La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Más del 70% de las especies de tiburones en Argentina están en riesgo de extinción: cómo buscan salvarlos

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La mayor parte de los ejemplares que habitan las aguas argentinas se enfrenta a una amenaza crítica, mientras organizaciones y pescadores impulsan iniciativas para su preservación y monitoreo
La presencia de tiburones en el Mar Argentino representa un pilar para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, la presión ejercida por la pesca deportiva y comercial puso a numerosas especies al borde de la desaparición.
Según datos de la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), el 71% de las especies de los ejemplares que habitan estas aguas enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto.
El Mar Argentino alberga 55 especies de tiburones, de las cuales más de la mitad son endémicas, es decir, su desaparición en la región significaría la extinción global. Existe una problemática que involucra tanto a la pesca comercial (industrial y artesanal) como a la pesca deportiva o recreativa.
Uno de los casos más alarmantes es el del escalandrún (Carcharias taurus), tiburón costero que habita desde Espíritu Santo en Brasil hasta el sur de Buenos Aires. La especie se considera Críticamente Amenazada, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en la región su población experimentó una reducción del 90% durante los últimos 40 años. En el mismo sentido, el gatuzo (Mustelus schmitti), otro tiburón endémico del Atlántico Sudoccidental, sufrió una disminución poblacional superior al 90% en las últimas cuatro décadas.
Las razones de este declive tienen un componente biológico: los tiburones presentan crecimiento lento, baja fecundidad y reproducción tardía. Por ejemplo, las hembras de gatuzo empiezan a parir a partir de los 8 años, con camadas de 1 a 10 crías anuales. Esto impide que las poblaciones se repongan frente a la presión de la explotación pesquera. “Por ser especies de lento crecimiento y tener reproducción sexual tardía y baja fecundidad, las poblaciones de tiburones no logran equilibrar y recuperarse de la intensa explotación a la que están expuestos”, detallan desde WCS Argentina.
La organización impulsa desde 2013 el programa “Conservar Tiburones en Argentina”, en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El objetivo es reemplazar la pesca con sacrificio por la pesca con marcado y devolución al mar. Según los datos suministrados por la entidad, “hasta el momento se sumaron a la iniciativa más de 240 pescadores deportivos y guías de pesca de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”, quienes lograron alrededor de veinte mil devoluciones de tiburones al mar, de los cuales cerca de 4.000 fueron marcados para monitoreo y se registraron 55 recapturas.
La participación de los pescadores resulta esencial en este proceso. Juan Dibbern, guía de pesca de Claromecó, Buenos Aires, describió: “Desde hace varios años se está generando un cambio grande en la pesca de tiburones costeros. Hoy hay mucha más información, y la gente está más consciente de lo importantes que son los tiburones, gracias al trabajo de especialistas y organizaciones que se dedican a cuidar estas especies, que son tan vulnerables como magníficas. Y somos varios los guías y pescadores que estamos sumando nuestro esfuerzo, desde el lugar que nos toca, para cuidar el océano, a estos animales y a todo lo que ellos mantienen en equilibrio”.
El programa ofrece capacitación, entrega marcas y anzuelos circulares para promover la devolución con vida. Los pescadores colocan una marca debajo de la aleta dorsal de los ejemplares que después liberan, junto con datos de especie, sexo, talla, carnada, fecha y ubicación. Esta información permite un monitoreo que genera datos inéditos para estrategias de conservación.
“Estamos acompañando un cambio de paradigma en la mirada que los pescadores tienen de los tiburones. A lo largo de los años, notamos un mayor compromiso motivado en parte por el acceso a la información sobre el rol esencial de estas especies en el mar y su vulnerabilidad frente a la presión pesquera. Por otro lado, los datos que obtenemos de los tiburones que ellos marcan nos permite comprender sus movimientos y mejorar las estrategias para su protección”, explicó Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de tiburones y rayas de WCS Argentina.
Para fortalecer la protección de las especies, la organización elaboró y distribuyó fichas informativas entre pescadores deportivos. El objetivo es que resulten un recurso útil y fácil de chequear desde los teléfonos de los pescadores cuando están en la costa o en el mar. Contienen información sobre identificación, distribución y nivel de amenaza de cinco especies clave: gatuzo, gatopardo (Notorynchus cepedianus), cazón (Galeorhinus galeus), bacota (Carcharhinus brachyurus) y escalandrún.
Cada ficha detalla características distintivas, zonas de distribución y causas de amenaza. Además, el material busca promover la devolución con vida de los tiburones capturados, alentando a los pescadores a compartir esta información, incluso si no participan formalmente en el programa.
Las acciones de WCS Argentina no se limitan a la pesca deportiva. En palabras de Cuevas, “articulamos esfuerzos con todos los actores involucrados. En relación a la pesca comercial, impulsamos prácticas sostenibles en pesquerías de pequeña escala y trabajamos para fomentar regulaciones nacionales e internacionales que protejan a estas especies en toda su área de distribución. Y a través de la ciencia ciudadana trabajamos con los pescadores deportivos para proteger especies presentes en las costas”.
El futuro de los tiburones en el Mar Argentino depende de la colaboración entre instituciones científicas, pescadores y organizaciones de conservación. Las estrategias basadas en información y participación ciudadana se consolidan como herramientas clave para evitar que estas especies desaparezcan de las aguas de la región y del planeta.
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Barrick Gold está en la mira por miles de peces que murieron en San Juan por contaminación minera 

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: San Juan


Un equipo de investigación identificó metales peligrosos en el agua y señala a Veladero como fuente de polución, contradiciendo versiones oficiales 
Miles de pejerreyes aparecieron muertos en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan, durante noviembre de 2025. El hallazgo movilizó a los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, quienes decidieron no quedarse con la versión oficial.
Las autoridades provinciales cerraron el caso casi de inmediato. Su explicación: los peces murieron por falta de oxígeno en el agua. No hubo estudios, no hubo análisis, no hubo dudas, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Pero la Asamblea sabía que algo no cerraba. Los antecedentes de contaminación en la zona eran demasiado contundentes como para aceptar esa respuesta simple.
Los activistas ambientales recogieron muestras de agua y ejemplares de peces muertos. Las enviaron para análisis a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados fueron devastadores: concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y aluminio, cobre y arsénico en el hígado de los peces.
También se detectó una fuerte concentración de aluminio en el agua del dique. Valores incompatibles con la vida acuática.
"El Río La Palca es el que viene de Veladero", explicó Saúl Zeballo, integrante de la Asamblea Jáchal No se Toca. "Ante la evidencia de los miles de peces muertos, se inició una causa de oficio a cargo del fiscal Alfredo Aballay".
La causa se cerró casi automáticamente después de que los funcionarios de la provincia dijeran públicamente, sin haber realizado ningún estudio, que los peces habían muerto por falta de oxígeno.
"Eso no fue así", sostuvo Zeballo en diálogo con Economía Sustentable. "Nosotros nos organizamos para realizar una muestra del agua y los peces. El resultado fue abrumador".

El informe científico que desmiente la versión oficial
El Informe Técnico de Interpretación Ecotoxicológica y Evaluación de Riesgo Ambiental relacionado con la mortalidad de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento se publicó el 29 de junio de 2026.
Las muestras interpretadas correspondieron a las recogidas por la Asamblea de Jáchal en noviembre de 2025. Fueron analizadas a través de la Universidad Nacional de Cuyo.
El documento fue elaborado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet. Entre ellos, Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía, Doctor en Biología y uno de los autores del informe.
"Con altísimos niveles de aluminio, cobre y arsénico incompatibles con la vida", describió Zeballo los hallazgos. "Esto te da una dimensión de la persistente contaminación minera".
El informe no solo analizó las muestras de 2025. También repasó estudios sobre el agua realizados en diferentes períodos históricos: 2005 y 2010, sumados a los análisis posteriores al gran derrame de 2015, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
"La comparación temporal histórica (período 2005-2026) de los resultados refuerza el concepto de un proceso persistente de alteración de la calidad hidroquímica en el sistema Río La Palca–Río Blanco–Dique Cuesta del Viento–Río Jáchal", puede leerse en el informe al que tuvo acceso Economía Sustentable. Los datos muestran concentraciones reiteradamente elevadas del metal aluminio, y los metaloides arsénico y boro.
Las excedencias son significativas respecto de los niveles guía nacionales e internacionales establecidos para la protección de la vida acuática.
En particular, el arsénico se mantuvo por encima de los umbrales de referencia en todas las campañas analizadas (2005, 2015 y 2026). El aluminio alcanzó concentraciones extremadamente elevadas en distintos sectores de la cuenca.

La contaminación que no para de crecer
Los datos ambientales demuestran que el Río La Palca constituye el principal aporte de contaminantes metálicos al sistema. Este río nace en las inmediaciones del proyecto minero Veladero.
"Los estudios de agua encargados por la Asamblea son extremadamente consistentes con otros realizados históricamente", sostuvo Folguera. "Con un agravante: los niveles de estos componentes están aumentando".
Con los estudios diacrónicos, hechos en el tiempo, se ve que está aumentando la presencia de contaminantes incompatibles con la vida, agrega la nota de EconomiaSustentable.com.
"Estamos hablando de un río cada vez más contaminado", concluyó el biólogo que interpretó el episodio contaminante de noviembre de 2025.
Las autoridades provinciales, más que decir que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, no hicieron mayores indagaciones sobre el episodio. Situación desmentida por los estudios realizados.
Antecedentes no faltaban para sospechar el posible origen contaminante. La historia de derrames de Veladero es larga y documentada.

Barrick Gold y los derrames que nadie olvida
En 2015 ocurrió un gran derrame de tóxicos reconocido por la propia Barrick Gold. Hasta entonces era la única dueña del proyecto Veladero. Actualmente, comparte el 50% de las acciones con la china Shandong Gold.
Al año siguiente, hubo otro episodio sobre la misma cuenca. En marzo de 2017 se detectó el tercer episodio.
"Primero ocultado por la empresa y luego reconocido porque no tuvieron otra opción", según lo señalado por Zeballo.
"En los tres casos hicimos que la provincia y el gobierno municipal avanzaran con los estudios de agua correspondientes", recordó el activista ambiental.
Por entonces, los rastros de aluminio y manganeso encontrados habían sido exponencialmente altos.
Con el nuevo episodio de noviembre del año pasado, el intendente Martín Espejo (PJ) no hizo nada. A pesar de que en Jáchal rige la ordenanza agua segura que impuso estudios periódicos.
Para los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca y los científicos convocados para interpretar los resultados del laboratorio, la conclusión resultó ineludible. La fuente persistente de contaminación de los ríos de la zona proviene del proyecto minero Veladero.

La metodología científica detrás del estudio
La geografía no miente. La selección de los sitios para recoger las muestras de agua se realizó bajo criterios rigurosos.
Se consideró la continuidad hidráulica, la proximidad espacial, la representatividad ecosistémica y la congruencia temporal entre los diferentes estudios realizados en el tiempo.
"Este diseño permite reconstruir el gradiente de transporte de los elementos traza de preocupación ambiental (ETPA) a lo largo del continuo fluvial", puede leerse en el informe técnico interpretativo. El modelo conceptual de Fuente-Trayecto-Receptor vincula el área de influencia de la explotación minera Veladero con el sector léntico donde se manifestó la mortalidad de peces durante noviembre de 2025.
El documento está firmado por Folguera junto a Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Paola Peltzer de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet.
La interpretación de Folguera es que los peces murieron por un "efecto sinérgico devastador". Una interacción letal entre múltiples tóxicos.
"Una interpretación posible es que los peces murieron por un pico de los químicos encontrados o una situación ambiental adversa extrema", explicó el biólogo.
Todo el escenario demuestra que lo ocurrido es compatible con los efectos elevados de tóxicos que interactuaron entre sí. El dique Cuesta del Viento sigue siendo la principal fuente de agua de la región, amenazada por una contaminación persistente que no cesa.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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Un semáforo ambiental creado en la Argentina para determinar contaminación en ríos, arroyos y lagos: cuáles están peor y mejor

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fue desarrollado por científicos mediante un mapa interactivo online y una aplicación móvil para cargar datos de todo el país
Un innovador “semáforo ambiental” que advierte sobre el estado ecológico de ríos, arroyos, lagunas, lagos y humedales fue desarrollado bajo el liderazgo de un científico de la ciudad de La Plata en colaboración con colegas de distintos puntos del país.
El proyecto involucró a miles de ciudadanos que a través de una aplicación para teléfonos celulares ya aportaron información sobre los cursos de agua cercanos a sus lugares de residencia y contribuyeron a generar un amplio relevamiento sobre estos ecosistemas acuáticos.
Los investigadores desarrollaron una aplicación que permite a cualquier persona colaborar en la recolección de muestras y datos. Funciona mediante el GPS del teléfono celular, que identifica el lugar desde donde se realiza la observación, y luego de subir fotos se carga un cuestionario sobre variables fácilmente visibles, como el color del agua, la presencia de basura, la vegetación de las orillas, la fauna, embarcaciones, muelles, murallas y otros usos humanos del ambiente. 
Los ciudadanos que participan deben responder un amplio cuestionario de más de cien preguntas que incluyen detalles sobre las industrias cercanas o basurales, presencia de ganado y detalles sobre la textura del agua, entre otras características que son de simple observación.
La investigación, denominada PreserVamos, fue conducida por Joaquín Cochero, investigador del Instituto de Limnología Raúl A. Ringuelet (Ilpla), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El trabajo, desarrollado durante cuatro años junto a más de veinte investigadores, fue publicado en la revista científica Ecology, de la Ecological Society of America.
Allí se aseguró que “los métodos de monitoreo tradicionales, si bien son científicamente rigurosos, a menudo se ven limitados por restricciones logísticas, financieras e institucionales. Si bien varias iniciativas de ciencia ciudadana han impulsado la evaluación de hábitats de agua dulce en Europa (por ejemplo, FreshWater Watch) y Norteamérica (por ejemplo, el Programa de Monitoreo Voluntario de la EPA), esfuerzos similares siguen siendo escasos en Sudamérica”.
El proyecto PreserVamos contribuye, según los creadores, a llenar esta brecha regional “al proporcionar el primer conjunto de datos estandarizado y a gran escala generado por la ciudadanía para ecosistemas acuáticos en la Argentina, ofreciendo valiosas oportunidades para su integración con bases de datos globales de monitoreo de agua dulce”.

Mapa interactivo
Como resultado de este estudio científico se desarrolló un mapa interactivo de todo el país que permite visualizar el estado ambiental de distintas ecorregiones.
Los ecosistemas de agua dulce figuran entre los ambientes más amenazados del planeta, pero al mismo tiempo son de los menos monitoreados. La extensión del territorio argentino y las limitaciones logísticas, económicas e institucionales dificultan la realización de campañas sistemáticas de relevamiento, por lo que el equipo decidió recurrir a una estrategia poco habitual en este tipo de investigaciones: la conciencia ciudadana.
El proyecto comenzó en 2022 financiado inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más tarde contó con apoyo de la Fundación Bunge y Born y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se extendió por distintas provincias mediante acuerdos con municipios, visitas a escuelas, conferencias y entrevistas lideradas por Cochero.
La red entre el ámbito científico y la comunidad permitió reunir más de 3000 observaciones provenientes de distintos puntos del país. Tras el proceso de validación científica, poco más de 1200 registros fueron incorporados al análisis final por cumplir con los criterios metodológicos y de confiabilidad establecidos por el equipo.

Alerta ambiental
El “semáforo” que se activa al desplegar en la web o una aplicación que lleva el nombre Preservamos clasifica los distintos ecosistemas según su estado de conservación.
Las zonas verdes corresponden a los arroyos de las sierras cordobesas, los ríos andinos alimentados por deshielos y los lagos patagónicos.
En tanto, las zonas rojas abarcan la cuenca del Río de la Plata, identificado como el sistema más degradado del relevamiento, seguido por el estuario de Bahía Blanca.
Para el equipo del Ilpla, la experiencia demuestra que la ciencia ciudadana puede convertirse en una herramienta clave para conocer el estado de ecosistemas cuya preservación resulta fundamental para la biodiversidad y el abastecimiento de agua dulce. Además de aportar información inédita, el relevamiento ofrece una base para orientar futuras acciones de conservación y de gestión ambiental en distintas regiones del país.
“La idea rectora es desarrollar una herramienta de interacción entre el mundo científico, la comunidad y los tomadores de decisiones, a fin de buscar soluciones a problemas complejos de contaminación”, expresó Cochero en diálogo con LA NACION.
Las mujeres fueron mayoría entre los voluntarios que participaron de la carga de datos. También colaboraron niños y personas mayores. “La generación de conocimiento científico puede abrirse a la participación de la comunidad cuando existen herramientas adecuadas y protocolos confiables”, sostuvo Cochero.
Participaron de este trabajo distintos científicos de la UNLP y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), más investigadores de la provincia de Neuquén: Alejo Bonifacio (UNC), Micaela Zambrano (UNC), Agostina Pecile (UNLP), Belén Sathicq (UNLP), Mercedes Nicolosi Gelis (UNLP), Micaela Mujica (UNLP), Juan Manuel Brito (UNC), MarÍa laura Ballesteros (UNC), Marina Tagliaferro (UNC), Katya Albarrán (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén), Lucila Herbert (Inibioma Neuquén), Jorge Kuroda (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén) y Milagros Bengolea (UNC).
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La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
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Alerta: cierran circuitos de un parque nacional por la aparición de un yaguareté en las pasarelas

Fecha de Publicación: 22/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Corrientes


La presencia de un yaguareté en sectores de uso público mantiene restringidos senderos del Parque Nacional Iberá, mientras crece la preocupación por el turismo en plena temporada invernal.
Ver a un yaguareté caminando lo más tranquilo y altanero por senderos y pasarelas que son recorridos a diario por miles de turistas puede parecer una escena extraordinaria y hasta peligrosa. Y es exactamente lo que ocurrió a fines de mayo en el Parque Nacional Iberá (Corrientes)
Se trata de Ombú, un joven ejemplar nacido en libertad y que vive en esta área protegida. Su presencia fue advertida y hasta filmada por algunas personas, lo que obligó a implementar un sistema de cierres parciales y restricciones de acceso que aún continúa vigente (ya que el felino merodea la zona permanentemente).
Esta medida ha despertado un inesperado conflicto. Porque el territorio cuenta con un sector que es jurisdicción del Gobierno de Corrientes, y otro que está bajo la órbita de la Nación a través de la Administración de Parques Nacionales (APN). 
Y mientras el área del Parque Provincial opera con normalidad, es en el territorio de la ANP donde se han dispuesto los cierres (preventivos y cambiantes, según la ubicación del yaguareté). Todo ello en pleno inicio de las vacaciones de invierno, lo que podría afectar al turismo.

Qué sectores están cerrados en el Parque Nacional Iberá por la presencia de un yaguareté
Según confirmaron desde la APN, el Parque Nacional Iberá funciona con un esquema de apertura dinámica.
Si Ombú es avistado cerca del ingreso, solamente se permite el acceso en vehículo hasta el Centro de Visitantes Douglas Tompkins. Si el monitoreo indica que el felino se desplazó hacia otros sectores, se habilitan algunos recorridos próximos a la entrada (a pie y en bicicleta), como el mirador y determinados senderos de corta duración.
Claro que los cortocircuitos entre Nación y Provincias e generan en los instantes en que existe mayor probabilidad de encuentro con el animal, y que es cuando los senderos permanecen cerrados por razones de seguridad.
La APN explicó además que las decisiones se toman diariamente a partir del monitoreo permanente del yaguareté, y agregaron que la prioridad es garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la conservación de la biodiversidad.
Por ello es que también se reforzó la presencia de guardaparques, se instalaron carteles informativos y se elaboró material audiovisual con recomendaciones para actuar ante un eventual encuentro con el felino.

El Parque Provincial sigue abierto y le reclama a la Nación
El "vecino" del Parque Nacional Iberá es el Parque Provincial Iberá, que comparte parte del territorio con el área nacional, pero es administrado por la Provincia de Corrientes y continúa funcionando con normalidad.
Allí, los guardaparques realizan cada mañana un seguimiento mediante radiotelemetría para conocer la ubicación del yaguareté Ombú. En base a esa información, solamente se cierran uno o dos senderos específicos, mientras el resto permanece habilitado.
Y si el yaguareté se encuentra cerca de algún circuito turístico, el ingreso únicamente se permite acompañado por guías autorizados. Esta diferencia de criterios ha motivado una carta de reclamo a la APN presentada por prestadores turísticos y asociaciones de guías de Colonia Carlos Pellegrini, zona en la que se encuentra el territorio.
De acuerdo a la Cámara de Turismo del Iberá, cerca del 90% del empleo en Carlos Pellegrini depende de la actividad turística, por lo que los cierres generan preocupación entre hoteleros, guías y prestadores de excursiones.
En la nota enviada a la Administración de Parques Nacionales le solicitan revisar el protocolo de manejo y adoptar un sistema similar al del parque provincial.
En ese sentido, destacan que la viralización de la noticia referida a que "el parque está cerrado" lleva a que muchos visitantes directamente cancelen sus viajes. Aun incluso cuando gran parte del área natural está habilitada y puede visitarse sin inconvenientes, a excepción de determinados senderos del parque nacional.

El motivo por el que no trasladan al yaguareté Ombú
En medio de tantas idas y vueltas, hay quienes proponen trasladar al yaguareté Ombú para que deje de frecuentar esos sectores. Sin embargo, no es posible hacer lugar a este pedido-
Ombú nació completamente libre como parte del proyecto de recuperación del yaguareté en los Esteros del Iberá. Y este programa busca recuperar una especie que había desaparecido de la región décadas atrás.
Precisamente por ese motivo, los especialistas consideran que capturarlo o trasladarlo cada vez que se acerca a sectores turísticos sería contrario a los objetivos de conservación.
En su lugar, la estrategia implementada consiste en monitorear permanentemente sus movimientos y adaptar el uso público del parque según el lugar donde se encuentre el animal.

Cómo actuar si una persona se encuentra con un yaguareté
Los especialistas en fauna y conservación refuerzan que los encuentros con estos yaguaretés son poco frecuentes. Sin embargo, es importante saber cómo reaccionar.
Estas son algunas de las recomendaciones:
- No correr (ello podría activar el instinto de persecución).
- Retroceder lentamente sin darle la espalda.
- No intentar acercarse para fotografiarlo.
Si bien el regreso del yaguareté representa uno de los mayores logros de conservación de la fauna argentina, también obliga a fortalecer la educación ambiental y desarrollar protocolos claros para la convivencia entre personas y fauna silvestre.
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El Gobierno ejecuta la política de cierre de minas con nuevos estándares de participación ciudadana y sostenibilidad

Fecha de Publicación: 22/07/2026
Fuente: Portal EditorialRN
Provincia/Región: Santa Cruz


Es desde la Secretaría de Estado de Minería, con la implementación de nuevas herramientas de participación ciudadana. La medida se enmarca en la Ley Provincial Nº 3751 de Cierre de Minas y profundiza una política pionera de Santa Cruz, incorporando monitoreos ambientales participativos, criterios ESG, huella hídrica y de carbono, economía circular y medidas frente al cambio climático.
El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, continúa fortaleciendo la implementación de la Ley Provincial N° 3751, de Cierre de Minas, mediante la puesta en vigencia de la Disposición N° 153/2026, que incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, transparencia y gestión sostenible para los proyectos mineros de la provincia.

El instrumento legal
La Ley N° 3751 constituye uno de los pilares de la política minera provincial, al establecer un marco específico para abordar el cierre de minas desde una perspectiva integral y planificada. Sobre esa base, la nueva normativa profundiza el modelo impulsado por Santa Cruz, incorporando instrumentos destinados a fortalecer el seguimiento ambiental, mejorar la calidad y trazabilidad de la información, y ampliar la participación de las comunidades en la gestión de la actividad minera.
En este marco, la Disposición N° 153/2026 establece lineamientos obligatorios para la implementación de monitoreos ambientales participativos, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la medición y gestión de huellas ambientales, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la implementación de estándares globales para la gestión de relaves y el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación pública y acceso a la información.

Los monitoreos
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa, es la incorporación del monitoreo ambiental participativo, como herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana. Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación, deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual, garantizando la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera.
Los monitoreos deberán comprender, como mínimo, variables vinculadas a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, pudiendo ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y riesgos de cada proyecto. Los resultados deberán ser accesibles a la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos por la Autoridad de Aplicación.
La Disposición incorpora además indicadores vinculados con huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa, así como medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones, basada en información verificable y comparable.

Nueva etapa
De esta manera, la Provincia avanza en una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe ser planificado y gestionado durante todo el ciclo de vida del proyecto. La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza, permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo.
Desde la Secretaría de Estado de Minería, se destacó que la medida representa una nueva etapa en la implementación de la Ley N° 3751, consolidando un modelo provincial que vincula cierre de minas, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia, y que fortalece el rol del Estado en la planificación y control de la actividad.
La iniciativa, forma parte de la decisión del Gobierno Provincial de continuar modernizando la gestión minera, y promover un desarrollo productivo sostenible, con reglas claras, controles eficientes, información transparente y una participación cada vez más activa de las comunidades.
Con la Ley N° 3751 como marco y la Disposición N° 153/2026 como una nueva herramienta para su implementación, Santa Cruz profundiza una política minera que busca anticiparse a los desafíos del cierre, incorporar estándares de sostenibilidad desde las etapas activas de los proyectos, y construir una minería responsable, con una mirada puesta en el futuro de sus territorios y comunidades. 
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Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Jujuy: el viento Zonda superó los 130 km/h y provocó graves incendios y destrozos

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy


Con ráfagas inéditas en las últimas tres décadas, el fenómeno causó voladuras de techos y llamas. Hay más de 5.000 usuarios sin energía eléctrica.Un violento temporal de viento Zonda azota a la provincia de Jujuy, con ráfagas que superaron los 130 kilómetros por hora. El fenómeno provocó graves daños materiales, cortes masivos de suministro eléctrico y múltiples incendios forestales en diversos puntos del territorio jujeño.
Ante la magnitud del evento, calificado por las autoridades locales como el más intenso de los últimos 30 años, se conformó de urgencia un Comité Operativo de Emergencia (COE).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente una alerta naranja, advirtiendo que el área de alta cordillera se vio afectada por vientos del oeste con velocidades constantes de entre 80 y 100 km/h.

Incendios forestales y alerta meteorológica
La combinación de las ráfagas, la baja humedad y vegetación seca generó un escenario propicio para la rápida propagación de focos ígneos en distintas localidades. Las autoridades reportaron que el fuego avanzó rápidamente debido a la intensidad del viento, complicando las tareas de contención.
El Gobierno provincial unificó los recursos de diversos ministerios, cuerpos de bomberos y cuadrillas municipales.
El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que se trabaja para "blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua". Este último recurso se vio comprometido por los apagones generales registrados en la región.

Cortes de luz y falta de agua
La Secretaría de Energía de Jujuy intimó a la empresa distribuidora Ejesa a reforzar sus cuadrillas, dado que más de 5.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico. Los cortes afectaron principalmente a barrios de la capital como Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes.
Por su parte, Agua Potable de Jujuy activó grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave ante la falta de red eléctrica. El vocal primero del organismo, Luis Jure, confirmó el despliegue de camiones cisterna en las zonas donde el abastecimiento se interrumpió totalmente.

Operativo sanitario y asistencia social
En el plano sanitario, el ministro de Salud, José Manzur, confirmó que todos los hospitales de la provincia mantienen su funcionamiento pleno pese a las inclemencias. Se dispuso un seguimiento especial para pacientes electrodependientes a través del sistema Same, que mantiene respuesta permanente.
En cuanto a la asistencia directa, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, anunció el inicio de un relevamiento casa por casa. Esta tarea busca identificar las necesidades urgentes de las familias que sufrieron, entre otros daños, la voladura de los techos de sus viviendas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano indicaron que el relevamiento permitirá cuantificar los daños materiales y coordinar la entrega de materiales de construcción y asistencia social. Los equipos técnicos priorizarán a las familias que han quedado en situación de mayor vulnerabilidad tras el paso del Zonda. 
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Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


SABIA-Mar, desarrollado por la CONAE y construido en INVAP, estará listo para su lanzamiento en 2027. Podrá detectar desde fitoplancton y bancos de peces hasta identificar pesqueros ilegales en la zona económica exclusiva. La jefa del proyecto habló con Infobae
Argentina sumará en 2027 una estrella nueva en su constelación satelital e historia espacial con el lanzamiento de SABIA-Mar, el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar.
La reciente finalización de su integración y el inicio de los ensayos ambientales anunciados esa semana marcan una etapa decisiva para una misión que representa un salto tecnológico y estratégico en la observación de los mares y la gestión de los recursos naturales argentinos.
El desarrollo de SABIA-Mar, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, coloca a Argentina en el selecto grupo de países con capacidad para diseñar, construir y operar satélites de observación ambiental con fines científicos, productivos y de seguridad. 
Concebido originalmente para el estudio del mar y las zonas costeras, el satélite incorpora una actualización tecnológica que amplió su alcance, introduciendo nuevas aplicaciones para la vigilancia marítima, la gestión ambiental y el desarrollo económico del país.
La misión se distingue por su carácter colaborativo: INVAP, con base en Bariloche, lidera la construcción e integración del satélite, mientras que VENG aporta capacidades en operaciones, telecomando y recepción de datos. El proyecto también involucra a la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), IMER y Ascentio, conformando un ecosistema nacional de ciencia, tecnología e industria.
La ingeniera industrial María Emilia Martini, jefa del proyecto SABIA-Mar, explicó a Infobae: “Estamos concluyendo la etapa de integración y configuración final del satélite, en medio de la campaña ambiental del satélite que es cuando se simulan las condiciones de vibración, radiofrecuencia y vacío que va a sufrir el satélite durante el lanzamiento y de esta manera, comprobar que todo el diseño efectuado está acorde a la funcionalidad del satélite. Esto nos permite estar seguros de tener otra misión espacial exitosa y realizar todos los ajustes necesarios antes de mandarlo al espacio”.

Un satélite de nueva generación con innovación nacional
El proceso de integración y los ensayos previos al lanzamiento representan uno de los momentos más sensibles y complejos de cualquier misión espacial.
Martini, con más de una década de experiencia en INVAP, describió la etapa actual como “la más entretenida y vertiginosa”. No obstante, aclara: “También bastante crítica, porque se concluye el trabajo de muchísimas personas. Somos un equipo multidisciplinario. Trabajamos día a día con CONAE y la empresa VENG para tener otra misión argentina exitosa”.
El satélite se encuentra en la fase final de pruebas ambientales, proceso donde se simulan las condiciones extremas que enfrentará durante el lanzamiento y la operación en el espacio. 
“Es importante la coordinación de cada equipo que trabaja en INVAP en las distintas especialidades, como el equipo térmico, de software, o en el ensayo de termovacío. Este último, por ejemplo, dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, remarcó Martini.
Uno de los avances más destacados de SABIA-Mar reside en la actualización de su computadora central, equipada con el software más avanzado diseñado y ensamblado hasta ahora en un satélite argentino.
“Una de las novedades con las que cuenta este nuevo satélite es su computadora, actualizada con el último software. Es la más compleja ensamblada en un satélite argentino hasta ahora. El aparato contará también con nuevas cámaras multiespectrales diseñadas y testeadas en INVAP, que nos permitirán ver el color del mar, su fitoplancton y hasta las luces de los pesqueros en el Mar Argentino. La clave es que esto brindará una ventaja decisiva para monitorear el mar sin ser detectados. Además, se incorpora un concepto de ciberseguridad para proteger los activos espaciales. Se va a encriptar los canales de comando del satélite”, indicó la especialista.
El satélite incorpora una carga útil de última generación, que le permitirá medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a, asociada con la presencia de fitoplancton y la productividad primaria.
Además de producir información científica relevante, la misión fue diseñada para brindar servicios estratégicos en la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y la protección de los recursos naturales.
Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó: “Argentina vuelve a realizar una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Impulsamos una actualización tecnológica que amplió las capacidades del satélite para que pueda brindar servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad y potenciar la producción”.

Inteligencia satelital para la gestión ambiental y productiva
SABIA-Mar aportará información para la localización de embarcaciones, identificando tanto buques colaborativos como no cooperativos, incluidos aquellos que operan sin transmitir señal AIS. Esta capacidad resulta clave para la vigilancia y el control de la pesca ilegal, fenómeno que afecta fuertemente al Atlántico Sur y al patrimonio económico del país.
Según destacó Martini, la misión incorpora tecnología de monitoreo nocturno mediante una cámara de alta sensibilidad, capaz de detectar luces en el mar bajo condiciones de oscuridad absoluta. Esta herramienta permitirá identificar patrones de actividad pesquera y fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos. El satélite también generará información valiosa para la gestión de los recursos pesqueros, la acuicultura, el apoyo a la navegación y la toma de decisiones en el sector productivo.
En el plano ambiental, SABIA-Mar sumará datos sobre la calidad del agua en costas, estuarios y cuerpos de agua interiores. “Permitirá la detección temprana de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, y contribuirá al monitoreo de ecosistemas marinos, costeros y terrestres, apoyando investigaciones sobre biodiversidad, ciclo del carbono y productividad primaria”, precisó Martini.
La misión incluye la integración del receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), una pieza desarrollada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por primera vez, un satélite argentino contará con un receptor de posicionamiento global nacional, lo que permite determinar con precisión la posición y velocidad del satélite en órbita, fortaleciendo la autonomía tecnológica del país.
La seguridad también fue priorizada: SABIA-Mar incorpora mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos para proteger el software de vuelo y la operación del satélite frente a amenazas cibernéticas.
Martini explicó que el éxito de la misión depende de la coordinación de múltiples especialidades y del monitoreo constante en ensayos como el termovacío, que demanda la atención continua de expertos durante periodos prolongados. 
“Este último por ejemplo dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, describió.
Los datos obtenidos por los sensores ópticos de SABIA-Mar y fuentes complementarias podrán integrarse en tierra mediante herramientas avanzadas de procesamiento e inteligencia artificial, generando productos que combinen variables ambientales con modelos de comportamiento de flotas pesqueras. Esta capacidad potenciará la gestión sostenible de los recursos marinos y la economía azul argentina.
La misión también proveerá información fundamental para la ciencia, contribuyendo al desarrollo de investigaciones sobre el océano, las costas y los ecosistemas acuáticos. SABIA-Mar permitirá sostener series de datos de largo plazo, clave para el estudio de la productividad primaria, la biodiversidad y la dinámica de las aguas costeras.
El satélite ofrecerá una revisita de dos días tanto en el escenario regional —sobre las costas nacionales— como global, alcanzando una resolución espacial de 200 metros y 800 metros respectivamente. Esto permitirá generar información continua y de alto valor para la gestión ambiental y la producción.
La construcción y diseño de SABIA-Mar fue acompañada por rigurosos procesos de revisión y validación. “Se ha finalizado la Revisión Crítica del Diseño del satélite en abril del 2018 y en mayo del mismo año realizó la Revisión Crítica de Diseño del Segmento Terreno. En el año 2022 se realizó la Revisión Crítica de Diseño de la Misión (SABIA-Mar Mission CDR), un análisis técnico multidisciplinar para consolidar el diseño y verificar que se pueda cumplir con los requisitos establecidos para la misión”, indicó Martini.
Con SABIA-Mar, Argentina consolida su posición como referente latinoamericano en tecnología espacial, ampliando las capacidades nacionales en ingeniería satelital, sistemas ópticos, electrónica, software, navegación, control y desarrollo de aplicaciones. La misión representa una herramienta estratégica para expandir la información satelital sobre el Mar Argentino y fortalecer la economía azul, en un contexto donde la protección de los recursos y la seguridad marítima son cada vez más relevantes.
El lanzamiento de SABIA-Mar está previsto para el primer semestre de 2027. La etapa actual de ensayos y validaciones permitirá ajustar los últimos detalles antes de que el satélite se traslade al sitio de lanzamiento y se sume, desde la órbita, a la defensa y el conocimiento de los recursos argentinos.
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Ecología dio marcha atrás y derogó el Registro Provincial de Infractores Ambientales

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones 


El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás con una de las medidas más controvertidas de los últimos meses. A través de la Resolución Nº 248/26, firmada este 17 de julio, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que había sido establecido mediante la Resolución 182/26.
La decisión llega apenas horas después de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario de Misiones rechazara públicamente la iniciativa y cuestionara su constitucionalidad, anticipando incluso la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el texto de la nueva resolución, el Ministerio sostiene que la Administración "ha reevaluado la medida adoptada originalmente" por razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", y en consecuencia dispone dejar sin efecto la resolución que había creado el registro.
La norma no hace referencia a las impugnaciones presentadas por las entidades productivas ni reconoce expresamente los cuestionamientos jurídicos formulados, aunque la marcha atrás se produce en medio del creciente conflicto institucional que había generado la iniciativa.

Una fuerte reacción del sector privado
El RePIA había despertado un rechazo prácticamente unánime entre las principales organizaciones vinculadas a la producción.
La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa contra la resolución y sostuvo que el registro era inconstitucional por tres razones centrales.
En primer lugar, cuestionó que permitiera incorporar personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara una infracción, lo que —según la entidad— vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.
Además, advirtió que la resolución habilitaba la registración por incumplimientos de "normas complementarias", una redacción considerada demasiado amplia y generadora de inseguridad jurídica.
El planteo más delicado apuntó directamente a la competencia del ministro. Para AMAYADAP, el artículo 122 de la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear, mediante una simple resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Ese planteo fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en señalar que la medida afectaba la competitividad y profundizaba la incertidumbre para el sector productivo.

Un conflicto que trascendía el registro
Aunque el RePIA fue el detonante, las entidades aprovecharon la discusión para expresar un malestar más amplio con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.
Entre los reclamos figuraban las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, el programa REDD+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad económica.
La resolución firmada este viernes desactiva, al menos por ahora, el conflicto específico en torno al Registro Provincial de Infractores Ambientales y evita que la controversia continúe escalando en el plano judicial.
Sin embargo, la decisión también deja expuesto el peso que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que logró que el Ministerio revocara una medida apenas días después de haber sido implementada.
Ahora resta saber si la derogación del RePIA abre una instancia de diálogo entre el Gobierno y las entidades productivas o si las diferencias sobre la política ambiental de la provincia continuarán manifestándose en otros frentes.
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