La Justicia emplazó al gobierno rionegrino para que cumpla con el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El STJ le otorgó 30 días para resolver el tema, al acoger una acción de mandamus presentada por dos ongs. El atraso para ejecutar lo establecido en la ley ya superó los 10 años. 
El Superior Tribunal de Justicia consideró injustificado el atraso de varios años que acumula el gobierno de Río Negro en definir y aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar “un plan de trabajo que detalle las tareas a realizar y la duración que insumirá la ejecución de las distintas etapas del cronograma” para cumplir con esa obligación.
El STJ falló en esos términos al dar curso a un mandamus presentado por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, que accionaron después de topar una y otra vez con el rechazo o las dilaciones de la Subsecretaría de Recursos Forestales cuando intentaron lo mismo por vía administrativa.
La tarea sin hacer que arrastra la provincia desde hace más de una década consiste en relevar y clasificar las áreas con presencia de bosque nativo dentro de su territorio y elaborar un mapa con los colores rojo, amarillo y verde, que la ley nacional estableció como regla para regular las actividades permitidas y el estátus de protección que corresponda en cada caso.
La normativa nacional que Río Negro adoptó como propia a través de la ley 4.552 impone la realización de un mapa inicial (elaborado en 2010) y luego revisiones quinquenales, que nunca se efectuaron. Ese incumplimiento generó repetidas quejas especialmente en la zona cordillerana, donde hay valiosas superficies cubiertas de vegetación nativa expuestas al desmonte indiscriminado.

Ritmo de trabajo
El Superior Tribunal ordenó a la provincia que cumpla en el plazo fijado con las tareas que le encomienda la ley y que “deberán acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.
La falta de un mapa actualizado, según las organizaciones que recurrieron a la Justicia, fue aprovechada en Bariloche y la región para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que afectan al bosque, que consiguieron permisos del municipio, y que no hubieran prosperado de existir un mapa protector actualizado.
Luego de conocer el fallo, aclararon que ahora “tanto la subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de dar nuevas autorizaciones de apeos o desmontes hasta tanto el mapa de bosques sea actualizado y aprobado por la Legislatura”.
El descargo de la Fiscalía de Estado provincial (que no convenció a los jueces) había negado la existencia de «rehusamiento” de parte del gobierno a cumplir con la ley y a brindar los informes requeridos, “ni mucho menos una afectación de derechos de la ciudadania”. La sentencia tampoco atendió el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien propuso rechazar el mandamus por considerarlo “improcedente”.

El pacto de Escazú
Al impugnar la conducta seguida hasta ahora por el Ejecutivo provincial, el fallo observó que “no logra vislumbrarse un impedimento concreto para la revisión” del ordenamiento de bosques como lo exige la ley 4.552. Al desacreditar cualquier razón para la demora subrayó también que esa ley provincial “no fue modificada ni reemplazada por una nueva norma”.
En otra novedad que fue destacada por los demandantes, el máximo tribunal consideró aplicable la regla establecida por el acuerdo de Escazú (un convenio internacional incorporado por ley y que tiene rango constitucional) según el cual rige para los temas ambientales “la carga dinámica de la prueba”.
Es decir que la obligación de probar la eventual inexistencia de daños en el ambiente corresponde a la autoridad competente, en este caso la subsecretaría de Recursos Forestales. Y no al revés.
Los denunciantes destacaron que entre los fundamentos del fallo se indica que la falta de actualización del mapa de bosques por más de diez años configura un “rehusamiento notorio del deber legal”. Y que la provincia no acreditó las razones concretas de ese atraso.
Según el STJ, la urgencia por resolver el tema y el plazo acotado que otorga el fallo se funda en que “la omisión de actualización de dicho instrumento normativo (por el ordenamiento de bosques) es susceptible de afectar negativamente los objetivos fijados por la legislación protectoria”, a la que definió como “una herramienta para la conservación de los ecosistemas forestales naturales”.
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Argentina le reclamó a la Unión Europea por la calificación sobre deforestación

Fecha de Publicación: 03/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno le pidió al bloque del Viejo Continente que se vuelva a catalogar al país con “riesgo bajo” luego de ser removido a “estándar”. 
Argentina le reclamó de manera formal a la Unión Europea (UE) por la calificación unilateral sobre deforestación, lo cual despertó las críticas del sector agroindustrial.
El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea (CE), en el marco de su Reglamento de Deforestación (2023/1115) calificó a la Argentina como país de riesgo “estándar” de deforestación.
La Secretaría de Agricultura y la Cancillería comunicaron su rechazo formal a la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. 
Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
“El gobierno argentino manifesta su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de riesgo bajo”, según comunicó este viernes la secretaría de Agricultura.
En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han trabajado “en forma conjunta y constructiva” con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros del viejo continente y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del reglamento.
En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”, según informaron oficialmente.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, anunciado el 6 de diciembre de 2024, no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, describieron desde la cartera agropecuaria.
Finalmente, la Argentina reiteró que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa “una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, argumentaron.
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
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Detectan desmontes ilegales mediante fotos satelitales

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero


Con el firme objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, fiscalizadores de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero realizaron una serie de inspecciones en distintos predios del departamento Taboada, tras detectar indicios de actividad ilícita a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), una herramienta satelital que permite monitorear en tiempo real los cambios en la cobertura forestal.
Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de las Leyes Provinciales N° 6.841 y N° 6.942, que regulan el uso del suelo, el manejo sostenible del monte nativo y las sanciones por intervenciones no autorizadas. Según informaron fuentes del organismo, las imágenes satelitales pusieron en evidencia movimientos sospechosos en diversas parcelas rurales, lo que motivó un operativo de control en territorio.
En una primera intervención, los agentes se dirigieron al inmueble identificado como 13-13-B, donde pudieron constatar un desmonte total. El material vegetativo extraído aún permanecía en el lugar, lo que facilitó la verificación de los hechos.
Cabe destacar que este predio ya tenía un expediente administrativo abierto, con una infracción en curso por haber llevado a cabo tareas de desarbustado sin la debida autorización de la autoridad competente.
Posteriormente, los fiscalizadores visitaron otro campo donde se realiza extracción de leña con destino a la producción de carbón.
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La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
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Ambiente de Nación acreditó el ordenamiento territorial de bosques nativos del Chaco

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En una reunión encabezada por el ministro Oscar Dudik, junto a los subsecretarios Orlando Morán (Coordinación), Oscar Navarro (Desarrollo Forestal), Julio Fantin (Agricultura) y Mariela Casco (Ganadería), se analizó la acreditación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) que lleva la firma del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Jorge Brown.
Desde la cartera productiva destacaron que el OTBN es una herramienta de planificación del territorio y de la economía provincial, que sirve como instrumento de planificación estratégica provincial, y favorece un proceso inclusivo donde diversos actores sociales, económicos y ambientales definen el destino del uso del bosque, de manera sustentable.
Al finalizar la reunión, el ministro Dudik se mostró satisfecho con la medida y aclaró que “somos cuidadosos, sabemos que existe una cuestión judicial, somos respetuosos respecto de esto, por lo cual los próximos pasos a dar es poder normalizar la situación que vive el sector forestal que hace las cosas bien”.
El titular de la cartera productiva destacó el trabajo que desde la gestión del gobernador Zdero se viene impulsando: “Hemos dado muestras desde lo legislativo, aumentando multas y con el registro de topadoras; con el OTBN aprobado por ley y homologado en Nación, son demostrativos de nuestro correcto accionar”.

Alcances del OTBN
Contar con el OTBN actualizado y acreditado permite al estado provincial planificar y controlar las actividades realizadas en los bosques nativos:
- Control del avance de la frontera agropecuaria y la deforestación: Establece límites normativos al desmonte y al cambio de uso del suelo (CUS), evitando la degradación ambiental y el deterioro de los recursos naturales. A diferencia de lo que sucede cuando no se cuenta con un OTBN vigente y los CUS se encuentran suspendidos: “el desmonte avanza de forma ilegal sin respetar el ordenamiento de los bosques, sobre zonas de bosques con altos y medios niveles de conservación (categoría amarilla y roja)”.
- Condición para la sostenibilidad en las cadenas de valor forestal: Asegura trazabilidad legal y ambiental del origen de productos forestales, lo que favorece la competitividad en mercados nacionales e internacionales (por ejemplo, frente a exigencias como la EUDR europea). Es una herramienta para los productores agropecuarios para realizar sus actividades de manera legal. Permitiendo el aprovechamiento integral de los recursos forestales y la legalidad en toda la cadena productiva forestal en las actividades de transformación de la madera y en la comercialización de los productos forestales.
- Acceso al Fondo Nacional de Bosques Nativos: Permite a la provincia recibir recursos económicos nacionales para compensar a quienes conservan o manejan sosteniblemente los bosques nativos, incluyendo comunidades indígenas y criollas.
- Promoción de actividades sustentables: Habilita la implementación de planes de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, generando empleo y desarrollo local con enfoque ambiental.
- Conservación de servicios ecosistémicos clave: Ayuda a mantener funciones vitales como la regulación del ciclo hídrico, la prevención de inundaciones y erosión, la captura de carbono, y la calidad del aire y del agua. Además, contribuye a proteger especies nativas de flora y fauna, así como ecosistemas estratégicos para la conservación a largo plazo.
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Organizaciones advierten que la sanción agravaría la crisis por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fundación Vida Silvestre Argentina, expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción  en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles.  
Conocida la convocatoria a sesión extraordinaria para este miércoles, para tratar el proyecto de ley 1861/2024 del diputado Juan José Bergia  que propone incrementar multas por desmontes ilegales , pero avanza en el blanqueo con la madera proveniente de los mismos, las organizaciones Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina , expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción. "Se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en el Chaco", advirtieron.
El pedido a los legisladores lleva las firmas de Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata; y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento, las organizaciones explican que el proyecto de ley propone modificar diversos artículos de la Ley 2079-R respecto de las multas que aplican a los desmontes de bosques nativos ilegales. Y mencionan, en particular "el artículo 4 del proyecto de ley, que propone incorporar a la Ley 2079-R el artículo 45-bis a los fines de legalizar mediante un contrato privado los productos forestales provenientes de desmontes ilegales".
Así, mencionan que el texto del proyecto establece que "para el acceso de los descuentos habilitados por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales, deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución, como mínimo, de un año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos".
Las tres organizaciones advierten que, de aprobarse dicho proyecto "podría institucionalizarse un incentivo perverso  al promover la comercialización de madera proveniente de desmontes ilegales, perpetuando un ciclo de explotación insostenible de los bosques chaqueños".

Diseñar mejores mecanismos
Luego, resaltan que "en la provincia de Chaco es conocida la problemática de desmontes  que devienen en terrenos sin ningún uso productivo posterior, a los fines de aprovisionamiento irregular de madera en contraposición a lo establecido por las regulaciones vigentes y las posibilidades de desarrollo sostenible de la provincia".
Así, desde las organizaciones firmantes, consideran que el mencionado artículo "debe ser eliminado y, en todo caso, se deben diseñar mejores mecanismos para desincentivar los desmontes ilegales y el posterior aprovechamiento de la madera  que sumen y acompañen la efectiva implementación a nivel provincial de la Ley 26.331, sancionada y plenamente vigente desde hace casi dos décadas".
En ese sentido, señalan que "el decomiso de la madera por parte de la Dirección de Bosques, y el agravamiento de las sanciones ante una quema posterior al desmonte, son algunos ejemplos de medidas alternativas  que no perpetúen un círculo vicioso de explotación insostenible". "Cabe mencionar que observaciones similares a las nuestras fueron presentadas por autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción", indicaron.

Crisis ambiental
Por último, sostienen que "la provincia de Chaco enfrenta una crisis ambiental alarmante, donde los procesos de deforestación constituyen una de las principales causantes, a través del cual se despliegan múltiples problemáticas como es la pérdida de biodiversidad ".
Mencionan al respecto que, solamente entre enero y abril de 2024, según datos de Greenpeace, se deforestaron cerca de 20.000 hectáreas , una superficie comparable a la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. Y resaltan que ese incremento "se produce a pesar de las restricciones legales vigentes y de las prohibiciones establecidas por la Justicia Federal y ordinaria".
Agregan también los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que indican que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia de Chaco perdió casi medio millón de hectáreas de bosques nativos. "Estos datos evidencian las limitaciones de la implementación de la Ley de Bosques Nativos, dentro de las cuales se encuentran las insuficientes sanciones a los desmontes ilegales. De sancionarse el proyecto de ley 1861/2024, se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en la provincia de Chaco", alertaron finalmente.
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Somos Monte en Diputados por controvertido proyecto de diputado imputado: "Los desmontes deberían ser delito penal"

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


El pasado viernes 4, ante un pedido formal, Somos Monte fue invitado a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo,  junto a  los diputados provinciales de dicha comisión, “para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes”, informaron desde la agrupación.
Y señalaron que “entre dichos proyectos, el promovido por el diputado Juan José Bergia, proyecto de Ley 1861/2024, ´Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos´,  propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones”, explicó Somos Monte.
“Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que los desmontes deberían ser delito penal, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. No aceptamos las multas a cambio de nuestro monte nativo”, afirma Somos Monte.
“Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera, ya carente de sus funciones ecosistémicas, de todos modos debería quedar en el suelo contribuyendo a la restauración del sistema y como soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido”, dice el colectivo ambientalista.
Por último, dejaron en claro que “la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad”.

Manifestación pública
Sobre la reunión en concreto, Somos Monte contó que “mientras se llevaba a cabo la audiencia en la Legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueñ”a.
“Queremos dejar constancia también de que a los compañeros que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, y que la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos”, se agregó por último.

Megacausa "La mafia de los desmontes"
Es de recordar que el gobernador Leandro Zdero echó a su funcionario porque fue imputado por la Justicia Federal en una megacausa por los desmontes ilegales tras una denuncia de abogados ambientalistas. Se trata de Hernán Halavacs, quien era "el zorro en el gallinero" para los desmontes en el Chaco.
El 14 de agosto de 2024 se conoció la dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo.

Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
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Ambiente recibió a referentes de organizaciones ambientales para dialogar sobre la implementación de la ley de bosques

Fecha de Publicación: 04/04/2025
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Durante el encuentro se abordaron los avances y mejoras en implementación de la Ley 26.331. Además, se detalló el estado del ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) en el país.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, recibió a representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas para dialogar sobre la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Durante la reunión, el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo, expuso el estado de aplicación de la ley y los temas abordados con las provincias en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) durante 2024, para el fortalecimiento de la norma: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques; ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN); planes de manejo y conservación; deforestación y herramientas de apoyo al seguimiento y control de intervenciones en el bosque nativo y el Programa piloto de Pagos basados en resultados de REDD+.
 Asimismo, a través de una presentación, el funcionario detalló las transferencias de recursos del Fondo de Bosques Nativos a las provincias, esto permitió la regularización de rendiciones provinciales. En esta línea, explicó que 19 provincias no tienen deudas y 4 se encuentran en proceso de adecuación.
Además, informó sobre los avances en el Proyecto Pago Basado en Resultados REDD+, con la ejecución de planes de cuencas, planes de prevención de incendios, planes integrales comunitarios (PIC) y de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). En ese sentido, mencionó el rol de diversas ONG en la formulación de planes y proyectos para fortalecer la ley de bosques y su implementación efectiva en el territorio.
Del encuentro también participaron la directora de Articulación Ambiental, Paula Monteserin y referentes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Fundación Vida Silvestre; Wildlife Conservation Society (WSC); Fundación Biodiversidad Argentina; Fundación Avina; Fundapaz; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Aves Argentinas; Fundación Protestante HDO; Jóvenes por el Clima; ACEN Argentina; Fundación Gran Chaco; Red Chaco; ProYungas y REDAF.
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Piden la detención e indagatoria de un empresario forestal por violar la cautelar que frenó los desmontes

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado Federal la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por cinco hechos de desobediencia judicial a la medida cautelar que suspendió por seis meses los desmontes en la provincia del Chaco. Vale recordar que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como "Mafia del desmonte" impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal Nº 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en la provincia del Chaco.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a la localidad de Tres Isletas. En la tarea llevada a cabo en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestra de una topadora. Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
No obstante, en el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraba avalados por el mismo, por lo cual eran “ilegales”. Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024.
El último de los hechos imputados está vinculado a que el empresario Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales. Además, advirtió que no debe soslayarse que “su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación” que lleva adelante la Fiscalía Federal.
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La trama detrás de las miles de hectáreas que compraron multimillonarios árabes en la Patagonia

Fecha de Publicación: 28/03/2025
Fuente:Newsweek
Provincia/Región: Patagonia


En el corazón de la Patagonia argentina, entre montañas, bosques vírgenes y ríos de deshielo, un ambicioso proyecto avanza casi en silencio. En una zona remota de Río Negro, los intereses de la realeza qatarí dieron forma a una megaestructura que combina lujo, energía y naturaleza.
Todo comenzó en 2017, cuando la empresa Baguales Acquisitions S.A., con vínculos directos con la corona de Qatar, adquirió estas tierras a manos del grupo belga Burco.
La zona, conocida por su atractivo turístico de alto nivel, ya contaba con un exclusivo centro de esquí. Pero los nuevos dueños no se conformaron con eso: iniciaron la construcción de una residencia privada de lujo para el emir, enclavada en la mesada Baguales, a escasos kilómetros del cerro Carreras.
Además de la mansión, el plan incluye la instalación de tres centrales hidroeléctricas en el arroyo Baguales, destinadas a abastecer de energía al complejo. En 2019, el gobierno provincial autorizó el uso de agua de dominio público para este fin, aunque no se difundieron los detalles sobre el posible impacto ambiental. Así, el proyecto se sumó a una lista creciente de inversiones qataríes en el país, como las iniciativas de exploración offshore que desde 2019 desarrollaron junto a Shell.
El misterio sobre el monto total de la inversión persiste, pero lo que sí está claro es que se trata de un enclave de difícil acceso, ubicado a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde también avanza un desarrollo inmobiliario exclusivo. Este sitio, diseñado como refugio de lujo, ofrece una vista privilegiada de la cordillera de los Andes y está rodeado por un entorno natural protegido.
El componente energético del proyecto ha llamado la atención, no solo por la construcción de las hidroeléctricas, sino también por el control de los recursos hídricos en una región donde este tema es especialmente sensible. Aunque se han presentado informes oficiales, los detalles técnicos siguen siendo limitados y el hermetismo alimenta el debate público sobre el impacto ambiental y la propiedad de tierras en zonas estratégicas.
Mientras tanto, la presencia de la familia real qatarí en la Patagonia despierta preguntas que van más allá del turismo o las inversiones privadas. ¿Qué otros intereses se tejen detrás de esta imponente infraestructura? ¿Cuánto poder representa el control de miles de hectáreas en uno de los rincones más puros del país?
El tiempo y las decisiones políticas dirán si este megaproyecto se convierte en un modelo de desarrollo o en un símbolo de desigualdad territorial.
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Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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“Se han derribado cientos de árboles y el suelo serrano removido es masivo”

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis

Lo afirmó la Asociación Juvennat tras una recorrida por el lugar del desmonte. Detallan el daño ambiental. Presentarán una nota al Concejo Deliberante junto otras asociaciones y piden a los nueves concejales “tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria”.
“Desde la década de los años noventa, la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en la localidad de Merlo, siendo en esa época cuando surgen las “Zonas T”, las cuales, poco después, fueron incorporadas, a la Ordenanza 744/00.  En este contexto, surge la pregunta:
¿Cómo se justifica lo ocurrido en la zona ubicada en el pedemonte al noreste del Barrio Los Nogales?
La solicitud, para realizar una ´limpieza baja’, debe encender las alertas de las autoridades competentes, quienes deben informar de manera inmediata al Co.A.M.A. acerca de dicha petición. Es precisamente esta entidad, constituida hace más de 30 años, la que debe intervenir en el asunto, ya que está compuesta por las fuerzas vivas de la comunidad, así como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) y Concejales.
La zona T4, que corresponde a la Reserva Natural protegida de la Sierra de los Comechingones, está regida por la Ordenanza 744/00, y en su artículo 2.3.8.4., establece que únicamente se permiten paseos serranos y senderos peatonales. Con permisos estrictos, se podrían habilitar paradores y refugios, los cuales deben estar construidos con materiales autóctonos, respetando las costumbres y usos locales, y utilizando técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, siempre en completa armonía con el entorno natural.
Sin embargo, lo que se observa actualmente en la zona, es totalmente opuesto a las disposiciones legales: cientos de árboles y arbustos-arbóreos han sido derribados, la remoción del suelo serrano es masiva y, en el caso de la arteria principal, que se extiende a lo largo de 500 a 600 metros lineales, ‘al acompañar la pendiente se torna fácilmente erosionable’, en algunos tramos, tiene más de 20 metros de ancho (cabe recordar que la ley estipula que se deben permitir únicamente ‘senderos peatonales’). A pesar de ello, se le solicita al propietario y por segunda vez, que presente un Plan de Gestión Ambiental y los estudios de Impacto Ambiental, solicitando ‘detalles de la obra’. Allí surge la duda: ¿a qué obra se hace referencia?”
Es por todo lo expuesto que, el sábado 1° de marzo, la A. Juvennat, intentó presentar una nota de urgencia al Honorable Concejo Deliberante (HCD), sin embargo, fuimos informados por fuentes alternativas que dicha nota no podría ser recibida sino hasta el próximo miércoles 5 de marzo. Esa nota será acompañada por otras organizaciones intermedias de la comunidad. A través de la misma, se solicita a los nueve concejales actuales que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria.
En momentos tan delicados como el actual, debe prevalecer ‘la independencia del edil en la decisión’, ya que la situación que atraviesa nuestra comunidad turística se caracteriza por graves problemas ambientales, los cuales no solo afectan la economía local, sino, lo que es aún más relevante, la calidad de vida de los residentes. Esperamos que la comunidad reaccione de manera consciente y se sume al esfuerzo por esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestro entorno”.

Más Información:

Concejales de la oposición exigen sanciones y rendición de cuentas por el desmonte en Los Nogales
Impulsan "una investigación exhaustiva" para determinar las responsabilidades y exigen la restauración del área afectada, entre otras medidas.

Frenaron el desmonte entre Los Nogales y el Chumamaya
Así se informó a través de un comunicado oficial de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Villa de Merlo. Exigen a los titulares del predio que presenten un estudio de impacto ambiental.
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La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Chaco


La Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco. Esto implica acciones concretas de fiscalización, por lo que la Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024. Por RedEcoAlternativo
Esta medida fue lograda a partir de la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y representa – en palabras de la Asociación – “un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte”.
“La jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales”, afirman desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, advierten.
Para la Asociación, la prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco “es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”: “La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo”, finalizan.
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