El Gobierno designa al nuevo titular de Parques Nacionales tras dos meses de parálisis institucional


Luego de un prolongado y sumamente preocupante período de sesenta días de acefalía que mantuvo en vilo a los sectores científicos, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ambientales de toda la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación del nuevo funcionario que asumirá de forma inmediata la conducción de la Administración de Parques Nacionales (APN). Este organismo, cuya trascendencia es vital para la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el manejo sustentable de las millones de hectáreas que componen el sistema de áreas protegidas en todo el territorio nacional, se encontraba sumido en una profunda y peligrosa parálisis técnico-administrativa debido a la falta de una firma autorizada en su cúspide jerárquica. La esperada designación llega en un momento de máxima tensión sectorial, caracterizado por recurrentes reclamos sindicales debido a la precarización del personal, un severo congelamiento de las partidas presupuestarias en un contexto de alta inflación y la inminente necesidad de coordinar de manera urgente los comités internacionales y locales de emergencia de cara a una temporada que se prevé meteorológicamente hostil en términos de incendios forestales. La comunidad conservacionista respiró con un alivio relativo ante el fin del vacío de poder, pero mantiene una mirada rigurosa y expectante sobre el perfil del nuevo directivo, cuya tarea inmediata será resucitar una estructura burocrática estatal que quedó virtualmente congelada durante el invierno, afectando la soberanía ambiental y el control efectivo en los rincones más remotos y vulnerables del patrimonio natural argentino.

El impacto de la parálisis administrativa y los desafíos operativos de la nueva gestión
El flamante director asume el máximo cargo de la Administración de Parques Nacionales con una agenda repleta de urgencias acumuladas y un escenario institucional severamente precarizado por las políticas de ajuste fiscal y reestructuración estatal. Durante los dos meses en los que el organismo permaneció acéfalo, la ausencia de una autoridad legal con capacidad de firma bloqueó de manera sistemática los procesos más elementales de la gestión pública cotidiana, desde la adquisición de insumos básicos y combustibles para los vehículos de patrullaje de los guardaparques en el terreno, hasta la ejecución de partidas presupuestarias internacionales ya asignadas y destinadas exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura turística y de seguridad en las reservas naturales. El nuevo funcionario, cuya trayectoria técnica previa combina experiencia en la gestión de recursos públicos y un perfil marcadamente alineado con las directrices de eficiencia económica que promueve la actual administración nacional, tendrá la titánica e inmediata tarea de destrabar los miles de expedientes internos paralizados que amenazaban con interrumpir servicios esenciales. Asimismo, se verá obligado a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo político y laboral con los sindicatos que representan a los trabajadores de Parques Nacionales y al personal operativo distribuido en las provincias, quienes venían advirtiendo que la falta de conducción y de lineamientos claros no solo desmoralizaba al cuerpo de profesionales, sino que dejaba al descubierto vastas extensiones de fronteras naturales frente a actividades ilícitas como la caza furtiva, la pesca clandestina, el desmonte ilegal y la usurpación de tierras fiscales.

El foco en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la crisis de los brigadistas
Uno de los puntos más críticos, urgentes e ineludibles que deberá afrontar la nueva conducción de la APN de forma articulada con el Ministerio de Seguridad es la optimización y el despliegue logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dentro de las áreas protegidas nacionales y sus zonas de amortiguación ecológica. Ante los rigurosos pronósticos meteorológicos de mediano y largo plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan una temporada estival caracterizada por temperaturas inusualmente elevadas y una extrema sequía estructural ligada a las anomalías climáticas en la cuenca del Plata y la región andina, las alarmas están completamente encendidas. La comunidad científica y los colectivos vecinales de áreas sensibles como la Patagonia andina, las Yungas del norte de Salta y Jujuy, y el macrosistema del Delta del Paraná venían denunciando con desesperación que la falta de autoridades formales en Parques Nacionales ponía en serio riesgo los planes preventivos de contingencia ante catástrofes ígneas. La ausencia de contratos renovados, la falta de mantenimiento de las aeronaves hidrantes y las demoras en las capacitaciones específicas para los brigadistas forestales locales son herencias de la acefalía que el nuevo titular deberá resolver contrarreloj antes de que el inicio del verano transforme las alertas en incendios incontrolables. La capacidad del funcionario para coordinar recursos con los gobernadores provinciales, optimizar el equipamiento técnico de las cuadrillas terrestres y asegurar los fondos necesarios para los viáticos y sueldos de los brigadistas —quienes históricamente han reclamado estabilidad laboral y equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad— será la primera gran prueba de fuego que determinará la viabilidad y el éxito de su administración en el corto plazo.

El nuevo esquema económico: concesiones turísticas y autofinanciamiento estatal
El debate de fondo que rodeará las decisiones del nuevo director de la Administración de Parques Nacionales está directamente vinculado con el cambio de paradigma económico que el Gobierno nacional busca implementar en todas las áreas del Estado, impulsando un modelo donde el autofinanciamiento y las inversiones privadas jueguen un rol central. La nueva conducción tiene el mandato político de revisar minuciosamente el estado de todas las concesiones turísticas vigentes dentro de las reservas más visitadas del país, tales como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El objetivo gubernamental es modernizar e incrementar los cánones de explotación de los servicios de hotelería, gastronomía, transporte náutico y excursiones de aventura, buscando transformar a la APN en un organismo financieramente sostenible que dependa cada vez menos de las transferencias directas del Tesoro Nacional. Si bien esta estrategia es vista con buenos ojos por sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, el turismo masivo y las cámaras empresariales regionales, genera una profunda preocupación y un fuerte rechazo entre los sectores más conservacionistas y los científicos de la ecología. Estos expertos advierten que una apertura desmedida e insuficientemente regulada a las lógicas del mercado y la explotación comercial comercial privada podría vulnerar el principio fundamental de intangibilidad que rige sobre las áreas naturales protegidas, provocando un impacto ambiental irreversible por contaminación, acumulación de residuos, sobreexplotación de recursos hídricos y alteración del comportamiento de las especies faunísticas nativas.

Repercusiones, desconfianza y expectativas en el sector ambientalista argentino
La oficialización del nombramiento fue recibida con una marcada dosis de cautela, escepticismo y demandas puntuales por parte de las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente en la Argentina, tales como la Fundación Vida Silvestre, la Asociación Aves Argentinas y la Red Yaguareté. A través de diversos comunicados y declaraciones públicas, los referentes del sector han coincidido en señalar que el patrimonio natural del país y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de biodiversidad no pueden quedar supeditados a los tiempos de la burocracia política ni a visiones estrictamente fiscalistas de la gestión pública. Las ONG exigen de manera unánime que el nuevo titular convoque de manera perentoria a mesas de trabajo técnicas y participativas que incluyan a la comunidad científica, las universidades nacionales y los representantes locales, garantizando que los criterios científicos y de conservación ecológica se mantengan por encima de cualquier interés corporativo o inmobiliario. La gran encrucijada del nuevo funcionario consistirá en demostrar que es posible cumplir con los estándares de control del gasto público exigidos por el Ejecutivo nacional sin descuidar el rol indelegable e histórico del Estado como guardián y protector de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. La preservación del yaguareté en el norte, del huemul en los bosques del sur, y de los humedales y pastizales nativos frente al constante avance de la frontera agropecuaria e industrial serán los verdaderos hitos ambientales que juzgarán la gestión de este nuevo capítulo institucional de Parques Nacionales.

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Diario Infobae, Agencia Télam
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Glifosato en Misiones: el impulso a su vuelta abre un fuerte capitulo político en la provincia

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua presentó la iniciativa para dejar sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, que se tratará en la Legislatura, busca restablecer el insumo clave para las economías regionales.
El gobierno de Misiones formalizó un cambio de rumbo en su política agroindustrial que impacta tanto en las chacras como en el tablero político del NEA.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a los diputados de su bloque, Movimiento por lo que Viene, para presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164). 
Dicho artículo, sancionado en junio de 2023 bajo la conducción legislativa del histórico conductor provincial Carlos Rovira, imponía la prohibición total del uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial.
La restricción original, que establecía un esquema de transición, debió aplicarse plenamente a mediados de 2025 y luego fue prorrogada por decreto hasta 2030, pero el nuevo proyecto busca directamente eliminar el límite legal.
La decisión oficial responde a los insistentes reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, que alertaban sobre una pérdida crítica de competitividad.
Los productores de yerba mate, té, tabaco y el sector forestal sostienen que la eliminación del herbicida tradicional, sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevaba drásticamente los costos de producción. 
Frente a las malezas del clima subtropical, los bioinsumos distribuidos demandaban mayor mano de obra y sucesivas pasadas de maquinaria, reduciendo los rindes de las parcelas. 

El respaldo de las entidades del campo
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró de manera inmediata la decisión del mandatario misionero y destacó que el proyecto para derogar la prohibición del glifosato representa un paso fundamental para devolverle previsibilidad y viabilidad operativa al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Desde el gremialismo agropecuario enfatizaron además que este avance es el resultado directo de un reclamo sostenido en defensa de la realidad productiva regional.
En su mensaje difundido en X, la SRA subrayó el rol activo que mantuvo durante todo el conflicto, combinando el acompañamiento a los agricultores con acciones institucionales y judiciales para defender el derecho a producir. 
Al respecto, señalaron en redes sociales que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”, respaldando así el giro adoptado por el Ejecutivo provincial.
Asimismo, la dirigencia ruralista valoró especialmente que la gobernación haya escuchado las demandas del campo tras meses de incertidumbre operativa.
Explicaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atentaba directamente contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino.
Con este aval de peso expresado en las redes, la iniciativa suma un firme respaldo del arco productivo nacional de cara a su inminente tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.
Las entidades gremiales aseguraron que seguirán de cerca la discusión parlamentaria para garantizar que el campo recupere definitivamente la libertad de trabajar con los insumos autorizados a nivel nacional.

Quiebre político
El trasfondo de la medida expone un punto de inflexión histórico en la política de Misiones: la ruptura abierta entre el gobernador Passalacqua y Carlos Rovira, quien ejerció una hegemonía absoluta en el poder provincial durante las últimas dos décadas.
La ley de bioinsumos de 2023 había sido la bandera ambientalista del rovirismo para posicionar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Sin embargo, la presión del sector productivo obligó al Ejecutivo a priorizar el pragmatismo económico sobre el relato político local.
El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior.
La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los exigentes países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local. 
La iniciativa también desactiva un polémico esquema comercial que enardecía a las bases agrarias. 
La ley de 2023 coincidió con el desembarco y la fuerte promoción estatal de la firma privada Agro Sustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
El Estado misionero compraba casi la totalidad de su producción para distribuirla de forma gratuita en las chacras, utilizando incluso fondos específicos como el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La controversia estalló cuando auditorías técnicas y denuncias de la oposición revelaron que el producto estrella de la firma para sustituir el glifosato, denominado Bioherb, no contaba con las certificaciones obligatorias de SENASA.
Con el ingreso de este proyecto a la Cámara de Representantes, el esquema de compras centralizadas a proveedores predilectos del Estado queda desactivado, abriendo el juego a la libre competencia que demandaban las economías regionales.
La reforma inicia su debate parlamentario la próxima semana en las comisiones legislativas, marcando no solo el regreso de un insumo clave para el campo, sino también una profunda reconfiguración en el liderazgo político del oficialismo misionero. 
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Científicos argentinos afirman que el fondo del mar argentino es un foco de contaminación irreversible

Fecha de Publicación: 29/08/2026
Fuente: Portal Weekend
Provincia/Región: Nacional


Una expedición internacional logró filmar y documentar la alarmante acumulación de desechos atrapados a casi 4.000 metros bajo la superficie. Si bien la mayoría de los elementos hallados son plásticos y redes, un insólito objeto de los años 80 asombró a los investigadores. ¿De qué se trata? 
Un equipo conformado por 26 prestigiosos investigadores pertenecientes al CONICET documentó una preocupante realidad al detectar 29 tipos de residuos de origen humano ocultos en las profundidades del mar argentino. El histórico y alarmante hallazgo sistemático se logró tras relevar 55 kilómetros de suelo submarino, por lo que las alarmas de la comunidad ambiental global se encendieron de inmediato ante la impactante evidencia física.
Los datos corresponden a una investigación que fue publicada recientemente en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science y que se llevó a cabo puntualmente en tres profundos cañones submarinos ubicados en la Patagonia argentina Utilizando el sofisticado robot subacuático SuBastian, los científicos lograron registrar imágenes en alta definición nunca antes vistas hasta el presente. Los dispositivos operaron a profundidades extremas que oscilaron entre los 400 y los 4.000 metros y confirmaron que, en esas zonas abisales y completamente oscuras, la basura humana ya alteró por completo el paisaje natural.

Mar Argentino: sumidero alarmante
Los elementos contaminantes más predominantes en las profundidades correspondieron a envoltorios, recipientes y a bolsas de plástico comerciales. Si bien también se identificaron numerosos restos de artes de pesca abandonados, incluyendo sogas, líneas y redes enteras, el objeto que más desconcertó a los expertos fue un cassette de video VHS que encontraron, en perfecto estado, a 2.000 metros de profundidad. 
Los especialistas también señalaron que el fondo continental funciona actualmente como un sumidero irreversible. "Debido a la ausencia total de luz solar y de oxígeno, los plásticos tardarán siglos en degradarse. Los microorganismos y peces de la región ingieren estos componentes nocivos de manera involuntaria al confundirlos con alimento. Destruyendo hábitats biológicos completos, la remoción manual de estos materiales resulta tecnológicamente inviable en la actualidad", agregaron los científicos argentinos.
Por último, explicaron que la procedencia de los desechos no responde a un foco local único, sino a múltiples actividades. "Las corrientes marinas del Atlántico Sur arrastran la basura desde la plataforma continental hacia las fosas. Para mitigar esta crisis ambiental hace falta un abordaje integral con urgentes normativas internacionales aplicadas. Regular de manera estricta la navegación y la explotación pesquera comercial global representa el único camino de salvación", concluyeron..
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Crean una estación ambiental portátil para el control de la contaminación atmosférica en Córdoba

Fecha de Publicación: 29/08/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El prototipo de bajo costo fue desarrollado por un equipo de profesionales de la UNC con el objetivo de democratizar el monitoreo del aire.
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desarrolló un prototipo de estación de monitoreo ambiental portátil con el fin de facilitar la obtención de información y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia.
El dispositivo es uno de los desarrollos centrales de Zeleni Svet, una consultora en gestión territorial y ambiental integrada por docentes e investigadores de distintas disciplinas.
La iniciativa es impulsada por Jonatan Montes Gobelet, geógrafo; María Cid Bodo, estudiante de Ingeniería Ambiental; Virginia Llanos, diseñadora industrial; y Guillermo Schwindt, biólogo, todos de la UNC.
El equipo actualmente participa del Programa UNC Incuba, de la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, donde reciben acompañamiento para transformar el desarrollo tecnológico en una propuesta con potencial de transferencia y aplicación concreta.
Con tecnología desarrollada desde la universidad pública y pensada para responder a necesidades concretas del territorio, la iniciativa busca demostrar que la innovación también puede convertirse en una herramienta para conocer mejor el ambiente, promover la participación ciudadana y construir ciudades más sostenibles.
En ese sentido si bien la ciudad posee algunos sitios aislados de medición, no tiene una verdadera red de monitoreo con datos accesibles. En diálogo con La Voz, algunos especialistas ya sostuvieron que Córdoba necesita un sistema de medición con datos confiables, accesibles a la comunidad, y con continuidad.

Comprender el territorio
La estación integra sensores basados en Arduino capaces de registrar variables ambientales como calidad del aire, material particulado, presión atmosférica y humedad.
La información se complementa con imágenes satelitales, cartografía digital y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para construir diagnósticos ambientales más integrales.
El dispositivo fue concebido como una solución portátil, de menor costo y adaptable a distintos escenarios. El objetivo es acercar el monitoreo ambiental a municipios, instituciones educativas y organizaciones que no cuentan con infraestructura propia.
El grupo ya diseñó la estructura, desarrolló el software y adquirió los sensores que integran el sistema. "Hemos diseñado un prototipo de monitoreo ambiental portátil, sin que tenga que estar enchufado. Este va a ser nuestro producto para lanzar en breve", señaló Montes Gobelet al portal Unciencia.
Antes de su implementación definitiva, la estación será sometida a una validación técnica mediante comparaciones con los registros de la estación meteorológica de la Municipalidad de Córdoba y, posteriormente, con el Observatorio Hidrometeorológico Córdoba.
"Eso nos va a brindar el respaldo necesario para decir: la estación funciona, mide bien y puede salir al mercado", sostuvo Gobelet.

Hacia la acción ambiental
El desarrollo forma parte de una propuesta más amplia denominada Biosfera Urbana, un ecosistema de inteligencia territorial orientado a transformar información ambiental en acciones concretas para la gestión del territorio.
El equipo de investigación identifica el crecimiento urbano desordenado como uno de los principales desafíos ambientales de Córdoba. La expansión de la mancha urbana provoca pérdida de vegetación, sellado de suelos y degradación de servicios ecosistémicos.
"Vemos que el aumento de la mancha urbana en Córdoba es desordenado. Es un problema que es necesario abordar y representa el principal efecto negativo que se está generando a nivel ambiental en Córdoba", afirma Montes Gobelet.
Frente a ese escenario, la propuesta integra monitoreo ambiental, cartografía digital, ciencia ciudadana y participación comunitaria para generar diagnósticos que ayuden a organismos públicos y al sector privado a tomar decisiones más sostenibles.

Innovación con impacto social
La estación podría utilizarse en municipios y organismos públicos para construir redes de monitoreo y generar información propia para la planificación urbana.
En empresas, permitiría controlar la calidad del aire en espacios de trabajo y acompañar procesos de gestión ambiental. También contempla aplicaciones educativas.
Sin embargo, el objetivo a largo plazo trasciende el desarrollo del dispositivo. "La idea principal es generar conciencia, sobre todo a través de los municipios, y que éstos vayan contagiándose de esta idea del cuidado de la calidad del aire», indicó el geógrafo.
Y agregó: "Nuestro principal objetivo es generar una red de monitoreo portátil y que esos datos estén publicados y sean accesibles".

UNC Incuba
El equipo, integrado principalmente por docentes, explicó que el acompañamiento de UNC Incuba permitió que pudieran comenzar a recorrer el camino del emprendedurismo tecnológico.
A través del programa, reciben formación en modelos de negocio, comercialización, comunicación y validación de productos, herramientas que complementan sus conocimientos científicos y técnicos.
"A nosotros nos ayuda porque ninguno es emprendedor. Todos somos docentes. Nos están formando y enseñando cómo tenemos que vender nuestro producto y nuestro servicio. Es nuestra primera experiencia metiéndonos en este mundo, que para nosotros es totalmente nuevo", explicó Montes Gobelet.
Mientras avanza la validación del prototipo, el equipo proyecta consolidar una red de monitoreo ambiental, fortalecer el observatorio de datos abiertos y ampliar el trabajo con municipios, escuelas y comunidades.
Con una tecnología desarrollada desde la universidad pública y pensada para responder a necesidades concretas del territorio, la iniciativa busca demostrar que la innovación también puede convertirse en una herramienta para conocer mejor el ambiente, promover la participación ciudadana y construir ciudades más sostenibles.
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Pese a las promesas de cierre, la última central a carbón de la Argentina sigue activa y preocupa a los vecinos

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa AES y su filial argentina prometieron abandonar el carbón, pero su termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos aún funciona; el impacto ambiental y sanitario, y los argumentos de la compañía
La Central Térmica de San Nicolás de los Arroyos sobrevivió a la hegemonía del petróleo, al auge del gas natural y, ahora, al avance de la transición energética. Es hoy la única central eléctrica en el país que funciona con carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Y, pese a anuncios empresariales que apuntaban a su reconversión, al conflicto con vecinos y a una causa judicial en curso, la empresa que la opera sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su cierre.
Habitantes de la zona reclaman la reconversión o, al menos, la mitigación y control de los contaminantes de la central, como ocurrió con otras plantas cercanas. “Sopla viento del norte y el olor se hace más intenso. Puede durar horas y hasta días. Nos afecta todo el tiempo”, contó Gabriel Godoy, que vive a menos de dos kilómetros de la central y del polo industrial.
Desde AES Argentina Generación SA, la empresa que hoy opera la central térmica, reiteraron a LA NACION su compromiso con la descarbonización. “La intención sigue firme”, aseguraron. “AES trabaja en planes para progresivamente eliminar el carbón de su matriz de generación. Durante los más de 30 años de operación, hemos mantenido una relación cercana con la comunidad, con la que activamente cooperamos”, agregaron. Tanto la filial argentina como su casa matriz habían anunciado públicamente que avanzarían en la transición energética para contribuir con su responsabilidad global y local.
En 2023, como parte del Carbon Disclosure Project, The AES Corporation afirmó que avanzaría hacia cero emisiones netas para 2050 y que eliminaría por completo el carbón de su cartera para 2025 mediante cierres, ventas o reconversiones, mientras expandía sus inversiones en energías renovables. Para impulsar esa meta, la empresa implementó incentivos de desempeño para sus ejecutivos a nivel global.
Este compromiso coincidía con el giro de la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, representado en el Inflation Reduction Act, el conjunto más grande de políticas ambientales de la historia de ese país, que promovió el mayor paquete de descarbonización. Actualmente, su página de internet muestra que la empresa basa el 54% de su producción en renovables, un 29% en gas y un 15% en carbón. En Chile y República Dominicana vendió tres termoeléctricas a carbón.
Sin embargo, esos compromisos dejaron de aparecer con la misma claridad. En los documentos enviados a accionistas para las asambleas anuales de 2024 y 2025, The AES Corporation destacaba su “estrategia de transición energética para abandonar la generación a base de carbón”. Esa definición desapareció en 2026, aunque la empresa mantuvo referencias a trabajar para reorientar la cartera “hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono”. El cambio no es menor: se trata de documentos sensibles para compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
El vencimiento del plazo para abandonar el carbón coincidió con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el recorte de fondos verdes internacionales y un giro de la política ambiental estadounidense hacia los combustibles fósiles bajo el gobierno de Donald Trump. En ese contexto, AES Global avanza además en su venta a un consorcio liderado por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo que también deja en suspenso cuál sería la dirección si el cambio de dueños se consolida.
En la Argentina, AES también prometió avanzar hacia la salida del carbón. En 2023, el CEO local, Martín Genesio, anunció la reconversión de la central de San Nicolás y afirmó que trabajaban con el Gobierno para evitar el impacto sobre sus 550 empleados. Aunque la empresa redujo de forma significativa el consumo de carbón, la planta continúa operativa y el retiro definitivo permanece en suspenso. Así lo revela esta investigación de LA NACION realizada en el marco de Las Ruinas del Carbón, un proyecto regional liderado por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre la salida de la energía a carbón en América Latina.
Instalada sobre el río Paraná en la década de 1950 como parte del segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, la planta fue privatizada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem y hoy pertenece a AES Argentina. Aunque aporta solo el 5,7% de la generación eléctrica local, la compañía es un jugador global. La anunciada eliminación del carbón para 2025 significa solo el recambio de una de las cinco usinas de la planta, ya que el resto funciona a diésel.
La falta de cumplimiento de AES coincidió con un giro de la política climática argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque el país no abandonó el Acuerdo de París, degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría y decidió no presentar la nueva Contribución Nacional Determinada, el plan con el que los países actualizan sus metas de reducción de emisiones cada cinco años.
Algunos analistas consultados apuntaron a que la dilución de los compromisos gubernamentales puede abrir un margen para que las empresas que lo decidan sigan los mismos pasos. “Cuando los presidentes niegan el cambio climático, validan cualquier flexibilización por parte de las empresas para cumplir con sus objetivos”, opinó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, desde AES Argentina rechazan esa interpretación y sostienen que el consumo de carbón cae de forma sostenida desde 2023. Para ellos, no cerrar se vincula con cuestiones contractuales y de servicio. “El mercado y la demanda de energía son dinámicas y nuestro rol como compañía es brindar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del país. Si bien en un momento se habló de fechas concretas, el proceso de descarbonización responsable está sujeto a la seguridad y suficiencia del sistema eléctrico. La planta de San Nicolás sigue desempeñando un rol importante para asegurar la confiabilidad y resiliencia del sistema”, señalaron.
Para Slipak es necesario dar señales claras que apunten a una descarbonización: “Mientras no haya un plan en el que la empresa se haga cargo de la sustitución de los combustibles por otras fuentes, con la correspondiente consideración del empleo, no es transición energética, sino una adhesión energética”. Por adhesión, el experto se refirió a una diversificación de fuentes más que a un abandono.
Pese a haber reducido más de un 50% su consumo desde 2021, la central sigue siendo la segunda mayor importadora de carbón mineral de la Argentina, al menos hasta inicios del año, según datos obtenidos por LA NACION vía pedidos de acceso a la información pública y registros de UN Comtrade, el registro de comercio mundial que coordina Naciones Unidas.
AES Argentina invirtió, en los últimos años, en grandes hidroeléctricas y también en parques eólicos y proyectos de almacenamiento de energía. De acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, de las diez plantas que tienen en el país, solo tres utilizan combustibles fósiles. Poco más de la mitad de la potencia instalada de la empresa sigue siendo fósil, en su mayoría funciona a partir de gas o diésel.
Hay un dilema en cuanto a la expansión de renovables en el país, ya que falta infraestructura clave para el transporte y la transmisión de esa energía. Durante la administración de Alberto Fernández esto había sido un compromiso a cumplir, algo que fue descartado con la llegada de Milei. En ninguna de las dos administraciones hubo políticas públicas concretas que incentivaran la salida del carbón en coordinación con el Estado.
Esa ausencia también queda registrada en documentos oficiales. Según otro pedido de acceso a la información dirigido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a la Secretaría de Energía, no existen “actos administrativos, planes de metas, acuerdos o cronogramas” que formalicen el retiro de la central ni su transición energética.
Mientras tanto, el carbón sigue llegando. El último dato disponible muestra que en enero de este año se importaron más de 40.000 toneladas. En el caso de AES, provienen principalmente de Colombia y de minas operadas por Drummond, una empresa basada en Estados Unidos y una de las mayores controlantes de la producción de carbón en ese país.
La discusión en San Nicolás no se agota en los compromisos corporativos. La central es investigada hoy en una causa por contaminación, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, por los riesgos que su operación podría representar para la salud y el ambiente.

Los contaminantes de la planta
Según el mapa de la organización internacional Climate Trace, la central térmica de AES Argentina redujo sus emisiones de casi cinco megatoneladas de CO2 equivalente en 2021 a poco más de tres en 2025. Es todavía una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de San Nicolás. Además de dióxido de carbono, el registro incluye emisiones de monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, carbón negro y otras partículas que podrían contener metales pesados como mercurio y plomo.
Natalia Magnani, investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó que la exposición prolongada a estas sustancias puede derivar en enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. “Estos contaminantes pueden afectar los tejidos directamente, pero también combinarse con el agua”, señaló. El riesgo, precisó, no proviene solo de los gases, sino también de las partículas suspendidas liberadas tras la combustión del carbón.
“Cuanto más pequeñas, más peligrosas. Quedan suspendidas en el aire por más tiempo y penetran más profundamente en los tejidos”, explicó Magnani sobre las partículas derivadas de la combustión. Según detalló, ingresan al cuerpo principalmente por la nariz, la boca y los ojos, aunque también pueden atravesar la piel y acumularse en distintos órganos. “En nuestras investigaciones vimos que se concentran especialmente en el corazón y el cerebro, aunque también en otros órganos, lo que podría estar vinculado a distintos tipos de cáncer”, agregó.
AES Argentina aseguró que su sistema integrado de gestión “está en funcionamiento desde hace más de 15 años” y que registra series históricas sobre seguridad, salud laboral y medio ambiente. En sus reportes de sustentabilidad, la empresa sostiene que mantiene valores por debajo de los límites normados para distintos componentes derivados de la combustión. Aun así, vecinos de barrios cercanos continúan denunciando enfermedades y otros padecimientos vinculados al polo industrial.
Desde hace años, habitantes de San Nicolás sostienen que el polo industrial podría estar asociado a problemas crónicos de salud en la zona, desde casos de EPOC, asma y dermatitis hasta muertes por cáncer. Entre los antecedentes mencionados con mayor frecuencia aparece la explosión ocurrida en 2024 en Atanor, que liberó componentes nocivos sobre barrios cercanos.
“Me acuerdo que, al poco tiempo de mudarnos acá, se me declaró el asma. Tenía 7 años”, contó Iván Nappsomoza, de 34 años, vecino del barrio Saavedra, ubicado a menos de dos kilómetros de la planta. Tras la muerte de sus padres por cáncer, él y su madre iniciaron una demanda contra AES Argentina por daño ambiental colectivo. Según relató, su madre padecía carcinoma endometrial mixto, una enfermedad que sus oncólogos asociaron con la contaminación del barrio. Iván asegura sufrir asma severa y dermatitis crónica.
En una recorrida de LA NACION por la zona cercana al polo industrial predominaba un intenso olor metálico y sulfurado. Siete vecinos afirmaron que la exposición a químicos es permanente y describieron síntomas similares: problemas respiratorios, dermatitis y casos de cáncer en familiares y allegados. Fue la oncóloga de la madre de Iván quien le recomendó a Fabián Maggi, abogado especializado en causas de contaminación ambiental en ese polo industrial.
Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y querellante en la causa contra AES Argentina, remarcó la opacidad en el control ambiental sobre las empresas instaladas allí y apuntó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua bonaerense y a las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud bonaerense, los datos disponibles no muestran más casos asociados a la contaminación ambiental en San Nicolás que en otros lugares. Sin embargo, varios testimonios recopilados señalaron que fueron atendidos en hospitales de otras provincias o de la ciudad de Buenos Aires, porque a nivel local los tratamientos resultaron insatisfactorios.
“Fue después de la demanda que pudimos obtener datos de emisiones de AES. No había nada público y tampoco tenían medidores. A pesar de las múltiples sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los controles ambientales de la provincia son muy laxos”, sostuvo Maggi.
Pero desde la empresa niegan que los argumentos de Maggi sean verosímiles. “En relación a la causa judicial, no se demostró la validez de los alegatos. Hemos respondido en tiempo y forma a los compromisos asumidos, los cuales son superiores a los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente”, indicaron. En los dos informes de sustentabilidad publicados por la empresa se muestran valores normales de estos químicos.
El Ministerio de Ambiente bonaerense aseguró que monitorea el Polo de San Nicolás y que su laboratorio móvil puede evaluar la calidad del aire ante denuncias. Sin embargo, no respondió sobre los cuestionamientos planteados en la causa.
Por su parte, AES Argentina se comprometió desde fines de 2024 a realizar controles semestrales en el marco de la demanda judicial. Pero el abogado Maggi denunció ante la Justicia que la empresa no habría cumplido “adecuadamente” con la presentación de información sobre el monitoreo del agua y el aire.
Consultada, la jueza María Eugenia Sormani respondió que no daría declaraciones sobre causas en curso. La investigación judicial avanza lentamente, pero la chimenea de la planta no espera, continúa activa sobre barrios que todavía reclaman respuestas.
Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy es senadora, sintetizó: “AES planteaba ir bajando su huella de carbono e ir retirándose, pero eso no fue más que una charla”. No hubo una hoja de ruta pactada y la interlocución abierta para evitar despidos se fue diluyendo.
Esa preocupación sigue presente. En diciembre de 2025, Genesio reconoció la inquietud por el empleo y afirmó que no habría despidos al menos hasta diciembre de 2026 en un evento de fin de año que compartió con el secretario del sindicato de Luz y Fuerza, seccional San Nicolás, Alberto Noguera. 
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“El gobierno habla de proyectos e inversiones, pero no hicieron la Evaluación Ambiental Estratégica” 

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: Diario Provincia23
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La referente de la ONG Manekenk, Nancy Fernández, expuso tras la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente los duros cuestionamientos realizados a la gestión del subsecretario de Pesca, Diego Marcioni. Reveló que la normativa exige un estudio ambiental participativo previo a cualquier emprendimiento productivo o acuícola, el cual demora entre 12 y 15 meses y ni siquiera fue iniciado. Advirtió además sobre el rechazo social a iniciativas como las de Newsan en Almanza, las intenciones de instalar salmonicultura en Malvinas y el constante debilitamiento de las áreas ambientales en la estructura del Estado.
Durante el encuentro del Consejo Provincial de Medio Ambiente desarrollado la semana pasada en Tierra del Fuego, representantes de la Universidad, el CADIC, la Legislatura, ONGs y municipios le exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, sobre los proyectos acuícolas en cartera. A lo largo del debate se dejó en evidencia la falta de certezas técnicas e instrumentos legales clave para el desarrollo del sector, situando a la provincia ante un escenario de falta de certeza en materia de recursos marinos y planificación territorial.
Ante la consulta en Radio Provincia sobre las explicaciones brindadas por la Subsecretaría de Pesca respecto a las propuestas productivas impulsadas por la provincia, la referente ambientalista señaló que la gestión se ha caracterizado por un despliegue de enunciaciones teóricas y cartas de intención que no se traducen en realidades concretas. Indicó Nancy Fernández que “tal como Marcioni nos tiene acostumbrados, es todo teoría, todo papel, son posibles inversiones, posibles cartas de intención, posibles proyectos, pero la verdad que en concreto no hay ni uno”.
Al referirse a las iniciativas vigentes, hizo hincapié en el proyecto impulsado por la firma Newsan en Puerto Almanza para el cultivo de mejillones, sobre el cual pesan múltiples objeciones locales. En ese sentido, expresó que la propuesta “ha tenido serios cuestionamientos no solo por parte de la comunidad de Almanza; la comunidad científica también lo ha expresado y la comunidad de los pescadores artesanales también”, sumando además la preocupación planteada por el sector turístico frente al avance de la actividad en el agua.
Al abordar los aspectos legales y de planificación indispensables para este tipo de desarrollos, recordó las exigencias contempladas en la reglamentación de la Ley Provincial 1355 y su modificatoria 1601. Detalló que una de las primeras preguntas formuladas al funcionario fue precisamente cuándo darán comienzo a la Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el propio decreto que él redactó establece que no puede encararse ningún proyecto sin dicho paso. Sobre la falta de precisiones por parte de la cartera pesquera, remarcó que el funcionario respondió que “ya vamos a arrancar, ya vamos a empezar”, dejando entrever que se prometen iniciativas sin definir previamente dónde ni cómo se implementarán.
Respecto al alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, la referente remarcó que se trata de un proceso integral donde las distintas áreas de gobierno, científicos, comunidades de pueblos originarios, ONGs y vecinos definen de manera participativa el uso de cada sector del territorio. Explicó que este trabajo “debe estar liderado por un área determinada del gobierno o a través de una consultora, es un proceso largo que puede durar entre 12 y 15 meses”, añadiendo que hoy esa herramienta no existe para la pesca y la acuicultura, por lo cual la ley impide avanzar con cualquier tipo de emprendimiento.
En relación con el ordenamiento del Canal Beagle, subrayó que se requiere igualmente una zonificación participativa para definir las zonas destinadas al turismo, la pesca artesanal, el buceo o las actividades náuticas. Al evaluar el desempeño de las autoridades en el manejo del área, aseveró que “lo han manejado generando que la gente pierda confianza con el sistema, con el área, con el tema, porque vemos que saltan sorpresas por todos lados”.
Consultada sobre la posible presencia de salmonicultura en el archipiélago atlántico, ratificó la necesidad de realizar un reclamo de soberanía y exigencia de cumplimiento normativo ante la intención de instalar granjas en la zona de las Islas Malvinas. Consideró que el gobierno provincial y el nacional deben sostener una postura firme, dado que “hoy no se podría instalar ningún tipo de emprendimiento productivo si no está hecha la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, esto incluye también a las Islas Malvinas”. Asimismo, anticipó que si las autoridades intentaran avanzar con algún proyecto productivo, sin cumplir los pasos ambientales fijados por la ley, desde el sector que representa presentarán inmediatamente una medida judicial cautelar.
Sobre los temas locales vinculados a la agenda del Consejo y los recientes debates en torno a la gestión de residuos o el relleno sanitario municipal, reconoció que no formaron parte de la última sesión debido a un temario previo concertado, aunque se comprometió a que el asunto sea incluido en el encuentro del mes de octubre. Manifestó que frente a estas problemáticas “estamos igualmente preocupados, estamos en contacto con el concejal y estamos en contacto con la municipalidad para hacer estos pedidos de informe”.
Finalmente, al analizar las reestructuraciones administrativas que reducen la jerarquía de las carteras ambientales en los distintos niveles del Estado, criticó la pérdida de autonomía y de presupuesto que sufren estos organismos. Reflexionó que “cada vez que un área ambiental se subsume a otra área y se junta con otra área, suele perder presencia, perder protagonismo, incluso lo que más pierde es presupuesto, que es lo que necesita para funcionar”. Calificó esta tendencia como un desarmado generalizado de la política ambiental e insistió en que siempre resulta ser “el área que nadie quiere, como la papa caliente”, concluyendo que ante los ajustes presupuestarios los gobiernos suelen relegar el estatus de la gestión ambiental.
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Polémica en las Islas Malvinas por un megaproyecto salmonero y el pedido de los isleños por un referéndum ciudadano

Fecha de Publicación: 27/08/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Islas Malvinas 


La posible instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas generó una fuerte controversia entre sus 3.500 habitantes.
Según informó The Guardian, vecinos impulsan un referéndum para definir el futuro del proyecto, que promete inversión y empleo pero también despierta temores por el impacto ambiental en uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico sur.

El proyecto de Unity Marine
La iniciativa está en manos de Unity Marine, sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El plan prevé criar 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones, lo que sería el mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago.
- Una evaluación oficial estimó que producir 30.000 toneladas anuales podría sumar £35 millones (USD 48 millones) al PBI local, equivalente al 11% de la economía.
- Además, se generarían 133 puestos de trabajo.

Objeciones ambientales
La organización Salmon Free Falklands cuestiona la calidad de la información disponible y denuncia que los informes se basan en datos aportados por la propia empresa. Entre las preocupaciones:
- Posibles efectos de los desechos sobre bosques de algas y áreas de desove de calamar.
- Impacto en especies locales como lobos marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
- Falta de estudios rigurosos sobre la capacidad de carga ambiental, es decir, cuántos peces puede soportar la zona sin alterar su equilibrio.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor” y advirtió sobre la ausencia de un análisis de costo-beneficio. También señaló la falta de protocolos claros para eliminar peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios frecuentes en otras salmoneras.

Críticas legales y sociales
Tom Appleby, de la Blue Marine Foundation, consideró “extraordinario” que el gobierno presente informes sin datos primarios verificados de manera independiente.
Para los críticos, la consulta pública iniciada en agosto no ofrece garantías suficientes y debería reemplazarse por un referéndum vinculante.

La posición del gobierno
El Ejecutivo malvinense mantiene una postura de neutralidad. Un portavoz explicó que los estudios buscan alimentar la discusión pública y no aprobar un proyecto concreto.
Según la administración, los documentos sobre capacidad de carga y costos regulatorios son preliminares y no definen aún la viabilidad real de la salmonicultura.

Antecedentes judiciales
En 2022, las autoridades habían rechazado una granja de salmón, pero Unity Marine promovió una revisión judicial que anuló esa decisión y abrió el actual proceso de consulta.
El sector empresario, representado por James Wallace (Fortuna), defendió el camino adoptado y aseguró que la compañía no solicitó una licencia inmediata, sino que busca evaluar la viabilidad económica, social y ambiental.
El caso expone una disputa que combina economía, ambiente y legitimidad institucional en un territorio de escala reducida y alta sensibilidad ecológica.
La promesa de diversificar ingresos y crear empleo convive con el temor a que una actividad intensiva modifique de forma permanente el frente costero y afecte especies clave.
Con la consulta pública abierta hasta el 30 de octubre, el pedido de referéndum impulsado por Salmon Free Falklands busca trasladar la decisión final a los habitantes de las Islas Malvinas.
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Milagro en la Patagonia: reaparece un mamífero en peligro de extinción tras 40 años sin dejar rastros

Fecha de Publicación: 27/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chubut


Tras cuatro décadas de incertidumbre, confirmaron el proceso de recolonización del huillín en el Parque Nacional Los Alerces. Por qué este hallazgo es clave para la Patagonia.
El Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, confirmó una de las noticias ambientales más esperadas de los últimos tiempos. Tras 40 años sin registros sólidos, encontraron rastros de la reaparición del huillín, un animal que se creía prácticamente extinto en esa región desde la década de 1980.
También conocido como nutria de río o lobito patagónico, este mamífero comenzó un proceso formal de recolonización en el área protegida.
Si bien desde el año 2019 se habían reportado avistamientos esporádicos, los recientes rastreos realizados en el tramo del río Grande lograron ratificar la presencia continua de la especie en las cuencas de la zona.
El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre el área de Conservación y la comunidad local.
Pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que navegan a diario los lagos del parque aportaron información vital. Estos datos permitieron a las patrullas de monitoreo orientar sus búsquedas hacia puntos geográficos específicos.

Qué es el huillín y por qué está en peligro crítico
El huillín (Lontra provocax) es una nutria autóctona de los ríos y lagos del sur de Argentina y Chile. Puede medir hasta 1,30 metros de largo con su cola incluida y pesa entre ocho y quince kilos.
Se distingue por un pelaje tupido castaño oscuro en el lomo y plateado en el vientre. Es un nadador veloz gracias a las membranas de sus patas y utiliza sus bigotes sensibles para cazar en aguas turbias. Su dieta principal incluye pancoras (cangrejos de río), peces nativos y moluscos.
En Argentina, la especie está catalogada en peligro crítico de extinción. Su población disminuyó drásticamente por la caza histórica para comercializar su piel, la alteración de las costas y el avance de especies exóticas invasoras, como el visón americano.
Hoy, la presencia del huillín funciona como un bioindicador de la salud ambiental: solo sobrevive en aguas de extrema pureza y en costas con vegetación tupida que le sirven de refugio.

Reglas estrictas para proteger a la especie
Para garantizar que el huillín se asiente y pueda armar sus madrigueras (conocidas como “huillineras”), las autoridades del parque reforzaron los controles y emitieron pautas estrictas para los visitantes.
La regla principal es la prohibición total de ingresar con mascotas. Los perros y gatos representan un riesgo mortal para la fauna nativa, tanto por ataques directos como por la transmisión de enfermedades.
Además, se exige encender fuego exclusivamente en las áreas habilitadas y no arrojar plásticos ni basura doméstica en los ríos o lagos.
El Parque Nacional Los Alerces, creado en 1937 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 2017, vuelve así a ser un refugio seguro para la fauna amenazada. Este ecosistema patagónico es también el hogar de “El Abuelo”, el imponente alerce milenario de 60 metros de altura y más de 2600 años de antigüedad.
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Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Formosa


Carlos Chagra, el comerciante de 52 años que fue acusado de cazar un yaguareté en Formosa y luego jactarse del hecho en un video, reconoció la matanza y fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso, la pena máxima prevista por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna
La condena fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de la jueza Belén López Macé, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
El convenio también contempla el pago de $5 millones, aunque todavía debe resolverse a qué organismo será destinado el dinero. Los fundamentos de la sentencia y las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado se conocerán el próximo 7 de septiembre.
“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, destacó en diálogo con Infobae la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, quien participó de la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.
Hasta el debate, Chagra había negado ser la persona que aparecía en las imágenes, aseguraba que nunca había matado un animal y sostenía que el video utilizado como prueba había sido editado. También afirmaba que no se encontraba en el país cuando ocurrió la cacería.
Al suscribir el acuerdo y ratificarlo ante la jueza, el acusado cambió aquella posición: reconoció la persecución y caza del yaguareté y admitió que el daño ocasionado por la pérdida del ejemplar resulta imposible de reparar económicamente. 
“Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escuchaba decir a una voz masculina en el video que originó la causa.
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final del Mundial de Qatar en la que la Selección argentina se consagró campeona, en una zona cercana a la ciudad formoseña de Clorinda.
El fallo constituye la segunda condena dictada en la Argentina por la caza de un yaguareté, una especie declarada Monumento Natural Nacional y considerada en peligro crítico de extinción. Como reveló la investigación Los expedientes del yaguareté, la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal en el país terminan archivadas.
El primer antecedente se produjo en agosto de 2025, cuando el Juzgado Federal N° 1 de Formosa condenó a cuatro hombres que habían cazado y carneado otro ejemplar en julio de 2024, en la zona de Ibarreta.
En aquel expediente, los acusados fueron identificados inmediatamente después del hecho, estuvieron procesados desde el comienzo de la investigación y permanecieron prófugos durante parte de la causa. Tres recibieron penas de dos años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria y el cuarto fue condenado a dos años en suspenso.
Desde Parques Nacionales celebraron la sentencia como un nuevo hito para la conservación de la especie y destacaron su posible efecto disuasivo. “Es importante para todos. Contiene una pena y es un fallo importante”, resumió Cardozo. 
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Humedal en peligro: polémica en Campana por emprendimiento junto a un parque nacional

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas denuncian desmonte y otros daños a la zona aledaña al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde se construye un emprendimiento de “chacras náuticas”. También advierten que se proyecta trazar un camino por dentro del propio parque. Silencio del municipio y la desarrolladora.
El avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo sobre los humedales de la provincia de Buenos Aires no se detiene. Tal como ocurre en Berazategui con el megacountry Puerto Nizuc, en Campana los ambientalistas denuncian daños al ambiente por parte de la desarrolladora de un proyecto que, por añadidura, requerirá la construcción de un camino a través de una zona protegida dentro de un parque nacional.
Se trata de Brenna Desarrollistas, la empresa detrás del megaproyecto Bahías del Paraná, que ofrece “chacras náuticas” aún por construir en un predio de unas 287 hectáreas lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Para la compañía, todo parece ir viento en popa: la Municipalidad de Campana celebra el emprendimiento, por más que las organizaciones defensoras del ambiente insistan en que el desmonte y desecación del humedal viola la normativa al respecto, por no hablar del camino proyectado a través del parque.
Hace dos semanas, Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), realizó una intervención en el Concejo Deliberante de Campana a través del mecanismo de “banca abierta”, buscando que el cuerpo frenara el desarrollo del emprendimiento. La ASAC había presentado un pedido de información ambiental al Ejecutivo, para recabar datos sobre el impacto que puede tener la construcción de Bahías del Paraná, pero no fue respondido, dijo Remedi a La Tecla.
“Le pedimos al Concejo que se haga eco de nuestro pedido de frenar las obras. Todavía no están edificando, pero están haciendo movimientos de tierra a gran escala para secar el humedal, para abrir canales y elevar el nivel del terreno para que no se inunde. Llevaron maquinaria pesada en barcazas. Hicieron un gran desmonte ya”, explicó el ambientalista a este medio.
La ASAC y otras organizaciones, como la asociación civil Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (conocida como “Vecinos del Humedal”) y la Red del Río Luján, vienen denunciando el daño que ya se está haciendo y la inacción del municipio. Además, advierten que el propio parque nacional está en peligro.
“Estos terrenos están ubicados en una especie de ‘cuña’ junto al parque nacional. Los separa un alambrado. No estamos cuestionando la propiedad de esos terrenos. Estamos cuestionando que son humedales y deberían estar protegidos. En Campana hay una ordenanza de 2017 que prohíbe modificar humedales. Todo esto a nosotros nos da muy mala espina porque notamos una connivencia por parte de la Municipalidad. Incluso han hecho una audiencia pública secreta, de la que nosotros, como ambientalistas, ni nos enteramos”, dijo Remedi.
A pesar del ninguneo oficial, los ambientalistas siguen presionando para que se detenga la modificación del humedal. Remedi y Felisa Díaz, otra integrante de la ASAC, se reunieron el viernes con la diputada provincial Soledad Alonso (Fuerza Patria), a quien le transmitieron su preocupación. Alonso, oriunda del distrito que gobierna el proísta Sebastián Abella, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de escuchar a quienes vienen defendiendo nuestro ambiente y de trabajar para que Campana se desarrolle de manera sustentable”.
Además, la empresa desarrollista afirma que se podrá acceder a las chacras a través de la ruta Panamericana. Esto implica la construcción del camino a través del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, afirman los ecologistas.
“A ese lugar, ahora, sólo se puede acceder por lancha. Ellos dicen que se va a poder llegar por Panamericana. La única manera de llegar por Panamericana es a través del parque”, señala Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal. “El parque nacional tiene tres áreas. Una de ellas es la de reserva estricta, donde no puede entrar absolutamente nadie. El camino debería cruzar precisamente por allí”.
Svaton es pesimista. “El municipio nunca contestó los pedidos de informes. La presentación judicial no avanzó porque el juez Adrián González Charvay no movió un dedo. Estamos teniendo reuniones con diputados, pero son muy cautelosos. Queremos reunirnos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Pero no tengo mucha fe en las instituciones. Suelen ser rápidas para atender a los que vienen con una valija de dinero para invertir, pero no tanto para atender a los vecinos preocupados por el ecosistema”, dijo a La Tecla.
“Encima, en esta coyuntura, en la que a nivel nacional se están proponiendo leyes para entregar todo y no les importa el ambiente, los tipos se ven envalentonados, y están avanzando para quedarse con todos los territorios”, añadió.
Desde Brenna Desarrollistas declinaron la oferta de La Tecla para brindar su posición frente a los cuestionamientos. Tampoco en la Municipalidad de Campana fue posible obtener una respuesta por parte de los funcionarios.
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Qué es la resiliencia de los bosques y cómo se estudiará en Patagonia

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La iniciativa recibió subsidio de la Fundación Williams. El trabajo será realizado por científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Cuáles serán los pasos que darán para aportar conocimiento, según detallaron en diálogo con Diario RIO NEGRO. 
Los bosques patagónicos enfrentan un desafío enorme ante el fuego. Estos ecosistemas únicos sufren daños severos por el incremento de incendios forestales en la región.
La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio y recuperar su equilibrio con el paso del tiempo. Las especialistas estudian esta facultad para entender el proceso de sanación natural. 
Ahora, las doctoras Florencia Urretavizcaya y Melisa Rago buscan respuestas clave para la supervivencia de esos paisajes. Con un subsidio otorgado por la Fundación Williams, las investigadoras analizarán cómo el territorio logra reaccionar tras una catástrofe de gran magnitud. Ambas pertenecen al CONICET al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ubicado en Esquel, Chubut.

El fuego contra el bosque
Se sabe que el aumento en la intensidad del fuego pone en riesgo la biodiversidad local. Esos eventos alteran la estructura natural que protege el suelo y la vida silvestre. El daño estructural dificulta la regeneración natural y pone en peligro la supervivencia futura.
Por eso, la fragilidad del entorno exige medidas concretas para su conservación. La falta de estrategias adecuadas puede impedir que la respuesta sea efectiva frente a la magnitud actual de los incendios.
“El objetivo principal de las investigadoras es estudiar la dinámica de recuperación de los bosques andino-patagónicos afectados por incendios. Vamos a generar conocimientos que servirán para el diseño de estrategias de manejo y conservación”, explicó Urretavizcaya, ingeniera forestal y doctora en biología, quien fue entrevistada por DIARIO RÍO NEGRO.
El trabajo vincula la resiliencia forestal con el impacto de la restauración ecológica activa. «La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio, como un incendio, y recuperar o reorganizar su estructura y sus funciones a lo largo del tiempo», explicó.

Luces sobre la ceniza
Las investigadoras evaluarán la vegetación en sitios afectados durante distintos años. Analizarán cómo la resiliencia propia del bosque interactúa con las nuevas condiciones ambientales.
Se enfocarán en bosques de coihue afectados con alta severidad en la última década. El trabajo de campo abarca áreas de la cordillera en Chubut y Río Negro.
«En este caso, vamos a focalizar nuestro estudio en bosques de coihue, cuyo nombre científico es Nothofagus dombeyi, que se han quemado con alta severidad en los últimos diez años en la región de la cordillera patagónica, ubicados en el norte del Chubut y Río Negro», detaló la doctora Rago.
El proyecto examinará la influencia humana en la regeneración del entorno vegetal. «Además, en este proyecto vamos a estudiar como la restauración ecológica contribuye a la recuperación de los bosques», comentó.
Compararán zonas con técnicas de restauración contra otras áreas sin intervención. Particularmente, van a focalizar ese tema en lenga (Nothofagus pumilio) al caracterizar parcelas de restauración postincendio realizadas por plantaciones, que ya cuentan con 16 años de edad.
“Estudiaremos qué especies de plantas predominan en cada momento y qué rol cumplen. Por ejemplo, queremos saber si favorecen que se recuperen los nutrientes en el suelo, y también cómo se va recuperando la actividad biológica”, añadió Urretavizcaya.
El tiempo de ejecución del proyecto suma un año calendario. «Este proyecto es por un año, así que ahora estamos planificando los muestreos que llevaremos a cabo durante esta primavera y verano», aclaran.
Las científicas prevén la redacción de resultados durante los meses de otoño e invierno. El equipo contempla la necesidad de sostener este monitoreo a largo plazo tras el plazo inicial. “Dado que la recuperación de los bosques luego de incendios es un proceso a largo plazo (o que duran décadas), esperamos luego continuar con estas líneas de investigación a través de futuros financiamientos”, puntualizó Urretavizcaya.

Coihue y lenga: diferencias y características de dos árboles nativos
El coihue (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio) son árboles nativos de Argentina y Chile. Pertenecen al mismo género y comparten parte de su distribución, pero tienen características y ambientes de crecimiento diferentes, según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
El coihue es un árbol siempreverde que puede alcanzar unos 40 metros de altura. Prefiere los suelos húmedos y se desarrolla bien cerca de ríos y lagos. En la Argentina se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La lenga es un árbol caducifolio: pierde sus hojas durante el otoño. Puede alcanzar unos 30 metros de altura. En las zonas bajas presenta porte arbóreo, mientras que en áreas altas o expuestas al viento puede adoptar una forma baja y achaparrada.
También existen diferencias en la altitud donde crecen. El coihue aparece desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros, mientras que la lenga puede crecer hasta unos 1.500 metros. En el norte de su distribución, la lenga puede formar el límite superior de la vegetación arbórea.
Coihue y lenga comparten género y territorio, pero se distinguen por sus hojas, su porte y los ambientes donde crecen. El coihue conserva sus hojas durante todo el año y prefiere suelos húmedos; la lenga pierde sus hojas y puede crecer en zonas más altas y expuestas.
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Juicio histórico por matar un yaguareté en Formosa: armas, fotos y un cuero de puma en el freezer

Fecha de Publicación: 25/08/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Formosa


Tras cuatro años de una ardua investigación, este martes arranca un juicio histórico contra un hombre de 52 años acusado de matar a un yaguareté en Clorinda, Formosa.
El imputado Carlos Chagra es un comerciante que tiene acceso a armas, vehículos y perros. “Hay 250 o 300 yaguaretés y él persiguió y mató a uno. No existen casos de matanza en defensa propia porque el animal no busca a personas”, explica a Clarín Nicolás Lodeiro, presidente de la Fundación Red Yaguareté.
En su casa, se encontraron escopetas, fotografías y hasta un cuero de puma en una heladera. Es la primera vez que una ONG privada participa como querellante y el segundo caso en la historia Argentina que llega a juicio por la muerte de un yaguareté. Podría ser condenado a una pena de cuatro meses a tres años de prisión.
“Tenemos más de 75 causas y todas fracasaron. Estamos contentos por haber llegado a juicio y esperamos que se llegue a una condena”, agrega Lodeiro.
Según fuentes judiciales, todo comenzó cuando Chagra publicó un video en sus redes sociales el 19 de diciembre de 2022, un día después de que Argentina se consagrara en el Mundial de Qatar. En las imágenes, se lo ve junto a otras personas siguiendo las huellas de un yaguareté.
“Hoy es lunes, ayer festejamos el campeonato del mundo, y acá les estoy mostrando huellas de uno grande, grande, macho que debe estar pisando los 150 kilos, fácil. Vamos a seguir la huella, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar éste infeliz”, señala en el video.
Luego aparece otro video en el que el hombre cuenta que logró matar al animal. Lo exhibe como un trofeo: muestra sus dientes, su boca y hace hincapié en que lo venían buscando desde muy temprano.
“Acá por fin pudimos con los muchachos que lo venimos siguiendo, que encontramos las huellas. Macho gigantesco arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es. De la 7 de la mañana que lo andamos buscando y por fin lo pudimos matar acá con los muchachos”, continúa el video.
Red Yaguareté tomó conocimiento del caso y comenzó a investigar. Lodeiro explica que les llamó la atención el tono con el que hablaba: “Si bien no sabemos las circunstancias del hecho, sabemos que lo estaban persiguiendo desde la mañana”. Quieren saber por qué esta persona lo cazó, si trató por diversión o por otro motivo, más allá de que no cambia el panorama judicial.
Una vez que reunieron las pruebas, hicieron la denuncia. “Hay muchos casos, pero la mayoría no son públicos. Cuando ves que no hay yaguareté en zonas que solía haber es porque le metieron bala. No queda otra”, sostiene Lodeiro.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán. El juez llevó adelante la etapa de instrucción y consideró que existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Ahora será la jueza María Belén López Macé la encargada de llevar adelante el juicio que comenzará el martes.

La primera condena por un caso similar
Morán fue también el juez que dictó un fallo inédito en 2025. La primera vez que la Justicia argentina sancionó penalmente a cuatro personas por matar a un ejemplar de una especie en peligro de extinción, protegida por la Ley 25.463.
En esa oportunidad, condenó a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) a dos años de prisión efectiva por haber asesinado a un yaguareté en Estanislao del Campo, Formosa. Los tres cumplen la pena bajo arresto domiciliario.
Por su parte, Máximo Cisneros, dueño del campo, recibió una condena de dos años en suspenso, ya que se mantuvo siempre a derecho durante el proceso. 
La investigación llevó cuatro años. “Parece un montón pero no lo es. Otros casos no se resolvieron, para nosotros es un gran avance. Es un tema que siempre fue ignorado por la Justicia, el matar un yaguareté”, indica Lodeiro.
En la Justicia hay alrededor de 75 casos. “Y solo en los juicios de Formosa se le dio bola al tema”, reconoce a Clarín el juez Morán.
Su primera medida fue ordenar un allanamiento en la casa de Chagras ubicada en Clorinda. Allí encontraron un arsenal de armas de caza y municiones, una fotografía en la que se aprecia la piel de un yaguareté y otras imágenes de animales cazados. Dentro de un freezer también encontraron el cuero de un puma.
Según consta en el expediente, el hombre es propietario de tres armas: un fusil de repetición, una escopeta semiautomática y una escopeta tiro a tiro. Las dos últimas son calibre 12.
“Las armas fueron adquiridas en 2022 y, tanto éstas como las miras secuestradas, no solo tienen un gran valor económico sino que son de uso profesional y específico para la caza de animales”, dice un extracto de la elevación a juicio a la que accedió este medio.
“El hecho de que en su freezer tuviera el cuero de un puma, desvirtúa su manifestación de nunca haber matado un animal”, explica la resolución judicial.

Qué dijo el acusado de matar al yaguareté
Chagras prestó declaración indagatoria y aseguró que “nunca mató a un animal”. También contó que se dedica a la pesca y sostuvo que el video fue publicado en un perfil de Facebook trucho que no le pertenece.
Chagras tiene un perfil diferente al de los otros condenados, que eran personas rurales. “Él sale a cazar no como un negocio, sino como un divertimento de él. La gente que le hace compañía son sus peones de campo, no es lo que lo hace con otros cazadores. Encima se jacta subiéndolo a las redes, no es aceptable”, dice una fuente cercana a la investigación.
Por su parte, el juez Morán hace hincapié que la caza del yaguareté es ilegal, está prohibida y tiene una pena establecida por ley: “Tratamos de concientizar a la gente. Son pocos los animales a los cuales matarlos constituye un delito federal”. Entre ellos están el yaguareté, la ballena austral, el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas.
Chagras está imputado por el delito de caza de animales silvestres, agravado por el concurso de tres o más personas, a las cuales no se pudo identificar. Tiene una pena prevista de cuatro meses a tres años de prisión. El juicio contará con la participación de la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la ONG Red Yaguareté.

El debate para modificar la Ley de Fauna
La ONG reclama hace años la modificación urgente de la Ley Nacional de Fauna 22.421, vigente desde hace cinco décadas y con penas mínimas que resultan irrisorias frente al daño ambiental causado.
“Tuvimos siete intentos para modificarla y todos fracasaron. Hoy estamos intentando que se puedan modificar por lo menos algunos artículos y poner penas más severas”, explica.
“Si matás a un yaguareté no puede ser que tengas una pena de tres años de prisión en suspenso”, agrega.
Los yaguaretés siguen en riesgo de extinción, salvo en Corrientes, la única provincia donde la población de la especie crece. Lodeiro explica que Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de yaguaretés.
A eso se suma que el país carece de un registro nacional y de cifras oficiales que permitan conocer con precisión cuántos ejemplares quedan y controlar la evolución de la especie.
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