“El pueblo merece conocer los resultados”: habla la científica exonerada por el INTA

Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones que motivaron su exoneración, denunció censura y reclamó que se difundan los resultados del estudio.

“La ciencia se rebate con ciencia, no con menos ciencia”. Con esa frase cerró Virginia Aparicio el mensaje que difundió tras ser notificada de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la sanción más grave prevista para el empleo público: la aparta del organismo y le impide volver a ocupar cargos en el Estado. La investigadora, que coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones en su contra y reclamó que los resultados de su trabajo se den a conocer.
En un video grabado y compartido en redes sociales, Aparicio se presentó como investigadora del INTA y del CONICET y servidora pública con más de 20 años de trabajo en el sistema científico. Explicó que el proyecto se inició en 2020 con autorización del propio INTA. Gracias a él, dijo, fue posible documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.

“El pueblo merece conocer los resultados”
La científica sostuvo que el organismo le inició un sumario justamente por participar de ese proyecto, y que a partir de 2023 comenzó una campaña para desacreditar la investigación y su rol en ella. Planteó que la sociedad, como pueblo, merece conocer los resultados de las investigaciones públicas. Según Aparicio, el INTA debe hacerse responsable de la vulneración de los derechos de las personas que participaron como voluntarias del estudio y responder ante la comunidad.
Aparicio enmarcó su caso en un problema más amplio: advirtió que en democracia no pueden aceptarse procesos de censura, persecución ni falta de libertad para investigar. Agradeció el acompañamiento recibido y pidió que la sigan apoyando.
En declaraciones periodísticas, la investigadora afirmó que no hay nada claro que justifique su apartamiento de la administración pública. Sostuvo, además, que la decisión busca generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren. En una carta abierta a la comunidad había escrito: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar”. Y agregó que la posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia, sino una condición de su independencia.

Qué encontró el proyecto
SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, analizó plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los alimentos y las personas. En la Argentina, el estudio se realizó en el sudeste bonaerense con 73 voluntarios, a quienes se les tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los compuestos detectados figuran mezclas de plaguicidas, entre ellos el glifosato y el clorpirifos. El glifosato apareció en la orina del 84% de las personas estudiadas.
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año retiró al organismo del proyecto y abrió el sumario. El 15 de octubre de 2026, días antes de conocerse la sanción, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

La posición del INTA
El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración el 26 de octubre mediante la Resolución 366. El organismo le atribuyó dos faltas. La primera, haber usado las facultades de su cargo para fines ajenos a la función, al otorgar sin autorización formal un rol en el manejo de datos a su pareja, un investigador retirado. La segunda, un uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. La propia resolución reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal ni se acreditó un beneficio económico personal, y ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. En un comunicado que no la nombra, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

Respaldo y próximos pasos
Universidades nacionales, gremios del sector, organizaciones socioambientales e integrantes de la comunidad científica expresaron su rechazo a la medida y su solidaridad con la investigadora. Además, impulsaron una carta abierta en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. La defensa de Aparicio considera agotada la vía administrativa y evalúa llevar el caso a la Justicia.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Elonce, Portal Trama Educativa, Diario Textual, Bichos de Campo, INTA

Abra Pampa: 457 vecinos esperan un fallo por la contaminación con plomo de Metal Huasi

Damnificados de la Puna jujeña se movilizaron a Tribunales para reclamar la sentencia de una causa que lleva dos décadas, mientras denuncian que el pasivo ambiental de la ex fundidora nunca fue remediado del todo.

Después de dos décadas de litigio, vecinos de Abra Pampa, en la Puna jujeña, siguen esperando que la Justicia de Jujuy dicte la sentencia definitiva en la causa por la contaminación con plomo que dejó la ex fundidora Metal Huasi. Un grupo de damnificados viajó hasta San Salvador de Jujuy y se movilizó frente a Tribunales para reclamar que se firme el fallo. Denuncian que el pasivo ambiental no fue remediado y que el plomo sigue enfermando a personas y animales.
La causa reúne a 457 personas que reclaman un resarcimiento por los daños a la salud, con el patrocinio del abogado Riad Quintar. Los manifestantes se presentaron en el despacho del juez Federico Otaola, a quien piden que firme la sentencia final, y dejaron asentado un pedido formal de audiencia. Según los vecinos, todos los representados cuentan con estudios de laboratorio realizados en la provincia de Buenos Aires que certifican niveles elevados de plomo en sangre.

Para las próximas generaciones
Esteban Morales vive a una cuadra y media del antiguo complejo. Contó que sufre dolores en los huesos y una pérdida progresiva de la memoria, la vista y el oído, síntomas que atribuye al plomo. El vecino advirtió sobre las enfermedades que podrían afectar a quienes vienen detrás y sostuvo que el reclamo es para las próximas generaciones.
Lorena Mendoza vive junto al predio donde funcionaba la fundidora, hoy convertido en un anfiteatro, y cuestionó los trabajos de limpieza del suelo. “La remediación se hizo pero no como se debía hacer, la contaminación continúa”, afirmó. Según su relato, cuando llueve la ropa se daña, el asfalto se deteriora y los cordones cuneta toman un color amarillento.
Los damnificados también reclaman por quienes ya no están. “Queremos pedir justicia por aquellas personas que también ya no están con nosotros”, señaló uno de los vecinos, en referencia a quienes murieron mientras esperaban una respuesta judicial.

Una herencia tóxica en medio del pueblo
La fundidora Metal Huasi funcionó durante décadas en Abra Pampa y acumuló grandes cantidades de escoria metalúrgica. Cuando sus instalaciones fueron desmanteladas, a comienzos de los años noventa, esos residuos quedaron como un pasivo ambiental en pleno casco urbano. Recién a mediados de la década de 2000 sus efectos sobre la salud fueron vinculados con una situación de riesgo. Así lo señala un trabajo publicado en 2010 en la Revista de Salud Ambiental por investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, que confirmó a Abra Pampa como sitio contaminado, con una alta proporción de la población infantil afectada por la exposición.
La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino de oficio en 2007. En una resolución de 2011, recogió estudios del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy que daban cuenta de unas 7.000 toneladas de escoria de plomo almacenadas en lugares de fácil acceso. Las concentraciones eran de 17 a 50 veces superiores a los valores de referencia de Estados Unidos y México. Según esos estudios, el 81% de los niños presentaba niveles de plomo en sangre capaces de provocar daños en el neurodesarrollo.

Remediación tardía
En esa resolución, el organismo advirtió que la remediación acumulaba fuertes demoras. Las obras se financiaban con un subprograma del Banco Interamericano de Desarrollo y estaban previstas para 2008-2010. También señaló que el cerco perimetral tenía aberturas, que el embolsado de los residuos no seguía las recomendaciones de los expertos y que la limpieza de fachadas, techos y tanques se había atrasado. La Defensoría recordó además que retirar los residuos no implica por sí mismo recomponer el ambiente. Sostuvo que la remediación y el tratamiento de todos los afectados revestían “carácter urgente y no admite más demoras”.
En aquella resolución, el organismo instó al Gobierno de Jujuy a poner en marcha un programa de asistencia sanitaria para toda la población, en especial para los niños. También recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación intervenir para garantizar la remediación.
Quince años después de esa advertencia, los vecinos aseguran que la contaminación persiste y que la respuesta judicial todavía no llega. La causa sigue sin una resolución ejecutada.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Jujuy
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Jujuy al Momento, Defensoría del Pueblo de la Nación, Revista de Salud Ambiental

Parques Nacionales autorizó megayates y helicópteros en Bahía Lapataia pese a un informe en contra

El intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego habilitó el fondeo de tres yates de lujo y traslados aéreos de pasajeros, aunque siete técnicos del organismo habían concluido que la operación era improcedente por razones legales y ambientales.

La Administración de Parques Nacionales autorizó a una empresa a fondear tres megayates y trasladar pasajeros en helicóptero en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Lo hizo pese a un informe técnico interno que había desaconsejado la actividad por considerarla contraria a la ley y de alto riesgo ecológico. La decisión generó el rechazo de organizaciones ambientales de Ushuaia, que reclaman su anulación.
El intendente del parque, Marcelo Almirón, otorgó el permiso mediante una nota firmada el 27 de octubre. Respondía a pedidos de la agencia marítima Ushuaia Shipping (USHIP SRL), que representa a las embarcaciones. La operación está prevista entre el 12 y el 18 de noviembre e involucra a los yates M/Y Lonian, M/Y Hodor y M/Y Sherakhan, con helicópteros propios para el traslado de pasajeros.

Los yates y sus banderas
El Lonian mide 87 metros de eslora y el Hodor, identificado como buque de apoyo, 67 metros. Según registros de seguimiento marítimo, ambos navegan con bandera de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar. Distintas publicaciones especializadas señalan como su propietario a Lorenzo Fertitta, exdueño de la empresa de artes marciales mixtas UFC. Del Sherakhan no se informaron dimensiones ni bandera.

Un informe técnico en contra
Una semana antes de la autorización, el 20 de octubre, siete especialistas del parque firmaron un dictamen unánime. Tras evaluar los riesgos ambientales y las restricciones legales, concluyeron: “No resulta procedente autorizar” el fondeo ni las operaciones aéreas.
El documento sostiene que los traslados vulnerarían la Ley Nacional de Parques Nacionales 22.351. Según el informe, esa norma prohíbe los sobrevuelos de aeronaves motorizadas en estas áreas, con excepciones específicas que no alcanzan a este caso. Aclara, además, que usar las cubiertas de los barcos como plataformas de despegue y aterrizaje no modifica esa prohibición. El dictamen también invoca el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que obliga a prevenir daños graves o irreversibles.

Los riesgos para el ecosistema
Entre los impactos ambientales, los técnicos advirtieron sobre el peso de las anclas y el arrastre de las cadenas cuando los barcos giran con el viento o las corrientes. Ese movimiento podría destruir los bosques sumergidos de cachiyuyo, un alga que brinda refugio y alimento a numerosas especies del ecosistema marino austral. Señalaron además el ruido de los helicópteros y de los generadores, la posibilidad de derrames y sus efectos sobre la fauna. Entre las especies afectadas mencionaron al huillín, una nutria de agua, y a aves costeras como el cauquén caranca y el quetro austral.
Como alternativa, los especialistas propusieron trasladar la actividad fuera del área protegida, por ejemplo a la Bahía de Ushuaia, una opción que fue descartada.

Qué dice la autorización
La nota de Almirón autoriza el desarrollo de la actividad solicitada. Sin embargo, no menciona el informe desfavorable, no explica cómo se resolvieron sus objeciones ni identifica la excepción legal que habilitaría los vuelos. Para la operación aérea, exige una planificación que minimice los sobrevuelos sobre sectores terrestres, evite las zonas sensibles y respete alturas mínimas, corredores y zonas de exclusión. No fija, en cambio, valores numéricos, rutas específicas ni frecuencias de vuelo.

El reclamo ambiental
La Asociación Manekenk, una organización ambiental de Tierra del Fuego, denunció que la medida se tomó de forma unilateral, sin considerar la opinión de los propios técnicos del organismo, y exigió su anulación inmediata. La entidad sostiene que el parque es un patrimonio natural de toda la ciudadanía y que no puede convertirse en un puerto privado de uso exclusivo. Su consigna resume el planteo: “La ley no tiene excepciones VIP”.
Hasta el momento, ni Parques Nacionales ni la intendencia del parque, la empresa o los propietarios de las embarcaciones respondieron públicamente a las objeciones.
La autorización también reavivó cuestionamientos locales por la presencia de embarcaciones vinculadas a territorios británicos en el extremo sur del país. Como antecedente se recordó que, el 24 de agosto, el buque tanque VS Promise, registrado en la Isla de Man, recaló en Ushuaia tras cargar crudo en Río Cullen. El Gobierno nacional reconoció esa escala como una parada de reabastecimiento.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego 
Fuentes Consultadas: Portal Sur54, Aire Libre FM, Del Fuego Noticias, Administración de Parques Nacionales

Río Negro propone crear el Corredor de los Cinco Grandes para proteger el Golfo San Matías

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para crear un área protegida marino-costera de 273.300 hectáreas, con zonas de distinto nivel de protección para orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos.

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear el Corredor de los Cinco Grandes, una nueva área natural protegida marino-costera de 273.300 hectáreas en el Golfo San Matías. La iniciativa busca conservar los ambientes donde viven orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos, los cinco grupos de especies que le dan nombre al proyecto.
El corredor se extendería desde la desembocadura del río Negro hasta las inmediaciones de San Antonio Este, y mar adentro hasta las 12 millas náuticas. Limitaría con las áreas protegidas ya existentes de Punta Bermeja, Pozo Salado, Caleta de los Loros y Punta Mejillón, e incluiría sitios como Promontorio Belén, Bahía Creek y Bahía Rosas. Si la Legislatura lo aprueba, se incorporará al sistema provincial de áreas naturales protegidas que regula la Ley M 2669.

Las especies que busca resguardar
Entre las especies que motivan la propuesta se destaca el delfín de Lahille, considerado en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y una de las variedades de delfín más amenazadas del país. También figura la franciscana, catalogada como vulnerable, sobre todo por las capturas accidentales en redes de pesca.
El proyecto apunta además a proteger a la ballena franca austral, al lobo marino de un pelo y a especies de tiburones consideradas vulnerables. En Punta Bermeja y Bahía Rosas se registraron crías de orca. En los alrededores de Promontorio Belén y Bahía Creek habitan tiburones y rayas que comparten zonas de cría y desove con el pez gallo, ambientes que podrían verse afectados por la pesca no regulada.

Tres categorías de protección
La propuesta no impone una protección uniforme, sino que divide el corredor en tres categorías:
- El Paisaje Protegido abarca zonas de uso recreativo y turístico, con pesca deportiva y actividades náuticas, sobre todo en verano.
- El Parque Provincial prioriza la protección ecológica y admite actividades de bajo impacto, ecoturismo y educación ambiental.
- La Reserva de Uso Múltiple compatibiliza la conservación con usos productivos, incluida la pesca bajo criterios de manejo sustentable.
La pesca artesanal y productiva no quedaría prohibida en todo el corredor, sino concentrada en las zonas de uso múltiple. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial definiría las actividades permitidas y prohibidas en cada sector y los mecanismos de control. La reglamentación se elaboraría con participación de los municipios costeros, los pescadores artesanales y las instituciones académicas y ambientales. El debate legislativo terminará de fijar los límites, las reglas de uso y los controles.

Un proyecto con base científica
La iniciativa se apoya en un trabajo que la Secretaría de Ambiente impulsa junto con la Fundación Por el Mar sobre la costa noreste del golfo, entre El Cóndor y San Antonio Este. Durante 2025 se realizaron campañas de investigación en Bahía Creek, con participación de la Fundación Cethus y el Grupo Condros. Esas campañas aportaron datos sobre la distribución, el comportamiento y el uso del hábitat de las especies. La Legislatura ya había declarado el proyecto de interés ambiental, social, científico, económico y turístico. “Este reconocimiento es un respaldo al proceso colectivo que venimos construyendo”, había señalado Sebastián García, coordinador del proyecto por la Fundación Por el Mar.
Según la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, el proyecto integra la conservación marina con el turismo responsable y el desarrollo local. También busca ordenar el crecimiento turístico para reducir su impacto sobre los ecosistemas.

Un golfo bajo la lupa
El área forma parte de los Golfos Norpatagónicos y Frente Valdés y del Corredor Costero Norte de Argentina, reconocidos internacionalmente como Áreas Importantes para los Mamíferos Marinos.
El Golfo San Matías también está en el centro de un debate por los proyectos hidrocarburíferos en su costa. En julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO pidió al Estado argentino suspender las obras del oleoducto Vaca Muerta Sur. Además, solicitó información técnica sobre los riesgos de la terminal portuaria de Punta Colorada, a unos 30 kilómetros de Península Valdés, con plazo hasta el 1 de febrero de 2027. El organismo advirtió sobre posibles daños a la fauna marina, colisiones con cetáceos, aumento del ruido submarino y derrames de petróleo.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, ADN Río Negro, Gobierno de Río Negro, UNESCO

Denuncian la muerte de un puma en una estancia de Empedrado: lo habrían asfixiado con un lazo

Un ambientalista se presentó ante la Fiscalía de Saladas y acusó a peones del establecimiento de haber intentado capturar al animal pese a la orden de esperar a un equipo de rescate.

Un ambientalista denunció ante la Justicia la muerte de un puma juvenil en una estancia de Empedrado, en Corrientes. Acusó a los peones del establecimiento de haber provocado su muerte al intentar atraparlo con un lazo. Según su relato, el animal murió aparentemente por asfixia tras un forcejeo, pese a que las autoridades habían indicado no intervenir hasta la llegada de un equipo especializado de rescate.
La denuncia fue presentada por Luis Martínez ante la Fiscalía de Saladas. El ambientalista estará acompañado por la abogada animalista Liliana Gómez, con quien prevé constituirse como querellante en la causa. La identidad de los peones involucrados no trascendió.

Una orden que no se respetó
El felino apareció el viernes en el predio rural. De acuerdo con Martínez, las autoridades fueron notificadas y dieron la instrucción de no actuar hasta que llegara el personal capacitado para el rescate. Sin embargo, los trabajadores habrían intentado capturarlo por su cuenta con un lazo, y en el forcejeo el animal murió.
“Lo que hicieron estuvo mal y debe tener consecuencias”, sostuvo el denunciante. Remarcó, además, que la presencia de un puma en una propiedad rural no habilita a nadie a actuar de manera imprudente. Para Martínez, el manejo improvisado de este tipo de situaciones termina en hechos como el ocurrido en Empedrado, que ponen en riesgo a un ejemplar de fauna silvestre. Según planteó, no existen animales agresivos sino animales que se defienden cuando se sienten amenazados.

Una especie protegida
El puma (Puma concolor) está protegido por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y su caza está prohibida en Corrientes. La norma regula la caza, la captura y la destrucción de crías, huevos y madrigueras, así como la tenencia, el tránsito y el comercio de animales silvestres y sus productos. También establece que los propietarios de tierras pueden aprovechar la fauna de sus campos siempre que la protejan y aseguren su conservación.
El denunciante consideró, no obstante, que la legislación vigente no está a la altura de las circunstancias para combatir estos hechos. Según explicó, en la práctica los casos suelen resolverse con una compensación y una multa administrativa que, a su juicio, no repara el daño causado.

Fauna desplazada por el agua
Martínez vinculó el episodio con un fenómeno que se repite en estas semanas: la aparición de animales silvestres en zonas habitadas de la costa correntina, empujados por la crecida del río Paraná. Según datos del Instituto Nacional del Agua, el 23 de octubre el río marcaba 7,42 metros en Corrientes, por encima de su nivel de evacuación. La crecida se da en el marco de un El Niño de gran intensidad, que favorece lluvias superiores a las normales en la cuenca.
Frente a ese escenario, el ambientalista pidió a la población que mantenga distancia de los animales que aparezcan en campos, calles o patios, que no intente capturarlos y que espere la intervención de la autoridad competente. La advertencia coincide con la que se escucha en otras provincias del Litoral. En Santa Fe, donde la crecida empuja ciervos axis hacia pueblos y ciudades, el guardafauna Juan Martín Mastropaolo recomendó en estos días llamar al 911 y evitar las persecuciones y los intentos improvisados de captura, que suelen terminar con animales heridos o muertos.
La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía de Saladas, que deberá determinar las circunstancias de la muerte y las eventuales responsabilidades.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Corrientes
Fuentes Consultadas: El Litoral, Portal MeteoRed, LT10

Riachuelo: 354 establecimientos siguen declarados contaminantes y ACUMAR apuesta a reforestar

Grandes empresas y pymes siguen en el registro de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, mientras el organismo de cuenca suma un plan para restaurar humedales, talares y riberas con especies nativas.

Más de 350 establecimientos siguen bajo control ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo por su impacto sobre el agua, el suelo y el aire. Según los datos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a fines de 2025, 354 establecimientos permanecían activos en el registro de “agentes contaminantes”. Esa categoría alcanza a las industrias y comercios que vuelcan efluentes, generan residuos peligrosos o emiten contaminantes.
El listado incluye a grandes empresas y a pymes de distintos rubros. Entre ellas figura YPF, con su planta Líquidos Docke, en Avellaneda, declarada en octubre de 2011 y todavía activa en el registro. Raízen Argentina, la ex Shell, tiene tres establecimientos activos, dos en Ezeiza y uno en Avellaneda. La operadora de Carrefour suma cuatro locales: uno en Mataderos, uno en Monte Grande y dos en Avellaneda. Coto cuenta con dos establecimientos: uno comercial en la Comuna 3 porteña y una planta de faena y procesamiento de carne en La Matanza, declarada en 2009.
La lista se completa con frigoríficos de Avellaneda, La Matanza y la Comuna 9, y una firma química de Almirante Brown. También incluye una empresa de tratamiento de residuos peligrosos de Cañuelas, incorporada en enero de 2025, y una curtiembre de Avellaneda, sumada en julio de ese año. Figurar en el registro, de todos modos, no implica que se trate de los mayores contaminantes del río.

Planes de adecuación
Para salir del registro, los establecimientos deben presentar y cumplir un Plan de Adecuación Ambiental. A fines de 2025 había 139 planes activos: 81 aprobados y en ejecución y 58 todavía sin aprobar. Desde que comenzó el sistema se presentaron 455 planes, de los cuales 127 se cumplieron y 189 fueron rechazados, incumplidos o excluidos.
El padrón histórico de ACUMAR reúne 1.469 registros. Además de los 354 activos, 520 establecimientos se reconvirtieron y 281 cesaron su actividad. Otros 119 fueron considerados adecuados, 135 quedaron excluidos y 49 volvieron a su condición anterior. Algunas empresas, en definitiva, corrigieron sus procesos y lograron salir de los listados oficiales.
El organismo mantiene, además, un listado de establecimientos de seguimiento particular, que exigen una inspección más estrecha. Allí figuran los mayores aportantes de contaminación, los involucrados en conflictos socioambientales, las instalaciones del Polo Petroquímico Dock Sud, las del aeropuerto de Ezeiza y las curtiembres. Para las curtiembres, una resolución de 2024 permite presentar planes de adecuación que contemplen su traslado al Parque Industrial Curtidor de Lanús o el envío de sus efluentes a la planta de tratamiento de ese predio.

Del control a la restauración
Mientras continúan los controles industriales, ACUMAR aprobó en agosto, mediante la Disposición 1/2026, el Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo. La iniciativa marca un giro: de frenar la contaminación a restaurar los ecosistemas degradados.
El plan busca recuperar sistemas naturales, aumentar la biodiversidad y mejorar las condiciones socioambientales de la cuenca. Contempla trabajar con especies nativas en áreas ribereñas, talares y ambientes de estepa pampeana, y recuperar vegetación degradada y humedales, que almacenan agua y amortiguan las inundaciones. También prevé corredores biológicos para conectar fragmentos de vegetación y el desarrollo de infraestructura verde y azul, con parques, plazas, áreas naturales, cursos de agua y humedales.
Para medir sus avances, el plan fija indicadores como la cantidad de ejemplares plantados, la tasa de supervivencia, la superficie forestada y reforestada, los espacios verdes recuperados y los kilómetros de corredores biológicos. La producción de especies nativas podría además generar demanda para viveros, cooperativas, bancos de semillas y trabajadores especializados. Sin embargo, no se informaron el presupuesto ni el cronograma del programa.

Una cuenca con historia
La cuenca arrastra una larga historia de vuelcos industriales y cloacales, residuos y transformaciones urbanas. ACUMAR fue creada por la Ley 26.168 como un organismo interjurisdiccional que reúne a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, porque ninguna jurisdicción puede abordar el problema por sí sola. En octubre de 2024, tras 16 años de supervisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado el control de cumplimiento de la sentencia de la causa Mendoza, el fallo que había ordenado sanear el Riachuelo.
Con cientos de establecimientos todavía bajo control y un plan de restauración sin metas presupuestarias conocidas, el saneamiento del Riachuelo sigue siendo una tarea abierta.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: iProfesional, Economía Sustentable, ACUMAR, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Más de 73.000 hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en nueve meses

Un relevamiento satelital de Greenpeace registró desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre, mientras se discute la flexibilización de la Ley de Bosques.

Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El dato surge de un relevamiento de Greenpeace basado en la comparación de imágenes satelitales de alta resolución. La superficie equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a unas cuatro veces la de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago del Estero vuelve a encabezar la lista, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total, sobre todo en el bosque chaqueño semiárido. Le sigue Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%) entre las yungas y el Chaco salteño. Más atrás quedan Chaco, con 9.339 (12,7%), y Formosa, con 8.395 (11,5%), donde la pérdida alcanza humedales y bosques secos. Los desmontes se concentran en el Gran Chaco, y su avance profundiza la crisis climática y acelera la pérdida de biodiversidad.

Un ritmo que no se detiene
Los números muestran que el desmonte siguió durante el invierno. En julio, la misma organización había informado que en el primer semestre se habían arrasado 40.862 hectáreas en esas cuatro provincias. Santiago del Estero encabezaba la lista, con 20.727 hectáreas, seguida por Salta, con 11.960, un nivel que en esa provincia duplicaba el del mismo período del año anterior. Con esos datos, entre julio y septiembre se sumaron más de 32.000 hectáreas, un promedio cercano a 10.800 por mes.
El salto más llamativo se dio en Chaco, que pasó de 3.800 hectáreas en el primer semestre a 9.339 al cierre de septiembre: en solo tres meses desmontó más que en los seis anteriores. En ese trimestre, Santiago del Estero sumó unas 14.600 hectáreas; Salta, unas 8.200, y Formosa, unas 4.000.
Para Greenpeace, las sanciones vigentes no logran frenar el fenómeno. “Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización. Según Giardini, los empresarios agropecuarios incorporan las multas como un costo más de producción. También apuntó contra los gobiernos provinciales, a los que acusó de controlar poco, flexibilizar sus normas y autorizar desmontes donde no están permitidos, y habló de “una clara complicidad de los gobiernos provinciales”.

La Ley de Bosques en discusión
El relevamiento se conoce en medio del debate por la modificación de la Ley de Bosques (26.331) que impulsa el Gobierno nacional, y de recortes en los fondos destinados a la conservación. Giardini calificó de inadmisible la flexibilización de la norma y advirtió que provocaría un aumento significativo de la deforestación. También recordó que la Argentina está lejos de cumplir el compromiso de deforestación cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021.
La propuesta de reforma ya había despertado objeciones técnicas a comienzos de año. El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco advirtió que, entre otros cambios, eliminaría la autorización previa obligatoria para desmontar en las áreas de categoría III, o verde. Además, habilitaría desmontes en zonas de categoría II, o amarilla. Para esa entidad, las modificaciones debilitarían los controles y la evaluación ambiental, y representarían un retroceso contrario a los principios precautorio y de no regresión.

El yaguareté, en la cuerda floja
El desmonte también amenaza a una de las especies más emblemáticas del país. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las cuatro provincias y el Estado nacional por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, donde se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. La presentación sostiene, además, que esos desmontes violan la ley nacional de bosques. El máximo tribunal se declaró competente, pero todavía no dictó sentencia.
La organización reclama defender la Ley de Bosques y penalizar los desmontes y los incendios forestales. Además, impulsa la iniciativa “República de los Siete Bosques”, que invita a la ciudadanía a sumarse a una red de monitoreo territorial y resistencia pacífica frente a la pérdida de bosques.
A poco más de tres años de la meta de deforestación cero comprometida para 2030, el Gran Chaco argentino sigue perdiendo superficie a un ritmo que, según los datos satelitales, no da señales de desacelerarse.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Chaco On Line, InfoBariloche, Greenpeace Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco

Mendoza revocó dos permisos de exploración minera en Malargüe por no iniciar los trabajos

La Dirección de Minería les quitó a Newera Hydrogen dos áreas por unas 5.920 hectáreas, pese a que ya contaban con aprobación ambiental, porque la empresa no acreditó haber empezado a explorar dentro de los plazos legales.

El Gobierno de Mendoza revocó dos permisos de exploración minera en Malargüe que sumaban unas 5.920 hectáreas, porque la empresa titular no acreditó haber iniciado los trabajos dentro de los plazos que fija la ley. La decisión alcanza a Newera Hydrogen SAS y se formalizó mediante las resoluciones 672/26 y 674/26, firmadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal. Las áreas vuelven ahora al Estado provincial.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente dictó la medida el lunes 26 de octubre. Es un mensaje al sector en una provincia que convirtió a la minería en una de sus banderas económicas: obtener un permiso no alcanza si no hay trabajo efectivo en el terreno en los tiempos comprometidos.

Dos áreas en el distrito minero
Los permisos se ubican en el Distrito Minero N.º 05 de Malargüe, en la zona conocida como Malargüe Distrito Minero Occidental. El de mayor superficie, denominado Mercedes North, abarcaba 5.433 hectáreas y se había otorgado por 650 días. El otro, Mercedes Mariano, cubría 487 hectáreas con un plazo de 150 días.
Ambos derechos fueron concedidos en noviembre de 2024 a Guillermo Wild Ceruzzi, quien luego los cedió a Newera Hydrogen SAS mediante una transferencia inscripta en la Dirección de Minería. La Legislatura provincial había ratificado en diciembre de 2025 las Declaraciones de Impacto Ambiental de los dos proyectos.
Según el Gobierno, los equipos legales de Minería revisaron las actuaciones y concluyeron que no estaba probada la instalación de los trabajos de exploración. En el caso de Mercedes North, el plazo para iniciarlos venció el 18 de enero de 2026. Para Mercedes Mariano, la empresa no presentó en término, en abril, el formulario de actividad en el sitio, y lo hizo recién el 19 de mayo.

La aprobación ambiental no alcanza
Las resoluciones se fundamentan en el Código de Minería de la Nación, en particular su artículo 41, y en los artículos 71 y 73 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza. El Gobierno aclaró que contar con la aprobación ambiental no exime a los titulares de cumplir con sus obligaciones ni con los plazos establecidos. La aclaración es relevante porque ambos proyectos ya habían superado la instancia de evaluación y contaban con el aval legislativo.
Newera Hydrogen mantiene otros proyectos activos en la zona, entre ellos Alicia, La Victoria, Malargüe West y Mercedes 14 de Febrero. Otro proyecto de la firma, Mercedes Huanquimeleo, no registra presentaciones de su titular desde que se ratificó su Declaración de Impacto Ambiental. La empresa todavía puede recurrir las resoluciones. El plazo para que el Estado decida sobre las áreas comenzará a correr una vez resuelta esa instancia.

Qué pasará con las tierras
De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero, cuando las resoluciones queden firmes se notificará a Impulsa Mendoza Sostenible SA, la empresa estatal minera. Tendrá 30 días hábiles para decidir si reserva esas superficies para investigación geológico-minera o si las solicita bajo el régimen vigente. Si no ejerce ese derecho de preferencia, el Gobierno publicará la liberación de las áreas durante dos días en el Boletín Oficial, y quedarán disponibles para nuevos interesados.

Más controles sobre la expansión minera
La revocación se suma a otras decisiones recientes de la autoridad minera. En las últimas semanas, el Gobierno revisó ambientalmente una veintena de proyectos del nuevo distrito Mendoza Norte. A fines de septiembre, además, rechazó tres proyectos en Malargüe tras su evaluación ambiental.
El distrito de Malargüe es el eje de la estrategia provincial para atraer inversiones en exploración. En la segunda etapa del distrito, en marzo de 2025, Impulsa Mendoza Sostenible había presentado 29 proyectos. La autoridad ambiental minera rechazó dos y habilitó los otros 27 para su evaluación y una audiencia pública. En aquella oportunidad, Shantal anticipó el criterio que ahora aplica: “Nuestro rol es el de controlar, y vamos a ser igual de rigurosos con todos”.
Con la medida, la provincia busca diferenciar a las empresas que efectivamente exploran de aquellas que retienen derechos sin invertir. El esquema combina la apertura a la actividad con la exigencia de cumplir los plazos y las condiciones ambientales.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Mendoza Today, Diario Uno, Mendoza Minera, Gobierno de Mendoza

Ordenan a YPF y otras petroleras un plan urgente para cerrar un pozo que contamina en Salta

A pedido de la Fiscalía de Pichanal, la Justicia de Orán dictó una cautelar ambiental por las emanaciones de gas del pozo Loma de Olmedo X-10, ante el riesgo de que las lluvias de El Niño arrastren la contaminación a los campos vecinos.

La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán ordenó medidas urgentes para contener la contaminación del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, en la zona de Puesto Guardián, en el norte de Salta. A pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, el juez Ramiro Morizzio dictó una cautelar ambiental urgente, preventiva y provisoria. La medida obliga a YPF y a President Petroleum a presentar en diez días hábiles un plan para cerrar en forma definitiva el pozo y contener la contaminación. La resolución se notificó el 23 de octubre.
El pozo mantiene emanaciones de gas que las empresas debían controlar, y en sus inmediaciones se acumuló una sustancia en la superficie. La preocupación se agravó por el pronóstico de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían arrastrar ese material hacia campos agrícolas y ganaderos vecinos.

Un pozo con 40 años de historia
El Loma de Olmedo X-10 fue perforado por YPF en 1983, cuando era una sociedad del Estado, y luego pasó por distintas operadoras. La última fue President Petroleum, cuya quiebra se declaró en 2025. Los primeros problemas se detectaron en agosto de 2023, cuando la Dirección General de Energía e Hidrocarburos de Salta comprobó una pérdida de gas en el cabezal y la aparición de líquidos en los alrededores. En 2024, la Secretaría de Minería y Energía ordenó el abandono obligatorio del pozo.
En junio de 2025, una inspección oficial constató que seguían brotando gas y líquidos desde la boca del pozo y desde un cráter cercano. El Gobierno provincial conformó entonces un comité de emergencia y restringió el acceso con presencia policial permanente. Además, sostuvo que “si se respetan las medidas de seguridad, no hay riesgo alguno” para la población cercana. Más tarde, mediante un decreto, declaró la caducidad de la concesión de President Petroleum y recuperó el área.
Los productores de la zona denuncian desde hace años los efectos sobre el suelo, el agua, la vegetación y los animales. Atribuyen a las pérdidas la muerte de unas 300 cabezas de ganado. Según Greenpeace, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo alrededor del pozo están secas, y muchos habitantes tuvieron que abandonar sus casas. “Como biólogo, ver la naturaleza destruida me partió el alma”, relató Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de la organización, tras recorrer el lugar.

Qué ordenó el juez
La cautelar exige un Plan Técnico de Cierre y Abandono Técnico para sellar el pozo en forma permanente y frenar las emanaciones. El plan debe incluir la metodología de intervención, las medidas de seguridad, mecanismos para evitar nuevas surgencias, un cronograma y el monitoreo posterior. El juez también pide un plan de contingencia y contención para la sustancia depositada en la superficie, que deberá elaborarse junto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Minería y Energía de Salta.
Ese segundo plan deberá contemplar:
- el aislamiento del área y la instalación de barreras;
- la identificación de las vías de escurrimiento y el monitoreo de los campos vecinos;
- protocolos de respuesta rápida ante lluvias;
- procedimientos para recuperar y disponer de forma segura las sustancias desplazadas.
La medida alcanza a seis empresas de la cadena de concesiones. YPF y President Petroleum ya fueron notificadas. Restaba notificar a E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José. El juez consideró que la responsabilidad de las empresas por los costos de cierre y la remediación del suelo podría ser objetiva y solidaria, y que los permisos administrativos no las eximen de sus obligaciones ambientales.
La resolución se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú. Advierte, además, que el incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial. El Ministerio Público Fiscal aclaró que las medidas “no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas involucradas”. Antes, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, había sostenido que todas las firmas que participaron de la operación debían integrar el proceso.

Un cierre costoso
Sellar el pozo costaría unos 15 millones de dólares y requeriría equipos especiales y al menos un pozo de alivio. El antecedente cercano es el del pozo MdT 14, en Martínez de Tineo, en la misma zona. Ese pozo tuvo un descontrol en 2006 y causó daños durante seis años, hasta que YPF lo selló en 2012 con un costo superior a los 30 millones de dólares.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, El Tribuno, Ministerio Público Fiscal de Salta

El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la científica que midió agroquímicos en personas

El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público a la investigadora de Balcarce que coordinó el proyecto europeo SPRINT. Ella rechaza las acusaciones y anticipó que irá a la Justicia.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de personas del sudeste bonaerense. El Consejo Directivo del organismo adoptó la decisión el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366. Es la sanción más grave prevista para el empleo público nacional: la deja fuera del INTA y del Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA desde 1997 y también es investigadora del CONICET. Dedicó más de dos décadas al estudio de suelos, agua y plaguicidas. Ella y parte de la comunidad científica consideran infundadas las acusaciones administrativas en su contra.

Qué midió el proyecto SPRINT
SPRINT es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con un presupuesto de 14 millones de euros, y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Analizó más de 200 plaguicidas y sus mezclas en suelo, agua, aire, alimentos, animales y personas. La Argentina fue el único país participante fuera de Europa; el INTA aprobó su incorporación en mayo de 2020.
En 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores. Entre los resultados, se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y se identificaron mezclas de plaguicidas. Según un informe técnico del proyecto de febrero de 2023, ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia. Los autores advirtieron, de todos modos, que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.

Del freno al sumario
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del organismo del proyecto y abrió un sumario que se extendió casi tres años, con ocho imputaciones y trece agentes investigados.
La resolución sostiene que Aparicio incurrió en dos faltas previstas en la ley marco de empleo público. La primera es haber usado las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el INTA, dio un rol en la coordinación y supervisión de datos a su pareja, el investigador retirado José Luis Costa, sin autorización formal ni declaración de conflicto de interés. La segunda es el uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. Sin embargo, el propio texto reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal y que no se acreditó un beneficio económico.
El organismo hizo además otros reproches. Señaló que se centralizaron análisis en el exterior sin autorización y que se reemplazó el comité de ética previsto por el de un programa de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También marcó diferencias entre el protocolo original y la composición final de los grupos de voluntarios. La resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. Otros agentes recibieron suspensiones, como el director de la estación Balcarce, Facundo Quiroz, con 15 días, y el resto fue eximido.
En un comunicado que no menciona a la investigadora, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

La respuesta de Aparicio
Aparicio pidió la nulidad del sumario por indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el planteo al considerar que se garantizó su derecho de defensa, y su defensa anticipó que recurrirá a la Justicia. La investigadora sostiene que la decisión excede lo administrativo y que busca “instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles”. En una entrevista reciente había descrito con crudeza su situación dentro del organismo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El 15 de octubre, días antes de conocerse la resolución, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Conicet impulsan una campaña contra la exoneración. Organizaciones de pueblos fumigados, científicos y organismos de derechos humanos también rechazaron la medida.
El caso reabre el debate sobre el uso de agroquímicos en el país y sobre las condiciones para investigar sus efectos en la salud y el ambiente.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Diario Textual, Portal Bichos de Campo, INTA

Vaca Muerta: los residuos del fracking se acumulan en Neuquén y dejan zonas de sacrificio

Los lodos y las aguas contaminadas que genera la fractura hidráulica superaron durante años la capacidad de tratamiento de la provincia, y una de las causas por contaminación más grandes llegará a juicio oral.

Mientras la Argentina bate récords de producción de petróleo impulsada por Vaca Muerta, en Neuquén crece una pila menos visible: la de los residuos que deja el fracking. Más del 97% del crudo y el 90% del gas de la provincia se extraen mediante fractura hidráulica. Esa técnica genera grandes volúmenes de desechos, y durante años su tratamiento quedó por detrás del ritmo de la producción.
El proceso deja dos corrientes principales de residuos. Por un lado, el agua de retorno, contaminada con químicos y sales naturales, que se reinyecta bajo tierra. Por otro, un lodo sólido compuesto por roca perforada, arena y restos del procesamiento, conocido como recortes o cuttings. Ese material debería quemarse en hornos de alta temperatura hasta quedar reducido a cenizas inertes, pero la capacidad de tratamiento no acompañó el crecimiento de la actividad.

Montañas junto a la ciudad
Las pilas de sedimentos se levantan cerca del Parque Industrial Neuquén Oeste (PINO) y del barrio Casimiro Gómez, en la capital provincial. Julio Polo trabaja como guardia de seguridad en un emprendimiento lindero al parque industrial. Relató que cuando el viento sopla desde los depósitos llegan olores similares al azufre que le irritan los ojos y le provocan estornudos.
Según la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, la provincia cuenta con cinco sitios de disposición final y cinco plantas de tratamiento en funcionamiento. Otras tres plantas, entre ellas las de Comarsa y HP&V, atraviesan disputas legales por casos de contaminación. La funcionaria reconoció además que algunos sitios son “zonas de sacrificio” que ya no podrán destinarse a ningún otro uso.

El caso Comarsa, a juicio
El de Comarsa es uno de los expedientes más resonantes. La Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina es querellante en la causa. En agosto informó que la Justicia neuquina ordenó elevarla a juicio oral y público por la acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos de la actividad hidrocarburífera en las instalaciones de la empresa, en el Parque Industrial Neuquén Oeste. En la misma audiencia, el juez sobreseyó a los imputados por el delito de defraudación, pero la acusación por contaminación sigue en pie. La mayor parte de la prueba ofrecida por la querella fue admitida. El magistrado excluyó a algunos testigos por considerarlos redundantes y se declaró incompetente para decidir si el debate se hará ante un jurado popular.

Agua que vuelve al subsuelo
El destino del agua de retorno es otro foco de preocupación. Pedro Brisio, de la Asociación Neuquina de Profesionales del Ambiente, señaló que más del 95% de las aguas residuales del fracking en el país se descarta en pozos de inyección profunda. En Estados Unidos y Canadá, en cambio, se llega a reutilizar hasta el 70%. La inyección profunda fue vinculada a la sismicidad inducida, porque la presión del fluido puede reactivar fallas geológicas dormidas.
Los efectos sobre la salud de las comunidades cercanas todavía no fueron medidos con métodos epidemiológicos rigurosos. Como referencia, un estudio de 2019 de la organización Concerned Health Professionals of New York documentó más de 200 contaminantes en el aire cerca de sitios de fracking en Estados Unidos y más de 1.000 sustancias químicas en los fluidos de fractura. También describió radiactividad en las aguas residuales.

Capitales globales, costos locales
El boom de Vaca Muerta también atrae inversiones extranjeras. Las empresas chinas invirtieron unos 6.000 millones de dólares en el sector fósil argentino, alrededor de una cuarta parte de toda la inversión china en el país. La mitad de ese monto corresponde a la participación de la estatal CNOOC en Bridas, sociedad que comparte con la familia Bulgheroni. Bridas y BP son dueñas en partes iguales de Pan American Energy, la cuarta mayor productora de petróleo de la formación. YPF, en tanto, busca compradores para su gas natural licuado en China, Brasil, India, Japón y Europa.
Para Neuquén, el desafío es que una actividad orientada a los mercados globales no deje como herencia territorios inutilizables y comunidades expuestas a un pasivo ambiental que todavía no se terminó de medir.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina

El gato huiña vuelve a estar en peligro en la Argentina: estiman que quedan 442 adultos

La actualización de la lista nacional de mamíferos amenazados devolvió al felino más pequeño de América a la categoría En Peligro, al revés de lo que ocurrió en la evaluación global de la UICN.

El gato huiña, el felino silvestre más pequeño de América, volvió a la categoría “En Peligro” en la Argentina. La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) actualizó la lista nacional de fauna amenazada y elevó el nivel de riesgo de esta especie, que pesa alrededor de dos kilos y vive en los bosques andino-patagónicos. Según la estimación que respaldó el cambio, en el país quedarían apenas 442 individuos maduros, repartidos en un área efectiva de 632 kilómetros cuadrados.
El cálculo lo hicieron tres científicas del CONICET y del Parque Nacional Nahuel Huapi: Florencia Frola Mendizábal, becaria del organismo en Bariloche, Ilaria Agostini y Laura Álvarez Borla. Para llegar a esa cifra combinaron registros de cámaras trampa con datos de densidad obtenidos en Chile, el otro país donde habita la especie (Leopardus guigna).

Un ida y vuelta en la lista roja
El regreso a esa categoría tiene historia. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, el huiña figuró como Vulnerable en 1997 y en 2000, pasó a En Peligro en 2012 y volvió a Vulnerable en 2019. Ahora regresa a En Peligro con la Categorización 2025, que evaluó 417 especies de mamíferos nativos. En la normativa nacional, la Resolución 316/2021 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo incluye como especie amenazada.
La situación argentina contrasta con la mirada global. En octubre de 2025, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo pasó de Vulnerable a Preocupación Menor. La evaluación la lideró Nicolás Gálvez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en ella también participó Agostini. El estudio estimó para toda el área de distribución una población de entre algo más de 26.000 y 101.000 individuos maduros, y una pérdida de hábitat del 4% entre 2000 y 2022. «Esto no significa, necesariamente, una mejora en la especie», aclaró Gálvez, quien atribuyó el cambio a más y mejor investigación.
Esa misma evaluación dividió a la especie en seis grupos geográficos. Ubicó en estado crítico a los del norte y el centro de Chile y al argentino, que ocupa Neuquén, Río Negro y Chubut. Las poblaciones del sur chileno, en cambio, aparecen como clave para su conservación.

Dónde vive y qué lo amenaza
En la Argentina, el huiña fue registrado en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. En 2019 y 2024 también se lo detectó en el Parque Municipal Llao Llao, a pocos kilómetros de Bariloche. Es solitario y de hábitos nocturnos o crepusculares. Frola Mendizábal destacó como novedad la aparición de individuos melánicos, con un pelaje completamente negro.
La investigadora enumeró las principales amenazas. Encabeza la lista el cambio de uso del suelo y la pérdida de hábitat por la expansión urbana y turística, la agricultura, la ganadería y la actividad forestal. Le siguen los incendios y la intrusión humana con fines recreativos o laborales. También figuran las rutas, que provocan atropellamientos y fragmentan el paisaje, y las especies exóticas, sobre todo perros y gatos domésticos, que compiten con la fauna nativa, le transmiten enfermedades y la desplazan. A eso se suman los efectos del cambio climático, como las temperaturas extremas y las sequías.

Monitoreo y convivencia
Entre 2020 y 2023 se desarrollaron dos proyectos de seguimiento. En el Nahuel Huapi, el equipo de Agostini estudió las percepciones y actitudes de los pobladores, trabajó en escuelas e instaló cartelería vial para reducir las amenazas. En Los Alerces, un grupo encabezado por María de las Mercedes Guerisoli y Mauro Schiaffini monitoreó la ecología, la distribución y la conectividad de la población.
Agostini señaló que todavía falta conocer cómo usa el espacio el huiña y cómo interactúa con otras especies. Las investigadoras también proponen campañas para reducir los atropellamientos y evitar que perros y gatos sueltos ingresen a las áreas naturales. Además, Agostini sostuvo que «se debería fomentar los paisajes de coexistencia», donde las actividades humanas puedan continuar sin perjudicar al huiña ni a otras especies patagónicas.
Se trata de una especie compartida entre la Argentina y Chile, y el contraste entre la lista global y la nacional deja una advertencia: un panorama alentador a escala regional puede esconder poblaciones locales al borde, como la que sobrevive en los bosques de la Patagonia argentina.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, SAREM, Administración de Parques Nacionales, UICN, Pontificia Universidad Católica de Chile

Restauración en Chubut: 20.000 coihues llegaron en helicóptero al bosque quemado de El Turbio

Más de 20.000 coihues trasladados en helicóptero crecen en 20 hectáreas quemadas del Parque Provincial El Turbio, mientras la provincia avanza con nuevas plantaciones en la Comarca Andina.

En el Parque Provincial El Turbio, en la cordillera de Chubut, más de 20.000 coihues jóvenes empiezan a ocupar el lugar que dejó el fuego. La plantación cubrió unas 20 hectáreas de bosque quemado cerca de Lago Puelo. Forma parte de un programa de restauración que en los últimos meses sumó nuevas etapas en la Comarca Andina, y exigió una logística fuera de lo común para llegar a uno de los rincones más aislados de la provincia.
Los plantines de coihue (Nothofagus dombeyi), de alrededor de un año y medio, llegaron en abril de 2026 al sector del arroyo El Jara, unos cuatro meses después del último incendio. Para alcanzar el sitio, el equipo técnico recorrió unos 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo. Luego navegó 13 kilómetros en lancha por el Parque Nacional Lago Puelo, siguió en tractor y completó los últimos 30 kilómetros a caballo y a pie. El viaje llevó casi dos días. Los árboles, en cambio, volaron en helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias desde la base de brigadistas de El Hoyo.

Un bosque castigado dos veces
El Turbio arrastra una historia reciente de incendios. En 2015, un gran fuego destruyó cerca de 7.000 hectáreas de bosque nativo en el parque. En diciembre de 2025, otro incendio, de origen natural, quemó más de 3.100 hectáreas.
Doce pobladores locales y técnicos forestales trabajaron durante diez días en la plantación. Los coihues se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera por sí solo. Los troncos quemados y los arbustos que sobrevivieron funcionan como refugio frente al viento y la radiación solar. Los plantines se produjeron en el vivero provincial Lemu, de El Maitén.
La tarea es impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el programa Reforestarg, en el marco de ProCLIM-AR. Ese acuerdo de cooperación entre la Argentina y Alemania lo ejecuta la agencia alemana GIZ con fondos de la Iniciativa Climática Internacional. Participan además el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Escuela Agrotécnica N.º 717.
Ariel Medina, especialista en bosques de Vida Silvestre, describió la plantación de especies nativas como un paso para recuperar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje. También advirtió que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo. El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó que el proyecto aportó durante tres años herramientas, financiamiento y capacidad operativa. Además, definió cada árbol plantado en zonas incendiadas como “una inversión estratégica para el futuro de Chubut”.

Las etapas siguientes
La plantación de El Turbio fue apenas el comienzo. El 2 de septiembre, la provincia anunció una nueva etapa con 109.100 árboles nativos para unas 127 hectáreas, a plantar entre septiembre y octubre. Para el 24 de septiembre ya se habían colocado 32.000 ejemplares en 40 hectáreas de la reserva del lago Epuyén. El 8 de octubre se recibieron 4.000 plantines para un predio forestal provincial de más de 60 hectáreas en Lago Puelo.
Según el anuncio de la Secretaría de Bosques y Vida Silvestre, esa campaña combina 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces producidos en viveros provinciales. Los sitios se eligieron por criterios técnicos como el daño causado por el fuego, las especies nativas y exóticas presentes y el potencial de recuperación natural. En algunos sectores, antes de plantar hace falta ralear, despejar y retirar los pinos que brotaron después de los incendios. Los árboles se agrupan en bosquetes de unos 30 ejemplares. Además, se prevén alrededor de 30 parcelas de monitoreo de largo plazo para seguir la supervivencia, el crecimiento y los daños, incluido el ramoneo de animales. Tobías Merlo, fundador de Reforestarg, explicó que cada institución aporta lo suyo: Vida Silvestre, los árboles; la Secretaría, el conocimiento del territorio, y Reforestarg, la plantación.
En paralelo, Vida Silvestre licitó, a pedido de la Secretaría de Bosques, la compra de 75.000 cipreses de la cordillera y 3.000 alerces. Están destinados a la Reserva Forestal de Usos Múltiples de Epuyén y al Parque Provincial El Turbio, dentro del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios.

La escala, una deuda pendiente
El área de trabajo de ProCLIM-AR abarca algo más de 42.000 hectáreas entre Lago Puelo, El Turbio y Cholila, dentro de un programa pensado a 30 años. Las 20 hectáreas de El Turbio representan menos del 0,05% de esa superficie. Todavía no se informaron tasas de supervivencia de los coihues ni un balance final de la campaña de primavera. La Secretaría de Bosques prevé monitorear su crecimiento para ir ajustando la estrategia. La continuidad de las plantaciones depende del clima y del acompañamiento de las comunidades.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Chubut 
Fuentes Consultadas:  Portal ECOticias, Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaría de Bosques de Chubut

Bariloche: una cautelar mantiene frenado el proyecto de Faena en las tierras del ex hotel de Perón

Una jueza rionegrina sostuvo la prohibición de intervenir en el predio donde el grupo de Alan Faena proyecta un complejo de lujo, mientras vecinos y organizaciones reclaman una evaluación ambiental integral de la zona.

La Justicia de Río Negro mantiene en suspenso cualquier intervención en un predio a orillas del lago Moreno, en un entorno de bosques y montañas de Bariloche. Allí, un grupo inversor vinculado a Alan Faena proyecta un complejo turístico de lujo. La jueza Marcela Trillini sostuvo la medida cautelar sobre ese terreno en el marco de un amparo ambiental colectivo contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, excluyó de la restricción a otro emprendimiento cercano, Cauma.
El nombre de Faena está asociado a la transformación de Puerto Madero y a desarrollos hoteleros internacionales. Su proyecto abarca unos 33.000 metros cuadrados cerca del Circuito Chico e incluye un hotel de alta gama, cinco apart hoteles y 31 cabañas. Las tierras cargan además con una historia que reavivó la discusión pública: son las del antiguo Hotel Ministro Pistarini, pensado en sus orígenes para el turismo educativo y social.

Del turismo escolar a la inversión privada
En 1944, el Estado nacional reservó unas 47 hectáreas junto al lago Moreno para colonias educativas. El 31 de diciembre de 1953, un decreto firmado por Juan Domingo Perón transfirió el hotel y sus instalaciones al Ministerio de Educación para el turismo escolar, como parte de un impulso más amplio al turismo social.
Con el tiempo, el inmueble pasó a la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), y a comienzos de los 2000 la Municipalidad formalizó su cesión gratuita a esa entidad. El hotel cerró en 2004 y en 2008 el terreno se vendió a un grupo inversor ligado a Faena por unos 15 millones de dólares. El Concejo Deliberante local llegó a pedir que se estudiara la recuperación de la propiedad por haber perdido su destino original. Perón no donó el hotel a Faena ni a la obra social: esas cesiones y la venta corresponden a una etapa posterior.

Un amparo por los impactos acumulados
El reclamo judicial lo presentaron vecinos, concejales y organizaciones. Según los amparistas, el área es ecológicamente sensible por su cercanía con las reservas naturales urbanas Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra, con bosques y con el sistema del lago Moreno. Advierten sobre movimientos de suelo, pérdida de vegetación, aumento del tránsito y nuevas demandas de infraestructura. También cuestionan que los emprendimientos de la zona se hayan evaluado por separado.
Por eso piden un estudio de impacto ambiental conjunto y actualizado que considere los efectos individuales, acumulativos y sinérgicos. Reclaman además la intervención de las comisiones mixtas de ambas reservas, audiencias públicas y el dictado de las ordenanzas correspondientes. No buscan cancelar los proyectos ni declarar su inviabilidad definitiva.
El 14 de octubre, la Unidad Procesal de Familia N.º 9 de Bariloche admitió el amparo y dictó una prohibición de innovar sobre los predios de Faena y Cauma. Con base en el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, ordenó abstenerse de obras que pudieran causar o agravar un daño ambiental o alterar las condiciones existentes. La decisión tuvo en cuenta la proximidad de autorizaciones que habilitarían movimientos de suelo y remoción de vegetación. La resolución aclaró que la medida no invalida los permisos administrativos ni da por acreditado un daño.

Faena sí, Cauma no
El 22 de octubre, la magistrada modificó la cautelar y la limitó al proyecto de Faena. Sostuvo que el pedido de frenar Cauma “excede el objeto y los alcances de la presente acción de amparo”. Señaló además que ese emprendimiento cuenta con autorización administrativa y tiene sus obras en ejecución, por lo que cualquier reclamo debe tramitarse por otras vías.
La Municipalidad afirma que los proyectos tienen los permisos y las evaluaciones ambientales correspondientes. En su respuesta a la demanda cuestionó la competencia del juzgado y su condición de demandada, y presentó un recurso de revocatoria con apelación. La jueza corrió traslado de esos planteos a los amparistas, que tienen tres días para designar un abogado; de lo contrario, se les asignará un defensor oficial.
La cautelar no es una sentencia definitiva ni determina que el proyecto sea ilegal. Sigue abierto el fondo del conflicto: si los trámites municipales alcanzaron o si hace falta una evaluación integral de toda la zona. Y con él, una pregunta que el caso volvió a poner sobre la mesa: para quién fue pensado ese paisaje y cómo debe usarse hoy.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Portal Minuto Uno, Noticias de Bariloche, Poder Judicial de Río Negro

La crecida del Paraná también renueva la vida de las islas y asegura la reproducción de los peces

Mientras el río obliga a evacuar familias en el norte del Litoral, especialistas destacan que las inundaciones periódicas recuperan lagunas secas, renuevan la vegetación y son decisivas para el sábalo, el dorado y el surubí.

Mientras la crecida del río Paraná obliga a evacuar familias en el norte del Litoral y preocupa a las ciudades ribereñas, especialistas recuerdan que el fenómeno tiene otra cara. Las inundaciones periódicas son el motor que renueva la vida de las islas y los humedales del río. De ellas depende la reproducción de los peces más importantes de la región, como el sábalo, el dorado y el surubí.
“Su renovación de poblaciones depende de estas crecidas”, explicó Damián Lescano, licenciado en Biotecnología y naturalista, sobre las especies de interés pesquero. Según detalló, gran parte de los ejemplares que hoy se pescan nacieron durante la última gran crecida, la de 2015 y 2016.

Un río que respira
El Paraná no es un río de caudal estable. Su historia alterna crecientes y bajantes, influidas por fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. También influyen intervenciones humanas como los terraplenes, los dragados y los cambios en los cursos de agua. Cuando el río desborda, inunda la llanura aluvial, aporta nutrientes, dispersa semillas y renueva la vegetación de las islas.
Uno de los efectos más visibles es la recuperación de lagunas y cursos de agua que estuvieron secos durante la bajante extraordinaria, que se extendió aproximadamente entre 2019 y 2022. Con el agua vuelven los invertebrados, crecen las poblaciones de peces y se reactiva toda la cadena alimentaria del humedal.

La ciencia detrás del pulso
La explicación científica coincide con esa mirada. Pablo Scarabotti, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral, habló durante el Primer Congreso Argentino de Ictiología, realizado en Santa Fe. Explicó que especies como el sábalo, el dorado, el surubí, el patí y la boga se reproducen al ritmo de los llamados pulsos de inundación. En la región, esos pulsos se producen aproximadamente cada dos a siete años.

El proceso es preciso:
- Tras el desove, los huevos derivan río abajo durante dos o tres días hasta convertirse en larvas.
- Para sobrevivir, las larvas necesitan entrar en la llanura inundada.
- Allí encuentran aguas poco profundas, vegetación y alimento: primero zooplancton y luego materia orgánica en descomposición.
Un solo sábalo puede desovar hasta un millón de huevos. Durante la bajante, en cambio, las larvas no podían llegar a esos ambientes. Eso puede dejar generaciones casi ausentes en las capturas futuras.
Los efectos de una buena creciente no son inmediatos. Según el investigador, aparecen en la pesca dos o tres años después y pueden sostener la actividad durante cinco a diez años. Los peces migratorios viven entre 10 y 20 años, así que tienen varias oportunidades de reproducirse a lo largo de su vida.
“Es una dinámica natural del río y no una catástrofe; es un ciclo natural”, resumió Scarabotti. Advirtió además que si se terraplenan los ríos o se desconectan las lagunas, el sistema empieza a deteriorarse.

El Niño y el estado del río
El contexto climático favorece el fenómeno. Según el Servicio Meteorológico Nacional, El Niño alcanzó una intensidad fuerte y tiene un 100% de probabilidad de continuar entre octubre y diciembre, con lluvias abundantes en la cuenca.
El impacto es desigual a lo largo del río:
- Corrientes: el Paraná superó la cota de evacuación. Según los últimos relevamientos, hay 391 evacuados y unas 15.000 personas afectadas.
- Rosario: el río sigue por debajo de los niveles de alerta. Marcaba 3,52 metros el jueves 22, y el Instituto Nacional del Agua prevé que llegue a unos 4,56 metros a comienzos de noviembre.
- Santa Fe: se esperan 4,92 metros para la misma fecha.

Los desafíos de convivir con el agua
Los especialistas advierten que el problema no es la crecida, sino la forma en que se ocupó el territorio durante los años de bajante. Según Lescano, muchas personas se instalaron en las islas o empezaron a usarlas sin prever que el agua volvería. Los isleños y pescadores tradicionales, en cambio, conviven con estos ciclos: tienen viviendas desmontables y se trasladan por temporadas. Lescano también cuestionó el crecimiento de la ganadería en las islas sin planes para evacuar a los animales, algo que en crecidas anteriores provocó pérdidas.
La crecida de 2026 vuelve a plantear un debate de fondo: cómo proteger a las comunidades ribereñas sin olvidar que el humedal del Paraná necesita sus inundaciones para seguir vivo.


Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes Consultadas: Portal Canal 1, Portal Rosario3, Diario El Litoral, Portal Mirador Provincial, Portal MDZ, Conicet