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de una intensa coloración roja anaranjada, que aportan información sobre comunidades de aguas profundas que generan hábitats para otros seres vivos. En este grupo, los investigadores señalaron además dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia, aunque esas propuestas todavía requieren análisis genéticos adicionales.

Cómo se analizaron las muestras
El Species Discovery Workshop se desarrolló del 13 al 24 de julio de 2026 en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires, y reunió a 20 taxónomos e investigadores en inicio de carrera de América Latina y Europa para estudiar muestras de fauna de aguas profundas. La iniciativa fue liderada por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute, y tuvo como coordinadores locales a los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso. El trabajo combinó técnicas de taxonomía integrativa para reconocer los organismos y registrar los descubrimientos en Ocean Census NOVA, una plataforma de datos de acceso abierto, mientras que las muestras físicas permanecerán en colecciones científicas argentinas. "La expedición al cañón Mar del Plata cautivó la imaginación del público cuando transmitimos por primera vez en vivo el mar profundo de Argentina, descubriendo potenciales nuevas especies marinas", señaló Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute. Daniel Lauretta, jefe científico de la campaña e investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", destacó que la colaboración internacional aceleró la identificación de organismos y contribuyó a formar especialistas locales, algo especialmente relevante para grupos animales que cuentan con pocos taxónomos activos.

Lo que viene: una nueva expedición en 2027
Las 57 especies anunciadas no agotan los resultados posibles de Talud Continental IV: todavía quedan muestras sin analizar que podrían ampliar el inventario de biodiversidad de las profundidades argentinas. El CONICET, a través del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), y el Schmidt Ocean Institute planifican una nueva expedición, bautizada Talud Continental V, para febrero y marzo de 2027. Esta vez el foco estará puesto en los sistemas de cañones Ameghino y Almirante Brown, frente a la costa de Chubut, una región aún menos explorada donde se buscará descender hasta los 5.000 metros de profundidad.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Perfil, Diario Norte, Diario Infobae