Restauración en Chubut: 20.000 coihues llegaron en helicóptero al bosque quemado de El Turbio

Más de 20.000 coihues trasladados en helicóptero crecen en 20 hectáreas quemadas del Parque Provincial El Turbio, mientras la provincia avanza con nuevas plantaciones en la Comarca Andina.

En el Parque Provincial El Turbio, en la cordillera de Chubut, más de 20.000 coihues jóvenes empiezan a ocupar el lugar que dejó el fuego. La plantación cubrió unas 20 hectáreas de bosque quemado cerca de Lago Puelo. Forma parte de un programa de restauración que en los últimos meses sumó nuevas etapas en la Comarca Andina, y exigió una logística fuera de lo común para llegar a uno de los rincones más aislados de la provincia.
Los plantines de coihue (Nothofagus dombeyi), de alrededor de un año y medio, llegaron en abril de 2026 al sector del arroyo El Jara, unos cuatro meses después del último incendio. Para alcanzar el sitio, el equipo técnico recorrió unos 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo. Luego navegó 13 kilómetros en lancha por el Parque Nacional Lago Puelo, siguió en tractor y completó los últimos 30 kilómetros a caballo y a pie. El viaje llevó casi dos días. Los árboles, en cambio, volaron en helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias desde la base de brigadistas de El Hoyo.

Un bosque castigado dos veces
El Turbio arrastra una historia reciente de incendios. En 2015, un gran fuego destruyó cerca de 7.000 hectáreas de bosque nativo en el parque. En diciembre de 2025, otro incendio, de origen natural, quemó más de 3.100 hectáreas.
Doce pobladores locales y técnicos forestales trabajaron durante diez días en la plantación. Los coihues se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera por sí solo. Los troncos quemados y los arbustos que sobrevivieron funcionan como refugio frente al viento y la radiación solar. Los plantines se produjeron en el vivero provincial Lemu, de El Maitén.
La tarea es impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el programa Reforestarg, en el marco de ProCLIM-AR. Ese acuerdo de cooperación entre la Argentina y Alemania lo ejecuta la agencia alemana GIZ con fondos de la Iniciativa Climática Internacional. Participan además el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Escuela Agrotécnica N.º 717.
Ariel Medina, especialista en bosques de Vida Silvestre, describió la plantación de especies nativas como un paso para recuperar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje. También advirtió que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo. El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó que el proyecto aportó durante tres años herramientas, financiamiento y capacidad operativa. Además, definió cada árbol plantado en zonas incendiadas como “una inversión estratégica para el futuro de Chubut”.

Las etapas siguientes
La plantación de El Turbio fue apenas el comienzo. El 2 de septiembre, la provincia anunció una nueva etapa con 109.100 árboles nativos para unas 127 hectáreas, a plantar entre septiembre y octubre. Para el 24 de septiembre ya se habían colocado 32.000 ejemplares en 40 hectáreas de la reserva del lago Epuyén. El 8 de octubre se recibieron 4.000 plantines para un predio forestal provincial de más de 60 hectáreas en Lago Puelo.
Según el anuncio de la Secretaría de Bosques y Vida Silvestre, esa campaña combina 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces producidos en viveros provinciales. Los sitios se eligieron por criterios técnicos como el daño causado por el fuego, las especies nativas y exóticas presentes y el potencial de recuperación natural. En algunos sectores, antes de plantar hace falta ralear, despejar y retirar los pinos que brotaron después de los incendios. Los árboles se agrupan en bosquetes de unos 30 ejemplares. Además, se prevén alrededor de 30 parcelas de monitoreo de largo plazo para seguir la supervivencia, el crecimiento y los daños, incluido el ramoneo de animales. Tobías Merlo, fundador de Reforestarg, explicó que cada institución aporta lo suyo: Vida Silvestre, los árboles; la Secretaría, el conocimiento del territorio, y Reforestarg, la plantación.
En paralelo, Vida Silvestre licitó, a pedido de la Secretaría de Bosques, la compra de 75.000 cipreses de la cordillera y 3.000 alerces. Están destinados a la Reserva Forestal de Usos Múltiples de Epuyén y al Parque Provincial El Turbio, dentro del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios.

La escala, una deuda pendiente
El área de trabajo de ProCLIM-AR abarca algo más de 42.000 hectáreas entre Lago Puelo, El Turbio y Cholila, dentro de un programa pensado a 30 años. Las 20 hectáreas de El Turbio representan menos del 0,05% de esa superficie. Todavía no se informaron tasas de supervivencia de los coihues ni un balance final de la campaña de primavera. La Secretaría de Bosques prevé monitorear su crecimiento para ir ajustando la estrategia. La continuidad de las plantaciones depende del clima y del acompañamiento de las comunidades.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Chubut 
Fuentes Consultadas:  Portal ECOticias, Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaría de Bosques de Chubut

Bariloche: una cautelar mantiene frenado el proyecto de Faena en las tierras del ex hotel de Perón

Una jueza rionegrina sostuvo la prohibición de intervenir en el predio donde el grupo de Alan Faena proyecta un complejo de lujo, mientras vecinos y organizaciones reclaman una evaluación ambiental integral de la zona.

La Justicia de Río Negro mantiene en suspenso cualquier intervención en un predio a orillas del lago Moreno, en un entorno de bosques y montañas de Bariloche. Allí, un grupo inversor vinculado a Alan Faena proyecta un complejo turístico de lujo. La jueza Marcela Trillini sostuvo la medida cautelar sobre ese terreno en el marco de un amparo ambiental colectivo contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, excluyó de la restricción a otro emprendimiento cercano, Cauma.
El nombre de Faena está asociado a la transformación de Puerto Madero y a desarrollos hoteleros internacionales. Su proyecto abarca unos 33.000 metros cuadrados cerca del Circuito Chico e incluye un hotel de alta gama, cinco apart hoteles y 31 cabañas. Las tierras cargan además con una historia que reavivó la discusión pública: son las del antiguo Hotel Ministro Pistarini, pensado en sus orígenes para el turismo educativo y social.

Del turismo escolar a la inversión privada
En 1944, el Estado nacional reservó unas 47 hectáreas junto al lago Moreno para colonias educativas. El 31 de diciembre de 1953, un decreto firmado por Juan Domingo Perón transfirió el hotel y sus instalaciones al Ministerio de Educación para el turismo escolar, como parte de un impulso más amplio al turismo social.
Con el tiempo, el inmueble pasó a la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), y a comienzos de los 2000 la Municipalidad formalizó su cesión gratuita a esa entidad. El hotel cerró en 2004 y en 2008 el terreno se vendió a un grupo inversor ligado a Faena por unos 15 millones de dólares. El Concejo Deliberante local llegó a pedir que se estudiara la recuperación de la propiedad por haber perdido su destino original. Perón no donó el hotel a Faena ni a la obra social: esas cesiones y la venta corresponden a una etapa posterior.

Un amparo por los impactos acumulados
El reclamo judicial lo presentaron vecinos, concejales y organizaciones. Según los amparistas, el área es ecológicamente sensible por su cercanía con las reservas naturales urbanas Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra, con bosques y con el sistema del lago Moreno. Advierten sobre movimientos de suelo, pérdida de vegetación, aumento del tránsito y nuevas demandas de infraestructura. También cuestionan que los emprendimientos de la zona se hayan evaluado por separado.
Por eso piden un estudio de impacto ambiental conjunto y actualizado que considere los efectos individuales, acumulativos y sinérgicos. Reclaman además la intervención de las comisiones mixtas de ambas reservas, audiencias públicas y el dictado de las ordenanzas correspondientes. No buscan cancelar los proyectos ni declarar su inviabilidad definitiva.
El 14 de octubre, la Unidad Procesal de Familia N.º 9 de Bariloche admitió el amparo y dictó una prohibición de innovar sobre los predios de Faena y Cauma. Con base en el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, ordenó abstenerse de obras que pudieran causar o agravar un daño ambiental o alterar las condiciones existentes. La decisión tuvo en cuenta la proximidad de autorizaciones que habilitarían movimientos de suelo y remoción de vegetación. La resolución aclaró que la medida no invalida los permisos administrativos ni da por acreditado un daño.

Faena sí, Cauma no
El 22 de octubre, la magistrada modificó la cautelar y la limitó al proyecto de Faena. Sostuvo que el pedido de frenar Cauma “excede el objeto y los alcances de la presente acción de amparo”. Señaló además que ese emprendimiento cuenta con autorización administrativa y tiene sus obras en ejecución, por lo que cualquier reclamo debe tramitarse por otras vías.
La Municipalidad afirma que los proyectos tienen los permisos y las evaluaciones ambientales correspondientes. En su respuesta a la demanda cuestionó la competencia del juzgado y su condición de demandada, y presentó un recurso de revocatoria con apelación. La jueza corrió traslado de esos planteos a los amparistas, que tienen tres días para designar un abogado; de lo contrario, se les asignará un defensor oficial.
La cautelar no es una sentencia definitiva ni determina que el proyecto sea ilegal. Sigue abierto el fondo del conflicto: si los trámites municipales alcanzaron o si hace falta una evaluación integral de toda la zona. Y con él, una pregunta que el caso volvió a poner sobre la mesa: para quién fue pensado ese paisaje y cómo debe usarse hoy.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Portal Minuto Uno, Noticias de Bariloche, Poder Judicial de Río Negro

La crecida del Paraná también renueva la vida de las islas y asegura la reproducción de los peces

Mientras el río obliga a evacuar familias en el norte del Litoral, especialistas destacan que las inundaciones periódicas recuperan lagunas secas, renuevan la vegetación y son decisivas para el sábalo, el dorado y el surubí.

Mientras la crecida del río Paraná obliga a evacuar familias en el norte del Litoral y preocupa a las ciudades ribereñas, especialistas recuerdan que el fenómeno tiene otra cara. Las inundaciones periódicas son el motor que renueva la vida de las islas y los humedales del río. De ellas depende la reproducción de los peces más importantes de la región, como el sábalo, el dorado y el surubí.
“Su renovación de poblaciones depende de estas crecidas”, explicó Damián Lescano, licenciado en Biotecnología y naturalista, sobre las especies de interés pesquero. Según detalló, gran parte de los ejemplares que hoy se pescan nacieron durante la última gran crecida, la de 2015 y 2016.

Un río que respira
El Paraná no es un río de caudal estable. Su historia alterna crecientes y bajantes, influidas por fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. También influyen intervenciones humanas como los terraplenes, los dragados y los cambios en los cursos de agua. Cuando el río desborda, inunda la llanura aluvial, aporta nutrientes, dispersa semillas y renueva la vegetación de las islas.
Uno de los efectos más visibles es la recuperación de lagunas y cursos de agua que estuvieron secos durante la bajante extraordinaria, que se extendió aproximadamente entre 2019 y 2022. Con el agua vuelven los invertebrados, crecen las poblaciones de peces y se reactiva toda la cadena alimentaria del humedal.

La ciencia detrás del pulso
La explicación científica coincide con esa mirada. Pablo Scarabotti, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral, habló durante el Primer Congreso Argentino de Ictiología, realizado en Santa Fe. Explicó que especies como el sábalo, el dorado, el surubí, el patí y la boga se reproducen al ritmo de los llamados pulsos de inundación. En la región, esos pulsos se producen aproximadamente cada dos a siete años.

El proceso es preciso:
- Tras el desove, los huevos derivan río abajo durante dos o tres días hasta convertirse en larvas.
- Para sobrevivir, las larvas necesitan entrar en la llanura inundada.
- Allí encuentran aguas poco profundas, vegetación y alimento: primero zooplancton y luego materia orgánica en descomposición.
Un solo sábalo puede desovar hasta un millón de huevos. Durante la bajante, en cambio, las larvas no podían llegar a esos ambientes. Eso puede dejar generaciones casi ausentes en las capturas futuras.
Los efectos de una buena creciente no son inmediatos. Según el investigador, aparecen en la pesca dos o tres años después y pueden sostener la actividad durante cinco a diez años. Los peces migratorios viven entre 10 y 20 años, así que tienen varias oportunidades de reproducirse a lo largo de su vida.
“Es una dinámica natural del río y no una catástrofe; es un ciclo natural”, resumió Scarabotti. Advirtió además que si se terraplenan los ríos o se desconectan las lagunas, el sistema empieza a deteriorarse.

El Niño y el estado del río
El contexto climático favorece el fenómeno. Según el Servicio Meteorológico Nacional, El Niño alcanzó una intensidad fuerte y tiene un 100% de probabilidad de continuar entre octubre y diciembre, con lluvias abundantes en la cuenca.
El impacto es desigual a lo largo del río:
- Corrientes: el Paraná superó la cota de evacuación. Según los últimos relevamientos, hay 391 evacuados y unas 15.000 personas afectadas.
- Rosario: el río sigue por debajo de los niveles de alerta. Marcaba 3,52 metros el jueves 22, y el Instituto Nacional del Agua prevé que llegue a unos 4,56 metros a comienzos de noviembre.
- Santa Fe: se esperan 4,92 metros para la misma fecha.

Los desafíos de convivir con el agua
Los especialistas advierten que el problema no es la crecida, sino la forma en que se ocupó el territorio durante los años de bajante. Según Lescano, muchas personas se instalaron en las islas o empezaron a usarlas sin prever que el agua volvería. Los isleños y pescadores tradicionales, en cambio, conviven con estos ciclos: tienen viviendas desmontables y se trasladan por temporadas. Lescano también cuestionó el crecimiento de la ganadería en las islas sin planes para evacuar a los animales, algo que en crecidas anteriores provocó pérdidas.
La crecida de 2026 vuelve a plantear un debate de fondo: cómo proteger a las comunidades ribereñas sin olvidar que el humedal del Paraná necesita sus inundaciones para seguir vivo.


Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes Consultadas: Portal Canal 1, Portal Rosario3, Diario El Litoral, Portal Mirador Provincial, Portal MDZ, Conicet

Habrá un nuevo juicio por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de Conarpesa

El Superior Tribunal de Chubut anuló la absolución de dos empleados jerárquicos de la pesquera, acusados de verter al mar líquidos sin tratar mediante un sistema de desvío oculto, y el debate oral volverá a empezar el 5 de noviembre en Puerto Madryn.

La causa por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de la pesquera Conarpesa vuelve a juicio. La Oficina Judicial de Puerto Madryn fijó para el 5 de noviembre el inicio de un nuevo debate oral contra dos empleados jerárquicos de la empresa. Están acusados de verter al mar líquidos industriales sin tratar. El nuevo proceso llega después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara la absolución dictada en el primer juicio.
El juicio se hará en los tribunales de Puerto Madryn, ante una jueza penal que actuará como tribunal unipersonal. Los acusados son la responsable ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y el encargado de su planta de tratamiento de efluentes. La acusación estará a cargo del fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, y del fiscal Juan Pablo Santos.

Un caño oculto hacia el mar
La investigación comenzó por un video difundido en redes sociales. Mostraba un líquido rosado y de fuerte olor que corría por un canal a cielo abierto hasta la playa, desde el parque industrial pesquero de la ciudad. La Fiscalía abrió una investigación de oficio con el apoyo de la Policía Científica, la Secretaría de Ecología y Ambiente municipal y especialistas del CENPAT, el centro científico del Conicet en Puerto Madryn.
En un allanamiento con retroexcavadora, los investigadores encontraron una cámara de inspección. Allí confirmaron la existencia de un sistema de desvío no declarado, conocido como “bypass”. Según la acusación, ese sistema conectaba las instalaciones de la pesquera con el caño autorizado. Por esa vía se descargaban en el mar efluentes del procesamiento de langostinos sin tratamiento previo, sobre todo cuando la planta superaba su capacidad. Tras la intervención judicial, el sistema fue obstruido y el vertido cesó.
Los análisis de laboratorio mostraron valores muy por encima de los permitidos:
- Materia orgánica: según la Fiscalía, la normativa fija un límite de 50 miligramos por litro y las muestras superaron los 1.500.
- Sólidos en suspensión: 21 veces por encima de lo autorizado.
- Bacteria Escherichia coli: unas 2.700 veces por encima del límite.
La causa se tramita por el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. En 2023, cuando se dictó el procesamiento, la Fiscalía destacó que era la primera vez que esa ley se usaba para imputar penalmente a una persona jurídica por un daño cuya víctima es el ambiente.

De la absolución al nuevo juicio
El primer juicio terminó en agosto de 2025 con la absolución de los dos acusados. La Fiscalía había pedido penas de prisión efectiva de tres años y seis meses y de tres años y tres meses. La jueza sostuvo que la acusación había cambiado durante el debate y que eso había afectado el derecho de defensa.
La Fiscalía impugnó el fallo con estos argumentos:
- el hecho imputado fue siempre el mismo;
- la sentencia no estaba bien fundamentada;
- el daño ambiental tiene una dimensión colectiva, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.
“Los delitos ambientales impactan directamente en derechos fundamentales como la salud y la vida”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su presentación.
En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut aceptó por unanimidad la impugnación. Consideró que no existió el error procesal invocado, anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio. En ese momento, la Fiscalía advirtió que el paso del tiempo podría afectar la memoria de los testigos.

Un golfo de alto valor ambiental
El Golfo Nuevo no es un cuerpo de agua cualquiera. Junto con la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral. Además alberga una rica fauna marina que sostiene buena parte de la economía turística de Puerto Madryn.
Los vertidos con alta carga orgánica y bacteriológica pueden reducir el oxígeno del agua, alterar los ecosistemas costeros y afectar la calidad de las playas. La causa muestra la tensión entre la actividad pesquera, uno de los motores económicos de la provincia, y la protección de un ecosistema marino muy frágil.
El nuevo juicio volverá a poner a prueba la aplicación de la legislación penal ambiental en la Argentina. Hasta que haya una sentencia firme, los acusados mantienen su estado de inocencia.


Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut, Ministerio Público Fiscal de Chubut, Portal Economía Sustentable, Portal Pescare

Uruguay repatrió a la Argentina 48 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal

Loros habladores, tortugas terrestres y cardenales amarillos en peligro de extinción volvieron al país por el puente Fray Bentos-Gualeguaychú, luego de que estudios genéticos confirmaran su origen argentino.

Cuarenta y ocho animales silvestres sacados ilegalmente de la Argentina volvieron al país el jueves 22, en una operación conjunta de los gobiernos argentino y uruguayo. Los ejemplares habían sido incautados en Uruguay en distintos procedimientos contra el tráfico de fauna. Se entregaron en el puente internacional General San Martín, que une Fray Bentos con Gualeguaychú, y se incorporarán a programas de conservación orientados a su reproducción y posible reintroducción en la naturaleza.
El grupo está formado por 20 loros habladores, 19 tortugas terrestres, 8 cardenales amarillos y un soldadito común. Se destacan los cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción cuya principal amenaza es justamente la captura para el comercio de aves de jaula.

Del decomiso a la repatriación
Según informó el Ministerio de Ambiente de Uruguay, los animales habían entrado a ese país desde la Argentina sin documentación. Fueron incautados en operativos encabezados por la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior y la propia cartera ambiental uruguaya. La mayoría de los cardenales amarillos se decomisaron en domicilios particulares, donde se los tenía ilegalmente en jaulas. Cuatro de las tortugas fueron entregadas de manera voluntaria por particulares a un reptilario habilitado por las autoridades.
Para confirmar su origen, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Montevideo hizo estudios genéticos, que identificaron en los animales rasgos propios de poblaciones argentinas. Con esos resultados, en diciembre de 2025 Uruguay pidió formalmente a la Argentina que aceptara la repatriación. El trámite se hizo en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En el proceso intervinieron:
- Del lado uruguayo: la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a cargo de los controles sanitarios; y la Aduana.
- En la Argentina: la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, como autoridad CITES; las direcciones de biodiversidad nacionales y provinciales; el Senasa y la agencia de recaudación ARCA.
La operación busca “conservar la biodiversidad y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre”, señaló Verónica Piñeiro, directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Uruguay.

Hacia dónde van
Los animales se incorporarán a programas de conservación con fines de reintroducción, en instituciones como la Fundación Temaikèn, en la provincia de Buenos Aires, y el Centro de Rescate La Esmeralda, en Santa Fe. Antes de cualquier liberación, los especialistas deberán evaluar su estado sanitario y su comportamiento. Los animales que pasaron tiempo en cautiverio pueden haber perdido la capacidad de buscar alimento o de escapar de los depredadores. Además, liberarlos sin controles puede transmitir enfermedades a las poblaciones silvestres.

Tres especies bajo presión
El cardenal amarillo es un ave de plumaje amarillo y copete negro. Habita los montes y bosques nativos del centro y norte de la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. En la provincia de Buenos Aires vive solo en el sur, en los partidos de Puán, Villarino y Patagones. La pérdida de bosques nativos y la captura ilegal redujeron mucho sus poblaciones. Desde hace años, distintas provincias impulsan programas de rescate, rehabilitación y liberación de ejemplares decomisados.
El loro hablador es muy buscado como mascota por su capacidad de imitar sonidos, y su hábitat en el Chaco sufre además la presión de los desmontes. La tortuga terrestre, propia de las regiones secas del centro y norte argentino, es otra víctima frecuente del tráfico, que la ofrece como animal de compañía.

Un delito que cruza fronteras
El tráfico de fauna silvestre es una amenaza persistente para la biodiversidad. Sacar animales de su ambiente no solo afecta a los individuos capturados: también debilita poblaciones enteras y altera el equilibrio de los ecosistemas.
La repatriación muestra el valor de la cooperación regional y de herramientas como los análisis genéticos para devolver a cada animal a su lugar de origen. Pero también deja una advertencia: mientras haya demanda de aves de jaula y de fauna silvestre como mascota, el comercio ilegal seguirá encontrando caminos. Las autoridades recuerdan que la captura indiscriminada es una de las principales amenazas para estas especies y que tenerlas sin autorización es ilegal.


Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal El Heraldo, Portal Elonce, Portal Subrayado, Ministerio de Ambiente de Uruguay, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La ley de biocombustibles llega a Diputados con apoyo al bioetanol y disputa por el biodiésel

La Comisión de Energía recibió a las cámaras del sector: el bioetanol y las aceiteras respaldaron el proyecto con media sanción, mientras las pymes del biodiésel advierten que la apertura del mercado a las exportadoras las llevaría a la quiebra.

La nueva ley de biocombustibles comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con un amplio apoyo a la suba de los cortes obligatorios, pero con una disputa abierta en torno al biodiésel. La Comisión de Energía y Combustibles, que preside el diputado Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza, recibió el martes a representantes del sector para debatir el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 41 votos a favor y 25 en contra.
La iniciativa eleva de manera gradual los cortes obligatorios de biocombustibles: el biodiésel mezclado con el gasoil pasará del 7,5% al 10%, y el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en un plazo de doce meses. El punto conflictivo es que las grandes empresas exportadoras, hoy excluidas, podrán ingresar al mercado interno de biodiésel con una transición hasta 2036, lo que reduce la porción reservada a las pymes.

El respaldo de los bloques y el bioetanol
Los diputados cordobeses Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, defendieron la sanción del proyecto. Bornoroni sostuvo que la norma salda deudas con el interior y garantiza previsibilidad a los productores, y resumió el espíritu del cambio: “Pasamos de un Estado que reparte a un mercado que crece”.
El sector del bioetanol, que obtiene su materia prima del maíz y la caña de azúcar, respaldó la iniciativa. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, consideró que la ley vigente está agotada y no contempla los avances tecnológicos ni los nuevos mercados: “Pasamos de ser pioneros en biocombustibles a ser rezagados”, advirtió. Según su visión, el proyecto elimina cupos y fórmulas de precios, promueve la competencia mediante licitaciones públicas y abre la actividad a nuevas inversiones.
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, destacó que el bioetanol es decisivo para la actividad azucarera y que el texto recogió los reclamos del sector. También apoyaron el proyecto la cámara de pymes productoras y expendedoras de biocombustibles Biopyme, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

La pelea por el biodiésel
El biodiésel concentró las diferencias. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), advirtió que las plantas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte obligatorio y que, si la norma no se modifica, quedarán al borde de la quiebra. Aunque coincidió en la necesidad de modernizar el régimen, sostuvo que eso no puede significar “mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”.
En la misma línea se pronunciaron representantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que apoyan una nueva ley, pero con cambios al texto aprobado por el Senado.
Del otro lado, Gustavo Idígoras, presidente de la cámara aceitera, defendió la apertura del mercado y sostuvo que el régimen actual, sin competencia, perjudica a la Argentina cuando intenta abrir mercados externos para sus biocombustibles.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, valoró el amplio consenso que tuvo la iniciativa, aunque reconoció la necesidad de encontrar una solución para las pymes del biodiésel.

Qué está en juego
Según los datos de Cepreb, la reforma reduciría casi a la mitad la producción de las pymes, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y pondría en riesgo unos 9.500 empleos directos e indirectos en el interior del país. Las grandes aceiteras, en cambio, controlan la materia prima, que representa alrededor del 80% del costo de producción del biodiésel.
Más allá de la disputa económica, el debate tiene una dimensión ambiental. Los biocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en comparación con los combustibles fósiles, por lo que el aumento de los cortes obligatorios representa un avance para la descarbonización. La discusión de fondo es quién producirá ese combustible: si un entramado de pymes distribuido en distintas provincias o un grupo reducido de grandes empresas exportadoras concentradas en el polo agroindustrial.
Si Diputados aprueba el proyecto sin cambios, se convertirá en ley; si introduce modificaciones para atender el reclamo de las pymes, deberá volver al Senado.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Clarín, Diario Página/12, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Un equipo del Conicet desarrolla un método para recuperar litio y otros metales de baterías usadas

El proyecto Litio circular, premiado con la Distinción Franco-Argentina en Innovación, usa cápsulas de biopolímeros para separar los metales de las baterías en desuso y busca escalar del laboratorio a las baterías de autos eléctricos.

Un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desarrolla un método para recuperar litio, cobalto, níquel y otros metales de las baterías usadas y reincorporarlos a la industria. El proyecto, denominado Litio circular, fue reconocido con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026, en la categoría Senior, que entregan el Conicet y el Instituto Francés de Argentina, de la Embajada de Francia.
La iniciativa está a cargo del investigador Martín Negri, director del Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), que depende del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires. Participa además el Laboratorio de Polímeros del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono, también de ambas instituciones.

Cómo funciona
El proceso comienza con la neutralización de la carga eléctrica que queda en las baterías, para evitar explosiones. Luego, los dispositivos se desarman o se trituran para separar los electrodos y las membranas. A continuación, mediante procesos químicos, se obtienen líquidos con sales disueltas que contienen los distintos metales.
La innovación está en la etapa siguiente. Las sales se capturan con cápsulas elaboradas a partir de biopolímeros, que funcionan como “esponjas inteligentes”: cada una está diseñada para retener una sal específica, lo que permite separar los elementos sin que se mezclen entre sí. Esas cápsulas se fabrican con celulosa obtenida de plantas nativas invasoras, lo que suma un beneficio ambiental adicional.
El método permite procesar baterías de ion-litio, las más usadas en teléfonos, computadoras y autos eléctricos, y de níquel-metal-hidruro. Entre los materiales que pueden recuperarse figuran aluminio, litio, níquel, cobalto, manganeso y tierras raras.

De los celulares a los autos eléctricos
La metodología ya fue validada con éxito a escala de laboratorio con baterías de teléfonos celulares. El próximo paso es escalarla para tratar baterías de tracción de vehículos eléctricos, cuyo volumen crecerá en los próximos años con la expansión de la electromovilidad y de los sistemas de almacenamiento de energía. El equipo mantiene conversaciones con el área de sustentabilidad de una automotriz y prevé, además, trabajar junto con recicladores urbanos.
Para Negri, la economía circular es clave en este sector. Según explicó, es fundamental, “una vez terminada la vida útil de las baterías, poder recuperar elementos de alta demanda”.

Un problema en crecimiento
El proyecto apunta a un desafío doble. Por un lado, las baterías en desuso son residuos peligrosos: si terminan en basurales o se desarman sin control, pueden liberar metales y sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua. Por otro, contienen materiales estratégicos para la transición energética, cuya extracción genera fuertes impactos ambientales.
En la Argentina, el desafío es especialmente relevante. El país genera unas 517.000 toneladas de residuos electrónicos por año y recupera apenas el 3% por canales formales, según datos difundidos por organizaciones ambientales. A la vez, forma parte del llamado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia, una región donde la explotación del mineral en salares de la Puna genera preocupación por el uso del agua y sus efectos sobre las comunidades y los ecosistemas de altura.
El reciclado no reemplaza la minería, pero puede reducir la presión sobre los territorios donde se extraen esos minerales y disminuir la dependencia de nuevas fuentes. En la Unión Europea, por ejemplo, la normativa sobre baterías ya establece porcentajes mínimos de contenido reciclado para el litio, el cobalto y el níquel en las baterías nuevas a partir de la próxima década.
La Distinción Franco-Argentina en Innovación, que este año celebró su décima edición, cuenta con el respaldo de la empresa TotalEnergies Argentina y busca promover proyectos científicos con potencial de transferencia al sector productivo. En el caso de Litio circular, el desafío ahora es dar el salto del laboratorio a la industria, en un país que podría convertirse no solo en proveedor de litio, sino también en un actor clave en su reciclaje.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Un estudio confirma que el zorro de monte habita en Catamarca y alerta por los atropellamientos

Investigadores documentaron la presencia del cánido en el centro de la provincia, donde se la consideraba dudosa, a partir de observaciones en rutas y aportes de ciencia ciudadana, y advirtieron que los choques con vehículos son una de sus principales amenazas.

Un estudio científico confirmó que el zorro de monte habita en Catamarca, una provincia donde su presencia era considerada dudosa por falta de registros documentados. El trabajo, publicado en la revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, reúne varias observaciones de la especie en el centro de la provincia y advierte sobre una amenaza creciente: los atropellamientos en las rutas.
El zorro de monte, cuyo nombre científico es Cerdocyon thous, es un cánido de tamaño mediano que se distribuye por buena parte de América del Sur. En la Argentina habita principalmente en el norte y el noreste del país, en ambientes de monte, selvas y bosques. Hasta ahora, la última evaluación del estado de conservación de los mamíferos argentinos consideraba dudosa su presencia en Catamarca.

Los registros
La pieza central del estudio es una observación realizada el 5 de marzo de este año, cuando se registraron cuatro ejemplares sobre la Ruta Provincial N.º 1, cerca de la localidad de La Puerta y del dique Las Pirquitas, en el centro de la provincia. Uno de ellos había muerto atropellado.
Los investigadores sumaron otros antecedentes. En junio de 2024, una hembra fue rescatada sobre la Ruta Provincial N.º 16, entre La Puerta y El Rodeo, con una triple fractura de cadera. Recibió tratamiento veterinario y, tras un mes de rehabilitación, fue liberada en el mismo lugar. También se incorporaron dos observaciones aportadas por plataformas de ciencia ciudadana, en los departamentos de Capayán, en 2022, y Santa Rosa, en 2025.
En conjunto, estos registros permiten confirmar que la especie está presente en Catamarca y amplían el conocimiento sobre su distribución en el noroeste argentino.

Un aliado del ecosistema
El zorro de monte cumple funciones ecológicas importantes. Al alimentarse de pequeños vertebrados, como roedores, y de insectos, contribuye a regular sus poblaciones. Además, consume frutos y dispersa semillas, lo que favorece la regeneración de la vegetación nativa.
La especie está catalogada como de preocupación menor, tanto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Sin embargo, los investigadores advierten sobre amenazas como las enfermedades transmitidas por perros domésticos y los conflictos con las actividades rurales, además de los atropellamientos.

Las rutas, una trampa mortal
Los accidentes en las rutas aparecen como una de las principales amenazas para la fauna nativa. El zorro de monte es una de las especies más afectadas por los atropellamientos en el norte argentino, ya que suele desplazarse por los bordes de los caminos en busca de alimento, sobre todo de noche.
El problema no es exclusivo de Catamarca. Un estudio publicado en la misma revista documentó los primeros registros de la especie en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en el partido bonaerense de Campana, el punto más austral de su distribución conocida. De los cinco registros obtenidos allí, cuatro correspondieron a animales muertos en colisiones con vehículos o con un tren. Los autores de ese trabajo advirtieron que la expansión de las redes de transporte constituye una amenaza grave y creciente para la biodiversidad, y reclamaron estrategias específicas de mitigación.
Entre las medidas que suelen recomendarse para reducir los atropellamientos de fauna figuran la instalación de pasos de fauna bajo o sobre las rutas, la señalización en los tramos críticos, los reductores de velocidad y las campañas de concientización para los conductores.

Un área clave para conservar
Los autores del estudio sobre Catamarca destacaron el área del dique Las Pirquitas como un sitio relevante para futuras iniciativas de conservación. También recomendaron profundizar las investigaciones sobre los mamíferos de la provincia, que todavía presentan importantes vacíos de información, y difundir los resultados entre las comunidades locales.
El hallazgo muestra, además, el valor de la ciencia ciudadana: las observaciones registradas por vecinos y naturalistas en plataformas digitales resultaron clave para reconstruir la presencia de una especie que había pasado desapercibida para la ciencia en la provincia.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Diario Inforama, revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos (SAREM), Administración de Parques Nacionales.

Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN

En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.

Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.

Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.

Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.

El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.

Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La muerte de un joven con plomo en sangre destapó una planta clandestina de baterías en Tortuguitas

Un trabajador de 20 años murió con niveles de plomo cuatro veces superiores al máximo permitido, y la investigación derivó en el allanamiento de una planta de desarme de baterías y una fundición donde 14 personas trabajaban en condiciones de explotación.

La muerte de un joven de 20 años con niveles críticos de plomo en sangre permitió descubrir una planta clandestina de desarme de baterías y una fundición en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde 14 trabajadores fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde manipulaban, sin protección, residuos de óxido de plomo y ácido.
El caso salió a la luz a partir de la muerte del trabajador, oriundo de Misiones, cuyos análisis registraron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces el máximo admitido para un trabajador expuesto, según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La información oficial no establece que la intoxicación haya sido la causa del fallecimiento.

Dos establecimientos, 23 trabajadores
Por orden de la Justicia federal, se allanaron dos establecimientos en Tortuguitas: una planta de desarme de baterías de plomo y una fundición. Uno de los predios no estaba declarado ante ninguna autoridad. En el lugar se relevaron 23 trabajadores, de los cuales 14 fueron identificados como presuntas víctimas de trata.
Los inspectores constataron jornadas de 12 horas, falta de elementos de protección personal y contacto directo con residuos tóxicos. Se labraron actas por indicios de explotación laboral, y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por trata de personas y reducción a servidumbre. La presentación se basó en un reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un informe de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven.
En el operativo participaron, además, la Dirección Provincial de Inspección, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, el Departamento de Delitos Ambientales, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

Un metal sin nivel seguro
El plomo es un metal tóxico que se acumula en el organismo y afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre y el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro, y sus efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. La exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar anemia, daño neurológico, convulsiones e incluso la muerte.
El reciclado informal de baterías de plomo es una de las principales fuentes de contaminación por este metal en el mundo. Durante el desarme y la fundición se liberan polvo y humos con plomo que no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden depositarse en el suelo y contaminar el aire y el agua de los alrededores. Por eso, la intervención del Departamento de Delitos Ambientales y de los equipos de toxicología resulta clave para determinar el alcance del daño.

Ambiente y derechos humanos
El caso expone el cruce entre la contaminación ambiental y la explotación laboral. Las baterías en desuso de autos y motos contienen plomo y ácido sulfúrico, por lo que su tratamiento debería realizarse en plantas habilitadas, con controles sanitarios y ambientales, ya que se trata de residuos peligrosos alcanzados por la Ley nacional 24.051. Cuando ese proceso se hace en la clandestinidad, el costo recae sobre los trabajadores más vulnerables, muchas veces trasladados desde otras provincias, y sobre los barrios cercanos.
Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si se realizaron estudios de contaminación en el entorno de los establecimientos. Tampoco se conoció si otras personas del barrio presentan niveles elevados de plomo.
Las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de manera confidencial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, al 0800-666-2187, y que la línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas, en forma gratuita y anónima.

Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Organización Mundial de la Salud (OMS).

La provincia de Buenos Aires lanzó un visor para monitorear lluvias y crecidas en tiempo real

La herramienta pública reúne datos de 150 estaciones sobre precipitaciones, caudales y niveles de ríos, y forma parte del plan provincial de gestión del riesgo frente al cambio climático, ante la amenaza de un El Niño intenso.

La provincia de Buenos Aires lanzó un Visor Hidrometeorológico de acceso público que permite seguir en tiempo real las lluvias, los caudales y los niveles de ríos y arroyos en todo el territorio bonaerense. La herramienta, presentada en Bragado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca anticipar crecidas e inundaciones en un contexto marcado por el exceso de agua acumulada y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.
El visor fue desarrollado a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), de la Autoridad del Agua (ADA), junto con los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agrario. Cualquier persona puede consultarlo sin registrarse, desde una computadora, una tablet o un celular, a través del sitio simparh.ada.gba.gov.ar, y abarca los 135 municipios bonaerenses.

Qué muestra
La plataforma integra la información de 150 estaciones de monitoreo, 42 de ellas provinciales. También suma datos de redes nacionales y de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, además de aportes de monitoreo participativo y de los municipios.
Las estaciones automáticas registran lluvias, caudales y niveles de agua, y, según su equipamiento, también condiciones meteorológicas, calidad del agua, nivel de la napa freática, temperatura, humedad y presión. La mayoría transmite datos cada 15 minutos o cada hora.
Los usuarios pueden filtrar la información por cuenca o por municipio, generar gráficos, descargar informes y proyectar el comportamiento de los cuerpos de agua. La versión para usuarios registrados incorpora además datos de campo de 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial. Cada municipio recibirá un usuario y una contraseña para armar sus propios tableros de control y filtros.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al visor como “una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”. El funcionario remarcó que la gestión del agua requiere coordinación entre sectores e inversión en infraestructura, porque el agua no reconoce límites entre jurisdicciones.

Un plan frente al cambio climático
El visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el ministerio impulsa desde 2025. La iniciativa responde a la gran cantidad de agua acumulada en el territorio bonaerense y al riesgo de que el fenómeno de El Niño, e incluso un posible “Súper Niño” de magnitud histórica, provoque lluvias extraordinarias durante la segunda mitad de este año y en 2027. En la región pampeana, los episodios de El Niño suelen asociarse con precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, lo que eleva el riesgo de anegamientos en campos y ciudades.
La provincia proyecta ampliar la red hasta 250 estaciones entre 2026 y 2030. Para 2027 prevé contratar un software centralizado de visualización, modelado de datos y alertas, y destinar recursos a la operación y el mantenimiento de las redes de monitoreo.

La importancia de anticiparse
Contar con datos en tiempo real es clave en una provincia de grandes llanuras, donde el agua escurre lentamente y las inundaciones pueden prolongarse durante semanas. La información sobre lluvias y niveles de ríos permite a los municipios, los productores y los organismos de emergencia prepararse con anticipación, organizar evacuaciones y proteger viviendas, infraestructura, cultivos y ganado.
La herramienta llega en un momento de alerta en buena parte del país. El fenómeno de El Niño ya provoca una crecida extraordinaria de los ríos Paraná y Uruguay, con cientos de evacuados en el Litoral, y especialistas de la represa de Yacyretá advirtieron que el episodio recién comienza y podría intensificarse entre octubre y febrero.
En la provincia de Buenos Aires, donde los excesos hídricos se alternan con sequías cada vez más severas, el monitoreo permanente se vuelve una pieza central de la adaptación al cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes Consultadas: Diario La Nueva, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Autoridad del Agua (ADA).

Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026

El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.

La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.

Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.

Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.

Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.

Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.

Misiones limita la tenencia de animales silvestres y solo permitirá vender seis especies exóticas

Una resolución del Ministerio de Ecología provincial creó un registro único de fauna, fijó un tope de cinco animales por persona y prohibió el ingreso de especies invasoras o protegidas, para frenar el tráfico y proteger la biodiversidad.

Misiones puso límites a la tenencia y la venta de animales silvestres y exóticos. A través de la Resolución 367, publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables provincial creó un registro obligatorio, fijó un tope de cinco animales vivos por persona y redujo a solo seis las especies exóticas que podrán comercializarse en la provincia.
La norma regula el ingreso, la permanencia, la tenencia y la comercialización de fauna silvestre, tanto nativa como exótica. Sus objetivos son prevenir el tráfico ilegal de animales, proteger la biodiversidad, reducir los riesgos para la salud pública y evitar que especies foráneas se establezcan en los ambientes naturales de la provincia. Según el texto de la resolución, la regulación de las especies exóticas debe realizarse “bajo criterios preventivos y precautorios”.

Solo seis especies a la venta
La resolución establece una lista positiva, es decir, un listado cerrado de las únicas especies exóticas que podrán venderse. Incluye cuatro aves, la cotorrita australiana, la cacatúa ninfa, el canario y el diamante cebra, y dos reptiles, el gecko leopardo y el dragón barbudo. Su comercialización estará sujeta a requisitos legales, sanitarios y de identificación, y solo podrá hacerse en veterinarias y agroveterinarias autorizadas.
Quedan fuera de ese régimen los loros habladores, las cotorras autóctonas, las tortugas, las boas y otras serpientes. Además, se prohíbe el ingreso y la permanencia en la provincia de ejemplares y material biológico reproductivo de especies restringidas o prohibidas, como las incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en las listas de especies exóticas invasoras.
En cuanto a la fauna nativa de Misiones, no se otorgarán nuevas autorizaciones de tenencia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Un registro único
La norma crea el Registro Único de Fauna (RUFA), que estará a cargo de la Dirección de Biodiversidad y tendrá dos secciones: una para los particulares que tengan animales silvestres y otra para los comercios autorizados a vender las especies permitidas. La autoridad podrá exigir anillos, microchips u otros métodos de identificación, además de la acreditación del origen legal de cada ejemplar. La inscripción, sin embargo, no habilita por sí sola a tener, criar, trasladar ni vender animales: para eso se necesitan permisos específicos.
La tenencia particular queda limitada a cinco animales vivos por persona o entidad registrada. Si varias personas inscriptas conviven en un mismo domicilio, el total también será de cinco, salvo excepciones justificadas. Para obtener la autorización, los interesados deberán presentar documentación que acredite el origen legal, un informe sanitario firmado por un veterinario, fotos del animal y de su alojamiento, y un plan de manejo elaborado por un profesional que contemple nutrición, ambiente, salud física, comportamiento y estado mental. Las autorizaciones deberán renovarse cada año, en abril, y las muertes deberán informarse dentro de los cinco días hábiles.

Plazos para regularizar
Quienes ya tengan animales alcanzados por la norma tendrán dos meses para inscribirse, y los comercios, tres. La inscripción no garantiza la aprobación: el Ministerio evaluará el origen, la especie, la documentación y las condiciones de alojamiento. Los casos de maltrato, abandono, negligencia grave o condiciones incompatibles con el bienestar animal quedarán excluidos de la regularización, y podrán derivar en medidas de protección, secuestro preventivo o decomiso de los ejemplares. Los animales que ingresen desde otras provincias deberán acreditar su origen legal y cumplir requisitos de documentación, sanidad e identificación.

La presión sobre la selva
La medida se suma a los esfuerzos de la provincia contra la caza furtiva y el tráfico de fauna en la selva paranaense, uno de los ambientes con mayor biodiversidad del país. Según datos difundidos en el Día Provincial del Guardaparque, que se celebró el 19 de octubre, más de 120 guardaparques protegen 22 parques provinciales, y en lo que va del año se labraron más de 200 actas de infracción, se secuestraron 25 armas y se desmantelaron más de 100 campamentos ilegales.
“Encontramos muchas infracciones de caza furtiva adentro del área”, contó Fabio Malosch, guardaparque del Parque Provincial Salto Encantado, quien explicó que buena parte de esa caza se destina a la comercialización de mamíferos y peces en grandes cantidades.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Misiones 
Fuentes Consultadas: Portal Canal Doce Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Boletín Oficial de la Provincia de Misiones.

Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén