Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
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Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Conservación de primates en Argentina: solo 7,2% de su hábitat protegido, Chaco y Formosa en riesgo por deforestación

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, la conservación de primates se ha convertido en una prioridad urgente. Un reciente estudio realizado por expertos del CONICET ha identificado las regiones más críticas para proteger a las cinco especies de primates que residen en el país.
El análisis, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reveló que únicamente el 7,2% del territorio de los primates está bajo protección oficial. Esto significa que menos de 20,000 kilómetros cuadrados están resguardados, dejando a estas especies en una situación vulnerable. Ecologíay entorno
Los investigadores han señalado a las provincias de Chaco y Formosa como áreas de especial preocupación. Estas regiones presentan escasos espacios protegidos y sufren altos índices de deforestación, lo que amenaza a los hábitats de los primates.
Esta investigación forma parte del Plan Nacional de Conservación de Primates, aprobado en 2021 mediante la Resolución 430/2021. Este plan establece estrategias para mitigar las amenazas que enfrentan estas especies en Argentina.
En Argentina, cinco especies de primates no humanos habitan distintas ecorregiones. El mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) está en peligro crítico, mientras que el carayá (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), el caí negro (Sapajus nigritus) y el caí de las yungas (Sapajus cay) están clasificados como vulnerables.
Mediante modelos de distribución de especies y análisis de priorización espacial, el estudio identificó áreas de importancia nacional y regional para la conservación de estos primates. Se integraron datos sobre la calidad del hábitat, conectividad, y factores como la huella humana y la infraestructura vial.
Los resultados sugieren que las zonas prioritarias para la conservación incluyen el Bosque Atlántico en Misiones y las regiones húmedas en el este de Chaco y Formosa, así como partes de las Yungas.
La conclusión de los expertos es clara: es crucial integrar a las comunidades locales y a los gobiernos provinciales en un proceso participativo para implementar estas medidas de conservación, asegurando el apoyo y el consenso necesarios.
El Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina cuenta con siete objetivos y 32 acciones, gestionadas por diferentes entidades, incluyendo investigadores del CONICET. La gestión nacional está liderada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y la coordinación ejecutiva por Martín Kowalewski del CECOAL.
Este plan busca ser un puente entre la ciencia y la gestión pública, permitiendo que la investigación se traduzca en políticas concretas. Talleres participativos y campañas de educación ambiental están entre las acciones futuras para impulsar la conservación de primates en Argentina. 
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Corrientes: el proyecto de reintroducción del oso hormiguero cumplió 19 años

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Tras casi dos décadas de gestión técnica, las nuevas generaciones nacidas en total libertad expanden la biodiversidad del ecosistema litoraleño.
La Fundación Rewilding Argentina conmemoró el 19° aniversario del inicio del exitoso proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en los Esteros del Iberá.
La histórica iniciativa ambiental, co-creada originalmente junto a Tompkins Conservation y sostenida mediante un trabajo articulado con el Gobierno de Corrientes, logró rescatar y liberar ejemplares de la especie conocida localmente como yurumí, la cual se encontraba extinta en la provincia desde hacía décadas. Tras casi dos décadas de gestión técnica, las nuevas generaciones nacidas en total libertad expanden la biodiversidad del ecosistema litoraleño.

El regreso del yurumí: de la extinción a la libertad en Corrientes
El yurumí había desaparecido de los paisajes correntinos décadas atrás debido a la degradación de su hábitat y la caza, lo que hacía suponer a los especialistas que su recuperación en el territorio provincial era una meta inalcanzable. El proceso requirió el diseño de protocolos científicos inéditos para la fauna mayor de la región.
El núcleo del programa biológico se consolidó a través de los siguientes ejes operativos:
- Protocolos de rescate: el engranaje técnico se basó en el rescate, la rehabilitación adaptativa y la posterior liberación de individuos provenientes de alertas civiles y distintas instituciones.
- Nacimientos silvestres: el éxito permitió que múltiples generaciones de osos hormigueros gigantes nacieran y crecieran de manera autónoma en los campos del Iberá.
- Distribución actual: esta población recuperada no solo volvió a ocupar un rol ecológico clave en gran parte de los Esteros, sino que continúa expandiendo su distribución geográfica en el territorio de Corrientes.

Un modelo de restauración que abrió paso a nuevas especies
Desde la Fundación Rewilding Argentina enfatizaron que el proyecto del oso hormiguero gigante funcionó como el gran caso testigo de que la restauración ecológica y el rewilding son viables en el país cuando existe un trabajo coordinado a largo plazo entre los equipos científicos, las instituciones gubernamentales y las comunidades locales que actúan como guardianas del entorno.
El impacto del programa a 19 años de su primera liberación generó consecuencias directas en la región:
- Faro conservacionista: la historia del yurumí marcó la hoja de ruta metodológica y abrió de forma definitiva el camino técnico para otros programas complejos de reintroducción de especies nativas.
- Recuperación integral: la metodología aplicada sirve de base actual para la estabilización y devolución de depredadores y herbívoros clave en distintos ecosistemas y ambientes protegidos de la Argentina.
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Incendios forestales. La Patagonia se prepara para un nuevo escenario climático que también interpela a otros lugares

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Patagonia


Cuatro megaincendios quemaron casi 70 mil hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén durante una temporada de verano. Es equivalente a la mitad de todo lo destruido por el fuego en los 23 años. Especialistas y organizaciones se reunieron para debatir cómo prevenir y comunicar.
En una sola temporada de verano, el fuego arrasó cerca de 70 mil hectáreas de bosque en Chubut, Río Negro y Neuquén, como consecuencia de cuatro incendios de gran magnitud. El área dañada representa la mitad de toda la superficie afectada en la Patagonia durante los 23 años previos y refuerza la advertencia sobre un fenómeno cada vez más frecuente, que exige prevención y adaptación frente al cambio climático.
Para debatir este nuevo escenario, especialistas, científicos, comunicadores, brigadistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y referentes territoriales se reunieron en Lago Puelo, Chubut, donde se realizó el taller “De la información a la acción: comunicar incendios en un nuevo escenario climático en la Patagonia Norte”.
La problemática no se limita a la Patagonia. También interpela a Córdoba, donde los incendios que se repiten en las sierras ponen en riesgo viviendas, monte nativo, infraestructura y actividades productivas. A su vez, encuentra un correlato internacional en España, donde los incendios forestales vuelven a exponer el impacto de las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y la rápida propagación del fuego.
El encuentro fue organizado por Iniciativa BASE, Fundación Avina, Fundación Alimentaris, Asociación AcercAR e InnContext con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ciencia, comunicación, territorio y experiencias comunitarias para mejorar la prevención y la respuesta frente a las emergencias.
La magnitud del problema se refleja también en otros datos presentados durante la actividad. En 2024 se detectaron más de 346 mil focos de incendio en Sudamérica, en un contexto de aumento de los eventos extremos asociados al cambio climático.
En 2025, el fuego arrasó más de 37 mil hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén, provocó la muerte de una persona y destruyó al menos 120 viviendas en El Bolsón y sus alrededores.
La situación volvió a agravarse en enero de 2026, cuando nuevos incendios se registraron en las mismas zonas de la cordillera patagónica. Durante esa temporada se quemaron más de 60 mil hectáreas, confirmando que el fuego dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un riesgo recurrente.

Un cambio persistente desde 2006
El agrónomo e investigador del Conicet, Marcos Easdale, y el meteorólogo Santiago Hurtado identificaron un cambio persistente en el comportamiento del clima del norte de la Patagonia desde el período 2006-2007.
El trabajo, titulado “Cambio climático e incendios en el Norte de la Patagonia argentina: transitando un nuevo escenario”, analiza lo ocurrido.
La principal conclusión es que no se trata de una fluctuación pasajera, sino de la transición hacia un nuevo régimen climático en el que las condiciones meteorológicas favorecen incendios más severos, extensos y difíciles de controlar. Según la investigación, la temperatura media anual aumentó entre 0,2 y 0,7 grados.
Los valores más críticos se registran durante diciembre y enero, cuando se detectaron picos de hasta 1,5 grados por encima del promedio histórico anterior a 2007. Ese incremento acelera la pérdida de humedad de árboles.

Menos lluvias y menor caudal de los ríos
El estudio determinó que las precipitaciones anuales disminuyeron más de un 20% en gran parte de la zona cordillerana después de 2006.
Hurtado explicó que la reducción del agua disponible se ubica entre el 20% y el 30% en algunos lugares y llega hasta el 40% del acumulado anual en determinadas regiones.
El déficit hídrico también se observa en los ríos Neuquén y Chubut, cuyos caudales presentan una disminución de entre el 30% y el 40% respecto de los valores normales anteriores a 2007.
El meteorólogo detalló que el nuevo escenario combina “una disminución de agua disponible debido a las bajas precipitaciones, entre el 20% y el 30% en algunos lugares y hasta el 40% en el acumulado anual; y un aumento de la temperatura en verano del orden de un grado y en algunas regiones de hasta 1,5 grados”.
Esa combinación genera “las condiciones perfectas para que los incendios sean mucho más severos y se propaguen más rápido”.

Más viento y más días de peligro
La investigación también identificó un aumento del 15% en la intensidad de las ráfagas máximas de viento durante febrero, uno de los meses más críticos de la temporada.
El viento es determinante para la velocidad de propagación de las llamas, la aparición de nuevos focos y las dificultades que enfrentan los brigadistas para contener el fuego.
La cantidad de días por año con condiciones meteorológicas de peligro de incendio alto o extremo aumentó en más de 15 jornadas respecto del régimen climático anterior a 2007.
Hurtado también advirtió que las comunidades deben aceptar que atraviesan una realidad distinta. “Tenemos que replantearnos todo, desde nuestro sistema productivo, nuestras ciudades, nuestra interacción con el bosque y el manejo del material combustible”, señaló.
Por su parte, Easdale, investigador de la Fundación Bariloche, explicó que el fuego forma parte naturalmente de los ecosistemas patagónicos, aunque históricamente tenía una frecuencia baja. También advirtió sobre el crecimiento de viviendas y urbanizaciones dentro de áreas forestales.
Según explicó, muchas personas se trasladan a la Patagonia con “el imaginario de tener una vivienda en el medio del bosque, rodeada de árboles”.
El problema también puede observarse en las sierras de Córdoba, donde viviendas, barrios y complejos turísticos se encuentran próximos a áreas de monte.

Comunicar antes de que comience la emergencia
Uno de los principales acuerdos del taller en el que participó La Voz del Interior fue sostener durante todo el año espacios de articulación entre medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones públicas, brigadistas, referentes territoriales y actores científicos.
La propuesta apunta a que todos esos sectores lleguen a las emergencias con vínculos, contactos y acuerdos previamente establecidos.
También se planteó impulsar una comunidad de articulación por WhatsApp, con canales temáticos para compartir alertas, información oficial, fuentes confiables, verificación de contenidos y coordinación de donaciones y ayudas.
Los participantes coincidieron en promover una comunicación responsable, basada en información verificada y fuentes claramente identificables.
Otro de los acuerdos fue fortalecer las acciones de prevención y preparación durante todo el año, en lugar de concentrarlas únicamente durante los meses de verano.

Un decálogo para periodistas y organizaciones
Durante la actividad, Fundación Avina presentó contenidos de la publicación “Guía para diseñar relaciones simbióticas entre periodismo y sociedad civil”, elaborada en 2025 por Ceper Uniandes, Fundación Avina, la Agencia de Noticias InnContext y el Centro Pulitzer.
Pablo Baños Trujillo, Gerente de comunicaciones de Fundación Avina, presentó un decálogo destinado a mejorar los vínculos entre periodistas, organizaciones sociales, científicos y comunidades. La guía propone facilitar el acceso a fuentes confiables, conocimiento técnico e información territorial.
El taller dejó como conclusión que los incendios forestales ya no pueden abordarse solamente durante la emergencia. Frente a un clima más cálido, más seco y con temporadas de riesgo cada vez más extensas, la articulación entre ciencia, comunicación, instituciones, brigadistas y comunidades se convirtió en una herramienta para prevenir daños y reducir la exposición de las poblaciones.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Realizaron un operativo de monitoreo integral en la Cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán 


Profesionales de Santiago del Estero y Tucumán realizaron jornadas de muestreo en el río Dulce, confirmando condiciones óptimas de calidad en los diversos puntos evaluados durante el mes de junio.
En el marco de las acciones estratégicas coordinadas por el Grupo de Gestión en Tiempo Real del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, se llevó a cabo un intenso operativo de control hídrico. Las actividades se desarrollaron durante los días 22 y 23 de junio, centrando el despliegue técnico en diversos puntos críticos a lo largo del cauce del río Dulce.
Este despliegue interprovincial fue liderado por expertos del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología (IIDAH), bajo la órbita de la Subsecretaría del Agua de Santiago del Estero. La tarea contó con la colaboración fundamental de profesionales de la Secretaría de Estado de Producción de Tucumán, reafirmando el compromiso conjunto entre ambas jurisdicciones.
El objetivo central de la misión fue obtener un diagnóstico preciso y actualizado sobre el estado del recurso hídrico. Este tipo de monitoreo preventivo resulta esencial para garantizar el cuidado del ecosistema fluvial, permitiendo un seguimiento constante sobre la salud de la cuenca y la detección temprana de cualquier eventual alteración.
Durante la jornada de trabajo, los especialistas procedieron a la medición de variables fisicoquímicas directamente in situ. Para tales efectos, se utilizaron sondas multiparamétricas de alta precisión, tecnología que permite obtener resultados instantáneos sobre parámetros críticos para la vida acuática y el uso del agua.
Los datos obtenidos durante las dos jornadas arrojaron resultados alentadores: se observó una buena calidad del agua en todos los puntos medidos a lo largo del río. Esta constatación refuerza la efectividad de las políticas de control y gestión que el Comité de la Cuenca viene implementando de manera sostenida.
No obstante, el trabajo de campo no se limitó a las mediciones rápidas en el sitio. Los equipos técnicos procedieron además a la recolección de muestras representativas del agua, las cuales fueron debidamente preservadas y trasladadas para su posterior procesamiento bajo condiciones controladas.
Estas muestras serán sometidas ahora a un análisis complementario exhaustivo en los laboratorios especializados del IIDAH. El estudio de laboratorio permitirá profundizar el diagnóstico y asegurar una visión integral de los componentes químicos y biológicos del río, brindando mayor robustez a la información recabada.
Con estas acciones, el Comité de la Cuenca Salí-Dulce ratifica su firme compromiso con la preservación del medio ambiente y la transparencia informativa. El monitoreo técnico permite sostener un seguimiento riguroso que garantiza la seguridad hídrica y la salud de los recursos naturales compartidos entre las provincias.
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Argentina se encamina a incumplir sus compromisos climáticos

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Un monitoreo colaborativo sobre 115 objetivos oficiales advierte que 9 de cada 10 compromisos climáticos del país ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente. El informe se presenta mientras la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacante. 
Argentina asumió numerosos compromisos climáticos en leyes, planes nacionales, estrategias y acuerdos internacionales, pero su nivel de implementación sigue siendo insuficiente frente a los plazos previstos. Así lo advierte un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas, que analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento.
El relevamiento forma parte de la segunda actualización del Observatorio Nacional de Acción Climática y compara la evolución de los compromisos respecto de la primera medición, realizada en agosto de 2025. 
Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.
La comparación entre actualizaciones confirma una tendencia negativa. De los 100 objetivos presentes en ambas mediciones, 36 cambiaron de categoría entre agosto de 2025 y julio de 2026. En total, 15 mejoraron y 21 pasaron a una categoría más desfavorable o permitieron confirmar una situación negativa que en 2025 no podía evaluarse por falta de información. Por cada dos objetivos que mejoran, casi tres empeoran. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año.
Los cumplimientos no ocurren donde hay mayor impacto climático
Los 13 objetivos en trayectoria positiva se concentran principalmente en el eje de Rendición y Transparencia, vinculado a la publicación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Informe Anual Ambiental y el seguimiento del compromiso de presentación del segundo Informe Bienal de Transparencia.
Son avances institucionales relevantes para la gobernanza climática, pero insuficientes para modificar la situación de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia. Sectores como bosques, transporte, residuos, emisiones y biodiversidad no tienen ningún objetivo cumplido.

El historial de plazos vencidos anticipa riesgos hacia 2030
De los 23 compromisos con fecha límite entre 2023 y 2025, solo 2 fueron cumplidos en el plazo previsto y otros 2 se cumplieron fuera de plazo. Los 19 restantes no fueron cumplidos o no cuentan aún con verificación definitiva. Si el criterio es el cumplimiento en tiempo y forma, 21 de 23 objetivos, el 91,3%, no alcanzaron ese estándar.
El dato es especialmente relevante porque dos tercios del universo monitoreado tiene como horizonte el año 2030. De los 115 objetivos evaluados, 76 vencen ese año. Dentro de ese grupo, 28 no registran avances, 26 cuentan con un avance leve, 7 ya fueron clasificados como imposible de cumplir en el plazo establecido y solo 3 alcanzaron la categoría cumplido. Faltan cuatro años para esa fecha y la gran mayoría de esos compromisos no está en trayectoria de cumplimiento.
El informe se presenta en un contexto de debilidad institucional para la política ambiental nacional. Al cierre de la actualización, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encontraba vacante, luego de la renuncia de Fernando Jorge Brom el 30 de junio de 2026. Esta situación se suma a un período de desjerarquización del área ambiental nacional y de reducción de capacidades institucionales para implementar y monitorear la política climática. 
La actualización también incorpora por primera vez una mirada sobre los Planes de Respuesta al Cambio Climático provinciales, exigidos por la Ley 27.520. Al cierre del informe, solo tres jurisdicciones contaban con planes convalidados: Jujuy, La Pampa y Misiones. 
El número global es preocupante, pero lo más relevante es la dirección. No estamos ante una foto estática de incumplimiento, sino ante un sistema que se aleja cada vez más de sus metas mientras el tiempo se acorta. El problema no es la falta de compromisos climáticos, sino la falta de implementación sostenida, de información pública y de capacidad institucional para cumplirlos . 
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Incendios: cuánta superficie pasa de natural a productiva o a urbana tras el paso del fuego

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Un informe a nivel nacional elaborado por el sitio Ruido releva los cambios registrados en el destino de tierras que resultaron afectadas por el fuego entre 2004 y 2014. Los detalles, las provincias con más impacto y lo que dejan los datos.
En los 10 años transcurridos entre 2004 y 2014, se quemaron en Argentina 21 millones de hectáreas por incendios forestales y rurales. De ese total, tres millones (el 13,9%) fueron áreas con cobertura natural (con bosques, arbustales, matorrales o pastizales) que se transformaron tras el paso del fuego en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial (relevadas en 2024).
Esa superficie de 3 millones de hectáreas equivalen a la de la provincia de Misiones, o a la de países como Bélgica, por ejemplo. Todo el mapa de la provincia de Córdoba suma, a los fines comparativos, 16 millones de hectáreas.
Las provincias con más cambios de uso de suelo en ese período fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe, en ese orden.
El dato muestra, al mismo tiempo, que la mayoría de los incendios no tienen relación directa con la quema que busca sumar áreas de cultivo. Y no se registran transformaciones de áreas ganadas a la urbanización en suelos quemados antes, al menos en el período analizado.
Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe que realizó el sitio periodístico el ruido.org, integrado por periodistas de diferentes provincias, y que entre sus principales fuentes toma datos de relevamiento de uso de suelo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En su trabajo, a cargo del periodista especializado en ciencia Lucas Viano, Ruido admite que “existe la creencia instalada de que la mayoría de los incendios en el país tienen la intención directa de destruir ecosistemas naturales para sembrar cultivos, hacer ganadería o expandir las manchas urbanas”.
Y expone: “Un análisis de datos satelitales muestra una realidad más matizada: la mayor parte del territorio afectado por los incendios no cambia de uso, pero el fuego aparece a la vez como un factor visible en la reconversión de millones de hectáreas de entornos naturales hacia la actividad productiva”.
La investigación, basada en el análisis de dos décadas de imágenes satelitales, revela que tres millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, tras ser alcanzadas por el fuego, se transformaron en tierras para uso rural productivo. Si bien son millones de hectáreas, sólo representan el 13,9% del total del área quemada analizada.
No obstante, especialistas consultados en el informe aseguran que las quemas funcionan como una herramienta para el manejo de los predios, complementaria al paso de topadoras o rolados. A su vez, la evidencia satelital muestra que algunos ecosistemas resisten determinados regímenes de fuego.
A nivel nacional, el estudio tomó como punto de partida la vegetación en 2003, analizó las 21,7 millones de hectáreas quemadas durante la década siguiente (2004–2014) y utilizó los datos de 2024 (el último año disponible) para establecer la comparación con el mapa actual.

Puesto en cifras
Las conclusiones a las que arriba la investigación precisa varios números:
- El 53,6% (11,6 millones de hectáreas quemadas) se mantuvo en el mismo estado de ecosistema natural tras los incendios.
- El 13,9% (3 millones de hectáreas) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales y pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial. El análisis no registró transformaciones hacia áreas urbanizadas.
- El 9,6% (2 millones de hectáreas) se transformó en otro tipo de ecosistema natural, lo que potencialmente implica un deterioro de la biodiversidad por degradación, afectación de flora y fauna, e impactos en el agua, el paisaje y la regulación climática.
- El 13,1% de la superficie afectada ya eran áreas productivas antes de quemarse.
- El 9,9% restante correspondió a cambios o permanencias que el análisis satelital no pudo clasificar.
“El desfase temporal de 10 años (entre 2014 y 2024) responde al interés de evaluar trayectorias post-fuego de mediano y largo plazo, priorizando cambios de cobertura relativamente consolidados por sobre respuestas inmediatas o transitorias”, señaló en el trabajo el especialista cordobés Nicolás Mari, técnico del Inta y autor del análisis.
“El fuego funciona como un acelerador de las transformaciones. Porque donde hubo fuego, el cambio de uso de suelo de áreas naturales a áreas productivas se multiplica por tres”, apunta Mari en el trabajo.

Por provincias
En el período analizado, Santiago del Estero fue la provincia con más superficie con vegetación natural quemada que luego se transformó en suelos productivos (1,1 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014 pasaron a ser campos con cultivos o ganadería en 2024)
En cantidad de hectáreas, aunque lejos, le siguen Salta (649 mil), Chaco (386 mil) y Formosa (206 mil)
Especialistas consultados marcan que en 2007 se registró un cambio, cuando se sancionó la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Un estudio del Inta determinó un incremento de al menos dos veces el número de incendios previo a la reglamentación de esa ley (entre 2009 y 2011), durante la etapa de transición que finalizó con la instrumentación legal en cada provincia.
“Hubo un impacto negativo en esos años la conservación de las superficies cubiertas por bosque nativo que fue contrario al objetivo de conservación enunciado por la ley”, señala el trabajo.
Mari explica para Ruido que el fuego es la herramienta más barata para eliminar cobertura vegetal y una práctica que se sostiene desde hace décadas. “Pero si la intención es establecer una actividad productiva a una escala empresarial, siempre van a utilizar maquinaria para hacer la transformación y el fuego es más una herramienta para manejar esos cambios”, apunta.

Córdoba en el mapa
Córdoba está atravesada por incendios todos los años. Si bien en el registro de 2004 a 2014 no presenta un porcentaje alto de superficie con cambio de uso de suelo tras el paso de fuego, para Mari es un ejemplo de cómo las llamas pueden impactar en los ecosistemas.
En el período analizado se quemaron en Córdoba 874 mil hectáreas y el 3,5% era vegetación natural que se transformó en suelos productivos, la mitad de la superficie se mantuvo con el mismo tipo de vegetación y un 13,7% se transformó en otro paisaje natural.
“Que no haya cambio no significa que no haya daño. El fuego siempre va a dejar un impacto. Una de esas consecuencias puede ser a nivel estructural: un bosque que se transforme en un arbustal; o funcional, con un bosque que tras el incendio siga siendo bosque pero ya no pueda albergar ciertas especies”, ejemplifica.
Esa degradación también afecta los servicios ecosistémicos, esto es, los beneficios para las personas como la retención del dióxido de carbono (el principal responsable del cambio climático) o la regulación hídrica (por impactos en ríos y arroyos).
“Otro problema que sucede en Córdoba tras el fuego es que hay un reemplazo de especies nativas por especies invasoras”, cita Mari para ese trabajo.
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Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Biodiversidad en Chubut: la rana de los alerces persiste tras los incendios

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chubut


En una noticia que genera alivio para la comunidad científica y los defensores del medio ambiente, se ha confirmado la permanencia de la rana de los alerces (Batrachyla fitzroya) en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut. Este importante hallazgo se produce luego de los devastadores incendios forestales que afectaron gravemente la Isla Grande del Lago Menéndez, el único rincón del planeta donde habita esta especie. La detección de este anfibio representa un hito fundamental para la biodiversidad de la Patagonia argentina y un testimonio de la capacidad de supervivencia de la fauna local frente a eventos climáticos extremos.

Un hallazgo clave para la biodiversidad
El descubrimiento fue el resultado de exhaustivos operativos de monitoreo post-incendio llevados a cabo por un equipo de herpetólogos y guardaparques del área protegida. Durante estas tareas de relevamiento, cuyo objetivo central era evaluar de manera integral el impacto del fuego sobre la flora y la fauna, se logró registrar nuevamente la presencia de ejemplares de la especie, confirmando su persistencia en las zonas que fueron alcanzadas por las llamas.
La rana de los alerces se encuentra catalogada en estado de conservación Vulnerable. Su condición de especie microendémica la hace particularmente frágil, ya que su existencia depende exclusivamente de las condiciones ambientales de la Isla Grande del Lago Menéndez. Cualquier perturbación significativa en este hábitat restringido podría significar la desaparición definitiva de la especie, por lo que su hallazgo tras el incendio abre nuevas líneas de investigación científica sobre la resiliencia de las poblaciones locales y la capacidad de recuperación de su entorno.

El vínculo vital con los alerces milenarios
Este pequeño anfibio guarda una relación simbólica y biológica profunda con su entorno, al punto de que su nombre rinde homenaje al alerce o lahuán (Fitzroya cupressoides). Estos árboles milenarios, que pueden superar los 2.600 años de antigüedad y alcanzar alturas de hasta 60 metros, conforman el dosel del bosque húmedo donde la rana desarrolla su ciclo vital.
Los sitios reproductivos de la rana de los alerces se encuentran en el suelo húmedo del bosque y en las costas del lago. Esta dependencia de la humedad del suelo la vuelve extremadamente sensible a las alteraciones ambientales provocadas por el fuego, que tiende a resecar la capa orgánica del terreno y destruir los microclimas necesarios para su reproducción. El hecho de que la especie haya logrado sobrevivir a los incendios indica una capacidad adaptativa que los científicos ahora buscan comprender en mayor profundidad para reforzar las medidas de conservación.

Un refugio de vida silvestre amenazada
El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es mucho más que el hogar de esta rana; es un santuario biológico que protege más de 80.000 hectáreas de cuencas y lagos de agua prístina. Además de la rana de los alerces, el parque actúa como refugio para otras especies emblemáticas que enfrentan serias amenazas de extinción, como el huemul (ciervo andino en peligro crítico), el pudú (el ciervo más pequeño del mundo) y el gato huiña.
El ecosistema que protege el área, compuesto por la selva valdiviana y el bosque andino patagónico, cumple funciones ecológicas vitales que benefician incluso a comunidades lejanas. Entre estas funciones destacan la regulación hídrica, la provisión de agua de alta calidad para poblaciones locales y su rol como corredor biológico esencial para mantener la variabilidad genética de las especies de la región.

Compromiso con el futuro del ecosistema
La persistencia de la rana de los alerces es un recordatorio de que, aunque la naturaleza posee una asombrosa resiliencia, su fragilidad ante los incendios forestales es extrema. El hallazgo en la Isla Grande reafirma la importancia crítica de los monitoreos científicos constantes y de la protección activa de las áreas naturales frente a amenazas antropogénicas y climáticas.
La conservación de este parque nacional es indispensable para garantizar que especies únicas no se pierdan para siempre. El compromiso colectivo para proteger este "santuario de vida" es lo que permitirá que tanto los alerces milenarios como los pequeños habitantes de su suelo sigan formando parte del patrimonio natural del país y del mundo
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