Piden la detención e indagatoria de un empresario forestal por violar la cautelar que frenó los desmontes

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado Federal la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por cinco hechos de desobediencia judicial a la medida cautelar que suspendió por seis meses los desmontes en la provincia del Chaco. Vale recordar que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como "Mafia del desmonte" impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal Nº 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en la provincia del Chaco.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a la localidad de Tres Isletas. En la tarea llevada a cabo en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestra de una topadora. Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
No obstante, en el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraba avalados por el mismo, por lo cual eran “ilegales”. Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024.
El último de los hechos imputados está vinculado a que el empresario Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales. Además, advirtió que no debe soslayarse que “su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación” que lleva adelante la Fiscalía Federal.
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La trama detrás de las miles de hectáreas que compraron multimillonarios árabes en la Patagonia

Fecha de Publicación: 28/03/2025
Fuente:Newsweek
Provincia/Región: Patagonia


En el corazón de la Patagonia argentina, entre montañas, bosques vírgenes y ríos de deshielo, un ambicioso proyecto avanza casi en silencio. En una zona remota de Río Negro, los intereses de la realeza qatarí dieron forma a una megaestructura que combina lujo, energía y naturaleza.
Todo comenzó en 2017, cuando la empresa Baguales Acquisitions S.A., con vínculos directos con la corona de Qatar, adquirió estas tierras a manos del grupo belga Burco.
La zona, conocida por su atractivo turístico de alto nivel, ya contaba con un exclusivo centro de esquí. Pero los nuevos dueños no se conformaron con eso: iniciaron la construcción de una residencia privada de lujo para el emir, enclavada en la mesada Baguales, a escasos kilómetros del cerro Carreras.
Además de la mansión, el plan incluye la instalación de tres centrales hidroeléctricas en el arroyo Baguales, destinadas a abastecer de energía al complejo. En 2019, el gobierno provincial autorizó el uso de agua de dominio público para este fin, aunque no se difundieron los detalles sobre el posible impacto ambiental. Así, el proyecto se sumó a una lista creciente de inversiones qataríes en el país, como las iniciativas de exploración offshore que desde 2019 desarrollaron junto a Shell.
El misterio sobre el monto total de la inversión persiste, pero lo que sí está claro es que se trata de un enclave de difícil acceso, ubicado a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde también avanza un desarrollo inmobiliario exclusivo. Este sitio, diseñado como refugio de lujo, ofrece una vista privilegiada de la cordillera de los Andes y está rodeado por un entorno natural protegido.
El componente energético del proyecto ha llamado la atención, no solo por la construcción de las hidroeléctricas, sino también por el control de los recursos hídricos en una región donde este tema es especialmente sensible. Aunque se han presentado informes oficiales, los detalles técnicos siguen siendo limitados y el hermetismo alimenta el debate público sobre el impacto ambiental y la propiedad de tierras en zonas estratégicas.
Mientras tanto, la presencia de la familia real qatarí en la Patagonia despierta preguntas que van más allá del turismo o las inversiones privadas. ¿Qué otros intereses se tejen detrás de esta imponente infraestructura? ¿Cuánto poder representa el control de miles de hectáreas en uno de los rincones más puros del país?
El tiempo y las decisiones políticas dirán si este megaproyecto se convierte en un modelo de desarrollo o en un símbolo de desigualdad territorial.
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Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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“Se han derribado cientos de árboles y el suelo serrano removido es masivo”

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis

Lo afirmó la Asociación Juvennat tras una recorrida por el lugar del desmonte. Detallan el daño ambiental. Presentarán una nota al Concejo Deliberante junto otras asociaciones y piden a los nueves concejales “tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria”.
“Desde la década de los años noventa, la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en la localidad de Merlo, siendo en esa época cuando surgen las “Zonas T”, las cuales, poco después, fueron incorporadas, a la Ordenanza 744/00.  En este contexto, surge la pregunta:
¿Cómo se justifica lo ocurrido en la zona ubicada en el pedemonte al noreste del Barrio Los Nogales?
La solicitud, para realizar una ´limpieza baja’, debe encender las alertas de las autoridades competentes, quienes deben informar de manera inmediata al Co.A.M.A. acerca de dicha petición. Es precisamente esta entidad, constituida hace más de 30 años, la que debe intervenir en el asunto, ya que está compuesta por las fuerzas vivas de la comunidad, así como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) y Concejales.
La zona T4, que corresponde a la Reserva Natural protegida de la Sierra de los Comechingones, está regida por la Ordenanza 744/00, y en su artículo 2.3.8.4., establece que únicamente se permiten paseos serranos y senderos peatonales. Con permisos estrictos, se podrían habilitar paradores y refugios, los cuales deben estar construidos con materiales autóctonos, respetando las costumbres y usos locales, y utilizando técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, siempre en completa armonía con el entorno natural.
Sin embargo, lo que se observa actualmente en la zona, es totalmente opuesto a las disposiciones legales: cientos de árboles y arbustos-arbóreos han sido derribados, la remoción del suelo serrano es masiva y, en el caso de la arteria principal, que se extiende a lo largo de 500 a 600 metros lineales, ‘al acompañar la pendiente se torna fácilmente erosionable’, en algunos tramos, tiene más de 20 metros de ancho (cabe recordar que la ley estipula que se deben permitir únicamente ‘senderos peatonales’). A pesar de ello, se le solicita al propietario y por segunda vez, que presente un Plan de Gestión Ambiental y los estudios de Impacto Ambiental, solicitando ‘detalles de la obra’. Allí surge la duda: ¿a qué obra se hace referencia?”
Es por todo lo expuesto que, el sábado 1° de marzo, la A. Juvennat, intentó presentar una nota de urgencia al Honorable Concejo Deliberante (HCD), sin embargo, fuimos informados por fuentes alternativas que dicha nota no podría ser recibida sino hasta el próximo miércoles 5 de marzo. Esa nota será acompañada por otras organizaciones intermedias de la comunidad. A través de la misma, se solicita a los nueve concejales actuales que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria.
En momentos tan delicados como el actual, debe prevalecer ‘la independencia del edil en la decisión’, ya que la situación que atraviesa nuestra comunidad turística se caracteriza por graves problemas ambientales, los cuales no solo afectan la economía local, sino, lo que es aún más relevante, la calidad de vida de los residentes. Esperamos que la comunidad reaccione de manera consciente y se sume al esfuerzo por esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestro entorno”.

Más Información:

Concejales de la oposición exigen sanciones y rendición de cuentas por el desmonte en Los Nogales
Impulsan "una investigación exhaustiva" para determinar las responsabilidades y exigen la restauración del área afectada, entre otras medidas.

Frenaron el desmonte entre Los Nogales y el Chumamaya
Así se informó a través de un comunicado oficial de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Villa de Merlo. Exigen a los titulares del predio que presenten un estudio de impacto ambiental.
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La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Chaco


La Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco. Esto implica acciones concretas de fiscalización, por lo que la Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024. Por RedEcoAlternativo
Esta medida fue lograda a partir de la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y representa – en palabras de la Asociación – “un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte”.
“La jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales”, afirman desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, advierten.
Para la Asociación, la prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco “es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”: “La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo”, finalizan.
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Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
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Incendios en la Patagonia: en 2024 sólo se ejecutó el 22% del presupuesto destinado al manejo del fuego

Fecha de Publicación: 12/02/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Los incendios volvieron a golpear con fuerza a la Patagonia este fin de semana. En El Bolsón, Río Negro, las llamas se descontrolaron y obligaron a evacuar más de 1.500 viviendas en zonas amenazadas por el fuego. Pero este no es un caso aislado: los incendios llevan semanas sin dar tregua en la región, en una escena que se repite cada verano.
En este momento, también hay importantes focos en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), el Parque Nacional Nahuel Huapí (Río Negro), Epuyén y Atilio Viglione (Chubut). La situación no se limita al sur del país: existen incendios activos en Corrientes, agravando la crisis ambiental y movilizando a brigadistas y bomberos de la zona.
¿Qué está pasando con los fondos para el manejo del fuego en el gobierno de Javier Milei? ¿Cuántos fondos dispone el proyecto de Presupuesto 2025 para combatir incendios? ¿Cuánta superficie se incendió en 2024 y qué está pasando en 2025? Te lo contamos en esta nota.

Los fondos subejecutados para el Manejo del Fuego en 2024
El programa más importante para el combate del fuego a nivel nacional es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que a partir del 30 de diciembre último depende de la cartera de Seguridad nacional que dirige Patricia Bullrich. Estos fondos sirven tanto para la prevención como para el combate de los incendios. El SNMF presta asistencia cuando las jurisdicciones provinciales lo solicitan, brindando personal capacitado, recursos logísticos y operativos, y medios aéreos para combatir los incendios.
Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado, en 2024 se ejecutó un 22% del presupuesto anual para el SNMF.
A inicios de 2024, el monto inicial que contemplaba el presupuesto nacional para el SNMF era de $12.107 millones, como explicamos en esta nota, y entre abril y agosto se había ejecutado un 40%. Pero tras los incendios producidos en Córdoba de octubre del año pasado, se realizó una ampliación presupuestaria que elevó el presupuesto del SNMF a $33.343 millones. A diciembre, se ejecutaron un poco más de fondos, pero porcentualmente la ejecución presupuestaria bajó de un 40% a un 22%.
Además, en términos reales -es decir, contemplando el efecto de la inflación- en 2024 se ejecutó un 81% menos de fondos que en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).
Para 2025, el presupuesto indica más de un 200% de aumento. Sin embargo, en términos nominales es la misma cifra con la que terminó el presupuesto ampliado de 2024, y los fondos fueron subejecutados, por lo que resta evaluar un par de meses para ver cómo se ejecutan esos nuevos fondos.

Más de 3 mil focos en lo que va del año, el triple que en el mismo período de 2024
A nivel nacional, no existen datos oficiales disponibles sobre las hectáreas incendiadas en 2025. Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad sobre los focos activos y el tamaño de la superficie afectada, pero no tuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.
Existen datos alternativos para reflejar esta problemática. Según un monitoreo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, al 1 de febrero último existían al menos 16 mil hectáreas incendiadas, tan solo en Río Negro y Chubut.
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, hasta el 9 de febrero de 2025 existieron 3.067 focos de incendios detectados, 3 veces más que en ese mismo período en 2024 (1.001). Santa Fe tuvo más de 600 focos de incendios en lo que va del año y Formosa, 428. En el ranking le siguen Corrientes, con más de 400 focos de incendios; Chaco, con 366; Río Negro, con 338 y Neuquén, con 250.
Además, según datos del INPE, el 30% de los focos en lo que va del año ocurrieron en la semana del 3 al 9 de febrero.
También existen estadísticas provinciales. En Chubut, los incendios de 2025 empezaron el 15 enero último, en cercanías de Epuyén, iniciándose en la zona de bosque y avanzando luego sobre la localidad, lo que motivó la evacuación de al menos 200 familias. Hasta el jueves 6 de febrero, el Servicio Provincial de Manejo contra el Fuego informó que el evento está activo pero controlado y ya consumió un total de 3.530 hectáreas, entre bosques nativos, arbustos, matorrales y pastizales. Otros focos afectan también a la localidad de Atilio Viglione, y a El Pedregoso -ya reducido-.
Por su parte, en El Bolsón, Río Negro, los incendios afectaron al menos 3.392 mil hectáreas al 9 de febrero último, según datos del Gobierno de Río Negro. En el Parque Nacional Nahuel Huapí son cerca de 10 mil las hectáreas incendiadas hasta el 7 de febrero. En el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, el fuego arrasó más de 2.651 hectáreas.
Los incendios en la Argentina no solo afectan a la Patagonia. El subsecretario de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Bruno Lovinzon, informó que en lo que va del año se quemaron 227 mil hectáreas en la provincia. “En febrero se encendieron más de 100 mil hectáreas  y más de 127 mil se quemaron en enero. Estamos en un 20% de los incendios que hemos tenido  en otras temporadas”, sostuvo.
En Jujuy, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, reconoció que, ante las altas temperaturas, la sequedad y las proyecciones climáticas que manejan desde la cartera ministerial este año podría ser una temporada más severa de lo que fue 2024 donde no hubo grandes incendios ya que el volumen de bosques nativos ha sido “muy bajo”.
Desde el Gobierno nacional dicen que están trabajando con las provincias afectadas. Según aseguró en un tuit el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en la Patagonia se desplegaron “9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF, 15 brigadistas de la PFA, 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos”. También, “7000 millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut y 5000 millones de pesos a Río Negro para la reconstrucción de viviendas”.

Cerca de 32 mil focos en todo 2024
Por su parte, en todo el año pasado existieron 31.604 focos de incendios en todo el país, contra más de 26 mil en 2023, según datos del INPE.
Tampoco existen datos oficiales de las hectáreas incendiadas para todo 2024. Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad y realizó un pedido de acceso a la información para conocer la superficie quemada en todo 2024, pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota.
Durante 2023, el fuego afectó al menos a 500 mil hectáreas en todo el país, un número menor que 2022 pero mayor que en 2021.
De todos modos, existen algunos datos que revelaron las provincias. Según datos del Ministerio de Ambiente de Jujuy, en la provincia norteña hubo 468 incendios en 2024, que afectaron más de 233 hectáreas. De acuerdo con la cartera de ambiente provincial, la mayoría de los incendios fueron intencionales. La situación fue peor que en 2023, cuando se incendiaron 2100 hectáreas en 335 incendios.
En Córdoba la situación fue un tanto peor. Se incendiaron 103.327 hectáreas en todo 2024, y en lo que va de 2025 ya se incendiaron, al menos, 560.
En Chubut, según datos oficiales recogidos por ADNSUR, más de 106.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por el fuego entre 2001 y 2022 en todo el país y el 59% de todas esas hectáreas quemadas fue en suelo chubutense.

El 95% de los incendios son intencionales
El factor más importante para la producción de incendios es el humano. Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.
Según los especialistas, además existen algunos factores naturales que contribuyen a esta situación, a pesar de que no son la causa principal de lo que está ocurriendo, como el cambio climático, ya que factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, generando condiciones de mayor inflamabilidad del paisaje.
“La aparición de incendios es más frecuente cuando se cumple la regla de los 30. Más de 30 grados de temperatura, más de 30 km por hora de viento y menos de 30% de humedad relativa. Los incendios en la Argentina ocurren durante todo el año, porque las temporadas de incendios varían según ecorregiones. En verano obviamente es más fácil llegar a esta regla de los 30 en muchas más regiones, por eso en verano el problema no es tanto la mayor cantidad de incendios sino la simultaneidad en todo el país”, explicó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, en diálogo con Chequeado.
“El cambio climático que atravesamos hace más severos y extremos los procesos de inundaciones o sequías, y eso aumenta el riesgo de los incendios y lo voraces que pueden ser”, explicó en esta nota Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y agregó: “A esto se suma la insuficiente aplicación de las normativas ambientales, la falta de ordenamiento territorial y de control territorial efectivo. 

Más Información:

Tiempo Sur. Denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por los incendios en la Patagonia
La acusación, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, señala presuntos delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e infracción a la Ley de Manejo del Fuego”, en el marco de los incendios que devastan la Patagonia.
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Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
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Tras las denuncias de apeo ilegal, concientizan sobre la preservación de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/01/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Desde el Ministerio de Ecología resaltan las normativas para el cuidado del medioambiente con las que cuenta Misiones y la labor conjunta con diversas áreas dentro de la cartera. Por otro lado, guardaparques consultados sostienen la falta de recursos humanos para evitar delitos ambientales
Misiones es rica en reserva natural, y dentro del 52% de biodiversidad con la que cuenta la tierra colorada, hay varias reservas de árboles nativos. En este sentido, Misiones cuenta con una Ley Provincial (XVI N° 29) que establece el sistema de áreas naturales protegidas, que hace de interés público la conservación de los ambientes naturales y sus recursos. Está Ley tiene la obligación de velar por el cuidado de la integridad, defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos.
En ese marco, el Ministerio de Ecología realizó una denuncia por el apeo ilegal de más de 80 árboles de especies nativas y robo de madera en el Parque Provincial Piñalito hace días atrás, y donde recientemente se conoció que una familia de Eldorado denunció ante el Ministerio un desmonte no autorizado en su propiedad lindante al Parque Provincial Esmeralda. Se presume que también habrían apeado árboles dentro del parque, zona núcleo de la Reserva de Biósfera Yabotí.
Mateo Sosa, titular de Control Forestal que depende de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología de Misiones, aclaró que “desde la cartera se lleva adelante todo el control y fiscalización fuera de áreas naturales protegidas. Es decir fuera de los Parques Provinciales”.
En diálogo con El Territorio manifestó que “fue muy importante contar con todos los registros que lleva la Dirección de Bosques Nativos, ya sea registro de industria, guías, movimiento de madera, camiones, para reunir toda la información y poder dar con el destino de las maderas extraídas del Parque Provincial Piñalito”. Seguidamente, sostuvo que la tarea de Control Forestal “para evitar que esta ilegalidad ocurra es la fiscalización de todo el movimiento de la madera. Toda la madera nativa que circula está legalmente autorizada y registrada”.  
Por su parte, Roni Rosa, guardaparques provincial, repasó la labor de los guardaparques y lamentó “la extracción ilegal de árboles nativos que amenaza con la biodiversidad misionera”. Además, añadió que “la participación de los guardaparques se ve definida por la gestión de los recursos y el personal con el que cuenta cada área”. De este modo, también personal de guardaparques consultados coincidió en que “las sanciones para los delitos ambientales siguen siendo mínimas y el daño es irreparable en muchos casos”.

Control y fiscalización
Por su parte, Sosa destacó que el Ministerio de Ecología cuenta con distintas direcciones al existir un Sistema de Áreas Naturales Protegidas donde hay un cuerpo de guardaparques que se encarga de la fiscalización y el control en los Parques. “Este cuerpo de guardaparques depende del Ministerio de Ecología, y dentro de la Dirección de Bosques Nativos está Control Forestal. Estamos hablando de un territorio complejo, que tiene un trabajo en conjunto con todas las áreas del Ministerio. Dentro de los Parques está prohibido la caza y la extracción de madera. No obstante, siempre que haya autorización de la Dirección de Bosques la extracción puede ser legal”, explicó.
Luego, detalló que tanto guardaparques como guardabosques reciben información constante de lo que sucede en el territorio que resguardan. “En esta labor en conjunta se trabaja planificando acciones con el personal de guardaparques”, apuntó.
Sobre la concientización, Sosa destacó que es importante concientizar a la población misionera y a toda la comunidad en general. “Hay que recordar la importancia de los bosques en el resguardo de la biodiversidad, teniendo en cuenta que Misiones tiene más del 50% de variedades de especies de toda la Argentina. Misiones es una gran reserva natural. Todo su territorio cuenta con una gran superficie de bosques nativos que son el resguardo de la biodiversidad de muchas de las especies”, sostuvo. Añadió que la tierra colorada tiene un Digesto Juridico que toda la rama XVII cuenta con las normativas y leyes que sanciona la Provincia que se ocupan de la conservación del medio ambiente. “Para el apeo de árboles, todo lo que refiere a la tala ilegal de árboles adhiere (Ley 16.105) a la Ley Nacional de Bosques”, cerró.
En la misma línea, el guardaparques Rosa, destacó que la labor del guardaparques y Ecología es administrar y cuidar para que esto no ocurra. “Acá fallamos y perdimos todos”, se refirió al apeo ilegal sucedido en el Parque Provincial Piñalito, que tiene alrededor 3.800 hectáreas de extensión y fue escenario de una grave depredación ambiental con la tala ilegal de 89 árboles centenarios el pasado 15 de enero, que luego derivó el la detención del propietario de un aserradero de San Pedro.

Conservación y preservación
El guardaparque sostuvo: “en Yabotí nos involucramos desde el relevamiento de bosques antes del apeo, durante el apeo y después de la extracción”. Luego, indicó que este tipo de delitos que dañan el ambiente “se evitan con una política ambiental bien definida reflejada en el presupuesto Provincial, con buena administración, personal técnico y trabajo técnico”, se refirió además que no cuenta con todo el personal para la cantidad de hectáreas protegidas que hay en Misiones.
Sobre el daño del apeo ocurrido hace días y que trascendió luego de la denuncia del Ministerio de Ecología, Rosa expresó que “no hay forma de revertir el daño. Esos árboles    ya fueron sacados de donde pertenecían por más que se secuestre y se aprovecha luego”.
Por otra parte, hizo hincapié en las sanciones con respecto a la tala. “Una forma de mitigar más adecuadamente es que la sanción incluya la obligación de reforestar y recuperar áreas degradadas por parte del infractor.  Que lo obliguen a reforestar bajo riguroso seguimiento por el tiempo que tarde la recuperación. La multa se paga y se olvida, y ese dinero debería gastarse en cosas que vuelven al ambiente.” Seguidamente, dijo que en nuestro código penal no existe la figura del delito ambiental, “este tipo de delitos, la caza furtiva, el no respeto por la veda, la quema son infracciones”, mencionó el guardaparques refiriéndose a que las causas al ambiente son enormes ante estos daños y las sanciones mínimas.
Por otro lado, Sergio Ilchuk, guardaparque provincial, coincidió que “en el caso de lo sucedido en Piñalito es difícil cuantificar el daño que ha sufrido Misiones con respecto al robo de madera. Y resarcir eso será bastante complejo”.
“Hay que recordar los objetivos de conservación de las áreas, en este caso era un remanente de selva prácticamente virgen, entonces es muy difícil ver el impacto que va a tener y cómo va a afectar a los otros ecosistemas”, sostuvo.
Con respecto a como proteger los bosques nativos, hizo hincapié que desde hace muchos años la tierra colorada tiene una política de conservación de las áreas protegidas. No obstante, también apuntó a la falta de recursos, y mayor personal de guardaparques para la cantidad de áreas naturales protegidas. “Como guardaparque, considero que es una labor sumamente importante cuidar y conservar todas las áreas naturales protegidas para que puedan cumplir su objetivo de creación. Eso lo determina cada parque y obviamente que cada parque también tiene un plan operativo, pero para esto se necesitan más recursos que contribuyan con la tarea diaria”, manifestó.
En la misma línea, Damián Villa, guardaparques provincial, agregó que “con mayor personal de guardaparques destinados a las áreas protegidas se podría evitar la amenaza de la caza furtiva, en muchos casos incendios, y también el apeo ilegal”.
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Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
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El incendio en Bariloche ya afectó a más de 2300 hectáreas

Fecha de Publicación: 06/01/2025
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El Comité de Emergencia, coordinado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias, informó sobre el estado del incendio Los Manzanos, donde el incendio continúa activado por el aumento de la temperatura, baja humedad y viento del oeste, que incrementaron varios focos con columnas de humo en Los Manzanos, Cerro Bastión y Cerro Colorado, al fondo del lago Martin.
Las condiciones climáticas impidieron el despliegue temprano de medios aéreos y solo pudieron comenzar a operar los helicópteros cerca del mediodía para hacer el recambio de 27 brigadistas en el campamento los Manzanos y trasladar brigadistas para evaluar la zona de Laguna Quetro. Suman 72 los combatientes de línea.
A las tareas se sumó un helicóptero BELL UH1H del Ejército Argentino para el traslado de brigadistas. Además, se avanzó en el armado de un campamento en la zona de Steffen con capacidad para 60 combatientes, de los cuales 30 llegarán mañana.
El mapa del perímetro afectado es de 2.331 hectáreas y varía todos los días en más o menos según se obtengan datos más precisos.
La planificación para avanzar en las líneas de defensa en los sectores de Lago Manzano y Cerro Colorado enfrenta enormes dificultades en el terreno, ya que pendientes superiores a los 60 grados, combinadas con una densa vegetación de caña seca y árboles de gran tamaño. Esta combinación crea un entorno complejo y riesgoso, que dificulta el avance según las proyecciones iniciales, y demanda un gran esfuerzo.
Debido al avance del fuego, se comenzaron abordar aspectos de prevención con los pobladores y prestadores de la zona de Lago Roca y Hess y la estrategia operativa para hoy se definirá en el Comando de Incidentes, considerando los trabajos realizados ayer y la evolución de las condiciones meteorológicas. La prioridad, en este marco de alta complejidad para el combate del fuego, es la seguridad de los brigadistas.
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"Se violaron normas nacionales": indignación y denuncia por un desmonte en las yungas tucumanas

Fecha de Publicación: 02/01/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de Tafí Viejo realizó una denuncia por la tala de árboles y movimiento de suelo que se llevaba a cabo en una zona protegida. Videos.
Una denuncia del Grupo Ecologista Pro Eco y de vecinos de la zona, alertaron a la Municipalidad de Tafí Viejo para que detenga un desmonte ilegal que se llevaba a cabo en la yunga tucumana.
Los videos y las imágenes compartidas por el periodista David Correa en su cuenta de X, evidenciaban el daño que las máquinas causaban la zona de Uttinger al 1.400, dentro del municipio taficino.
Por esta razón, este lunes, Daniela Díaz Rudolf, de la dirección de medio ambiente de la municipalidad, dio una entrevista a FM La Tucumana 95.9, donde dio detalles de lo que ocurrió en la zona y las acciones tomadas para impedirlo. "Los operativos se sucedieron este fin de semana durante el viernes y el sábado a partir de una denuncia de vecinos y de una asociación civil es que se conoce la situación de un desmonte que estaba sucediendo en Uttinger al 1.400, donde se acercó el personal de inspección ambiental y de la dirección de inspección general, dos áreas competentes para abordar la temática, nos constataron de que había habido un desmonte, una extracción de árboles, tala, una remoción de suelo. No se encontró la maquinaria, no se encontró a los responsables en el lugar y en ese mismo instante se dio intervención a la policía de delitos Rurales y a la dirección de Flora y Fauna de la Provincia, que son también organismos competentes para poder eh realizar las actas correspondientes de infracción y poder encontrar a los responsables y, por lo tanto, penalizar", explicó la funcionaria.
Tras constatar las denuncias, desde el municipio labraron las actas correspondientes, como también la Provincia. "Nosotros tenemos en Tucumán diferentes leyes que van protegiendo nuestras yungas, nuestro pedemonte. En eso tenemos la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, la ley del ambiente y sobre todo Tafí Viejo en el 2020, pudo sancionar un código ambiental donde por supuesto también penaliza este tipo de acciones", aclaró.
"Los siguientes pasos es que se avance con las denuncias penales correspondientes, tanto desde el municipio como desde la Provincia. En esto ya también tiene que ir tomando intervención la Provincia, hacer los informes y elevarlos a la justicia penal, ya que lo que se violó, fueron normas nacionales. Entonces tenemos que verlo desde lo Federal", agregó.
Por último, sobre los culpables, Díaz Rudolf  dijo que "se menciona a una persona que es apellido Moyano, que es el propietario de la de las máquinas con las que se estaba realizando el desmonte". "Ya queda todo asentado, como denuncia: videos, fotos, tenemos la inspección in situ. O sea que son como muchos antecedentes que se van juntando para justamente demostrar lo que se está sucediendo", cerró.
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Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

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Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
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