Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
.

El cambio climático obliga a familias del Gran Chaco Americano a migrar local e internacionalmente

Fecha de Publicación: 01/03/2024
Fuente: Diario Norte (Argentina)
Provincia/Región: Norte Argentino


De acuerdo al documento y la investigación que tuvo una duración de dos años, se ha evidenciado movilidades asociadas al aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua. De lo que se conoce la mayor cantidad de migraciones son a nivel interno, sin embargo, los testimonios de las autoridades locales exponen casos de migraciones internacionales.
"Los nivaclés de Cayin Ô’clim y de Uj’e Lhavos vinieron del Pilcomayo, y eso tiene que ver con el tema de la movilidad, porque ustedes saben que los pueblos chaqueños eran seminómadas. Que esto hasta hoy se nota. Y lo eran porque imagínense, en una situación como el Chaco donde a veces durante medio año hasta ocho meses no cae ninguna gota de lluvia, lógicamente la agricultura sería mortal, o sea, eso no puede ser. Entonces tenían que desarrollar otra economía. Y tenían una economía muy complementaria y para eso necesitaban ser móviles" , señala una persona entrevistada en Argentina y que refleja el estudio.
"Migraciones Ambientales en el Gran Chaco Americano" como se denomina el proyecto, se ha desarrollado a solicitud de un consorcio conformado por 11 autoridades subnacionales, de la sociedad civil, de una organización regional y de la academia. La iniciativa forma parte de la iniciativa "MIgration EU eXpertise+ (MIEUX+) que es financiado por la Unión Europea e implementada por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD).
Se trata del primer diagnóstico en la región que aborda esta temática lo que ha obligado a los investigadores y especialistas a implementar una metodología  con múltiples herramientas como encuestas de  pre-diagnóstico, investigación documental, entrevistas virtuales semiestructuradas, trabajo de campo y sistematización de la información y finalización del documento de lineamientos de políticas públicas.  
Durante la investigación se ha entrevistado a más de 210 personas, procedentes de más de 12 pueblos diferentes recorriendo más de 6000 km en dos misiones. Igualmente se ha entrevistado a representantes de las comunidades Aymara (originalmente de la región andina de Bolivia), Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenayek y Wichi.
La investigación refleja la preocupación de las autoridades locales por los crecientes desastres ambientales y las profundas condiciones de sequía, eventos que, a su vez, han generado desplazamientos forzados de personas, sobre todo, jóvenes.
"Este documento se alimentó de las 3 primeras fases, mientras que el trabajo de campo fue realizado de manera independiente del equipo de investigación debido a que la indagación que debía levantarse obedecía en estricto sentido a recabar información de las autoridades locales y cómo las mismas pueden y deben diseñar políticas públicas" señala Giovanna Tipán Barrera una de las autoras del documento y la investigación.
El proyecto  no sólo aporta a la problemática de migraciones ambientales a través de un diagnóstico sobre la temática, sino que proyecta recomendaciones y propuestas desde lo público a través de un documento de lineamientos para política pública sobre migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano.
"Las autoridades, a pesar de ser actores protagónicos en el diseño de políticas públicas, expresan que las escasas oportunidades laborales que se ofrece a nivel local constituye otro de los factores que expulsan a la población, además, los procesos migratorios han desencadenado problemáticas sociales difíciles de contener desde los gobiernos locales que cuentan con presupuestos limitados", relata el informe.
Estas políticas públicas deben responder a los desafíos ambientales, el aumento de la temperatura; la sequía, la escasez de agua y el viento del norte; las inundaciones; el desmonte y los incendios; y los impactos negativos de la construcción de infraestructuras y otros proyectos de desarrollo, detectados en la investigación.
Las conclusiones apuntan a la urgencia de diseñar políticas públicas de migraciones ambientales debido a los desafíos que enfrenta la humanidad en relación al cambio climático y los desastres ambientales, su diseño permitirá abordar de manera efectiva las necesidades de los migrantes ambientales, proteger sus derechos y brindar asistencia.
El Gran Chaco Americano, con 9 millones de personas, más de 1,1 millones de km2 ubicados en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil es una región extensa que abarca diferentes ambientes ecológicos y condiciones climáticas extremas agravadas por la crisis climática y una elevada tasa de desmonte y se han construido múltiples proyectos de infraestructuras, con escasos beneficios para la población local.
En él habitan poblaciones indígenas de diferentes etnias, así como poblaciones criollas, cuyas formas y medios de subsistencia están estrechamente vinculados al territorio y están siendo fuertemente influenciados por la degradación ambiental.
.

Deforestación ilegal: 50.000 hectáreas de bosque fueron arrasados en el norte argentino en lo que va del año

Fecha de Publicación: 28/08/2023
Fuente: Portal primerplanoonline.com.ar
Provincia/Región: NOA - NEA


Esta problemática en la región chaqueña es realmente significativa: cuenta con una superficie de más de 60 millones de hectáreas y representa el 60 % del Gran Chaco de América, siendo después del Amazonas el segundo pulmón verde más importante del continente.
La deforestación ilegal en Argentina no se detiene. En el norte del país se han registrado pérdidas de bosques enteros. La provincia de Chaco evidenció la pérdida de 51.600 hectáreas de bosques debido a la deforestación intensiva en el primer semestre de 2023.
El problema de la deforestación proviene del sector privado, donde se destruyen áreas naturales y bosques completos para generar espacios donde se pueda disponer de suelo para la cría de ganado y la plantación de soja.
Los registros evidenciaron que ha habido un aumento en la tasa de deforestación en comparación con el año pasado: un 25% más que en el mismo período de 2022, cuando se deforestaron 41.332 hectáreas.
La mayoría de los desmontes son ilegales, lo cual agrava aún más la situación, ya que la deforestación sigue aumentando y se genera una destrucción continua del ambiente.
Organizaciones sociales y ecologistas llevaron a cabo relevamientos a través de imágenes satelitales, mediante las cuales se pudo registrar lo siguiente:
- Entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco fue de 24.522 hectáreas.
- Santiago del Estero registró 19.040 hectáreas deforestadas.
- En Formosa se registró 5.804 hectáreas deforestadas y en la provincia de Salta, 2.234 hectáreas.
Las consecuencias de la deforestación son múltiples, provoca desaparición de especies de flora y fauna, contribuye al aceleramiento del cambio climático, ocasiona inundaciones en zonas afectadas,  promueve la desertificación del ambiente y genera enfermedades en las poblaciones más vulnerables.
Por otro lado, hablar de problemas ambientales es sinónimo de problemáticas sociales. Los desmontes y la deforestación ilegal conllevan el  desalojo de comunidades indígenas y campesinas, la pérdida de fuentes de alimentos, y el uso de la naturaleza con fines medicinales.
La deforestación en la región chaqueña es una emergencia ambiental y  se debe actuar en consecuencia. A pesar de las normativas ambientales a nivel nacional y provincial, las topadoras siguen avanzando sin pausa, y las multas y sanciones ya no son suficientes para poner fin a este ecocidio.
.

Greenpeace denuncia un aumento de la deforestación en Argentina

Fecha de Publicación: 31/07/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista Greenpeace denunció este jueves un aumento de la superficie deforestada en Argentina durante la primera mitad de este año, sobre todo a causa de desmontes ilegales.
En un informe, Greenpeace dijo que detectó mediante el uso de imágenes de satélite que durante el primer semestre del año 51.600 hectáreas del norte argentino fueron deforestadas, un 25 % más que en el mismo período de 2022.
Según la organización, la situación más grave se da en las norteñas provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales.
Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, resulta "preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal".
"En Santiago del Estero el Gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la Justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El Gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución", afirmó Giardini.
Según la organización ambientalista, la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y el cultivo soja que en gran medida Argentina exporta a Asia y Europa.
Este fenómeno se da sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América.
"La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad", señaló Giardini.
Greenpeace impulsa en Argentina una consulta popular sobre la penalización de la destrucción ilegal de bosques nativos que estará abierta a la participación hasta el próximo el 10 de octubre y cuyos resultados se presentarán en el Parlamento argentino.
.

Tres estrategias para proteger al Chaco argentino de la deforestación

Fecha de Publicación: 22/06/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. En el segundo semestre de 2021, se perdieron 10 331 hectáreas de áreas forestales, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia del Chaco.
La iniciativa de MapBiomas —de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y publicada a finales de 2022— alertó sobre la pérdida de 9.5 millones de hectáreas entre 2000 y 2021 en la región del Gran Chaco que además del argentino incluye también Paraguay, Brasil y Bolivia, como resultado del uso del cambio de uso del suelo, principalmente de bosque a pastizales y agricultura.
Pero no todas son acciones en contra, ciudadanos y entidades estatales han creado estrategias para detener el efecto de las malas prácticas en este territorio que formó parte de lo que alguna vez fue el Gran Bosque Chaqueño y que atraviesa cuatro países:
Estas son tres iniciativas que buscan recuperar esta ecorregión que tiene bajo su tierra una gran reserva de carbono:

1 - Un territorio para el yaguareté
Hace dos décadas, los propietarios de la Reserva Tantanacuy —un área privada y protegida de conservación— comenzaron a realizar actividades ecoturísticas para protegerse de la tala que acabó con las áreas aledañas. Esta acción convirtió en un santuario a la reserva y logró salvar 2500 hectáreas de bosque nativo que se convirtieron en un espacio seguro para la fauna y la flora chaqueña.
En la zona donde se ubica la reserva, es posible el aprovechamiento forestal, pero no se permiten cambios de uso del suelo. No obstante, los vecinos de la reserva han logrado evadir la ley con argumentos técnicos para la aprobación de los cambios de uso de suelo, lo que continúa afectando el territorio. Es así como Tantanacuy se ha convertido en una fortaleza en medio de la deforestación.
Los safaris especializados y la observación de aves son un respiro para el Chaco argentino. Además, la reserva tiene un convenio con el Proyecto Yaguareté que logró documentar en los terrenos la presencia del jaguar o yaguareté (panthera onca), un hallazgo positivo, puesto que Argentina es el país sudamericano con menos ejemplares registrados.
Las iniciativas de conservación en tierras privadas son una oportunidad para disminuir costos en la operación de las áreas protegidas públicas. Sin embargo, es esencial la presencia del Estado para el control de las actividades turísticas, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además, también es necesario que las iniciativas particulares se acompañen con un diseño de paisaje que esté reflejado en el ordenamiento ambiental de los bosques nativos”, resalta el experto.

2 - Una ganadería que cuide los bosques
Una de las apuestas del Refugio Privado El Cachapé es el engorde del ganado con pastizales naturales. Esto quiere decir que no se introducen especies de pastizales exóticas ni tampoco se remueven algunos pastos en beneficio de otros. Esto facilita que el mismo ambiente haga una selección natural y que los mismos animales sean quienes dispersen las semillas.
También seleccionan zonas de pastoreo de acuerdo con la época del año y controlan el número de animales que están en cada área. Esta manera de hacer ganadería, además de traer ventajas en la producción, protege el suelo. Sin embargo, Eduardo Boló Bolaño, dueño del refugio, asegura que todavía falta apoyo estatal para continuar con este modelo en otras áreas.
La transmisión de este conocimiento a sus trabajadores es otra de las actividades en la que está enfocado Boló. Si se conoce la importancia de conservar el lugar y de no cazar los animales, dice, será más fácil continuar protegiendo las 1800 hectáreas de bosque que tiene el refugio y en la que viven especies arbóreas con edades de entre los 300 y 400 años.

3 - La tecnología al servicio de la naturaleza
La falta de recursos estatales para monitorear el Chaco argentino es uno de los principales problemas para su conservación. En 2022, el gobierno provincial del Chaco expuso en Washington, Estados Unidos, el Eco-Token del Chaco. Se trata de una herramienta digital basada en criptomonedas para obtener recursos que ayuden a conservar este ecosistema. Lo que se busca es que los pagos provengan del mercado de capitales internacionales en compensación por los servicios ecosistémicos que entrega esta importante área boscosa.
Con los recursos, el gobierno provincial pretende tener un mayor control en el territorio con mejores sistemas de vigilancia que fortalezcan a los guías forestales y el control efectivo de la policía. La idea es empezar con cien mil hectáreas, de las cuales la mitad son áreas forestales y comprenden reservas estratégicas.
La propuesta deja algunas dudas como quiénes están interesados en este mercado, en especial porque estas tecnologías se caracterizan por su desconfianza hacia las entidades gubernamentales. También existe la pregunta de cuál sería el plan B si no funciona esta estrategia. El Chaco argentino tiene amenazas latentes que requieren de soluciones urgentes, aseguran los expertos.
“No debe perderse de vista la importancia de que estos servicios ecosistémicos sigan estando disponibles para las comunidades locales y los pueblos originarios. Se debe asegurar que cualquier mercadeo de los mismos no afecte negativamente a esos actores en territorio”, destacan desde la Fundación Vida Silvestre.
.

Tensión por el oro blanco con comunidades originarias: "A través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas"

Fecha de Publicación: 27/03/2023
Fuente: Agencia TSS  - Info Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Nacional


Denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio en la cuenca de Salinas Grandes y continúan rechazando el avance de la minería en ese lugar. Temen que la actividad afecte la biodiversidad de la cuenca, que les impida acceder al agua y que los termine convirtiendo en "desplazados ambientales".
A 40 años del regreso a la democracia, este 24 de marzo, mientras en todo el país se recuerda a los 30 mil desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en el salar de Olaroz, en Jujuy, se realizará un Festival por el Litio, organizado por el gobierno provincial con el auspicio de algunas empresas mineras, como Exar y Allkem Sales de Jujuy. El evento se produce en medio de un clima de tensión y descontento, y es considerado como una “burla” por algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, adonde denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio.
El acuerdo fue firmado el 10 de marzo, en una asamblea extraordinaria convocada por la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, con 20 votos a favor y 4 en contra. “Pero la convocatoria fue casi en secreto y a último momento, por eso la invitación llegó a personas puntuales y participaron mayoritariamente familiares y allegados de la comisionada”, denuncia Rubén Galean, secretario de Cultura de la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo.
Además, la misma comisionada apeló a su rol como secretaria de la presidenta de la comunidad de Lipan y redactó el acta de acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes. “Ella no debería haber podido hacer eso, porque está ocupando un rol como funcionaria del Gobierno”, cuestionó Galean, y advirtió que Castillo conoce cómo trabajan las comunidades en la mesa de Salinas Grandes porque ella misma era una de las participantes y fue comunera de Lipan durante 15 años.
Desde 2012, las comunidades de esta cuenca habían elaborado sus propias pautas para el procedimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual la Argentina adhiere. Se conoce como  Kachi Yupi (se terminó de redactar en 2015), y entre otras cosas estipula que las decisiones deben tomarse por consenso entre todas las comunidades y que ninguna puede decidir de manera individual o en secreto. Por eso, el acuerdo es considerado como una “traición” y es rechazado desde que se conoció.
“Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo que le pidiéramos respuestas a la comunera de Lipan, que ella estaba en función de comisionada”, recuerda Galean, y agrega que en medio de esa presión la funcionaria se fue a San Salvador de Jujuy “como si estuviera escapando”, y que al día siguiente envió un despliegue de seguridad a toda la región. En medio de esta situación, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales, a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex.
“Estamos preocupados, el Gobierno está siendo muy represivo, silenciosamente está dividiendo a las comunidades y es una cuestión muy grave, no sabemos lo que puede pasar, si van a entrar por la fuerza, si van a poner policía, si nos van a reprender a los comuneros”, reconoce Erika Cañari, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado.
La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde. Ese día se había convocado a una reunión con el gobernador en la plaza del pueblo, adonde alrededor de 300 personas exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, y en apoyo al cuidado del agua. “En los carteles hemos expresado nuestro malestar y, sobre todo, afirmamos la lucha en este territorio y por la defensa del agua, porque a través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas. Sabemos que el sistema de explotación es muy agresivo y requiere de millones de litros de agua para garantizar la exploración del litio”, afirma Galean.
“La última vez que vino el gobernador, ni siquiera escuchó a las comunidades, solamente dijo que va a dar la consulta pero nosotros, ya en el año 2019, cuando tuvimos un problema con una minera que estaba haciendo exploración en Pozo Dulce, afirmamos que ya no queremos la consulta porque directamente decimos que no al litio”, dice Cañari, y coincide en que lo que más les preocupa es el tema del agua: “Me preocupa el futuro de nuestros hijos que están en estas comunidades, no sé qué futuro tendrán, si verán el lugar como lo vemos ahora o si tendrán que elegir entre irse y migrar, o vivir en condiciones donde no hay agua para cocinar, para tomar, para tener una vida tranquila”, sostiene.
Al respecto, el licenciado en Gestión Ambiental Gustavo Romeo, que es parte del Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, especifica que en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, los registros indican que un solo pozo de aguas subterráneas construido en los bordes del salar adonde puede haber reservorio de agua dulce otorga 240 litros por segundo para ser utilizados en el proceso de obtención de sales de litio (más de 20 millones de litros al día).
Además, advierte que hay estudios que dicen que el agua salada que se evapora para la obtención de las sales de litio alcanza valores cercanos a los dos millones de litros por día. “Desde una lógica utilitarista, se dice que el agua salada no es para consumo y por eso no hay impacto, pero es agua que forma parte de un ecosistema sumamente frágil, en un ambiente muy árido y que llegó a ocupar esos reservorios subterráneos en otras eras de nuestro planeta; es decir que, en la actualidad, la recarga de esos reservorios no se da porque no existen lluvias continuadas”, subraya Romeo.

Los salares también son humedales
El biólogo Román Baigún, coordinador del Programa Humedales Altoandinos, de la Fundación Humedales, aclara que si bien no están en contra de la mineria, está comprobado que la metodología de piletones no es compatible con la conservación de estos ambientes ni con las sociedades que los usan, especialmente en áreas protegidas o de interés especial para la conservación. “El impacto existe y hay un caso que lo acredita en Catamarca, adonde la empresa Livent secó la vega del río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto”, ejemplifica el especialista, y recuerda que las salinas son humedales por definición de Ramsar, por su conformación tanto en el suelo que depende del agua, como en la biota que está adaptada y porque se inunda en forma periódica.
Al respecto, Romeo recuerda que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y que resulta “fundamental” entender que los salares de la Puna son humedales y que “el lobby que se mueve en el territorio tratando de comprar voluntades, de avanzar con informes técnicos y de desregular los marcos que protegen a las personas y al ambiente, también se mueve por los pasillos adonde se cajonea permanentemente la Ley de Humedales”.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que los humedales altoandinos tienen roles de adaptación y mitigación en la agenda climática: “No solo cumplen roles en la regulación de ese recurso hídrico, sino que también alojan microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno”, ejemplifica la especialista, y advierte que sobre este tema es necesario contar con más información científica que sería importante poner en relieve a la hora de decidir.
Marchegiani destaca que no solo hay irregularidades y avallasamiento a las comunidades, sino también que se debe entender que el área implicada es una cuenca, y que, con esta actividad, posiblemente se vean afectadas más comunidades que las que aparecen vinculadas al permiso minero. “Romper con el equilibrio ecosistémico hídrico destruye toda la vida alrededor, que es mucha”, advierte la especialista, y agrega que hay una incompatibildad entre el derecho ambiental indígena y la forma en que está pensanda la regulación minera (que se refiere específicamente a las áreas de influencia a los proyectos, sin considerar la integralidad del sistema hídrico). Hay antecedentes judiciales, como el caso Matanza-Riachuelo, que establecen que la cuenca tiene que pensarse como un todo integral y así decidir los usos del agua, ya sean económicos, para la vida o ecosistémicos.
 
Territorios sacrificados
El 17 de febrero, el Gobierno de Jujuy aprobó un nuevo decreto ambiental minero, que establece el procedimiento por el cual se aprueban o no los proyectos. “La provincia de Jujuy arma sus propios procedimientos para un montón de cosas, y en gran medida, puede pero hay temas que no puede soslayar, hay una jerarquía constitucional de normas, con los derechos indígenas y al ambiente sano por encima. El Código de Mineria esta por debajo de la Constitución y por debajo de la norma 169 de la OIT”, sostiene Marchegiani.
Al respecto, Romeo agrega que, para poder avanzar en los territorios, las empresas, en connivencia con actores del Estado provincial y/o nacional, van avanzando y aprobando proyectos sin considerar tratados internacionales como el de la consulta libre previa e informada a las comunidades, y que tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhiere desde hace unos años y que también tiene que ver con la participación de las comunidades en aquellos proyectos que puedan llegar a alterar o afectar el ambiente. Es algo que no solo está pasando en Jujuy, sino también en Chubut y en otras partes de América Latina.
Romeo recuerda que el 23 de marzo se cumplieron 20 años del “No a la mina” en Esquel: “Eso también hay que reafirmarlo, porque muchas veces se plantea que si no quieren la explotación, qué quieren. Pero si las comunidades no quieren que se avance en sus territorios, no tienen por qué generar una justificación superadora al proyecto que se presenta para la extracción del litio”, dice Romeo, que es de Comodoro Rivadavia y participa en la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut. “No importa si dicen que la técnica no va a generar daños o pérdidas en el lugar, no importa si dicen que van a construir una salita de atención médica. Si las comunidades dicen que no, no hay que seguir avanzando tratando a las asambleas, a los pueblos y a las comunidades como si ignoraran o desconocieran, como tratando de decirles ‘en realidad ustedes no entienden, por eso dicen que no’”, agrega.
“A mayor extractivismo, menor democracia. Tiene que ver con quiénes determinan qué territorios van a ser sacrificados en nombre de una transición energética que ni siquiera vamos a ver en este Sur global que habitamos”, afirma Romeo, y concluye: “No hay posibilidad de llegar a algo semejante al desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Este conflicto, que ahora le está tocando atravesar a la comunidad de El Moreno, nos exige hablar del extractivismo desde un lado en el que no prime exclusivamente lo técnico, lo tecnológico y los atributos físicos y biofísicos del ambiente, sino también lo social, la justicia ambiental, la autodeterminación de los pueblos y, al final de cuentas, un modelo de desarrollo y un modo de elegir vivir una vida, y que debe ser respetado lo que se defina en cada uno de los de los sitios que hoy están en resistencia”.
.

Desmontes e incendios en el norte. La pérdida de bosques nativos superaría las 200.000 hectáreas en 2022

Fecha de Publicación: 13/02/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un informe de seguimiento de Greenpeace Argentina y se acerca a los datos preliminares del Ministerio de Ambiente de la Nación; la extensión dañada equivale a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires
Con los desmontes y los incendios que el año pasado arrasaron bosques nativos protegidos en el norte, el país habría perdido más de 200.000 hectáreas de esos ecosistemas de alto valor en biodiversidad y equilibro ambiental, de acuerdo con un informe de Greenpeace Argentina.
Eso equivale a una superficie 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, según advierten desde la ONG, y sucede a 15 años de la sanción de la ley que garantiza su conservación y limita su uso.
Mientras que los incendios avanzaron sobre unas 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los desmontes para el corrimiento de la frontera agropecuaria lo hicieron sobre 112.545 hectáreas en zonas protegidas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, que concentran la mayor parte (75%) de la deforestación en el territorio nacional.
“Si sumáramos el área afectada por incendios, preliminarmente se podría estimar que la pérdida de bosques por desmontes e incendios en el norte del país en 2022 superará las 200.000 hectáreas. Esto, si finalmente el dato oficial de los incendios se termina de confirmar con un ajuste de cuánto corresponde a bosques, pastizales y humedales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Coincidencias
Para el informe de este año, la organización recurrió a los datos del SNMF, a ajustar de acuerdo con la posibilidad o no de recuperación, pero que ya indican que gran parte de la zona incendiada es casi todo bosque ­–95.000 hectáreas en Salta y 25.000 en Jujuy en la selva de yungas–. Esto lo combinó con el análisis anual de los datos de desmonte generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, con imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Aun cuando la estimación de Greenpeace Argentina de 112.545 hectáreas perdidas es un 6,5% mayor que el valor preliminar para 2022 de 105.616 hectáreas que está analizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la cartera a cargo de Juan Cabandié indicaron: “Los valores de superficie de pérdida de bosque nativo en las provincias incluidas en el análisis [de Greenpeace Argentina] son similares a las obtenidas por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) que gestiona este ministerio”.
A la vez, agregaron: “Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la Ley N°26.331 [de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos] y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”.
La norma, de 2007, delega en las provincias la clasificación de sus bosques nativos, de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental y en tres categorías (roja, amarilla y verde) si se puede o no desmontar o modificar de alguna manera y, si es así, si se debe recuperar. Este ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) tienen que actualizarlo cada cinco años. De acuerdo con ese OTBN, en la mayoría de las zonas forestales (80%) de todo el país está prohibido el desmonte (categoría roja y amarilla).

Concentrados
El 75% de los desmontes para ampliar la frontera agropecuaria se concentra en las cuatro provincias del norte bajo monitoreo. “Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios”, precisa Greenpeace Argentina.
En los últimos 30 años, el seguimiento indica que se perdieron 8.000.000 de hectáreas de bosques. “La Argentina se encuentra en emergencia forestal”, ya había alertado Giardini en diálogo con LA NACIÓN hace cuatro años.
En el nuevo informe, que está disponible acá, los mapas, acompañados de fotografías, ubican la pérdida acumulada el año pasado: fueron 38.492 hectáreas en Santiago del Estero, 36.159 en Chaco, 22.664 en Formosa y 15.230 en Salta. En tanto, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fueron, respectivamente: 33.427, 32.442, 24.204 y 15.543. “Los datos finales de la superficie de pérdida de bosque nativo en 2022 -aclararon desde la cartera ambiental- surgirán del monitoreo anual que realiza la Dirección Nacional de Bosques, cuya metodología se aplica desde 1998 y permite la comparación entre años, que se encuentra en desarrollo”.
Los datos oficiales para el monitoreo de la pérdida de bosque nativo, según se explicó, surgen del SAT a través del procesamiento automatizado de imágenes satelitales cada 15 días que se obtienen de las misiones Sentinel y el Landsat 8. Las alertas generadas se validan y cruzan con los registros de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que se define por ley y registros nacionales.
“Se generan reportes que son enviados a cada provincia con las alertas y el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación (si estaba autorizado o no, instrumento que autoriza el desmonte, número de expediente y medidas a tomar en caso de los eventos ilegales, entre otros datos)”, se detalló sobre cómo se controla la implementación de la norma que protege un ecosistema de alto valor para el país.

En riesgo
“En nuestros bosques nativos, hay varias especies en peligro en extinción y el equilibrio ambiental tiene que ver con el equilibrio de las especies. Cuando se pierde una, aparecen desequilibrios en el ecosistema y el bosque, como tal, es frágil. Hay alimentos, madera, medicinas que provienen de ahí y lo estamos destruyendo”, dijo Giardini, que recorrió las áreas deforestadas.
Recordó, a la vez, que la destrucción de los bosques contribuye con la crisis climática. “La Argentina está entre los países con niveles más altos de deforestación”, indicó. Además, estos ecosistemas funcionan como “esponjas naturales”, lo que ayuda a la regulación hídrica con la protección del suelo. Citó un estudio del INTA que demostró que una hectárea de bosque chaqueño absorbe 10 veces más lluvia que una hectárea con soja.
¿Se puede recuperar un área de bosque deforestada? Sí, de acuerdo con Giardini. Si no se interviene en el corto plazo, según continuó, el suelo sin nutrientes y expuesto a la erosión por el sol o la lluvia (hídrica) o la salinización, ya es difícil de recuperar.
“El bosque es más que árboles –insistió en diálogo con LA NACIÓN–. Es una conjunción también de plantas y arbustos en convivencia de una enorme variedad de especies animales. Su destrucción puede subir 2°C la temperatura local, más allá de la crisis climática global.”

Cuánto dinero se asigna a proteger los bosques
$6237 millones fue la asignación presupuestaria en 2022 a la Ley N°26.331. En 2019, había sido de $596 millones
$6944 millones en concepto de fondos y bienes es lo que la Nación le transfirió a las provincias este año. En 2019, había sido $264 millones
.

Según Greenpeace, en 2022 se desmontaron más de 36 mil hectáreas en el Chaco

Fecha de Publicación: 06/02/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Así lo revela el informe anual de la organización, donde se indica la "ilegalidad" de los desmontes ya que "se encuentran suspendidos por la justicia chaqueña desde 2020".  
El informe anual 2022 que elabora Greenpeace Argentina sobre deforestación en el norte del país indica que en esta región el desmonte alcanzó a 112.545 hectáreas, de las cuales 38.492 pertenecen a Santiago del Estero; 36.159 hectáreas al Chaco; 22.664 hectáreas a Formosa y 15.230 hectáreas a Salta.
El documento apunta a la "ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
En ese sentido, la organización considera "muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas de bosques nativos".
Además, califica como "grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido".
"Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos", destaca Greenpeace en su informe anual.
Para la organización ambientalista "Argentina se encuentra en emergencia forestal", ya que "según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2021 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa".
Indica así que "aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa". Sobre todo –marca- en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Más de 200 mil hectáreas en el Norte
En cuanto a los incendios forestales y rurales ocurridos durante 2022, los informes oficiales que recoge Greenpeace en su reporte destacan a Salta con cerca de 95.000 hectáreas y Jujuy con aproximadamente 25.000 hectáreas quemadas.
Así, en forma preliminar, indica que "la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas".
"Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios", advierte el informe.
En esa línea, agrega: "Estamos ante una emergencia climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades".
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que, en forma urgente, se prohíban y penalicen tanto los desmontes como los incendios forestales.
 
Las principales causas de la pérdida de bosques
Según Greenpeace Argentina, las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
"Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática", agrega el informe.
Recuerda, además, que "la sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas".
"Tras quince años de implementación de la normativa, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales (Categorías I, Rojo y II, Amarillo)", resalta.
"Sin embargo –continúa-, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas clasificadas en la Categoría III, Verde, donde se permite solicitar permisos de desmonte".

Modificaciones
Por otra parte, Greenpeace sostiene que "algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte".
"Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, que según la reglamentación de la norma debe hacerse cada 5 años de manera participativa", acota el reporte.
En tanto, la organización alerta: "Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales".
Por último, se aclara que el presente informe "revela la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2022 en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta". "Es importante aclarar que no se incorporaron al relevamiento satelital las superficies de bosques nativos que fueron afectadas por incendios", concluye.

La afectación por incendios forestales
Según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
Cabe aclarar que se considera incendio forestal al "fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y sin estar sujeto a control humano. Cuando afecta zonas no boscosas ni aptas para la forestación, se incluye el término incendio rural, (…) afectando vegetación del tipo matorrales, arbustales y/o pastizales". Mientras que los incendios de interfase "se desarrollan en áreas contiguas urbanas-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras edilicias tales como viviendas, establecimientos agrícolas, etc".
En cuanto a las causas, se estima que "el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación".
.

Gran Chaco: la deforestación avanza sobre un bastión clave de la biodiversidad argentina

Fecha de Publicación: 27/12/2022
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un pequeño cambio propuesto en un ley ambiental provincial podría asestar un golpe mortal al segundo pulmón verde de Sudamérica. La gestión del bosque combina impunidad con genocidio ecológico
Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.
Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.
El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).
La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.
“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.
Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.
A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte
De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.
“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.
Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.
Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos
El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.
“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.
El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas
Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.
Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.
El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.
“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.
.

Preocupación por otra presunta contaminación del Pilcomayo

Fecha de Publicación: 25/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Aunque la empresa sostuvo que sí hicieron las consultas, un dirigente del Pueblo Weenhayek en Bolivia negó que se hayan realizado.
La detección de un color extraño en las aguas del río Pilcomayo a la altura de Villa Montes, en el Estado Plurinacional de Bolivia, preocupó nuevamente a las comunidades indígenas de la zona, que denunciaron esta situación.
La novedad se conoció el viernes último cuando el diario El Deber, de Bolivia, informó que el representante de la Asociación de Pescadores del Pueblo Weenhayek, Francisco Nazario, había reportado "un derrame de hidrocarburos por la rotura de un ducto proveniente desde el campo Los Suris".
Shell Bolivia Corporation (SBC) aclaró ayer mediante un comunicado que lo ocurrido fue consecuencia de las actividades de abandono programadas, una vez concluido el contrato de operaciones de la Planta de Gas La Vertiente, ubicada en Villa Montes, en el departamento Tarija. La empresa declaró que realizó "pruebas hidráulicas en las líneas de flujo que cruzan el río Pilcomayo para proceder a su abandono de manera adecuada y definitiva".
La firma indicó que el 19 de agosto, en coordinación con "YPFB realizó dichas pruebas en una línea de recolección de gas que cruza el Río Pilcomayo y que se encuentra fuera de operación desde el año 2019". Explicó que el objetivo "era realizar una prueba hidráulica con trazador (colorante biodegradable de fácil identificación visual), en una línea de recolección de 8 pulgadas para lograr así el abandono definitivo de la misma en los próximos meses. Como la línea se encontraba sin uso hace tres años, no genera ningún tipo de riesgo medioambiental".
La empresa añadió que antes de estos trabajos se comunicó a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Weenhayek y las concesiones pesqueras de la zona, que "dieron su autorización para proceder e, incluso, participaron de la prueba con sus respectivos monitores socio-ambientales".
Sin embargo, el Pueblo Weenhayek desmintió esta afirmación. "Me consta que ellos no han mencionado nada, ni comunicado nada, hasta que la gente reaccionó. Tal vez lo dijeron a algunas personas pero no a la Nación", dijo a Salta/12 el capitán grande de la Nación Weenhayek en Bolivia, Pablo Rivero. Sostuvo que en total son 180 comunidades que conforman esta Nación y que las consultas deberían haberse dirigidas a las autoridades reconocidas, y convocar así a una audiencia pública para poner en conocimiento los trabajos a realizar. Esta versión contrarresta la de Pablo Pérez Saqueo, quien en otros medios dijo ser el capitán grande de esta misma Nación y haber autorizado, junto a algunas comunidades afectadas por el emprendimiento, que la empresa realice los estudios.

"No es un vecino nuevo"
Rivero indicó que la SBC "no es un vecino nuevo", dado que en 2001 se firmó un convenio por el cual se debe pagar a su Nación unos 180 mil dólares anuales por tener los pozos petroleros en su territorio. Las comunidades ribereñas de la zona se dedican a la pesca del sábalo, un producto de consumo masivo en el país vecino.
El convenio firmado hace más de dos décadas, indica que la empresa debe atenerse a lo dispuesto en la legislación boliviana realizando las consultas públicas necesarias. Ante situaciones de alerta como la actual además se debe "poner en conocimiento a las comunidades", y "no esperar que las comunidades se den cuenta por sí mismas de que algo sucede".
Rivero también ratificó las denuncias de Nazario al indicar que en las aguas estancadas hay momentos en los que salen burbujas, y entienden que es un escape de las cañerías. La empresa, por su parte, afirmó que por esos ductos que ahora evalúan se transportaba gas y no petróleo.
Las zonas argentinas más cercanas al lugar en donde se encontró este raro color en el agua son La Puntana y Santa María, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, del departamento Rivadavia.

Reunión de la Comisión Tripartita
Esta denuncia se suma a la que se analiza por el colapso del dique de colas que se generó entre el 22 y 23 de julio pasado en Agua Dulce, Potosí, que se teme pueda contaminar las aguas del cauce trinacional. Según se pudo conocer, para hoy se prevé una reunión de la Comisión Trinacional del Pilcomayo para tratar ambos temas y continuar con el pedido de informes.
Por otro lado, Rivero informó que para hoy también se espera la presencia de las autoridades de los ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia, además de ejecutivos de la Shell.
.

La deforestación en el norte del país se convirtió en un ecocidio

Fecha de Publicación: 01/08/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional


Riccardo "Dardo" Tiddi es Físico y Técnico en Imágenes Satelitales y Lauxo Karina Alonso es integrante del Pueblo Qom y docente de la Escuela Bilingüe Cacique Pelayo de la localidad de Fontana. Forman parte de Somos Monte Chaco, una asamblea conformada por vecinos y organizaciones sociales. El Gran Chaco Americano es una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas. La principal causa de esto es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa.
"El Gran Chaco -Argentina, Bolivia y Paraguay- en los últimos 13 años, ha perdido una cuarta parte de todos los bosques y el equivalente se había perdido en las décadas anteriores. Este ritmo no está disminuyendo, por lo cual es posible que de acá a 2050 su bosque deje de existir. Van a quedar los bosques de algunas reservas, parques, comunidades indígenas, pero el resto va a volar. Este escenario es escalofriante para quienes vivimos acá, pensar que cuando vamos a tener 70 años no va a quedar nada, da miedo", nos adelanta Riccardo sobre la urgencia de la problemática.
"La primera reacción es ver lo que hacen las empresas, donde hay muchos episodios de corrupción, actúan en contra de la Ley de Bosques abiertamente. Y el otro interlocutor es el Gobierno, pero particularmente con los locales es muy difícil tener confianza, su palabra no tiene ningún valor, firman acuerdos que al día siguiente no cumplen. Y cuando vemos que no son de confianza, recurrimos a la Justicia pero ahí también vemos que hay intereses muy poderosos que bloquean o ralentizan el actuar de la Justicia", denunció y agregó: "Los únicos actores de confianza, serios y comprometidos en la defensa de los bosques son las comunidades locales, las campesinas, las indígenas, a pesar de la presión que reciben".

Lo más urgente
Dardo explicó que hace unos 10 días se enteraron que "el Ministerio de la Producción de Chaco presentó un nuevo mapa actualizado del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que plantea la Ley Nacional de Bosques. Un grupo de empresas y funcionarios, a puertas cerradas, han decidido hacer un mapa que consideramos regresivo y completamente ilegal, donde se pasó de categoría "amarilla" a categoría "verde" amplias regiones en El Impenetrable.
La urgencia es visibilizar esto para que la Justicia actúe. Estamos siguiendo dos juicios abiertos en contra del Estado provincial por la mala gestión de los bosques".
Las categorías "verde" y "amarilla" que menciona Riccardo Tiddi corresponden a la zonificación que establece la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007. La Categoría I (rojo) es para los sectores de un alto valor de conservación que no deben transformarse; la Categoría II (amarillo) es para los sectores de mediano valor de conservación, es decir, zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un alto valor de conservación y usarse para prácticas sustentables; y la Categoría III (verde) es para los sectores de bajo valor de transformación que pueden transformarse parcial o totalmente, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la llegada del yaguareté a la Corte Suprema de Justicia, Dardo explicó: "Es una buena noticia que a nivel federal se esté encarando el juicio, porque el animal de alguna forma viene a hacernos de paraguas para la situación local que es muy complicada".
En Chaco, por la falta de controles, siguen los desmontes a pesar de estar suspendidos por la justicia provincial: "Disminuyó la deforestación respecto a un año atrás, pero deberían ser cero", contó Tiddi.

La (no) participación en las decisiones sobre el bosque
"Las comunidades están desinformadas de lo que ocurre y ahí es donde está fallando este proceso que debería ser participativo. La participación no se está cumpliendo", dijo Riccardo. Y agregó: "Nosotros estábamos participando, pero para que haya real participación se necesita que haya información. Y cuando en el año 2020 empezamos a hacer pedidos de informes al Gobierno y en particular a la Dirección de Bosques para preguntar cuáles eran los permisos que se habían otorgado o donde había terminado la madera, cosas que ellos tienen que conocer por Ley, no nos brindaban, nos cerraban las oficinas".
"En el nuevo mapa que presentaron, muchos de los campos que han sido desmontados ilegalmente en zona amarilla, pasan a categoría verde. En lugar de decir "tenemos 192 mil hectáreas de desmonte ilegal", blanquean la situación. Esto es inaceptable", finalizó Tiddi.

El surgimiento de "Somos Monte Chaco"
"Varios amigos y yo vivíamos en El Impenetrable y nos empezó a dar impotencia la situación de ver pasar todos los días varios camiones de maderas. Investigamos y aprendimos que existía una Ley Nacional de Bosques. Empezamos a capacitarnos, a invitar más gente como abogados que nos explicaron cómo funcionaba la Ley y conformamos un espacio que después se convirtió en la asamblea permanente de "Somos Monte Chaco", a principios del 2019", cuenta Riccardo en las afueras de Resistencia.
 Y agregó: "En El Impenetrable constantemente escuchábamos voces y quejas de gente que no daba más. Episodios de violencia o estafa, y en lo que se dice mal llamado "interior" es muy difícil hacerse escuchar, no sólo por las presiones, sino que también porque no hay medios de comunicación o visibilidad. Por eso llegamos a Resistencia, para abrir una puerta en la ciudad donde se toman decisiones. Era importante conectar estos dos mundos, porque muchos han olvidado o no conocen lo que es la realidad del campo y el bosque".
.

Presentaron una aplicación de celulares para monitorear yaguaretés

Fecha de Publicación: 27/03/2021
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


A pesar de su gran tamaño, los yaguaretés son prácticamente imposible de ver en forma directa, por eso, los científicos y conservacionistas deben rebuscárselas para conocer a ciencia cierta por dónde se mueven estos magníficos felinos.
El desafío se aborda de dos maneras, instalando cámaras con sensores en las selvas para fotografiarlos cuando pasan, lo cual es muy costoso y/o registrando sus huellas, algo más fácil pero que requiere de un aspecto muy importante: saber exactamente el sitio y fecha donde fueron halladas.
Para eso, los expertos de la Red Yaguareté, que han desarrollado un Programa de Monitoreo Poblacional de la especie en todo el norte del país, lanzaron una aplicación de celular que permite que cualquier persona, cuando se encuentre una huella del gran felino americano, tome fotos y las envíe de manera muy sencilla, aún cuando no cuente con señal de internet, algo frecuente en las alejadas áreas donde habitan los últimos 250 ejemplares de la especie.
«Creamos esta App para abrir la posibilidad de registro de presencia de yaguareté a toda la población; chacreros, ganaderos, avistadores de aves, guardaparques, turistas, etc. podrán utilizarla y aportar información. Es gratis, muy sencilla y además, al usarla pueden ganar premios excepcionales», señalan desde la organización yaguaretera.
En efecto, la aplicación -que puede bajarse de Play Store- funciona aún cuando no se cuenta con señal de internet, tiene una guía de como tomar las fotos para que tengan valor científico y utilizando el gps del celular proporciona la ubicación exacta de donde se toman los registros.
La llamada ciencia ciudadana crece día a día y consiste en la posibilidad de abrir a toda la población la posibilidad de participar, en este caso, aportando datos de presencia de yaguaretés con una metodología sencilla pero científicamente válida.
.

¿Por qué avanza la deforestación en el Chaco argentino?

Fecha de Publicación: 14/10/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Norte Argentino

La deforestación avanza sin freno en el Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de Sudamérica, incluso durante la pandemia de COVID-19. Solo en el primer mes de cuarentena (entre marzo y abril de 2020), este ecosistema perdió más de 6500 hectáreas de bosque.
Este daño es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina se ubica el 60 % del ecosistema del Gran Chaco. Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, el 80 % de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional se concentró en este bosque.

Esto significa que el Chaco argentino perdió unas 5 millones de hectáreas en los últimos veinte años.

Solo el 4 % de las 60 millones de hectáreas que ocupa este ecosistema está catalogado como área protegida. Esta falta de protección ambiental ha permitido que la frontera agrícola y ganadera se expanda a niveles inimaginables, que se fragmente el hábitat de las especies y que muchas de ellas queden aisladas por la falta de corredores biológicos que las conecten.
.

Deforestación en el Chaco Argentino: un estudio del CONICET advirtió sobre el impacto de la expansión agropecuaria

Fecha de Publicación: 21/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Científicos del Conicet realizaron un estudio para medir las pérdidas de los servicios ecosistémicos producidas por la expansión agropecuaria, responsable del reemplazo de ecosistemas nativos por cultivos anuales y pasturas, en la región del Chaco Argentino. El objetivo, indicaron los investigadores, es la "toma de conciencia de los impactos negativos que la actividad tiene para la población y para sus propios negocios", así como "generar material accesible –datos y mapas detallados- para organizaciones que trabajan en el ordenamiento ambiental del territorio".
El estudio fue publicado en el Journal of Applied Ecology por los investigadores del Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales (GEAP) María Paula Barral, Sebastián Villarino y Matías Mastrángelo, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMPD y al Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible con sede en la Estación Experimental Balcarce (IPADS Balcarce- INTA, CONICET), junto con otros científicos del Departamento de Geografía de la Universidad Humboldt de Berlín.
En él cuantificaron y cartografiaron las pérdidas de servicios ecosistémicos que se produjeron en toda la región del Chaco Argentino --este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de San Luis, Córdoba y Santa Fe, todo Chaco, Santiago del Estero y Formosa-- entre 1985 y 2013.
Para entender cómo las actividades económicas comprometen la calidad de vida de la población y la base de recursos naturales que sostiene a esas mismas actividades económicas, de la investigación participaron especialistas de distintas disciplinas, como la ecología y la agronomía.

¿Qué son los servicios ecosistémicos?
Los servicios ecosistémicos son "todos aquellos procesos que forman parte de los ecosistemas y que brindan un beneficio para los seres humanos", como la filtración de contaminantes, el reciclado de la materia orgánica y la provisión de madera.
Estos servicios, indicaron los investigadores, pueden ser medidos en diferentes momentos y lugares del territorio a través de protocolos, modelos y datos que permiten evaluar su estado y tendencias de cambio. El estudio del Conicet, en ese sentido, es el primer análisis de este tipo que se traduce en mapas y cifras concretas sobre las pérdidas en varios servicios ecosistémicos del país.
“Este estudio era muy necesario porque hasta el momento conocíamos cuántos bosques y pastizales nativos se pierden cada año en cada una de las provincias de la región, pero no sabíamos dónde y cuándo esas pérdidas tienen más impacto sobre la capacidad de los ecosistemas para, por ejemplo, prevenir inundaciones y regular el clima”, explicó Matías Mastrángelo, uno de los científicos del Conicet que llevó adelante la investigación.
“En la región del Chaco Argentino nos interesó conocer, entre otras cosas, el efecto del reemplazo de los bosques por cultivos sobre la capacidad del ecosistema para prevenir inundaciones, porque es un problema grave y recurrente para la población y los productores de esta región. Esta misma metodología se puede usar para evaluar los procesos ecológicos que subyacen a otros problemas ambientales del país”, detallaron los especialistas.

¿Qué puede aportar este estudio?
“Nuestra intención es que la información provista impacte sobre la realidad”, señaló Mastrangelo. Para ello, el grupo de investigación acercó la información relevada a los productores agropecuarios de la región mediante talleres que buscaban concientizar sobre los costos ambientales y sociales que es necesario tener en cuenta al momento de evaluar la contribución que la actividad agropecuaria realiza en el desarrollo local, regional y nacional.
“Buscamos que haya una toma de conciencia de los impactos negativos que su actividad tiene para la población y para sus propios negocios, y los consideren al momento de tomar decisiones sobre el uso de los ecosistemas en las tierras que manejan”, indicó el investigador.
El objetivo de este estudio, además, fue generar material accesible –datos y mapas detallados- para organizaciones que trabajan en el ordenamiento ambiental del territorio, sean o no gubernamentales, que sirva como insumo para sustentar reclamos y generar propuestas de planificación tendientes a reducir los costos ambientales y sociales de la actividad agropecuaria en el Chaco Argentino.

¿Cómo se hizo el estudio?
Para la realización del estudio, los científicos del Conicet utilizaron un protocolo de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos desarrollado por el GEAP denominado ECOSER, que contiene "modelos alimentados con series de tiempo de datos de tipos de vegetación complementados con variables climáticas, tipos de suelos, topografía, entre otras". 

.