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¿Habrá acuerdo para el histórico conflicto por el Atuel?
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Conflicto con La Pampa: la Nación pondría $700 millones para que haya acuerdo por el agua del Atuel
Fecha de Publicación: 04/11/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Las tres partes en conversaciones, La Pampa, Mendoza y Nación, mantienen el silencio en torno de los términos. Trascendió que Fernández pondría 700 millones de pesos para obras.
En julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó el caudal mínimo del río Atuel que Mendoza debe dejar pasar a La Pampa y puso como plazo el 10 de diciembre para que las jurisdicciones acuerden cómo llegar a ese volumen. Aún no trascienden detalles de las obras y acciones que se implementarán; Mendoza, La Pampa y la Nación están negociando en secreto y ya tienen destinadas partidas de los Presupuestos 2021 para las obras.
El ministro de Infraestructura, Mario Isgró confirmó que la suma que debería poner Mendoza llega a los 300 millones de pesos. Por su parte, el Gobierno nacional ha comprometido en las sucesivas reuniones 700 millones de pesos para las obras en el río que mejoren el caudal. Y desde La Pampa, también aseguraron que la pauta de gastos para el año que viene también tiene una partida para las obras del río Atuel pero desde la vecina provincia no detallaron la cifra.
El hermetismo alrededor de las negociaciones es común a todas las jurisdicciones que no quieren generar malestar ni embarrar el diálogo con declaraciones en los medios. Hasta ahora se sabe que las dos provincias y Nación están trabajando, “acercando propuestas” y tienen que llegar a un acuerdo antes del 10 de diciembre. Según trascendidos, en muchos puntos Mendoza y la Nación coinciden, pero en otros la Nación se acerca a La Pampa.
Ante las consultas, desde Infraestructura aseguraron que “todavía no hay definiciones” y una respuesta similar dio el secretario de Recurso Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. “Estamos debatiendo las acciones y obras que establece la Corte Suprema para lograr el caudal hídrico apto de 3.2m3/s para recomponer el ambiente en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, el Estatuto del nuevo organismo de cuenca y el Monitoreo ambiental de la integralidad de la cuenca”, dijo Lastiri.
Posibles acciones
Desde el principio, cada provincia llevó su propuesta de obras para solucionar el conflicto. En un momento, la Justicia llamó a la Nación a intervenir como responsable del tema y ahora, además de determinar el caudal, la Corte le indicó a las jurisdicciones que acuerden cómo monitorear el caudal del río para que se cumpla la recomposición del ambiente.
En una de las propuestas la Nación se comprometió a financiar hasta el 70% de las obras y el 30% le quedaba a Mendoza y La Pampa. Esos porcentajes se traducirían ahora, en 700 millones de pesos de la Nación y 300 millones de pesos de Mendoza.
Desde Irrigación, ya han alertado que la cuenca es deficitaria y que en los últimos 10 años el caudal tuvo el registro más bajo de los 150 años que se tiene registro. Entonces, para llegar al número que indicó la Corte sí o sí hay que aumentar la oferta. Una de las posibilidades que se maneja, es la propuesta inicial de 28 pozos en la cuenca del río para bombear agua al cauce y como última opción está la obra de trasvase de aguas del río Grande.
También hay que hacer obras para que el agua no se pierda por infiltración o transpiración. En los 160 kilómetros que hay desde Carmensa (General Alvear) -hasta donde llega el canal marginal del Atuel- hasta el límite con La Pampa se haría una batería de obras para mejorar el caudal como rectificar el cauce donde hay curvas o utilizar membranas para impermeabilizar donde hay pérdidas. Algunas obras ya están avanzadas en cuanto a estudios técnicos. Hay una sola premisa que Mendoza no está dispuesta a negociar: no le van a sacar agua a los productores.
Desde La Pampa, insistieron en que no se trata solo de obras sino que la Corte también habló de acciones. “Las acciones se refieren al manejo y distribución del agua desde los embalses donde se asignan los usos humano, riego, energía, recreativo y turístico y ahora deberá establecerse el uso ambiental para satisfacer los 3,2 m3/s para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa en forma permanente y progresiva”, dijo Lastiri.
El fallo de la Corte que obliga a todas las partes
La Corte Suprema determinó el 15 de julio el caudal de agua del río Atuel que debe entregar Mendoza a La Pampa, en una causa que es la continuidad de un conflicto histórico entre las dos provincias y que se ha extendido durante décadas. En su momento, el fallo fue celebrado en Mendoza porque la cifra era similar a la que propuso la Provincia en 2018.
El dictamen fue votado de manera positiva por los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (este último con voto concurrente), al llegar a la conclusión que los 3,2 m3/s “es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano”.
El fallo también mencionó a la secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para señalar que “se podría alcanzar el caudal una vez que se realizaran una serie de obras e inversiones con un plazo de desarrollo”.
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La CSJ falló sobre el caso Atuel: 73 años de disputas
Conflicto río Atuel: una pelea de 73 años entre Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Corte Suprema falló ayer en torno a la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa, que tiene sus orígenes en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, que dejó sin agua a los pampeanos.
La Corte Suprema falló ayer en torno a un conflicto que data de 1947: la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa. ¿El origen? La construcción de la represa El Nihuil en la tierra de los vinos, que afectó a las especies autóctonas y a pobladores del oeste pampeano, que se vieron obligados a migrar por el impacto ecológico.
La pelea interprovincial se remonta a 1918, con la puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura que, ya en aquel entonces, acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel. Fue en ese entonces que desapareció el cause principal, denominado Atuel Viejo.
Pese a ese antecedente, que perjudicó a la provincia pampeana, en 1947, concluyó la construcción de la represa El Nihuil, lo que agravó más aún la situación, aldejar sin agua a La Pampa.
Dos años más tarde, el entonces presidente Juan Domingo Perón, tras recibir los reclamos pampeanos de las consecuencias que ocasionó esta obra, estableció, resolución mediante, que tres veces por semana, pasara el equivalente del 2% del caudal del río a La Pampa.
Pero la justicia mendocina anuló la resolución nacional -que no apeló esta decisión-, con lo que el paso de agua jamás se puso en práctica.
Años más tarde, en 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia afectada, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaran en manos de los pampeanos. Pero, tal como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso yLa Pampa jamás recibió un centavo.
Más de una década después, en 1987, la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declaró al río Atuel como “interprovincial”.
Sumado a eso, el máximo tribunal obligó a ambas partes a que llegaran a un acuerdo, lo que recién se plasmó en 1989, bajo un protocolo de entendimiento.
En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto que para que la provincia de La Pampa reciba agua proveniente del manantial Punta de Agua. Esta obra fue financiada por el Estado nacional y que palío parte de la problemática.
Pero los conflictos entre ambas provincias siguieron en pie.
En 2008, se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la Legislatura pampeana -a diferencia de la mendocina que lo aprobó enseguida- se tomó seis años para tratarlo y rechazarlo.
Esoderivó en un nuevo reclamo ante la Corte Suprema por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un“caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca.
A lo largo de 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3. Ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó este jueves que debe pasar 3,2.
El argumento del máximo tribunal fue que ese caudal de 3,2 metros cúbicos “constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad, como a los niveles freáticos”.
El fallo
En el fallo que se conoció ayer, además, la Corte aclaró que “el caudal mínimo permanente que se fija en este pronunciamiento debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida”.
También dispuso el fallo que ambas provinciasdeterminen las “obras de infraestructura necesarias” para alcanzar el caudal mínimo permanente y se pongan de acuerdo en el porcentaje de costos que cada una afrontará.
Si como viene ocurriendo, la solución consensuada no se alcanza, la Corte se reservó el derecho de aplicar“el curso de acción a seguir”.
El voto del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz planteó que “una negociación entre las partes con un mínimo de restricciones era la mejor manera de que esta Corte ejerciese sus facultades conciliatorias” y que, por el contrario, el “plan de remediación a presentar por las parte fue impuesto por esta Corte”.
No obstante su objeción a la dinámica de la mediación, el presidente estimó razonable que la Corte fije un caudal que, advirtió, deberá consolidarse como acertado en sucesivas mediciones y estudios técnicos.
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Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Corte Suprema falló ayer en torno a la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa, que tiene sus orígenes en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, que dejó sin agua a los pampeanos.
La Corte Suprema falló ayer en torno a un conflicto que data de 1947: la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa. ¿El origen? La construcción de la represa El Nihuil en la tierra de los vinos, que afectó a las especies autóctonas y a pobladores del oeste pampeano, que se vieron obligados a migrar por el impacto ecológico.
La pelea interprovincial se remonta a 1918, con la puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura que, ya en aquel entonces, acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel. Fue en ese entonces que desapareció el cause principal, denominado Atuel Viejo.
Pese a ese antecedente, que perjudicó a la provincia pampeana, en 1947, concluyó la construcción de la represa El Nihuil, lo que agravó más aún la situación, aldejar sin agua a La Pampa.
Dos años más tarde, el entonces presidente Juan Domingo Perón, tras recibir los reclamos pampeanos de las consecuencias que ocasionó esta obra, estableció, resolución mediante, que tres veces por semana, pasara el equivalente del 2% del caudal del río a La Pampa.
Pero la justicia mendocina anuló la resolución nacional -que no apeló esta decisión-, con lo que el paso de agua jamás se puso en práctica.
Años más tarde, en 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia afectada, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaran en manos de los pampeanos. Pero, tal como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso yLa Pampa jamás recibió un centavo.
Más de una década después, en 1987, la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declaró al río Atuel como “interprovincial”.
Sumado a eso, el máximo tribunal obligó a ambas partes a que llegaran a un acuerdo, lo que recién se plasmó en 1989, bajo un protocolo de entendimiento.
En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto que para que la provincia de La Pampa reciba agua proveniente del manantial Punta de Agua. Esta obra fue financiada por el Estado nacional y que palío parte de la problemática.
Pero los conflictos entre ambas provincias siguieron en pie.
En 2008, se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la Legislatura pampeana -a diferencia de la mendocina que lo aprobó enseguida- se tomó seis años para tratarlo y rechazarlo.
Esoderivó en un nuevo reclamo ante la Corte Suprema por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un“caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca.
A lo largo de 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3. Ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó este jueves que debe pasar 3,2.
El argumento del máximo tribunal fue que ese caudal de 3,2 metros cúbicos “constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad, como a los niveles freáticos”.
El fallo
En el fallo que se conoció ayer, además, la Corte aclaró que “el caudal mínimo permanente que se fija en este pronunciamiento debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida”.
También dispuso el fallo que ambas provinciasdeterminen las “obras de infraestructura necesarias” para alcanzar el caudal mínimo permanente y se pongan de acuerdo en el porcentaje de costos que cada una afrontará.
Si como viene ocurriendo, la solución consensuada no se alcanza, la Corte se reservó el derecho de aplicar“el curso de acción a seguir”.
El voto del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz planteó que “una negociación entre las partes con un mínimo de restricciones era la mejor manera de que esta Corte ejerciese sus facultades conciliatorias” y que, por el contrario, el “plan de remediación a presentar por las parte fue impuesto por esta Corte”.
No obstante su objeción a la dinámica de la mediación, el presidente estimó razonable que la Corte fije un caudal que, advirtió, deberá consolidarse como acertado en sucesivas mediciones y estudios técnicos.
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Conflicto entre Chaco y Corrientes por pesca
Acusan a malloneros correntinos de pescar en aguas chaqueñas en plena veda
Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral confirmó que semanas atrás la Brigada de Operaciones Ambientales del Chaco retiró elementos a pescadores correntinos que realizaban su actividad en zonas de la vecina provincia.
Luego de que malloneros correntinos denunciaron que agentes chaqueños les sustrajeron las herramientas y mallas de pesca, desde la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) aclararon que la Brigada de Operaciones Ambientales (BOA) confiscó los elementos porque pescaban en aguas de jurisdicción del Chaco,cuando aún regía la prohibición.
El Gobierno de la Provincia de Corrientes habilitó todas las actividades pesqueras (comerciales, deportivas y de subsistencia) de manera controlada y programada desde el martes 9 de junio.
En tanto, en la provincia del Chaco, a través de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca decidieron extender la veda total hasta el pasado 22 de junio cuando reanudaron la pesca en sus aguas jurisdiccionales.
En los primeros días del mes un grupo de malloneros correntinos denunciaron que agentes de control de la provincia del Chaco les retiraron las redes y mallas mientras realizaban su actividad de subsistencia en islas correntinas cercanas a Riachuelo. La situación generó alerta en los pescadores, quienes realizaron su reclamo al área de Fauna y Flora de Corrientes.
Sin embargo, desde la Asociación de Pescadores del Litoral, organismo que forma parte de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca de la Provincia de Chaco, señalaron que los agentes chaqueños desplegaron operativos en aguas correspondientes a la jurisdicción de la vecina provincia. “La BOA en cumplimiento de su tarea y en defensa del recurso ictícola, ha realizado secuestros de redes y multas en la jurisdicción de la provincia de Chaco, hacia donde cruzan los pescadores comerciales correntinos y realizan su actividad en esos sectores”, respondió la Adpl a través de sus redes sociales.
Anteriormente, desde la Apdl criticaron las decisiones de habilitar las actividades pesqueras en el río Paraná debido a que la pronunciada bajante que se registra actualmente podría generar causas favorables para la depredación de la fauna íctica autóctona. En tanto, desde la Unne destacaron las investigaciones que se realizan sobre la situación actual de los peces y señalaron la importancia de la preservación y uso responsable de los recursos hídricos para evitar cualquier inconveniente con las especies locales de peces.
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Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral confirmó que semanas atrás la Brigada de Operaciones Ambientales del Chaco retiró elementos a pescadores correntinos que realizaban su actividad en zonas de la vecina provincia.
Luego de que malloneros correntinos denunciaron que agentes chaqueños les sustrajeron las herramientas y mallas de pesca, desde la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) aclararon que la Brigada de Operaciones Ambientales (BOA) confiscó los elementos porque pescaban en aguas de jurisdicción del Chaco,cuando aún regía la prohibición.
El Gobierno de la Provincia de Corrientes habilitó todas las actividades pesqueras (comerciales, deportivas y de subsistencia) de manera controlada y programada desde el martes 9 de junio.
En tanto, en la provincia del Chaco, a través de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca decidieron extender la veda total hasta el pasado 22 de junio cuando reanudaron la pesca en sus aguas jurisdiccionales.
En los primeros días del mes un grupo de malloneros correntinos denunciaron que agentes de control de la provincia del Chaco les retiraron las redes y mallas mientras realizaban su actividad de subsistencia en islas correntinas cercanas a Riachuelo. La situación generó alerta en los pescadores, quienes realizaron su reclamo al área de Fauna y Flora de Corrientes.
Sin embargo, desde la Asociación de Pescadores del Litoral, organismo que forma parte de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca de la Provincia de Chaco, señalaron que los agentes chaqueños desplegaron operativos en aguas correspondientes a la jurisdicción de la vecina provincia. “La BOA en cumplimiento de su tarea y en defensa del recurso ictícola, ha realizado secuestros de redes y multas en la jurisdicción de la provincia de Chaco, hacia donde cruzan los pescadores comerciales correntinos y realizan su actividad en esos sectores”, respondió la Adpl a través de sus redes sociales.
Anteriormente, desde la Apdl criticaron las decisiones de habilitar las actividades pesqueras en el río Paraná debido a que la pronunciada bajante que se registra actualmente podría generar causas favorables para la depredación de la fauna íctica autóctona. En tanto, desde la Unne destacaron las investigaciones que se realizan sobre la situación actual de los peces y señalaron la importancia de la preservación y uso responsable de los recursos hídricos para evitar cualquier inconveniente con las especies locales de peces.
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El Ministro de Ambiente recorrió el Atuel
Cabandié prometió que Nación será parte de las discusiones por el derecho del agua y el Atuel
Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que recorrió hoy junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el cauce seco del rio Atuel en Santa Isabel, y respecto al conflicto que la provincia tiene con Mendoza afirmó que "es necesario sentarse a dialogar en base a los principios de equidad y de protección de la biodiversidad".
"La Nación, se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que establece la Constitución. "Es necesario sentarse a dialogar, en el marco del federalismo y la equidad", remarcó Cabandié en declaraciones periodísticas.
El ministro llegó hoy a Santa Rosa, donde fue recibido por el gobernador Ziliotto en su despacho y luego se trasladaron a Santa Isabel, distante 290 kilómetros en el extremo oeste de La Pampa, para recorrer la zona a la altura del puente "Los Vinchuqueros".
"Acá hay una cuestión como es la biodiversidad que es lo que se debe poner como primer elemento de análisis", sostuvo Cabandié para luego afirmar que su presencia en La Pampa tuvo el objetivo de "visibilizar un problema de muchos años", como es el corte del Río Atuel.
El funcionario mencionó el cambio climático que atraviesa al planeta, "que nos llevará en los próximos años a ver ríos cada vez más secos, lluvias cada vez más pronunciadas y eventos climáticos, que van a alterar la vida de las personas, en el mundo va a ser así y la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos entre los ciudadanos, entre los vecinos".
Sostuvo que "visibilizando las problemáticas de los ríos Atuel y Colorado estamos dando el mensaje que tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar entre todos, siendo justos y partiendo de los principios de equidad de protección de la biodiversidad con los que estamos interiorizados y comprometidos".
Por su parte Ziliotto, afirmó que la del río Atuel "es una causa de todos los pampeanos, más allá de las identificaciones políticas, sociales, económicas y culturales".
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Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que recorrió hoy junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el cauce seco del rio Atuel en Santa Isabel, y respecto al conflicto que la provincia tiene con Mendoza afirmó que "es necesario sentarse a dialogar en base a los principios de equidad y de protección de la biodiversidad".
"La Nación, se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que establece la Constitución. "Es necesario sentarse a dialogar, en el marco del federalismo y la equidad", remarcó Cabandié en declaraciones periodísticas.
El ministro llegó hoy a Santa Rosa, donde fue recibido por el gobernador Ziliotto en su despacho y luego se trasladaron a Santa Isabel, distante 290 kilómetros en el extremo oeste de La Pampa, para recorrer la zona a la altura del puente "Los Vinchuqueros".
"Acá hay una cuestión como es la biodiversidad que es lo que se debe poner como primer elemento de análisis", sostuvo Cabandié para luego afirmar que su presencia en La Pampa tuvo el objetivo de "visibilizar un problema de muchos años", como es el corte del Río Atuel.
El funcionario mencionó el cambio climático que atraviesa al planeta, "que nos llevará en los próximos años a ver ríos cada vez más secos, lluvias cada vez más pronunciadas y eventos climáticos, que van a alterar la vida de las personas, en el mundo va a ser así y la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos entre los ciudadanos, entre los vecinos".
Sostuvo que "visibilizando las problemáticas de los ríos Atuel y Colorado estamos dando el mensaje que tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar entre todos, siendo justos y partiendo de los principios de equidad de protección de la biodiversidad con los que estamos interiorizados y comprometidos".
Por su parte Ziliotto, afirmó que la del río Atuel "es una causa de todos los pampeanos, más allá de las identificaciones políticas, sociales, económicas y culturales".
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Más rechazos a la presa Portezuelo
Portezuelo suma rechazos
Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, ratificó que Río Negro y otras provincias integrantes del COIRCO están reclamando algunas pautas necesarias para habilitar la obra de la presa Portezuelo del Viento, como el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. «La postura hoy de la provincia es que, aunque se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca, hoy no están dadas las condiciones para que continúe esa construcción».
Curetti recordó, según publicó el sitio ADN Río Negro, que «Mendoza hizo el estudio de impacto ambiental de la obra, con su audiencia pública en esa provincia, con la normativa que rige en esa jurisdicción para ese tipo de emprendimiento, y fue aprobado; luego el Coirco encomendó a dos universidades un estudio de impacto ambiental en la cuenca, cómo impactaría la obra en toda la cuenca».
Y agregó: «Eso fue objetado por La Pampa, no lo aprobó, por eso se decidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental a través de un organismo con imparcialidad y propusimos que sea el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación el que avanzará en esto con una audiencia pública nacional».
A su vez, el funcionario rionegrino manifestó que «hubo una serie de requisitos del organismo nacional entre ellos la unificación de ambos estudios, el de la obra y el de impacto en toda la cuenca; Mendoza había aceptado en principio este esquema, pero la novedad es que en la reunión el Comité Ejecutivo del Coirco el jueves pasado no es que haya un cambio de posición, pero se planteó la discusión sobre si eso amerita o no amerita». Y explicó que en función de esto hoy no están dadas las condiciones para que continúe la obra, más allá que se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca.
Condiciones
Curetti explicó que Neuquén avala la obra pero también quiere que se den todas las condiciones y Buenos Aires planteó una postura muy similar a Río Negro, si no se avanza en ese estudio integral, será difícil avanzar en la construcción.
Destacó que esta postura es la que acordaron la gobernadora Arabela Carreras con su par pampeano, Sergio Ziliotto, junto a otros temas que tienen que ver on el análisis de la difícil situación de la cuenca, la sequía prolongada. «Estuvimos en Casa de Piedra donde se certificó la situación preocupante, 10 años de sequía», consignó. «Hay que estar seguros que Portezuelo del Viento será beneficiosa y no un perjuicio», concluyó.
Marchas
En la provincia rionegrina, las seccionales rionegrinas de ATE y la CTA Autónoma se movilizaron este viernes contra la instalación en Mendoza de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Las protestas fueron sobre los puentes de Río Colorado, Catriel, Casa de Piedra, paraje La Japonesa de Gobernador Dubal y Pedro Luro.
«Se busca visibilizar el rechazo al proyecto Portezuelo del Viento, como parte del pueblo de Río Negro, que ya se ha expresado en contra», aseguró Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA rionegrina, Rodrigo Vicente.
El gremialista expresó que «la modificación del cauce del río Colorado atenta contra nuestra cultura porque bebemos del río y regamos la producción frutícola y agrícola, además de ser una fuente de ingresos por su capital turístico». Y criticó: «No consultaron ni informaron a las 200 mil personas involucradas sobre los cambios que implicará la central hidroeléctrica».
Más rechazo
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se sumó al reclamo pampeano y expresó su fuerte rechazo al Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, la cual pretende construir Mendoza sobre el río Grande. «Quienes trabajamos la tierra necesitamos del agua. Por eso le decimos no a la represa sobre el principal afluente (72 por ciento) del río Colorado», denunciaron desde la organización.
«Si este proyecto avanza, miles de hectáreas bajo riego quedarán sin agua, disminuyendo drásticamente la producción de alimentos y el trabajo de miles de familias», advirtieron al sitio AIM Digital desde el sector de los trabajadores de la tierra. En ese sentido, subrayaron: «No puede una sola provincia tomar decisiones unilateralmente, que afecten la producción de alimentos y la vida de miles de personas de provincias hermanas».
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Fecha de Publicación: 19/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, ratificó que Río Negro y otras provincias integrantes del COIRCO están reclamando algunas pautas necesarias para habilitar la obra de la presa Portezuelo del Viento, como el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. «La postura hoy de la provincia es que, aunque se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca, hoy no están dadas las condiciones para que continúe esa construcción».
Curetti recordó, según publicó el sitio ADN Río Negro, que «Mendoza hizo el estudio de impacto ambiental de la obra, con su audiencia pública en esa provincia, con la normativa que rige en esa jurisdicción para ese tipo de emprendimiento, y fue aprobado; luego el Coirco encomendó a dos universidades un estudio de impacto ambiental en la cuenca, cómo impactaría la obra en toda la cuenca».
Y agregó: «Eso fue objetado por La Pampa, no lo aprobó, por eso se decidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental a través de un organismo con imparcialidad y propusimos que sea el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación el que avanzará en esto con una audiencia pública nacional».
A su vez, el funcionario rionegrino manifestó que «hubo una serie de requisitos del organismo nacional entre ellos la unificación de ambos estudios, el de la obra y el de impacto en toda la cuenca; Mendoza había aceptado en principio este esquema, pero la novedad es que en la reunión el Comité Ejecutivo del Coirco el jueves pasado no es que haya un cambio de posición, pero se planteó la discusión sobre si eso amerita o no amerita». Y explicó que en función de esto hoy no están dadas las condiciones para que continúe la obra, más allá que se considera que la represa sería beneficiosa para la cuenca.
Condiciones
Curetti explicó que Neuquén avala la obra pero también quiere que se den todas las condiciones y Buenos Aires planteó una postura muy similar a Río Negro, si no se avanza en ese estudio integral, será difícil avanzar en la construcción.
Destacó que esta postura es la que acordaron la gobernadora Arabela Carreras con su par pampeano, Sergio Ziliotto, junto a otros temas que tienen que ver on el análisis de la difícil situación de la cuenca, la sequía prolongada. «Estuvimos en Casa de Piedra donde se certificó la situación preocupante, 10 años de sequía», consignó. «Hay que estar seguros que Portezuelo del Viento será beneficiosa y no un perjuicio», concluyó.
Marchas
En la provincia rionegrina, las seccionales rionegrinas de ATE y la CTA Autónoma se movilizaron este viernes contra la instalación en Mendoza de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Las protestas fueron sobre los puentes de Río Colorado, Catriel, Casa de Piedra, paraje La Japonesa de Gobernador Dubal y Pedro Luro.
«Se busca visibilizar el rechazo al proyecto Portezuelo del Viento, como parte del pueblo de Río Negro, que ya se ha expresado en contra», aseguró Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA rionegrina, Rodrigo Vicente.
El gremialista expresó que «la modificación del cauce del río Colorado atenta contra nuestra cultura porque bebemos del río y regamos la producción frutícola y agrícola, además de ser una fuente de ingresos por su capital turístico». Y criticó: «No consultaron ni informaron a las 200 mil personas involucradas sobre los cambios que implicará la central hidroeléctrica».
Más rechazo
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se sumó al reclamo pampeano y expresó su fuerte rechazo al Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, la cual pretende construir Mendoza sobre el río Grande. «Quienes trabajamos la tierra necesitamos del agua. Por eso le decimos no a la represa sobre el principal afluente (72 por ciento) del río Colorado», denunciaron desde la organización.
«Si este proyecto avanza, miles de hectáreas bajo riego quedarán sin agua, disminuyendo drásticamente la producción de alimentos y el trabajo de miles de familias», advirtieron al sitio AIM Digital desde el sector de los trabajadores de la tierra. En ese sentido, subrayaron: «No puede una sola provincia tomar decisiones unilateralmente, que afecten la producción de alimentos y la vida de miles de personas de provincias hermanas».
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Minería en Malargüe, otro dolor de cabeza para el Atuel
Presionan por minería al sur del Atuel
Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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Fecha de Publicación: 13/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Desde la provincia de Mendoza continúan con el manejo unilateral de los recursos hídricos que son interprovinciales y ahora insisten en avanzar con la minería contaminante, por fuera de los alcances de la ley provincial 7722, en la cuenca del río Atuel, lo cual representa un importante peligro para el medio ambiente.
En este caso el que alzó la voz fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien ratificó su postura de que la comuna sea excluida de los alcances de la ley 7722 e insistió en hacer minería hacia el sur de la cuenca del río Atuel. Además, consideró que con el gobernador Rodolfo Suárez «vamos a tener Portezuelo».
Ojeda remarcó que desde el municipio «seguimos buscando que Malargüe pueda ser excluido de los alcances de la 7722, por supuesto invitando a los intendentes de General Alvear y San Rafael, a que podamos ordenar la cuenca del Atuel».
En ese sentido, se mostró «convencido» de que «hay que aplicar la 7722 en esa cuenca y hacia el sur que se pueda hacer minería. Los dirigentes tenemos que ser racionales y no fanáticos».
«Malargüe tiene que ser una prueba piloto de la provincia para demostrar que se puede hacer minería con los controles y la tecnología que esté y demás. Por otro lado, yo estoy convencido de que Malargüe va a ser dentro de poco, un departamento petrolero, minero, agropecuario, turístico», afirmó en una entrevista con el diario mendocino Los Andes.
A su vez, aclaró que aún no le ha planteado la propuesta a Suárez, aunque anticipó que ha dialogado con legisladores. «Creo que el gobernador tomó una decisión y lo acompaño porque en ese momento la sociedad le dijo que no, del Atuel hacia arriba. Del Atuel hacia abajo no fue así, con lo cual tenemos que seguir dando la batalla. En definitiva el Poder Legislativo es el que tiene que avanzar con este ordenamiento y nosotros mostrar gestos de dialogo», indicó.
Cuestión ambiental
Ojeda afirmó que mantiene una excelente relación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini y, al ser consultado si esta cercanía permitirá llegar a un entendimiento por la minería al sur de la cuenca del Atuel, aseveró: «Los malargüinos ya ofrecimos todo lo que podíamos ofrecer. Hemos mostrado generosidad y una visión sobre el tema. Ahora, si Mendoza o Alvear y San Rafael dicen que no a esa idea, están ensañados con Malargüe».
«Ya no pasa por una cuestión ambiental, pasa por una cuestión salarial, que es distinto. Entiendo que el agua de la cuenca no se toca, ahora el resto de Malargüe no afecta a la provincia», agregó.
Ojeda destacó que «nuestro pueblo creció en base a la minería y el que tiene la posibilidad de conocer Malargüe, sabe que tiene una calidad ambiental inmejorable. Antes de ser petrolero, fue minero y ganadero».
«Tuvo minas de plomo, zinc, fluorita, oro, uranio, asfaltita, entre otros minerales. Eso ya se explotó sin los controles y no ves nada contaminado. Hoy, hay que poner la tecnología, el conocimiento, las instituciones, al servicio del desarrollo de Mendoza y del desarrollo de Malargüe», sostuvo.
«Dejar la politiquería»
El jefe comunal ratificó su intención de que lograr «trabajo» y «desarrollo» con un «departamento esté limpio». En ese sentido, opinó que «el compromiso ambiental que ha tenido Malargüe no lo han tenido otros departamentos. Yo paso por algunos ríos de Alvear y los mismos vecinos tiran basura al costado».
Sin embargo, en sus declaraciones deslizó un pequeño detalle: Malargüe no consume el agua del Atuel. «Generemos un control y un compromiso ambiental, si el más interesado en cuidar el Atuel son San Rafael y Alvear, porque Malargüe no consume agua de ese río. Dejemos de simplificar las discusiones en politiquerío barato, como normalmente se dice», disparó.
Portezuelo
En otro tramo de la entrevista, Ojeda destacó las gestiones de gobernadores anteriores, quienes mantuvieron una postura de manejo unilateral y de despojo del cauce a la provincia de La Pampa. «Alfredo Cornejo duplicó la cantidad de gas en Malargüe; renovó las concesiones de áreas petroleras, reguló el fracking, tuvimos la apertura de la carga pesada por el paso Pehuenche. Fue, lejos, el que más peleó por Malargüe».
A su vez, en relación a la obra de Portezuelo del Viento, destacó la figura de Julio Cobos y de Cornejo porque, a pesar de la resistencia de La Pampa, Buenos Aires y Neuquén, la construcción de la represa «va a ser una realidad gracias a él y a Cornejo».
Finalmente, opinó sobre la gestión del actual gobernador y afirmó: «Tengo fe que va a gobernar sin tanto centralismo. Creo que con Suárez van a salir las cloacas y vamos a tener Portezuelo».
Atuel no pero Grande sí
Las expresiones del intendente de Malargüe dejaron entrever que la única preocupación es no contaminar el cauce del río Atuel. Sin embargo, si la minería contaminante avanza corre riesgo el agua del río Grande, uno de los principales afluentes del río Colorado.
«Entiendo que el agua de la cuenca (del Atuel) no se toca», señaló Ojeda en relación a la necesidad de generar, junto a San Rafael y General Alvear, «un control y un compromiso ambiental», debido a que esas localidades son «las más interesadas en cuidar el Atuel», porque «Malargüe no consume agua de ese río».
Por estos motivos, su intención es avanzar con la minería al sur de la cuenca, donde se encuentra el río Grande. Esto representa otra contradicción, debido a que el gobierno de Mendoza actualmente está obsesionado con la idea de avanzar en la construcción de Portezuelo del Viento, con lo que se efectivizará el trasvase del Grande al Atuel.
Por estos motivos, si el agua del río Grande se ve afectada por la minería contaminante, el cauce del Atuel también podría sufrir la misma suerte.
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Represa Portezuelo suma provincias en contra de Mendoza
La Pampa apura en la Justicia y suma aliados contra Portezuelo
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
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Mendoza: también pidieron por el Atuel a La Pampa
Asamblea del Agua de Mendoza pidió «restituir» el Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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La Pampa penando por los ríos que limita Mendoza
Los ríos Atuel y Diamante atraviesan su peor temporada en los últimos 15 años
Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Las estadísticas del Departamento General de Irrigación marcan que del 2005 a la fecha nunca para esta época los ríos estuvieron tan bajos.
Las expectativas de La Pampa en relación al Atuel se ven cada día más afectadas. Según las estadísticas del Departamento General de Irrigación, el río que es parte de una fuerte disputa con Mendoza y el Diamante -afluente del primero- atraviesan su peor temporada de los últimos 15 años.
Las gráficas muestran que la situación histórica del Atuel y el Diamante son los que tienen más bajo escurrimiento histórico, ya que los ríos Tunuyán y Mendoza están un poco por encima de sus peores temporadas, que fueron el 2018-19 y 2010-11.
La situación del río Diamante es la más notoria. En la gráfica, la línea de la actual temporada se encuentra muy por debajo de las temporadas anteriores, y para esta fecha nunca había estado en un escurrimiento por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo (en la temporada actual trae 16).
La mejor medición del Diamante se dio en la temporada 2005-2006 y la peor se registró en la temporada 2018-2019; luego aparece la 2011-2012, cuando el caudal superaba los 20 metros cúbicos por segundo.
La situación del río Atuel es apenas superior, pero sigue ubicándose como la peor del cauce en los últimos 15 años.
Es que la línea se encuentra por debajo de los números más bajos, que se registraron en la temporada 2010-2011 e incluso inferior a otra temporada mala como la 2018-19, con un escurrimiento de apenas 25 metros cúbicos por segundo.
Hay que remarcar que esto se venía previendo desde el Departamento General de Irrigación, quienes semanas atrás alertaron que Mendoza tendría la mitad del agua que suele haber disponible en un año medio. Esta situación llega a niveles alarmantes en el Sur, con un Diamante que traes el 29% de su caudal habitual y un Atuel que escurre un 48% de la media histórica.
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Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Las estadísticas del Departamento General de Irrigación marcan que del 2005 a la fecha nunca para esta época los ríos estuvieron tan bajos.
Las expectativas de La Pampa en relación al Atuel se ven cada día más afectadas. Según las estadísticas del Departamento General de Irrigación, el río que es parte de una fuerte disputa con Mendoza y el Diamante -afluente del primero- atraviesan su peor temporada de los últimos 15 años.
Las gráficas muestran que la situación histórica del Atuel y el Diamante son los que tienen más bajo escurrimiento histórico, ya que los ríos Tunuyán y Mendoza están un poco por encima de sus peores temporadas, que fueron el 2018-19 y 2010-11.
La situación del río Diamante es la más notoria. En la gráfica, la línea de la actual temporada se encuentra muy por debajo de las temporadas anteriores, y para esta fecha nunca había estado en un escurrimiento por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo (en la temporada actual trae 16).
La mejor medición del Diamante se dio en la temporada 2005-2006 y la peor se registró en la temporada 2018-2019; luego aparece la 2011-2012, cuando el caudal superaba los 20 metros cúbicos por segundo.
La situación del río Atuel es apenas superior, pero sigue ubicándose como la peor del cauce en los últimos 15 años.
Es que la línea se encuentra por debajo de los números más bajos, que se registraron en la temporada 2010-2011 e incluso inferior a otra temporada mala como la 2018-19, con un escurrimiento de apenas 25 metros cúbicos por segundo.
Hay que remarcar que esto se venía previendo desde el Departamento General de Irrigación, quienes semanas atrás alertaron que Mendoza tendría la mitad del agua que suele haber disponible en un año medio. Esta situación llega a niveles alarmantes en el Sur, con un Diamante que traes el 29% de su caudal habitual y un Atuel que escurre un 48% de la media histórica.
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Represa de Portezuelo en pujas políticas
Ambiente no aprueba Portezuelo
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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Represa Portezuelo: La Pampa pide un nuevo EsIA
En La Pampa insisten por un nuevo estudio de impacto ambiental antes de ejecutar Portezuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó hoy que las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), "se mostraron libres de la coacción del gobierno nacional y por primera vez votaron en contra de Portezuelo del Viento y a favor de los intereses de la gente".
A través de cuenta de Twitter, Verna se mostró satisfecho por el acompañamiento de las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, cuyos representantes en la reunión que Coirco realizó ayer en Bahía Blanca apoyaron con su voto el reclamo de La Pampa de pedir que, antes de ejecutar la represa Portezuelo del Viento en Mendoza se realice un nuevo impacto ambiental en la región.
Por otra parte, el electo gobernador de La Pampa y actual senador nacional, Sergio Ziliotto, afirmó que "la soberanía política de La Pampa es innegociable, porque es la mejor herramienta que tenemos para ejercer la pampeanidad y así defender nuestros recurso hídricos".
Sobre el conflicto por la construcción de la represa Portezuelo del Viento bajo el manejo direccional de Mendoza, Ziliotto reiteró que "como cada vez que se intenta vulnerar un derecho de los pampeanos vamos a actuar sin reparar en quien tenemos en frente".
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Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó hoy que las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), "se mostraron libres de la coacción del gobierno nacional y por primera vez votaron en contra de Portezuelo del Viento y a favor de los intereses de la gente".
A través de cuenta de Twitter, Verna se mostró satisfecho por el acompañamiento de las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, cuyos representantes en la reunión que Coirco realizó ayer en Bahía Blanca apoyaron con su voto el reclamo de La Pampa de pedir que, antes de ejecutar la represa Portezuelo del Viento en Mendoza se realice un nuevo impacto ambiental en la región.
Por otra parte, el electo gobernador de La Pampa y actual senador nacional, Sergio Ziliotto, afirmó que "la soberanía política de La Pampa es innegociable, porque es la mejor herramienta que tenemos para ejercer la pampeanidad y así defender nuestros recurso hídricos".
Sobre el conflicto por la construcción de la represa Portezuelo del Viento bajo el manejo direccional de Mendoza, Ziliotto reiteró que "como cada vez que se intenta vulnerar un derecho de los pampeanos vamos a actuar sin reparar en quien tenemos en frente".
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Nuevo (y reiterado) reclamo de La Pampa por el Atuel
Río Atuel: La Pampa reclama en la CIAI
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un derrame de «agua de producción» en un yacimiento petrolero de la provincia de Mendoza, habría llegado hasta el cauce de arroyos que desembocan en el río Atuel y generó preocupación en el gobierno de La Pampa, en el marco de la pelea por la recuperación del río interprovincial.
«Esto muestra que justamente el gobierno mendocino nos priva de las aguas del Atuel y no la cuida como debiera hacerlo. Nos roban el río y lo contaminan, esa es la reflexión que nos queda de lo que trascendió en los medios», afirmó el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.
El funcionario pampeano comentó que «el río Atuel tiene el último embalse grande en río Valle Grande, el agua que nos llega es agua de lluvia, mezclada con agua de drenaje e igualmente se hacen los estudios para ver si hay contaminación en Puente Vinchuqueros -en La Pampa-. En días tendremos análisis de estos días».
«Se tiene que formar el organismo de toda la cuenca del Atuel para que nosotros podamos observar estas cuestiones porque somos los que vamos a tener la consecuencias. Pedimos participar de las decisiones en el manejo compartido y acordado de toda la cuenca del Atuel», siguió.
Reclamo.
En ese contexto, el 1º de agosto se reunirán las autoridades de La Pampa, de Mendoza y de Nación en el marco del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), que después de años se reactivó por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reestablecimiento del cauce en territorio pampeano.
«Vamos a pedir que informen lo que pasó. En la reunión pasado, en la última, pedimos planes de manejo del Atuel, las normas de manejo de las presas, del sistema de Nihuiles, pero nunca nos escuchan», dijo el secretario Schlegel, confirmando que en agosto La Pampa solicitará un informe a Mendoza por el derrame. «Va a ser un punto importante a tratar y plantear», continuó.
El incidente ocurrió hace una semana en un tubo de conducción de «aguas de producción», que son las aguas que se inyectan en los pozos petroleros y que se recuperan cargadas de los productos químicos que demanda la industria petrolera.
La zona afectada en principio, según trascendió de los medios mendocinos, corresponde al yacimiento El Mollar y las aguas habrían alcanzado el arroyo El Manzano, afluente del arroyo El Alamo, que a su vez descarga en el río Atuel.
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un derrame de «agua de producción» en un yacimiento petrolero de la provincia de Mendoza, habría llegado hasta el cauce de arroyos que desembocan en el río Atuel y generó preocupación en el gobierno de La Pampa, en el marco de la pelea por la recuperación del río interprovincial.
«Esto muestra que justamente el gobierno mendocino nos priva de las aguas del Atuel y no la cuida como debiera hacerlo. Nos roban el río y lo contaminan, esa es la reflexión que nos queda de lo que trascendió en los medios», afirmó el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel.
El funcionario pampeano comentó que «el río Atuel tiene el último embalse grande en río Valle Grande, el agua que nos llega es agua de lluvia, mezclada con agua de drenaje e igualmente se hacen los estudios para ver si hay contaminación en Puente Vinchuqueros -en La Pampa-. En días tendremos análisis de estos días».
«Se tiene que formar el organismo de toda la cuenca del Atuel para que nosotros podamos observar estas cuestiones porque somos los que vamos a tener la consecuencias. Pedimos participar de las decisiones en el manejo compartido y acordado de toda la cuenca del Atuel», siguió.
Reclamo.
En ese contexto, el 1º de agosto se reunirán las autoridades de La Pampa, de Mendoza y de Nación en el marco del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), que después de años se reactivó por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reestablecimiento del cauce en territorio pampeano.
«Vamos a pedir que informen lo que pasó. En la reunión pasado, en la última, pedimos planes de manejo del Atuel, las normas de manejo de las presas, del sistema de Nihuiles, pero nunca nos escuchan», dijo el secretario Schlegel, confirmando que en agosto La Pampa solicitará un informe a Mendoza por el derrame. «Va a ser un punto importante a tratar y plantear», continuó.
El incidente ocurrió hace una semana en un tubo de conducción de «aguas de producción», que son las aguas que se inyectan en los pozos petroleros y que se recuperan cargadas de los productos químicos que demanda la industria petrolera.
La zona afectada en principio, según trascendió de los medios mendocinos, corresponde al yacimiento El Mollar y las aguas habrían alcanzado el arroyo El Manzano, afluente del arroyo El Alamo, que a su vez descarga en el río Atuel.
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Tensiones entre La Pampa y Mendoza por una represa
«Una cuestión política entre Nación y Mendoza»
Fecha de Publicación: 18/05/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa prepara la presentación de un pedido de laudo del presidente Mauricio Macri para definir el futuro de la presa Portezuelo del Viento que pretende construir Mendoza sobre el río Grande, afectando el caudal del río Colorado. Ahora el problema es el Estudio de Impacto Ambiental que las autoridades pampeanas califican como insuficiente.
Javier Schlegel, secretario de Recursos Hídricos provincial, confirmó que «La Pampa de acuerdo al Estatuto de Coirco va a pedir el laudo del Presidente» y advirtió que es «asombroso» que se insista con la licitación para la construcción de la presa, cuando «se mostró, a través de la UNLPam y las propias Universidades que hicieron el Estudio de Impacto Ambiental, que se necesitan más estudios y más tiempo para analizar ambientalmente la presa».
Sobre el proyecto hidroeléctrico, agregó que generará «serios impactos negativos no atenuables» sobre la calidad y el caudal del río Colorado y planteó que existe «evidentemente» una «cuestión política partidaria y de compromiso de Nación para con el gobierno de Mendoza que no resiste un análisis técnico».
El tema llegó al laudo presidencial a partir de una fuerte controversia en el Comité Ejecutivo de Coirco porque el acta que refleja lo sucedido en la reunión del 9 de mayo pasado incluye situaciones que allí no ocurrieron y ello fue analizado en el Consejo de Gobierno, donde los gobernadores de Buenos Aires, Neuquen, Mendoza y Río Negro dieron el «ok» para el Estudio ambiental con la única oposición de La Pampa.
Falencias.
El estudio técnico sobre la represa fue desarrollado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral, en una decisión tomada por representantes de Coirco. En La Pampa, el gobierno sostiene que el informe tiene falencias considerables y que se utilizó simplemente para «justificar» el avance de la obra ya decidido y el «permiso» de la Nación a Mendoza, por «un acuerdo político».
«El peritaje carece de mediciones y análisis realmente profundos sobre el nivel de afectación de la presa en la cuenca del Colorado, y vemos que nunca les interesó hacer un Estudio de Impacto Ambiental serio, pensando en las consecuencias futuras de Portezuelo, sino un mero trámite administrativo para cumplir con la formalidad que se necesita», manifestó el secretario Schlegel.
Vidal.
Durante la última reunión del Coirco, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió que Casa de Piedra (la central hidroeléctrica) deje de generar para embalsar agua en la presea pero por otro lado, curiosamente, aprobó la construcción de Portezuelo del Viento, cuyo estudio de las Universidades indica que hubiera requerido más tiempo y estudios complementarios.
«La gobernadora pareciera estar pensando en cuestiones políticas antes de entender lo que está aprobando, al decir que sí a Portezuelo del Viento pone en juego un amplio sector bajo riego en su Provincia, solo para congraciarse con el gobierno nacional. Es lamentable que lo político propio y personal se disponga por encima de sus propios representados», comentó Schlegel.
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Fecha de Publicación: 18/05/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa prepara la presentación de un pedido de laudo del presidente Mauricio Macri para definir el futuro de la presa Portezuelo del Viento que pretende construir Mendoza sobre el río Grande, afectando el caudal del río Colorado. Ahora el problema es el Estudio de Impacto Ambiental que las autoridades pampeanas califican como insuficiente.
Javier Schlegel, secretario de Recursos Hídricos provincial, confirmó que «La Pampa de acuerdo al Estatuto de Coirco va a pedir el laudo del Presidente» y advirtió que es «asombroso» que se insista con la licitación para la construcción de la presa, cuando «se mostró, a través de la UNLPam y las propias Universidades que hicieron el Estudio de Impacto Ambiental, que se necesitan más estudios y más tiempo para analizar ambientalmente la presa».
Sobre el proyecto hidroeléctrico, agregó que generará «serios impactos negativos no atenuables» sobre la calidad y el caudal del río Colorado y planteó que existe «evidentemente» una «cuestión política partidaria y de compromiso de Nación para con el gobierno de Mendoza que no resiste un análisis técnico».
El tema llegó al laudo presidencial a partir de una fuerte controversia en el Comité Ejecutivo de Coirco porque el acta que refleja lo sucedido en la reunión del 9 de mayo pasado incluye situaciones que allí no ocurrieron y ello fue analizado en el Consejo de Gobierno, donde los gobernadores de Buenos Aires, Neuquen, Mendoza y Río Negro dieron el «ok» para el Estudio ambiental con la única oposición de La Pampa.
Falencias.
El estudio técnico sobre la represa fue desarrollado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral, en una decisión tomada por representantes de Coirco. En La Pampa, el gobierno sostiene que el informe tiene falencias considerables y que se utilizó simplemente para «justificar» el avance de la obra ya decidido y el «permiso» de la Nación a Mendoza, por «un acuerdo político».
«El peritaje carece de mediciones y análisis realmente profundos sobre el nivel de afectación de la presa en la cuenca del Colorado, y vemos que nunca les interesó hacer un Estudio de Impacto Ambiental serio, pensando en las consecuencias futuras de Portezuelo, sino un mero trámite administrativo para cumplir con la formalidad que se necesita», manifestó el secretario Schlegel.
Vidal.
Durante la última reunión del Coirco, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió que Casa de Piedra (la central hidroeléctrica) deje de generar para embalsar agua en la presea pero por otro lado, curiosamente, aprobó la construcción de Portezuelo del Viento, cuyo estudio de las Universidades indica que hubiera requerido más tiempo y estudios complementarios.
«La gobernadora pareciera estar pensando en cuestiones políticas antes de entender lo que está aprobando, al decir que sí a Portezuelo del Viento pone en juego un amplio sector bajo riego en su Provincia, solo para congraciarse con el gobierno nacional. Es lamentable que lo político propio y personal se disponga por encima de sus propios representados», comentó Schlegel.
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La Pampa impugna represa mendocina
Portezuelo: duro cruce en Coirco
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Mendoza sigue golpeando a La Pampa con el Atuel
Mendoza insiste con las perforaciones para entregar agua del Atuel
Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la reunión de la CIA, La Pampa reclamó que Mendoza deje de cortar el río Atuel para poder recomponer el ecosistema en el oeste provincial, tal como lo ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el gobierno mendocino proponen hacer 23 perforaciones y entregar sólo un metro cúbico.
El grupo de trabajo y el Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) retomaron la actividad con un reclamo prioritario y urgente por parte de la provincia de La Pampa: la restitución inmediata del caudal de agua al noroeste pampeano, cortado completamente desde el mes de diciembre.
De la reunión participaron representantes del Gobierno nacional y de las provincias de La Pampa y Mendoza. La delegación pampeana estuvo integrada por el fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini; el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli; el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss; el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri; y el ingeniero Jorge Scarone, técnico de la UNLPam.
En el ingreso a La Pampa el cauce del río Atuel se encuentra completamente seco pese a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2018 que ordenó a Mendoza restablecer un caudal mínimo ecológico para recomponer el ecosistema pampeano.
“Mendoza manifiesta que hay un problema de disponibilidad hídrica que afecta a toda la cuenca y también a la provincia de La Pampa al no recibir una gota de agua desde hace un mes y medio. En realidad no es que a La Pampa la afecta la oferta disminuida de agua, todos los años alrededor del mes de diciembre se corta el río y hoy el caudal que tenemos en La Pampa es cero”, se quejó Tittarelli.
Por su parte, Vanini sostuvo que “la respuesta de Mendoza a nuestro reclamo es que saben que el río está cortado. Pero alegan que es porque no nos hemos puesto de acuerdo en las obras necesarias para recuperar el caudal, a lo que les contestamos que eso no es cierto porque el río se corta desde hace 20 años y eso se debe al uso que ellos hacen del Atuel”.
Propuesta mendocina
Durante el encuentro los representantes mendocinos presentaron una propuesta de obras que contempla la realización de 23 perforaciones que aprovecharía Mendoza para riego y permitiría liberar un caudal de 1 metro cúbico por segundo desde Carmensa, lejos de los 4,5 metros cúbicos de caudal fluvioecológico que reclama La Pampa.
“Mendoza presentó un plan de perforaciones que pretendían aprobar hoy mismo, a lo que nos opusimos rotundamente”, señaló Vanini. “Lo vamos a analizar, como hemos analizado cada una de las propuestas que hacen, o las ‘no’ propuestas que hacen”, añadió el fiscal de Estado pampeano.
Ambas delegaciones acordaron realizar una reunión por videoconferencia a través del sistema del CFI el miércoles 27 de febrero a fin de analizar conjuntamente la propuesta mendocina. En caso de existir avances volverían a reunirse el viernes 1 de marzo.
“La Pampa tiene un reclamo concreto: necesitamos restaurar nuestro medioambiente lo antes posible porque todos los ecosistemas tienen un límite de deterioro por sobre el cual es muy difícil después recuperarlos porque siguen avanzando el tamarisco y las especies invasoras que representan pérdidas tanto ambientales como económicas. Tenemos predisposición en avanzar pero no vamos a cesar en nuestro reclamo elemental que es un caudal hídrico apto para recomponer nuestro ambiente y sentarnos con Mendoza a discutir el manejo conjunto del caudal del Atuel”, señaló Tittarelli.
Durante la reunión, además, se abordó la cuestión de la institucionalización de la CIAI y un grupo de especialistas presentó un estudio sobre eficiencia de riego en Mendoza que recibió objeciones de ambas provincias.
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Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la reunión de la CIA, La Pampa reclamó que Mendoza deje de cortar el río Atuel para poder recomponer el ecosistema en el oeste provincial, tal como lo ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el gobierno mendocino proponen hacer 23 perforaciones y entregar sólo un metro cúbico.
El grupo de trabajo y el Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) retomaron la actividad con un reclamo prioritario y urgente por parte de la provincia de La Pampa: la restitución inmediata del caudal de agua al noroeste pampeano, cortado completamente desde el mes de diciembre.
De la reunión participaron representantes del Gobierno nacional y de las provincias de La Pampa y Mendoza. La delegación pampeana estuvo integrada por el fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini; el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli; el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss; el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri; y el ingeniero Jorge Scarone, técnico de la UNLPam.
En el ingreso a La Pampa el cauce del río Atuel se encuentra completamente seco pese a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2018 que ordenó a Mendoza restablecer un caudal mínimo ecológico para recomponer el ecosistema pampeano.
“Mendoza manifiesta que hay un problema de disponibilidad hídrica que afecta a toda la cuenca y también a la provincia de La Pampa al no recibir una gota de agua desde hace un mes y medio. En realidad no es que a La Pampa la afecta la oferta disminuida de agua, todos los años alrededor del mes de diciembre se corta el río y hoy el caudal que tenemos en La Pampa es cero”, se quejó Tittarelli.
Por su parte, Vanini sostuvo que “la respuesta de Mendoza a nuestro reclamo es que saben que el río está cortado. Pero alegan que es porque no nos hemos puesto de acuerdo en las obras necesarias para recuperar el caudal, a lo que les contestamos que eso no es cierto porque el río se corta desde hace 20 años y eso se debe al uso que ellos hacen del Atuel”.
Propuesta mendocina
Durante el encuentro los representantes mendocinos presentaron una propuesta de obras que contempla la realización de 23 perforaciones que aprovecharía Mendoza para riego y permitiría liberar un caudal de 1 metro cúbico por segundo desde Carmensa, lejos de los 4,5 metros cúbicos de caudal fluvioecológico que reclama La Pampa.
“Mendoza presentó un plan de perforaciones que pretendían aprobar hoy mismo, a lo que nos opusimos rotundamente”, señaló Vanini. “Lo vamos a analizar, como hemos analizado cada una de las propuestas que hacen, o las ‘no’ propuestas que hacen”, añadió el fiscal de Estado pampeano.
Ambas delegaciones acordaron realizar una reunión por videoconferencia a través del sistema del CFI el miércoles 27 de febrero a fin de analizar conjuntamente la propuesta mendocina. En caso de existir avances volverían a reunirse el viernes 1 de marzo.
“La Pampa tiene un reclamo concreto: necesitamos restaurar nuestro medioambiente lo antes posible porque todos los ecosistemas tienen un límite de deterioro por sobre el cual es muy difícil después recuperarlos porque siguen avanzando el tamarisco y las especies invasoras que representan pérdidas tanto ambientales como económicas. Tenemos predisposición en avanzar pero no vamos a cesar en nuestro reclamo elemental que es un caudal hídrico apto para recomponer nuestro ambiente y sentarnos con Mendoza a discutir el manejo conjunto del caudal del Atuel”, señaló Tittarelli.
Durante la reunión, además, se abordó la cuestión de la institucionalización de la CIAI y un grupo de especialistas presentó un estudio sobre eficiencia de riego en Mendoza que recibió objeciones de ambas provincias.
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De no creer: fracking en el área Río Atuel
Harán fracking en el área Río Atuel, en Malargüe
Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La empresa El Trébol ya hizo oficial el pedido, con la documentación que exige el decreto que reglamenta la fractura hidráulica en Mendoza. El Gobierno dio inicio al procedimiento de evaluación ambiental en dos pozos del área Río Atuel.
El Gobierno avanza con la idea de potenciar la industria petrolera a través de la explotación no convencional, particularmente la fractura hidráulica. Sólo se había autorizado a realizar fracking en el área Puesto Rojas, de Malargüe, donde se hicieron las pruebas piloto. Ahora le dieron luz verde a un proyecto para ejecutar esa técnica en otra zona del mismo departamento. Se trata del área Río Atuel.
La Dirección de Protección Ambiental autorizó el inicio de la evaluación ambiental del proyecto para hacer fracking en 2 pozos ubicados en el área Río Atuel de Malargüe, presentado por la empresa El Trébol, la misma que ejecutó el plan en Puesto Rojas.
La empresa ya hizo oficial el pedido, con la documentación que exige el decreto que reglamenta la fractura hidráulica en Mendoza. Una de las claves en ese sentido es explicar el volumen de agua que se va a usar, el origen de ese recurso y garantizar que no se afecten los acuíferos. “La empresa ha dado cumplimiento al decreto N° 248/18, para pozos a perforar y presenta las declaraciones Juradas sobre volúmenes de agua a utilizar y no afectación de acuíferos, como asimismo Póliza de seguro. Analizada la información presentada por la Empresa, se considera que se está en condiciones de comenzar con el procedimiento de evaluación ambiental", asegura la resolución.
La Universidad Nacional de Cuyo hará el dictamen técnico, pero deben pedir informes sectoriales al Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe.
La misma empresa, además, pidió ampliar los trabajos en Puesto Rojas, donde buscan realizar fractura hidráulica en 6 pozos más. En esa zona es donde El Trébol comenzó con las pruebas piloto y el desarrollo del fracking en Mendoza. En ese caso lo ejecuta en pozos que habían sido explotados de manera convencional y ejecutaron la fractura hidráulica para que produzcan nuevamente.
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Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La empresa El Trébol ya hizo oficial el pedido, con la documentación que exige el decreto que reglamenta la fractura hidráulica en Mendoza. El Gobierno dio inicio al procedimiento de evaluación ambiental en dos pozos del área Río Atuel.
El Gobierno avanza con la idea de potenciar la industria petrolera a través de la explotación no convencional, particularmente la fractura hidráulica. Sólo se había autorizado a realizar fracking en el área Puesto Rojas, de Malargüe, donde se hicieron las pruebas piloto. Ahora le dieron luz verde a un proyecto para ejecutar esa técnica en otra zona del mismo departamento. Se trata del área Río Atuel.
La Dirección de Protección Ambiental autorizó el inicio de la evaluación ambiental del proyecto para hacer fracking en 2 pozos ubicados en el área Río Atuel de Malargüe, presentado por la empresa El Trébol, la misma que ejecutó el plan en Puesto Rojas.
La empresa ya hizo oficial el pedido, con la documentación que exige el decreto que reglamenta la fractura hidráulica en Mendoza. Una de las claves en ese sentido es explicar el volumen de agua que se va a usar, el origen de ese recurso y garantizar que no se afecten los acuíferos. “La empresa ha dado cumplimiento al decreto N° 248/18, para pozos a perforar y presenta las declaraciones Juradas sobre volúmenes de agua a utilizar y no afectación de acuíferos, como asimismo Póliza de seguro. Analizada la información presentada por la Empresa, se considera que se está en condiciones de comenzar con el procedimiento de evaluación ambiental", asegura la resolución.
La Universidad Nacional de Cuyo hará el dictamen técnico, pero deben pedir informes sectoriales al Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe.
La misma empresa, además, pidió ampliar los trabajos en Puesto Rojas, donde buscan realizar fractura hidráulica en 6 pozos más. En esa zona es donde El Trébol comenzó con las pruebas piloto y el desarrollo del fracking en Mendoza. En ese caso lo ejecuta en pozos que habían sido explotados de manera convencional y ejecutaron la fractura hidráulica para que produzcan nuevamente.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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