Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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Un brazo del río Limay tapado hace 50 años: ¿Por qué hay un amparo ambiental y qué se define esta semana?

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Un conflicto judicial frena la reapertura de un cauce del Limay cerrado hace 50 años, a horas de una reunión. Muchos intereses en juego.
El brazo Todero, el cauce y humedal del río Limay que permanece cerrado desde hace más de 50 años en el suroeste de Neuquén capital, tiene detrás un amparo judicial ambiental que todavía sigue abierto pese a que la obra de infraestructura para reactivarlo está casi terminada.
Es un humedal natural que desde 1970 servía como desvío de los caudales cada vez que había inundaciones. Hoy en esa zona están asentados los barrios La Castellana y La Zagala, entre Anaya y Saavedra, además de que el gobierno provincial, a través de Recursos Hídricos, hizo costosas obras de los puentes de acceso.
Esta semana, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Pereyra y un equipo de trabajo ambiental, se reunirá con el Estado provincial, la Municipalidad de Neuquén y los desarrolladores privados de la zona para definir los términos de esa reapertura. Se sabe que hay un tema complejo de resolver con intereses en juego y posturas encontradas.
Estas son algunos de los puntos para entender el conflicto, que viene desde hace años, pero que con el avance de los lotesos y el auge de los desarrollos, la ciudad también busca compatibilizar el tema ambiental, muy complejo y resonante en buena parte de la comunidad.

¿Por qué hay un amparo ambiental por el río Limay?
El cauce se cerró en la década del 70, cuando un propietario privado lo rellenó para ganar terreno, lo que terminó con buena parte de los humedales que existían en el lugar.
El primer amparo judicial por esta situación se presentó en 2018 y se profundizó en 2020, en plena pandemia, en un contexto en el que también se discutía la afectación del Paseo Costero por obras en la península de Hiroki.
En los años siguientes, distintos desarrolladores siguieron avanzando con loteos sobre los márgenes del cauce seco, lo que motivó nuevas denuncias de la Defensoría (entonces a cargo de Ricardo Riva) para frenar la tala y el relleno del humedal.
El amparo, sostenido en la Justicia neuquina, es la herramienta que hasta hoy condiciona cualquier intervención sobre el brazo.

¿Qué obra se hizo mientras el amparo seguía abierto?
En 2023 se licitó la "Apertura, Sistematización y Saneamiento del Brazo Todero - Puente calle Anaya", adjudicada a la empresa ARCO SRL, la misma firma que, según había denunciado en su momento la Defensoría, fue responsable de parte del taponamiento previo del humedal.
Los trabajos, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, comenzaron en junio de 2025 y hoy superan el 87% de avance, con una inversión que ronda los 6.200 millones de pesos financiada por el Fondo Hídrico Provincial. La primera etapa, los tres puentes sobre las calles Anaya, Saavedra e Ignacio Rivas, ya está terminada.
Lo que falta es el paso más complejo, que es la apertura efectiva del cauce, que es justamente lo que el amparo todavía no habilita sin condiciones.

¿Qué pide puntualmente la Defensoría para acompañar esa reapertura?
Gustavo Pereyra planteó dos condiciones centrales en el marco de la mediación por el amparo y la primera es ambiental. "Que haya la menor afectación ambiental posible. Sabemos que restaurar el cauce natural de ese brazo es importante, pero también es importante que no se afecte toda esa biodiversidad que se creó", dijo, en los años en que el canal estuvo cerrado y se formaron lagunas y otros ambientes naturales.
La segunda apunta a los desarrolladores privados con loteos sobre los márgenes del brazo, como muestran las imágenes de drone de LM Neuquén.
Piden la cesión de parte de esas costas para uso público, de forma que los vecinos puedan circular, andar en bicicleta o hacer algún tipo de paseo por la zona. El objetivo declarado es evitar que se repita lo que pasó con el río Neuquén y el sector de Rincón de Emilio, donde el acceso a la costa quedó en manos privadas.

¿Qué se define en la reunión de esta semana?
Está prevista una mesa técnica entre la Municipalidad de Neuquén, Recursos Hídricos, el área de Ambiente provincial, la Defensoría y los desarrolladores privados con terrenos linderos al cauce. El objetivo es avanzar sobre esos dos puntos —el resguardo ambiental y la cesión de márgenes para uso público— para poder destrabar la etapa final de la obra sin necesidad de que el amparo siga frenando los trabajos.

¿Por qué el brazo no es solo un tema ambiental, sino también de seguridad hídrica?
Según explicó Pereyra, un brazo Todero funcionando permitiría derivar entre 400 y 500 metros cúbicos de agua por segundo del cauce principal del Limay en caso de una crecida fuerte, actuando como una suerte de vertedero natural.
El dato cobra sentido si se tiene en cuenta que el caudal erogado desde el compensador de Arroyito (aguas abajo de la represa El Chocón) suele moverse entre 250 y 900 m³/seg según la demanda energética, con un límite operativo de entre 1200 y 1290 m³/seg fijado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
En julio de 2020, una erogación excepcional de 1375 m³/seg obligó a autoevacuar a varias familias cerca de Plottier. Es en escenarios de esa magnitud donde, según la Defensoría, el brazo Todero podría cumplir un rol de alivio para los barrios de la costa neuquina.
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Extranjerización de la tierra: alerta sobre la falta de control y el avance en zonas estratégicas

Fecha de Publicación: 19/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La ausencia de información pública dificulta controlar el cumplimiento de la Ley de Tierras cuando se analiza el mapa de la propiedad extranjera en Argentina. 
En el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras que se impuso en la mesa de Ronda de Investigación, en el nuevo canal periodístico de Perfil, los periodistas Andrés Snitcofsky y Laura Rocha pusieron el foco en la falta de información oficial sobre la propiedad extranjera de tierras rurales y en los riesgos que implica flexibilizar una norma destinada a preservar la soberanía territorial.
El especialista en datos, Andrés Snitcofsky, presentó un mapa elaborado por investigadores independientes que permite visualizar el nivel de extranjerización por departamentos. "Este gran mapa es un trabajo espectacular que hicieron varios grupos de investigación", planteó. Asimismo, detalló cómo se interpreta la información: "Lo que está con color amarillo está cerca del límite de, digamos, del tope del 15% y lo que está en rojo supera el tope del 15%".

Las Islas Malvinas posee un 100% de ocupación extranjera
Además, contó que adaptó esos datos a otro formato para facilitar la lectura. "Yo agregué a la derecha un gráfico de pelotitas, que lo que hice fue mostrar lo mismo, pero en vez de en un mapa, simplemente cada una de las líneas que ven son las provincias", resaltó. Entre los ejemplos mencionó el caso extremo del departamento Islas del Atlántico Sur: "Si se fijan abajo de todo, hay una pelotita abajo, muy a la derecha, que es nuestro departamento con 100% de ocupación extranjera, las Malvinas, las Islas".
Snitcofsky también señaló otras zonas con fuerte presencia de propietarios extranjeros. "Hay varios, que son estas que habrán escuchado hablar de Lácar en el sur, Campana, Campana acá no más, Campana es uno de los departamentos con más extranjerización de la tierra", describió. A su vez, remarcó que la existencia de este mapa evidencia un problema mayor como es la ausencia de datos públicos oficiales: "Si no estaba este grupo, esta organización que armó este mapa, hoy no tenemos un mapa".
Ante esa situación, sostuvo que la ciudadanía no puede controlar adecuadamente el cumplimiento de la ley. "No me consta si lo controlan o no, lo que seguro no está es público como para que todos lo podamos ver, ese es el control final", remarcó.

Qué se puede observar en el trabajo realizado por el Observatorio Tierras
En este sentido, la periodista especializada en ambiente, Laura Rocha, coincidió en destacar el trabajo realizado por el Observatorio Tierras: "Es ObservatorioTierras.org, entre ellos hay muchos investigadores de la Universidad de Buenos Aires que armaron con mucho trabajo este mapa". Además, explicó que el relevamiento permite identificar rápidamente las zonas más sensibles: "Eso es un semáforo fíjense, están en la cordillera, están al borde de los ríos".
Rocha recordó un caso concreto ocurrido en Misiones, donde la concentración de tierras genera dificultades para la gestión local. "Puerto Libertad es un municipio de Misiones que quiere ampliar su ejido urbano y tiene que pedirle permiso a un extranjero para poder ampliar una manzana de barrio", expresó.
También mencionó la situación planteada por las autoridades municipales: "Las declaraciones del intendente diciéndole que la empresa extranjera no le quería ceder las tierras para avanzar con la estructura urbana de su municipio".
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La tala selectiva de árboles en Misiones pone en riesgo a un ave en peligro de extinción del que quedan menos de 350 ejemplares

Fecha de Publicación: 19/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


Un programa de conservación que lleva 20 años trabaja en conjunto con los pobladores locales para frenar la desaparición de un tipó de pájaro. 
Con una población casi estancada y un trabajo que reúne a investigadores y pobladores del este de Misiones, el loro vinoso resiste su extinción en la porción argentina del Bosque Atlántico. Actualmente hay menos de 350 ejemplares y, en gran parte, se debe a la tala selectiva de grandes árboles, incluso de especies que están protegidas, que tienen cavidades naturales en sus troncos y que son el hábitat ideal para que estas aves desarrollen sus nidos.
El loro vinoso o loro pecho vinoso es una especie que cuenta con apenas 323 ejemplares en todo el país, según el último monitoreo desarrollado a finales de 2025 por Aves Argentinas, que lleva adelante un proyecto específico junto a otras entidades, como el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), para preservar diversas especies en la región.
Para nidificar, necesita cavidades en árboles de al menos 60 centímetros de profundidad, que se forman naturalmente con el paso de los años, por lo que precisa ejemplares de gran porte que tengan troncos de unos dos metros de diámetro. Sin embargo, esa posibilidad se ve actualmente restringida por la tala selectiva que se realiza en la zona y que afecta directamente al hábitat del loro.
“Es una especie que necesita selvas bien conservadas porque se alimenta de semillas y frutos de los árboles, además de necesitar sus cavidades para nidificar”, explicó a TN la bióloga Sofía Zalazar, coordinadora de la estrategia de especies amenazadas del Proyecto Bosque Atlántico de Aves Argentinas.

Peligro crítico
Los nidos que encontraron fueron, sobre todo, en araucarias, también conocidas como pino paraná. Se trata de una especie endémica del Bosque Atlántico (amplia ecorregión que abarca buena parte del este y el sur brasileños, el este y sudeste paraguayos y Misiones, en Argentina) y que es Monumento Natural Provincial de Misiones desde 1986, por lo que se prohíbe su tala. “Son el dosel de la selva porque pueden llegar a medir más de 30 metros”, detalló Zalazar que, además, mencionó al timbó de campo y al marmelero como otras especies de árboles en las que los loros vinosos pueden nidificar.
La bióloga recordó que en la década de 1980, cuando se declaró Monumento Natural a la araucaria en Misiones para preservar con mayor énfasis a los ejemplares que quedaban, se presumía que el loro vinoso estaba extinto. Pero un conteo anual comenzado en 2005 arrojó poco más de 100 individuos en la provincia, un número muy bajo pero que confirmaba que la especie seguía vigente.
Hoy, ambas especies están bajo la categoría “En peligro crítico”: el loro a nivel nacional y la araucaria a nivel internacional, incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Zalazar explicó que existe en la selva misionera la tala selectiva, que consiste en sacar árboles específicos, que suelen ser de gran porte, en procedimientos que suelen ser ilegales (como el caso de la araucaria). Esta fragmentación del hábitat atenta contra el desarrollo del loro vinoso y va degradando lentamente el bosque nativo.
La actual población también sufre el mascotismo. Por el momento, el fenómeno es “cultural” de la zona, explicó Zalazar, en donde se sacan pichones de los nidos para regalar o tenerlos en jaulas. De todos modos, desde el Proyecto advierten por un posible tráfico de ejemplares hacia Brasil para su comercialización: “Hay alrededor de 50 loros vinosos que se rescatan en Brasil por año, que se sacan de nidos acá y se pasan por las fronteras para su comercialización, algo que no vimos en Argentina”.

Especie de valor especial
El loro vinoso se encuentra enmarcado por el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales como una Especie de Vertebrados de Valor Especial (Evve), categoría que se implementó en la Administración de Parques Nacionales en 1991.
Las Evves se seleccionan por su importancia de conservación según nueve criterios de las especies o subespecies y cada área protegida del país tiene que contar con una lista de Evves. En ese sentido, el loro vinoso figura en la lista de la Reserva Natural Estricta San Antonio, en Misiones, en donde se consideraron tres criterios: está incluida en alguna categoría de amenaza a nivel nacional, justifica una atención especial por tener escasa presencia poblacional en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se registró habitualmente hasta cinco años antes en la región pero no se la puede reportar desde entonces.
Con este marco, el trabajo del Proyecto se vuelve crucial. Desde 2005, con el primer conteo poblacional, se vienen llevando adelante programas de educación ambiental y conservación en las escuelas de los parajes y los pueblos de la zona de San Pedro, al este de la provincia, que limita con Brasil.
El año pasado, explicó la bióloga, se instaló una estación biológica para profundizar las investigaciones sobre la especie, con acciones que van desde la implementación de cajas nido (réplicas de sus nidos instaladas en árboles nativos para ofrecer lugares seguros para la reproducción) hasta la protección de cavidades naturales existentes, el seguimiento detallado de parejas reproductivas y la conformación de un “club de naturaleza” con niños de la zona, de entre 7 y 13 años, para concientizar sobre la importancia de preservar al loro vinoso.
Si bien el número de ejemplares aumentó en los últimos años, Zalazar explicó que aún no se puede determinar si ese incremento es por una suba real de individuos o por una profundización en los relevamientos y un encuentro de mayor cantidad de bandadas: “En 20 años, la población casi no subió, pero tampoco disminuyó”.
Se espera que, en los próximos meses, se conozcan los primeros resultados de la profundización de estos nuevos estudios e intervenciones que buscan prolongar la estadía del loro vinoso y de su hábitat.
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Detectan cuarto barco extranjero depredando Mar Argentino, recibe multa millonaria pero seguirá pescando 

Fecha de Publicación: 18/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Enfocado en reducir al mínimo la depredación en aguas nacionales, el Gobierno sigue ajustando el cerco sobre las embarcaciones extranjeras que pescan sin ningún tipo de permiso en el Mar Argentino. A tono con esto, el oficialismo acaba de aplicar una multa equivalente a casi $1.900 millones al buque de origen chino Hai Xiang 2, que efectuaba capturas ilegales con bandera de Tanzania. Se detectó que la unidad efectuaba maniobras incompatibles con la navegación libre dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Con esta medida, la cantidad de embarcaciones extranjeras penalizadas por incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional ascendió a cuatro en lo que va de 2026.
La penalización fue oficializada el reciente 7 de agosto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca al concluir el procedimiento administrativo instruido a partir del rastreo digital provisto por la Prefectura Naval Argentina (PNA).
La infracción ocurrió a la altura del Golfo San Jorge. Se constató que la embarcación navegó a una velocidad media de 4,3 nudos, y que en ese lapso recorrió 0,49 millas náuticas dentro de la ZEEA realizando movimiento de pesca por arrastre.
De acuerdo a fuentes náuticas, la sanción sumó 1.000.000 de Unidades de Pesca y se concretó de manera remota a partir de la reconstrucción del recorrido del pesquero. De esa forma, se evitó tener que realizar un abordaje presencial o interceptar físicamente a la nave en altamar.
La efectividad de esta actuación administrativa se apoyó en la Disposición SSRAyP N.° 20/2026, firmada a comienzos de febrero por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Redactada tras un proceso de trabajo técnico que reunió a capitanes de pesca y autoridades de Tráfico Marítimo de la PNA, la norma cerró los márgenes interpretativos que dificultaban la aplicación de multas.
"Al fijar que la navegación por debajo de los seis nudos con patrones de giro, cambios de rumbo o trayectorias compatibles con operaciones de pesca constituye prueba suficiente, la disposición convirtió los patrones de velocidad y movimiento registrados por el Sistema Guardacostas en evidencia objetiva, técnicamente verificable y jurídicamente incontrastable", indicaron fuentes del sector.

Un buque de origen chino pero con diferentes banderas
Al momento de ingresar ilegalmente a la ZEEA, el Hai Xing 2 operaba bajo la bandera de conveniencia de Vanuatu. La confirmación del sumario por parte de las autoridades argentinas derivó en que el Registro Internacional de Buques del país insular le cancelara la matrícula en abril de 2026.
La misma sanción fue aplicada a los pesqueros Bao Feng y Bao Win, también involucrados en actuaciones administrativas por violar aguas jurisdiccionales argentinas.
Pese al retiro del pabellón de Vanuatu, la embarcación mantuvo su continuidad operativa mediante su número IMO 1124009 —código numérico inalterable que identifica al casco del buque durante su vida operativa— y migró su matrícula hacia la bandera de Tanzania.
Las bases marítimas internacionales registran ahora al arrastrero bajo la firma East Africa Fishery Co., con domicilio en Zanzíbar —una isla del archipiélago tanzano—, tras figurar previamente vinculado a la compañía Ever Fast.
La unidad, construida a finales de 2025 y clasificada por la China Classification Society, posee 59 metros de eslora, 12 metros de manga y un arqueo bruto de 1.382 toneladas, características que reflejan la envergadura técnica de las flotas que operan en la Milla 201.

Cuatro buques sancionados en lo que va de 2026
El expediente contra el Hai Xing 2 consolidó una saga de procedimientos administrativos que acumula cuatro buques extranjeros sancionados durante 2026.
El primer caso del año correspondió al Bao Feng, detectado en enero tras permanecer hora y media dentro de la ZEEA a baja velocidad. En aquel antecedente, el Estado no solo aplicó una sanción superior a $1.262 millones, sino que ejecutó el cobro efectivo de la multa acompañado por otros $800.000 en concepto de gastos operativos.
Con posterioridad, el Ministerio de Economía oficializó penalizaciones conjuntas contra esa misma embarcación y el Bao Win por un monto superior a los 2.700 millones de pesos.
El tercer caso de la nómina involucró al Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado en abril tras ingresar 700 metros en el límite marítimo nacional. Sumando la resolución aplicada al Hai Xing 2, el acumulado de multas divulgadas por el Gobierno supera los $4.533 millones en el año, cifra a la que restará añadir la liquidación económica final ligada al barco europeo.

La pesca ilegal mueve millones al año
Detrás de las sanciones económicas aplicadas por la Autoridad de Aplicación subyace un esquema financiero e industrial de escala global. Se estima que la pesca ilícita no declarada en la ZEEA, orientada principalmente a la captura del calamar "Illex argentinus", representa un negocio multimillonario que alcanza los u$s1.000 millones anuales para las flotas internacionales que se despliegan al borde de la milla 200.
Pese al impacto mediático y económico de la multa impuesta, la aplicación de la sanción administrativa no impide que estas embarcaciones continúen con la extracción de los recursos marinos. Una vez cubierta la penalización establecida por el área de Pesca, las embarcaciones infractoras quedan plenamente habilitadan para retomar sus operaciones extractivas a partir de la milla 201.
Al tratarse de aguas internacionales, la legislación argentina no cuenta con la potestad jurídica ni el amparo del derecho internacional para incautar las embarcaciones o prohibirles la libre navegación fuera de las 200 millas náuticas. Para las grandes corporaciones armadoras chinas, las multas multimillonarias terminan siendo absorbidas como un costo operativo directo dentro de los presupuestos asignados a sus campañas extractivas en el Atlántico Sur.
Esta incursión en el Golfo San Jorge forma parte de un fenómeno por demás extendido en el tiempo. Como publicó iProfesional, en los últimos años las flotas de origen chino y europeo elevaron un 85% la intensidad de la actividad pesquera en el borde de la zona económica exclusiva.
A la par de la presión en altamar, la estrategia de los conglomerados asiáticos abarca la penetración en el mercado interno nacional. Según reveló un reciente informe de este medio, corporaciones de origen chino adquirieron participaciones accionarias e hicieron pie en empresas pesqueras locales. De esa forma, ya controlan el 63% de la flota que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura del calamar.
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Un inédito monitoreo del Conicet revela cómo cambian los peces del Río de la Plata

Fecha de Publicación: 18/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


El estudio aporta información clave para evaluar los efectos del cambio climático, la contaminación y otras alteraciones en uno de los ecosistemas más importantes del país.
Conocer cómo funciona un ecosistema antes de evaluar los efectos de la contaminación o del cambio climático es una condición indispensable para comprender los cambios que ocurren en la naturaleza. Con esa premisa, investigadores del CONICET La Plata realizaron un inédito monitoreo de peces en distintos sectores del Río de la Plata durante un año completo, un trabajo que permitió construir una valiosa base de información sobre la dinámica ambiental de este sistema.
La investigación, publicada recientemente en la revista Environmental Biology of Fishes, fue desarrollada por especialistas del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA, CONICET-UNLP asociado a la CICPBA), quienes analizaron las comunidades de peces y múltiples variables ambientales para entender cómo se relacionan entre sí.
“¿Cómo podríamos averiguar cuánto impacta el cambio climático en un determinado ambiente, por ejemplo, sin saber qué elementos lo integran o qué transformaciones ha sufrido a lo largo de su existencia? El riesgo de sacar conclusiones equivocadas sería enorme”, advirtió el equipo de investigadores.
Para el investigador del CONICET Tomás Maiztegui, uno de los autores del estudio, el principal valor de este tipo de trabajos radica en la información que generan para futuras investigaciones.
“El mayor aporte de este tipo de investigaciones no son los resultados en sí, sino todo el caudal de información nueva que arrojan, y que pasa a formar parte del saber más básico sobre algo, ese que dará contexto y servirá de parámetro para avanzar hacia otros conocimientos más específicos”, explicó.

El monitoreo de peces en el Río de la Plata reveló cómo cambian las especies según el ambiente
Los investigadores realizaron muestreos en seis puntos distribuidos a lo largo de unos 35 kilómetros entre Boca Cerrada, en Ensenada, y la playa Bagliardi, en Berisso. Las muestras fueron tomadas en dos profundidades diferentes y durante las cuatro estaciones del año para registrar las variaciones naturales del ecosistema.
“Identificamos a todas las especies de peces que habitan esos espacios, y caracterizamos sus relaciones con el ambiente teniendo en cuenta una multiplicidad de variables que no pueden tomarse en consideración de manera aislada”, señaló Ariel Paracampo, investigador del CONICET en el ILPLA.
El relevamiento permitió identificar 49 especies de peces. En promedio, diez fueron consideradas dominantes, cuatro frecuentes, dos ocasionales y 33 raras.
El análisis también mostró que la profundidad del agua fue el principal factor que determina la composición de las comunidades de peces, seguida por la transparencia y la temperatura del agua. En cambio, la cercanía a descargas cloacales y efluentes industriales tuvo una influencia menor a la esperada.
“Pensamos que este factor tendría mayor influencia en la configuración de los ensambles de peces por la combinación de condiciones particulares como deficiencia de oxígeno y exceso de materia orgánica, pero no se vio que tuviera un efecto puntual”, explicó Darío Colautti, investigador del CONICET y director del ILPLA.
Entre las especies más abundantes se destacaron el porteño (Parapimelodus valenciennis), la mandufia (Ramnogaster melanostoma), el bagre amarillo (Pimelodus maculatus) y el buzo (Auchenipterus osteomystax).

El estudio del CONICET aporta información clave para evaluar el impacto ambiental
Los investigadores destacan que disponer de una línea de base sobre el funcionamiento natural del Río de la Plata permitirá detectar con mayor precisión futuras alteraciones provocadas por factores ambientales o por la actividad humana.
“Determinar esta jerarquía de especies en relación a una cierta temporalidad y condiciones ambientales, pero a la vez también a aspectos de su biología como si es época de reproducción o migración, nos brinda una base valiosísima para entender las causas de los cambios que puedan ocurrir, como la disminución de ejemplares de un grupo de peces, por ejemplo, y saber qué parámetro es el que se modificó: la turbidez del agua, su densidad, su conductividad, entre otros indicadores”, explicó Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA).
Otro de los aspectos innovadores del trabajo fue el método de muestreo utilizado. Los científicos emplearon un ranio, una red de arrastre tradicional poco utilizada en investigaciones de este tipo, lo que permitió obtener registros homogéneos y comparables entre sí.
“Lo que suele suceder es que se hacen registros discontinuos y mediante diferentes métodos, y eso no permite comparar los datos obtenidos”, indicó Maiztegui.
Los especialistas remarcaron que el Río de la Plata es un ambiente altamente dinámico, condicionado por las mareas, los vientos y una intensa actividad humana que incluye pesca, navegación y el ingreso de distintos tipos de residuos.
“El Río de la Plata es altamente dinámico; tiene mareas y vientos muy cambiantes, a la vez que está inserto en una zona urbana, con mucha influencia de la acción humana, desde la pesca artesanal y deportiva hasta el vertido directo e indirecto de todo tipo de residuos”, afirmó Paracampo.
Finalmente, los autores coincidieron en que contar con información de base resulta esencial para interpretar correctamente cualquier cambio futuro.
“Si las variaciones naturales que ocurren en un determinado ambiente son más grandes que las generadas por otros factores, es esencial saberlo, para que entonces todas las investigaciones tomen dimensión real. Conocer el funcionamiento de un sistema es el ABC del conocimiento”.
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Los plásticos de un solo uso ya tienen una alternativa creada por científicas de la UBA

Fecha de Publicación: 17/08/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Desarrollaron un bioplástico elaborado con almidón de mandioca y extractos de yerba mate que se degrada por completo en apenas cinco semanas y busca reemplazar los envases plásticos convencionales.
La contaminación por plásticos continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales a nivel mundial. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de este material, pero apenas el 10% logra reciclarse, mientras el resto termina acumulándose en rellenos sanitarios, ríos, mares o ecosistemas naturales.
En ese contexto, un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolló un bioplástico biodegradable destinado al envasado de alimentos que busca ofrecer una alternativa a los envases tradicionales.
El nuevo material está elaborado a partir de almidón de mandioca y extractos de yerba mate, dos materias primas de origen nacional, y tiene la capacidad de degradarse completamente en apenas cinco semanas, reduciendo significativamente su permanencia en el ambiente.

Cómo es el bioplástico de mandioca y yerba mate desarrollado por la UBA
Para fabricar este material, las científicas combinan fécula de mandioca con plastificantes de origen natural. Posteriormente, la mezcla es procesada mediante una máquina extrusora, que genera cordones termoplásticos.
En una segunda etapa, esos cordones son moldeados con una prensa hidráulica termoformadora hasta obtener films biodegradables aptos para utilizarse como envoltorios de alimentos.
El desarrollo apunta a sustituir progresivamente los plásticos convencionales de un solo uso, uno de los principales focos de contaminación ambiental debido a su lenta degradación y a las bajas tasas de reciclaje que se registran a nivel global.
A diferencia de los plásticos derivados del petróleo, este nuevo material fue diseñado para degradarse en un período aproximado de cinco semanas, disminuyendo la acumulación de residuos y el impacto ambiental asociado a los envases descartables.
Qué impacto puede tener este desarrollo para el ambiente y las economías regionales
Además de su potencial para reducir la generación de residuos plásticos, el proyecto incorpora una dimensión productiva. Al utilizar materias primas como la mandioca y la yerba mate, ambas ampliamente producidas en el norte argentino, el desarrollo podría contribuir a fortalecer las cadenas agroindustriales nacionales.
Según destacaron las investigadoras, la utilización de insumos de origen local permite disminuir la dependencia de materiales importados y generar mayor valor agregado dentro del país. Esto abre la posibilidad de industrializar estas materias primas en las regiones donde se producen, especialmente en provincias como Misiones y Corrientes.
El proyecto también representa una oportunidad para impulsar la innovación tecnológica con base científica nacional. La transformación de productos agrícolas tradicionales en materiales biodegradables de alto valor agregado podría ampliar sus aplicaciones industriales y abrir nuevas posibilidades de exportación.
En un escenario donde crece la búsqueda de alternativas sostenibles para reducir la contaminación por plásticos, el desarrollo de la UBA se presenta como un ejemplo de cómo la investigación científica puede contribuir tanto a la protección del ambiente como al desarrollo productivo de las economías regionales.
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ACUMAR aprobó un plan integral de reforestación para toda la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 17/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Dirección General de Gestión Política y Social del organismo oficializó el Plan Integral de Reforestación (PIR), que contempla especies nativas para las zonas alta, media y baja de la cuenca y se enmarca en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en la causa "Mendoza"
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) aprobó este jueves, a través de su Dirección General de Gestión Política y Social, el "Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo" (PIR). La medida, oficializada mediante la Disposición 1/2026 y firmada por el director general Cristian Botana, se enmarca en el "Programa de Multiplicación de Especies Nativas, Talleres de Huerta y Mitigación de la Huella de Carbono" (MENTaHC), aprobado en 2024 por el organismo.
Según los considerandos de la norma, el plan busca dar cumplimiento a los tres objetivos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó a ACUMAR en el fallo dictado en 2008 en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios": la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición ambiental y la prevención de daños. En particular, la disposición señala que el plan se vincula con la manda judicial de limpieza de márgenes del río y con la transformación de la ribera en un área parquizada.

ACUMAR lanzó un plan integral para reforestar la Cuenca Matanza-Riachuelo
El PIR se propone, según el anexo aprobado, la "restauración integral de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)", con foco en la recomposición del paisaje nativo, el aumento de la biodiversidad y la mejora de la calidad socioambiental. El documento detalla que gran parte de los ambientes de la cuenca se han empobrecido respecto de su fisonomía original, en parte por el avance de especies exóticas invasoras como la acacia negra y el ricino, que reducen el espacio vital de la flora nativa.
La cuenca Matanza-Riachuelo es una región hídrica de unos 2.200 km² , que mide 64 km, nace en la provincia de Buenos Aires, marca el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. El plan divide la cuenca en tres zonas con características ecológicas propias (baja, media y alta) e incluye un listado de flora autóctona apta para cada una de ellas, distribuido en árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas. Entre los sitios de intervención previstos figuran espacios verdes públicos, áreas protegidas, zonas de influencia cercanas a esas áreas, sitios de valor ambiental, arborización lineal urbana y periurbana, biocorredores viales y ferroviarios, e intervenciones institucionales y particulares, como reforestación en hospitales, clubes, escuelas o huertas comunitarias.
La norma también fija criterios de intervención que incluyen la evaluación previa del sitio, la capacitación técnica a la comunidad, la conformación de equipos de trabajo para el control de especies exóticas invasoras y la promoción de la participación activa de las comunidades locales en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta el monitoreo.
La ejecución del plan quedará a cargo de la Coordinación de Gestión de Áreas Protegidas, con supervisión de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Territorial, ambas dependientes de la Dirección General de Gestión Política y Social.
El anexo también prevé estrategias de mantenimiento diferenciadas según el tipo de sitio, capacitaciones dirigidas tanto a equipos ya abocados a tareas de restauración como a comunidades organizadas interesadas en sumarse, y un esquema de monitoreo y seguimiento que contempla la recolección de datos ecosistémicos y sociales. La disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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El plástico ya llegó a la alta montaña y científicos buscan medir su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de especialistas chilenos y argentinos trabajan en un proyecto internacional que analiza la presencia de macro y microplásticos en glaciares, montañas y la Puna.
La contaminación por plásticos ya no se limita a las ciudades, los ríos o al mar, como registraron especialistas en el fondo del Mar Argentino. Un proyecto internacional que llevan adelante Argentina y Chile busca determinar hasta qué punto estos residuos llegaron a algunos de los ecosistemas de alta montaña más remotos de la región, como el Aconcagua, el Parque Nacional Los Glaciares, el Cerro Catedral y la Puna jujeña.
La iniciativa se llama “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, comenzó en 2025 y es financiada por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). 
En Argentina, el trabajo es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través del Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur (CRBAS), con la participación de especialistas en plásticos, química y ambiente.
El objetivo es ampliar el conocimiento sobre la presencia de macroplásticos -residuos de más de cinco milímetros- y microplásticos, partículas de menor tamaño que pueden dispersarse por el aire, el agua y el suelo, incluso en ambientes alejados de las actividades humanas.

Dónde se realizó la investigación
En el país, el proyecto incluyó relevamientos en cuatro sitios piloto: el Cerro Catedral, en Río Negro; el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y las localidades de Susques y Paso de Jama, en Jujuy.
En cada uno de estos puntos se realizaron muestreos de microplásticos en cuerpos de agua y relevamientos de macroplásticos en zonas terrestres mediante transectos. Además, se desarrollaron jornadas de capacitación y sensibilización con instituciones, investigadores y comunidades locales para abordar el impacto de estos residuos sobre los ecosistemas de montaña.
La información obtenida permitirá comparar los resultados con los relevamientos realizados en Chile y contribuir al desarrollo de futuras estrategias conjuntas para la protección ambiental en ambos países.

Más información sobre la contaminación por plásticos
La última etapa del trabajo de campo se desarrolló en las localidades jujeñas de Susques y Paso de Jama, una zona estratégica por su cercanía con el paso fronterizo hacia San Pedro de Atacama, en Chile.
Durante las tareas se recolectaron cerca de 30 kilos de residuos sobre la Ruta Nacional 52, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía a plásticos.
Además, los investigadores realizaron muestreos de agua superficial en el río Pastos Chicos utilizando redes de fitoplancton con una malla inferior a 50 micrones. En cada punto se filtraron alrededor de 200 litros de agua para detectar la posible presencia de microplásticos.
Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires, donde serán analizadas para identificar tanto la composición de los macroplásticos recolectados como la existencia y el tipo de microplásticos presentes en el agua.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos, acompañamiento territorial y logística durante las campañas de campo. También participaron la iniciativa provincial GIRSU e investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.
Los resultados permitirán comprender mejor cómo llegan los residuos plásticos a ecosistemas considerados remotos y aportar información científica para fortalecer las políticas de conservación en la región andina.
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La minera Livent secó un río en Catamarca y quedó impune mientras se multiplican permisos para explotar en la zona

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal  EconomiSustentable
Provincia/Región: Catamarca 


El litio es un metal muy ligero, de color blanco plata, que guarda una característica que lo vuelve muy codiciado para la industria: su capacidad de almacenar mucha electricidad por más tiempo, con el plus de brindar una carga rápida. Esto lo convirtió en un componente indispensable de celulares, computadoras y muchos otros dispositivos portátiles. En especial, de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. De ahí que muchos lo consideran un aliado de la llamada “transición energética”.
A medida que su demanda creció, el interés mundial comenzó a concentrarse en el Triángulo del Litio, la región que comparten Bolivia, Argentina y Chile y que alberga las mayores reservas conocidas de este mineral.
En nuestro país, el debate sobre el potencial de su explotación para impulsar la economía lleva más de una década. Al día de hoy, el Gobierno celebra que los proyectos acogidos al RIGI acumulen más de US$6.300 millones en inversiones comprometidas para Catamarca, Salta y Jujuy, presentando esos montos como sinónimo de desarrollo, aunque la realidad sea mucho más compleja.
Economía Sustentable habló con vecinos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde desde 1997 funciona el primer proyecto de extracción de litio del país, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. A partir de sus relatos, reconstruimos los impactos que la actividad tiene sobre las comunidades y el ambiente. Son historias que reflejan lo que Melisa Argento y Bruno Fornillo describen como un “colonialismo minero, hídrico y energético que crea o recrea cuerpos-territorios de sacrificio”, según plantean en el libro Todo sobre el litio, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.

La minera, el río que hicieron desaparecer y el progreso ¿para cuándo?
A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A (que a través de los años pasará a llamarse Livent; Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.
Porque el proyecto funciona en un ecosistema muy delicado: un humedal altoandino a 4000 metros sobre el nivel del mar (CABA está a 25 msnm); ocupado por el salar, varias lagunas salinas y extensos y bellos terrenos bajos inundables y muy fértiles (llamados vegas). Por sobre todo, es el hogar del pueblo kolla-atacameño, que cría ovejas y llamas y produce lanas y tejidos.
En este ambiente, la minería significó una presión extra inmensa y, por eso, “Con Livent empezaron los problemas”, recuerda Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto. “Secaron el río Trapiche y 11 km de vega por desviación de aguas”.
Ante esta tragedia evitable, el pueblo presentó un amparo que salió a favor pero que, un año después, la Justicia revocó. Es decir que si bien la Corte Suprema de Catamarca constató el daño y frenó la expansión de la empresa hacia el arroyo Los Patos, en marzo de este año dio marcha atrás. De manera que permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros.
Perder el río Trapiche fue el primer impacto que sufrieron los atacameños, pero no el único. Como relata para Agencia Tierra Viva Camilo Condorí, otro de los vecinos afectados, a quien le instalaron la planta a unos 1000 metros de su casa, le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Al final, Camilo terminó teniendo que pedirle permiso a la empresa para visitar a su madre.
“Pedimos ser escuchados y respetados pero estamos peor porque cada vez hay más vehículos, más movimiento de caminos, más movimientos de los brazos de los ríos que se desvían para conveniencia de ellos”, lamenta Mamani. “Y a pesar de todo lo que sufrimos, no hay una retribución al pueblo. Se han hecho pequeñas cosas pero nada real para las futuras generaciones”.
Por su parte, Argento suma como ejemplo que “las empresas cuentan con mega obras de infraestructuras como un gasoducto desde las plantas en medio del salar y hasta la provincia de Salta, mientras las comunidades indígenas que habitan en el territorio no disponen de gas natural”.
Después de tres décadas, todo indica que la calidad de vida del pueblo no mejoró: el hospital local está sin terminar, hay una planta fotovoltaica en desuso, los servicios básicos son impagables, no hay para calefaccionarse en el invierno, ni suficiente comida en las escuelas.
Aunque desde el sitio de Catamarca Minera anuncian que “la consulta y la participación pública de las comunidades demuestran transparencia y veracidad en la actividad”, Mamani manifiesta que: “Estos últimos años el gobierno ha hecho entregas sin conciencia, sin hablar con la comunidad, sobre todo en el Salar del Hombre Muerto y un poco más allá donde van a explotar ahora oro, cobre y plata”.
Y Argento confirma que “el avance de la minería de litio ha sido acelerado y que ya hay 8 proyectos en distintas etapas, entre los límites de Catamarca y Salta. ¿Qué se puede esperar a futuro?

Una actividad que exporta ganancias y reproduce desigualdad: ¿un nuevo colonialismo minero?
En conversación con Economía Sustentable, la politóloga Melisa Argento amplía la visión y resalta que, en sus inicios, el proyecto Fénix se dio a la par que la minería metálica con voladura de montaña en La Alumbrera, “configurando un perfil provincial minero cuyos resultados están a la vista”. En la actualidad, a pesar que la minería genera 20% del empleo privado registrado, “Catamarca es una de las provincias más pobres del país”.
Esto ocurre porque “el marco normativo nacional y la ingeniería jurídica internacional garantizan todos los márgenes de ganancia y autonomía a las grandes corporaciones”, explica la especialista. Y agrega “El extractivismo del litio en nuestro país se sustenta bajo slogans y expectativas en torno a la “transición energética” pero, en realidad, profundiza nuestro lugar subordinado y dependiente”
De esta manera, lo que ocurre en el Salar del Hombre Muerto “es un claro reflejo de la ofensiva extractivista de todos los minerales definidos como críticos que se realiza mediante apropiación de territorios y bienes comunes en América Latina”, explica Argento y agrega que es parte de lo que definen con Fornillo en “Todo sobre el litio” como un nuevo colonialismo minero hídrico energético,.
Esta arremetida, además, se ve exacerbada “por el avance de los gobierno de extrema derecha en la región, por la pugna geopolítica entre EEUU y China y por la crisis ecosocial y especialmente energética en la que se encuentra nuestro planeta”.
En consecuencia, quienes pierden son los pobladores y el ambiente porque bajo “la ideología del auto eléctrico se niegan los saberes, usos y costumbres de una población que cuida, nutre y habita este salar, siendo parte de él”, puntualiza Argento.
Mientras tanto, a 597 kilómetros de San Fernando del Valle continúa dándose una “pelea desigual en la que “el gobierno lucha con armas y nosotros con el corazón”, como describe Patricia Reynoso, docente jubilada y ex vecina de Antofagasta consultada por este medio, quien debió mudarse tras ser perseguida por el gobierno tras muchos años de activismo.
Quizás todo se reduzca a lo que, como dice Elizabeth Mamani: “No quieren invertir en el pueblo porque no les conviene. Somos 1500 habitantes y eso no le suma en votos. Aún así, de acá sale la mayor riqueza para el país y el mundo”.
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