El cambio climático desata un ejército de enfermedades animales que amenaza a la humanidad 

Fecha de Publicación: 02/09/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Una nueva y ominosa frontera se está abriendo en la crisis climática, una que no se mide en grados centígrados ni en el nivel del mar, sino en la propagación de virus, bacterias y parásitos. Las enfermedades que antes estaban contenidas en ecosistemas salvajes están cruzando barreras geográficas y biológicas a un ritmo alarmante, y la humanidad está en su línea de mira. Según un contundente informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), las patologías animales avanzan sobre regiones donde antes eran inexistentes, y casi el 50% de ellas constituyen una amenaza directa para la salud humana.
El fenómeno no es una casualidad, sino una consecuencia directa de la acción humana. La deforestación, la urbanización descontrolada y el calentamiento global actúan como un acelerador perfecto, alterando hábitats y forzando a especies portadoras de patógenos -como murciélagos, roedores y mosquitos- a migrar hacia zonas pobladas. Este cóctel explosivo está creando, según los expertos, el caldo de cultivo ideal para la próxima pandemia.
Los datos respaldan la advertencia. Un estudio complementario publicado en Science Advances ya había calculado que el 9% de la superficie terrestre se encuentra en riesgo “alto o muy alto” de brotes zoonóticos impulsados por factores climáticos. Lo que era una predicción teórica hoy es una realidad tangible.

El Doble Impacto: Bolsillos y Hospitales Vacíos
Las consecuencias de esta invasión silenciosa se sienten en dos frentes críticos: la economía y la salud pública.
Primero, la seguridad alimentaria global está en jaque. Más de una quinta parte de las pérdidas mundiales en la producción de alimentos ya se deben a enfermedades provenientes del mundo animal. En una economía como la argentina, el impacto es devastador. La Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) estima que estas patologías generan pérdidas anuales que rondan los 60.000 millones de pesos, comprometiendo no solo la producción de proteínas de calidad sino también el acceso de la población a alimentos seguros. Francisco Nacinovich, jefe de Infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), subraya que este impacto convierte la prevención en “un tema clave de políticas públicas y seguridad alimentaria”.
En segundo lugar, y de forma más directa, está la amenaza a la vida humana. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son elocuentes: el 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en animales, y un alarmante 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis. En Argentina, como señala el infectólogo Tomás Orduna, exjefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, esta amenaza está en “latente expansión”. La rabia persiste en murciélagos, el riesgo de leptospirosis acecha en las grandes ciudades tras cada inundación, y la leishmaniasis visceral canina, potencialmente mortal para los humanos, ya se ha instalado en nueve provincias.
Las provincias con áreas endémicas de leishmaniasis, tanto cutánea como visceral, incluyen Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con la reciente detección de su vector en Santa Fe y Entre Ríos. 

El clima como catalizador de contagios
La crisis climática no solo crea el problema, sino que lo multiplica. La alteración de los ecosistemas funciona como un motor de propagación. Por ejemplo, más de la mitad de las especies de mosquitos que transmiten virus a humanos prosperan en áreas deforestadas, lo que ha disparado los casos de dengue, zika y chikungunya. América Latina es testigo directo: solo en 2023, se registraron más de 4,1 millones de casos de dengue, superando las cifras de la década anterior para el chikungunya. Las proyecciones son aún más sombrías: para 2080, se estima que 2.250 millones de personas más estarán en riesgo de contraer dengue.
Eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones, se han vinculado directamente a brotes de leptospirosis y cólera. Mientras tanto, el aumento de la temperatura de los océanos favorece la proliferación de bacterias mortales como la Vibrio cholerae. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature proyecta un futuro aterrador: el cambio climático podría provocar al menos 15.000 nuevos eventos de transmisión viral entre especies de mamíferos para 2070, aumentando exponencialmente el riesgo de que un nuevo virus salte a los humanos.

La respuesta: una sola salud para un planeta enfermo
Frente a este panorama, la comunidad científica y sanitaria internacional insiste en que las soluciones fragmentadas ya no son suficientes. La OMSA, la OMS y la FAO promueven activamente un enfoque revolucionario conocido como “Una Salud” (One Health). Este modelo integra la salud humana, la sanidad animal y la gestión ambiental en una única estrategia coordinada.
El concepto es simple pero poderoso: no se puede proteger a las personas sin proteger a los animales y al ecosistema que compartimos. “Prevenir y controlar la transmisión de patógenos (…) es fundamental para crear barreras epidemiológicas”, destaca Edgardo Marcos, director del Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria de la UBA.
Este enfoque también es crucial para combatir otra amenaza global: la resistencia antimicrobiana (RAM). Cada año, 700.000 personas mueren por infecciones resistentes a los medicamentos, una cifra que podría escalar a 10 millones para 2050. Dado que el 60% de los patógenos resistentes provienen de animales, el uso prudente de antibióticos en la ganadería y la priorización de la vacunación son pilares de la estrategia “Una Salud”.
En un mundo donde las fronteras entre la salud del planeta y la nuestra se han desvanecido, entender esta interconexión ya no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia. La salud del ecosistema ha dejado de ser una variable ambiental para convertirse en la pieza central de la salud pública global.
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Chaco apuesta por las energías renovables con el primer “Bosque QuantiC”: un salto histórico hacia la descarbonización

Fecha de Publicación: 02/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Chaco


Argentina sorprendió al mundo con el anuncio de la instalación del primer “Bosque QuantiC” en la provincia del Chaco, una infraestructura inédita destinada a capturar dióxido de carbono (CO₂) y transformarlo en carbono de alta pureza. Se trata de un hito tecnológico y ambiental que coloca al país en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y el avance hacia las energías renovables.
El proyecto se desarrollará en un predio de 2.200 hectáreas en el departamento de Bermejo. Allí se instalarán 11.000 reactores de descomposición molecular basados en tecnología de arco voltaico, patentada en Argentina y considerada de tercera generación. Su funcionamiento permitirá remover carbono de la atmósfera y convertirlo en insumo industrial.
Este bosque artificial no se limita a los beneficios ecológicos. Se espera que impulse el desarrollo productivo de la región con una inversión millonaria en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Además, generará cientos de empleos calificados y fomentará la economía local con base en innovación y sostenibilidad.
El Bosque QuantiC prevé producir anualmente más de 600 millones de créditos de carbono certificados y alrededor de 200 millones de toneladas de carbono particulado de alta pureza. Con ello, Argentina no solo aporta a la mitigación climática, sino que se posiciona como proveedor estratégico de un recurso clave para industrias globales.

Energías renovables: un modelo de desarrollo verde
El carbono capturado por esta tecnología tiene un alto valor en sectores como la producción de grafito sintético, baterías de litio, metalurgia, petroquímica y fertilizantes de nueva generación. En este sentido, la propuesta combina objetivos ambientales con oportunidades de industrialización sostenible.
La creación del Bosque QuantiC marca un antes y un después en la región. No se trata únicamente de reducir emisiones futuras, sino de remover carbono ya presente en la atmósfera, un paso fundamental para equilibrar el sistema climático. Esta capacidad lo distingue de la mayoría de las soluciones tradicionales, centradas solo en la mitigación.
El impacto del proyecto trasciende lo local: abre el camino para que Argentina se convierta en un actor central en el mercado internacional de créditos de carbono y en el suministro de minerales industriales verdes. Se trata de un avance que fusiona ciencia, economía y justicia ambiental.

Descarbonización: un reto global
La descarbonización es el proceso de disminuir las emisiones de dióxido de carbono que generan las actividades humanas. Implica transformar las formas de producir energía, repensar el transporte, modernizar las industrias y fomentar economías circulares que reduzcan el uso de combustibles fósiles.
Existen dos caminos principales: evitar nuevas emisiones mediante energías renovables y tecnologías limpias, y remover el carbono que ya se encuentra acumulado en la atmósfera. El Bosque QuantiC se enmarca en esta segunda vía, considerada esencial para cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono hacia mediados de siglo.
Los beneficios son múltiples. Una economía descarbonizada reduce la contaminación del aire, mejora la salud de las poblaciones, impulsa empleos verdes y fortalece la seguridad energética. Además, mitiga el avance del cambio climático, cuyos impactos ya son visibles en fenómenos extremos, pérdida de biodiversidad y desplazamientos humanos.
Con la inauguración de esta infraestructura, Argentina inicia una etapa inédita: los bosques ya no solo se plantan, también se construyen con tecnología capaz de regenerar el equilibrio climático y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.
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Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal 

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas. 
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial. 
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.

Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.
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Detuvieron a un hombre que vendía prendas de piel de animales en extinción en redes sociales

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA


El imputado tiene 85 años; operaba en un local del barrio porteño de Villa Crespo, que fue clausurado tras el hallazgo de prendas valuadas en más de $335 millones 
Un hombre de 85 años fue detenido en las últimas horas por promocionar y vender prendas confeccionadas con pieles de animales en extinción —como ñandúes, yaguaretés y zorros— en redes sociales. Los atuendos están valuados en más de $335 millones.
Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad a LA NACION, la causa se originó a partir de una denuncia en el marco de tareas contra la comercialización de fauna silvestre. Tras una investigación, se determinó que en un local del barrio porteño de Villa Crespo el acusado comercializaba indumentaria sin estar debidamente registrado.
También se detectaron videos publicados en redes sociales en los que el imputado promocionaba la venta de prendas confeccionadas con estos productos.
En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Blas Matías Michienzi, solicitó el allanamiento de un local y dispuso el secuestro de la mercadería ilegal encontrada en el lugar.
Se halló un lote de más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales silvestres protegidos por leyes ambientales —algunos de ellos en peligro de extinción—, toda esta mercadería valuada en más de $335 millones. Entre la ropa, las autoridades encontraron un tapado de yaguareté, 25 de boas y diversas prendas de zorro, nutria y visón, además de cueros, colas y mantas confeccionadas con partes de fauna silvestre.
Asimismo, se secuestró un tapado de ñandú, un asta de ciervo colorado y un tapado de zorro blanco, entre otros elementos, todos provenientes de especies protegidas.
El local fue clausurado y el hombre de 85 años fue imputado por ejercicio ilegal de una actividad (utilizaba la pantalla de un rubro lícito para comercializar las pieles) y por el delito de tráfico de subproductos de fauna.
En el operativo también intervino personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).
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“No se anticipó”: el peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El atropellamiento de fauna es uno de los principales riesgos que enfrentan especies en riesgo de extinción, incluso dentro de áreas protegidas
Se estima que más de 400 millones de animales vertebrados mueren atropellados por año alrededor del mundo, aun con estudios taxonómicos limitados. Sin embargo, no se dimensiona su impacto: se cree que son casos aislados, cuando en realidad repercute en la población de muchas especies. Según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), el arrollamiento de fauna es una de las principales amenazas para el 89% de los carnívoros terrestres, 67% de los ungulados (animales que caminan sobre la punta de sus patas y no tienen garras), 60% de los primates y 25% de los marsupiales.
La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) registró, desde 2019, más de 13.000 animales fallecidos por este motivo a lo largo del país. “Esto es solo la punta de iceberg, ya que solo se trata de atropellamientos reportados por colaboradores de esta red”, advierte Diego Varela, profesional del Instituto de Biología Subtropical (Conicet) de Puerto Iguazú, miembro del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) y coordinador de la Ramfa. Incluso si el número de casos y las zonas focales se asocian a la ubicación de los colaboradores, los datos actúan como un indicador preocupante sobre la problemática.
Guillermo Delfino Flood, responsable del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, concuerda: “En el último tiempo, los casos de atropellamiento de fauna silvestre ingresados al Centro de Rescate han aumentado considerablemente”. Comparte que muchos ejemplares llegan en estado crítico, con fracturas, heridas graves o traumatismos severos.
La principal causa detrás de esta crisis es la violación de los límites de velocidad, especialmente dentro de áreas protegidas, donde el máximo es de 40km/h o 60 km/h. “Respetar las señales y límites de velocidad no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también de responsabilidad ambiental”, señala Lucía Lazzari, coordinadora del programa Bosques de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
También añade la falta de planificación que existió en el momento que se diseñaron las infraestructuras viales. “No se anticipó esta problemática y no se contemplaron pasos de fauna”, explica. Los hábitats naturales se ven fragmentados por rutas u otras obras y los animales son obligados a cruzar los caminos para buscar pareja, agua, comida o refugio.
“Cuando una ruta se construye sin planificación, sin puentes ni cruces seguros, los vínculos se rompen, la movilidad se vuelve peligrosa poniendo en riesgo la vida de las especies y, por ende, el equilibrio del lugar empieza a deteriorarse, convirtiéndose en una barrera en la interacción de un lado y otro de la autopista”, describe Lazzari.
Varela señala que en todas las rutas del país mueren animales atropellados, pero hay ciertas regiones en las que, por su alta biodiversidad, los eventos de mortalidad aumentan. Es el caso de Misiones, provincia que preocupa a los conservacionistas hace años porque hospeda una gran variedad de especies, entre ellas, muchas en riesgo de extinción.
Más de 13 animales mueren atropellados a diario en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte de Misiones. Según una investigación de opinión pública realizada por Fundación Vida Silvestre, más del 70% de la población misionera considera el atropellamiento como una de las principales amenazas para especies en peligro crítico de extinción como el yaguareté.
La provincia cuenta con áreas naturales protegidas de gran importancia, como el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í, atravesadas por rutas que, debido al exceso de velocidad y la falta de pasos de fauna, son escenario de una enorme cantidad de accidentes.
Un reciente informe realizado por la Administración de Parques Nacionales analizó el atropellamiento dentro de áreas protegidas en el nordeste argentino y destacó el PN Iguazú, la Reserva Natural Estricta San Antonio y la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan como sitios preocupantes en Misiones. Con respecto al parque nacional, el relevamiento señaló las rutas nacionales 12 y 101 como puntos focales. Principalmente, en el tramo entre el Puerto Iguazú y el aeropuerto, y a lo largo del acceso a las cataratas.
“Cuando las personas llegan a Puerto Iguazú para disfrutar de las cataratas, ingresan a un parque nacional apenas salen del aeropuerto. La ruta que conecta el aeropuerto con la ciudad atraviesa el área natural”, explica Lazzari. “Conducir sin respetar los límites de velocidad en ese trayecto pone en riesgo a los animales y a las personas”, indica.
Otras áreas preocupantes alrededor del país incluyen las rutas de Santa Fe, Corrientes, la Patagonia y la región chaqueña, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
Según los datos actualizados hasta noviembre de 2024, el grupo más registrado es el de los mamíferos con 5824 registros. Dentro de este grupo, las 15 especies más atropelladas incluyen dos zorros, dos comadrejas, el gato montés, el hurón, el zorrino, dos armadillos, el carpincho y el aguará popé. Varela aclara que los datos de la red reflejan los casos más registrados, no necesariamente los más afectados. Los anfibios son el grupo con mayor mortalidad, pero al ser difíciles de observar, no se refleja en las estadísticas.
La problemática resulta especialmente alarmante cuando se trata de especies en peligro de extinción. Un caso es el del yaguareté, una especie clasificada bajo el mayor nivel de riesgo, y otro es el del aguará guazú, para el que el atropellamiento es la principal amenaza.
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, después del tigre y el león. Actualmente, en la Argentina se encuentra en peligro crítico (CR). Se estima que quedan alrededor de 250 individuos en tres regiones: las yungas, el Gran Chaco y la Selva Misionera.
El último monitoreo realizado por la Fundación Vida Silvestre en 2024 señaló que esta última concentra la mayor población, con alrededor de 80 yaguaretés. La cifra es resultado de más de dos décadas de trabajo colaborativo entre organizaciones para revertir la desaparición de la especie. No obstante, su panorama es delicado y cualquier pérdida podría impactar severamente su supervivencia en la región. 
“El atropellamiento es una de las amenazas más visibles y evitables para el yaguareté y otras especies que habitan el Bosque Atlántico”, declara Lazzari. La problemática también afecta al yaguareté indirectamente, debido a que son atropellados animales que forman parte de su base alimenticia.
En los últimos 12 años fueron atropellados cinco ejemplares de esa especie dentro de áreas protegidas en la provincia de Misiones. En 2012, una hembra de un año fue atropellada en la ruta nacional 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península. En 2013, un yaguareté fue embestido por un ómnibus sobre la misma ruta, dentro del Parque Nacional Iguazú. Un año más tarde, en el Parque Provincial Urugua-í, un macho adulto fue atropellado sobre la ruta provincial 19. En 2018, una hembra, preñada de dos cachorros, en el mismo área.
En el caso más reciente, en octubre de 2024, una hembra de cinco meses fue atropellada en la ruta nacional 12, dentro de Puerto Península. “Una pérdida como esta no solo representa un retroceso en términos de conservación, sino también una tragedia que se podría haber evitado”, lamenta Lazzari.
Por su parte, el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) se encuentra clasificado como vulnerable (VU) a nivel nacional. El atropellamiento en rutas es la principal causa de su mortalidad. “De no implementarse medidas para mitigar este impacto, el riesgo de extinción local aumentará”, advierte Varela. La Ramfa refleja más de 120 ejemplares fallecidos por esta causa alrededor del país, pero el experto señala que la cifra es aún mayor.
Flood agrega: “Esta problemática lleva ya muchos años y, con el tiempo, no solo se mantuvo, sino que se agravó, o al menos comenzamos a detectar con mayor frecuencia gracias a los avances en el monitoreo de la especie”.
Debido a estudios realizados con ejemplares rehabilitados y posteriormente reinsertados en la naturaleza con collares de monitoreo satelital, los expertos pueden conocer más sobre su ecología y sus desplazamientos. Su alta exposición a los accidentes viales se debe, en parte, al comportamiento natural del aguará guazú. “Es un animal de gran movilidad, un caminador incansable”, explica Flood.
Mayormente, los registros se ubican en Santa Fe, donde el aguará guazú fue declarado monumento natural en 2003. Según la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre provincial, en los últimos siete años se registraron 211 muertes de aguará guazú por accidentes viales. Se trata del 91% de los decesos por esta causa en territorio santafesino. A la vez, solo el 0,9% de los ejemplares logra ser rehabilitado, mientras que un 93% fallece en el momento. 
Un caso trágico ocurrió en febrero de este año, cuando un aguará guazú que había sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn (CRET) murió atropellado en una ruta provincial de Santa Fe. “Tanto esfuerzo no puede perderse en el asfalto”, lamentaron desde la fundación al compartir la noticia por redes sociales.
El ejemplar había sido rescatado en Olavarría, Buenos Aires, y pasó varios meses en un proceso de recuperación. Fue reinsertado en la zona de Vuelta de Obligado y llegó a recorrer más de 3600 kilómetros en ocho meses, con jornadas de hasta 50 kilómetros. “Estos desplazamientos implicaron atravesar múltiples paisajes y ambientes, incluyendo caminos rurales, rutas provinciales y nacionales. Cada cruce representó un riesgo concreto y evidenció lo vulnerable que es la especie frente a esta amenaza”, sostiene Flood.
El aguará guazú sufre esta problemática en las ecorregiones del Chaco Húmedo, Esteros del Iberá, Campos y Malezales, y Pampa, con registros en otras provincias como Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos, y Buenos Aires.
Varela señala que la ecología de carreteras es una disciplina incipiente en el país y que aún hace falta ampliar el monitoreo en muchas ecorregiones. Mientras que en Misiones se avanzó mucho en la construcción, concientización y mapeo, en otras regiones “es poco lo que se hace”. Aun así, los especialistas destacan varias soluciones frente al atropellamiento de fauna.
“La Ramfa busca poner este tema en la agenda de los organismos públicos nacionales y provinciales vinculados a vialidad y recursos naturales. Estamos trabajando con algunos organismos provinciales para fortalecer las capacidades locales de monitoreo y mitigación”, indica.
La construcción de estructuras como los ecoductos, alcantarillas adaptadas y pasafaunas subviales permite reducir el número de casos y garantizar la conectividad del hábitat. Los ecoductos requieren una mayor inversión y tiempo para el crecimiento de la vegetación y la adaptación por parte de la fauna. En cambio, la modificación de infraestructuras existentes resulta relativamente simple y económica.
Su efectividad se puede ver limitada por factores como la presencia permanente de agua en los pasafaunas o alcantarillas o el uso de materiales como la chapa encalada, que desalienta el cruce de ciertas especies. Sin embargo, se pueden superar estas barreras con mejoras como la instalación de pasarelas secas, cercos conductores y rampas de acceso que guían a los animales.
Junto al Instituto de Biología Subtropical (Conicet), el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y Parques Nacionales, Vida Silvestre realizó un estudio acerca de las rutas que atraviesan el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península en el que monitorearon 21 alcantarillas de drenaje y puentes ya existentes. En solo 18 meses, obtuvieron más de 450.000 registros con cámaras trampa. De las 35 especies registradas, siete se encuentran casi amenazadas (NT); nueve, vulnerables (VU); y una, el yaguareté, en peligro crítico (CR).
A partir de los resultados, se implementaron mejoras en las estructuras con un gran impacto. Por ejemplo, obtuvieron más de 10 registros de ocelotes en un mes en una de las alcantarillas donde no había registros de la especie en más de dos años. Otro caso de éxito es el del oso hormiguero, una especie amenazada, que usó un 30% de las estructuras mejoradas y su tasa de registro fue seis veces mayor que en zonas de control en la selva sin estructuras.
“De todas formas, tanto las alcantarillas adaptadas como los ecoductos representan soluciones complementarias que ayudan a reducir los riesgos de atropellamiento y mejorar la conectividad del paisaje para la fauna”, señala Lazzari. La principal respuesta es la conciencia ciudadana: conducir respetando las señales y límites de velocidad para prevenir las colisiones, tanto por la protección de especies, como por la seguridad humana. “Invertir en educación, participación comunitaria, monitoreo y acciones concretas de mitigación es urgente para evitar más pérdidas”, insiste Flood.
Para aquellas personas interesadas por la problemática, la Ramfa llama a la colaboración en el registro de atropellamientos a través de su plataforma de ciencia ciudadana. “Mapear el impacto de las rutas sobre la fauna silvestre en un país con la extensión geográfica de la Argentina se presenta como un enorme desafío. La Ramfa intenta unir estos esfuerzos aislados en un mapa nacional colaborativo”, sostiene Varela. 
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Nuevo índice: se reciclaron casi 235.000 toneladas del plásticos en la Argentina 

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Un relevamiento de ECOPLAS y CAIRPLAS indicó que, en Argentina, en 2024 se revalorizaron 263.500 toneladas de plásticos. Además, señala la necesidad de políticas públicas para impulsar su crecimiento.
En Argentina se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas de plásticos y se valorizaron energéticamente otras 30.300 en hornos cementeros, durante 2024. Los datos fueron revelados en el último Índice de Reciclado de Plásticos presentado conjuntamente por Ecoplas, la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente, y la Cámara Argentina de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS).
El informe señala que el año pasado se recicló un menor volumen de plástico que años anteriores. Sin embargo, la proporción reciclada respecto al total consumido en este periodo subió del 14 al 17%, lo que demuestra una mayor eficiencia. Además, fueron relevadas nuevas empresas recicladoras, lo que sugiere una adaptación y evolución dentro del sector.
 Para poner en contexto, hasta 2023, el sector del reciclado de plásticos en Argentina mostró una evolución notable, con más de 4 millones de toneladas recuperadas desde 2003 y la consolidación de una cadena productiva que en la actualidad reúne a más de 190 empresas y 50 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, 2024 marcó una inflexión: aunque la tasa de reciclado aumentó, el volumen total cayó.
De esta manera, en la actualidad la industria recicladora plástica opera con más del 50% de capacidad ociosa: debe aumentar y mejorar la separación de residuos y la demanda de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos. A esto se suma un escenario internacional en el que el plástico virgen se ofrece a precios más competitivos, lo que desalienta la incorporación de reciclado en los procesos productivos.
Sin embargo, estas dificultades deben interpretarse como una coyuntura de mercado que puede y debe revertirse con políticas públicas y decisiones empresariales orientadas a un futuro sostenible.

Reciclaje: un motor de desarrollo económico y social
El Índice pone en evidencia que el reciclado de plásticos es mucho más que una práctica ambiental: es un motor de desarrollo económico y social.
Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, comentó: “cada tonelada que se recupera reduce la presión sobre rellenos sanitarios enviando recursos recuperables como lo son los plásticos y genera empleo en distintas etapas de la cadena, desde la recolección diferenciada hasta la transformación industrial”. De esta forma, afirma que reforzar esta cadena no solo es clave para la competitividad local, sino también para impulsar exportaciones que podrían generar divisas a través de productos con valor agregado.
En este marco, Ecoplas subraya la importancia de avanzar hacia una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de envases, que se trata de una herramienta ya adoptada en numerosos países que obliga a los envasadores a hacerse cargo de su gestión posconsumo. Por ese motivo, su implementación en Argentina sería un paso decisivo para asegurar que el esfuerzo individual de los ciudadanos y el compromiso de la industria se traduzcan en resultados sistémicos, con más materiales reciclados reinsertados en el circuito productivo.
“El reciclado de plásticos en Argentina es una historia de logros, pero también de desafíos. Tenemos una industria preparada, con infraestructura y conocimiento técnico, que necesita mayor articulación y un marco normativo que acompañe. Apostar al uso de material reciclado es apostar al empleo, a la competitividad y a un país más sustentable”, sentencia Ramos.
La experiencia de los últimos 20 años demuestra que los plásticos pueden dejar de ser residuos para convertirse en recursos. El desafío ahora es generar las condiciones necesarias para que la economía circular no sea solo un compromiso ambiental, sino también un motor de reactivación productiva para la Argentina.
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Reglamentaron el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Salta
Provincia/Región: Página 12


El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, aclaró que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) podrá ser autorizado en las áreas amarillas.
La reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), enmarcado en la Ley 8483, fue oficializada este miércoles al ser publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 00509 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de José Alejandro Aldazábal.
Pese a estar en amarillo o mediano valor de conservación, hay 5.539.750 hectáreas en esa zona que podrán ser explotadas bajo el sistema silvopastoril o de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), “sistemas productivos que pueden realizarse en zonas amarillas estrictas”, indica el informe final presentado por el equipo técnico a cargo del Proceso de Revisión de OTBN. Con la resolución también queda en firme la posibilidad de presentar proyectos productivos para 721.568 hectáreas en el área verde o de bajo valor de conservación. 
“Esto le va a permitir a la provincia empezar a activar aquellos proyectos que estaban parados o aquellos campos que podían presentar algún proyecto y aun no lo estaban haciendo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Salteña (SRS), Alfredo Figueroa.
El empresario indicó que ven con buenos ojos el camino a seguir y ahora queda por ver si la herramienta del manejo silvopastoril o MBGI resulta como lo indica la teoría. “Queremos que estas herramientas como la ganadería, logren el desarrollo sustentable al interior de la provincia”, afirmó y agregó la necesidad de generar trabajo en el sector.
La posibilidad de añadir el manejo de bosques con ganadería integrada a los montes salteños es coincidente con el llamamiento del gobernador Gustavo Sáenz quien convocó a “llenar la provincia de vacas” en su discurso en la Sociedad Rural Salteña.
El desarrollo del sistema silvopastoril sobre estas zonas implica quitar arbustos y limpiar el terreno para que el ganado pueda andar por el monte, sin voltear los árboles como sucede con el desmonte.
Esta presunta solución productiva sobre las áreas amarillas, donde no se indicó un límite de hectáreas para la cría de ganado mediante el sistema silvopastoril genera preocupación porque se teme que no haya un adecuado monitoreo sobre los proyectos.
Un ejemplo es lo que sucedió con las llamadas “cortinas forestales” que separaban los desmontes, y que en los papeles iban a formar el 40 por ciento de las reservas de vegetación que debían dejar las deforestaciones. Con el tiempo, esas áreas de reservas desaparecieron.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó que el manejo silvopastoril “violaría la Ley Nacional de Bosques Nativos porque en zona amarilla no se puede desmontar”.
“El MBGI permite desmontar 10 por ciento del campo para pasturas”, recordó. Añadió que “el desarbustado, si es intensivo, puede ser considerado un desmonte. En la teoría es una cosa. En la práctica se ve que dejan algunos árboles en pie, y el resto pasturas, eso no es un bosque, es una plaza”.
En el mismo sentido recordó que en provincias como Santiago del Estero o el Chaco, en donde hace años se instrumenta el manejo de bosques con ganadería, aunque el supuesto intento fue dejar más vegetación en pie, “lo marcamos como área deforestada porque de hecho desde la misma imagen satelital se nota que no queda ningún bosque. El bosque es mucho más que árboles”, añadió.

Dos audiencias el mismo día
Ayer se publicaron en el Boletín Oficial dos convocatorias a audiencias públicas referidas a la gestión de bosques, ambas en superficies ubicadas en la jurisdicción del departamento Anta.
La primera solicita el “cambio de uso de suelo con fines de agroganadeería en una superficie de 1.798.10 hectáreas netas a habilitar” con un poco más de 1.206 hectáreas “de protección y reserva”. El pedido de desmonte en la Finca San Javier es de “Julio Argentino San Millán (representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño), Marcelo Tomás León, Francisco José Vidal y Jorge Horacio Beraza”. La audiencia será el 26 de septiembre a las 10 en el Centro Integral de Tolloche.
Otro pedido es sobre la Finca Los Hermanos, que solicita un cambio de uso de suelo para agricultura en 336,16 hectáreas netas, con 156,56 hectáreas de protección. En este caso, los solicitantes son Ramiro y Esteban Maíquez. El día de la audiencia será el mismo viernes 26 de septiembre a las 11.30 en el mismo Centro Integral de la localidad de Tolloche.
Los expedientes son anteriores a la promulgación de la ley que enmarca el OTBN actual. Y aunque se regirán por el ordenamiento viejo, Aldazábal explicó que son propuestas productivas que pueden ser compatibles con las zonas en las que se puede desmontar según las superficies definidas por el nuevo OTBN.
El funcionario afirmó que esta compatibilidad se tendrá en cuenta en la decisión respecto de otros proyectos de desmonte que se rigen por el viejo ordenamiento. 
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“Sería absurdo irnos del Acuerdo de París”: la máxima autoridad ambiental habló por primera vez sobre su gestión

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fernando Brom sostiene que la gestión ambiental debe mantenerse “sin ideologías”, incluso frente al negacionismo climático; advirtió que la producción es prioridad y anticipó que pretenden reformar la ley de glaciares
Hace poco más de seis meses, Fernando Brom asumió el cargo de subsecretario de Ambiente de la Nación. Es la máxima autoridad gubernamental en la materia, pero el organismo tiene mucha menos gravitación de la que tienen sus pares en otros países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay.
Aunque su cargo es político, el subsecretario, de 74 años, se ve a sí mismo como un gestor. “Cuando Daniel Scioli me llamó, me dijo que faltaba gestión. Lo peor es que esta subsecretaría es transversal a toda decisión que se tome en algún área del sector público”, describió Brom en una entrevista con LA NACION, la primera que brinda desde su nombramiento. 
La subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial: uno que catalogó al ambientalismo como una bandera detrás de la que el marxismo se esconde y que dijo frases como “ojalá Argentina contaminara más”. En este contexto, la gestión de Brom enfrenta la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Él afirmó que están trabajando “más que nunca”.
Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento y pasó a ser asesora del diputado nacional, Carlos D’Alessandro (Coherencia). 
Con Francos se conocieron en los 90: ambos militaron en el Partido Federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió el prólogo de uno de sus libros, publicado en 2023, cuando era precandidata a la Presidencia.
Brom es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. No tiene ningún tipo de formación en asuntos ambientales, aunque sí posee más de 30 años de experiencia dentro del sector privado, en especial en el rubro alimentos, como director comercial y gerente general. También fue profesor universitario y tiene posgrados en Stanford y el MIT vinculados a la gestión empresarial. Dentro del sector público, siempre bajo el mandato de Javier Milei, fue primero vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Para temas ambientales, descansa en sus respectivas direcciones, que tienen más un perfil técnico que político y cuyos representantes llevan en la subsecretaría varios períodos. Ellos trabajan como nexo entre el multilateralismo y las provincias; desarrollan estudios técnicos y estrategias generales para que se implementen en territorio. “Nuestro rol es el de buscar financiamiento internacional y empoderar a las provincias a que impulsen sus propios programas. Buscamos federalizar la gestión”, señaló Brom. También, añadió, asesoran de las provincias sobre temas ambientales.
En la entrevista con LA NACION, Brom expresó que “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”, así como su intención de modificar la Ley de Glaciares para abrir paso a la minería.

–¿Cómo ejecutar una buena gestión ambiental en este contexto?
–Es trabajar más allá de las ideologías. El arte no es hacer equilibrio tratando de parecer una cosa, sino que es al revés. Yo creo que gestionar dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos o la eficiencia.

–¿Eso incluye la ideología del Presidente?
–No incluye la ideología del Presidente. Yo creo que el Presidente, en cuanto sepa un poco más de ambiente, no me cabe duda de que va a tomar mejores decisiones.

–¿Y cómo convencerlo?
–Informándolo. Mi línea de reporte es [Daniel] Scioli, [Lisandro] Catalán y [Guillermo] Francos. Con ellos tengo muy buena línea de gestión. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones basándonos en la ideología y mucho menos con la cantidad tremenda de donaciones que todos los días le dan trabajo a por lo menos 200 personas externas. Acá tenemos 300 personas internas y 200 personas externas que están financiadas por organismos internacionales.

–¿Asistirán a la Cumbre del Clima (COP 30) en noviembre en Brasil?
–Todavía no se ha definido, y esto depende de la Cancillería y del Presidente. Estamos preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas [es un documento que plantea los objetivos de reducción de emisiones, ahora para 2035]. Esperamos cerrarlo en noviembre.

–¿Pretenden salir del Acuerdo de París?
–Sería absurdo irnos de algo que no nos cuesta plata y que, si lo adaptamos a los intereses nacionales, nos rinde mucho beneficio en bosques, en gestión del clima, en residuos a cielo abierto...

–Hace poco, se filtró el Plan de Inteligencia Nacional y en este documento había un capítulo expreso en el que hablaban tareas de inteligencia sobre activistas ambientales. ¿Cuál es su posición sobre esto?
–No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia de la administración pública. Pero para mí, la libertad tiene que ser absoluta. La libertad no admite recortes. La libertad de pensamiento, la libertad de acción dentro de la ley. Obviamente, libertad con responsabilidad. En cuanto le pones persecución ideológica a esto, empezás a transformar esto en cualquier cosa.

–¿Producir o conservar?
–Las dos. No es una dicotomía. En la vida pasa eso. La declaración de impacto ambiental tiene que hacerla la empresa, que es la que se compromete a prevenir remediar, mitigar, y la provincia tiene que decir en qué áreas o, por ejemplo, en qué crioforma piensan hacer alguna extracción minera. No una ley como tiene la Argentina que prohíbe todo.

–¿Van a apuntar una reforma a la Ley de Glaciares?
–Sí, obvio. No puede ser un DNU, porque cuando analizamos el problema dijimos: “¿Y entonces qué hacemos?” El DNU sería una locura, se nos viene en contra media Argentina por mala interpretación de la ley.

–¿Esto se vincula a los proyectos de cobre en San Juan?
–Tienen ubicados 30.000 millones de dólares en un área de ocho kilómetros de largo, que es exactamente simétrica a lo que hay del otro lado de la cordillera en Chile. Ahora, si eso hace que la vid y los cultivos se vean perjudicados, va a tener que ser la minera la que diga con su informe de impacto ambiental: “Me comprometo a prevenir o remediar. Me comprometo a todo lo que debería”. 

–¿Qué están haciendo para dar seguridad a sectores como el vitivinícola de que los riesgos de la minería no van a ocurrir?
–Hay dos formas de mentir, con palabras y con estadísticas. Cuando los ambientalistas te dicen que los glaciares representan el 90% del agua dulce no te dicen que casi todo es la Antártida. Tratemos de jugar limpio. No va a haber extracción en el glaciar Perito Moreno, pero tenemos que producir también.

–Pero ciudades como Mendoza o La Rioja son consideradas como ciudades oasis que, en un caso extremo, su población sí dependen de un 30% del agua de deshielo…
–De deshielo, por supuesto. Eso es sagrado.

–Explíqueme, entonces.
–Una cosa es el deshielo de nieve y otra cosa, nieve perenne, nieve eterna; por otro lado, escombros de glaciares o formaciones de agua que en dos años desaparece.

–Pero el agua que llega a esas ciudades viene de ambos, tanto de la nieve eterna como la temporal.
–Sí, tenés razón. Pero con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente. Que analicen esa cuenca. Si hay declaración de impacto ambiental por parte de las empresas y una evaluación ambiental estratégica por parte de la provincia, esto pasa. Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Hay que semaforizar como con la Ley de Bosques.

–Hay temor desde el sector ambientalista que los criterios ambientales dentro del Gobierno se vuelvan flexibles, acorde a este interés nacional en ciertos sectores productivos como la minería, o los hidrocarburos y otros contemplados dentro del RIGI. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no?
–Es fundamental respetar que en la sociedad moderna de este siglo XXI hay cuatro jugadores esenciales. El primer jugador es el Estado, que es el gobierno. El segundo es la empresa privada que tiene una empresa y accionistas que buscan rentabilidad sustentable. El tercer actor es la sociedad civil, y el cuarto y fundamental es la ciencia, la academia, la universidad, donde está el conocimiento.

–¿Se escucha de la misma forma a estos cuatro sectores? Se lo pregunto porque en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el secretario Scioli habló de la importancia de la relación con las empresas. No mencionó a la sociedad civil, no mencionó a la ciencia...
–Esto fue algo que dijo en una reunión, pero es importante resaltar que la sociedad civil y la academia, la ciencia, la evidencia científica hay que tenerla en la mano con toda decisión que se toma. Por otra parte, en un acto previo a la reunión del Cofema, Scioli entregó donaciones por manejo de bosques al gobierno de Salta y por prevención de incendios al de Tierra del Fuego.

–Las cifras generales hablan de un 30% de caída de presupuesto en ciencia. ¿De dónde sacamos la información si este sector tambalea?
–Primero, el sector científico no es mi responsabilidad. Eso sí, no te comas la estadística de que con un 30% menos de gasto se produce un 30% menos de conocimiento. Hablé con toda la planta de la subsecretaría, 40 se fueron y tres tuvieron la valentía de decir que no trabajaban. Casi ninguno se fue en conflicto con ATE ni con UPCN y te aseguro que trabajamos mucho más que antes. Los científicos también, hay buenos y malos.

–¿A criterio de quién?
–La productividad es fundamental, porque si no, ahí es donde empezás a tener altísima ineficiencia.

–En el escenario de la tragedia de Bahía Blanca o del norte de provincia de Buenos Aires, con eventos como estos que se prevé sean más intensos y frecuentes, ¿cuáles son las líneas que pretenden seguir en términos de adaptación al cambio climático?
–Mi primera medida, el segundo día de estar acá, me tocó transferir todo el tema manejo del fuego, que era el 40% de mi presupuesto, a la Agencia Federal de Emergencias. Atiende toda catástrofe climática y humana, terremoto, incendios, lluvias, lo que sea. 

–Las personas que no tienen cuenta de banco o domicilio no tienen acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable?
–Es la primera vez que hay una transferencia de presupuesto, sin intermediarios; uno por uno cobró lo correspondiente en el caso de Bahía Blanca. Con muchos que no tenían ni siquiera la casa a su nombre, pero a partir de una regularización fue al banco y cobró lo que le correspondía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de que en emergencias el Estado está presente.

–Hay intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires que tienen la preocupación de que las personas no tengan acceso al suplemento por la informalidad en la que viven. ¿Cómo está viendo esto el gobierno nacional?
–Eliminar la inflación es lo primerísimo que hay que hacer. Vos me decís que a los pobres les impacta el cambio climático. Antes que el cambio climático, hay que ver que el pobre está debajo de la lona.

–Pero el problema es que sobre eso está el cambio climático…
–Cuando vos vinculás el cambio climático con la pobreza y, voy un poquito más allá, con género y con todo el abanico de temas sociales y no ambientales, podés tener razón. Pero empezás a ideologizar el ambiente y entonces transformás a esta subsecretaría en una que tiene que asistir y dar de comer, dar techo, dar trabajo, con lo cual se te fue el demonio al ambiente.

–En el último boletín de la reunión del Cofema hablaron de la creación de un Fondo de Adaptación.
–No estamos con fondos, hoy tenemos presupuesto, no tenemos fondo porque si tenés fondo, tenés reparto de dinero.

–¿Y qué pasa con el Plan Nacional o la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global?
–Para eso tenemos muchos programas de PNUD, PNUMA, FAO y otros, que están funcionando, tenemos cientos de millones de dólares que hoy, además de pagar sueldos a consultores, están haciendo cosas de mitigación.

–Generalmente, los proyectos que impulsa Naciones Unidas y la banca multilateral son pruebas piloto…
–Es verdad, no son masivos.

–Entonces, ¿cómo esto se convierte en un plan nacional de adaptación si son proyectos piloto?
–Bueno, la intención de estos financiamientos en general es incentivar al Estado a ver que funcionan de cierta manera los estados. Voy a ver cuáles se transformaron en planes provinciales.
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Se registraron nuevos incendios en las islas del Paraná e investigan si fueron intencionales

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Los bomberos trabajaron por sofocar una decena de focos ígneos. También se identificaron llamas en algunos puntos de los ingresos a Rosario 
Los incendios volvieron a afectar este martes a las islas del Delta del Paraná ubicadas frente a la ciudad de Rosario. Las autoridades investigan si se trató de una maniobra intencional, al igual que los distintos focos ígneos detectados dentro de la ciudad, sobre todo en los accesos y cercanías a la avenida Circunvalación. 
De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, indicó que se detectaron decenas de focos ígneos en las islas entrerrianas, en especial en áreas próximas a la ruta 174 que une la ciudad con Victoria. El funcionario relató que el monitoreo realizado señaló la aparición de puntos críticos desde el pasado domingo hasta este martes, frente a localidades como San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario, incluso muy próximos al puente Rosario-Victoria y en el área de Pueblo Esther.
De Bueno remarcó que la recurrencia, ubicación y características de los focos demuestra que no fueron incendios accidentales. “Es imposible que sean espontáneos, hay un responsable”, aseguró y describió que todas las evidencias apuntan a maniobras provocadas con el objetivo de quemar pastizales y residuos en zonas de difícil acceso para el control y monitoreo.
En las inmediaciones de la propia ciudad, la problemática se reiteró a lo largo de la Circunvalación, con al menos cinco focos registrados entre el acceso sur y la intersección de la traza con calle Conscripto Bernardi, poco después del arroyo Saladillo. En esos puntos, los automovilistas que circulaban por la avenida advirtieron sobre la presencia de un humo denso que obstruía la visibilidad y presentaba riesgos para el tránsito vehicular.
El bombero Juan José Roger precisó a la prensa local que uno de los focos más grandes se produjo en la Avenida del Rosario y Belgrano, en otro de los accesos principales a la ciudad y próximo a la Circunvalación. Roger advirtió que la combinación de temperaturas elevadas y el uso recurrente de predios abiertos como vertederos no oficiales incrementa la frecuencia e intensidad de los incendios. Por esta razón, pidió a la población abstenerse de arrojar residuos y colaborar con las tareas preventivas para frenar este tipo de episodios.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Santa Fe, Aníbal Gómez, aportó: “Estamos en monitoreo constante junto a Entre Ríos, Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias. Si los focos avanzan y el humo afecta más a la ciudad, se iniciarán de inmediato los trabajos de extinción”.
El último registro de este tipo de siniestros se generó el pasado 10 de julio. Desde la costa local de Rosario y Granadero Baigorria, se observaron con nitidez enormes columnas de humo gris elevándose desde el humedal entrerriano. De acuerdo con la información suministrada por Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, en esa oportunidad, se identificaron cinco focos activos en distintos sectores del Delta frente a Rosario. Tres de estos ocurrieron en la zona sur de la traza, a una distancia de 7 y 8 kilómetros del margen del río Paraná, mientras que los otros dos afectaron áreas más septentrionales, uno a 5 kilómetros y el restante a unos 19 kilómetros, adentrado en el territorio de las islas.
Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del incidente y permitieron precisar la localización exacta de los puntos con mayor actividad ígnea. Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, explicó que al menos tres focos importantes fueron detectados gracias a la tecnología satelital y que trabajaron en conjunto con la coordinación con organismos de Defensa Civil y Medio Ambiente de Entre Ríos. 
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INTI y Cader lanzan el Primer Censo Solar Fotovoltaico de Argentina

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Es realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) lanzaron oficialmente el Primer Censo Solar Fotovoltaico en Argentina, una iniciativa clave para medir y ordenar el desarrollo de la energía solar en el país.
El relevamiento comenzó a desarrollarse en junio y busca generar un registro actualizado del sector solar fotovoltaico, con información detallada sobre las capacidades técnicas, la distribución geográfica, el empleo y la evolución de la actividad durante el período 2023–2024. 
Según destacaron sus impulsores, el objetivo es contribuir a la planificación estratégica y fortalecer la cadena de valor de la energía renovable a lo largo y ancho del país.
El censo se lleva adelante mediante un formulario online, gratuito y voluntario, dirigido de manera exclusiva a los proveedores de productos y servicios de energía solar fotovoltaica. 
Pueden participar fabricantes de equipos, instaladores, importadores, capacitadores y distribuidores, aunque no está destinado a usuarios finales de la tecnología.
Desde INTI y Cader pidieron a medios, cámaras sectoriales y entidades relacionadas con las energías renovables que acompañen la difusión de la iniciativa, con el fin de garantizar la mayor participación posible de empresas y actores de la cadena de valor.
Las compañías interesadas pueden acceder al formulario en el sitio oficial: https://censofv.inti.gob.ar/.
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Proponen proteger por ley la fauna silvestre autóctona entrerriana y aumentar su biodiversidad

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


A través de un proyecto de ley el bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos propuso establecer el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos. Entre otros objetivos persigue el control de la fauna exótica invasora, crear un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados, promover corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua y una regulación más estricta de la caza deportiva menor.
El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos (JxER) presentó este martes un proyecto de ley que propone establecer “el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales, de acuerdo con los principios definidos en la presente normativa”.
El proyecto, del diputado Juan Manuel Rossi, sostiene que “el régimen de conservación de la presente ley comprende la protección de las especies de fauna silvestre, tanto residentes como migratorias, que habitan en la Provincia de Entre Ríos. Incluye, asimismo, la protección de sus hábitats esenciales para la supervivencia y el pleno desarrollo de las mismas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la fauna acuática.

Resultado de un proceso participativo multisectorial
En los fundamentos, Rossi destacó que “en coherencia con lo recién mencionado, este proyecto de ley es el resultado de un proceso participativo multisectorial. Fue enriquecido con el aporte de organizaciones ambientales como Ceydas, instituciones científicas como el INTA-Oro Verde, Conicet-Diamante, especialistas en fauna de la Universidad Nacional de La Pampa, prestadores de turismo aventura nucleados en la organización Acetra y funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos”. En el mismo sentido mencionó que “a través de reuniones de trabajo se logró construir una propuesta, que esperamos, aborde la complejidad de la temática de manera satisfactoria, con una perspectiva realista y científica”.
En el proyecto de alertó que “la diversidad biológica (o la biodiversidad) se encuentra gravemente amenazada por la depredación humana. Este peligro es la razón principal que nos alentó a trabajar en la idea de la conservación de la fauna silvestre autóctona entrerriana en hábitats naturales, para así aumentar la diversidad biológica, ya que la capacidad de la naturaleza de producir naturaleza disminuye incesantemente”.
También se señaló que “los beneficios de la biodiversidad al bienestar humano son tan numerosos y fundamentales que sólo un sistema económico y cultural ciego puede ignorarlos. Entre sus aportes, se destacan la seguridad alimentaria, la salud humana basado en medicamentos que provienen de compuestos naturales, la estabilidad ecológica y la regulación del clima y del agua a través de ecosistemas saludables y resilientes, los servicios culturales, recreativos, espirituales y educativos y, el sustento económico de comunidades locales que dependen de la caza, la pesca y el turismo ecológico”.
Rossi precisó que “la presente iniciativa propone un conjunto de instrumentos enfocados en la conservación de la fauna silvestre nativa. Entre ellos, merecen destacarse las estrategias de conservación, tales como la repoblación, la reintroducción y la translocación de animales en hábitats protegidos de productos tóxicos. También es muy importante el control de la fauna exótica invasora, muy dañina para los animales nativos”.
Además destacó que “se crea, además, un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados y, para favorecer el movimiento seguro de la fauna silvestre autóctona, se promueven corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua”.

Cinegética basada en estudios científicos
Entre otros objetivos de similar trascendencia para la protección de la biodiversidad entrerriana, el legislador mencionó “una regulación más estricta de la caza deportiva menor es otro de los instrumentos. Este tipo de cinegética, que debe estar basada en estudios científicos sobre la abundancia de especies, ayuda a mantener poblaciones saludables y equilibradas dentro de los ecosistemas, evitando su agotamiento. Por último, con la creación del departamento de fauna se avanza en un sistema de control integral que incluye tanto el monitoreo ambiental de la fauna silvestre como la fiscalización e inspección de las actividades humanas que puedan afectarla”.
En resumen, Rossi destacó que “este proyecto de ley concentra un conjunto de instrumentos que apuntan a un mismo fin: la protección de la fauna silvestre autóctona en sí. Así las cosas, escapa del alcance de esta iniciativa, y de las posibilidades de cualquier provincia argentina por sí misma, resolver el fondo de la cuestión: el desarrollo de ecosistemas completos y funcionales como la forma más segura de incrementar la biodiversidad. Hoy en día los ecosistemas se degradan velozmente debido a la deforestación, la expansión urbana descontrolada, la agricultura intensiva, los monocultivos forestales, las malas prácticas de manejo ganadero, la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático como incendios y sequías, entre otras”.  

“Nos estamos devorando el planeta”
Rossi mencionó la “contundente” afirmación de la “destacada bióloga y ecóloga argentina Sandra Díaz, quien asevera también, que estamos ante la posibilidad de una extinción masiva de especies dado que cerca de un millón de especies están en riesgo (Rocha, 2019). Publicado en el año 2019, la experta argentina fue una de las autoras del informe de evaluación mundial de la biodiversidad más completo y abarcador hasta la fecha” y compartió “algunas de sus contundentes conclusiones”. 
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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Declaran "Monumento Natural provincial" a ocho especies animales en Córdoba

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: CBA24N
Provincia/Región: Córdoba


La decisión fue confirmada por un Decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora. Cuáles son y por qué.
Buscando proteger “lo más representativo y valioso del patrimonio natural de Córdoba”, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 197.
El mismo declara “Monumentos naturales Provinciales” a un total de ocho especies de animales.
Las mismas son:
- Sapo de Achala (Rhinellaachalensis);
-Tortuga Chaqueña o Terrestre (Chelonoidischilensis);
- Loro Hablador (Amazonaaestiva);
- Águila Coronada (Buteogalluscoronatus);
- Cóndor Andino (Vulturgryphus);
- Aguará Guazú (Chrysocyonbrachyurus);
- Guanaco (Lamaguanicoe);
- Pecarí Chaqueño o Quimilero (Parachoeruswagneri)
El contexto es un pedido de la Subsecretaría de Biodiversidad, merced a la modificación de la Ley de Áreas Naturales, donde se ampliaron criterios. Desde ahora, se pueden designar "especies vivas" en tal sentido.
Para tal cuestión, se evaluaron el “carácter endémico, el estado de conservación”, además del “valor real en educación, conservación o belleza; nivel de amenaza” y su “relevancia simbólica, ecológica y sociocultural”.
En los análisis participaron el Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Centro de Zoología Aplicada de la UNC, el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cátedra de Ecología de Comunidades y Ecosistemas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la UNC, además de su Museo de Zoología y su centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables. También fueron parte el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas del CONICET, la Fundación Mil Aves, el Parque de la Biodiversidad municipal, el centro de rescate ‘Tatú Carreta’, la clínica de fauna silvestre y animales no convencionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica, y Natura Argentina.
El objetivo central es la introducción de Planes de conservación, a construir de ahora en adelante por las partes que intervienen.
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ACUMAR endurece sanciones por infracciones ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispuso modificaciones al régimen de fiscalización y sanciones, con multas más severas para incumplimientos en la presentación de información, falsificación de documentos y construcción de sistemas de control de vertidos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) modificó el régimen de fiscalización, control y sanciones aplicables en el área de la Cuenca, mediante la Resolución 203/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. El organismo dispuso un endurecimiento de las multas y la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la eficacia del control ambiental en la zona.
Entre las principales modificaciones se incorporan como infracciones la falsedad de los datos o documentación presentada y la falta de empadronamiento, que podrán ser imputadas directamente por los inspectores en las actas de fiscalización. Además, se establece un plazo de intimación en los casos de información falsa, con sanciones agravadas en caso de incumplimiento.
La norma también eleva las sanciones para los establecimientos que no construyan o adecúen la Cámara de Toma de Muestra y Medición de Caudales, considerada esencial para identificar un único punto de vertido. ACUMAR señaló que la ausencia de este sistema representa una omisión grave que obstaculiza el control ambiental en la cuenca desde hace 17 años.
Asimismo, se modifican los montos de las multas vinculadas a la falta de presentación de información, informes de avance, planes de adecuación y documentación técnica ambiental, y se reincorporan sanciones específicas para el incumplimiento parcial o total de esos planes. También se introducen cambios en los plazos y modalidades de pago de las multas, con beneficios por cancelación temprana y la posibilidad de pago en cuotas.
La resolución simplifica las etapas intermedias en los procedimientos sancionatorios, sin alterar el derecho de defensa, y regula cuestiones que antes no estaban especificadas, como la reincidencia, la prescripción y el cálculo de intereses en los certificados de deuda.
La medida, firmada por el presidente de ACUMAR, Lucas Figueras, entrará en vigencia a partir de mañana.
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Entre Ríos: organizaciones socioambientales denuncian el cierre de escuelas rurales y el avance del agronegocio

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Portal Noticias Ambientales
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio (PRO), anunció su intención de cerrar cerca de 300 escuelas rurales por baja matrícula.
La Coordinadora Basta es Basta expresó su rechazo mediante un comunicado, calificando la medida como “un nuevo golpe a las comunidades rurales, ya afectadas por el abandono estatal y el avance del modelo agroexportador que expulsa a las familias del campo”.
“Un solo alumno tiene derecho a educarse”: voces desde el territorio
Desde el Consejo General de Educación (CGE), el funcionario Sebastián Benedetti justificó el cierre por razones de “eficiencia pedagógica”, señalando que hay escuelas con uno a tres alumnos. Sin embargo, Elio Kohan, docente y referente de Basta es Basta, plantea que “la baja matrícula no invalida el derecho a la educación”, y que las escuelas rurales deben sostenerse como espacios de encuentro y resistencia comunitaria.
En la zona de Basavilbaso, la docente Mariela Leiva advierte que doce escuelas están en riesgo de cierre, y denuncia el impacto de las fumigaciones cercanas, autorizadas por la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, que permite aplicar agrotóxicos a solo 15 metros de las aulas. “Estamos frente a una vulneración directa del derecho a educarse en un ambiente sano”, sostiene.

Fumigaciones, monocultivo y despoblamiento rural
La Coordinadora Basta es Basta señala que el despoblamiento rural responde a múltiples factores: fumigaciones masivas, concentración de tierras, desplazamiento de la agricultura familiar y contaminación de agua y suelos.
En zonas como Concordia, el referente Facundo Scattone Moulins describe un proceso de “expulsión en base a venenos”, donde el uso intensivo de soja y arroz desplaza a los trabajadores rurales, invisibilizados por la tecnificación del modelo productivo.
escuelas rurales

Riesgos sanitarios y judicialización de las fumigaciones
Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental (Universidad de Rosario) demostraron que vivir cerca de zonas fumigadas aumenta el riesgo de cáncer. Kohan, desde Colonia Avigdor, denuncia que “no son estadísticas, son vecinos y amigos que han enfermado o fallecido”.
En 2018, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció distancias mínimas de 1.000 a 3.000 metros para fumigaciones cerca de escuelas, declarando inconstitucional una resolución que permitía aplicar químicos a solo 50 metros.

Una ley cuestionada por desconocer la evidencia científica
Pese al fallo judicial, en 2024 se sancionó la Ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, que habilita fumigaciones entre 15 y 500 metros de las escuelas, según el tipo de aplicación.
La ley exige que se realicen en contraturno escolar y bajo supervisión de un asesor fitosanitario, pero desconoce los estudios sobre derivas tóxicas, según denuncian las organizaciones. “La única buena práctica agrícola es la agroecología”, resume Kohan.

Educación rural: bastión de arraigo y denuncia
“Las escuelas rurales son mucho más que aulas: son espacios de encuentro, denuncia y construcción comunitaria”, afirma Kohan. Scattone agrega que son “el lugar donde madres, docentes y trabajadores se animan a visibilizar lo que ocurre”.
Sin embargo, el vaciamiento no es nuevo: en 2007, el gobierno provincial vendió 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica N.º 151 a la familia Etchevehere, ligada al agronegocio. En 2017, se entregaron otras 29 hectáreas para obras que nunca se concretaron.
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