Según datos del Indec, el presupuesto nacional 2024 mostró hasta un 81% de reducción en partidas ambientales

Fecha de Publicación: 18/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un informe de una organización ambientalista señala un pronunciado descenso en los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y conservación de bosques, entre otras áreas. Afirman que las ejecuciones se dan de manera tardía.
El Monitor ambiental del Presupuesto, una herramienta que puso en marcha la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), detectó que las partidas presupuestarias para el ambiente disminuyeron hasta 81%, acompañando la degradación del área de Ministerio a Subsecretaría. Además, identificaron que las ejecuciones de fondos se incrementaron ante hechos puntuales, como incendios, dejando de lado cuestiones preventivas.
Según el informe, que toma como referencia los datos de presupuesto abierto y del Indec, en el presupuesto nacional 2024 se detectaron reducciones en partidas ambientales que van del 34 al 81 por ciento.
Los principales datos son que la Subsecretaría de Ambiente, tras perder el rango de Ministerio el año pasado, operó con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023. Esto significa un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales.
A su vez, el presupuesto de Parques Nacionales tuvo una caída real del 34%, que se tradujo en la cancelación de diversos proyectos de infraestructura y en renovaciones contractuales de guardaparques.
Uno de los programas más golpeados fue el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Con incendios cada vez más difíciles de controlar y que, en lo que va del año, ya arrasaron casi 300 mil hectáreas entre la Patagonia y Corrientes, esta área sufrió, el año pasado, una caída real en su presupuesto del 81% en comparación con el 2023. “Esto se debió a una decisión política de sólo ejecutar $7.739 millones sobre los $33.142 millones disponibles, un 22% del total”, explicaron en el informe.
Por su parte, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no fue ejecutado en todo el 2024.

Monitoreo constante
Farn analiza cada presupuesto desde hace varios años. Pero luego de la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 tras asumir a cargo del Poder Ejecutivo, decidieron monitorear más de cerca el desarrollo de las partidas ambientales para saber si se ejecutaban o no.
Esto permite conocer no solo cuánto destina el Ejecutivo para las partidas ambientales, sino también cómo reacciona el gobierno ante casos particulares, como los incendios.
El ejemplo de los incendios es el más concreto y palpable, indicaron desde Farn. El economista Matías Cena Trebucq, que forma parte de esta organización y contribuyó a la confección del informe, explicó a TN que a medida que los focos se fueron haciendo “más mediáticos”, el gobierno incrementó las partidas presupuestarias para combatirlos.
“Los incendios nos permitieron detectar que no se ejecutaban las partidas hasta que se hacían más mediáticos. Pudimos hacer nuestros análisis basándose en pedidos de acceso a la información y detectamos que la política fue reactiva en vez de preventiva”, señaló.

Subejecuciones
El economista contó que notaron subejecuciones de partidas durante el 2024 y dijo que este tipo de acciones son una forma de recorte.
Uno de los casos emblemáticos fue la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), una herramienta creada en 2018 a partir de la ley 27.431 por la cual se debía destinar al menos el 0,3% del total del presupuesto, proveniente del 2% del total de retenciones a exportaciones de productos primarios y secundarios de los rubros agrícola, ganadero y forestal. El año pasado, a través del decreto 888/2024, el gobierno nacional lo eliminó.
Cena Trebucq explicó que el Fobosque se cerró, pero que las partidas “siguen estando”: “El año pasado no se ejecutó esa plata. Hicimos un pedido de acceso a la información para conocer lo que se había usado en 2023 y que nos actualicen datos para 2024. Pero a mitad del año pasado nos dijeron que esa plata, unos 10 mil millones de pesos, estaban en trámite para que se aprueben. Creemos que eso quedó ahí, estancado”.
El principal objetivo del Fobosque era financiar todo tipo de actividades y acciones que promuevan la preservación y recuperación de bosques, tanto de la flora presente en estos ecosistemas como de la fauna que habita en ellos.
El año pasado, según Greenpeace, solo en el norte de Argentina se perdieron 150.000 hectáreas de bosques por desmontes e incendios forestales. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero y Chaco, que forman parte del Gran Chaco, territorio que configura el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.

Qué pasa con los fondos no ejecutados
Ante una prórroga de presupuesto como la que ocurrió el año pasado, el Poder Ejecutivo cuenta con “mayor discrecionalidad para modificar partidas”, explicó Cena Trebucq.
“La plata que no se usa puede destinarse a otras partidas, pero hay que ver las modificaciones presupuestarias. En este caso, no hay documentación oficial de qué pasó con ese dinero que no se ha usado”, agregó.
“Las modificaciones presupuestarias pueden darse por decretos de necesidad y urgencia, por decisiones administrativas o por ley. Modificar el destino de partidas preasignadas en un presupuesto aprobado por el Congreso puede ser más rígido que hacerlo sobre un presupuesto prorrogado”, explicó el economista.
En tanto, especificó que las partidas ambientales fueron las más castigadas: “Cayeron entre 34 y 81 por ciento, bastante mayor a la caída de todo el presupuesto (26,3%). El ajuste fiscal no es neutro, pasa a cambiar las prioridades y vemos cómo la parte ambiental quedó muy relegada”.
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Piden informes sobre la situación de los guardafaunas rionegrinos: denuncian vaciamiento del plantel

Fecha de Publicación: 18/04/2025
Fuente: Portal NoticiasRíoNegro
Provincia/Región: Río Negro


El bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial en relación con las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que, según denuncia la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, han generado un grave vaciamiento en el cuerpo provincial de Guardafaunas.
El escrito fue impulsado por el presidente de la bancada, José Luis Berros, y acompañado por los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Sempé, junto a Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García de PJ  - NE.
"Es alarmante que se hayan dejado sin renovar contratos de agentes con experiencia y formación en terreno, mientras se debilitan equipos fundamentales para la protección de la biodiversidad. No se puede improvisar con la fauna silvestre", sostuvo Berros. Agregó que “desde nuestro bloque queremos saber si existe un plan o simplemente se está desmantelando una política pública esencial, invisibilizando el trabajo de quienes han sostenido el sistema con compromiso y vocación”.
La solicitud parlamentaria incluye consultas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y a la Dirección de Fauna Silvestre. Se solicita información detallada sobre la cantidad y situación contractual de los Guardafaunas en funciones; su localización geográfica y tareas asignadas; la nómina de agentes desvinculados desde diciembre de 2023, así como las razones de esas decisiones; si existe algún plan de reestructuración ante el vaciamiento denunciado en las delegaciones de San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste; si el Ejecutivo ha recibido denuncias por caza furtiva, tráfico o ataques de fauna en 2024 y el primer trimestre de 2025; y, finalmente, los motivos del traspaso de la Dirección de Fauna Silvestre desde la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Desarrollo Económico.
El pedido de informes toma como base las advertencias realizadas públicamente por la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, entidad con más de dos décadas de trabajo voluntario en la defensa de la fauna silvestre. La organización denunció el despido de dos agentes con base en General Roca y la desarticulación de los equipos en Bariloche y San Antonio, lo que ha dejado al cuerpo de fiscalización provincial reducido a apenas dos personas para todo el territorio. También alertó que el traspaso de la Dirección de Fauna a un ministerio con orientación productivista representa un serio retroceso en la política ambiental de la provincia.
"Estamos ante una situación de riesgo no sólo para las especies en peligro, sino también para los ecosistemas y la salud pública. No puede ser que las decisiones se tomen a espaldas de los territorios, sin diálogo con quienes han sostenido durante años esta tarea", concluyó Berros.
Desde el bloque Vamos con Todos instaron al Ejecutivo a dar respuestas urgentes y a reconsiderar el rumbo de la gestión ambiental provincial.
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La Provincia presentó el Portal de Gestión de Biodiversidad de Córdoba

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: Gobierno de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia y promover una gestión más transparente y participativa, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, presentó el Portal de Gestión de Biodiversidad de Córdoba.
Se trata de una plataforma interactiva que ofrece acceso a datos estadísticos para la toma de decisiones del Estado provincial y, a su vez, brinda información, recursos y herramientas esenciales a ciudadanos, investigadores y gestores ambientales.
El portal permite acceder a tableros dinámicos de gestión, infografías, gráficos interactivos y formularios internos, que sistematizan la información generada por los distintos programas y subprogramas del Plan Integral de Restauración Ecológica (PIRE).
Entre ellos, se destaca por ejemplo la iniciativa Más Flora Cordobesa, que en su sección ofrece información detallada sobre cada jornada de forestación, la cantidad de árboles plantados y las localidades donde se desarrollaron las acciones, entre otros datos.
En el caso del programa Pulmones Verdes, incluye un tablero con la cantidad de áreas protegidas bajo este programa, superficie total y su geolocalización en la provincia.
La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, destacó la importancia de contar con herramientas de gobierno abierto, porque permite “mejorar la toma de decisiones y promover la participación ciudadana, fomentando la colaboración entre organismos, investigadores y la sociedad».
Y agregó: «Este portal es una muestra concreta de cómo la tecnología puede potenciar una gestión ambiental más democrática y transparente”.
Además, la plataforma permite la inscripción a programas específicos, facilitando la participación ciudadana y la articulación con municipios, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
También incluye un mapa de la provincia donde se registran todas las acciones realizadas y muestra el alcance que tuvieron las iniciativas implementadas durante este primer año de gestión, con presencia territorial en distintos puntos de la provincia.
La presentación de la plataforma estuvo encabezada por la ministra de Ambiente y participaron: el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco; la directora general de Viveros Provinciales, Susana Zandri; representantes de la empresa Ciampagna Gabriela Capdevilla, encargada del desarrollo del portal; además de funcionarios municipales, representantes de universidades, Centros de Rescate, institutos de investigación del CONICET y organizaciones ambientalistas.

El acceso al Portal está disponible a través del siguiente link:
https://portal-de-aplicaciones-mayec.hub.arcgis.com/
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Entre Ríos activa mecanismo de consulta en la CARU por planta de hidrógeno en Paysandú

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerriano expresó su preocupación por la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos, entre ellos hidrógeno verde, en Paysandú, Uruguay.
Ante esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio decidió activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional creado por Argentina y Uruguay en los años 70 para regular las actividades sobre el curso de agua compartido.
“He instruido a las áreas correspondientes para iniciar las gestiones necesarias a fin de activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la CARU”, anunció Frigerio.
El gobernador ya había manifestado semanas atrás su preocupación durante una reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien le transmitió el malestar de los entrerrianos. Según el mandatario provincial, la planta podría afectar el ecosistema regional y la actividad turística, especialmente en ciudades ribereñas como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El caso remite al histórico conflicto bilateral que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de la entonces empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, que derivó en años de tensión diplomática, cortes de rutas y protestas en el puente internacional.
En este nuevo escenario, la representante argentina en la CARU, Ingrid Jetter, confirmó que ya se solicitó formalmente información sobre el proyecto a las autoridades uruguayas. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró Jetter tras reunirse con Frigerio.
Desde el gobierno entrerriano insisten en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales previstos para este tipo de emprendimientos sobre un recurso natural compartido. Además, advierten que la falta de información oficial genera incertidumbre en la población.
Mientras tanto, el tema comenzó a escalar tanto en medios argentinos como uruguayos, y ya ocupa espacio en portales nacionales como Infobae y El País de Montevideo. La CARU deberá ahora evaluar el alcance ambiental del emprendimiento y garantizar el cumplimiento del Estatuto, que establece que cualquier obra sobre el río debe ser comunicada previamente al otro país si puede causar perjuicio sensible.
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Piden evitar el consumo de un pescado en Semana Santa porque está en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 16/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Aseguran que se encuentra en un riesgo “extremadamente alto”
Ya sea por tradición o por creencia, muchas personas eligen no comer carne roja el Viernes Santo (que este año cae el 18 de abril). Frente a esto, opciones como el pollo o pescado suelen ser las más elegidas. En este marco, la Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina recomendó evitar el consumo de un pescado en particular ya que se encuentra “en peligro de extinción”.
La organización internacional no gubernamental con sede en el zoológico de Nueva York, que trabaja para conservar la vida y los paisajes silvestres en todo el mundo a través de la ciencia, pidió que la población no compre gatuzo, un tiburón pequeño que suele ofrecerse en las pescaderías con el nombre de “cazón” o “palo rosado”.
“La especie está catalogada como Críticamente Amenazada de acuerdo a los criterios de la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre“, expresó la organización en un comunicado.
Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina, resaltó: “Queremos alertar a los consumidores que el gatuzo es uno de los tiburones que habita el Mar Argentino y que está en peligro de extinción”.
Según los datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el gatuzo es el tiburón con mayor explotación comercial en la Argentina. Es por esto que en 2021 la organización diseñó una “estrategia global de 10 años” para salvar tiburones y rayas enfocada en cerca de diez lugares críticos de conservación alrededor del mundo, en donde el Océano Atlántico Sudoccidental y el Océano Indico Occidental resultaron áreas de especial de preocupación.
“Es necesario investigar e implementar métodos de pesca alternativos, selectivos, eficientes y sostenibles para disminuir la presión pesquera dirigida a especies endémicas amenazadas; mientras tanto se necesita una moratoria, es decir, que se deje de pescar por un tiempo determinado para que la especie se pueda recuperar”, agregó Cuevas.
Los datos informados por la WCS Argentina arrojaron que en las últimas cuatro décadas la población de gatuzo (o Mustelus schmitti, por su nombre científico) disminuyó más del 90%. Además, se trata de una especie con baja fecundidad y reproducción tardía, cuyas hembras paren a partir de los ocho años y de una a 16 crías por año. Estas características incrementan su vulnerabilidad frente a las presiones que afectan su población, como las prácticas pesqueras no sostenibles, tanto comerciales como deportivas.
La importancia de su conservación radica en que es uno de los tiburones endémicos del Océano Atlántico Sudoccidental, lo que quiere decir que habita exclusivamente en esta región y si desaparece en el área se extinguiría a nivel global.
“Durante Semana Santa, época en la que aumenta el consumo de pescado en la Argentina, alentamos a la comunidad a ser aliada en la conservación de los tiburones, a informarse consultando en la pescadería qué especies está comercializando, y no comprar ni consumir especies en peligro, como el gatuzo”, enfatizó Cuevas.
En el Mar Argentino hay 55 especies de tiburones que viven o migran en distintas épocas del año. En el marco del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, WCS Argentina participó en la evaluación de 35 especies de peces cartilaginosos en la región, de las cuales 20 fueron identificadas bajo alguna categoría de amenaza de extinción, debido a la sobrepesca comercial o recreativa. Y de esas 20 especies amenazadas, 15 son endémicas de esta región, como el gatuzo.
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Especialistas implementan un novedoso modelo de monitoreo de fauna marino-costera

Fecha de Publicación: 16/04/2025
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional


Un equipo interdisciplinario de investigadores argentinos ha desarrollado una metodología innovadora para el monitoreo de fauna marino-costera en la Península Valdés. El estudio combina imágenes aéreas de alta resolución con técnicas de aprendizaje profundo para automatizar la detección, clasificación y conteo de especies carismáticas y de importancia para la región, como el elefante marino del sur (Mirounga leonina) y el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens). Este enfoque no solo supera algunas limitaciones de los métodos tradicionales de censo in-situ, sino que también ofrece una herramienta eficiente para la conservación de la biodiversidad en áreas extensas y remotas.
Para el estudio se tomaron cerca de 3000 imágenes de alta resolución durante dos vuelos tripulados a bordo de una aeronave CESSNA C-182 monomotor de ala alta perteneciente al Aeroclub Puerto Madryn. En menos de seis horas de vuelo se cubrieron más de 300 kilómetros de costa en el extremo norte de la provincia de Chubut, durante la primavera de 2023. En una primera etapa, el estudio utilizo un subconjunto de 461 de estas imágenes correspondiente a un sector a lo largo de 80 km en Península Valdés. Las imágenes pasaron por un proceso de anotación y revisión manual en el que participaron anotadores entrenados y biólogos especialistas, quienes clasificaron a los individuos por especie, sexo y edad (solo en el caso de los elefantes marinos) y estado de salud (vivo o muerto). Luego se entrenó un modelo de aprendizaje profundo basado en la arquitectura YOLO v10x, que permite detectar y clasificar animales en grandes volúmenes de datos con una precisión notable.
“El trabajo interdisciplinario fue clave en esta fase, ya que biólogos y expertos en visión por computadora colaboraron para asegurar que las anotaciones fueran precisas y consistentes», explica Elena Eder, investigadora del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).
El estudio, recientemente publicado en Journal of Imaging, se enmarca en un proyecto de investigación más amplio financiado con fondos de Proyectos Federales de Innovación del ex Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y fondos de universidades nacionales (UNS y UNSJB), y es el resultado de una colaboración interdisciplinaria entre investigadores, docentes, becarios, personal de apoyo y estudiantes de diversas instituciones. Del trabajo participaron, además de Eder, Octavio Ascagorta, María Débora Pollicelli, Francisco Iaconis, Mathías Vázquez-Sano y Claudio Delrieux.
“Este estudio representa un avance significativo en el monitoreo de fauna marina combinando tecnología de vanguardia con un enfoque interdisciplinario», finalizó la bióloga del CENPAT.
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¿A dónde van los líquidos de tu baño y tu cocina? Advierten sobre un déficit ambiental poco conocido, pero preocupante

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Más del 72% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan correctamente; impacto en la naturaleza y la salud
Casi toda el agua que pasa por algún tipo de alcantarillado en la Argentina no recibirá el tratamiento adecuado. En otras palabras, los líquidos provenientes de nuestras duchas, bidets, inodoros, bachas de cocina, lavarropas y algunas industrias llegarán a plantas de tratamiento, pero muchos de los patógenos, químicos y metales pesados caerán sobre ríos y lagos. Sitios en donde, de forma directa o indirecta, puede existir contacto con la gente.
Las razones son varias. Puede ser porque los sistemas encargados de tratar la contaminación están desgastados por el tiempo, porque no hay operarios capacitados o porque faltan componentes esenciales para depurar esos 2019 millones de metros cúbicos de agua que 21,4 millones de argentinos expulsan cada año por la red cloacal. Lo certero, según especialistas consultados por LA NACION, es que el contacto humano con esta agua puede representar una verdadera amenaza para la salud.
Datos obtenidos mediante un estudio de 2023, elaborado por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, mostraron que de las 600 plantas de tratamiento que hay identificadas en todo el país eran 376 las que trataban la mayor parte del agua residual de ciudades de más de 10.000 habitantes. De esas, solo el 27,6% del caudal era tratado adecuadamente, ya sea categorizadas en el relevamiento como buenas o, algunas, como regulares. El resto operaba con inconvenientes (en las categorías regular o mala), o bien estaban en reparación o construcción. Según Emiliano Aguerreberry, el especialista en saneamiento y agua potable que coordinó la investigación, el panorama no varió mucho desde entonces hasta la actualidad. A esto se suman situaciones más alarmantes, como las ciudades que nunca tuvieron plantas de tratamiento.
Tal es el caso de Rosario, Santa Fe o Reconquista, en la provincia de Santa Fe y a orillas del río Paraná. Así lo confirmó a LA NACION el secretario de Agua y Saneamiento provincial, Leonel Marmirolli, que admitió que esas, como otras poblaciones de varias provincias que se instalan en la ribera, carecen de plantas para tratar sus desechos.
“En estos sitios las aguas residuales se van al río. En el caso de las industrias hay un pretratamiento, pero para lo demás, no”, describió el funcionario. Aunque afirmó que se cumplen las normas provinciales, especialistas en saneamiento ven con preocupación el escenario de Rosario y otras ciudades: “No cumplen las normas de vuelco, porque no están filtrando nada”, respondieron.
Según el reporte publicado hace dos años que usa datos de 2019 y 2020, las provincias con más problemas son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. “No es porque tengan un problema mayor a otras provincias, sino que son las que más plantas tienen”, explicó Aguerreberry, que aún se desempeña como asesor de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Amenaza a la salud
La mayor parte de las aguas residuales mal tratadas que pasan por algún sistema de drenaje provienen de los desagües residenciales. En números, un 84% de la población argentina vive en ciudades de más de 10.000 habitantes y el 61,7% dispone de red cloacal. En esa agua puede aparecer de todo. “No son solo excreciones lo que llega a las plantas, hay preservativos y toallas femeninas”, describió Aguerreberry.
El agua residual, entonces, puede ser un riesgo para la salud por la cantidad de patógenos y químicos que puede contener. Según Francisco Dadic, médico y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna y toxicología, el contacto con agua contaminada puede provocar efectos agudos y/o crónicos. Dijo a LA NACION que el efecto depende de la concentración y el tipo de contaminante. “El agua puede tener metales pesados como plomo, arsénico, manganeso, cromo y cobre, que son cancerígenos. También puede estar contaminada con microorganismos. Los más convencionales son la Escherichia coli y Shigella. Estas bacterias están vinculadas a la gastroenterocolitis”, detalló.
Tanto Dadic como Aguerreberry resaltaron las consecuencias ambientales que pueden derivar de las fallas en el tratamiento de aguas residuales y que, a la vez, se vinculan a la salud humana. Pensemos que la mayor parte del agua que se desecha de las ciudades, sea tratada o no, desemboca en ríos. “Mucha gente usa el agua de ríos para regar plantas como lechugas, o pesca ahí mismo. Esa agua es compartida por la población de toda la cuenca. Incluso se puede convertir un problema interjurisdiccional. Vos estás liberando una cantidad de patógenos muy grande”, planteó Aguerreberry.

Las provincias más problemáticas
Según el Censo Nacional de 2022, los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe suman poco más de la mitad del total del país. En promedio, poco más de la mitad de ellos tienen una red de desagüe. También allí se concentran más de la mitad de las plantas procesadoras: en total, para 2020 se contaron 184, de las cuales 87 funcionaban mal.
Aguerreberry explicó que muchas plantas no operan por ausencia de presupuesto: “Muchas veces no hay personal, o el que tienen carece de formación. Entonces deja de haber mantenimiento. Después de un tiempo es más barato abandonarlas”. En otros casos faltan componentes esenciales, como los ecualizadores, que son parecidos a un tanque de concreto en el que se contiene el agua residual y ayuda a que el resto del sistema de tratamiento no se sobrecargue. Para la ingeniera ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Ruth Rodríguez, este aparato es el corazón de cualquier planta que trata residuos industriales y que, en su mayoría, no desembocan en ninguna red cloacal.

Cantidad de plantas a rehabilitar por provincia
“Hace 19 años que trabajo en la temática y hemos determinado de que más de 80% de las plantas no funcionan porque no tienen ecualizador”, explicó Rodríguez durante la presentación de un reporte regional de la Feria Internacional para Agua, Alcantarillado, Drenaje y Soluciones para Recuperación de Residuos (IFAT) en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.
Quizás el caso que a los expertos consultados les llama más la atención es el de Santa Fe. No necesariamente por los problemas que aún persisten dentro de sus plantas de tratamiento, sino también por los sitios en donde no hay procesamiento alguno. Marmirolli, el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, explicó que al menos 42,5% de la población vive en sitios donde el agua no se trata. Como se dijo, muchas de estas personas residen en ciudades como Rosario, Santa Fe y Reconquista; el saneamiento de esa agua, como la de otras 12 localidades, es responsabilidad de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA (ASSA). Según Marmirolli, diez de estas localidades tienen plantas e incluso han implementado cobros a los usuarios para mejorar el mantenimiento de las mismas; sin embargo, el desarrollo de nuevas plantas es algo que no han logrado concretar.
Marmirolli advirtió que la construcción de plantas en estas ciudades está en los planes, pero no ha sido posible por falta de presupuesto. “La Nación no ha dado dinero para varias obras que se habían empezado antes. La gobernación está financiando todo ahora, pero no es suficiente. Ahora estamos buscando fondos internacionales, en especial para las ciudades que no tienen ningún tipo de tratamiento”, explicó. Además, dijo que la provincia está trabajando en la expansión de la red de drenaje en las ciudades que no administra ASSA e indicó que el agua que pase a través de esa nueva red llegará a plantas que operan de manera óptima.
Por su parte, Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de Córdoba, respondió que lo que el reporte nacional de 2023 expone es una fotografía del pasado. “En los últimos ocho años se hizo mucho saneamiento. Había muchas plantas que estaban sobrepasadas. Implementamos un plan para rehabilitar la capital, tenemos una planta de primer nivel de barros activados [que tienen mayor capacidad de tratamiento], es una planta que funciona hace tres años”, sostuvo.
Como esta obra, Castelló desglosó varios proyectos que se han ejecutado en distintas partes de la provincia. Aseguró que el 80% del territorio tiene plantas de tratamiento e infraestructura central. “La red cloacal es lo que estamos tratando de expandir”, advirtió, y añadió que desde 2023 están recibiendo financiamiento del OPEC Fund for International Development. El monto ejecutado por la organización de estados petroleros es de 23.340 millones de dólares y restan 36.660 millones, según información oficial.
Finalmente, la provincia de Buenos Aires es quizás el caso más complejo. “Entre la concentración poblacional y la falta de planeamiento urbano, esta provincia siempre es un problema”, ponderó un especialista en saneamiento. Según el Plan Estratégico de Infraestructura 2020-2024 bonaerense, un 63,6% de la población allí tiene red cloacal. Y de las 122 plantas de tratamiento que registró el estudio nacional, 52 funcionaban mal. LA NACION intentó contactarse con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense sin éxito.

¿Y el agua que consumen los porteños?
Según la información del reporte, varias de las provincias con las que la ciudad de Buenos Aires comparte afluentes tienen, en mayor o menor medida, deficiencias para tratar sus aguas residuales. También –como se dijo– hay casos más graves, como los de Rosario, Santa Fe y otras ciudades del litoral, en las que no hay ningún tipo de tratamiento.
A esto se suma el vertido de residuos industriales que, en muchos casos, se arrojan de forma clandestina a ríos y arroyos. Tal es el caso del arroyo Sarandí, que el 6 de febrero pasado se tiñó de un rojo vivo por pigmentos vinculados a industrias de curtiembres, alimenticias, textiles y farmacéuticas.
Así surge otro interrogante: si el agua cruda que se recolecta del Río de la Plata y del Paraná de las Palmas puede potabilizarse correctamente. Ante la consulta, Alejandro Barrio, director técnico y de Desarrollo Tecnológico en AySA, afirmó que no hay ninguna razón para alarmarse.
Barrio confirmó la contaminación de varios de los ríos cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las tres tomas de agua que AySA tiene para el abastecimiento de la Capital están lejos de confluir con los tramos contaminados. “En el caso del Río de la Plata, son los primeros 500 metros la zona contaminada y nuestras tomas están a un kilómetro y medio. La calidad es buena desde la toma y luego hacemos todo el proceso de potabilización”, detalló.
Además, explicó que la empresa realiza un monitoreo constante de la calidad de agua desde la toma, hasta el transporte y suministro a los consumidores. “Mucha gente se queja del sabor a cloro que puede tener el agua, pero ese es un sello para asegurarnos que no queda ningún patógeno allí. Además, ese sabor desaparece. Tan solo hay que dejarla una noche en la heladera”, concluyó.
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Alarma por las perforaciones no convencionales que proyecta YPF en cercanías de los lagos Mari Menuco y Los Barreales

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: Portal Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La operadora estatal tiene previsto realizar 87 pozos en el itsmo que conecta ambos embalses.
Las concesión otorgada en marzo de este año a la empresa YPF para explotar en el área La Angostura Sur II, a través de la técnica del fracking, ha encendido las alarmas de comunidades mapuches y asociaciones ambientales por encontrarse muy cercana a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, espejos de agua de donde se extrae el agua potable para gran parte de la población de la ciudad de Neuquén.
El proyecto de YPF es perforar tres pozos piloto en el istmo que conecta los embalses Mari Menuco y Los Barreales. Según informó el Observatorio Petrolero Sur, se trata de una etapa inicial que contempla pozos horizontales con ramas laterales de 2 mil metros y 28 etapas de fractura cada uno. El plan completo prevé desarrollar 87 pozos en ese lugar.
El istmo donde proyectan ubicar los los pozos piloto de YPF es una franja angosta de tierra entre los dos embalses, lugar en donde se encuentra el sistema hídrico que abastece la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario y los canales de riego del Alto Valle. “Cualquier incidente —una fisura, una pérdida, un error operativo— puede tener consecuencias directas sobre la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema”, explicaron desde Opsur.
El proyecto se realizará sobre el territorio que reclama la comunidad mapuche Kaxipayiñ, quienes exigieron al gobierno provincial que se respete el derecho a la Consulta Previa.
“Nos enteramos del proyecto porque tuvimos que parar un par de máquinas de YPF que ya estaban dentro del territorio reconocido de la comunidad”, declaró el werken Gabriel Rolando Cherqui a OPsur.
En el mismo contexto, la Confederación Mapuche de Neuquén organizó una reunión multisectorial de urgencia para analizar la situación y realizar posibles acciones en defensa de los lagos Mari Menuco y Los Barreales.
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En plena crisis climática: la fuerte advertencia sobre la caída de los fondos destinados a la preservación del medio ambiente

Fecha de Publicación: 14/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de una ONG, la baja entre 2023 y 2024 del presupuesto fue de entre el 34% y el 81%; expertos alertan sobre el impacto en la atención de incendios forestales e inundaciones
Según el Monitor ambiental del presupuesto, elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que abarca el período de 2023 a 2024, el presupuesto designado a las partidas ambientales, se desplomó, entre un rango que va del 34% al 81%, según el área. La razón principal, destacaron los especialistas consultados por LA NACIÓN, fue la licuación de las partidas, impulsadas por la inflación y por la no actualización de los fondos.
Este escenario, según los expertos, se tradujo en pérdida de personal, deterioro y falta de infraestructura, en freno de una inmensidad de proyectos vinculados a la protección de la naturaleza y de la salud, y en la desatención de emergencias, como los incendios en la Patagonia a principios de año o la inundación de Bahía Blanca en marzo pasado.
Matías Cena Trebucq, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del reporte de FARN, detalló que esta licuación es solo una de las razones del deterioro de la política ambiental. Planteó que la caída en el sector superó por mucho la baja general del presupuesto de toda la administración pública, que fue de 26,3%. Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, destacó que hubo subejecución de partidas: “El desfinanciamiento de programas esenciales, como el de Manejo del Fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables, evidencia la falta de una planificación ambiental a largo plazo, en un contexto en el que los impactos de la crisis climática son cada vez más evidentes”.

Despidos, salarios bajos e incertidumbre
Los ajustes en la estructura del Estado no han sido iguales para todos los sectores y la cartera ambiental es un claro ejemplo de ello. Un año después de la degradación de Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, este organismo, dependiente ahora de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, sufrió una baja del presupuesto, en términos reales del 79,4%, según el informe de FARN.
Para empleados de esa subsecretaría, la baja se expresó en una gran cantidad de despidos, pero también de renuncias. “En marzo hubo una caída del personal de 50 personas y en toda la Secretaría, en febrero se fueron 150 más. A muchos no les renovaron el contrato [que en toda la administración pública se hace cada tres meses], pero otros se fueron por su cuenta. Porque los salarios son bajos y las condiciones muy precarias”, detalló una técnica de la Subsecretaría de Ambiente en estricto off de record.
Y explicó también que la gran mayoría del personal no son de planta. “Muchos se van porque no tienen ningún tipo de seguridad laboral”, añadió. A esto se suma el congelamiento de varios proyectos que se ejecutaban allí y que incluso recibían financiamiento internacional. LA NACIÓN intentó consultar al subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Aquella situación es también descrita por brigadistas de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. “Un informe del 31 de diciembre de 2023 decía que la planta mínima de brigadistas que Parques Nacionales debería tener era de 700. Hoy rondamos los 350”, afirmó Alejo Fardjoume, coordinador nacional del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Parques Nacionales. Según el informe de FARN, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales (APN) cayó un 34%.
Para la atención de incendios, según indicaron desde ATE, el número de brigadistas es crítico. “Incluso, Cristian Larsen [director del organismo] pidió al [ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico] Sturzenegger ampliar en 150 la planta de brigadistas de Parques, pero les aprobaron solo 20”, afirmó Fardjoume. Según calcularon desde ATE, el número de brigadistas no superan los 2000, incluyendo los de Parques Nacionales, los del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los que tienen las provincias. “Pero los que peor estamos somos los que estamos coordinados por las instituciones nacionales”, agregó.
Sobre esto, el informe de FARN denunció también el freno a distintas obras de infraestructura dentro de las áreas naturales que maneja APN, como senderos, ciclovías y faros de conservación. LA NACIÓN contactó a la APN para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
En el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la institución tripartita encargada del saneamiento del Riachuelo, los fondos públicos cayeron en un 76,6%. El año pasado se manejaron con el menor presupuesto desde al menos 2021, y ejecutaron un 56,7%. FARN registró como consecuencia el despido de más de 300 personas. Y argumentaron que hay una intención de desarticulación que va más allá del presupuesto. “Lo que están haciendo es exponer el dogmatismo del Gobierno para concebir los problemas ambientales y sociales desde su visión ortodoxa de la economía”, opinó Slipak. Este medio se puso en contacto con Acumar, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Subejecución
Para FARN, la subejecución del presupuesto se expresa concretamente tanto en la falta de políticas preventivas ante posibles emergencias climáticas como en la atención a los desastres que provocan. Uno de los casos que destacaron en su informe fue el del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Esta caja, prevista en la Ley de Bosques Nativos (N°26.331), se creó, en gran parte, para financiar a productores rurales para que impulsen proyectos de conservación y para ayudar a evitar desmontes o incendios. Este fondo es considerado por FARN como el corazón de la política de protección de bosques y el año pasado, el Ejecutivo no depositó los fondos correspondientes del presupuesto del año pasado. Tampoco se ejecutaron los fondos que había. LA NACIÓN trató de contactar a la Subsecretaría de Ambiente, que coordina el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Sin embargo, no respondió.
FARN destaca el cierre del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que desde 1999 recibía fondos del Banco Mundial para implementar energías renovables en zonas que se encuentran fuera de la red eléctrica. Según una ficha de prensa de la Auditoría General de la Nación publicada en junio del año pasado, el Ejecutivo decidió cerrar este programa. Las consecuencias, según consignó en diálogo con LA NACIÓN el último coordinador nacional del Permer, la falta de continuidad del proyecto vulnera el acceso a la energía de 34.777 hogares.
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Primer caso en el mundo: una provincia contrató un inédito seguro para cuidar a su “Rey de la Selva”

Fecha de Publicación: 12/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Misiones


Junto a Río Uruguay Seguros, Misiones diseñó una póliza que compensará a quienes el yaguareté mate vacas, cerdos u otros animales; buscan evitar la caza de represalia y no tendrá costo para los productores
En un trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONGs conservacionistas, el gobierno de esta provincia y la empresa Río Uruguay Seguros diseñaron y lanzaron una póliza que protegerá al yaguareté de uno de los mayores riesgos que afronta esta especie en peligro de extinción. El seguro no tiene costo para el productor.
El yaguareté es el felino más grande de América y considerado el “Rey de la Selva” con su lugar al tope de la cadena alimenticia, como el mayor predador. Hoy se calcula que quedan 250 yaguaretés en la Argentina, entre la selva de las Yungas (Salta y Jujuy), la Selva Misionera y el Gran Chaco (formado por Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Menos de la mitad de esa población (unos 90) se encuentra distribuidos por los distintos manchones de selva en Misiones, preservada por parques provinciales, áreas protegidas y el Parque Nacional Iguazú.
Como el principal peligro de extinción es la llamada caza de represalia, que se da cuando un productor mata a un felino porque atacó su ganado, se viene trabajando hace casi un año para diseñar esta solución a ese problema.

Cómo funciona
El seguro funciona de la siguiente forma: si un productor comprueba daños materiales en su hacienda hechos por un yaguareté, llama a la aseguradora e inmediatamente acude un perito para verificar los daños y realizar una compensación económica a ese productor, además de activar otros mecanismos preventivos a futuro.
“Los daños los determinará el perito, pueden ser cuatro vacas, dos chanchos. La compensación económica está dada de acuerdo a lo que se coma el yaguareté, si te come una vaca, depende de lo que pesaba, lo mismo con un chancho o una oveja”, explicó a LA NACION Emilce Errubidarte, directora administrativa del Ministerio del Agro y quien lideró el equipo que trabajó casi un año en diseñar este seguro, junto al Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMIBio) y al Ministerio de Ecología.
Inicialmente se implementará el seguro para el área de Andresito, en el nordeste de la provincia y lindante con el Parque Nacional Iguazú, donde se produjeron los mayores ataques de yaguaretés a ganado en los últimos meses. El plan comprende luego abarcar toda la provincia y, eventualmente, “exportar” el modelo a la selva de las Yungas, al Chaco y también a otros países.
Como también estuvieron atacando y matando perros, se estableció un valor fijo para este caso en particular, mientras que para el resto se determina el valor de mercado del animal. Un dato: si el que ataca es un puma, ahí no hay cobertura del seguro, sino que se activan otros mecanismos de compensación contemplados en la Ley de Grandes Felinos, una norma provincial que reglamentó ciertas compensaciones, también a través del Ministerio del Agro.
“Antes la gente no denunciaba y sigue sin denunciar y a través de las ONGs de conservación pedimos que los productores notifiquen así activamos los mecanismos”, explicó Errubidarte. “Nos parece una iniciativa muy interesante esta prueba, y se espera que la gente también empiece a implementar medidas para facilitar la coexistencia, creando un camino que permita aliviar la tensión de la caza por represalia del yaguareté”, dijo Karina Schiaffino, especialista en áreas protegidas de la Fundación Vida Silvestre.
Durante la presentación del nuevo seguro en la Casa de Gobierno se destacó que esta es la primera vez a nivel mundial que se implementa una solución así para la preservación de una especie como el yaguareté.
“Hoy estamos lanzando el primer seguro del mundo diseñado específicamente para fomentar la convivencia entre uno de los motores productivos de la provincia y uno de sus animales emblemáticos: el yaguareté”, expresó Marcelo Borré, coordinador de Proyectos de Seguros Inclusivos, del programa de PNUD de la ONU.
“Este seguro cuida y protege nuestra biodiversidad, al mismo tiempo que garantiza la producción. Es un verdadero sello misionero: demuestra que se puede hacer política pública con enfoque ecosistémico", dijo el ministro del Agro, Facundo Sartori. En el lanzamiento estuvo también el presidente de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Godoy.
“El seguro no solo protege patrimonios, sino que cuida lo que nos hace únicos como región. Nos permite acompañar a los productores y a la vez financiar activamente la protección de la biodiversidad”, explicó Godoy, presidente ejecutivo de RUS. Consultado sobre el valor de la prima, que afrontará el gobierno de Misiones (se destacó que no tiene costo para el productor), Errubidarte explicó que “se trata de un monto simbólico”.
Según un cálculo del Ministerio del Agro, cada yaguareté tiene un valor ecosistémico equivalente a 1700 millones de pesos, citando un cálculo realizado por la Administración de Parques Nacionales. “El yaguareté es el rey de la selva, es el mayor predador y eso lo pone en una situación de bastante fragilidad porque cualquier desequilibrio por debajo de la cadena le impacta. Es una especie clave e indicador de la buena salud del ambiente, si está el yaguareté es un indicador de que la selva está en buenas condiciones porque hay animales que le sirven de alimento”, explicó a LA NACION Emiliano Salvador, de la Fundación Vida Silvestre. “A su vez tiene un valor cultural inmenso, en la cultura misionera, originaria y en los pueblos donde habitó, en Buenos Aires la localidad de Tigre se llama así por referencia al yaguareté, ni hablar en Chaco o Jujuy”, agregó Salvador.
Misiones tiene 22 parques provinciales. Dos monumentos naturales, dos Reservas Naturales Culturales, cinco Reservas de Usos Múltiples (acá se puede desarrollar cierta producción) y 12 Parques Naturales Municipales. En 2018 creó el Ministerio de Cambio Climático con el fin de obtener compensaciones económicas por preservar el monte y la selva.
Misiones sacó el cultivo de soja y también puso un límite al avance de la frontera forestal que ya no puede avanzar sobre el bosque nativo. Hoy busca cuantificar el costo económico de estas restricciones, concientizar y buscar compensaciones económicas a cambio de los servicios ecosistémicos que ofrece. En tanto, tras un trabajo de casi tres años, la provincia está a punto de emitir sus primeros bonos de carbono, por un valor que se estima le reportaría entre 50 y 70 millones de dólares, por las acciones de preservación que le permitieron mitigar gases de efecto invernadero entre 2017 y 2022. La certificadora internacional Verra ya tiene establecidos los montos y la provincia contrató a la trader Mercuria para vender estos instrumentos. En los años 90, Misiones creó el Ministerio de Ecología, que ejerce el poder de policía sobre las áreas selváticas tanto públicas como privadas.
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