Atraparon a cazadores en un Parque Nacional: mataron jabalíes, ciervos y carpinchos

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Entre Ríos


Durante un patrullaje, los guardaparques descubrieron un campamento equipado como si fuera una base militar.
Por días enteros, los cazadores se ocultan armados - en distintas zonas de Argentina - con fusiles de largo alcance, visores térmicos y lanchas listas para huir por los arroyos. No cazan por necesidad, sino por deporte o por encargo. Esta vez, sin embargo, el sigilo no fue suficiente.
Tres hombres fueron sorprendidos por guardaparques en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, y quedaron implicados en un operativo que permitió descubrir un campamento perfectamente montado, con armas, víveres y restos de fauna silvestre.
Los delitos contra la fauna en áreas protegidas no son nuevos, pero se han vuelto cada vez más sofisticados. Los cazadores ilegales conocen el terreno, se mueven en grupo y emplean tecnología de punta para burlar a quienes cuidan estas reservas.
En El Palmar, uno de los pocos refugios naturales del sur de Entre Ríos, el trabajo de los guardaparques es permanente y cada incursión puede cambiar de un momento a otro: del silencio absoluto a los disparos en la oscuridad.

Patrullaje, rastros y disparos: un día en el monte
Dos semanas atrás, una patrulla conjunta entre el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y la Brigada de Abigeato de Colón realizó un patrullaje de más de 16 horas por el Parque Nacional El Palmar, que abarca unas 8.200 hectáreas de monte, pastizales y arroyos. Ya entrada la noche, tres disparos quebraron el silencio y los cazadores estaban cerca.
Los rastros los llevaron hasta un campamento improvisado, pero equipado con mesa, sillas, colchones y linternas. Aunque no hallaron a nadie en el lugar, el mensaje era claro: los intrusos se habían instalado con tiempo y recursos, preparados para pasar varios días cazando sin ser descubiertos.
El hallazgo activó una vigilancia más estricta y se redoblaron los patrullajes en las zonas donde más circulan los cazadores: los márgenes del arroyo Palmar y algunas picadas internas que conectan distintos puntos del parque.

Un operativo al amanecer y una lancha escondida
La oportunidad llegó esta semana, cuando una nueva recorrida comenzó de madrugada. Cerca de las 10 de la mañana, los patrulleros divisaron una lancha oculta entre la vegetación a orillas del arroyo Palmar. Dentro, un hombre intentaba deshacerse rápidamente de varios animales, arrojándolos al agua. Eran jabalíes, ciervos y carpinchos que habían sido cazados dentro del Parque.
En el bote quedó solo un jabalí. También había sangre en la ropa del cazador y en el interior de la embarcación. Además, se halló un estuche con un arma larga y otros elementos usados en faenas de caza. El hombre confesó que no estaba solo: dos personas más habían participado con él de la cacería.
En el lugar del operativo se secuestraron dos fusiles, miras telescópicas, visores térmicos, equipos de comunicación, cuchillos, chairas y medicación. Según indicaron desde el Parque, los infractores no ofrecieron resistencia. De todos modos, los antecedentes marcan que este tipo de operativos no siempre termina sin conflictos.

Memoria de un guardaparque asesinado
En abril de 1969, un guardaparque de 32 años llamado Bernabé Méndez fue asesinado después de descubrir un campamento de cazadores ilegales en el Alto Iguazú. Su caso marcó un antes y un después para los trabajadores de parques nacionales, que desde entonces reciben entrenamiento específico en prevención, defensa y manejo de situaciones de riesgo. Cada 14 de abril se recuerda su nacimiento, y tanto en el Parque Nacional Iguazú como en la ciudad homónima hay lugares que llevan su nombre.
La lucha contra la caza furtiva es diaria y se libra en silencio, muchas veces sin reconocimiento público. En zonas como El Palmar, donde conviven carpinchos, ciervos y jabalíes en estado silvestre, el trabajo de los guardaparques sostiene el equilibrio de un ecosistema cada vez más amenazado por quienes eligen las armas antes que el respeto por la vida natural.
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Rescataron un animal en peligro de extinción en José C. Paz y alertan por el tráfico de fauna en la Argentina

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un tatú bola, cuya especie habita en el norte del país, apareció en la vía pública en la provincia de Buenos Aires, lo que indica que fue víctima de mascotismo. 
El rescate de un tatú bola la localidad de José C. Paz alertó a la comunidad por un nuevo caso de mascotismo y tráfico ilegal de animales, una problemática que amenaza a la fauna silvestre en la Argentina.
Se trata de un ejemplar adulto joven que apareció en la vía pública el 2 de febrero, “muy lejos del área de distribución natural de la especie”, lo que indica que era “víctima del tráfico de fauna”, detalló Lina Zabala, coordinadora operativa de Rescate Animal de la Fundación Temaikén. 
A pesar de esto, el animal estaba en buenas condiciones y tenía buen peso cuando fue trasladado por un tercero al refugio, según se detalló en el informe de recepción.
Inmediatamente después del rescate, la Fundación comenzó con los esfuerzos para tratar de revertir los efectos de la vida en cautiverio, según explicó Zabala: “Durante la rehabilitación se los mantiene en aislamiento humano, justamente para evitar que nos relacionen con el cuidado y alimentación”, dijo. 
Sin embargo, los especialistas descubrieron en estos meses que el tatú bola había pasado tanto tiempo rodeado de humanos que posiblemente no logrará reinsertarse en su hábitat natural.
Es por esto que la Fundación insiste en disuadir a la gente de comprar y tener esta y otras especies en casa. “Ningún animal silvestre puede ser mascota. Al sacarlo de su ambiente, sufre un estrés muy grande, le cambian su dieta, el sustrato, vive rodeado de personas, nada que se parezca a su ambiente natural”, remarcó Zabala. 
Por el momento, el tatú bola continúa la rehabilitación en Temaikén y su reubicación dependerá de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Zabala confirmó que el animal no se quedará en la Fundación.

Una especie casi amenazada
La población del tatú bola se reproduce desde el norte de la Argentina hasta San Luis y vive en zonas de vegetación seca, detalla Temaikén. En su hábitat natural, su esperanza de vida oscila entre los 10 y 12 años, mientras que bajo cuidado humano, puede alcanzar entre 15 y 20 años. 
Se caracteriza por ser una de las dos especies en todo el mundo y la única del país que puede enrollarse en una bola perfecta gracias a su caparazón articulado y a la falta de placas en el vientre. Así, cuando se siente amenazado por un predador, puede unir la cabeza y la cola como un “candado biológico” para proteger sus partes blandas (bajo vientre, extremidades, ojos, nariz y oídos). 
Se alimenta de muchas especies de insectos, generalmente hormigas y termitas, que captura en gran cantidad con su lengua larga y pegajosa.
De acuerdo con la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), el tatú bola es una especie casi amenazada debido a la caza para usarlo como fuente de alimento. Es especialmente vulnerable porque no vive la mayor parte del tiempo bajo la tierra como otras especies de armadillos.
También es amenazado por la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal para su mascotización. Además, muchos ejemplares mueren durante el traslado. 
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Secuestraron casi 100 aves exóticas en cautiverio: las fotos 

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba


Los procedimientos se realizaron en cuatro viviendas de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Las especies permanecerán en la Reserva Tatú Carreta hasta poder ser liberadas.
Casi 100 aves exóticas en cautiverio fueron secuestradas tras distintos procedimientos que se realizaron en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.
Las especies fueron trasladadas hacia la Reserva Tatú Carreta, en la zona de Casa Grande, donde se rehabilitarán en cuarentena para luego, ser liberadas en su hábitat natural.
Los procedimientos se llevaron a cabo en cuatro domicilios de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Estuvieron a cargo de personal de Policía Ambiental y Patrulla Ambiental, informaron las fuentes.
Se secuestraron 94 aves de especies diferentes; así, se comprobó así la infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.
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Desbaratan un zoológico clandestino y liberan a animales en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente:  Portal MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires


Una gran cantidad de animales de distintas especies que se encontraban en cautiverio fueron rescatados de un zoológico clandestino en provincia.
La Policía Federal Argentina logró rescatar varios animales de diferentes especies que se encontraban en cautiverio en un zoológico clandestino en la provincia de Buenos Aires. En este, había animales de granja, monos, guacamayos, carpinchos y ciervos en distintas condiciones de extrema precariedad.
La operación se dio luego de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, relacionada al cuidado y preservación de fauna silvestre, donde personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina recuperó a nueve animales que estaban en cautiverio en un predio a cielo abierto en Buenos Aires.
Todo había comenzado en abril de este año, luego de que alguien denunciara que había animales en condiciones muy precarias de higiene y salud en una propiedad privada ubicada en Luján. Luego de realizar la investigación, descubrieron una estancia en Carlos Keen, donde se ofrecía al público un típico día de campo, con juegos infantiles, y se podía también recorrer la granja.
Luego de recibir la información, el Juzgado de Garantías 1°, a cargo de Marcelo Enrique Romero, ordenó el allanamiento de la estancia, donde descubrieron que, además de encontrarse con animales de granja, había un mono pincel, tres guacamayos, un carpincho, dos ciervos axis y dos ñandúes. Todos estos no solo se encuentran en peligro de extinción, sino que está prohibida su tenencia y están dentro de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre.
En esta finca, ubicada sobre el kilómetro 4,5 del camino provincial, no se contaba con la habilitación necesaria para funcionar como un zoológico y tampoco había documentación que respaldara la tenencia de estas especies.
Finalmente, la Fiscalía determinó que las especies permanezcan en el lugar, bajo carácter de "depositario judicial", hasta que el organismo correspondiente se presente en el lugar y retire a estas especies y las traslade a un lugar adecuado. Las mismas quedarán bajo resguardo de la Dirección de Flora y Fauna.
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Alertan que una nueva disposición del Gobierno facilitará el tráfico de fauna

Fecha de Publicación: 07/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una derogación de varias normativas que prohibían la exportación de animales vivos y el tránsito interprovincial bajo ciertos estándares. El caso de Uruguay como testigo
Una disposición de la subsecretaría de Ambiente de la Nación desreguló la exportación de animales vivos en la Argentina y flexibilizó el tránsito interprovincial de especies. En este contexto, referentes de la conservación de fauna en el país alertan que esta medida representa un retroceso y que se abre una puerta al tráfico de animales. Además, citaron el caso de Uruguay, que cada año exporta lobos marinos a Asia.
La disposición 381/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de abril con la firma del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, derogó diversas normativas que prohibían y limitaban tanto la exportación de animales vivos como el tránsito interprovincial de ejemplares, que se fueron sancionando en distintos años desde 1986 hasta 2022.
En concreto, eran tres las actividades prohibidas: la exportación de animales, el tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de fauna autóctona y la comercialización en jurisdicción federal tanto de animales como de productos y subproductos derivados de fauna silvestre sobre varias especies.
Fuentes consultadas por TN señalaron que hasta 1986, cuando comenzaron las restricciones a la comercialización de animales, la Argentina exportaba mayormente aves, monos y reptiles. Y resaltaron que esta medida hace retroceder al país varias décadas.

Comercialización de fauna autóctona
Para Alejandra Juárez, una de las responsables del refugio Proyecto Carayá de La Cumbre (Córdoba) y que es hogar de decenas de monos de esa especie y es el único en su tipo en el país, la desregulación de la resolución es una puerta de entrada a que se intensifique el tráfico ilegal de fauna.
“Será un encubrimiento de la utilización comercial de la fauna autóctona”, consideró en diálogo con TN. Y agregó: “El gobierno es claro en sus objetivos porque solo facilitará las cosas a comerciantes de animales vivos o a la exportación de trofeos, como pieles, ya que alegan que es necesario eliminar el ‘exceso de burocracia’ y equilibrar ‘diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre’. En ningún momento hace alusión al beneficio de la fauna, solo al beneficio económico”.
Juárez puso el foco en la posibilidad que se abre para exportar fauna silvestre y remarcó que hay varias provincias que habilitan la cacería de especies nativas, como pumas, guanacos y diversas aves, justamente en zonas donde hay criaderos que se usan para sostener la actividad de los cotos de caza. En estos días, Santa Cruz prohibió, tras la presión de diversos sectores ambientalistas de todo el país, la caza del puma en la provincia luego de habilitarla el año pasado.

Compradores asiáticos
Juárez insistió en que los supuestos beneficios para facilitar el tránsito de una provincia a otra con fines científicos o de repoblación, o por razones sanitarias o de rehabilitación, no son tales. Destacó, en cambio, que este tipo de movimientos, entre los que se incluye la reintroducción de ejemplares en sus hábitats luego de ser rehabilitados en refugios, ya existe y se da “con normas y requerimientos muy específicos. Las exigencias eran en casos muy excepcionales”.
“Cabe preguntar a qué equipo de científicos se consultaron estas medidas o si solo fueron consultados los comerciantes de animales y dueños de cotos de caza”, dijo la especialista, quien afirmó que esta resolución “nos lleva a retroceder, por lo menos, 50 años y justo ante un ambiente deteriorado con una disminución drástica de la fauna”.
La responsable de Proyecto Carayá indicó además que hay “desesperación” por ser parte de los proveedores de diversos compradores asiáticos que buscan desde ejemplares de animales autóctonos para zoológicos hasta huesos y colmillos de yaguareté, un animal emblema de Sudamérica que muy lentamente va recuperando su población en el Gran Chaco y que está en peligro crítico de extinción.

El caso de Uruguay
Respecto a esta actividad, el referente del refugio MundoAparte de Rosario Franco Peruggino señaló que no hay que irse demasiado lejos para ver un ejemplo de la libre disposición de fauna para el comercio. En Uruguay está permitida y regulada la comercialización de lobos marinos.
Esto está ocurriendo en este momento: la temporada para capturar lobos marinos vivos en Uruguay se da entre el 1º de abril y el 31 de octubre de cada año, según consigna el propio gobierno uruguayo en su sitio web.
El trámite es abierto, con previa autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), e incluso se exhiben los precios que se pagan por ejemplares machos y por ejemplares hembras. Para los primeros, el valor por cada uno es de 48 Unidades Reajustables (UR, estipulada por la Dirección General Impositiva del país), equivalentes a unos 2.075 dólares estadounidenses; las hembras pueden ser más caras ya que el valor es de 65 UR cada una (cada UR equivale a 1819,41 pesos uruguayos, unos 2.809 dólares).
Al respecto, Peruggino dijo a TN: “Exportan lobos marinos que sacan del medio ambiente para acuarios de Asia. Reproducen animales nativos para venderlos a un continente que les es totalmente ajeno, tanto por el clima como por su alimentación, y encima para vivir en cautiverio toda su vida”.

Retroceso
Peruggino explicó que en MundoAparte trabajan, mayormente, con animales que provienen del tráfico de fauna para mascotas.
“Eliminar estas leyes es ir tres o cuatro décadas para atrás y es un delirio. Con la excusa de que las cosas sean menos burocráticas, van a perjudicar a un montón de animales y a los ecosistemas donde viven”, consideró.
Y añadió que la desregularización de las normativas “le allana el camino a los que se dedican a la comercialización de animales vivos para mascotas y a un montón de otros negocios que tienen que ver con la fauna nativa, como puede ser un coto de caza que en algunas provincias puede ser legal, pero siempre existe el que lo hace por atrás”.
Por su parte, Juárez detalló: “Un dato no menor es que el mercado del comercio de vida silvestre genera, según diversas estimaciones, entre 15 y 20 millones de dólares al año. Es el cuarto comercio ilegal mundial después de los delitos relacionados a la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de armas”.
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Especies en peligro: crece el escándalo por una red internacional de caza ilegal y tráfico de fauna liderada por un argentino

Fecha de Publicación: 06/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Jorge Noya enfrenta prisión domiciliaria por encabezar una presunta organización que depredó especies protegidas; a la causa argentina se suma otra en Bolivia
Al menos desde hace 46 años, Jorge Noya se presenta de forma pública como cazador profesional aunque es mucho más que eso. También es director y la cara visible de Caza & Safaris, una empresa argentina no registrada en ARCA que promueve servicios internacionales de turismo para personas que tienen la misma afición que él. En su página de internet ofrece una “caza asegurada” de animales grandes y chicos como pumas, carpinchos, venados, ciervos, pecaríes labiados y de collar, una diversidad de aves y otras especies. Muchas de ellas son protegidas a nivel nacional o internacional, otras han sido declaradas en peligro crítico de extinción y matarlas está prohibido en el país o incluso en el mundo.
Hoy Noya no puede salir de su hogar en la zona norte del conurbano bonaerense y estaría en la cárcel de no haber presentado problemas de salud y superar los 70 años. En 2024, le dictaron prisión preventiva domiciliaria tras ser acusado de ser el presunto líder de una organización internacional dedicada a la depredación y tráfico ilegal de fauna silvestre.
En la Argentina está procesado junto con seis personas más. Los delitos por los que en primera instancia fueron acusados son los de asociación ilícita, provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de fauna silvestre. Por esto, tanto Noya como el resto podrían recibir entre tres y quince años de prisión dependiendo de cada caso. No a todos se les atribuyen los mismos delitos. A cinco de los siete se les imputó solo asociación ilícita, maltrato animal y depredación de fauna silvestre.
Además de aquel proceso judicial, también se hizo una denuncia penal en contra de siete personas en Bolivia a fines del año pasado. Dos de ellos son Noya y un argentino, presunto socio suyo, que también está involucrado en el expediente local.
En nuestro país, la justicia federal secuestró en agosto del año pasado 44 armas de fuego, 12 vehículos de automotor –otros 25 están embargados– y 7971 taxidermias, cuernos y pieles que hallaron en los tres cotos de caza y en los dos depósitos asociados a la empresa de Noya.
La taxidermia es el oficio que se encarga de tratar animales muertos para conservarlos. Para lograrlo extraen sus órganos internos y rellenan el cascarón de piel y hueso como a un almohadón. También aplican químicos en el pelaje y en la piel para que no se pudran con el tiempo. Después les incrustan ojos de vidrio o plástico para darle una apariencia de vida. Al resultado de este proceso en el mundo de la caza le llaman “trofeo”.
La mayor parte se encontraron en los dos depósitos localizados en Haedo, en el oeste del conurbano bonaerense. El resto estaban expuestos en los cotos de la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y Santiago del Estero.
Según fuentes vinculadas a la causa, era tal la cantidad de animales que encontraron que Marcelo Alejandro Araujo, el taxidermista asociado a la empresa y también imputado en la causa argentina, tenía también especímenes en su casa. Uno de los depósitos allanados es propiedad y lugar de trabajo de Araujo. El otro depósito es de Federico Manuel Testa, un importante empresario dentro del mundo de la caza. Según la defensa de ambos, todos los “trofeos” estaban certificados por el Gobierno. La defensa de Testa afirmó que solo encontraron siete con irregularidades, de los que tres están vinculados a Noya. “Y explicamos la situación cada uno de ellos”, dijeron.
En la Argentina, la investigación la lleva la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Mola, con intervención del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En un inicio participó como juez federal subrogante Ernesto Kreplak y, ahora, pasó a manos del juez federal subrogante de Quilmes, Luis Armella.
De los siete procesados, solo a Noya le dictaron prisión preventiva; no lo hicieron con el taxidermista Araujo, ni los presuntos socios de Caza & Safaris Federico Manuel Testa y Carlos Pablo Escontrela, ni con los guías de caza Leonardo Marti Destefani y Guillermo Funes, a quien su defensa definió como un peón rural; ni con el community manager Gustavo Oliva. Pero no pueden seguir trabajando en ningún negocio que involucre a la cacería por el momento. Las defensas apelaron el procesamiento determinado por el juez y hoy la causa se encuentra en revisión en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. El abogado de Noya fue el único que no habló con LA NACION.
En general, los defensores sostienen que sus clientes son víctimas de acusaciones infundadas. Los de Araujo, Funes, Escontrela y Testa dicen que no hay ninguna organización delictiva y que fueron, en realidad, socios ocasionales y empleados de Noya. La mayoría de ellos aseguraron no conocerse entre ellos o, en tal caso, haber hablado unas pocas veces. Además, todos definieron el vínculo con el director de Caza & Safaris como débil, intermitente o antiguo.
Tanto Testa como Noya son dos de los involucrados en la denuncia penal impulsada en Bolivia por el abogado Rodrigo Herrero, el exguardaparque y activista ambiental Marco Uzquiano y la representante del Colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Corti. Apuntaron que Noya hizo más de 30 viajes, muchos de forma irregular, para cazar o llevar clientes a cazar yaguaretés en la selva boliviana. Este felino es un animal protegido no solo en la Argentina, sino en toda la región.
Una de las pruebas surgió a partir de la investigación judicial en la Argentina y tras la publicación de varia fotografías de Noya junto a distintos cadáveres de yaguareté. Testa no aparece en estas imágenes, aunque según la querella boliviana y personas involucradas en la causa argentina el vínculo con Noya existía de hace años.
Hasta hoy, Testa es uno de los mayores exportadores registrados de pieles, colmillos y taxidermias animales en la Argentina. Se encarga de la logística de importación y exportación de productos y subproductos animales desde y a todo el mundo. Su abogado indicó a LA NACION que su trabajo siempre estuvo en regla y que Noya “fue uno de muchos clientes”, pero que Testa nunca tuvo un vínculo cercano y tampoco transportó animales sin regulación.
En el país vecino lo denunciaron junto con Noya por los delitos de biocidio, destrucción y deterioro del patrimonio natural. En este caso podrían recibir hasta diez años de prisión.
En esa causa está también involucrado Luis Villalba Ruiz, que presuntamente mató a cinco yaguaretés. Hace poco, la querella incluyó también a un cazador estadounidense, ya detenido por la justicia norteamericana por otras causas; el dueño del coto de caza implicado en este caso y dos empresarios colombianos que tienen hoteles en Santa Cruz de la Sierra.

Un negocio millonario
Según fuentes cercanas a las dos causas, el negocio de Noya y sus socios era redondo y millonario. El target de clientes era sobre todo internacional. En especial conseguían cazadores de Estados Unidos, España y algunos de Rusia.
Los captaban de distintas formas. A muchos de ellos los conocían en convenciones internacionales de caza como los que organiza el Safari Club International (SCI) en las Vegas y Tennessee, o la Feria Cinegética de Madrid. Con otros se conectaban a través de foros como Africa Hunting, redes sociales y su página de internet. Allí les presentaban los distintos paquetes que Caza & Safaris ofrecía. En su mayoría se ejecutaban en territorio argentino, aunque hay pruebas que indican que Noya hizo viajes internacionales con sus clientes.
Según información judicial, los clientes llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un miembro de la empresa los pasaba a buscar y de ahí los derivaba a cualquiera de los tres cotos de caza; les ofrecían hospedaje, comida y un catálogo de animales para cazar. Los cotos en Santiago del Estero están vinculados al empresario Carlos Pablo Escontrela.
Para la defensa del santiagueño, esos clientes eran de Noya y no de una “presunta organización” que lo involucrara. Según el abogado, solo llegaban cazadores enviados por Noya cuando querían cazar algún animal que Escontrela tuviera en sus cotos.
La defensa también expresó a LA NACION que el vínculo con Noya está roto desde 2019. “De hecho quedaron en malos términos. Le quedó debiendo plata”, explicó el abogado de Escontrela, y agregó que los dos predios de Santiago del Estero que están su a nombre “estaban en regla”.
Sin embargo, hay información judicial que contradice este argumento. El empresario santiagueño tuvo hasta hace seis años una sociedad anónima llamada Los Moros SA que estaba a nombre de Noya y Escontrela. Según la defensa, esa sociedad fue una mera formalidad para obtener los permisos de caza.
Según información a la que LA NACION tuvo acceso, en Caza & Safaris el precio para dispararle a un animal rondaba entre 1000 y 5000 dólares, dependiendo de la especie, aunque esto podría elevarse si la campaña salía del territorio nacional. Una investigación publicada por la revista digital boliviana Nómadas reveló que en aquel país cazar un yaguareté podía superar los 50.000 dólares.
Para llegar a la selva boliviana, Noya volaba con sus clientes hasta la ciudad de Cáceres en Brasil y de allí cruzaban a distintos puntos del este del país. A diferencia de la Argentina, en el caso boliviano se presume que buscaban sobre todo yaguaretés. Herrero afirmó tener pruebas de dos felinos cazados durante los viajes organizados por los argentinos y vaticina que la lista irá en aumento.
La caza de los animales era una parte importante de los ingresos de esta presunta organización criminal, pero no era la única. Según información judicial, Noya y sus socios también rentaban armas de fuego, vendían municiones y taxidermizaban a los animales para convertirlos en trofeos y enviarlos a sus clientes. Para fuentes cercanas a la causa en la Argentina, esto podría haber sido uno de los mayores ingresos para la empresa.
La operación, según información a la que LA NACION tuvo acceso, consistía en tratar a los especímenes, transportarlos hasta Ezeiza y de ahí, a todo el mundo. Esta etapa del proceso presuntamente estaba a cargo de Testa, que utilizaba a la empresa de transporte que dirigió hasta 2019, Logistic Solution SRL, para trasladar los trofeos al aeropuerto, pero no lo hacía estrictamente de forma ilegal. La defensa de Testa afirmó que su empresa y Caza & Safaris no tuvieron vínculo.
En el mundo de la caza, Testa es un apellido conocido. Algunas fuentes consultadas lo catalogaron como el principal exportador de pieles, colmillos y taxidermias del país. Según su propia defensa, entre el 80% y 90% de lo que Logistic Solution SRL transportaba estaba vinculado a la caza. Añadió que Noya fue uno de varios clientes en el país y en el mundo, con quien intercambió pocas palabras, y lo allanado en el depósito de Haedo está validado por el Gobierno.
En la Argentina, tanto la caza como la taxidermia son prácticas autorizadas. Las provincias deciden las especies que están permitidas para la caza deportiva. También son delimitadas las temporadas de caza y de veda. Esto quiere decir que no existe una uniformidad en la protección de fauna. Sin embargo, hay algunos animales que fueron declarados en peligro de extinción o peligro crítico de extinción y no pueden ser cazados en ningún lado. Tal es el caso del yaguareté, el pecarí de collar y el labiado, o el tatú carreta.
Algunos de estos animales, hasta el día de hoy, siguen expuestos en lo que queda de la página de Caza & Safaris, que después del inicio del proceso penal en la Argentina fue desmantelada casi por completo. También eliminaron sus cuentas de Facebook y de Instagram.
Fuentes vinculadas a esta causa explicaron que existía documentación necesaria para el transporte, tanto entre provincias como a otros países, aunque denunciaron que muchas veces los animales que se describían en el papel no eran los que estaban embalados.
Para la defensa de Testa, aquel argumento es infundado. “Primero que nada, porque de los casi 4000 animales que le allanaron, unos pocos eran los vinculados al director de Caza & Safaris. Además, mi cliente no tuvo ningún animal prohibido. Con el allanamiento que le hicieron solo encontraron siete trofeos con irregularidades. De esos, solo tres están vinculados a Noya”, explicó el abogado del empresario.
En principio, cada vez que se pretende mover a un animal que provenga de la caza deportiva debe existir un documento que permita su trazabilidad. Información como la especie, el coto donde se cazó, los permisos de ese coto para cazar ese animal específico y otros puntos deberían estar expresos.
Según fuentes cercanas a la causa, solo uno de los cotos estaba certificado para cazar –el de Dolores– y en los informes presentados ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para el transporte de animales, Testa, Noya y el resto de los socios modificaban datos como el tipo de especie, la procedencia de los animales y la temporada en que se habían cazado. De esta forma “blanqueaban” muchos de los especímenes taxidermizados que iban a Ezeiza.

En la mira desde 2018
Noya está en el foco del gobierno argentino desde 2018, cuando irrumpió en el coto de caza de Dolores una fuerza constituida por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la División de Delitos Ambientales y Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
En ese entonces se secuestraron decenas de animales taxidermizados, pero las autoridades no hicieron arresto alguno. Así lo reportó LA NACION en su momento. Una nueva causa se abrió en 2020 a partir de una denuncia impulsada por la organización internacional Freeland y la Red Yaguareté; sin embargo, fue rápidamente archivada porque durante la pandemia esta empresa no parecía estar en operaciones. Al inicio de 2024, este medio publicó fotografías inéditas sobre Noya y su vínculo con la cacería ilegal; así, la Fiscalía tuvo materiales para desarchivar la causa.
Hoy, el expediente se encuentra en revisión por parte de la Cámara Federal de La Plata. Se espera que el siguiente paso sea la confirmación de los procesamientos y la respuesta por un recurso de la fiscalía para dar prisión preventiva a los seis acusados que permanecen en libertad.
En tanto, en Bolivia, la causa sigue siendo revisada por los fiscales a cargo y todavía no se le asignó un juzgado. Herrero recordó que, a pesar de eso, hubo un tremendo impacto mediático en el país. Tal fue el movimiento que el Tribunal Agroambiental de Bolivia ordenó a diferentes entidades públicas la protección del yaguareté y de su hábitat.
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Rescataron dos carpinchos de un lugar que vendía ''milanesas de capibara''

Fecha de Publicación: 05/05/2025
Fuente: Portal NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe


Una denuncia anónima derivó en un operativo ambiental que expuso un caso de maltrato animal y tráfico de fauna silvestre en una localidad santafesina.
Un operativo policial realizado en Pueblo Esther, Santa Fe, reveló un caso de tenencia ilegal y faena de fauna silvestre tras una denuncia anónima. En el lugar, los agentes encontraron dos crías de carpincho en malas condiciones sanitarias, encerradas en una jaula pequeña. Además, en el freezer de la vivienda se hallaron restos de un carpincho adulto y seis nutrias ya faenadas, presuntamente destinadas a la venta como alimento.
Durante el allanamiento, encabezado por la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de Rosario, también se incautaron milanesas elaboradas con carne de carpincho listas para la comercialización. La justicia dispuso el secuestro de todos los restos animales y ordenó el traslado de los ejemplares vivos a una clínica veterinaria.
El caso abrió una causa por presunta violación a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y la ley provincial 4830, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin habilitación.
Este hecho se suma a un antecedente reciente en la Ciudad de Buenos Aires, donde un comercio de Villa Crespo fue clausurado por vender carne de carpincho y chivo sin autorización, lo que refuerza la preocupación por el avance del tráfico ilegal de especies nativas.
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Proponen penas de hasta ocho años de prisión para quienes ataquen a especies en peligro crítico de extinción

Fecha de Publicación: 02/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Tras la muerte de un yaguareté en Formosa, entró en Diputados un proyecto para agravar las sanciones penales a quienes atenten contra animales declarados Monumento Natural Nacional.
Entró a Diputados un proyecto de ley que busca castigar con mayor severidad a quienes cometan delitos contra animales protegidos como Monumento Natural Nacional, por su importancia en materia de biodiversidad.
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Damián Arabia, propone modificar la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna incorporando un nuevo artículo 25 bis, que establece penas de prisión de entre cuatro y ocho años, e inhabilitación especial por hasta diez años, para quienes atenten contra estas especies.
La propuesta legislativa surge tras un caso que conmocionó al país en julio de 2024: la caza ilegal de un yaguareté en la zona norte de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa.
El ejemplar asesinado era uno de los pocos monitoreados como parte del corredor de conservación en el departamento Patiño. La pérdida representa un duro golpe para una de las poblaciones más amenazadas del país.
“El yaguareté es una especie clave para el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas y su caza constituye un grave delito ambiental que no recibe una sanción acorde al daño causado”, explicó Arabia en los fundamentos del proyecto.
La especie fue declarada Monumento Natural Nacional por la Ley N°25.463 en 2001 y se estima que hoy sobreviven apenas unos 250 ejemplares en todo el país, con tan solo 20 en la región chaqueña.
Actualmente, cuatro especies están protegidas bajo esta figura legal: el yaguareté (Panthera onca), la ballena franca austral (Eubalaena australis), el huemul (Hippocamelus bisulcus) y la taruca (Hippocamelus antisensis).
Su denominación como Monumento Natural Nacional implica una protección absoluta, en tanto son consideradas inviolables por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales.
Según el proyecto, la tipificación de un nuevo delito penal con penas efectivas y no excarcelables busca reforzar la eficacia disuasoria de la legislación vigente y responde a “la necesidad urgente de proteger de manera específica y diferenciada el patrimonio natural nacional”.
La iniciativa fue elaborada en consulta con la Administración de Parques Nacionales, autoridad encargada de la protección de estas especies, y contó con aportes del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET), que monitorea su presencia en el norte argentino con la colaboración de organizaciones civiles, gobiernos provinciales y pobladores locales.
El proyecto ya fue girado al Poder Ejecutivo para su evaluación y tratamiento parlamentario.
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Berazategui: incautan animales disecados en un taller clandestino de taxidermia

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires


Secuestraron piezas de fauna silvestre y especies exóticas en un operativo que apunta al tráfico ilegal de animales en la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Control Ambiental allanó un taller ilegal de taxidermia en Berazategui y encontró piezas de fauna silvestre y animales exóticos disecados. El procedimiento, realizado junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires, forma parte de una investigación sobre tráfico ilegal de especies protegidas.
El operativo fue llevado a cabo como parte de una investigación que tiene como objetivo desmantelar redes dedicadas al tráfico de fauna silvestre y la caza furtiva. El taller, que operaba clandestinamente, estaba especializado en la disecación de animales, tanto locales como exóticos, lo que despertó la alarma de las autoridades ambientales.
Durante el allanamiento, se encontraron pieles de pecarí y yacaré, especies nativas protegidas por la legislación ambiental argentina. También fueron secuestradas taxidermias de animales provenientes de diversas partes del mundo, como ciervos colorados, ciervos de cola blanca, axis, antílopes de la India, muflones, búfalos, chivos, carneros, renos, alces, Tar del Himalaya y cebras. Esta variedad de especies y su origen internacional sugieren que el taller formaba parte de una red más amplia de tráfico de fauna silvestre.
Las piezas secuestradas fueron trasladadas al depósito oficial de la Subsecretaría de Ambiente, donde permanecerán como evidencia en la causa judicial.
La investigación continúa en manos de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, que está analizando las conexiones del taller con otras posibles redes de tráfico de animales. La causa judicial busca identificar a los responsables del delito y desarticular las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de fauna, que amenaza gravemente la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
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Piden informes sobre la situación de los guardafaunas rionegrinos: denuncian vaciamiento del plantel

Fecha de Publicación: 18/04/2025
Fuente: Portal NoticiasRíoNegro
Provincia/Región: Río Negro


El bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial en relación con las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que, según denuncia la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, han generado un grave vaciamiento en el cuerpo provincial de Guardafaunas.
El escrito fue impulsado por el presidente de la bancada, José Luis Berros, y acompañado por los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Sempé, junto a Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García de PJ  - NE.
"Es alarmante que se hayan dejado sin renovar contratos de agentes con experiencia y formación en terreno, mientras se debilitan equipos fundamentales para la protección de la biodiversidad. No se puede improvisar con la fauna silvestre", sostuvo Berros. Agregó que “desde nuestro bloque queremos saber si existe un plan o simplemente se está desmantelando una política pública esencial, invisibilizando el trabajo de quienes han sostenido el sistema con compromiso y vocación”.
La solicitud parlamentaria incluye consultas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y a la Dirección de Fauna Silvestre. Se solicita información detallada sobre la cantidad y situación contractual de los Guardafaunas en funciones; su localización geográfica y tareas asignadas; la nómina de agentes desvinculados desde diciembre de 2023, así como las razones de esas decisiones; si existe algún plan de reestructuración ante el vaciamiento denunciado en las delegaciones de San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste; si el Ejecutivo ha recibido denuncias por caza furtiva, tráfico o ataques de fauna en 2024 y el primer trimestre de 2025; y, finalmente, los motivos del traspaso de la Dirección de Fauna Silvestre desde la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Desarrollo Económico.
El pedido de informes toma como base las advertencias realizadas públicamente por la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, entidad con más de dos décadas de trabajo voluntario en la defensa de la fauna silvestre. La organización denunció el despido de dos agentes con base en General Roca y la desarticulación de los equipos en Bariloche y San Antonio, lo que ha dejado al cuerpo de fiscalización provincial reducido a apenas dos personas para todo el territorio. También alertó que el traspaso de la Dirección de Fauna a un ministerio con orientación productivista representa un serio retroceso en la política ambiental de la provincia.
"Estamos ante una situación de riesgo no sólo para las especies en peligro, sino también para los ecosistemas y la salud pública. No puede ser que las decisiones se tomen a espaldas de los territorios, sin diálogo con quienes han sostenido durante años esta tarea", concluyó Berros.
Desde el bloque Vamos con Todos instaron al Ejecutivo a dar respuestas urgentes y a reconsiderar el rumbo de la gestión ambiental provincial.
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Caza furtiva desmantelada: secuestran perros galgos y otros elementos ilegales

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: El Zonda
Provincia/Región: San Juan


Se labraron 17 actas de infracción y se secuestraron 25 galgos, radios de comunicación y boleadoras.
En un operativo llevado a cabo en el departamento Albardón, tres comisiones de agentes de la Dirección de Flora y Fauna realizaron un exhaustivo control de huellas, lo que permitió desmantelar una red de caza furtiva que utilizaba galgos para la persecución y captura de animales silvestres.
Durante la intervención, se labraron 17 actas de infracción a presuntos cazadores furtivos, quienes empleaban 25 perros de raza galgo para cazar ilegalmente. Estos animales fueron secuestrados y quedaron bajo tenencia judicial, aunque aún permanecen bajo la custodia de los presuntos infractores hasta que la Justicia determine las sanciones correspondientes.
En el marco del operativo, también se secuestraron cuatro radios tipo talkie y seis boleadoras, herramientas utilizadas en la actividad ilegal de caza.
Este procedimiento se realizó luego de una serie de tareas investigativas y es parte del plan de la Secretaría de Ambiente para reforzar los controles ambientales y proteger la fauna autóctona.
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Tráfico ilegal y mascotismo de fauna silvestre, una problemática que no da tregua en Córdoba

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Pese a los controles, allanamientos y rescates, estos delitos siguen siendo una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la provincia. Las aves son las principales especies secuestrados en los operativos.
El tráfico ilegal y el mascotismo de fauna silvestre son dos facetas de una problemática constante en Córdoba que afecta a numerosas especies autóctonas y perjudica la biodiversidad regional. Esto también ocurre con especies exóticas, ya sea por provenir de otras provincias, de otros países o incluso continentes.
Evidencia de ello son los periódicos casos de animales rescatados luego de procedimientos policiales y el reciente avistaje de un ciervo axis o moteado avistado por la zona de los barrios Pueyrredón y General Paz. Totalmente desorientado, el animal falleció antes de que efectivos de la Patrulla Ambiental llegaran.
Por denuncias, procedimientos de control o allanamientos todos los años son decomisados y recuperados cientos de aves, mamíferos o reptiles. Mientras que algunos pueden ser liberados y regresar a su hábitat natural, otros deben permanecer en cautiverio por el resto de su vida.
Uno de los centros de rescate de fauna silvestre más grandes del interior del país es el que pertenece al Parque de la Biodiversidad, dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Allí se trabaja trabaja diariamente en el rescate, rehabilitación y cuidado de animales que llegan a través de operativos contra la tenencia o comercialización ilegal. También se reciben muchos ejemplares lastimados, golpeados o desnutridos por otras causas.
A este centro llegaron 306 animales en 2023, de lo cuales se liberó a 78. Ese número se elevó a casi el doble en 2024, con 581 ejemplares recibidos, pero la buena noticia es que pudo liberarse a casi la mitad (275). En lo que va de 2025 llegaron 97 animales y se liberaron 24. En cuanto a las especies, el mayor porcentaje de ejemplares rescatados en cada año fueron aves.
“Aunque hay más educación, la cantidad de animales que ingresan no baja sino que se mantiene en el tiempo. Además, cada vez sorprende más el tipo de especies que aparecen. Notamos que el gran ingreso se debe también a que hay más controles y más conciencia de la gente que hace las denuncias”, dijo a La Voz Constanza Capocasa bióloga y directora del Parque de la Biodiversidad.
Allí reciben mamíferos, reptiles, invertebrados y hasta peces, pero predominan las aves que son las que más sufren la comercialización ilegal. Al estar atravesada por múltiples rutas y ubicarse en el centro del país, Córdoba es una zona de paso para los traficantes, por lo que a este centro llegan animales de todas las provincias.
Una vez allí atraviesan un período de cuarentena donde se los atiende sanitariamente pero también desde lo comportamental. Sin son dados de alta o considerados aptos en ambos aspectos, se los libera. El proceso para hacerlo implicará mayores esfuerzos si no son animales nativos de Córdoba.
“Nuestro trabajo apunta a poder conservar las poblaciones naturales y a vincularnos de otra manera con los animales y el ambiente de cara al futuro. No somos sus dueños y no debemos tratarlos como cosas sino convivir y respetarlos porque muchas especies se extinguen debido a esto”, agregó Capocasa.

Allanamientos y rescates
El centro de rescate trabaja en vínculo directo con la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental, las reparticiones encargadas de hacerles llegar los ejemplares secuestrados en los allanamientos o controles de rutina.
En el período comprendido entre 2019 y 2024 la Policia Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, realizó en la provincia de Córdoba 1.648 procedimientos relacionados con la fauna silvestre. En total se secuestraron 9.962 ejemplares y se liberaron 3.731.
Haciendo el desglose por año, los operativos efectuados fueron 169 en 2019, 196 en 2020, 350 en 2021, 293 en 2022, 292, en 2023 y 348 en 2024. En cuanto a ejemplares secuestrados hubo 923 en 2019, 1.592 en 2020, 1.818 en 2021, 1.823 en 2022, 2.201 en 2023 y 1.605 en 2024. Sobre las liberaciones se hicieron 285 en 2019, 638 en 2020, 617 en 2021, 657 en 2022, 731 en 2023 y 803 en 2024.
“Casi el 90% de los animales son pájaros paseiformes, de plumaje colorido o de canto llamativo, lo que los hace atractivos para tenerlos en cautiverio. También tenemos un porcentaje de mamíferos y otro de reptiles”, explicó Adrián Rinaudo, Secretario de Policía Ambiental.
Los operativos se realizan en base a las zonas donde se detecta que puede haber fauna silvestre. Una de las vías de conocimiento es a través de las denuncias, sobre todo anónimas, y otra por los controles de ruta, para lo cual cuentan con una brigada canina de detección de fauna en tránsito, algo con lo que no cuenta ninguna otra provincia del país.
También trabajan intentando dar con los traficantes de fauna a través de la web y redes sociales, donde muchas personas los contactan para comprar ejemplares. Aquí se produce sobre todo el tráfico de especies exóticas y son los grupos de Telegram los medios favoritos para estos objetivos.
“Nosotros teníamos la idea de que Córdoba era un lugar de paso de la fauna silvestre que venía desde el norte, el litoral o el oeste y cruzaba para Buenos Aires. Pero ahora estamos viendo que hay tráfico en la provincia, hacemos procedimientos con secuestros grandes donde podemos encontrar hasta 80 aves en un domicilio”, suma Rinaudo.
En este punto también coincide Jorge Suárez, jefe de la División Patrulla Ambiental, que depende de la Policía de Córdoba. “El tráfico ilegal ha crecido exponencialmente. Córdoba era un lugar de paso de fauna y ahora es un lugar de adquisición sobre todo de autóctonos. También ha crecido el mascotismo de animaes silvestres y cada vez hay más operativos de rescate en viviendas”, afirmó.
En la Ciudad de Córdoba la Patrulla intervino en 18 allanamientos durante 2024 y en seis en lo que va de 2025. Secuestraron 83 animales el año pasado y 45 en los últimos dos meses. Se trató en su mayoría de aves, pero también se rescataron marsupiales, ofidios, zorros y reptiles.
“La mayoría de rescates en la zona urbana son de aves rapaces como caranchos, chimangos, o jotes que se encuentaran en lugares donde hay edificios. Los caranchos y chimangos son controladores de roedores y se encuentran en temporada de tormentas o vientos fuertes porque caen y se lesionan. Los jotes aparecen dentro de los departamentos en esta época porque estan saliendo las crías”, describió.
Y cerró: “pero la problemática constante el año pasado han sido los zorros. Esto tiene mucho que ver también con la higiene y la empatía con estos animales. La gente todavía no entiende que dándoles de comer los están sacando de su estado salvaje porque ya saben dónde conseguir comida constantemente”.
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Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Si bien el documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”, las ONG denuncian que fomentaría la caza deportiva
Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.
Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.
El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.
Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.
Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.
Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto
El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.
El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).
Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.
Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.
A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.
Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.
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Patagonia: Tenía 81 aves en cautiverio y fue condenado a prisión

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Río Negro


Un hombre de Chichinales recibió prisión en suspenso. Tenía especies en peligro de extinción.
La justicia de Villa Regina condenó a un hombre de Chichinales a tres meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia ilegal de fauna silvestre, luego de que las autoridades rescataran 81 aves en cautiverio en dos allanamientos. La sentencia, dictada por el juez de garantías Gastón Pierroni, impone además reglas de conducta por dos años, bajo el riesgo de que la pena se haga efectiva en caso de incumplimiento.

Allanamientos y especies rescatadas
El primer operativo fue realizado en febrero de 2021, cuando agentes de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro encontraron 45 aves en jaulas dentro de la vivienda del condenado. Sin embargo, el hombre continuó con la actividad ilegal y, en noviembre de 2022, un segundo allanamiento permitió rescatar otras 36 aves.
Entre los ejemplares incautados había cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que fue declarada Monumento Natural de Río Negro en 2023.
Las aves fueron trasladadas al Centro de Cuarentena y Rehabilitación de la Fundación Guardafaunas, donde recibieron los cuidados necesarios antes de ser liberadas en su hábitat natural.
Además del daño ambiental, la captura y tenencia de fauna silvestre representa un riesgo sanitario, ya que las aves pueden transmitir enfermedades como psitacosis, tuberculosis y rabia, todas potencialmente mortales para los humanos.
Desde la Fundación Guardafaunas recordaron que cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos de forma anónima a través del número 2920612000 o mediante redes sociales.
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ONGs denuncian un proyecto del Gobierno que busca desproteger la fauna silvestre autóctona

Fecha de Publicación: 20/02/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Nacional


Más de 60 ONGs rechazan un proyecto del Gobierno para desproteger a la fauna argentina.
Pumakawa es una ONG dedicada a la flora y la fauna autóctona, que filtró un documento que el Gobierno estaría a punto de oficializar y se trata de la derogación de 8 resoluciones que protegen a la fauna argentina.
De acuerdo a las más de 60 ONGs pertenecientes a la coalición Observatorio de lo Silvestre que manifestaron su rechazo, el proyecto habría sido presentado el 20 de enero por la Dirección Nacional de Recursos Naturales.
El documento aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, sin embargo, de acuerdo a est ONG,”al no necesitar el aval del Congreso, solo requeriría que Asuntos Legales lo apruebe y recién ahí sería publicado cuando ya está aprobada y nada se puede hacer”, sostuvieron.

¿Qué busca el proyecto?
De acuerdo a Pumakawa, este proyecto derogaría resoluciones que protegen especies autóctonas:
- 133: prohibe el tránsito de trofeos de caza
- 208: regula la caza deportiva a través del Registro Nacional de Cazadores Deportivos
- 24 y 63: prohíben la exportación y el comercio interno de animales vivos
- 793 y 53: prohíben la exportación, el tráfico interprovincial y la importación de productos de dichos animales
- 460: preserva la flora nativa con el Programa Nacional de Gestión de la Flora
- 351: prohíbe cazar especies marinas amenazadas, autóctonas, en épocas de cría y en áreas protegidas
- 437: Establece los requisitos para exportar trofeos de caza
Desde las ONGs buscan ejercer presión social para el proyecto no se oficialice.
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Caza ilegal: «Traen extranjeros para matar por deporte»

Fecha de Publicación: 03/02/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La cruel muerte de un puma en Entre Ríos puso en alerta a diferentes organizaciones ambientalistas que advirtieron la multiplicación de espacios donde turistas asesinan a ciertas especies protegidas. “No hay ningún tipo de control", denuncian.
La cruel muerte de un puma en Entre Ríos puso en alerta a diferentes organizaciones ambientalistas que advirtieron que en la provincia aumentó la caza ilegal y se multiplicaron los espacios donde turistas extranjeros vienen a matar por deporte ciertas especies. Denuncian falta de controles y connivencia empresarial y política, en consonancia con la línea argumental que baja desde el gobierno nacional de que todo vale en pos de maximizar ganancias.
La noticia corrió como reguero de pólvora en el Departamento de Gualeguaychú y rápidamente escaló a toda la provincia. El 16 de enero, un cazador publicó en sus redes sociales videos e imágenes jactándose de los últimos momentos de un puma. Se podía apreciar como una jauría, azuzada por el hombre, arrinconaba al feroz animal hasta desmembrarlo, para después ser rematado de unos tres disparos.
“El puma había sido grabado unos días antes por vecinos que dieron aviso a la policía rural para que lo protegiera, a la vez que se le decía a la gente que tuviera sus recaudos”, indica a Tiempo Gabriel Bonomi, del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una de las organizaciones que tomó el caso. Para los ambientalistas, el sospechoso, identificado como Nicolás Adriel, aquel día fue directamente a matar al animal junto a al menos otros tres hombres y los perros. Este cazador es oriundo de Larroque y tiene parientes en Cuchilla Federal, a unos 20 km, donde ocurrió el hecho.
Personal de Prevención de Delitos Rurales y de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización recabaron pruebas y solicitaron a la justicia que avanzara en contra de Adriel. En un principio, el juez Tobías Podestá entendió que no había elementos suficientes para investigarlo. Tras la viralización de la noticia y la presentación de una denuncia formal de la ONG Ecoguay, finalmente la justicia allanó la vivienda del sospechoso unos ocho días más tarde sin demasiada suerte.
“Animales como el puma están protegidos por leyes nacionales (22.421) y provinciales (4.841). Queremos que se aplique la Ley contra este hombre que no sabemos si se trata de un peón o si tiene algún tipo de vínculo con el dueño del campo”, describe Ana Ardaiz, la presidenta de Ecoguay, a quien le resulta escasa la pena de dos años de prisión como máximo para quienes cometan este tipo de delitos. “De todas formas, tenemos pocas esperanzas de que la causa avance: en su casa apenas encontraron unos cuchillos, un celular y cartuchería”, lamenta.

Descontrol
Las fuentes consultadas señalaron que la presencia de este puma en el Departamento de Gualeguaychú no tuvo riesgos para la población local ni para el ganado. No es su hábitat natural y debe haber sido uno de los pocos especímenes que había en la provincia. “En materia de caza, Entre Ríos es un descontrol. Básicamente, es una matanza, un matadero de animales autóctonos”, puntualiza Bonomi.
“En los primeros 20 días del año, ya murió una persona por un accidente de caza y esto ocurre muy a menudo, sobre todo en los últimos años. Debe haber unos ocho muertos solo en los últimos tres años”, enumera el referente de Ceydas. “Se trata del mismo gobierno que el año pasado autorizó la temporada de caza de aves autóctonas, a contramano de lo que ocurre en el mundo donde prácticamente se la prohíbe o restringe cada vez más”, recalca. Se trata de la Resolución N°997 que habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres.
“Traen cazadores extranjeros a los cotos de caza para matar aves. Así de simple. Y se cazan cientos de miles de aves todos los años con la autorización del gobierno provincial y sin ningún tipo de estudio, ni participación ciudadana”, insiste Bonomi. Para los especialistas, esta es una política de estado que se dio durante el gobierno de Gustavo Bordet y fue continuada y ampliada por la actual gestión de Rogelio Frigerio. Es que durante el mandato peronista, asociaciones como Ceydas lograron frenar judicialmente diferentes disposiciones que buscaban dar rienda suelta a los cotos de caza menor.
“No hay ningún tipo de control, porque la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales de la provincia no tiene la capacidad para controlar la caza en toda la provincia”, advierten. Si bien los operadores de este negocio están habilitados por la provincia y registrados en la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, los defensores de los animales dudan de lo que pasa puertas adentro en estos establecimientos privados. Cabe recordar que en 2022, el mexicano Mario Canales Najjar, de 64 años, presidente de la Federación de Caza de su país, encontró la muerte en Costa Uruguay Sur cuando lo embistió el búfalo al que le habían disparado con su guía. Luego se supo que las armas se las había brindado el coto, autorizado para cazar solo palomas.
“Son empresas que traen turistas extranjeros, principalmente de Europa y de Estados Unidos, a matar aves. Cuentan con distintos lodges, lugares de hospedaje, donde los reciben y luego salen a matar con guías”, durante los tres meses que dura la temporada. “No hay números, no hay estudios, porque la provincia no los hace y se basa en los informes hechos por los propios cotos de caza”, afirma Bonomi.
Hay mucho dinero en juego. Cada excursión para cazar patos ronda entre los 3000 y 4000 dólares por persona y pueden realizar dos o tres por día. Es un ingreso de divisas importante para el privado, y se supone que también para la provincia.

Cultura y tradición
Para la provincia, la “caza deportiva” es una “tradición cultural”. Ana Ardaiz se propuso cambiar esa ecuación pero no encuentra el eco del gobierno: “Fuimos a Paraná al Consejo General de Educación a solicitar que hubiera una materia en las escuelas para que se enseñe a los niños el respeto a los animales y al medio ambiente, pero no tuvimos buenas respuestas”, resume la ambientalista, que teme por el futuro de las aguará guazú (el más grande de los zorros sudamericanos); el peludo, la mulita, la vizcacha, el lagarto overo, entre otros animales.

Ecosistemas desbalanceados
“Los ecosistemas están desbalanceados, por la ausencia de los grandes predadores como el puma o el yaguareté, a los que el hombre fue cazando o arrinconando y presionando con sus actividades con el cambio de uso de la tierra que hace que se desmonten los bosques nativos y se pase a tener un monocultivo”, señala Matías Arrigazzi de Greenpeace Argentina y argumenta: “Estamos atravesando una crisis de biodiversidad, tenemos millones de especies amenazadas en el mundo y hoy sabemos que en Argentina más del 90% de los mamíferos enfrentan algún tipo de amenaza, directa o indirectamente relacionada con el hombre”.
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Rescatan 250 loros habladores en operativo contra el tráfico de fauna en El Caburé

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


Las aves, pertenecientes a una especie protegida, eran transportadas ilegalmente desde Chaco.
En un operativo conjunto entre la Dirección General de Bosques y Fauna, Gendarmería Nacional, guardafaunas y guardabosques de Monte Quemado y Pirpintos, fueron rescatados 250 loros habladores que eran transportados ilegalmente en un vehículo en la localidad de El Caburé, Departamento Copo, Santiago del Estero.
El procedimiento tuvo lugar cuando las autoridades interceptaron a tres personas provenientes de la provincia de Chaco. Los ejemplares de esta especie protegida fueron secuestrados junto con el vehículo utilizado para su traslado. Además, se labraron las actas correspondientes en virtud de la Ley Provincial N.º 4802 de "Protección a la Fauna Silvestre".
Las aves serán evaluadas por especialistas para determinar su estado de salud y proceder a su reinserción en su hábitat natural.
La Dirección General de Bosques y Fauna recordó que la captura, comercialización o tenencia de loros habladores constituye un delito y exhortó a la población a colaborar con la conservación de esta especie denunciando cualquier actividad ilegal de forma anónima al 3854025564.
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Caza & Safari: investigan lo que podría ser el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina que llega hasta Bolivia

Fecha de Publicación: 30/01/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La Justicia allanó una empresa en la que encontró miles de partes de animales convertidas en trofeos de caza, además de animales vivos. En Bolivia también se abrió una investigación por el biocidio de al menos cinco yaguaretés. Presiones, poder político y económico, detrás del caso documentado por Mongabay Latam.
Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.
“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.
En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.
Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita
La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.
En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.
“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.
También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.
Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.
La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina
El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.
Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.
La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.
Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.
Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.
Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.
Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna
Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.
“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.
Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.
La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.
Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.
Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional
En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.
Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.
Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.
“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.
El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso
Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.
Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.
Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.
Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.
Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.
El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.
“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.
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