El sorprendente aumento de guanacos en Santa Cruz: de 200.000 a 2 millones en 20 años

Fecha de Publicación: 31/07/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Santa Cruz


Un estudio del CAP, WCS y CONICET confirmó que la población de guanacos crece en Santa Cruz. Buscan equilibrar su conservación con la producción ganadera.
En el año 2000, el gobierno de Santa Cruz llevó adelante un censo según el cual había entre 220.000 y 240.000 guanacos en la provincia. Trece años más tarde, de acuerdo con el censo aéreo realizado en 2013 por el Consejo Agrario Provincial (CAP) junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el Aeroclub Río Gallegos, el número había alcanzado el millón de animales. Esta semana se conocieron los resultados de los relevamientos terrestres más recientes, realizados por el CAP, la organización WCS Argentina y el CONICET, y el resultado es contundente
La población de guanacos en Santa Cruz ronda los 2 millones de ejemplares durante la estación fría (abril-septiembre) y los 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), en un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% del territorio provincial. Los niveles de incertidumbre de estas estimaciones —15% para la temporada fría y 7% para la cálida— se ubican dentro de los rangos esperables para este tipo de estudios sobre fauna silvestre.

La tendencia de crecimiento en la última década
Al comparar estos resultados con el último relevamiento metodológicamente equivalente, correspondiente a 2013, los investigadores identificaron una tendencia de incremento de la población provincial de guanacos durante la última década, aunque advierten que su magnitud probablemente varíe según los distintos paisajes de la provincia.
El estudio también reveló una marcada heterogeneidad en la distribución de las poblaciones según la zona. Este dato —sumado a la disputa por pasturas y agua entre la fauna silvestre y la ganadería— refuerza, según los autores, la necesidad de seguir desarrollando herramientas de manejo que favorezcan la coexistencia y la conservación de los pastizales frente a una aridez creciente.
En ese sentido, WCS Argentina trabajó junto a los equipos técnicos del CAP en el procesamiento y el modelado de los datos relevados en 2023. Entre las acciones conjuntas impulsadas por ambas instituciones se destaca la instalación de protectores en aguadas, orientada a reducir la competencia por el recurso hídrico entre la fauna silvestre y la producción ganadera ovina y vacuna.

Primeros mapas de densidad de guanacos
El informe constituye la estimación más actualizada de abundancia de guanaco disponible para Santa Cruz y ofrece una base científica para diseñar estrategias de monitoreo, manejo y conservación a escala provincial.
Como parte del trabajo, se generaron los primeros mapas estacionales de densidad con una resolución de 4 km² elaborados para la provincia, acompañados de mapas de incertidumbre que permiten evaluar el grado de precisión de las estimaciones en cada sector del territorio.
Los autores aclaran que esa información, si bien es clave para orientar decisiones a escala provincial, no reemplaza los estudios complementarios que se requieren para tomar decisiones de manejo a nivel local o predial.
"Que las autoridades provinciales hayan invested en desarrollar este análisis es un paso fundamental para contar con información confiable y actualizada, que hoy es imprescindible para tomar decisiones de manejo y conservación basadas en evidencia", sostuvo Andrés Novaro, coautor del informe y director de conservación terrestre de WCS Argentina, organización que trabaja en la conservación y el manejo sustentable del guanaco en la Patagonia desde hace tres décadas.

Metodología validada internacionalmente
El relevamiento aplicó Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una técnica estandarizada a nivel internacional para el monitoreo de poblaciones silvestres, e incorporó ajustes respecto de limitaciones detectadas en estudios anteriores. El área de predicción se restringió al rango efectivamente recorrido en el terreno, lo que —según los responsables del estudio— garantiza que los resultados reflejen condiciones observadas y no proyecciones sobre datos no verificados.
Al tratarse de la misma metodología utilizada en el censo de 2013, los investigadores pudieron realizar una comparación temporal válida entre ambos períodos.
Desde el CAP y WCS Argentina coincidieron en la importancia de continuar generando información científica actualizada que permita seguir la evolución de la población de guanacos y su distribución en el tiempo, bajo un enfoque metodológico consistente. El objetivo central es avanzar hacia esquemas de manejo que equilibren la conservación de la fauna nativa con la sustentabilidad de la producción ganadera y la recuperación de los pastizales patagónicos.
"Contar con datos científicos rigurosos y actualizados es fundamental para tomar decisiones informadas y responsables en el territorio. La alianza y el trabajo técnico conjunto con WCS Argentina nos aportan una base de información altamente relevante para avanzar en la dirección correcta: nos brinda las herramientas necesarias para consolidar el Plan de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, garantizando que nuestras acciones resguarden la salud de los pastizales nativos y eviten impactos ambientales negativos, al mismo tiempo que impulsamos un desarrollo con resultados positivos y tangibles en materia social, económica y cultural para Santa Cruz", destacó Hugo Garay, en representación del Consejo Agrario Provincial.

El guanaco como recurso estratégico
El guanaco es considerado un componente clave de la biodiversidad patagónica y, a la vez, un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable (fibra, carne y derivados). Para los responsables del estudio, la evidencia de una población consolidada y en crecimiento indica que la especie encuentra en la actualidad condiciones favorables para su desarrollo en la provincia.
En ese marco, remarcaron que la información científica generada resulta clave para consolidar planes de manejo ambiental que eviten la sobrecarga de los campos, resguarden la productividad de los pastizales nativos y permitan sostener un equilibrio entre la conservación de la fauna y la salud de los ecosistemas de Santa Cruz.
.

Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
.

El plebiscito que frenó una megaobra hace 30 años vuelve a estar en peligro y las voces de alerta crecen en Misiones 

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


Represas en Misiones: el 14 de abril de 1996, un plebiscito vinculante marcó la historia ambiental de la provincia. El 88% de los habitantes votó "no" a la construcción de una central hidroeléctrica en Corpus Christi, cerca del pueblo de San Ignacio.
El sitio elegido estaba en plena selva de Paraná. Una zona estrecha, con gran caudal. El proyecto era similar al de Yacyretá, que había sido inaugurada oficialmente apenas dos años antes.
Según publicó la periodista Karina Ocampo en el sitio EconomiaSustentable.com, como en el complejo hidroeléctrico binacional, el tratado nacía de un acuerdo entre Argentina y Paraguay. El objetivo era aprovechar la energía hidráulica en la región, pero la resistencia ciudadana transformó ese "no" en ley provincial.
La Ley Provincial 3.294 —ahora LEY XI – Nº 5— ratificó el resultado del plebiscito. No solo prohíbe la construcción de represas sobre el tramo del río Paraná que corresponde a Misiones. También deja cualquier proyecto similar en manos de la población, sin importar dónde se emplace.

Por qué Misiones rechazó las represas en los años 90
Eduardo Luján es referente socioambiental de la Mesa Provincial No a las Represas. Actualiza la información sobre esta lucha desde la cuenta oficial de la organización.
Recuerda que en la década del 90 se hablaba de tres posibilidades. Una era Corpus Christi. Otra estaba en la isla Pindoí. Había una tercera ubicada unos kilómetros más arriba.
"En aquel momento hubo una gran resistencia de la ciudadanía", dice Luján. La oposición tenía razones concretas: los graves efectos ambientales, sociales y sanitarios que había generado Yacyretá.
Se sumaban los efectos de Itaipú, la represa brasileña ubicada aguas arriba de Iguazú. El impacto en los ecosistemas de las más de treinta represas que construyó Brasil entre los ríos Iguazú, Uruguay, Paraná y sus afluentes es enorme, aseguran los opositores. según indicó EconomíaSustentable.com.
Entre las consecuencias destacan: pérdida irreparable de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, y alteración de ciclos de sedimento.

Quiénes intentan revivir el proyecto de Corpus Christi
Luján señala que algunos ex diputados y actuales legisladores del oficialismo —de La Libertad Avanza— intentan promover un debate sobre la construcción de Corpus Christi.
"Nosotros tenemos todos los argumentos de que está prohibido", asegura. La ley surge con el respaldo de la Constitución y tiene rango constitucional, porque la reforma del año 94 estableció una serie de elementos jurídicos que la protegen. Solo considerándola inconstitucional podría llegar a ser derogada.
El 10 de mayo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció un acuerdo con Taiwán. El proyecto Yguazú Digital avanzó en un memorándum de entendimiento para un "Centro Soberano de Computación de Inteligencia Artificial".
Ese tipo de instalaciones necesitan grandes cantidades de energía. Al igual que las generadoras de bitcoin. Por esa razón, explica Luján, el proyecto no sería en provecho de la población local.
"Más allá del histórico interés de empresas constructoras, con la aparición del RIGI y todos estos beneficios para las grandes corporaciones, hay miradas de algunos inversionistas pretendiendo avanzar sobre disposiciones y leyes avaladas por la ciudadanía", advierte.

Cómo se organizó la resistencia en Misiones
En 2010 se empezó a hablar de un nuevo proyecto: Garabí Panambí. En ese momento se conformó la Mesa Provincial No a las Represas. según indicó EconomíaSustentable.com.
La integran más de 40 organizaciones ambientalistas, sociales y religiosas. Distintos cleros de la provincia: evangélicos, católicos, obispados. Desde los inicios contaron con el acompañamiento del obispo Joaquín Piña, de la diócesis de Iguazú.
Sus seguidores continúan esa línea. Se sumaron sindicatos como la CTA, movimientos campesinos, la Asociación de Plantadores de Yerba Mate (APAM), el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y más.
"Garabí Panambí fue parado por un fallo de una justicia brasileña", explica Luján. El fallo prohibió avanzar con esa obra porque afectaba un parque nacional de Brasil frente a los Saltos del Moconá, patrimonio de las Naciones Unidas.
"Desde ese momento hasta ahora hemos mantenido siempre alguna actividad mínima, más preventiva que otra cosa. En los últimos meses hemos comenzado a accionar nuevamente porque avanzan sobre la posibilidad de discutir Corpus", agrega.
Un artículo reciente del medio Mongabay señala que el proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad. Significa que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3.500 megavatios (MW) de potencia.

Qué acciones llevan adelante los ambientalistas misioneros
A 30 años de aquel plebiscito por el "no", la Mesa realizó acciones en Posadas con mucho movimiento y adhesiones.
Hace un mes pidieron audiencia ante el gobernador. Todavía no tuvieron respuesta. El 31 de julio, los integrantes de la Mesa se reunirán en Aristóbulo del Valle para delinear qué acciones llevarán adelante ante esa falta de respuesta.
"La misma ley 11 número 5 del Digesto Misionero establece en su articulado que le indican y le instruyen al gobernador la necesidad de que sea él quien advierta que está prohibido a quienes intentan avanzar sobre algún tipo de estas megaobras", dice Luján.
El referente remarca la necesidad de advertir a las autoridades paraguayas que no deberían avanzar. Pero la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP) —que tiene la función de administrar y mejorar el uso del río— ha ejercido presión desde el lado de Paraguay.
Su director, Guardo Enrique, dijo que el proyecto nunca fue abandonado.

Cuáles son los problemas ambientales que enumera la Mesa
Eduardo Luján enumera los problemas ambientales existentes en Misiones: el desmonte, la pérdida de masa boscosa, el avance del monocultivo de pino, la pérdida de biodiversidad, los niveles de contaminación.
Un cambio climático acelerado por todo lo anterior. "La proliferación grandísima que ha habido en la provincia de vectores que transmiten fiebre amarilla, paludismo, dengue", agrega.
En lo social, la pérdida de fuente de trabajo. Una represa genera la erradicación de sus lugares de origen a miles de personas, y la situación se viene agravando en términos generales.
El acompañamiento del voto popular se ha manifestado a lo largo de 30 años de diferentes maneras. Con actividades culturales, bicicleteadas y movilizaciones. El objetivo es mantener el tema en agenda y reafirmar el "no" contra las represas en Misiones. según indicó EconomíaSustentable.com.

Las voces jóvenes que heredaron la lucha contra las represas
Jazmín Furlán tiene 16 años. Vive en la localidad de Cerro Corá, en el municipio de Candelaria. Técnicamente —aclara— viven en Villa Venecia, cerca del pueblo de Cerro Corá.
En medio de la selva paranaense, la adolescente cuenta que no tienen mayores problemas con el acceso al agua. Cada chacra tiene su propia vertiente. Pero sí hay problemas en el pueblo, donde se hacen muchas perforaciones por ese mismo aspecto.
"No tenemos mayores problemáticas con agrotóxicos, ya que no hay monocultivos en este territorio, tales como soja o maíz, porque no es rentable producir en terrenos como los de Misiones", explica.
Los mayores problemas socioambientales son las titulaciones de los terrenos. Muchos pequeños campesinos no pueden acceder porque no hay una disposición legal. La mayoría de estos terrenos no están a nombre de los campesinos que los habitan y los defienden.
El padre de Jazmín vivió la histórica votación de 1996. Ella conoce desde pequeña el riesgo que implica una represa hidroeléctrica cerca de su hogar.
Autodidacta desde los 13 años, por elección propia, trabaja como docente de niños pequeños en reservas naturales. Les habla sobre microbiología, biodiversidad nativa, la importancia de la selva misionera. Qué es una reserva natural y cuál es la importancia de defenderla.
También trabaja en la construcción de huertas comunitarias sostenibles. Comparte saberes con niños y adolescentes en colegios secundarios.
Se define como "campesina y comunicadora". Cuenta que en su chacra cultivan maíz. Hicieron un cuadro de milpas sostenibles con semillas de maíz nativo criollo de una comunidad mbya cercana.
Jazmín explica que lo hicieron con trabajo comunitario de chacras locales y con biofertilizantes de su biofábrica. No solo estudia y difunde información en las redes. También habla sobre todo lo que podría peligrar de avanzar el proyecto. según indicó EconomíaSustentable.com.

Qué datos cuestionan los jóvenes ambientalistas sobre Corpus Christi
"Las autoridades a cargo del proyecto dicen públicamente que estaría evitando la emisión de 8 millones de toneladas de carbono", dice Jazmín. Ese dato es completamente irreal y los números están por fuera de cualquier estudio que se haya realizado al respecto.
Aún no se hizo siquiera la evaluación de impacto ambiental que por ley en Argentina se tiene que hacer antes de cualquier proyecto que tenga un impacto en el ambiente.
Otra cuestión relevante que menciona Jazmín: la construcción de la represa hidroeléctrica tomaría varias décadas. Al igual que los estudios.
Para construir Yacyretá se estimaron unos diez años. En 1983 se inició la construcción de las obras civiles. En 1994 comenzó a generar energía. Recién en 2011 se terminó la obra definitiva. según indicó EconomíaSustentable.com.
En Corpus Christi se habla de siete años y medio, sin siquiera haber realizado estudios al respecto.
"Entonces, cualquier falla técnica que estos megaproyectos siempre tienen, o cualquier mínima complicación, no la van a pagar los inversores del proyecto, las empresas estadounidenses y taiwanesas", advierte Jazmín.
"Las estarían pagando el pueblo misionero y los futuros consumidores de esa energía. Pero no hay nadie que esté ahora mismo informando públicamente al pueblo misionero respecto a qué está pasando en verdad con este megaproyecto", concluye la joven activista de una resistencia que cumple 30 años en Misiones.
.

Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
.

Basura en el Mar Argentino: científicos encontraron casi 30 tipos de residuos y el fondo continental es un “sumidero irreversible”

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Una investigación desarrollada en tres cañones submarinos determinó que la gran mayoría de los desechos son plásticos. Piden reforzar la prevención para evitar que se sigan acumulando.
El buque Falkor too, desde donde se transmitió la expedición Talud Continental IV que atrapó a todo el país mostrando criaturas marinas durante varias semanas, no se limitó solamente a la exploración de especies en el fondo continental argentino. El mismo barco se usó para registrar los múltiples tipos de residuos que se encuentran en el lecho marino argentino y que, por su ubicación, convirtieron al área en un “sumidero irreversible”.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por 26 científicos y publicada en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science. El artículo se denomina “Acumulación de residuos antropogénicos en aguas profundas de la Argentina: la evidencia de un sumidero irreversible” y en él también se muestran imágenes en alta definición de la basura encontrada, tomadas gracias al ROV SuBastian que también su usó para mostrar la biodiversidad marina durante el streaming del Conicet.
En total, se registraron, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 29 tipos de residuos tras un relevamiento de 55,6 kilómetros del lecho marino distribuidos en diversos cañones submarinos ubicados en aguas argentinas. La mayoría de ellos, especificó en diálogo con TN la investigadora Melisa Fernández Severini, que fue parte del equipo de trabajo, se concentró en el área de los cañones de Colorado-Rawson.
“Los elementos predominantes fueron plásticos representados por bolsas, envoltorios y recipientes, seguidos por artes de pesca (líneas, sogas y redes). También se observaron otros objetos, como prendas de vestir de tela y de goma, y una cinta VHS”, detalló quien integra el Instituto Argentino de Oceanografía (Iado - Conicet) y es directora del Grupo de Investigación en Química de Ambientes de Transición, en Bahía Blanca.
La mayoría de artículos de plástico encontrados, resaltó, “coincide con los patrones globales reportados para ecosistemas bentónicos profundos, donde este material representa la categoría de basura más persistente y extendida”.
Esos patrones globales mencionados por la investigadora son reflejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos y si no se toman medidas, esta crisis podría triplicarse hacia 2040.

Irreversible
El título del artículo que publicó Fernández Severini junto a otros 25 investigadores de la Argentina, Uruguay y Estados Unidos remite a una situación irreversible en el fondo marino argentino.
La científica explicó que se basaron en “tres argumentos principales” para catalogar la situación de esta manera. Las zonas casi inaccesibles donde se alojan los residuos, la persistencia de los mismos en el tiempo y su impacto sobre la biodiversidad explican por qué el lecho marino argentino es un “sumidero irreversible”.
“Las zonas donde se hicieron los estudios presentan corrientes que favorecen la acumulación de sedimentos y material externo, incluso la basura. En ausencia de luz y oxígeno, tanto los plásticos como las artes de pesca pueden quedar en el ambiente por décadas o siglos, provocando la destrucción de hábitats y daños físicos prolongados. Los plásticos pueden ser ingeridos de manera involuntaria por los organismos”, agregó.
Estas razones hacen que la eliminación natural de estos residuos sea casi nula y que por las profundidades alcanzadas por esos residuos (entre 1000 y 4000 metros, especificó la investigadora) tampoco sea posible hacerlo de manera manual: “No existen tecnologías viables ni escalables para la remoción de residuos a las profundidades relevadas”.

Fuentes de contaminación
Consultada sobre los orígenes de los residuos, la científica indicó que no hay una única fuente y que tampoco es local.
Al tratarse de una zona tan compleja, la basura puede provenir de muchas fuentes tanto marinas como terrestres: “Los cañones submarinos actúan como conductos que canalizan material desde la plataforma continental hacia las profundidades. La basura detectada en el mar Argentino puede tener origen tanto en actividades desarrolladas en el país como en otras regiones del Atlántico Sur”.
Estos múltiples orígenes plantean un desafío a la hora de pensar en, al menos, reducir la cantidad de residuos en el lecho marino. En ese sentido, Fernández Severini dijo: “Requiere un abordaje integral. Implica, por un lado, políticas nacionales en gestión de residuos y regulación de la actividad pesquera. Y por otro la coordinación a nivel internacional, porque una parte significativa de la basura puede provenir de la navegación y de la pesca en aguas internacionales”.

Prevención
La finalidad del trabajo es establecer una base sobre la situación del “mar profundo argentino”, dijo Fernández Severini, para diseñar políticas que apunten a su conservación.
Si bien consideró que eliminar por completo los plásticos del océano es “un objetivo lejano”, se puede ir hacia una reducción significativa de las fuentes que aportan esos contaminantes al ecosistema.
Mencionó por caso al Tratado Global de Plásticos, una herramienta que aún no logra consensos a nivel internacional a pesar de que se viene discutiendo hace años: “Si logran establecer metas vinculantes para reducir la producción de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos a nivel global y regular los materiales utilizados en la pesca y la navegación, tendrán un impacto directo en la cantidad de basura que finalmente alcanza el lecho marino”.
De todos modos, aclaró que el consenso actual en el ámbito científico internacional es que la prevención debe ser la primera opción ante esta problemática para que dejen de depositarse residuos en el lecho marino, por sobre posibles intentos de remover los que ya están allí.
Se trata de un problema global, por lo que requiere soluciones en la misma medida, indicó la científica. Y afirmó que “la única manera efectiva de proteger el mar profundo argentino es evitar que continúe ingresando basura”.
.

Patagonia protege más de la mitad de sus bosques, pero hay tres amenazas

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Lo advierte un informe del CONICET y la Asociación Argentina de Ecología. Fue elaborado por investigadores en ecología y biodiversidad. Detallaron el estado de los bosques andino-patagónicos, que ocupan 53.565 kilómetros cuadrados. Afirmaron que cuidar esos paisajes es clave para preservar la biodiversidad regional 
Un grupo de 51 investigadores con filiación en 19 instituciones convocados por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) elaboró el mapeo más completo disponible de los ecosistemas del país. Contaron con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El trabajo fue elaborado por pedido de la Dirección de Biodiversidad de la Nación.
El trabajo produjo 133 fichas de ecosistemas —marinos, acuáticos continentales y terrestres— y uno de sus resultados más llamativos aparece en el extremo sur del país.
Los bosques andino-patagónicos, una franja de vegetación que se extiende a lo largo de la cordillera, desde las provincias del norte de la Patagonia hasta Tierra del Fuego, tienen el 58,3% de su superficie bajo algún grado de protección, según el informe.
Eso equivale a 31.236 km², resguardados por una red que incluye cinco áreas de jerarquía internacional, entre ellas los Patrimonios de la Humanidad Los Alerces y Los Glaciares, y la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica. A eso se suman 13 áreas nacionales y 54 provinciales. Sin embargo, los expertos señalaron tres amenazas para los ecosistemas de la Patagonia para tener en cuenta.

El castor invasor
La primera amenaza es animal y viene del hemisferio norte. El castor canadiense es una especie exótica invasora —es decir, traída de otro lugar del mundo y que causa daño al ambiente local— que el informe de la AsAE ubica entre los principales peligros para el bosque. El animal construye diques en los cursos de agua, lo que provoca la inundación de los bosques aledaños y la destrucción de los árboles. Otras especies invasoras que también figuran en el diagnóstico son la rosa mosqueta y la avispa chaqueta amarilla.

Truchas foráneas
Los cuerpos de agua del bosque enfrentan otro problema: la presencia de salmónidos exóticos, es decir, truchas y salmones introducidos desde otras regiones del mundo. El informe menciona, entre otros, a la trucha arcoíris y a la trucha marrón. Estas especies están presentes en los mismos cuerpos de agua que peces nativos como los puyenes y las percas, propios de la región y parte de la cadena alimentaria original del ecosistema.

El deshielo que no para
La tercera amenaza es climática. El informe de la AsAE registra la retracción glaciar —la pérdida de masa de los glaciares por el aumento de la temperatura— como uno de los factores que afecta los lagos de altura de la región. Esos cuerpos de agua dependen del derretimiento controlado del hielo para mantener su nivel. Los lagos andinos de Patagonia austral, entre los que se cuenta el lago Argentino —el más grande de la Argentina, con 1.560 kilómetros cuadrados—, también reciben el impacto del cambio climático junto con el avance urbano sobre sus márgenes.

El tesoro oculto del bosque andino: fauna única y naturaleza en peligro
De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET, el bosque andino-patagónico tiene 53.565 kilómetros cuadrados de superficie total y un clima templado frío, con precipitaciones medias de 1.649 milímetros anuales.
Entre su fauna conviven el huemul, un ciervo autóctono en peligro de extinción, el cóndor, el carpintero gigante y el alerce, uno de los árboles más longevos de la región. El ecosistema presta servicios de regulación del clima, provisión de agua dulce y soporte para el ecoturismo en toda la región cordillerana.
Una de las coautoras, la investigadora en ecología del CONICET Paulina Martinetto, contó a Diario RIO NEGRO sobre la situación de las provincias de Río Negro y Neuquén. “En las dos provincias se observa una gran diversidad de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos continentales y marinos. Esto se debe principalmente a su geografía única, desde la cordillera al mar, y su posición en la Patagonia norte, región de transición climática”.
La experta destacó: “La riqueza natural que convive en Río Negro y Neuquén brinda múltiples beneficios a sus habitantes, como agua potable, alimentos, regulación del clima y ecoturismo”.
.

La Unesco advirtió por el impacto del oleoducto de Vaca Muerta y pidió frenar las obras

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: A24
Provincia/Región: Nacional


El organismo internacional expresó su preocupación por el impacto ambiental de la terminal petrolera de Punta Colorada y exigió información sobre los riesgos para el ecosistema marino.
La Unesco, a través de su Comité de Patrimonio Mundial, le reclamó al Gobierno argentino que detenga los trabajos en la terminal petrolera de Punta Colorada hasta contar con una evaluación ambiental que permita determinar el impacto del proyecto. El organismo manifestó su preocupación por los posibles efectos sobre la Península Valdés y estableció febrero de 2027 como fecha límite para recibir la documentación pendiente.
El proyecto para construir la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías enfrenta un nuevo revés. La Unesco solicitó este viernes al Estado argentino que interrumpa las obras que se llevan adelante en el lugar y presente con carácter urgente información complementaria sobre los posibles impactos ambientales de la iniciativa.
El pedido quedó plasmado en un documento difundido durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que se desarrolla en Busan, Corea del Sur. Allí, el organismo reclamó a la Argentina que suspenda los trabajos vinculados al proyecto hasta que se presente ante el Centro del Patrimonio Mundial la evaluación ambiental solicitada.
La preocupación de la Unesco está relacionada con la ubicación de la terminal petrolera de Punta Colorada, sobre la costa del Golfo San Matías y a unos 30 kilómetros de la Península Valdés, sitio reconocido como Patrimonio Mundial y área protegida de la provincia.
En diciembre de 2024, YPF comenzó la construcción del oleoducto de 437 kilómetros, una obra destinada a transportar el petróleo extraído de Vaca Muerta hasta la costa patagónica para su posterior exportación.

La preocupación por el impacto ambiental
La iniciativa generó cuestionamientos desde sus comienzos debido a que el Golfo San Matías había sido declarado área protegida por ley. Esa normativa fue modificada en septiembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, para habilitar el desarrollo del proyecto.
La discusión también sumó voces de distintos sectores. En agosto del año pasado, el obispo de Rawson, Roberto Álvarez, envió una carta al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que transmitió las preocupaciones planteadas por ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
Ahora, la Unesco volvió a expresar su inquietud por el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Según señaló, existen riesgos vinculados al traslado de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria ubicada en el Golfo San Matías.
Además, el organismo estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para que la Argentina entregue la información pendiente.
En el documento, el Comité también manifestó su preocupación porque las obras preliminares de la terminal ya se encuentran en marcha y porque, de acuerdo con los informes recibidos, la exportación de petróleo podría comenzar durante 2026.
La Unesco ya había solicitado en cuatro oportunidades información adicional al Estado argentino sobre el proyecto, cuya terminal de salida estará ubicada en Punta Colorada. En esos pedidos, el organismo había advertido sobre el riesgo potencial de generar un daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) de la Península Valdés.

Qué cuestiona la Unesco
Entre los principales puntos señalados por el organismo aparece la falta de un proceso participativo considerado adecuado para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La preocupación está centrada en los posibles efectos de la actividad sobre la fauna marina, el riesgo de colisiones con cetáceos, la contaminación acústica submarina y eventuales derrames de petróleo.
Tras los reiterados pedidos, el Gobierno argentino presentó finalmente, el 15 de diciembre de 2025, una evaluación ambiental ante el Centro del Patrimonio Mundial. El documento incluía medidas de mitigación y gestión ambiental previstas para las distintas etapas del proyecto, además de mecanismos de monitoreo y control.
Sin embargo, para la Unesco todavía existen dudas sobre el alcance de esa evaluación. El organismo consideró que no está suficientemente claro si fueron analizados de manera adecuada todos los posibles impactos del proyecto ni si las medidas planteadas permiten garantizar que no habrá efectos negativos.
También señaló que la información disponible es limitada respecto de la manera en que se gestionarían eventuales incidentes durante la etapa operativa de la terminal.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la división de responsabilidades entre las distintas jurisdicciones provinciales involucradas, particularmente Río Negro y Chubut, lo que, según la Unesco, podría dificultar la gestión de los riesgos ambientales.
De esta manera, el Comité de Patrimonio Mundial volvió a poner el foco sobre el proyecto y reiteró su preocupación por los potenciales riesgos que podría generar el oleoducto Vaca Muerta Sur en la zona.

El antecedente de la UICN
El reclamo de la Unesco se suma a una advertencia realizada el año pasado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales redes ambientales a nivel global.
En octubre de 2025, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Abu Dabi, la organización pidió al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro que recuperaran el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías y suspendieran aquellos proyectos que pudieran poner en riesgo su biodiversidad.
En aquella resolución, la UICN reclamó derogar las normas que redujeron el nivel de protección del área y solicitó restablecer las condiciones establecidas por la Ley 3308.
La organización también cuestionó la modificación realizada en 2022, al considerar que fue impulsada de manera “inconsulta, apresurada y regresiva” y que dejó expuesta la integridad ambiental del Golfo San Matías frente a los proyectos previstos para la región.
.

Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
.

Encontraron más de 700 cajones pesqueros en las playas de Puerto Madryn y crece el reclamo por controles

Fecha de Publicación: 27/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut


Los cajones aparecieron a pocos metros del muelle operativo y fueron retirados por vecinos. Organizaciones ambientales advierten que no se trata de un hecho aislado.
Más de 700 cajones pesqueros abandonados en las playas céntricas de Puerto Madryn volvieron a poner bajo la lupa el impacto ambiental de la actividad marítima en el Golfo Nuevo y la falta de controles sobre los residuos que genera la industria pesquera.
El hallazgo, registrado a pocos metros del muelle operativo, expuso una problemática que va más allá de la presencia de basura en la arena: la falta de trazabilidad de los pertrechos comerciales, las fallas en los sistemas de estibaje y la ausencia de sanciones efectivas para las empresas responsables.
Según los relevamientos realizados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente municipal, en dos jornadas de trabajo se retiraron 750 recipientes plásticos. La imagen de los cajones acumulados en la rambla generó preocupación entre vecinos y organizaciones ambientales.
El episodio se suma a otro ocurrido dos semanas antes en las playas de la zona sur de la ciudad, donde se retiró más del doble de estos desechos, sin que hasta el momento se conozcan explicaciones oficiales claras ni multas aplicadas a las operadoras.

Vecinos retiraron los cajones antes de que llegaran al mar abierto
La respuesta inicial estuvo a cargo de vecinos que recorrían la costa y decidieron ingresar al agua para retirar los residuos antes de que la marea pudiera arrastrarlos mar adentro.
“Cuando levantamos la mirada y vimos que había centenares de cajones, nos dio mucha impotencia”, relató Shirley, una de las ciudadanas que impulsó el retiro manual de los residuos.
La vecina explicó que suele ser habitual encontrar elementos vinculados a la actividad marítima en sectores más alejados por acción de las corrientes, pero destacó la magnitud del hallazgo en una zona céntrica de la ciudad.
“En el medio de la ciudad nunca vimos esa magnitud de cajones”, señaló.
El operativo se desarrolló en un sector visible y cercano a las autoridades marítimas, lo que incrementó el malestar de quienes participaron de la limpieza.
“Más que nada me indignó que, estando frente a Prefectura y frente al puerto, nadie haya hecho nada”, denunció Shirley.
La vecina contó que dieron aviso formal a las dos y media de la tarde y trabajaron hasta las seis sin asistencia de organismos públicos. También cuestionó la falta de colaboración de quienes circulaban por la zona.
“Era un día lindo y había muchas personas caminando, pero nadie nos ayudó”, lamentó.

Cajones identificados pero sin responsables
Uno de los principales cuestionamientos surgió porque los recipientes encontrados contaban con marcas que permitían identificar su origen.
La voluntaria confirmó que “los cajones sí estaban identificados en su mayoría” y explicó que pudieron fotografiar las insignias y marcas comerciales impresas en el plástico.
Además, observaron en el agua dos pallets de madera que podrían evidenciar fallas en la manipulación de cargas o en las operaciones de los buques.
A pesar de la identificación visible de parte del material, los vecinos cuestionaron que todavía no haya responsables identificados.
“Es increíble que a un barco le falten 700 cajones y todavía no hay un responsable”, cuestionó Shirley.
La vecina reclamó controles más estrictos sobre las empresas y el estibaje, y advirtió que la falta de protocolos también genera otros residuos.
“Frutas, verduras y hasta un pack de cintas Scotch” pueden terminar en el mar por descuidos industriales, señaló.

El riesgo de los microplásticos
Más allá del impacto visual en la costa, organizaciones ambientales advierten que la permanencia del plástico en el mar genera consecuencias a largo plazo por su fragmentación en microplásticos.
El episodio también generó críticas hacia la falta de compromiso ciudadano durante la limpieza.
“Fue indignante ver la cantidad de gente que pasaba por al lado nuestro y no nos ayudó ni a sacar un cajón, y después los ves a todos subiendo los videítos con la ballena”, expresó Shirley.
La vecina alertó sobre el impacto de estos residuos en la cadena alimentaria. “La gente no sabe que ese plástico enorme que está flotando en el mar después termina en nuestro torrente sanguíneo”, sostuvo.
Y agregó: “Si comés peces, sabés que estás consumiendo plástico”. Si bien reconoció el trabajo de remoción realizado por el municipio, cuestionó que se trate de una solución definitiva.
“Las limpiezas solo funcionan como parches”, afirmó, y señaló que el problema continuará si el Estado no interviene sobre las causas que generan estos residuos.

Reclaman sanciones para el sector pesquero
Desde la fundación Sin Azul No Hay Verde coincidieron con el diagnóstico vecinal y advirtieron que el hallazgo no representa un caso aislado.
El coordinador de la organización, Juan Coustet, remarcó que el hallazgo de los recipientes “no es un hecho aislado” sino una crisis que persiste y aumenta con el paso del tiempo.
Según explicó, una investigación reciente del proyecto MARES reveló que aproximadamente el 90% de la contaminación plástica en las costas de Chubut proviene de la actividad pesquera.
Frente a este escenario, Coustet reclamó que el problema no se aborde únicamente con limpiezas de playas, sino con medidas que permitan identificar responsabilidades.
El referente ambiental sostuvo que el Estado debe avanzar en “sancionar a los responsables”.
También cuestionó que la comunidad deba asumir este pasivo ambiental a pocos kilómetros de un área protegida y Patrimonio de la Humanidad como Península Valdés.
Desde la organización remarcaron que los residuos terminan afectando al territorio chubutense más allá de la jurisdicción bajo la que operen los buques y reclamaron que las autoridades implementen “medidas efectivas para que deje de pasar”.
.

Cómo el «Corredor de los 5 Grandes» está revolucionando la protección de la fauna marina y los secretos que los científicos acaban de revelar

Fecha de Publicación: 27/07/2026
Fuente: Portal PatagoniaAmbiental
Provincia/Región: Río Negro


a inmensidad de la Costa Atlántica rionegrina vuelve a sacudir al mundo de la ciencia y la conservación con un despliegue sin precedentes que promete cambiar para siempre la forma en que entendemos y protegemos nuestros mares australes. Durante diez intensas jornadas de investigación marina que mantuvieron en vilo a biólogos, conservacionistas y amantes de la naturaleza, un equipo multidisciplinario de especialistas recorrió los rincones más desafiantes y prístinos comprendidos entre Caleta de los Loros y El Cóndor.
El objetivo principal de esta ambiciosa campaña, llevada a cabo con el respaldo absoluto y el acompañamiento estratégico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, no fue otro que relevar, documentar y descifrar los secretos mejor guardados de los cetáceos que eligen las frías y ricas aguas del norte del Golfo San Matías como su hogar temporal o permanente. En una época donde el cambio climático y la presión antrópica amenazan los equilibrios ecológicos globales, iniciativas como esta demuestran que el conocimiento científico riguroso es la única herramienta verdaderamente eficaz para blindar la biodiversidad ante un futuro incierto. La trascendencia de estos trabajos no solo radica en la acumulación de datos estadísticos o en la simple observación contemplativa, sino en la consolidación de un modelo de gestión regional pionero que equilibra de manera magistral la conservación estricta de los ecosistemas con el desarrollo sustentable y el turismo de naturaleza en la Patagonia argentina.

La importancia estratégica del Corredor de los 5 Grandes en la biodiversidad patagónica
Para comprender la verdadera magnitud de este despliegue científico, es fundamental adentrarse en la dinámica ecológica del denominado «Corredor de los 5 Grandes», una franja marina estratégica que concentra una riqueza biológica inigualable y que se ha convertido en el epicentro de las políticas de conservación de la provincia de Río Negro. Este corredor no es una línea imaginaria trazada al azar en un mapa, sino un corredor biológico vital donde convergen corrientes marinas ricas en nutrientes, accidentes geográficos únicos y una variedad de hábitats que sirven de refugio, zona de alimentación y área de reproducción para algunas de las especies marinas más carismáticas y amenazadas del planeta.
Las fundaciones involucradas en el proyecto, reconocidas por su trayectoria en la investigación cetológica y la defensa de los océanos, desplegaron un arsenal tecnológico y metodológico de última generación que incluyó desde la observación sistemática y rigurosa desde los acantilados costeros hasta sofisticadas técnicas de fotoidentificación individual y registros acústicos submarinos. Gracias a esta combinación de esfuerzo humano y tecnología punta, los especialistas lograron documentar patrones de comportamiento hasta ahora desconocidos, estableciendo conexiones directas entre las poblaciones de mamíferos marinos que circulan por el Golfo San Matías y otras reservas emblemáticas de la región patagónica.

El gran espectáculo de la naturaleza: el registro de orcas cazando en Punta Bermeja
Uno de los momentos más impactantes y reveladores de toda la campaña de monitoreo ocurrió en las inmediaciones de Punta Bermeja, un accidente geográfico imponente conocido internacionalmente por albergar apostaderos masivos de lobos marinos y una dinámica ecológica extraordinariamente activa. Allí, los investigadores presenciaron y documentaron minuciosamente una escena de caza protagonizada por un grupo de orcas, un espectáculo de la naturaleza tan sobrecogedor como fascinante que dejó al descubierto las complejas estrategias de depredación de estos superpredadores marinos.
Lo verdaderamente extraordinario de este avistamiento no fue solo la precisión quirúrgica del ataque sobre los lobos marinos, sino el hallazgo de una cría recién nacida integrada al grupo, cuya madre ya había sido identificada y monitoreada previamente en las lejanas aguas de Península Valdés, en la vecina provincia de Chubut. Este descubrimiento aporta una prueba irrefutable sobre la conectividad biológica y el flujo migratorio de los cetáceos a lo largo de la costa patagónica, rompiendo con la idea de poblaciones aisladas y demostrando que la salud de los ecosistemas marinos depende de corredores ecológicos amplios, interconectados y estrictamente protegidos contra cualquier tipo de interferencia negativa.

Escuchar el océano: la revolución tecnológica de la acústica submarina y los hidrófonos
Lejos de agotar sus esfuerzos en la superficie del mar, el equipo científico incorporó a esta campaña una de las metodologías más avanzadas y vanguardistas de la biología marina contemporánea: la acústica submarina mediante el uso intensivo de hidrófonos de alta sensibilidad. El medio marino es, por naturaleza, un entorno donde la visibilidad visual suele verse severamente limitada por la turbidez del agua, las condiciones meteorológicas o la simple profundidad, convirtiendo al sonido en el sentido primordial de supervivencia, comunicación y orientación para la inmensa mayoría de los cetáceos.
Mediante la colocación estratégica de estos equipos de escucha subacuática, los investigadores lograron captar y grabar con nitidez los complejos repertorios vocales emitidos por ballenas y delfines, permitiendo detectar la presencia de ejemplares que nadaban completamente sumergidos y alejados de la línea de visión de los observadores costeros. Estos registros acústicos no solo amplían cuantitativamente el censo de animales presentes en el área del Corredor de los 5 Grandes, sino que abren una ventana fundamental para comprender cómo estos mamíferos marinos utilizan las distintas frecuencias sonoras para coordinar desplazamientos, advertir peligros, mantener la cohesión social dentro de sus manadas y evaluar el impacto del ruido antrópico en sus delicadas rutas de navegación.

Políticas públicas basadas en evidencia científica para la gestión de Áreas Protegidas
La consolidación de estas campañas de investigación científica en la costa atlántica de Río Negro responde a una visión política y estratégica muy clara que prioriza la toma de decisiones basada estrictamente en la evidencia empírica y el conocimiento riguroso. En un contexto global donde las políticas ambientales suelen quedar relegadas frente a intereses económicos cortoplacistas, la provincia ha demostrado un firme compromiso al respaldar de manera sostenida programas que buscan blindar la biodiversidad marina sin descuidar el bienestar socioeconómico de las comunidades locales costeras. La información generada a partir de los relevamientos en el Corredor de los 5 Grandes no se archiva en un cajón académico; por el contrario, se transforma inmediatamente en insumos técnicos indispensables para mejorar la gestión y fiscalización de las Áreas Naturales Protegidas, actualizar planes de manejo de recursos costeros y diseñar normativas que regulen de manera inteligente actividades humanas como la navegación comercial, la pesca artesanal y las propuestas de ecoturismo marino que cada año atraen a miles de visitantes fascinados por la fauna patagónica.

Indicadores biológicos: el rol de las especies emblemáticas en la salud de los océanos
La relevancia de especies emblemáticas como la ballena franca austral, la orca y el delfín de Lahille va mucho más allá de su evidente valor ecológico o su atractivo turístico masivo; actúan como verdaderos indicadores biológicos de la salud integral de los océanos australes. Cuando una especie como el delfín de Lahille —un pequeño cetáceo endémico y altamente vulnerable que encuentra en los golfos norpatagónicos uno de sus principales bastiones de supervivencia— muestra poblaciones estables o comportamientos de uso de hábitat saludables, significa que toda la cadena trófica marina se encuentra en un estado de equilibrio dinámico aceptable. Por el contrario, cualquier alteración en la disponibilidad de alimento, la calidad del agua o los niveles de contaminación acústica repercute de manera inmediata en estos mamíferos marinos de altas exigencias ecológicas. Por este motivo, el monitoreo constante impulsado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y las fundaciones aliadas funciona como un sistema de alerta temprana que permite detectar amenazas potenciales antes de que se conviertan en catástrofes ecológicas irreversibles para la región.

Impacto socioeconómico y desarrollo sustentable del ecoturismo en la costa rionegrina
El impacto socioeconómico del Corredor de los 5 Grandes es otro de los pilares fundamentales que justifican la inversión de recursos intelectuales y logísticos en estas campañas de investigación marina de alta complejidad. Las comunidades costeras rionegrinas, desde el balneario El Cóndor hasta las zonas aledañas a San Antonio Oeste y Las Grutas, tienen en el turismo de naturaleza y la observación responsable de fauna una de las palancas de desarrollo más sostenibles, limpias y con mayor proyección de crecimiento a largo plazo. Los turistas nacionales e internacionales buscan cada vez más destinos que ofrezcan experiencias auténticas de conexión con la vida silvestre, pero que al mismo tiempo garanticen prácticas respetuosas que no perturben el comportamiento natural de los animales.
Al contar con un respaldo científico robusto que certifica la abundancia, la diversidad y el buen estado de conservación de los cetáceos en la región, los operadores turísticos locales disponen de un aval institucional incalculable para promocionar sus servicios bajo los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y calidad ambiental, atrayendo a un perfil de visitante sumamente consciente y comprometido con la preservación del planeta.

La alianza estratégica entre el Estado y las fundaciones para la conservación oceánica
La cooperación interinstitucional entre el Estado provincial, las organizaciones no gubernamentales especializadas como Fundación Por el Mar y Fundación Cethus, y las comunidades académicas emerge como el único camino viable para enfrentar con éxito los complejos desafíos ambientales del siglo XXI. Ningún organismo gubernamental por sí solo, por más buena voluntad que posea, cuenta con la capacidad operativa ni el conocimiento técnico especializado para abarcar la inmensidad y complejidad de los ecosistemas marinos sin el apoyo de investigadores de campo y conservacionistas dedicados. Del mismo modo, ninguna fundación privada podría implementar políticas públicas de alcance regional sin el respaldo normativo, logístico y financiero que otorgan las estructuras gubernamentales comprometidas con la causa ambiental. Este círculo virtuoso de colaboración público-privada consolidado en Río Negro se erige como un modelo modélico y replicable para otras provincias argentinas y países latinoamericanos que enfrentan dilemas similares en la gestión integrada de sus zonas costeras y marítimas, demostrando que la unión de saberes potencia exponencialmente los resultados de cualquier estrategia de conservación oceánica.

Desafíos futuros y nuevos horizontes tecnológicos en el monitoreo de la biodiversidad
Mirando hacia el futuro, los desafíos que se avecinan para la gestión y preservación del Corredor de los 5 Grandes son tan imponentes como estimulantes para la comunidad científica y los gestores públicos de la provincia de Río Negro. Las próximas etapas del proyecto contemplan la intensificación de los monitoreos durante las diferentes estaciones del año para determinar con absoluta precisión si los patrones migratorios detectados entre mayo y junio se mantienen constantes o si existen variaciones estacionales significativas impulsadas por cambios en las temperaturas del agua o la disponibilidad de presas. Asimismo, se proyecta la incorporación de nuevas tecnologías de telemetría satelital y análisis genéticos a partir de muestras de piel recolectadas de manera no invasiva, lo que permitirá trazar árboles genealógicos precisos y evaluar la diversidad genética de las poblaciones locales de cetáceos. Estas líneas de trabajo reafirman el compromiso inquebrantable de la Patagonia con la ciencia abierta, la educación ambiental y la defensa irrestricta de un patrimonio natural que pertenece no solo a los rionegrinos, sino a toda la humanidad y a las generaciones futuras que heredarán la responsabilidad de cuidar los océanos del planeta.
.

La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
.

Más del 70% de las especies de tiburones en Argentina están en riesgo de extinción: cómo buscan salvarlos

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La mayor parte de los ejemplares que habitan las aguas argentinas se enfrenta a una amenaza crítica, mientras organizaciones y pescadores impulsan iniciativas para su preservación y monitoreo
La presencia de tiburones en el Mar Argentino representa un pilar para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, la presión ejercida por la pesca deportiva y comercial puso a numerosas especies al borde de la desaparición.
Según datos de la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), el 71% de las especies de los ejemplares que habitan estas aguas enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto.
El Mar Argentino alberga 55 especies de tiburones, de las cuales más de la mitad son endémicas, es decir, su desaparición en la región significaría la extinción global. Existe una problemática que involucra tanto a la pesca comercial (industrial y artesanal) como a la pesca deportiva o recreativa.
Uno de los casos más alarmantes es el del escalandrún (Carcharias taurus), tiburón costero que habita desde Espíritu Santo en Brasil hasta el sur de Buenos Aires. La especie se considera Críticamente Amenazada, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en la región su población experimentó una reducción del 90% durante los últimos 40 años. En el mismo sentido, el gatuzo (Mustelus schmitti), otro tiburón endémico del Atlántico Sudoccidental, sufrió una disminución poblacional superior al 90% en las últimas cuatro décadas.
Las razones de este declive tienen un componente biológico: los tiburones presentan crecimiento lento, baja fecundidad y reproducción tardía. Por ejemplo, las hembras de gatuzo empiezan a parir a partir de los 8 años, con camadas de 1 a 10 crías anuales. Esto impide que las poblaciones se repongan frente a la presión de la explotación pesquera. “Por ser especies de lento crecimiento y tener reproducción sexual tardía y baja fecundidad, las poblaciones de tiburones no logran equilibrar y recuperarse de la intensa explotación a la que están expuestos”, detallan desde WCS Argentina.
La organización impulsa desde 2013 el programa “Conservar Tiburones en Argentina”, en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El objetivo es reemplazar la pesca con sacrificio por la pesca con marcado y devolución al mar. Según los datos suministrados por la entidad, “hasta el momento se sumaron a la iniciativa más de 240 pescadores deportivos y guías de pesca de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”, quienes lograron alrededor de veinte mil devoluciones de tiburones al mar, de los cuales cerca de 4.000 fueron marcados para monitoreo y se registraron 55 recapturas.
La participación de los pescadores resulta esencial en este proceso. Juan Dibbern, guía de pesca de Claromecó, Buenos Aires, describió: “Desde hace varios años se está generando un cambio grande en la pesca de tiburones costeros. Hoy hay mucha más información, y la gente está más consciente de lo importantes que son los tiburones, gracias al trabajo de especialistas y organizaciones que se dedican a cuidar estas especies, que son tan vulnerables como magníficas. Y somos varios los guías y pescadores que estamos sumando nuestro esfuerzo, desde el lugar que nos toca, para cuidar el océano, a estos animales y a todo lo que ellos mantienen en equilibrio”.
El programa ofrece capacitación, entrega marcas y anzuelos circulares para promover la devolución con vida. Los pescadores colocan una marca debajo de la aleta dorsal de los ejemplares que después liberan, junto con datos de especie, sexo, talla, carnada, fecha y ubicación. Esta información permite un monitoreo que genera datos inéditos para estrategias de conservación.
“Estamos acompañando un cambio de paradigma en la mirada que los pescadores tienen de los tiburones. A lo largo de los años, notamos un mayor compromiso motivado en parte por el acceso a la información sobre el rol esencial de estas especies en el mar y su vulnerabilidad frente a la presión pesquera. Por otro lado, los datos que obtenemos de los tiburones que ellos marcan nos permite comprender sus movimientos y mejorar las estrategias para su protección”, explicó Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de tiburones y rayas de WCS Argentina.
Para fortalecer la protección de las especies, la organización elaboró y distribuyó fichas informativas entre pescadores deportivos. El objetivo es que resulten un recurso útil y fácil de chequear desde los teléfonos de los pescadores cuando están en la costa o en el mar. Contienen información sobre identificación, distribución y nivel de amenaza de cinco especies clave: gatuzo, gatopardo (Notorynchus cepedianus), cazón (Galeorhinus galeus), bacota (Carcharhinus brachyurus) y escalandrún.
Cada ficha detalla características distintivas, zonas de distribución y causas de amenaza. Además, el material busca promover la devolución con vida de los tiburones capturados, alentando a los pescadores a compartir esta información, incluso si no participan formalmente en el programa.
Las acciones de WCS Argentina no se limitan a la pesca deportiva. En palabras de Cuevas, “articulamos esfuerzos con todos los actores involucrados. En relación a la pesca comercial, impulsamos prácticas sostenibles en pesquerías de pequeña escala y trabajamos para fomentar regulaciones nacionales e internacionales que protejan a estas especies en toda su área de distribución. Y a través de la ciencia ciudadana trabajamos con los pescadores deportivos para proteger especies presentes en las costas”.
El futuro de los tiburones en el Mar Argentino depende de la colaboración entre instituciones científicas, pescadores y organizaciones de conservación. Las estrategias basadas en información y participación ciudadana se consolidan como herramientas clave para evitar que estas especies desaparezcan de las aguas de la región y del planeta.
.