Pesca: ONG lanzan un registro abierto de la flota y reclaman que el Estado publique sus datos

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reunieron en una plataforma pública los permisos, cuotas y sanciones de los barcos del Mar Argentino, mientras en Diputados sigue frenado un proyecto para abrir el registro oficial.

Dos organizaciones ambientales lanzaron registroflotapesquera.org, una base de datos abierta que reúne en un solo lugar información sobre la flota que opera en el Mar Argentino. La iniciativa es del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y de Sin Azul No Hay Verde (SANHV), y busca suplir un vacío: el país no tiene un registro nacional oficial, completo, actualizado y de libre acceso en línea sobre quién pesca y en qué condiciones.
La plataforma sistematiza datos sobre embarcaciones, propietarios y armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas asignadas y antecedentes de sanciones. Para construirla, las organizaciones presentaron múltiples pedidos de acceso a la información pública y ordenaron las respuestas. Según explicaron, gran parte de esos datos ya los administra la Subsecretaría de Pesca, pero hoy están fragmentados o son difíciles de consultar. Además, parte de la base quedó incompleta porque el Estado no entregó todo lo solicitado.

Una industria de exportación
El reclamo apunta a uno de los sectores exportadores más importantes del país. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.010 millones de dólares, el segundo mejor registro histórico, y los desembarques de este año marcan el nivel más alto de la última década. Juan Coustet, coordinador de SANHV, cuestionó que, aun así, nadie pueda saber con facilidad quién explota un recurso que es de todos los argentinos, con qué derechos y bajo qué condiciones.
Consuelo Bilbao, directora política del CPA, sostuvo que publicar esta información no implica solo ponerla a disposición de la ciudadanía, sino repartir la capacidad de control. Las organizaciones aclararon que la plataforma no pretende reemplazar a los organismos públicos ni asumir tareas de fiscalización. Su objetivo es demostrar que los datos pueden reunirse y difundirse de forma accesible, y empujar la creación de un registro oficial.

El proyecto que espera en Diputados
La base de datos se presenta como respaldo de un proyecto de ley concreto. El expediente 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que creó el Registro de la Pesca. La reforma busca que su contenido sea público, se difunda en formatos abiertos y se actualice periódicamente. “El Registro de la Pesca ya existe”, resumió Bilbao: la iniciativa no exige crear nuevas bases de datos, sino publicar lo que el Estado ya recopila.
Según el texto del proyecto, el registro debería incluir como mínimo:
- los datos técnicos y de titularidad de cada barco;
- los permisos y las cuotas individuales transferibles de captura, con sus cambios;
- la situación administrativa de cada embarcación;
- las sanciones firmes.
La información se publicaría en un sitio oficial gratuito, con actualización al menos mensual. Cualquier reserva por secreto comercial o datos personales tendría que ser excepcional y fundada. El Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla.
Los fundamentos invocan la Ley 27.275 de acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú, que obligan a difundir de manera proactiva la información ambiental.
Sin embargo, la iniciativa no avanza. En septiembre, durante un conversatorio en el Senado, las organizaciones denunciaron que la comisión de Diputados a cargo del tema no le había dado tratamiento. Se trata de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por César Treffinger (La Libertad Avanza). Ferraro planteó entonces: “Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene”.

Nueve de cada diez viajes, sin control a bordo
La opacidad se extiende a la fiscalización. Un informe previo de las mismas organizaciones, titulado El mar como caja negra, aporta estos datos:
- la cobertura de inspectores embarcados cayó del 20% al 15% de los viajes entre 2023 y 2026;
- hay 64 inspectores para más de 7.400 mareas, y casi nueve de cada diez viajes se realizan sin control a bordo;
- en la pesca de calamar Illex, el principal producto exportado en volumen en 2025, la cobertura es del 9%;
- la normativa exige inspector en los buques de 33 metros de eslora o más, pero esa obligación nunca se cumplió en más del 56% de los casos.

La excepción regional
El argumento central de las organizaciones es comparativo. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay ya cuentan con sistemas digitales abiertos para consultar los datos de sus flotas, y los fundamentos del proyecto suman a México, Panamá y Guatemala. En ese mapa, la Argentina aparece como la excepción entre los países pesqueros de la región.
Para los impulsores, abrir el registro reduciría la discrecionalidad en la asignación de permisos y cuotas, ayudaría a prevenir conflictos de interés y facilitaría el control ciudadano sobre un recurso cuya sostenibilidad depende de saber quién captura qué.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Noticias Ambientales; Economía Sustentable; Red del Conurbano; ADNSUR; EcoNews; Mercado; Honorable Cámara de Diputados de la Nación (proyecto 2585-D-2026); Ley Federal de Pesca 24.922; Subsecretaría de Pesca; Círculo de Políticas Ambientales; Sin Azul No Hay Verde.