Alerta: el desmonte en el norte argentino supera las 100.000 hectáreas en lo que va de 2024

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Nacional


La deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas. Los estados del norte están en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes.
El monitoreo satelital de Greenpeace detectó que se deforestaron 103.816 hectáreas en el norte del país durante los primeros 10 meses del año. La situación más grave se da en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y octubre de 2024 la deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas, el equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Los estados del norte entran en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes
Uno de los desmontes más extensos es el que está realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, en una finca ubicada cerca de Nueva Esperanza, al norte de Santiago del Estero, en la cual ya se arrasaron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos con fines ganaderos.
La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperamos que convoque pronto a la audiencia pública que anunció sobre esta causa”, señaló Cruz.
En 2019 Greenpeace realizó una presentación ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en el Gran Chaco argentino y por violar lo establecido en la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado la Corte declaró su competencia en la causa.
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Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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El Gran Chaco argentino agoniza por la deforestación masiva e ilegal

Fecha de Publicación: 26/10/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Santiago del Estero - Nacional

Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal. Con la desaparición de los bosques se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
El Gran Chaco argentino sufre una deforestación masiva y descontrolada a causa de la cesión de grandes extensiones de tierra a la agricultura y la ganadería, lo que pone en riesgo una de las zonas más boscosas de Sudamérica.
Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal.
Lorenzo Langbehn, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explica a EFE que “la tala continúa actualmente a un promedio de 60.000 hectáreas por año” en esta región.
Según el investigador, la alteración de bosques nativos impulsados por el avance del cultivo de soja o la cría de ganado, principal motor económico de Argentina, impacta en la productividad de los suelos, los ciclos del agua y la resiliencia climática de la región.
“Los suelos que han estado bajo cobertura de bosque se mantenían productivos o fértiles, pero al ser sometidos a cultivos anuales permanentes se deterioran por la salinización y pierden rendimiento”, resume Langbehn, también docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas en esta zona alcanzan los 600 milímetros, mientras que las temperaturas máximas promedio superan con facilidad los 35 grados. La capital santiagueña tuvo una temperatura récord de 45,2 grados en el verano de 2023.
Con la desaparición de los bosques “se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global”, agrega Langbehn.
En su último reporte sobre estos gases, el desaparecido Ministerio de Ambiente (rebajado a la categoría de subsecretaría por el Gobierno de Javier Milei) informó en 2021 que el 39% de esas emisiones nocivas provenían del sector agropecuario del país.

El Gran Chaco, amenazado
Santiago del Estero pertenece al Gran Chaco Americano, la segunda área boscosa más grande del continente después de la Amazonía, y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.
El 59% de este territorio está en Argentina, con unos 625.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa 13 provincias con 8,5 millones de habitantes, según el censo de 2010.
Un informe de Greenpeace revela que el 75% de la deforestación se concentra en el norte del país y que la Ley de Bosque Nativo, cuyo objetivo era reordenar las zonas de tala y acabar con la deforestación en casi un 80% del territorio, solo ha logrado reducir la actividad en un 40% desde 2014.
La tala de montes se justifica bajo el supuesto manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, una combinación de flora y fauna agropecuaria que se retroalimenta y ayuda a capturar el carbono, algo que está amparado por ley como actividad sustentable, pero en la práctica las empresas modifican las reglas del juego.
“Es gente viene con capitales de afuera, se insertan aquí y hacen cambios que les resultan muy rentables”, remarca a EFE Cecilia Escalada, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.
“Los grandes terratenientes hacen un uso extractivista”, denuncia.
Greenpeace explica que las talas “se realizan en zonas donde no está permitido” y calcula que desde 2007 hasta junio de 2024 se deforestaron 1.007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
El Gran Chaco argentino alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 tipos de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, todos en riesgo por el avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Incendios forestales
Además del uso de topadoras, el fuego también acaba con los terrenos y justifica la deforestación en Santiago del Estero por la falta de control.
'Los Caracoles', una de las pocas reservas privadas de bosque, a once kilómetros de la capital provincial y utilizada para turismo sustentable, perdió quince hectáreas por incendios provocados.
 “Es el último pulmón verde cercano a la ciudad, de casi 250 hectáreas y ribereño, donde se hace cicloturismo, una forma de explotación no extractivista”, explica a EFE Pablo Muratore, poblador y dueño de la reserva.
Según Global Forest Watch, en esta provincia se han registrado 1.018 alertas de incendio desde octubre de 2023.
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Provincias estudian demandar a Nación por el recorte a la protección de bosques

Fecha de Publicación: 21/10/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional

El presupuesto de 2025 destinado a la protección de bosques nativos será el más bajo de la historia: representa el 2,8% de lo que corresponde por ley. El ajuste en esta materia y la eliminación por decreto del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) suman rechazos: a la declaración conjunta de organizaciones que trabajan en la temática le siguieron la renuncia de un funcionario y una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que trece provincias manifestaron su “preocupación y disconformidad” con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.
El 8 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 888/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo decidió eliminar el fideicomiso que fue creado en 2018 con el objetivo de administrar de manera más eficiente el dinero del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. El problema no es solamente que ese fondo fiduciario no exista más: también que no se sabe qué destino tuvo el dinero que tenía disponible para los programas remanentes desde 2023. Se trata de alrededor de $ 16 mil millones.
La decisión del Gobierno y la falta de rendición de ese dinero a las provincias motivaron que, ese mismo día, Octavio Pérez Pardo, a cargo de la Dirección Nacional de Bosques, pidiera ser eximido de sus responsabilidades, aunque esa renuncia todavía no fue aceptada.
La ley de bosques prevé que el 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y forestales “debería asignarse para que las provincias tuvieran recursos para compensar a los propietarios por los servicios ambientales que los bosques nativos prestan, y para poder realizar el monitoreo, fiscalización y promoción del manejo sustentable y la conservación por comunidades rurales y pueblos indígenas. Un 70% debe ser para los propietarios y un 30% para las provincias”, explicó a PERFIL Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre. “Lo que se hizo es disolver el fideicomiso donde se alojaba el presupuesto que año a año se asignaba y que siempre fue muy bajo, nunca llegó a ser más del 10% de lo que establece realmente la ley”, agregó. Con esto, argumentó, se elimina una herramienta de administración financiera que protegía los fondos de la inflación. “Tampoco se sabe cuál fue el destino de los $ 16 mil millones de pesos que este fideicomiso tenía y que correspondían al presupuesto de 2023”.
El 70% de los medios asignados “puede utilizarse para la promoción del manejo sustentable, donde los propietarios de bosques nativos realizan tareas silvícolas, raleos, podas, diseño de áreas de vías de saca, diferentes alternativas que forman parte de un plan que también permite generar recursos para la industria”.
El financiamiento puede ir además a obras de infraestructura para la conservación y la prestación de servicios turísticos que permiten a su vez generar ingresos para pagar servicios de guardaparques o de control de incendios, explicó Jaramillo.
El 30% restante es utilizado por las provincias para “fortalecer sus unidades de bosques, ambiente, fiscalización, control y monitoreo de la biodiversidad”, agregó. También se puede destinar a pequeños productores, comunidades rurales y pueblos indígenas que no están en condiciones de acceder a ese otro 70%, “ya que implica una inversión en la contratación de un técnico para hacer los planes y las gestiones”.
El 15 de octubre, en un comunicado conjunto, veinte organizaciones dedicadas al tema medioambiental explicaron que durante 2024 el Tesoro Nacional no ejecutó ni un solo peso para ese fondo, a pesar de tener presupuestados $ 10 mil millones. “Al analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos debería contar con $ 352.664 millones, correspondientes al 0,3% del presupuesto nacional que establece la ley 26.331. Sin embargo, tiene asignados para 2025 apenas $ 10 mil millones, lo que representa un 2,84% de lo que efectivamente debería. En otras palabras, recibirá 35 veces menos de lo que le exige la ley al Tesoro Nacional”.
A estos rechazos se sumó el de trece provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que la semana pasada convocó a una reunión extraordinaria.
En la resolución, del 16 de octubre, los firmantes declaran su disconformidad con la disposición del Gobierno que elimina el Fobosque, “por inconstitucional, violatoria de los convenios internacionales de París y Escazú, el principio ambiental de no regresividad, y por arbitraria, en tanto no se dio participación a los miembros del Cofema, en el carácter de coadministrador de los fondos”.
En el documento también llaman a la acción e instan a “promover acciones políticas, institucionales, jurídicas” y todas aquellas “que sean necesarias para lograr que se restituya el fondo fiduciario”.
El apoyo a la resolución fue contundente. Trece provincias votaron afirmativamente (La Rioja, Jujuy, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Formosa y Chubut). Solamente tres provincias (San Luis, Salta y Tucumán) votaron en contra, voto al que se sumó el de Nación. Tres se abstuvieron (Chaco, San Juan y Misiones) y el resto estuvo ausente.
PERFIL consultó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, de la que dependen estos fondos, pero no recibió una respuesta al momento del cierre de esta nota.
El impacto del recorte se extiende a las comunidades nativas e indígenas, que ante la deforestación se ven obligadas a emigrar. “Es una situación que va en aumento. Los bosques generan muchos recursos que utilizan las comunidades que los habitan. Al no tener esos recursos o haberlos disminuido, pueden empezar a desplazarse a los cinturones de pobreza de las ciudades”, aseguró Jaramillo.
La decisión también compromete la competitividad de los productos argentinos: “La Unión Europea tiene una resolución que impide que se importen productos que no pueden asegurar que no provienen de deforestación. Esa resolución entraba en vigencia en diciembre de este año, pero la prorrogaron un año más. Sin embargo, no se cambió la línea de corte, que es en diciembre de 2020”.
Una ley de bosques que se cumpla “permitiría que se clasificara al país como de riesgo bajo y que los controles fueran menores ante las declaraciones juradas que deben presentar los exportadores”, sintetizó.
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Ley de Bosques: COFEMA y las provincias analizan acciones ante la eliminación del fondo fiduciario

Fecha de Publicación: 16/10/2024
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


El Consejo Federal de Medio Ambiente convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles para tomar decisiones. A su vez, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones puntuales según cómo se vea afectada.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se encuentra en un proceso de deliberación junto a las provincias para evaluar las acciones a tomar en respuesta a la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques Nativos.
Este fondo es crucial para la preservación y manejo sostenible de los bosques en todo el país. Por ello, el equipo jurídico del COFEMA y los miembros de la Comisión de Bosques Nativos están revisando las estrategias y argumentos más adecuados para presentar un rechazo formal ante la Nación.
Las conclusiones se plasmarán en un documento que se discutirá durante la reunión extraordinaria convocada para este miércoles 16. En esta asamblea, se prevé que las provincias puedan incluso apoyar una moción para recurrir a instancias judiciales si la situación lo amerita, de acuerdo a lo manifestado, por ejemplo por funcionarios de las provincias como La Pampa.
Consultado al respecto, el ministro de Ecología de la provincia, Martín Recamán, quien también preside el COFEMA, explicó a PRIMERA EDICIÓN: “Hemos llevado a cabo una reunión de la comisión, donde se decidió elaborar un documento para ser presentado en la asamblea extraordinaria, a la que asistirán todas las provincias. El objetivo es definir cómo proceder, tanto en una consulta formal a la Nación como en acciones alternativas ante la disolución del fondo”, dijo enfático.
La reunión extraordinaria se convoca tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el fondo fiduciario, una medida que generó gran preocupación esta semana luego de su publicación en el Boletín Oficial.
Recamán destacó que el COFEMA había solicitado previamente un informe a la Nación sobre los pagos adeudados correspondientes a 2023 y 2024, pero hasta el momento no se recibió respuesta alguna. Esta falta de comunicación ha dejado a las provincias en un estado de incertidumbre respecto a la distribución de aproximadamente $15.900 millones que les corresponden entre sí.
“Nos enteramos de la eliminación del fondo a través del Boletín Oficial. La única comunicación directa que teníamos era con Octavio Pérez Pardo, el funcionario que se encontraba al frente de la Subsecretaría de Deporte, Turismo y Ambiente de la Nación, quien renunció. Hay una gran preocupación sobre cómo se procederá, especialmente con las deudas acumuladas de años anteriores. La situación es crítica, ya que los beneficiarios de estos fondos son en su mayoría propietarios privados que conservan los bosques, así como los ministerios y organismos que administraban estos recursos”, subrayó Recamán.
Los recursos provenientes del fondo eran vitales para combatir problemas como el desmonte, promover prácticas sostenibles en el uso del suelo y gestionar incendios forestales. La eliminación de este financiamiento pondría en riesgo no solo la conservación de los bosques nativos, sino también el bienestar de las comunidades que dependen de ellos, según la advertencia que vienen realizando las distintas organizaciones ambientalistas.

“Siempre se recibieron montos muy por debajo de la ley”
El presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán indicó que las 23 provincias coincidieron el miércoles de la semana pasada en que la decisión de eliminar el fondo fiduciario representa un grave retroceso en materia ambiental.
“Hubo una unanimidad absoluta al respecto, independientemente del color político de cada provincia. La próxima semana, el COFEMA realizará otra reunión extraordinaria y emitirá un documento detallando las acciones a seguir”, afirmó.
En ese sentido, Recamán también mencionó que, aunque el COFEMA liderará las gestiones, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones específicas según cómo se vea afectada por la eliminación del fondo.
No obstante también analizó el funcionamiento de la presente ley y aseguró que desde su creación en 2010, las provincias siempre recibieron fondos muy por debajo de lo que establecía la ley, “que oscilaba entre 6% y 7% de lo que decía la ley”, puntualizó.
Por esa misma razón aseguró que el camino a tomar es la cautela hasta ver qué determinaciones toma la Nación para financiar a las provincias en materia de conservación de sus bosques.
De todas formas, el funcionario provincial resaltó que, a partir de que la Ley de Bosques nunca se cumplió como debía “y los fondos nunca alcanzaron ni fueron representativos para la gestión ambiental en Misiones, en relación a la inversión que hace la Provincia en materia de conservación, por esa razón ha venido trabajando en la consecución de otros fondos que tiene que ver, por ejemplo, con los bonos de carbono, que creo que van a ser para Misiones una alternativa que también llega de forma directa al trasladarle al privado un beneficio por la conservación”, remarcó.
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Pidieron a la Legislatura rechazar el nuevo ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 14/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pese a las persistentes promesas de enviar la iniciativa para que sea aprobada en la Legislatura provincial, el gobierno demora su ingreso.
Las organizaciones ambientalistas Greenpece, Fundación Cebil y Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir solicitaron a los legisladores provinciales no aprobar la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta por entender que el procedimiento con el cual se realizó implica un retroceso en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Pese a los reiterados anuncios de envíos de la iniciativa al recinto legislativo, y de haberse presentado en diciembre del año pasado, el gobierno provincial no presentó todavía la propuesta en la Legislatura provincial para su tratamiento.
Entre otros puntos, las organzaciones ambientalistas cuestionaron que la nueva propuesta no defina qué sucederá con las tierras desmontadas de manera ilegal durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya sea por no estar autorizadas, o por haber sido autorizadas por un decreto que violaba la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Recordaron que las tierras desmontadas bajo la posibilidad del proceso de “recategorización”, “deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN”, y en todo caso, ser restauradas. Lo cual hasta el momento no sucedió.
Cuestionaron también que el nuevo ordenamiento permita el desmonte legal de 721.568 hectáreas, una superficie “sumamente excesiva”, aseguraron; más cuando la provincia ha tenido una alta tasa de deforestación en las últimas tres décadas.
Asimismo, afirmaron que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental, dado que permite el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías 1 (rojo) y 2 (amarillo), en las que no se puede desmontar. En este punto, sostuvieron que el mecanismo propuesto por el equipo técnico que realizó el nuevo OTBN es similar al “utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión”. “Se trata de una zonificación flexible (…), no determina claramente donde se puede y dónde no se puede desmontar”, advirtieron.
La nueva propuesta también habla de una zona de “color marrón”, que es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes. Las organizaciones ambientalistas entendieron que la propia existencia de esta categoría no incluida en la Ley de Bosques “puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y (que) no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.
Además, nuevamente la región de los Valles Calchaquíes queda sin categorizar, como sucede hasta la actualidad, “desconociendo los montes nativos de algarrobos, talas, chañares, y a las especies en peligro de extinción, como los ejemplares en cardones y los retamos”. Este desconocimiento de los bosques nativos “incrementa el desmonte indiscriminado, el avance del agronegocio y genera conflictos socioambientales con las distintas comunidades originarias que habitan el valle”, afirmaron.
Al permitir que algunos desmontes puedan hacerse sobre categorías que estén en rojo o amarillo, se promueve la “fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continas”, agregaron. También criticaron que se haya dejado fuera de la Ley la falta de relevamiento de los territorios indígenas y la falta de talleres interculturales que incluyeran a las comunidades en sus territorios.
Mientras se espera que la propuesta de OTBN obtenga estado parlamentario en Salta, surgió lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó y aprobó una propuesta de OTBN que tenía mucha resistencia. La Dirección de Bosques de la Nación ya observó la propuesta aprobada y sostuvo que cuenta con “graves deficiencias”, algunas de ellas parecidas a las objeciones que realizan los ambientalistas en Salta al nuevo OTBN.
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Crítico informe de Greenpeace que alerta la deforestación "que quieren ocultar" en Santiago del Estero y Chaco

Fecha de Publicación: 12/10/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero - Chaco


Un informe de Greenpreace reveló la crítica situación por los desmontes en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde se concentra gran parte del este problema grave en la Argentina, causando daños en algunas de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
Desde hace casi tres décadas, el 75% de los desmontes de Argentina se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La deforestación afecta a los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
En el estudio, destacan que desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta junio de 2024 se deforestaron 1.0007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
"La situación es más grave aún teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido por la normativa forestal nacional. Esto ocurre sobre todo en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, principalmente para ganadería intensiva", denunciaron.
Greenpeace analizó la intervención realizada, entre los años 2008 y 2022, sobre 1.881 lotes de las provincias de Santiago del Estero y Chaco con bosques clasificados en la Categoría II – amarillo (donde se permiten actividades sustentables, pero no desmontes), con el objetivo de realizar una caracterización y cuantificación del impacto a partir de variables como su estructura y funcionamiento.
El análisis reveló que desde el año de su intervención hasta la actualidad, los lotes perdieron, en promedio, la mitad de su fracción leñosa.
Por otra parte, se evidenció que el 70% de los casos analizados perdió su estructura y función como bosque.
"De este modo, los bosques de Chaco y Santiago del Estero intervenidos para ganadería intensiva terminan con la misma densidad de árboles que tienen parques públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo que implica que prácticamente están transformando a los bosques chaqueños en una plaza", advirtieron.
Bajo la denominación de un “manejo silvopastoril” supuestamente sustentable, grandes productores en realidad están realizando desmontes, por lo que "es evidente la responsabilidad de los gobiernos de Santiago del Estero y Chaco en la violación de la Ley Nacional de Bosques, al autorizarlos donde no está permitido", alertaron.
Frente a la actual crisis climática y de biodiversidad, Greenpeace reclama en forma urgente prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
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Ingenieros forestales criticaron eliminación de fondo nacional

Fecha de Publicación: 11/10/2024
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional


A raíz de ello, renunció el titular nacional de Bosques, el santiagueño Octavio Pérez Pardo
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) expresó su repudio y preocupación por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), un instrumento que juzga "clave" en la ejecución de la ley 26.331 y la protección de los bosques nativos del país. Por ello, en un comunicado, pidió "razonabilidad en la tomas de decisiones sobre esta temática institucional".
"El FOBOSQUE es una herramienta que fue creada para administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que permitía: a) realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y b) obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos a las provincias, lo que termina fortaleciendo al mismo fondo", indicó la federación que tiene entre sus miembros al intendente de Monte Quemado, Felipe Cisneros.
"El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, sin dudas, fortalece la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación, apoyar a las comunidades locales y asegurar la implementación efectiva de los objetivos establecidos en la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos", acotó.

Renuncia
El santiagueño Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia al cargo en desacuerdo total con la decisión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de desfinanciar por completo los programas oficiales para cumplir con la Ley de Bosques de 2006, al haber eliminado el fideicomiso que canalizaba los magros recursos disponibles para la conservación de los montes nativos.
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“Falencias”: Milei eliminó por decreto un fondo fiduciario de casi $15.000 millones para protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Ya los gobiernos provinciales y entidades de la sociedad civil estaban en alerta ante la posibilidad de que la Rosada avanzara en esta decisión
Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la “Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (Fobosque) que para este año es de $14.710 millones (el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos). Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”. También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias. El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, argumentó, entre otras cosas, que se observaron “falencias”.
Hace unos días, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, planteó que una eliminación del fondo provocaría “un enorme perjuicio a las provincias y a beneficiarios de la Ley de Bosques que mantienen bosques nativos y reciben una compensación por los servicios ambientales que estos prestan”. La funcionaria, que fue presidenta del Cofema tres períodos, subrayó que “esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias”. Dejó en claro que existe una “gran preocupación” en todas las provincias.
La medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.
El fideicomiso se creó en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se estableció que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal y préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e Internacionales. Además, de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones.
El proyecto de presupuesto 2025 que hoy empieza a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909.090 millones. Desde Greenpeace remarcan que esos montos son “apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, una situación que se viene repitiendo hace varios años.
Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (art. 35, Ley 26.331), y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.
En el decreto de Milei, que lleva el número 888, se consigna que “en el caso del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), previo a la transferencia al Tesoro Nacional de las sumas resultantes, corresponderá la aplicación de las sumas de dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.331″. Es la norma de protección de los bosques nativos.
Respecto de los fundamentos de la medida, el decreto consignó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.
“Que, entre otras cuestiones, en dicho Informe se señalaron deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados”, dice el decreto. Agrega: “Que, asimismo, del aludido informe surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo”.

Situación
“La falta de fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias, ya que el 30% del presupuesto de la Ley de Bosques se destina a apoyo institucional de las mismas para esa función. Es grave teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, y es por eso que venimos reclamando se penalicen”, dijo a LA NACION Hernán Giardini, responsable del área de Bosques de Greenpeace.
Por su lado, unas 25 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado hace unas semanas, pidiendo conocer el “proyecto superador” si se eliminaba el fiduciario. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, repasó que en mayo solicitaron a la Subsecretaría de Ambiente de Nación información relativa a los fondos destinados para la implementación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. “Este pedido de información aun no fue respondido hasta la fecha”, añadió.
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Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
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Los incendios exponen a fauna silvestre, algunas aves y organismos de suelo al peligro de extinción

Fecha de Publicación: 01/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Especialistas afirman que ante la avanzada pérdida de hábitat, pueden desaparecer muchas especies que habitan las sierras de Córdoba. Los reiterados incendios y la pérdida de bosque alteran el funcionamiento de los ecosistemas.
Una de las tantas consecuencias de los incendios es el daño al hábitat de muchas especies que viven en las sierras cordobesas. Hay muchos animales que fueron alcanzados por el fuego y que tienen susceptibilidad a la extinción por sus características biológicas. Por ejemplo, hay especies endémicas, únicas en los lugares, que, si su hábitat es alterado, no tienen dónde ir. Por eso desaparecen. Otras especies consumen un solo tipo de recurso y, si no lo tienen, se extinguen.
“Los ambientes naturales en Córdoba están deteriorados. Los pocos relictos de bosque concentran muchos individuos de cada especie. Los incendios reducen aún más estos lugares y complican a los animales encontrar alimento y desarrollarse. Muchos animales se han muerto quemados”, explica Daniela Tamburini, doctora en biología e investigadora del Conicet en diálogo con La Voz.
La particularidad de esta época del año es que es fundamental para la reproducción debido a las mejores condiciones climáticas. Muchas especies tienden a huir del fuego, pero algunas son alcanzadas por él con crías o poniendo huevos. Existe una cadena que configura el funcionamiento del ecosistema.
Los árboles, durante estos meses, comienzan a florecer para tener frutos en verano. A su vez, los insectos son fuentes de alimentos de muchos animales. “No es sólo que simplemente sobrevivan. Necesitan hábitat, otro congénere para reproducirse y alimento de plantas y bichos. En los bosque quemados, tienen que moverse más para conseguir el alimento que necesitan. El bosque quemado lleva años recuperarse. Reforestar no es hacer un bosque. Lo mejor es cuidarlo a él y a la fauna”, argumentó la especialista.
Fuentes del Ministerio de Ambiente consideraron que particularmente en la zona donde ocurrieron los incendios, no hay gran presencia de animales endémicos. En sí, los incendios han afectado directamente la distribución que tenían mamíferos y reptiles. “Queda analizar cuál es la reacción de estas especies y cómo influye en su existencia”, reconocieron, sin embargo.
“En la zona de los incendios podíamos encontrar: especies de aves como rey del Bosque (en peligro crítico previo a los incendios), carpintero negro, carpintero lomo blanco, águila coronada, reina Mora y loro hablador (en zona de Chancaní). También mamíferos como pumas, zorro gris, zorrino, corzuela parda, gato montés, pecarí de collar y reptiles como la yarará grande , yarará chica y serpiente de coral”, detallaron.
A su vez, expertos señalaron que el chancho quimilero, endémico de toda la región chaqueña y en peligro de extinción, complica aún más su supervivencia por la reducción de hábitat.
El chancho pecarí es un mamífero que ocupa la región chaqueña. La gente lo caza y, sumado a esto, la pérdida de hábitat altera su existencia. Esta especie se puede mover, pero en esta época suelen estar con crías, lo que les dificulta huir. Los animales que logran escapar no encuentran alimento porque todo está quemado.
“Hay especies que ya estaban complicadas antes de los incendios. Por ejemplo, en el oeste de la provincia de Córdoba, en los bosques chaqueños, en zonas de llanuras, hay mamíferos endémicos que sólo viven ahí. Estos incendios los afectan aún más”, agregó la especialista.
Los yaguaretés y los pumas son especies que necesitan mucha superficie, si se reduce su hábitat, es posible que su población se disminuya. Lo que puede derivar en una extinción, explican los especialistas. También se ven afectados los zorros. En la semana que pasó se vio a uno de esos animales quemado, escapando de las llamas, en la zona de Capilla del Monte. También fue noticia en La Cumbre cuando un gato montés fue atacado por perros mientras deambulaba por una zona urbana. Las autoridades creen que el animal estaba intentando salvar su vida, escapando de los incendios.
Otros animales que sufren las consecuencias de los incendios son los tuco-tuco, una especie endémica de la región. Se trata de roedores que van de 150 a 300 gramos y que habitan debajo de la tierra en distintas zonas de las Sierras de Córdoba.
Córdoba es la provincia más deforestada de Latinoamérica. Cada vez se ve menos fauna. “Hace más de 20 años que voy al campo y veo menos animales. Son los incendios, las rutas, la urbanización, reducción de hábitat. Córdoba no cuida sus ambientes naturales”, dice la experta.

El efecto del fuego sobre los organismos del suelo
Poca atención le prestamos a las especies que habitan nuestros suelos. Lo cierto es que allí se albergan millones de organismos que se conforman un ecosistema en miniatura. Las investigadoras, María Laura Moreno, María Fernanda Chiappero, María Rosa Rossetti y Natalia Pérez-Harguindeguy, en un trabajo conjunto sobre el tema, explicaron a La Voz: “Se ha estimado que en tan solo un gramo de suelo pueden encontrarse cientos de especies de bacterias, hasta doscientas mil hifas de hongos y una gran diversidad de invertebrados, entre los que se encuentran ácaros (parientes de garrapatas), escarabajos, hormigas y lombrices, entre otros. Estos organismos son esenciales para mantener la estructura, capacidad de infiltración, y fertilidad del suelo. Sin ellos, los suelos se vuelven menos fértiles, más compactos, y menos capaces de retener agua”
Los incendios afectan también su hábitat y sus recursos de alimentación. Además, tiende a la extinción de organismos que son fundamentales para determinados ciclos, como por ejemplo reciclar materia orgánica. Algunas especies, como las lombrices, logran escapar del calor adentrándose en las profundidades de la tierra. Pero muchas otras, se pierden.
“La biodiversidad del suelo es clave para recuperar el funcionamiento del ecosistema. La restauración depende en gran medida de no perturbar el suelo de modo que especies de plantas nativas y organismos del suelo puedan volver a crecer y recuperarse después de un incendio”, concluyeron.

Las aves, en peligro
Dentro de la fauna de Córdoba afectada por los incendios forestales que llevan más de una semana, se encuentran la aves. Si bien son las que menos sufren el impacto del fuego en el momento, por su capacidad de volar, estas buscan emigrar hacia otras zonas.
Una vez que salieron de la zona de llamas, ¿a dónde van? ¿Pueden regresar a las zonas afectadas? ¿Cuál es el impacto que genera su ausencia en la biodiversidad? Estas son las preguntas que responde el biólogo Gabriel Orso, especialista en ornitología.
“Las aves pueden anticiparse al fuego por la detección visual y a diferencia de los mamíferos estas no tienen sentido del olfato. Ellas se salvan porque vuelan. Sin embargo, las perdices, que son más caminadoras y tienen un vuelo corto de 50 metros, podrían verse afectadas por el fuego”, dijo el especialista.
Las aves pueden volar hasta cientos de kilómetros en busca de mejores condiciones de hábitat y cumplir sus necesidades. Las palomas nativas de Córdoba son excelentes voladoras y pueden hacer un vuelo continuo y por más tiempo. Lo mismo las golondrinas que planean por grandes distancias. En el caso de “los pajaritos”, estos tienen que hacer vuelos más cortos para descansar.
Emigran a las áreas que no fueron afectadas y el regreso a la zona incendiada depende de la especie. Por ejemplo: las que habitan en zonas de bosques no podrían hacerlo y buscan otros sitios donde instalarse.
También hay una gran cantidad de aves que anidan en sotobosques (las zonas herbáceas y arbustivas que se forma por debajo de las copas de los árboles), que es lo primero que consumen las llamas, por más que se escapen después no tienen dónde resguardarse y anidar.
Algunas buscan alimentos, como semillas, en las áreas abiertas que deja el incendio, pero por lo general abandonan el lugar porque no tienen los requisitos que necesitan para sobrevivir. “Se van y buscan otros refugios porque sino quedan expuestas”, agregó Orso.
Y aseguró que por más que no mueran por la acción del fuego, el impacto indirecto producido por este flagelo se ve reflejado en las generaciones futuras.
Además, el problema se acentúa porque en Córdoba, según especialistas queda menos del 3% de bosque nativo, porcentaje que seguramente disminuyó con los últimos incendios, el 2024 ya supera las 80 mil hectáreas quemadas, y cada vez se achican más las posibilidades de conservación de las especies.

Son esenciales
Las aves son reforestadoras porque pueden defecar en la zona incendiada y a medida que el bosque se va restaurando por debajo quedan semillas que pueden resurgir. Si no se interviene, el bosque rebrota tras ser colonizado por las especies llamadas generalistas, las que pueden adaptarse a distintos ambientes y favorecen la recuperación.
Las últimas en volver, cuando el bosque está reparado, son las especialistas porque necesitan un tipo de hábitat para sobrevivir.
En Córdoba hay alrededor de 400 aves. El noreste que es zona de bosque chaqueño, desde Miramar de Ansenuza hasta Las Salinas Grandes, también Ongamira y Chancaní, hay comunidades de aves de bosques y en Pampa de Achala, donde hay pastizales de altura, son comunidades de aves que están relacionadas con especies andinas.
Ya en el sureste de la provincia se encuentran las especies de pastizales de llanura, como las de la zona de la pampa húmeda. “Córdoba tiene una ubicación estratégica que vincula varios tipos de ambientes y se ve favorecida con la riqueza de aves”, expresó Orso. Además, tiene especies endémicas (se encuentran solo en un área específica) como la monjita salinera, que habita en las Salinas Grandes.
Estas aves son esenciales no solo desde el punto de vista ecológico sino también económico por la gran cantidad de turismo que recibe la provincia para avistarlas. Y con los incendios se pierde esa valoración.
Orso detalló cuáles son las aves de Córdoba que están en peligro de extinción y cuyas zonas fueron afectadas por el fuego.
En el caso del águila coronada, que vive en la zona de Chancaní, dónde se encuentra ubicado el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní y fue uno de los sectores que registró un fuerte foco de incendios esta temporada. Es una de las aves más grandes de la zona y se encuentra en peligro. También el loro hablador, queda muy poca población debido a los incendios, la deforestación y el mascotismo.
El carpintero negro es otra especie que está en peligro a nivel mundial (se distribuye desde Bolivia hacia Argentina), ya que depende mucho de los bosques, pero a pesar del tamaño reducido de su población es más fácil verlo en Córdoba, por eso muchos observadores visitan la provincia.
Otra es el rey del bosque, un ave que sufre la devastación porque habita en bosques serranos como los de las Sierras Chicas, valles de Punilla y Calamuchita. Viven en los árboles, y cuando se quema el bosque, se ven perjudicado.
Y dentro de las aves amenazadas se encuentran: la reina mora, el pepitero gris, el pepitero de collar, el halconcito gris y el águila mora especies. Lamentablemente, el que ya se extinguió en Córdoba es el cardenal amarillo.
“A las problemáticas existentes que ponen en peligro de extinción de las aves, como la frontera urbana y agrícola-ganadera, se le suma la del fuego. Estamos cada vez peor”, señaló el ornitólogo.

Preocupación regional y global
Hernán Casañas, director Ejecutivo de Aves Argentinas, contó que la organización inició un proceso de trabajo de restauración, junto a la Provincia, en sitios preseleccionados dentro del territorio provincial, a través de la plantación de árboles nativos cuyos resultados se verán a largo plazo.
A la vez, reconoció que hay una preocupación global sobre la perdida de la biodiversidad, incluida las aves. Este es un grupo muy fácil de detectar y también para quienes estudian, por ende la información que se desprende es muy valiosa para entender lo que está sucediendo con el ambiente.
La pérdida de biodiversidad se debe a las practicas humanas. “A esta era la llamamos Antropoceno, donde se concentra la actividad humana de una forma muy lejana de la sostenibilidad, que es perjudicial para las otras especies y para el hombre “, destacó.
Esas otras especies entregan servicios ecosistémicos (agua dulce, aire limpio, polinización de los insectos), pero todo eso se ve afectado por la pérdida a gran escala de lo que es la biodiversidad global.
“La disminución de las especies es algo muy evidente. Tuvimos la suerte de contribuir a la creación de parques nacionales, uno de ellos Pinas- Traslasierra, y parque nacional Ansenuza. Esperamos que estos procesos sirvan para contribuir a las observaciones de especies y brindar una oportunidad para potenciar el turismo que es generador de puestos de trabajo”, afirmó.
Pero, recomendó promover formas de producción sustentables y premiar esos sistemas de producción con bonos verdes (fondos financieros destinados a proyectos verdes).
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Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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Incendios en Córdoba: los vecinos reclamaron que el Gobierno declare la emergencia nacional

Fecha de Publicación: 24/09/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Córdoba


Aseguran que los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente. Desde el gobierno provincial declararon “zona de desastre”. Cuáles son las zonas afectadas.
El fuego no da tregua en la provincia de Córdoba y la situación es alarmante. En medio de una batalla de los brigadistas para controlar los incendios, los vecinos de distintas localidades se manifestaron para pedir la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.
“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, expresó a TN una vecina de la capital provincial.
“Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”, señaló otra mujer.
Otro damnificado aseguró que esta catástrofe fue intencional y que se podría haber evitado. “Estamos hablando de una crónica de un incendio anunciado. Hace tres semanas que vienen prendiendo fuego y sabemos que son intencionales. Se quemaron zonas donde quieren construir autovías y donde quieren instalar negocios inmobiliarios. Necesitamos que sea declarada reserva intangible. El bosque nativo hay que cuidarlo”, dijo.
Fuentes del gobierno de Martín Llaryora explicaron a TN que se declaró “zona de desastre”, que habilita el uso de fondos provinciales y que, para resolver el tema de las casas afectadas hasta el momento, cuentan con los recursos necesarios. Además, señalaron que le solicitarán a la Justicia ser querellante en la causa.
A nivel nacional se destinaron dos aviones hidrantes para apagar el fuego en Villa Berna, y otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Los vecinos sostienen que no es suficiente y piden más asistencia del gobierno de Javier Milei.
La última información que se tiene de los focos activos se concentra en Capilla del Monte, detrás Cerro Uritorco. En la localidad de San Sebastián el fuego ya fue contenido, al igual que Los Cocos y la Cumbre, aunque hay peligro de reinicio.
En la ruta nacional 38, las autoridades comenzaron a evacuar a los vecinos de Villa Apina por precaución, ya que el fuego parece estar dirigiéndose en esa dirección. También trasladaron cientos de vacas, caballos y otros animales del campo.
Se prevé que los aviones hidrantes trabajen hasta las últimas horas de luz y continúen combatiendo las llamas a primera hora de este lunes.

La lucha “cuerpo a cuerpo” de los brigadistas en Córdoba
“Vamos a luchar cuerpo a cuerpo contra el fuego como podamos. Está muy complicado. No hay forma de llegar, nos rodeó el fuego. Pedimos ayuda a los Bomberos, que están trabajando en otros lugares y nosotros estamos acá”, comentó esta mañana un brigadista en diálogo con TN.
En ese sentido, un hombre que cargaba bidones de agua junto a su novia agregó: “Está bastante grave. Cambió el viento. Nos contaron que el viento rota todo el tiempo y no pueden activar un plan de incendio. Estamos todos en la misma, ayudando”.
“No es que se cayó una colilla de cigarrillo, esto lo generaron y saben lo que están generando. Es terrible, no se corta más”, apuntó Alejandro, un vecino.
Otro hombre que se acercó a ayudar remarcó: “Se nota que son intencionales. Hemos visto bidones de nafta y varias cosas. Focos que se apagan, se descuida y de repente se prenden de nuevo”.
Varios de ellos utilizan sus autos, camionetas o camiones para cargar tanques de agua y se dirigen hacia la zona del monte para contener el avance de las llamas.

Pidieron declarar desastre y emergencia en Córdoba
El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley ante el Congreso para declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en los departamentos de Colón, Santa María, Calamuchita y Pocho, afectados por los incendios forestales que vienen azotando la región desde agosto.
La iniciativa legislativa surge como respuesta a la gravedad de la situación, en la que “los factores climáticos han exacerbado la propagación de los incendios”, explicó Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.
El proyecto plantea una declaración de emergencia por 180 días, prorrogables, durante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar fondos especiales para asistir a las víctimas y restaurar las áreas afectadas. También están previstas medidas específicas para brindar asistencia financiera a las actividades productivas, con bonificaciones en las tasas de interés y facilidades impositivas para los contribuyentes afectados.


“Este bosque es único y se está quemando”: un guardafauna rompió en llanto por los incendios en Córdoba

Javier Peralta Ramos pidió en diálogo con TN que se vuelva a implementar el sistema de alertas tempranas y remarcó la importancia de la prevención.
Córdoba se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes por los incendios forestales. Javier Peralta Ramos, guardafauna, describió en diálogo con TN una situación desgarradora.
“Antes del año 2000, junto a un amigo guardafauna, logramos implementar un sistema de alerta temprana que durante 15 años evitó incendios. Sin embargo, al eliminar este sistema, estamos viviendo una calamidad nunca antes vista. Hoy, la provincia se encuentra en llamas y la mortandad de animales es alarmante”, expresó.
El especialista advirtió que muchos de los animales salvajes están con crías durante esta época del año, lo que significa que se está a punto de perder toda una generación.
“Es un verdadero desastre, especialmente para especies en peligro de extinción como el cóndor andino, los pumas, las corzuelas. La flora y fauna de nuestra región es invaluable”, señaló con angustia y se quebró al aire.
El guardafauna también mencionó la situación del Cerro Uritorco, donde los quebrachos únicos están desapareciendo. “En Estados Unidos, estas reservas reciben millones de turistas, mientras que nosotros tenemos un bosque que es único y se está quemando. Es imperativo que volvamos a implementar el sistema de alerta temprana”, indicó.
El experto denunció que hay quebrachos que han sido destruidos y que tenían más de 400 años. “Responsabilizo a las autoridades provinciales por la falta de prevención. Este fuego es un negocio para algunos, y los verdaderos perdedores somos todos nosotros, incluidos los animales que no pueden defenderse”.
El fuego no da tregua y la situación es alarmante. En medio de una batalla de los brigadistas para controlar los incendios, los vecinos de distintas localidades se manifestaron para pedir la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.
“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, expresó a TN una vecina de la capital provincial.
“Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”, señaló otra mujer.
Otro damnificado aseguró que esta catástrofe fue intencional y que se podría haber evitado. “Estamos hablando de una crónica de un incendio anunciado. Hace tres semanas que vienen prendiendo fuego y sabemos que son intencionales. Se quemaron zonas donde quieren construir autovías y donde quieren instalar negocios inmobiliarios. Necesitamos que sea declarada reserva intangible. El bosque nativo hay que cuidarlo”, dijo.
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