La Justicia federal suma fiscales, gendarmes y ambientalistas para frenar desmontes en Chaco

La jueza federal Zunilda Niremperger creó un equipo interinstitucional que vigilará con satélites, drones y allanamientos el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, donde el bosque nativo sigue cayendo pese a la prohibición.

La Justicia federal de Chaco creó un equipo especial que reúne a fiscales, funcionarios provinciales y nacionales, gendarmes, guardaparques y ambientalistas con un objetivo concreto: frenar los desmontes ilegales en los bosques nativos de la provincia. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la organización que impulsa la causa penal conocida como la “mafia de los desmontes”.
El nuevo organismo lleva el nombre de Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco. Según la resolución judicial, su función es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”, que prohíbe los desmontes en el territorio chaqueño.

Quiénes lo integran
El equipo suma a representantes de distintos niveles del Estado. Por el Ministerio Público Fiscal Federal participan los fiscales Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. Por la provincia, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. La autoridad ambiental nacional envió al ingeniero forestal Eduardo Manghi, y la Administración de Parques Nacionales estará representada por Néstor Arriola, intendente del Parque Nacional Copo, y Sergio Arias Valdecantos, director de la Regional Norte. Completan la mesa el comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni y Fabián Maggi, de la asociación de abogados ambientalistas.
“Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales”, destacó Maggi, que calificó la resolución como muy trascendente.

Satélites, drones y allanamientos
La resolución fija tareas concretas. Los integrantes deberán intercambiar información a partir del monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y vigilancia en el territorio. Gendarmería tendrá que reforzar sus recursos humanos, técnicos y operativos, y evaluar la incorporación de personal, vehículos y drones, mientras que el Ministerio de Seguridad provincial deberá fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales.
Cada alerta será comunicada a la Dirección de Bosques de la provincia, y el Ministerio Público Fiscal intervendrá ante posibles delitos o incumplimientos de la cautelar. El esquema prevé además una intervención judicial urgente cuando sea necesario ordenar allanamientos o decomisos de maquinaria. La Dirección de Bosques y la fiscalía federal deberán presentar informes periódicos: el primero, en la primera quincena de febrero de 2027, y luego cada tres meses.

Una cautelar que va y viene
La medida que el equipo deberá custodiar tiene una historia accidentada. Fue dictada por la propia Niremperger en agosto de 2024, poco después de que la asociación de abogados ambientalistas presentara una denuncia penal por un presunto entramado de corrupción público-privada en el otorgamiento de permisos de desmonte, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios. En aquel momento, la jueza suspendió los desmontes autorizados que aún no se habían ejecutado y prohibió otorgar nuevos permisos.
La cautelar fue prorrogada en 2025, pero luego levantada en forma parcial, con el argumento de que una nueva ley provincial cambiaba el escenario. En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al hacer lugar a los recursos de la fiscalía y de los ambientalistas, al considerar que no se había explicado por qué la nueva norma reducía el riesgo ambiental. Los jueces invocaron el principio precautorio y señalaron que se habían detectado desmontes ilegales incluso con la medida vigente.

El bosque sigue cayendo
La creación del equipo responde a una realidad que la prohibición judicial no logró detener. En septiembre, la asociación denunció el desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo a pocos metros del Parque Provincial Loro Hablador, dentro del paisaje de conservación del yaguareté y del corredor del Chaco Seco. La Dirección de Bosques secuestró topadoras y cadenas tras la primera denuncia, pero la tala continuó. Según estimaciones de Aves Argentinas, el desmonte liberó más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron 9.339 hectáreas de bosque en Chaco, dentro de un total de más de 73.000 hectáreas en las cuatro provincias del norte más afectadas. El Gran Chaco, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, es también uno de los que más rápido desaparece.
Los ambientalistas esperan que la iniciativa se traduzca en una protección real del bosque. La primera evaluación llegará en febrero, con el informe inicial.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo; Portal Economía Sustentable; Diario Tiempo Argentino

Denuncian una red de venta ilegal de hurones, tortugas, erizos y aves por redes sociales en San Juan

Un vecino de Los Berros, en el departamento Sarmiento, asegura que reclama desde septiembre ante la autoridad ambiental y la Policía Ecológica por la oferta de animales silvestres y exóticos en redes sociales, en una provincia que labró 161 actas por tráfico de fauna en 2025.

Un vecino de San Juan denunció la existencia de una presunta red de venta ilegal de animales silvestres y exóticos que operaría desde Los Berros, en el departamento Sarmiento, y que ofrecería hurones, tortugas, erizos y distintas especies de aves, entre ellas loros, a través de grupos de compra y venta en redes sociales. El denunciante, que pidió reserva de su identidad, aseguró que desde septiembre presentó reclamos ante la autoridad ambiental provincial y la Policía Ecológica, pero que la actividad continuaría.
Según su relato, acompañado por fotografías de los animales, en el lugar podría funcionar un criadero. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente, y hasta el momento no se conocieron operativos ni respuestas públicas de los organismos de control sobre este caso. Las publicaciones aparecen en grupos de redes sociales, algunos dedicados específicamente a la comercialización de fauna.

Una práctica prohibida
En la Argentina, la captura, el transporte, el comercio y la tenencia de animales silvestres, así como de sus productos y subproductos, están prohibidos por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, sancionada en 1981 y reglamentada por el Decreto 666/97. Las provincias, que administran sus recursos naturales, suman además sus propias normas y controles.
La venta de tortugas terrestres, una de las especies mencionadas en la denuncia, está prohibida, y se trata de uno de los reptiles más castigados por el tráfico. En febrero de este año, un operativo en Santa Fe permitió secuestrar de un camión más de 500 animales silvestres, entre ellos 219 loros habladores y 146 tortugas.

San Juan, entre las provincias más afectadas
La denuncia se suma a un problema que la propia Secretaría de Ambiente de San Juan reconoce como una de las problemáticas ambientales más complejas de la provincia. A través de la Dirección de Conservación, el organismo labró en 2025 un total de 161 actas de infracción por tenencia, captura y comercialización ilegal de fauna silvestre y por extracción de flora, y sumó alrededor de 15 actas más en los primeros dos meses de 2026. Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda fueron los departamentos con más procedimientos.
En lo que va del año se realizaron allanamientos en Rawson, Rodeo, Bermejo y La Bebida, con participación de la Policía Ecológica, la Policía de San Juan, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la fiscalía. Las aves son las más afectadas, sobre todo por el mascotismo ilegal. En uno de los casos más resonantes, en Rawson se recuperaron 26 cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que no es nativa de San Juan y que habría sido trasladada desde Río Negro. Los animales rescatados pasan por evaluaciones sanitarias y de comportamiento, y por un proceso de rehabilitación antes de decidir si pueden ser liberados.

El peso del mercado ilegal
Un relevamiento del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de Aves Argentinas, basado en noticias publicadas entre 2011 y 2023, identificó 15.597 animales de 226 especies afectados por el tráfico en 22 provincias. San Juan concentró el 8% de los registros, al igual que Río Negro, en un listado encabezado por Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Entre las especies amenazadas, se contabilizaron 1.876 loros habladores y 903 cardenales amarillos. La organización advierte que las cifras son solo una aproximación, porque muchos operativos nunca llegan a difundirse.
Otros datos de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina indican que más de 135 especies son afectadas por el tráfico en el país y que al menos 20 están en peligro de extinción. Según estimaciones de organizaciones conservacionistas y de la autoridad ambiental nacional, apenas uno de cada diez animales capturados sobrevive al traslado, y solo el 5% de los recuperados vuelve a su hábitat.

Las redes sociales, una vidriera
La oferta de animales en redes sociales es una tendencia en crecimiento que amplía el alcance del comercio ilegal y dificulta los controles. Por eso, desde Aves Argentinas remarcan que las denuncias de la ciudadanía son “un paso crucial” para combatir el tráfico, y que reducir la demanda es clave: si baja el consumo, baja la oferta.
En San Juan, las denuncias pueden realizarse de forma anónima a la línea ambiental 4305057 o por WhatsApp al 2644305057.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Diario de Cuyo; Tiempo de San Juan; Chequeado; Secretaría de Ambiente de San Juan; Aves Argentinas; Wildlife Conservation Society Argentina; Ley Nacional 22.421.

Chubut presentó su hoja de ruta del hidrógeno verde: proyecta 632.000 toneladas anuales en 2035

La estrategia prevé 13.000 megavatios eólicos para producir hidrógeno, amoníaco verde y combustibles sintéticos de exportación, aunque sus impulsores advierten que depende de grandes inversiones y de una ley nacional que todavía no existe.

Chubut presentó su Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde, un documento que proyecta para 2035 una producción de 632.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y sus derivados, impulsada por 13.000 megavatios de energía eólica destinados exclusivamente a esa industria. La estrategia, presentada en la Casa de Gobierno de Rawson en el marco de la Estrategia Provincial de Hidrógeno Verde y Derivados, busca posicionar a la provincia como polo exportador de amoníaco verde y combustibles sintéticos, conocidos como e-fuels.
El documento fue elaborado por la organización Transición Energética Sostenible (TES) junto con la consultora CALDEN, con el acompañamiento de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Fue presentado ante funcionarios provinciales, representantes sindicales, cámaras empresarias, universidades y especialistas, en el marco de la gestión del gobernador Ignacio Torres.

Un escenario, no proyectos en marcha
Las cifras deben leerse con cautela. Según los propios impulsores, los números describen un escenario de desarrollo planteado hacia 2035 y no proyectos que estén actualmente en ejecución. Para alcanzarlo harían falta inversiones de gran magnitud, que el documento no cuantifica públicamente, además de obras eléctricas, portuarias y viales a lo largo de la próxima década.
La provincia apuesta a sus ventajas naturales y logísticas: los vientos patagónicos, reconocidos por su potencial para la generación eólica, y los puertos de aguas profundas de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, considerados clave para exportar los derivados del hidrógeno a los mercados internacionales que buscan descarbonizar su industria y su transporte.

Tres ejes
La hoja de ruta se organiza en tres ejes. El primero es el desarrollo local, con formación de trabajadores y la incorporación de proveedores chubutenses a la cadena de valor. En ese punto, el documento destaca la experiencia de la fuerza laboral del sector hidrocarburífero, que podría reconvertirse hacia las nuevas actividades, aunque no ofrece cifras de empleo. El segundo eje es la sostenibilidad ambiental, que incluye la protección de la biodiversidad y el uso de agua de mar desalinizada para la producción. El tercero apunta a la integración territorial, para que los beneficios se distribuyan entre la costa y el interior.

Falta una ley nacional
El principal obstáculo, según los impulsores, es la falta de un marco normativo nacional específico que garantice reglas estables para inversiones que se proyectan a varias décadas. “Que exista un marco normativo a nivel nacional es una condición muy importante”, sostuvo Rolando Rivera, presidente de TES. Esa previsibilidad es considerada clave para atraer el financiamiento internacional que requieren este tipo de proyectos.
En el Congreso de la Nación, distintos proyectos de ley sobre hidrógeno no lograron avanzar en los últimos años. Uno de los más recientes, presentado en 2025 por diputados del PRO y de La Libertad Avanza, propone declarar de interés nacional toda la cadena del hidrógeno e integrarla al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Prevé estabilidad tributaria por 30 años e inversiones mínimas de 200 millones de dólares, o de 2.000 millones para los proyectos de exportación estratégica.
A nivel provincial, el gobierno anunció que volverá a convocar a la Mesa de Hidrógeno Verde, creada por la Ley IX N° 175 a fines de 2024 como espacio de coordinación entre organismos públicos, universidades y empresas.

Oportunidades y desafíos ambientales
El hidrógeno verde, producido a partir de electricidad renovable mediante electrólisis del agua, es visto como una herramienta para reducir las emisiones de sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, la navegación y la aviación. Sin embargo, una expansión de la escala prevista implica también desafíos ambientales: la instalación masiva de parques eólicos en la estepa, el tendido de líneas eléctricas, el uso del territorio y la gestión de la salmuera que generan las plantas desalinizadoras. Experiencias en marcha en la Patagonia chilena despertaron preocupación en organizaciones ambientales por esos impactos.
Por eso, la incorporación de criterios de biodiversidad y de evaluación ambiental desde la etapa de planificación será decisiva para que la apuesta energética de Chubut sea compatible con la conservación de sus ecosistemas y con las comunidades del territorio.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro; Portal Parlamentario; Portal EQSnotas; Diario El Cronista

Salta: frenan topadora en Orán y denuncia un aumento del 70% en los desmontes

Activistas bloquearon una máquina en una finca del norte salteño donde ya se arrasaron 700 hectáreas de bosque nativo, mientras la provincia acelera la deforestación y el Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Bosques.

Activistas de Greenpeace Argentina frenaron el miércoles 4 de noviembre una topadora que desmontaba bosque nativo en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en el norte de Salta, sobre una franja boscosa entre las márgenes del río Bermejo. Según la organización, en ese predio ya se deforestaron unas 700 hectáreas, detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos.
Los activistas se interpusieron entre la máquina y el bosque, instalaron un cepo en las palancas de manejo para bloquearla y colocaron una faja de clausura con la leyenda “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei con la consigna de que la Ley de Bosques no se toca. Las fuentes no informaron el nombre de la finca, su propietario ni la categoría de conservación del área desmontada.

Salta, en alza
La acción se da en un año en que la deforestación en la provincia se aceleró. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, Salta registró entre enero y septiembre un 70% más de desmontes que en el mismo período del año anterior, con unas 20.122 hectáreas perdidas entre las yungas y el Chaco salteño. La provincia es la segunda con mayor pérdida de bosque del norte del país, detrás de Santiago del Estero, en una región donde ya se desmontaron más de 73.000 hectáreas en lo que va del año.
“La deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Según la organización, cerca del 80% de las áreas forestales se encuentran en categorías donde no se pueden autorizar desmontes.
El contexto provincial también cambió. En diciembre de 2024, la Legislatura salteña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que, según las organizaciones ambientales, redujo en unas 300.000 hectáreas la superficie de categoría III y habilitaría el desmonte de más de 700.000 hectáreas. Durante el debate, el oficialismo defendió la actualización como una obligación prevista por la Ley de Bosques, que debía haberse realizado en 2019, y sostuvo que el nuevo mapa busca “fomentar el uso sustentable del medio ambiente”. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias cuestionaron la falta de consulta.

La Ley de Bosques en la mira
El reclamo apunta también al Gobierno nacional, que impulsa una reforma de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según Greenpeace, los cambios modificarían los artículos 13 y 14, que regulan las autorizaciones de desmonte y las restricciones en las áreas de mayor valor de conservación, y ampliarían del 20% al 80% la superficie de bosques nativos donde podrían autorizarse desmontes.
A eso se suma el financiamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 destina a la protección de los bosques nativos apenas alrededor del 4% de los fondos que exige la ley, en un contexto de ejecución muy baja de las partidas en los últimos años. “Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz, quien convocó a la ciudadanía a defender la norma y a reclamar la penalización de los desmontes e incendios forestales.

Una pérdida acumulada
Los números de largo plazo ayudan a dimensionar el problema. Según datos de la Dirección Nacional de Bosques citados por la organización, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos en la Argentina, y cerca del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, las provincias del Gran Chaco. La destrucción del hábitat pone en riesgo a especies emblemáticas como el yaguareté, del que se estima que quedan menos de 20 ejemplares en esa región. Por esa razón, en 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra las cuatro provincias y el Estado nacional, que todavía no tiene sentencia. A la pérdida por desmontes se suman, además, las más de 60.000 hectáreas de bosque afectadas por los incendios de la última temporada en la Patagonia.
Hasta el momento, ni el gobierno salteño ni el nacional respondieron públicamente a la denuncia ni informaron si el desmonte frenado en Orán contaba con autorización. Mientras tanto, la acción de Greenpeace vuelve a poner en el centro del debate a una ley que, a casi dos décadas de su sanción, enfrenta un nuevo intento de reforma.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae; Diario Página/12; Portal Flipr; Prensa Mercosur; Portal Economía Sustentable

Chubut ya plantó más de 130 mil árboles nativos para recuperar los bosques arrasados por el fuego

El programa provincial de restauración avanza en cinco reservas de la cordillera y prevé duplicar la producción del vivero de especies nativas de El Maitén, tras una temporada de incendios que quemó más de 60.000 hectáreas de bosque en la provincia.

Chubut ya plantó más de 130.000 árboles nativos en lo que va del año para recuperar los bosques de la cordillera afectados por los incendios forestales. Así lo informó el gobernador Ignacio Torres al presentar el avance del Programa Provincial de Restauración, que ejecuta la Secretaría de Bosques junto con comunidades locales y organizaciones ambientales, con el objetivo de recuperar los ecosistemas dañados, preservar la biodiversidad y fortalecer la conservación de las áreas protegidas.
Las plantaciones se realizaron en distintos puntos de la cordillera chubutense: la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida. “Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar algo que es patrimonio de todos los argentinos”, afirmó Torres, quien destacó que la recuperación del bosque nativo exige un trabajo sostenido entre el Estado y las comunidades.

Una temporada devastadora
El esfuerzo responde a una de las peores temporadas de fuego que se recuerden en la región. Según un relevamiento de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos, de las cuales 60.304 correspondieron a Chubut, casi la totalidad del total regional. La organización cuestionó además el ajuste en las políticas nacionales de manejo del fuego. “El gobierno redujo los fondos para combatir los incendios forestales y la deforestación ilegal”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de su campaña de bosques.

Llegar a los lugares más remotos
Una de las intervenciones más complejas se realizó en la Reserva Provincial Río Turbio, donde se trabajó sobre 20 hectáreas en la margen sur del arroyo Jara. Como el acceso por tierra exige una caminata de unos 30 kilómetros por bosque cerrado durante dos jornadas, los plantines fueron trasladados en helicóptero. Allí se plantaron más de 20.000 coihues, producidos en el vivero provincial y llegados en abril, unos cuatro meses después del último incendio, en un área golpeada por el fuego en 2015 y en diciembre de 2025, en una tarea en la que participaron pobladores locales y técnicos forestales.
Los ejemplares se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera de manera natural, aprovechando los troncos quemados y los arbustos sobrevivientes como protección frente al viento y la radiación solar. Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtieron que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo.

Un vivero que duplicará su producción
La clave del programa está en la producción de plantas. El Vivero Forestal Lemu, ubicado en El Maitén, a la vera de la Ruta Provincial 70, fue inaugurado en abril de 2025 como el primer vivero provincial dedicado exclusivamente a especies nativas para restaurar áreas degradadas por el fuego. Hoy tiene capacidad para producir unos 70.000 plantines, y la provincia planifica una ampliación que permitiría duplicar esa cifra, hasta unos 140.000, para la próxima primavera. El vivero se construyó con financiamiento del proyecto ProCLIM-AR y un convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Cooperación internacional
ProCLIM-AR es un proyecto enmarcado en un acuerdo de cooperación bilateral entre la Argentina y Alemania, financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del gobierno alemán. Lo implementa un consorcio integrado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la agencia alemana GIZ, con la participación del programa ReforestArg. La planificación de las acciones se articula, además, en la Mesa Multisectorial de Restauración, que reúne a las organizaciones involucradas en la recuperación de los bosques de la cordillera.

Resultados a mediano plazo
Los responsables del programa aclaran que los resultados se verán a mediano plazo, a medida que crezcan las especies plantadas y los ecosistemas comiencen a recuperarse de manera progresiva. Frente a la magnitud de la superficie afectada, la combinación de prevención de incendios, producción de plantines nativos y participación de las comunidades es la apuesta provincial para que los bosques andino-patagónicos vuelvan a cubrir, con el paso de los años, las laderas que el fuego arrasó.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Patagónico; abcDiario; Portal ADNSUR; Canal 4 Esquel

Fin de la zafra: Tucumán y Santiago del Estero refuerzan los controles sobre la cuenca Salí-Dulce

Ambas provincias coordinan el monitoreo de los ríos que desembocan en el embalse de Río Hondo y Tucumán intensificó las inspecciones en los ingenios azucareros, con el antecedente de la mortandad masiva de peces de 2023.

Con el cierre de la zafra azucarera, Tucumán y Santiago del Estero reforzaron los controles ambientales sobre la cuenca Salí-Dulce, el sistema de ríos que desemboca en el embalse de Río Hondo y que durante décadas sufrió el impacto de los efluentes de la industria sucroalcoholera. El subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Facundo Moreno Majnach, y el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, se reunieron para intercambiar información sobre la temporada y coordinar las acciones de monitoreo.
Ambos coincidieron en la necesidad de sostener los controles sobre los afluentes de la cuenca, sobre todo durante la actividad de los ingenios, con el objetivo de “prevenir posibles impactos en los recursos hídricos que desembocan en el embalse de Río Hondo”, según informó el gobierno tucumano. El trabajo se enmarca en el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, con la participación de su Grupo de Gestión en Tiempo Real y del Grupo de Mediciones en Embalse, y en un acuerdo de cooperación entre ambas provincias.

Inspecciones en los ingenios
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental tucumana, dependiente de la Secretaría de Producción, intensificó durante la última semana las inspecciones en establecimientos industriales, con foco en los ingenios azucareros. Los controles incluyeron tomas de muestras, la verificación de la gestión de efluentes y del funcionamiento de las plantas de tratamiento, y la revisión del manejo de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Las autoridades no informaron cuántos establecimientos fueron inspeccionados ni los resultados de las muestras.
Según el gobierno provincial, el monitoreo de las aguas superficiales en distintos tramos de la cuenca se realiza de manera permanente desde 2009, a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, y se intensifica durante la zafra.

Una temporada atípica
La campaña de este año estuvo marcada por el clima. En algunos sectores de Tucumán se acumularon entre 800 y 1.000 milímetros de lluvia, lo que obligó a frenar temporalmente la molienda de entre ocho y nueve ingenios durante algunas semanas y elevó los caudales de los ríos por encima de los del año anterior. En ese contexto, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de que la vinaza y las cenizas, los principales residuos de la producción de azúcar y alcohol, terminen en los cursos de agua, en especial si se disponen en terrenos que no están en condiciones de recibirlos. La Dirección de Fiscalización vinculó también el refuerzo de los controles con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
A comienzos de septiembre, el balance oficial era positivo. “No hemos tenido ningún episodio significativo”, afirmó entonces Moreno Majnach, mientras que Escobar Correa señaló que el embalse presentaba un buen nivel de oxígeno.

Una deuda ambiental histórica
La vigilancia tiene una razón. La cuenca Salí-Dulce y el embalse de Río Hondo, uno de los principales destinos turísticos de Santiago del Estero, fueron escenario de reiterados episodios de contaminación vinculados a los desechos de la industria azucarera. En noviembre de 2023, millones de peces aparecieron muertos a lo largo de unos 14 kilómetros de costa en la desembocadura del río Salí en el embalse. “Son millones, kilómetros y kilómetros de peces muertos”, describió entonces un pescador de la zona.
En aquella oportunidad, el gobierno tucumano descartó la contaminación por vinaza y atribuyó la mortandad a la sequía y la falta de oxígeno por el bajo caudal, mientras que los pescadores apuntaron contra los ingenios. Santiago del Estero se presentó como querellante en una denuncia penal ante la Justicia federal, y las dos provincias realizaron investigaciones en paralelo.
Ese antecedente explica por qué el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones resulta clave. La salud del embalse no depende solo de lo que ocurre en sus orillas, sino de lo que llega aguas arriba, desde los ríos tucumanos que atraviesan una de las principales regiones azucareras del país. Con el fin de la zafra y la llegada de la temporada de lluvias, los controles sobre los afluentes seguirán siendo la principal herramienta para evitar nuevos episodios.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero 
Fuentes Consultadas: Portal El Tucumano; Portal Info del Estero; Diario La Nación

Ley de Glaciares: La Pampa le pidió a la Corte Suprema que suspenda la reforma

La provincia reclama que se mantenga la protección de la Ley 26.639 mientras se resuelve la causa, por el riesgo para las cuencas del Colorado y el Atuel, en un escenario judicial en el que todavía no hay definiciones de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.

La provincia de La Pampa le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda los efectos de la nueva Ley de Glaciares, la Ley 27.804. También solicitó que mantenga vigente el régimen de protección de la Ley 26.639 hasta que se resuelva la causa que cuestiona la reforma. Como alternativa, pidió que al menos se suspenda la aplicación de la nueva norma en las actividades que puedan afectar glaciares, el ambiente periglacial y los sistemas hídricos interjurisdiccionales con incidencia directa sobre el territorio pampeano.
La presentación lleva la firma del gobernador Sergio Ziliotto y de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y la acompañan la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, apoderado de la provincia, informó sobre el escrito.

Por qué La Pampa reclama
El planteo pampeano parte de una premisa: los glaciares y el ambiente periglacial regulan los recursos hídricos, y el daño que se produzca en una provincia puede extenderse más allá de sus límites. La Pampa, ubicada aguas abajo, advierte sobre los riesgos para las cuencas de los ríos Colorado y Atuel y para la subcuenca del Salado-Chadileuvú-Curacó, que dependen del agua que nace en la cordillera.
El escrito sostiene que el régimen anterior fijaba prohibiciones legales específicas para actividades potencialmente dañinas, mientras que la reforma traslada las decisiones a evaluaciones técnico-científicas y a las autoridades de cada jurisdicción. Para los demandantes, “una evaluación de impacto ambiental no equivale a una prohibición legal”. Además, invocan los principios de prevención, precaución y no regresión. Argumentan también que el dominio provincial sobre los recursos naturales no puede interpretarse de forma aislada cuando las decisiones de un territorio afectan a otros.

Qué cambió con la reforma
El Congreso sancionó la reforma el 8 de abril, tras su aprobación en Diputados por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y el Poder Ejecutivo la promulgó el 24 de abril. Estos son sus cambios principales:
- cada provincia puede definir qué glaciares y ambientes periglaciares quedan protegidos;
- la protección estricta de los glaciares de escombros y las zonas periglaciares queda limitada a aquellos con una función hídrica comprobada o relevante;
- las prohibiciones generales se reemplazan por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso;
- el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) pierde su rol central en la identificación de glaciares y conserva una función de registro.
El Gobierno nacional defendió la reforma como una forma de ordenar el marco legal, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental. Según la Oficina del Presidente, los glaciares con funciones hídricas siguen protegidos y la minería podrá avanzar en terrenos mal catalogados como glaciares. “El cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”, sostuvo.

Una batalla judicial abierta
La provincia ya había presentado en abril un amparo ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. En mayo, el juez Juan José Baric rechazó la cautelar que pedía suspender la ley en todo el país. Consideró que suspender una norma del Congreso es una decisión excepcional y que “no se acreditó un daño ambiental concreto e inminente”. Aun así, habilitó el amparo y ordenó al Estado nacional presentar un informe.
En el mismo juzgado tramita la demanda colectiva impulsada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que reunió más de 850.000 adhesiones. El 8 de octubre, el juzgado se declaró competente, pero las organizaciones denunciaron que la causa sigue sin avances sustanciales. “Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron”, señalaron. Entre sus pedidos figura evitar que el glaciar GE110, incluido en el Inventario Nacional y ubicado en la zona del proyecto minero Vicuña, en San Juan, sea retirado del registro.
El caso pampeano no es el único: en abril, un juzgado federal suspendió la aplicación de la reforma en Santa Cruz, a pedido del Concejo Deliberante de El Calafate. Con la nueva presentación, La Pampa busca que sea el máximo tribunal el que defina, al menos de manera provisoria, si la protección de los glaciares vuelve a regirse por la ley de 2010.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
Provincia/Región: Nacional - La Pampa 
Fuentes Consultadas: La Arena; Infobae; El Cronista; Noticias RCN; Palabras del Derecho; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Gobierno de La Pampa; Oficina del Presidente

Golfo San Matías: Río Negro lanza una campaña científica para evaluar la recuperación de la merluza

El buque Mar Argentino recorrerá el golfo durante doce días para medir la merluza, la anchoíta y el langostino, cuatro años después de que la biomasa de merluza tocara su mínimo histórico en la región.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva campaña científica en el Golfo San Matías para evaluar si continúa la recuperación de la merluza, una especie que llegó a su peor nivel histórico en la región hace apenas cuatro años. La campaña REDE 2026 se desarrollará durante doce días de navegación continua a bordo del buque oceanográfico Mar Argentino. La provincia lo contrató al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y a bordo viajan investigadores del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS). Al finalizar, el buque arribará a Puerto del Este, en San Antonio Este.

La campaña tiene estos objetivos:
- conocer cómo evolucionó la biomasa de merluza y de otras especies comerciales;
- medir la supervivencia de los ejemplares juveniles, su estructura de tallas y su salud reproductiva;
- evaluar el impacto de las medidas de conservación aplicadas en los últimos años.
Con esos datos, la provincia ajustará la regulación pesquera de las próximas temporadas.

De la crisis a la recuperación
La campaña llega después de años críticos. En 2022, la biomasa de merluza en el golfo alcanzó el nivel más bajo de toda la serie histórica registrada en la región. Al año siguiente, Río Negro declaró la emergencia pesquera y aplicó medidas restrictivas sobre la actividad, que fueron ratificadas en sucesivas prórrogas. “La emergencia no es solo ambiental”, había explicado el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, al defender la herramienta como un modo de sostener también el trabajo del sector.
Los resultados empezaron a verse en la campaña de 2024, que estimó una biomasa de 25.706 toneladas, con un aumento del 120,3% respecto de noviembre de 2022 según los informes técnicos provinciales. Aun así, ese valor equivalía apenas a la mitad de los registros históricos de referencia. Aquel relevamiento detectó además una gran presencia de juveniles, una señal alentadora cuya evolución es ahora uno de los focos del nuevo estudio. En junio de 2025, al prorrogar la emergencia, la provincia fijó un cupo total de captura de merluza de 3.000 toneladas por un año para el sector industrial y renovó los permisos de la pesca artesanal.

Qué se medirá
Además de la merluza, la campaña relevará las poblaciones de anchoíta y de langostino patagónico, dos recursos clave para la economía pesquera del golfo. El equipo también tomará mediciones oceanográficas de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes, para relacionar el estado de las especies con las condiciones del ambiente marino.
El subsecretario de Pesca y Producción Acuícola, Gustavo Gualtieri, coordinador técnico de la campaña, explicó que se medirán la abundancia, la distribución, los tamaños y las condiciones reproductivas de las especies. Según el funcionario, los resultados servirán para establecer “cuánto y cómo se puede pescar sin comprometer la recuperación de las poblaciones”.
La propuesta apunta a construir una serie de datos interanual y no una fotografía puntual del golfo. Sobre esa base, la provincia, el CIMAS y el Consejo Federal de Inversiones elaboran planes de manejo consensuados con los sectores artesanal e industrial.

Pesca y comunidades costeras
El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que el Golfo San Matías es uno de los recursos naturales más valiosos de la provincia y que “tenemos la absoluta responsabilidad de cuidarlo”. Banacloy, por su parte, destacó el peso de la pesca para las comunidades costeras. En ese marco, el Gobierno anunció una inversión de 220.000 dólares para equipar con maquinaria de congelado y cámaras de almacenamiento la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste.

Un golfo bajo la lupa
La campaña se suma a otras decisiones que ponen al Golfo San Matías en el centro de la agenda ambiental rionegrina. A fines de octubre, la Legislatura sancionó la ley que crea el Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes, de unos 2.733 kilómetros cuadrados en el noreste del golfo. Al mismo tiempo, la costa enfrenta el debate por los proyectos hidrocarburíferos vinculados al oleoducto Vaca Muerta Sur. En ese contexto, contar con información científica sobre el estado de los recursos pesqueros será clave para equilibrar la conservación con la actividad económica.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Patagoniambiental; Diario Río Negro; ANB; Gobierno de Río Negro; CIMAS; INIDEP.

Santa Fe: detectan microplásticos y metales en granizo caído en Funes, en un estudio preliminar

Tres laboratorios independientes hallaron partículas plásticas y una variedad de metales en muestras de una granizada de 2025, aunque todavía se desconocen sus concentraciones y su origen, y los especialistas piden cautela ante las especulaciones sobre siembra de nubes.

Un análisis de muestras de granizo recolectadas en Funes, en el departamento Rosario de la provincia de Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos y de una variedad de metales y otros elementos químicos. El material corresponde a una fuerte granizada ocurrida en abril de 2025. Los resultados, todavía preliminares, comenzaron a difundirse a fines de septiembre en medios santafesinos y reavivaron el debate sobre la contaminación atmosférica y su llegada a través de las precipitaciones.
El estudio surgió a partir de una observación de productores de la zona, que aseguraron que algunas piedras de granizo tardaron entre 24 y 48 horas en derretirse por completo, aun con temperaturas de hasta 27 grados. A partir de esos testimonios, las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes, dos de Rosario y uno de Córdoba, cuyos nombres no fueron informados.

Qué se encontró
Además de microplásticos, los análisis identificaron calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc. Sin embargo, no se informaron:
- las concentraciones de cada elemento;
- la cantidad o el tipo de partículas plásticas;
- la metodología empleada.
Los resultados tampoco fueron publicados en una revista científica con revisión de pares.
El epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, que participó en la logística del envío de las muestras, sostuvo que se trata de una investigación incipiente y que es necesario profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado. También planteó que algunos de los elementos detectados podrían haber actuado como núcleos de formación de hielo, aunque aclaró que eso no demuestra que haya existido una siembra de nubes.

La sospecha de la siembra de nubes
La presencia de plata y de yodo alimentó especulaciones sobre una posible intervención artificial, ya que el yoduro de plata es una de las sustancias que se utilizan en técnicas de modificación del tiempo. Pero los especialistas advierten que encontrar metales o plásticos en una muestra no indica cómo llegaron allí ni en qué cantidad. Además, una partícula capaz de actuar como núcleo de hielo puede tener origen natural o humano sin que eso implique una intervención deliberada. Hasta el momento no se conocieron pronunciamientos oficiales sobre el caso.
Para respaldar cualquier hipótesis, los propios impulsores del análisis señalan que harían falta:
- nuevas muestras y la determinación de concentraciones;
- datos meteorológicos del momento de la tormenta y el estudio de las trayectorias de las masas de aire;
- la comparación con muestras de referencia;
- el monitoreo de aire, agua, suelo y otras precipitaciones.

Plásticos que viajan por el aire
Más allá de las incógnitas del caso de Funes, la ciencia ya documentó que los microplásticos pueden permanecer suspendidos en la atmósfera, viajar grandes distancias con las corrientes de aire y regresar al suelo con la lluvia, la nieve o el granizo. Un estudio publicado en enero de 2026 en la revista Nature identificó entre sus principales fuentes atmosféricas el desgaste de neumáticos y frenos, la actividad industrial, los suelos y los residuos plásticos. Otras fuentes posibles son el tránsito, la combustión, las actividades agrícolas y el polvo transportado desde otras regiones.
Las partículas pueden incluso participar en la formación de las precipitaciones. Una investigación publicada en noviembre de 2024 en Nature Communications demostró en laboratorio que ciertos microplásticos, como el polietileno, pueden favorecer la formación de hielo en las nubes. Ese resultado, sin embargo, no prueba que el fenómeno haya ocurrido en Funes.
El hallazgo tampoco es inédito a nivel internacional: en 2019, científicos eslovenos detectaron microplásticos y fibras naturales en el núcleo de piedras de granizo de hasta 13 centímetros caídas en el valle del río Kolpa.

Una línea de investigación abierta
Por ahora, el caso santafesino es un primer registro que no permite determinar el origen de las partículas ni su relación con la tormenta. Aun así, pone sobre la mesa una pregunta relevante para una región agrícola como el sur santafesino: cuánta contaminación transporta la atmósfera y de qué manera llega, con cada tormenta, a los suelos y al agua.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Diario La Capital; Portal Economía Sustentable; Nature Communications.

Riachuelo: Nación deja de limpiar el río y la Provincia denuncia el abandono del saneamiento

El Gobierno nacional dejará de financiar la limpieza del cauce principal y la recolección de residuos en la ribera de cuatro municipios del sur del conurbano, mientras la Provincia advierte que ACUMAR fue vaciada y que debe afrontar la tarea con fondos propios.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo informó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su conferencia de prensa del lunes 2 de noviembre. Según Bianco, el Gobierno nacional comunicó la semana pasada que dejará de financiar la limpieza del cauce principal del río y la recolección de residuos en tramos de su ribera. Hasta ahora, esa tarea estaba a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La medida alcanza a las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y a 35 puntos de arrojo de basura en Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. De acuerdo con Bianco, esos servicios se prestaban a través de cooperativas mediante licitaciones. En 2025 no hubo nuevas convocatorias, pero se prorrogaron los contratos, y para 2026 la Nación anunció que no volverá a contratarlos.

Los arroyos, el primer recorte
No es el primer retiro. Hasta 2023, ACUMAR financiaba con cooperativas la limpieza del cauce principal y de unos 103 kilómetros de arroyos de la cuenca. Según el ministro, al inicio de la gestión de Javier Milei la Nación le comunicó a la Provincia: “De los arroyos no nos hacemos más cargo, que se haga cargo la Provincia”. Desde entonces, la Provincia sostiene esa tarea con fondos propios y hoy limpia 21 arroyos, más de 71 kilómetros, con diez cooperativas. “Nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó Bianco.

Un organismo sin recursos
El funcionario aportó cifras sobre el ajuste en ACUMAR, según datos de la Provincia:
- el presupuesto del organismo cayó un 58% en 2024 y un 61% en 2025 respecto de 2023, con una baja real del 74% en el último año;
- el presupuesto previsto para 2026 es un 65% inferior al de 2023;
- la planta de personal se redujo a la mitad, con unos 350 despidos;
- la ejecución de gastos de capital es prácticamente nula desde el cambio de gestión.
A esto se suma el proyecto de Presupuesto 2027. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los fondos para la cuenca serían un 91,5% menores en términos reales que los de 2023.
La Provincia enumeró las consecuencias. Hay obras paralizadas:
- la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, con un 51% de avance;
- el río subterráneo para llevar agua al sur de Quilmes, con un 70%;
- la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, con un 14%.
De las 17.771 viviendas previstas para relocalizar a familias que viven en la ribera, se entregaron 7.541 hasta 2023 y no se iniciaron nuevas. Tampoco registraron ejecución los programas de plan sanitario de emergencia, urbanización de barrios populares, desagües pluviales, control de la contaminación industrial y ordenamiento territorial. Además, se interrumpieron las evaluaciones de riesgo sanitario.
Bianco aseguró que la Provincia invirtió un 50% más que ACUMAR en la porción bonaerense de la cuenca. Entre esas obras están la tercera etapa del arroyo Dupuy, en La Matanza; el entubamiento del canal Rivadavia Sur, en Marcos Paz, con un 93% de avance, y el programa Completar, que busca terminar viviendas que quedaron inconclusas. Sin embargo, advirtió que asumir nuevas obligaciones sin recursos adicionales genera dificultades, y vinculó el retiro nacional con los riesgos de inundaciones que podría traer El Niño.

Una deuda ambiental de dos décadas
La cuenca Matanza-Riachuelo es objeto de una de las causas ambientales más emblemáticas de la Argentina. En 2008, en la causa Mendoza, la Corte Suprema condenó al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a sanear el río. ACUMAR quedó a cargo de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. En octubre de 2024, el máximo tribunal dio por concluida su supervisión, al considerar que los objetivos institucionales de su fallo estaban cumplidos, y dejó en manos del organismo la responsabilidad de cumplir el plan.
Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni ACUMAR respondieron públicamente a las críticas de la Provincia, y tampoco se informó cómo se reorganizarán las tareas que dejarán de financiarse. Mientras tanto, los municipios ribereños del sur del conurbano quedan a la espera de saber quién se hará cargo de la limpieza del río.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: El Diario Sur; Portal InfoRegión; Portal ImpulsoBaires; Grupo La Provincia; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; ACUMAR; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Biocombustibles: el freno en Diputados golpea al etanol de maíz y deja a Córdoba como rehén

Aunque el capítulo del bioetanol tiene consenso, la disputa entre pymes y aceiteras por el biodiésel paraliza toda la reforma, que podría pasar a 2027 y frena una expansión de hasta 600.000 metros cúbicos para la industria cordobesa.

El freno a la reforma de la ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados tiene un perjudicado principal: la industria del etanol de maíz y, con ella, la provincia de Córdoba. El capítulo del bioetanol no genera controversias, pero la ley es una sola. Mientras no se resuelva la disputa dentro del sector del biodiésel, tampoco avanzará la suba del corte de etanol en las naftas. Si no hay acuerdo este mes, el proyecto podría pasar a sesiones extraordinarias o incluso a 2027.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich y aprobada por el Senado en septiembre, eleva el corte de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. El de bioetanol en las naftas pasa del 12% al 15%, con un 6% garantizado para el etanol de caña y otro 6% para el de maíz. También elimina los cupos discrecionales por empresa y los precios fijados por resolución, y los reemplaza por un mercado electrónico con subastas mensuales y contratos a término.

La pelea del biodiésel
El conflicto enfrenta a las grandes aceiteras integradas, que hasta ahora producían para exportar, con las pymes no integradas que abastecen el mercado interno, radicadas sobre todo en Buenos Aires y La Pampa. El proyecto prevé que, a partir del año de su entrada en vigencia, ambos sectores compartan el mercado: 6,5% del corte para las pymes y 3,5% para las grandes. Esa proporción se invertiría de forma gradual hasta fines de 2035, cuando las pymes quedarían con el 4% y las integradas con el 6%. Las pequeñas se resisten a pasar de abastecer el 7,5% del gasoil a solo el 4% en diez años.
En la disputa pesa el Grupo Bahía Energía, del empresario Juan Carlos Bojanich. Según la información difundida, controla al menos seis pymes aceiteras que en los últimos meses habrían abastecido casi el 30% del biodiésel del mercado interno.
Para destrabar el conflicto, el diputado Cristian Ritondo, del PRO, propuso llevar el corte de biodiésel al 11% y asignar ese punto extra a las pymes, además de extender su cuota hasta 2038. El oficialismo, sin embargo, rechaza modificar el texto del Senado. Las refinadoras, por su parte, consideran el 10% como un punto de equilibrio y como “un techo por razones de calidad”.

Córdoba, rehén de una disputa ajena
“Un lobby chiquito que no va a traer nuevas inversiones” traba el desarrollo de sectores potentes, se quejó Manuel Ron, presidente de la planta cordobesa Bio4. El etanol de maíz es el que más tiene por crecer con la nueva ley. Víctor Accastello, vicepresidente ejecutivo de AcaBio, estimó que hay entre 500.000 y 600.000 metros cúbicos adicionales por sumar en un horizonte de cinco a siete años. Su cálculo se apoya en cuatro factores:
- pasar del corte actual estimado del 13,5% al 15% obligatorio, lo que sumaría unos 150.000 metros cúbicos;
- los cortes voluntarios superiores que la ley habilita a las provincias, un camino que Córdoba ya decidió recorrer;
- el crecimiento del parque automotor;
- las exportaciones a Brasil y Chile.
Ese volumen requeriría entre cuatro y cinco plantas nuevas o ampliaciones de las existentes, y unos 1,25 millones de toneladas adicionales de maíz. Según la Bolsa de Cereales provincial, Córdoba cosechó 26 millones de toneladas en la última campaña y exporta la mayor parte en grano, así que tiene margen para agregar valor: además del combustible, de las plantas salen burlanda para alimento animal y aceite de maíz.
Hoy, las petroleras ya pueden llevar voluntariamente el corte del 12% al 15%, y ese excedente lo aportan las plantas cordobesas Bio4, AcaBio y Promaíz. Pero, según Juan Cano, gerente general de Promaíz, ese cupo voluntario se paga a un precio menor que el fijado por la Secretaría de Energía.

La transición energética en juego
El debate excede a Córdoba. Mientras la ley se demora, YPF anunció inversiones por más de 400 millones de dólares para reconvertir su refinería de San Lorenzo, en Santa Fe. Allí, junto con otras empresas, prevé producir unas 170.000 toneladas anuales de combustible sostenible de aviación y diésel renovable. Desde una mirada ambiental, el especialista Claudio Molina advirtió que un corte de biodiésel del 10% resulta insuficiente para reducir de manera significativa las emisiones del transporte.
En el sector del etanol todavía circula una alternativa: aprobar primero en Diputados el capítulo del bioetanol y seguir debatiendo el del biodiésel. Pero con el proyecto ya en tratamiento, varios actores la ven difícil y temen que se repita la frustración de 2025.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Fuentes Consultadas: Diario Página/12; Diario La Nación; Diario Infobae; Diario  El Argentino Diario

Cambio climático: crece un 35% la costa argentina con condiciones para bacterias peligrosas

El décimo informe Lancet Countdown advierte que el calentamiento del agua y la menor salinidad de los estuarios ampliaron las zonas del litoral donde puede proliferar Vibrio, aunque todavía no se registraron casos de la llamada bacteria come carne en el país.

El calentamiento del mar está ampliando las zonas del litoral argentino donde pueden proliferar bacterias peligrosas para la salud humana. Según el décimo informe del Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, la extensión de la costa argentina con condiciones ambientales favorables para la transmisión de bacterias del género Vibrio aumentó un 35% en comparación con el período 1982-1991.
El estudio vincula ese avance con el aumento de la temperatura del agua y con la menor salinidad de los estuarios, las zonas donde los ríos se encuentran con el mar. “Se reproducen en aguas de salinidad baja y relativamente cálidas”, explicó la directora ejecutiva del Lancet Countdown, Marina Romanello.

Qué son las bacterias Vibrio
El indicador considera dos tipos de bacterias:
- Vibrio vulnificus, conocida popularmente como bacteria come carne por su capacidad de provocar infecciones graves en los tejidos;
- cepas no toxigénicas de Vibrio cholerae, que deben distinguirse de las variantes responsables de las epidemias de cólera.
Las infecciones pueden producirse cuando una herida entra en contacto con agua contaminada o, según el tipo de bacteria, por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Sus síntomas van desde trastornos gastrointestinales hasta complicaciones severas.
Los especialistas aclaran que el 35% mide la superficie costera con condiciones aptas para estas bacterias y no un aumento equivalente de infecciones confirmadas. Según Romanello, hasta el momento no se registraron casos de infección por Vibrio vulnificus en la costa argentina, aunque sí hay antecedentes en Uruguay. Tampoco se identificaron brotes ni condiciones peligrosas comprobadas en las playas bonaerenses, aunque la advertencia cobra relevancia con la llegada de la temporada de verano.

El Río de la Plata, en la mira
La zona de mayor interés es la desembocadura del Río de la Plata en el mar Argentino, un gran estuario de baja salinidad. Sus aguas todavía son relativamente frías, pero con el calentamiento podrían volverse más favorables para la transmisión. A eso se suma el efecto de las crecidas: con el cambio climático “vemos más descarga de los ríos, por lo que esos estuarios se agrandan”, advirtió Romanello. La especialista consideró que las crecidas del Paraná y del Uruguay ya constituyen un problema de salud pública.
Por eso, los investigadores recomiendan:
- reforzar la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de las zonas costeras, con especial atención en los estuarios;
- fortalecer las estrategias de prevención;
- incorporar la salud pública en las políticas de protección del litoral.
La comparación con la década de 1982-1991 permite distinguir las tendencias de largo plazo de las variaciones naturales entre un año y otro.

Un informe global con señales de alarma
El dato argentino forma parte de un diagnóstico más amplio. El informe, coordinado por el University College de Londres en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, concluye que los riesgos sanitarios asociados al cambio climático crecieron más rápido entre 2016 y 2025 que en la década anterior. La media anual de muertes relacionadas con el calor aumentó casi un 36% tras la adopción del Acuerdo de París. En 2023 se registró un récord de 710.000 muertes vinculadas a las altas temperaturas, más del 70% atribuibles al calentamiento global.
El estudio también advierte sobre la expansión de mosquitos, garrapatas y otros vectores de enfermedades, impulsada por los cambios de temperatura, precipitaciones y humedad. Señala además los efectos físicos y psicológicos de inundaciones, olas de calor e incendios. En 2025, más de la mitad de la superficie terrestre sufrió sequías extremas durante al menos un mes.
Frente a ese panorama, los autores proponen que la OMS trate el cambio climático como una emergencia sanitaria mundial, con un mecanismo similar al que utiliza para las pandemias. “Lo que falta no son pruebas, sino la voluntad política para actuar”, resumió Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y presidenta del consejo del Lancet Countdown.
Para Romanello, el caso de las bacterias muestra que, cuando se habla de cambio climático, no se habla solo del clima: los cambios en el mar, los ríos y los ecosistemas también modifican los riesgos para la salud de las comunidades costeras.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: TN; Portal Elonce; Portal Faro Noticias; Agencia EFE Verde

Tiene cuernos y se llama Loki: identifican 57 especies nuevas en el cañón submarino de Mar del Plata

Un pepino de mar con apéndices que parecen cuernos encabeza los hallazgos de la campaña Talud Continental IV del CONICET, que ya suma 57 especies y cinco géneros nuevos para la ciencia y prepara una nueva expedición frente a Chubut.

Tiene dos apéndices que parecen cuernos, vive a 2.577 metros de profundidad y fue bautizado Loki, como el dios embaucador de la mitología nórdica. Este pepino de mar del género Peniagone es una de las 57 especies nuevas para la ciencia identificadas a partir de la campaña Talud Continental IV. La expedición del CONICET recorrió en 2025 el cañón submarino de Mar del Plata y se volvió un fenómeno de divulgación en todo el país.
Al cierre de la campaña, los científicos estimaban haber encontrado al menos 40 especies desconocidas. El análisis posterior elevó la cifra a 57 especies y cinco géneros nuevos. Los investigadores advierten que el número todavía puede crecer, porque gran parte del material recolectado aún no fue estudiado.

Un taller para ponerles nombre
El salto se produjo durante el Species Discovery Workshop, un taller realizado entre el 13 y el 24 de julio en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires. Lo organizaron The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census y el Schmidt Ocean Institute, con el apoyo del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN). Reunió a 20 taxónomos e investigadores jóvenes de América Latina y Europa, y la coordinación local estuvo a cargo de Martín Brogger y Valeria Teso, del CONICET.
El resultado se reparte en cuatro grandes grupos:
- 20 copépodos, pequeños crustáceos;
- 22 equinodermos, entre pepinos de mar y crinoideos;
- 14 cnidarios, entre octocorales, plumas de mar y corales pétreos;
- un escafópodo, un molusco con concha en forma de colmillo.
El caso de los copépodos es elocuente: solo se revisó el 10% de las muestras y todos los ejemplares analizados resultaron ser especies nuevas.
“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental”, afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el MACN y jefe científico de la campaña. Destacó que se trata de grupos con pocos especialistas activos en el mundo. Lauretta subrayó además que el CONICET reúne la mayor comunidad de taxónomos del país y que preservar esas capacidades es clave a futuro.

Loki y otros habitantes del abismo
Loki es uno de los hasta diez pepinos de mar nuevos identificados, y fue estudiado por los taxónomos Francisco Alonso Solís-Marín y Mariano Martínez. Entre los hallazgos destacados también figuran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de un intenso color naranja rojizo. En el grupo de los corales aparecieron además dos posibles géneros nuevos y hasta una posible familia nueva, que deberán confirmarse con análisis genéticos.
Estos organismos cumplen un papel clave en las profundidades: los corales y las plumas de mar forman estructuras que funcionan como hábitat para otras especies. “Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra”, señaló Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census. Los hallazgos se registraron en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto con datos sobre especies marinas recién descubiertas. Los ejemplares quedarán en colecciones argentinas como la del MACN.

La expedición que miró todo el país
La campaña se realizó entre julio y agosto de 2025 a bordo del buque de investigación Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, con el vehículo operado a distancia SuBastian, que descendió hasta 3.900 metros. El cañón de Mar del Plata supera los 3.500 metros de profundidad, casi el doble que el Gran Cañón del Colorado, y se ubica en la zona de la confluencia entre las corrientes de Brasil y de Malvinas. Durante 21 días, la transmisión en vivo llegó a más de cuatro millones de personas y sumó unas 22 millones de visualizaciones. Jyotika Virmani, directora ejecutiva del instituto, destacó que la expedición cautivó la imaginación del público.
Además, se volvieron a examinar ejemplares de las campañas Talud Continental I a III, realizadas en 2012 y 2013.

Próximo destino: frente a Chubut
La exploración continuará entre febrero y marzo de 2027 con Talud Continental V. La campaña recorrerá los cañones Ameghino y Almirante Brown, a unos 600 kilómetros de la costa de Chubut, una zona poco explorada y con presencia de ecosistemas marinos vulnerables. Participarán 19 científicos de institutos del CONICET, universidades nacionales y la Prefectura Naval Argentina, y la campaña volverá a transmitirse en vivo.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Revista Ocean News & Technology; CONICET; Schmidt Ocean Institute; The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census; Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Caza ilegal en La Pampa: multas de hasta 5,6 millones de pesos e inhabilitaciones para reincidentes

La Subsecretaría de Asuntos Agrarios sancionó a nuevos infractores de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, en una política de multas crecientes que la provincia aplica durante todo el año contra la caza furtiva.

El Gobierno de La Pampa aplicó nuevas multas millonarias por infracciones a la Ley N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre. Según las resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios dadas a conocer a fines de octubre, dos infractores reincidentes deberán pagar 5.650.000 pesos cada uno, el monto más alto de esta tanda de sanciones. Uno de ellos quedó además inhabilitado de forma absoluta para cualquier actividad vinculada a los usos que permite la normativa de fauna hasta el 31 de diciembre de 2027. Un tercer sancionado deberá depositar 1.025.800 pesos en la cuenta de Rentas Generales a nombre de la Dirección General de Recursos Naturales.
Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que se intensificarán los controles en las zonas rurales y advirtieron que aplicarán “todo el peso de la ley sobre quienes atentan contra la fauna local”.

Una política sostenida de sanciones
Las multas de octubre no son un hecho aislado. A lo largo de 2026, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, a cargo de Ricardo Baraldi, publicó en el Boletín Oficial varias tandas de sanciones contra decenas de infractores:
- Abril: las multas principales llegaron a 2.260.000 pesos, con inhabilitaciones hasta fines de 2026. Incluyeron casos de responsabilidad solidaria de adultos por infracciones cometidas por menores.
- Julio: el máximo trepó a 5.650.000 pesos para un reincidente sancionado por cazar sin permiso y transportar una jauría sin cumplir los requisitos. Hubo otras multas de entre 900.000 y 4,5 millones de pesos.
Las faltas más frecuentes son:
- la caza sin permiso;
- la caza o el transporte de animales y sus derivados fuera de temporada;
- el traslado irregular de jaurías sin medidas de seguridad como bozales o jaulas cerradas;
- la pesca sin licencia.
También se sancionó la tenencia, sin documentación de origen, de animales vivos o productos de especies en peligro o en situación rara o vulnerable, en propiedades privadas, acopios, depósitos o comercios, e incluso la instigación a infringir la ley mediante publicaciones.

Cómo se calculan las multas
El régimen pampeano utiliza un sistema de días multa que se actualiza automáticamente: cada día equivale al valor de 20 litros de gasoil, según el precio que fija la autoridad de aplicación. De acuerdo con el decreto reglamentario de la ley:
- las infracciones leves se sancionan con entre 1 y 20 días multa;
- las graves, con entre 21 y 100;
- las muy graves, con entre 101 y 500.
La reincidencia agrava las penas, y la ley habilita inhabilitaciones de uno a cinco años para las faltas graves.
Los sancionados tienen diez días hábiles para pagar, y en varios casos deben constituir domicilio legal en Santa Rosa para continuar el trámite administrativo. Muchos de ellos, además, siguen vinculados a causas judiciales por tenencia ilegal de armas o delitos ambientales.

Operativos en el campo
Las sanciones se apoyan en el trabajo de la Policía de La Pampa a través de Seguridad Rural. En procedimientos realizados en zonas como El Durazno y Victorica se secuestraron armas, astas, cueros, trofeos y especies exóticas embalsamadas, entre ellas felinos. En marzo, al comienzo de la temporada de brama del ciervo colorado, el Ministerio de Seguridad y Justicia lanzó además un operativo especial de prevención. Incluyó drones con visión térmica, cámaras tácticas de largo alcance y patrullajes permanentes en caminos rurales, con epicentro en la Reserva Provincial Parque Luro.

Una provincia de caza
El control tiene un peso especial en La Pampa, uno de los principales destinos de caza deportiva del país. La provincia concentra alrededor del 40% de los trofeos de caza del país, y las especies habilitadas más cazadas son el ciervo colorado y el jabalí, ambos exóticos. En 2024, “se emitieron más de 11.000 permisos de caza”, según informó entonces Federico Pelizzari, subdirector de Fauna Silvestre provincial. Ese año llegaron más de 1.200 cazadores extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Brasil y Uruguay.
En ese contexto, la caza furtiva aparece como un problema creciente que combina impacto ambiental y riesgos para la seguridad rural, y que se vincula con redes de comercio ilegal de fauna. Con las sanciones, la provincia busca frenar una práctica que amenaza su biodiversidad y promover una actividad rural legal y sostenible.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes Consultadas: Portal InfoPico; Diario La Arena; El Diario de La Pampa

Santiago del Estero: denuncian desmontes autorizados en territorio de la comunidad vilela El Tunal

Integrantes de la comunidad indígena, junto al MOCASE-VC y Greenpeace, denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó el desmonte de unas 200 hectáreas de monte nativo sin consulta previa, en tierras cuya ocupación tradicional reconoció el INAI.

La comunidad indígena El Tunal, del pueblo vilela, denunció que topadoras avanzan sobre el monte nativo de su territorio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), que acompaña a las familias, los trabajos cuentan con una autorización de la Dirección de Bosques provincial a favor de la firma Agropecuaria Tomay S.A., otorgada sin informar ni consultar previamente a la comunidad.
Greenpeace se sumó al reclamo y difundió el 19 de octubre que el desmonte ya había alcanzado una superficie considerable. “Las topadoras ya avanzaron sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo”, advirtió la organización. Pidió frenar los trabajos de inmediato y que la provincia proteja la vida de quienes defienden el monte. También envió una nota a la Dirección de Bosques y Fauna santiagueña y lanzó una campaña de firmas en defensa de los bosques nativos.

Un territorio reconocido por el Estado
El conflicto se da en tierras que el propio Estado nacional reconoció como de ocupación indígena. En 2019, El Tunal obtuvo su personería jurídica y quedó inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido, mediante la Resolución 95/2020, el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160. Ese relevamiento reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre unas 3.132 hectáreas georreferenciadas.
El relevamiento no equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero sí acredita la posesión ancestral de las familias. El MOCASE-VC sostiene, además, que la empresa beneficiada por la autorización no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.

De la topadora frenada al regreso de las máquinas
El reclamo lleva varias semanas. A fines de agosto, integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado en uno de los últimos sectores de monte nativo del territorio, y difundieron el hecho en redes sociales. Días después, según la denuncia, la maquinaria volvió con una orden atribuida a las autoridades provinciales de Bosques y con personas que custodiaban las tareas. El MOCASE-VC y Greenpeace denunciaron la presencia de personas armadas en la zona.
La organización campesina presentó reclamos ante organismos provinciales, la Policía y el INAI, y exigió la suspensión de los trabajos. “Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas”, reclamó el movimiento. Pidió además revisar los permisos, realizar estudios de impacto ambiental y llevar adelante la consulta pública que, según afirma, nunca se hizo.
No es la primera vez que el territorio queda bajo amenaza. En 2023 hubo denuncias por desmontes en el mismo sector, y las tareas se detuvieron tras los reclamos. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE ya habían denunciado el ingreso de policías y particulares, en una causa por presunta usurpación iniciada a partir de la denuncia de un empresario.

Lo que dice la ley
El caso pone en discusión el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos:
- su artículo 19 exige que los proyectos de desmonte reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras;
- su artículo 26 obliga a garantizar instancias de participación y consulta pública antes de autorizar el cambio de uso del suelo.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía legal en la Argentina a través de la Ley 24.071, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas que los afecten.
Según Greenpeace, la provincia no cumplió con esas exigencias al otorgar el permiso. Hasta el momento no se conocen respuestas públicas de la Dirección de Bosques ni de la empresa sobre las denuncias.

La provincia que más desmonta
El episodio ocurre en el distrito que encabeza la deforestación en el país. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, en 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, la cifra más alta de la Argentina. La pérdida de monte en el Gran Chaco no solo libera carbono y destruye hábitats: también empuja a comunidades indígenas y campesinas a defender con el cuerpo territorios de los que dependen para vivir.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal La Noticia Web; Diario Tiempo Argentino; Portal Reporte 24; Portal Economía Sustentable

Pesca: ONG lanzan un registro abierto de la flota y reclaman que el Estado publique sus datos

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reunieron en una plataforma pública los permisos, cuotas y sanciones de los barcos del Mar Argentino, mientras en Diputados sigue frenado un proyecto para abrir el registro oficial.

Dos organizaciones ambientales lanzaron registroflotapesquera.org, una base de datos abierta que reúne en un solo lugar información sobre la flota que opera en el Mar Argentino. La iniciativa es del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y de Sin Azul No Hay Verde (SANHV), y busca suplir un vacío: el país no tiene un registro nacional oficial, completo, actualizado y de libre acceso en línea sobre quién pesca y en qué condiciones.
La plataforma sistematiza datos sobre embarcaciones, propietarios y armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas asignadas y antecedentes de sanciones. Para construirla, las organizaciones presentaron múltiples pedidos de acceso a la información pública y ordenaron las respuestas. Según explicaron, gran parte de esos datos ya los administra la Subsecretaría de Pesca, pero hoy están fragmentados o son difíciles de consultar. Además, parte de la base quedó incompleta porque el Estado no entregó todo lo solicitado.

Una industria de exportación
El reclamo apunta a uno de los sectores exportadores más importantes del país. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.010 millones de dólares, el segundo mejor registro histórico, y los desembarques de este año marcan el nivel más alto de la última década. Juan Coustet, coordinador de SANHV, cuestionó que, aun así, nadie pueda saber con facilidad quién explota un recurso que es de todos los argentinos, con qué derechos y bajo qué condiciones.
Consuelo Bilbao, directora política del CPA, sostuvo que publicar esta información no implica solo ponerla a disposición de la ciudadanía, sino repartir la capacidad de control. Las organizaciones aclararon que la plataforma no pretende reemplazar a los organismos públicos ni asumir tareas de fiscalización. Su objetivo es demostrar que los datos pueden reunirse y difundirse de forma accesible, y empujar la creación de un registro oficial.

El proyecto que espera en Diputados
La base de datos se presenta como respaldo de un proyecto de ley concreto. El expediente 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que creó el Registro de la Pesca. La reforma busca que su contenido sea público, se difunda en formatos abiertos y se actualice periódicamente. “El Registro de la Pesca ya existe”, resumió Bilbao: la iniciativa no exige crear nuevas bases de datos, sino publicar lo que el Estado ya recopila.
Según el texto del proyecto, el registro debería incluir como mínimo:
- los datos técnicos y de titularidad de cada barco;
- los permisos y las cuotas individuales transferibles de captura, con sus cambios;
- la situación administrativa de cada embarcación;
- las sanciones firmes.
La información se publicaría en un sitio oficial gratuito, con actualización al menos mensual. Cualquier reserva por secreto comercial o datos personales tendría que ser excepcional y fundada. El Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla.
Los fundamentos invocan la Ley 27.275 de acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú, que obligan a difundir de manera proactiva la información ambiental.
Sin embargo, la iniciativa no avanza. En septiembre, durante un conversatorio en el Senado, las organizaciones denunciaron que la comisión de Diputados a cargo del tema no le había dado tratamiento. Se trata de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por César Treffinger (La Libertad Avanza). Ferraro planteó entonces: “Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene”.

Nueve de cada diez viajes, sin control a bordo
La opacidad se extiende a la fiscalización. Un informe previo de las mismas organizaciones, titulado El mar como caja negra, aporta estos datos:
- la cobertura de inspectores embarcados cayó del 20% al 15% de los viajes entre 2023 y 2026;
- hay 64 inspectores para más de 7.400 mareas, y casi nueve de cada diez viajes se realizan sin control a bordo;
- en la pesca de calamar Illex, el principal producto exportado en volumen en 2025, la cobertura es del 9%;
- la normativa exige inspector en los buques de 33 metros de eslora o más, pero esa obligación nunca se cumplió en más del 56% de los casos.

La excepción regional
El argumento central de las organizaciones es comparativo. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay ya cuentan con sistemas digitales abiertos para consultar los datos de sus flotas, y los fundamentos del proyecto suman a México, Panamá y Guatemala. En ese mapa, la Argentina aparece como la excepción entre los países pesqueros de la región.
Para los impulsores, abrir el registro reduciría la discrecionalidad en la asignación de permisos y cuotas, ayudaría a prevenir conflictos de interés y facilitaría el control ciudadano sobre un recurso cuya sostenibilidad depende de saber quién captura qué.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Noticias Ambientales; Economía Sustentable; Red del Conurbano; ADNSUR; EcoNews; Mercado; Honorable Cámara de Diputados de la Nación (proyecto 2585-D-2026); Ley Federal de Pesca 24.922; Subsecretaría de Pesca; Círculo de Políticas Ambientales; Sin Azul No Hay Verde.