Cambio climático y zonas inundables: qué distritos del AMBA están en riesgo

Fecha de Publicación: 15/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires


Diversos informes nacionales y mundiales alertan sobre cómo la suba de la temperatura global puede incrementar el nivel del mar, provocar más precipitaciones y generar graves inundaciones, como sucedió en Bahía Blanca. Cómo debemos actuar, según una experta consultada por Infobae
Cada vez más son los informes, papers científicos y estudios privados y gubernamentales que advierten las severas consecuencias del aumento de la temperatura global y la repetición continua y cada vez más violenta de eventos climáticos severos que impactan en distintos países.
En esta línea, un estudio publicado recientemente en la revista Earth’s Future encontró que, además de los impactos relacionados con lluvias intensas, el aumento del nivel del mar podría provocar un ascenso de las aguas subterráneas, reduciendo la capacidad del suelo para absorber precipitaciones, generando “inundaciones desde abajo” y aumentando los riesgos antes de que ocurra una inundación costera directa, un fenómeno que añade complejidad a los desafíos ya existentes.
Así, el aumento del nivel del mar y la intensificación de tormentas generan un escenario preocupante para Buenos Aires y otras regiones de Argentina (y el mundo). Según estudios recientes de la organización científica Climate Central, la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano podrían enfrentar inundaciones parciales o permanentes en el futuro. Esta situación se debe a la combinación del cambio climático, el ascenso del nivel del mar y la mayor frecuencia de lluvias intensas.
El calentamiento global ha provocado un aumento progresivo de la temperatura media, lo que, a su vez, acelera el ascenso del nivel del mar. En ese tono, el trabajo publicado en Earth’s Future, realizado mediante una red de monitoreo de piezómetros (instrumentos para medir los niveles de agua subterránea) y modelos geoespaciales (que representan datos en mapas), advirtió cómó el fenómeno denominado “inundaciones desde abajo” (agua subterránea emergiendo por saturación del suelo) presenta riesgos que se extienden tierra adentro, sin depender estrictamente de la cercanía al mar.
El estudio destaca que las aguas subterráneas son un factor crítico, especialmente en zonas urbanas costeras, pues amplifican riesgos de salud pública (como enfermedades por humedad y moho), daños a estructuras (inestabilidad en cimientos y edificios) y desafíos a sistemas de drenaje (colapsos o sobrecargas en desagües urbanos). Además, señalaron que estos efectos serán persistentes y difíciles de mitigar si no se implementan redes de monitoreo y estrategias de adaptación tempranas.
Lo cierto es que, en la última medición de la NASA, se registraron 427 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que generó un incremento de 1,5°C respecto de la era preindustrial, un aspecto que impulsa estos fenómenos. Ya en 2018, miles de científicos y revisores gubernamentales del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), publicaron un informe en el que acordaron limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C desde la era preindustrial (1850 - 1900). Esta ayudaría a evitar los peores efectos del cambio climático que se puedan desatar en la Tierra y a mantener un clima habitable para las hoy 8000 millones de personas que lo habitamos.
Pero el incremento actual de las emisiones de dióxido de carbono que hoy tenemos, y su proyección en ascenso para fin de este siglo, podría generar un aumento de la temperatura global hasta en 4,4 °C en 2100, ya que los gases de efecto invernadero (GEI) actúan como un manto que envuelve la Tierra, atrapan el calor del Sol y hacen que se elevan las temperaturas.
Como un llamado de advertencia concreto, sabemos que el planeta experimentó en 2024 una temperatura media en la superficie de 1,55 ºC por encima de la media registrada en el periodo preindustrial, según los datos difundidos en enero por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que consolidan los resultados de las seis mayores bases de datos del mundo.
“El cambio climático es un calentamiento de todo el sistema, atmósfera – océano. Es decir, de todo el sistema Tierra. Ya aumentó la temperatura global, o sea de todo el mundo, de la atmósfera y de las aguas de los océanos. Eso hace concentrar más la energía en la atmósfera en general”, explicó a Infobae Matilde Rusticucci, doctora en ciencias de la Atmósfera, investigadora del Conicet y profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Al alterarse los sistemas de circulación, entonces se concentra la humedad en algunos lugares produciendo más precipitaciones y por otro lado, en algunos lugares hay más sequías. El aumento de temperatura lo que genera es que se produzcan más frecuentemente y más intensamente estos eventos. Es más, hay mayores posibilidades de que aumente la temperatura de golpe y en días sucesivos produciendo olas de calor intensa”, agregó la coautora de informes del IPCC y fuente de la Tercera Comunicacion Nacional Cambio Climatico.
Y completó: “En general, la principal característica del cambio climático es que aumentan los eventos climáticos extremos que no llamamos desastres naturales, porque el desastre se produce por la combinación de todo lo que sucede. El cambio climático es un fenómeno natural producido por el hombre. Eso significa hoy más frecuencia y más intensidad de eventos climáticos extremos”.

Barrios y localidades del AMBA en peligro
El Área Metropolitana de Buenos Aires está formada por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (con 40 municipios) y está dentro del ranking de los 20 grandes centros urbanos del mundo con riesgo de sufrir inundaciones, si ocurriera un calentamiento de 3° en la temperatura promedio del planeta Tierra en el futuro, según un estudio de científicos de Climate Central de los Estados Unidos.
Además del AMBA de la Argentina, Nueva York y Tokio, otras 17 grandes áreas urbanas más afectadas (con poblaciones de más de 10 millones) se encuentran en el ranking por vulnerabilidad ante el riesgo de aumento del nivel del mar después de un calentamiento de 3°C.
Si la temperatura global subiera entre 3 y 4º C, el agua del Río de la Plata avanzaría sobre zonas costeras de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo partes de Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y la Reserva Ecológica Costanera Sur. En el conurbano, los municipios más afectados serían Berazategui y Avellaneda, según proyecciones del estudio de Climate Central.
Según proyecciones de la ONG EARTH, se estima que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente 2 metros a finales de este siglo. Sin embargo, para determinar el aumento del nivel del mar a nivel de Buenos Aires, hay que tener en cuenta los niveles de inundaciones costeras locales, que podrían ser 2,8 m superiores al nivel medio de las aguas más altas en pronósticos extremos.
Informes de expertos del clima en Argentina indican que la lluvia ha aumentado un 3,2% por década en la Ciudad de Buenos Aires y un 0,9% en Ezeiza, lo que evidencia que las áreas urbanas están recibiendo precipitaciones más intensas. En cuanto al nivel del mar, se estima que el Río de la Plata subió 17 centímetros en el último siglo y que para 2050 podría aumentar entre 50 centímetros y un metro.
Esto se debe no solo al calentamiento global, sino también a fenómenos como El Niño y las sudestadas, cuya frecuencia ha ido en aumento en los últimos años. Según un reporte para la elaboración del Plan de Acción Climática 2050 (PAC) del Gobierno de la Ciudad, entre 1943 y 1952 hubo menos sudestadas que entre 2004 y 2013, lo que evidencia un cambio en los patrones climáticos.
Los modelos climáticos indican que las tormentas seguirán intensificándose. En marzo de 2023, el Servicio Meteorológico Nacional registró entre 200 y 400 milímetros de lluvia en el AMBA en menos de dos semanas. En Bahía Blanca, el temporal del último viernes dejó 290 milímetros en solo 12 horas, generando inundaciones masivas y daños estructurales. Además, las intensas lluvias registradas ayer en la ciudad de Córdoba provocaron anegamientos en calles por inundaciones, cortes de luz y complicaciones en el tránsito. En menos de una hora, se registraron hasta 67 milímetros de agua, según informó el secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, Claudio Vignetta.
“Frente al calentamiento no es lo mismo que aumente la temperatura un grado, un grado y medio o dos grados con respecto a la era preindustrial. Porque con cada décima de grado que aumenta, sube la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Si la temperatura aumentara tres grados, la cantidad de eventos extremos que tenemos que esperar son muy superiores a los que tenemos hoy en día. Ahora estamos en un promedio de un grado y medio, que en realidad, ya superamos esa marca y un ejemplo de ello es que el año pasado fue el año más cálido observado, o sea, vamos batiendo récords y estamos en un grado y medio ya. Si aumentara tres grados estaríamos al doble y se esperarían muchos más desastres y más intensos”, precisó la doctora Rusticucci.
Y agregó: “Hay muchos estudios a nivel nacional y papers científicos sobre esta problemática. También el estudio de la Comunicación Nacional de Cambio Climático, que es el informe del Gobierno sobre el estado de situación del cambio climático en la Argentina y lo que puede suceder. Ya se menciona hace como 20 años datos mostrando a Bahía Blanca como una zona de riesgo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es planificar primero, no negar el cambio climático, porque si estamos negando el cambio climático, claramente estamos negando la realidad. Los ingenieros que planifican, o los planificadores urbanos, no pueden trabajar con lo que pasó en el pasado. Tienen que planificar con lo que va a suceder en el futuro que sabemos que va a suceder. La comunidad mundial de científicos que trabajan en temas de cambio climático puede dar respuestas como la construcción de diques, obras hidráulicas y otros items importantes. Por ejemplo, un hospital no puede estar en una zona inundable o a la que no se puede acceder si hay un evento climático extremo. Hay muchas cosas para planificar, pero eso no se puede hacer pensando con los números del pasado, de cada cuánto llueve o cuánto puede llover o cuánto calor puede hacer. Eso hay que hacerlo con los números del futuro”, concluyó la experta en cambio climático.

Obras y medidas de prevención
Frente a este panorama, el gobierno porteño ha implementado diversas obras hidráulicas para mitigar el impacto de las lluvias intensas. Desde los años 90, la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado con el Plan Hidráulico, que incluye infraestructura para canalizar el agua acumulada hacia el Río de la Plata. Entre los proyectos más destacados se encuentran las obras de alivio del arroyo Maldonado, que permitieron reducir las inundaciones en barrios como Palermo y Villa Crespo.
Si bien la Ciudad de Buenos Aires cuenta con obras que han reducido el impacto de las lluvias, la situación en el conurbano es diferente. Municipios como La Matanza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Tigre, Almirante Brown y Florencio Varela presentan mayor vulnerabilidad en algunas regiones.
En tanto, informes nacionales advierten que en algunas zonas más de la mitad de la población está en riesgo de sufrir inundaciones, debido a la falta de infraestructura y a la alta densidad urbana.
El último informe de la ONU Cambio Climático alertó que los planes de acción climática de los países siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, un tratado internacional legalmente vinculante que incluye compromisos de todos las naciones para reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los impactos del cambio climático.
El acuerdo entró en vigor en 2016 y dio a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático.
.

Condenan a Berisso y Ensenada por sus islas

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia intimó a las municipalidades de Ensenada y Berisso a instrumentar en 60 días la confección de un plan de manejo de las islas Santiago y Paulino. La medida, que también alcanzó al gobierno provincial, fue adoptada por la justicia del fuero contencioso administrativo de La Plata, tras una denuncia realizada por una Ong de la Región.
Según se pudo saber, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 condenó a los dos municipios y a la Provincia a cumplimentar con un plan de manejo para proteger la zona aludida.
La Ong Nuevo Ambiente, que presentó la denuncia, expresó su satisfacción con el fallo que viene a hacer cumplir la ley 12.756, luego de 23 años y muchos reclamos, protegiendo en mejor forma a todo el Monte Ribereño.
Cabe señalar que las Islas Santiago (Ensenada) y Paulino (Berisso) son áreas que se encuentran declaradas “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico“, mediante la Ley 12756.
“Sin embargo, a 23 años de sanción de la ley, y pese a los muchos reclamos realizados, el Plan de Manejo no existía, y por eso Nuevo Ambiente decidió pedir a la justicia que intervenga. La creación del área protegida tuvo como fundamento principal la preservación de la selva y monte ribereño poniendo un límite a la sustitución y desmonte producidos por la urbanización, y dada la importante biodiversidad que posee, estando en peligro por el desmanejo y avance de construcciones sin ningún tipo de criterio, ni respeto al ambiente natural y sin estudios serios sobre la capacidad de ocupación que puede soportar las Islas y sus posibles impactos negativos hacia el ambiente y la calidad de vida”, indicaron en la Ong, impulsora de la demanda.
¿Qué es un plan de manejo?: el Plan de manejo del área protegida implica la formalización de un documento técnico donde se establecen las acciones y normas para gestionar, mantener y proteger el lugar. En definitiva, de qué forma el accionar del hombre va a influir en la zona y cuales son los requisitos que deberían cumplirse en caso de una intervención. Por ejemplo, si se permite construir, en que zona, bajo que parámetros, explicaron en la Ong.
Marcelo Garófalo, titular de la Ong Nuevo Ambiente, dijo a este diario que “para el espacio el fallo es muy importante, pues no solo viene a exigir que se cumpla la ley, sino que se pone a la vanguardia de la conservación y preservación integral del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de la zona”.
Añadieron que “fallo de la doctora María Ventura Martínez, hace lugar a nuestro reclamo, remediando la situación y obligando a los municipios de Berisso, Ensenada y la Provincia a que en el plazo de 60 (sesenta) días desde su firmeza, instrumenten los mecanismos adecuados a fin de confeccionar y aprobar un Plan de Manejo de dicha área, el cual deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el art. 9 de decreto reglamentario n° 2314, a los fines de su protección y conservación y la armonización de las actividades desarrolladas por el hombre en el lugar para que, posteriormente, se proceda a verificar su cumplimiento, instancia que tiene un amplio abanico legal y administrativo (arts. 5, 9 y concs. de la ley 12.704; 5.3, 9 y concs. del DR 2.314/11; 28 y concs. de la Constitución Provincia de Buenos Aires, ley 11.723; ley 25.675; 41 y concs. de la Constitución Nacional).”
Garófalo afirmó que “sin lugar a dudas esta sentencia es un muy importante logro para la comunidad toda, pues alienta a defendiendo los derechos y la preservación de nuestro ambiente en general. También es un llamado a que los gobiernos municipales y la provincia tomen conciencia, del valor de respetar las legislaciones ambientales vigentes, y que deben no sólo arbitrar las medidas pertinentes para evitar la degradación, sino ser custodios de estos espacios de importancia biológica”.
Desde la Municipalidad de Berisso, su representante legal cuestionó a la Ong, pidió la intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y sostuvo que la Comuna ejerce el poder de policía de manera regular en la Isla Paulino. “Si bien no existe un plan de urbanización alguno, ni aprobación de desarrollo alguno, no existe movimiento de suelos o desmontes en la Isla Paulino”. También recordó que la ley 12.704 no fija un plazo para la confección del Plan de Manejo ambiental.
En tanto, la Municipalidad de Ensenada remarcó ante la justicia que “la isla Santiago está habitada hace más de 150 años por una comunidad arraigada en el lugar, con instituciones barriales. Los pobladores pidieron en 1999 a la Municipalidad de Ensenada la posesión y propiedad de las tierras” y tras numerosas instancias “los pobladores detentan regularizada su posesión”. Repasa también se construyó un camino de acceso pavimentado e iluminado, se incorporó un ramal de una línea de micros y prolongó la obra de red eléctrica de media y baja tensión”. Además, niegan que haya una edificación descontrolada, movimiento de suelos y desmonte y recordó en un desarrolló inmobiliario fue denunciado penalmente por las autoridades municipales.
En tanto, desde la Provincia afirman que la administración del “paisaje protegido” es de gestión municipal, salvo cuestiones específicas, niega los hechos afirmados en la demanda y desconoció la documentación acompañada, con excepción de aquella que tiene carácter de instrumento público.
A su vez, afirma la Provincia que las autoridades provinciales incumbentes brindarán el asesoramiento técnico necesario para elaborar los planes de protección y conservación, así como los de monitoreo y control.
.

Comienza el relevamiento sobre biodiversidad para promover el uso sostenible de plantas nativas

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Portal DiarioMendoza
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto "Repensando los espacios verdes" busca evaluar la biodiversidad del espacio público para transformar la plaza en un modelo de adaptación al cambio climático. Se priorizará el uso de plantas nativas para enfrentar la escasez de agua en la ciudad.
En la Plaza Malvinas Argentinas de la Ciudad de Mendoza, se dio inicio a una nueva fase del proyecto “Repensando los espacios verdes: uso inteligente de plantas nativas como paradigma de cambio frente a la escasez de agua”. Esta iniciativa forma parte de la segunda edición del Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, un programa de la Municipalidad de la Ciudad financiado por Banco Galicia.
En esta ocasión, técnicos del INTA Junín aportaron sus conocimientos y tecnologías innovadoras para evaluar la biodiversidad y el estado general de la plaza Malvinas Argentinas, ubicada en la Sexta Sección de la Ciudad.
Este proyecto tiene como objetivo fundamental generar una línea de base del espacio verde para poder rediseñar, según las características locales de suelo e insolación, intervenciones en el mismo. Esta información será clave para seleccionar especies de plantas nativas que no solo prosperen en estas condiciones, sino que también contribuyan a la resiliencia urbana frente a la creciente escasez de agua. De este modo, se busca transformar algunos espacios de la plaza en un ejemplo de adaptación de las ciudades al cambio climático, en el que la sostenibilidad y la biodiversidad son pilares fundamentales.
Además, la iniciativa contempla espacios de participación activa con los usuarios de la plaza, brindando información sobre los beneficios estéticos y ecológicos de las plantas nativas. A través de estas instancias, se promoverá la importancia de reducir el consumo hídrico para mantener los jardines y la necesidad de conservar la biodiversidad local, en particular las interacciones entre plantas y animales. Al integrar estos elementos, el proyecto no solo fortalecerá la identidad de la ciudad, sino que también potenciará su capacidad de adaptación a futuros desafíos ambientales.
.

Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
.

Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
.

Oscilaciones extremas y cada vez más frecuentes del Río Paraná: impacto del cambio climático y otros factores

Fecha de Publicación: 09/01/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La crisis climática y los cambios en el uso del suelo para la expansión de la frontera agropecuaria y el desarrollo inmobiliario, parecen cambiar, la morfología del territorio. Cómo afecta al río Paraná y sus constantes oscilaciones.
El brusco descenso en los niveles del río Paraná, se da en el marco de una oscilación que muchos especialistas comienzan a evaluar como periódica producto del cambio climático que es crucial en esta variabilidad, ya que hace pocas semanas, se podía observar un notable aumento.
Dichas oscilaciones, comienzan a afectar al ecosistema, la biodiversidad y el hábitat de miles de especies que alberga el Río Paraná, ya que cada vez es más común, atravesar momentos de ascensos y descensos extremos provocados por sequías prolongadas, así como lluvias intensas.
Ejemplo de ello, es que el gran río del Litoral argentino alcanzó en 2021, sus más bajos niveles de agua del último medio siglo y, para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná.
Para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de caudales mínimos, pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de su cuenca, lo que ayuda a acentuar la variabilidad de los patrones de lluvias y temperaturas en toda la región.

“Noqueado” por la bajante
El río Paraná, nacido en Brasil y criado en tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo.
Un gigante fluvial que estuvo más de dos años “noqueado” por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que secó lagunas y riachos, y dejó al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundación.
Según un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Delta medio del río tenía a mediados de 2021, una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.

Reducción
Desde mediados de 2024, las precipitaciones han estado por debajo de lo normal, lo que provocó la reducción del canal del río, alcanzando niveles alarmantemente bajos en varios puertos, como el de nuestra ciudad. Este proceso, se atribuye a la falta de lluvias en las cuencas que alimentan el río, un fenómeno exacerbado por el calentamiento global y la desertificación.
De este modo, el cambio climático juega un papel crucial en este fenómeno. Esta situación de emergencia hídrica es una de las manifestaciones de ello, donde la deforestación y el uso intensivo de la tierra han reducido la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular el clima.

Uso del suelo
Como trasfondo, aparece el cambio del uso del suelo como explicación principal para entender al menos en parte, las razones por las cuáles el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado: lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las dos últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensificado que cambió, tal vez para siempre, la morfología del territorio.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años.
En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco). El territorio primigenio del Paraná ya no es, ni será, lo que era, un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad de recuperación y resiliencia del gran río.

Hacia los extremos
Si se miran proyecciones hidrológicas, en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio, sostienen los especialistas.
Sin embargo, esa proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes.
Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos, según advierten científicos que trabajan en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático.
 
Hacia una nueva “normalidad” hidrológica
Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.
“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que hubo fue una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, tuvo lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo, desde hace por lo menos dos años”, graficaba el ingeniero hidráulico a finales de 2021.
A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo de 2021, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.
“En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático
Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.
El “boom” de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), hizo que regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina, fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.
Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.
 
Capacidad del terreno
Por su parte, las sequías prolongadas, como las que atravesó el Paraná hace algunos meses, se deben a factores como la deforestación y los cambios en el uso del suelo en las áreas cercanas al río, esto provoca la pérdida de vegetación que reduce la capacidad del terreno para retener humedad y regular el ciclo del agua.
Este fenómeno no solo afecta la cantidad de agua que llega, sino que también provoca la pérdida de humedales, que funcionan como esponjas naturales, regulando el flujo de agua y proporcionando refugio y alimento a miles de especies.
Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

Cambios ecosistémicos
“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.
Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Depuración
Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.
La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.
Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

Desbarrancamientos
También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río.
“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.

Panorama
Los estudios sugieren que el río Paraná está experimentando un aumento en la variabilidad extrema de su caudal. A pesar de que, el caudal medio podría no mostrar cambios significativos, se espera que los extremos, tanto mínimos como máximos, se vuelvan más pronunciados.
Esto implica que las bajantes podrían ser más severas y frecuentes, lo que afectaría gravemente a la biodiversidad y a las actividades económicas que dependen del río, como la pesca o la agricultura.
Además, la interacción entre fenómenos climáticos como El Niño y La Niña también influye en esta variabilidad, complicando aún más las predicciones sobre el caudal del Paraná.
Estas condiciones, se deben a alteraciones en los patrones climáticos que dificultan la gestión hídrica y alertan sobre la necesidad de crear estrategias para mitigar los efectos que estos cambios pueden producir y las consecuencias posibles que afectarán a las poblaciones costeras y las especies que viven en el río.
Los expertos advierten que estas condiciones extremas serán cada vez más comunes y requieren una atención urgente por parte de toda la población.
.

Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

**************

Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
.

El Ordenamiento de Bosques sería enviado a la Legislatura antes de fin de año

Fecha de Publicación: 28/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El actual Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está vencido desde 2014.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, dijo que en los próximos días se espera el dictamen final de las autoridades de Ambiente de la Nación a favor del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de la provincia, tras lo cual será finalmente enviado a las cámaras legislativas para su tratamiento. Se calcula que queda menos de un mes para terminar el período legislativo.
El proyecto, realizado por un equipo técnico, ya fue presentado públicamente a fines de 2022. Desde ese momento, asociaciones ambientalistas se manifestaron en contra de la creación de una nueva categoría de bosques que se identifica con el color marrón. Estas organizaciones recordaron que los colores establecidos por la Ley nacional son solo tres: rojo (bosques que deben conservarse), amarillo (en el que se puede producir bajo parámetros que prohíban el desmonte) y verde (que puede desmontarse).
Los técnicos, en tanto, explicaron que el marrón es un color dispuesto para permitir, en una superficie en donde conviven el amarillo y el verde, estudiar la posibilidad de delimitar en uno u otro color una superficie a desmontar. Sin embargo, aclararon que si una parte amarilla es convertida en verde, el resto de la superficie de una región definida (entre otros factores), por cuenca hidrográfica, se convierte en amarilla y no puede ser sometida a los desmontes.
Para los ambientalistas, esto implica una suerte de recategorización, modelo que fue cuestionado en 2011, cuando por decreto se dispuso que tierras que estaban en áreas rojas o amarillas fueran transformadas al verde.
Mientras, tras una reunión que mantuvo con la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el director nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo, el ministro De los Ríos afirmó que el proyecto de OTBN fue convalidado por las autoridades nacionales, dado que se incluyeron las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional.
Aclaró que el proyecto “emplea el concepto de Áreas de Producción y Conservación (APC), en el cual las superficies a transformar se calculan de acuerdo al criterio técnico y legal ‘Umbral de Cuencas Hidrográficas’, de acuerdo al modelo de tierras compartidas”. El gobierno provincial añadió que investigaciones recientes dan cuenta de que este modelo “protege de forma más eficiente la diversidad biológica y cultural de los agroecosistemas”.

La cuestión del consenso
Desde el gobierno provincial se afirmó que el proyecto del nuevo OTBN “tiene un enorme consenso, fruto de la participación de científicos de diversas instituciones y representantes de más de 120 organizaciones sociales”. Se recordó que se trabajó de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Sin embargo, las entidades ambientalistas criticaron el proceso y afirmaron que hubo comunidades campesinas que se quedaron sin participar de las reuniones para poner en común los criterios para el desarrollo. A ello sumaron que más de 720 mil hectáreas quedarán a merced de ser desmontadas.
Frente a las manifestaciones y críticas, el 23 de octubre pasado la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores se dirigió al ministro De los Ríos para trasladarle su “preocupación para con la actualización del OTBN”.
En una nota elevada al funcionario los senadores destacaron que la Comisión no contaba con el proyecto de actualización. “Sin embargo, recibimos numerosas notas y presentaciones de referentes en la materia, con una auténtica y válida aflicción, ya que al día de hoy solo se conocen los trascendidos mediáticos”.
“Pudimos constatar que los actores a los que necesariamente se les debe consultar y dar participación, conforme establecen las normas de aplicación, aun no fueron involucrados”, sostuvieron.
Sumaron la necesidad de dar “efectivo cumplimiento a lo establecido en relación a comunidades indígenas y campesinas, dotando a las mismas de seguridad jurídica a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura, más aún ante la posibilidad de que las áreas que habitan o son de su influencia vean modificadas las categorías de conservación”.
Ante ello solicitaron abrir el debate a los diferentes actores sociales para democratizar el acceso a la información.
“Se buscó apoyo en un gobierno nacional que es un negador serial de derechos humanos y ambientales”, dijo la titular de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, al manifestar su preocupación por la próxima llegada del proyecto de OTBN y aprobación en la Legislatura.
Por su parte, el investigador del CONICET y referente del proyecto del OTBN, Lucas Seghezzo, sostuvo que el trabajo para realizar el nuevo proyecto llevó años y cuenta con fundamentos científicos además de la participación de todos los grupos sociales. Afirmó que el nuevo proyecto reduce la deforestación esperada, aumenta zonas en rojo, protege las cuencas hidrográficas, y favorece a los pequeños y medianos productores.
Mientras, los grandes productores salteños ya fueron a la Legislatura a solicitar que el OTBN sea aprobado afirmando que mientras tanto, surgen obstáculos a la continuidad de la producción.
.

Bioasfalto, la innovación vial derivada del biodiesel que cubre baches con menos costos y más sustentabilidad

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Córdoba


Es un material revolucionario sobre infraestructura que ya se emplea en reparaciones y tiene proyección internacional. Lo implementa la provincia de Córdoba, en colaboración con el sector privado y la universidad.
El bioasfalto, un innovador compuesto derivado del biodisel, el biocombustible que se mezcla con el gasoil de petróleo, ya se utiliza en bacheos y reparaciones y representa una solución más sostenible y rentable para desafíos de infraestructura.
Ya se está implementando en Córdoba, como plan del gobierno provincial desarrollado en conjunto con una empresa privada y la Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de Córdoba,
Por ahora, el bioasfalto se aplica en obras viales de pequeña y mediana escala, con la intención de homologarlo para obras a gran escala.
Este desarrollo, que comenzó a emplearse hace pocos años, podría convertirse en una alternativa viable a los sistemas tradicionales utilizados en infraestructura vial.
La característica principal del bioasfalto es que reemplaza el uso de hidrocarburos por biodiesel, lo que lo convierte en un material más amigable con el ambiente.

El bioasfalto es una alternativa innovadora
El bioasfalto no solo es ecológico, sino que también simplifica el proceso de aplicación, ya que no requiere tanto despliegue de maquinaria pesada como los sistemas convencionales.
Este producto ya se utiliza en trabajos de bacheo y reparación de carpetas asfálticas en varios municipios, entre ellos la Municipalidad de Córdoba, que adquirió 20 mil toneladas.
Afema, la empresa que lidera este desarrollo, lleva años investigando y perfeccionando el uso de bioasfalto.
“Cada paso fue muy positivo, lo que hizo que hoy tengamos confianza en el producto”, explicó Daniel de la Rubia, jefe de laboratorio de Afema.
La empresa además puso en marcha una mini planta de producción de biodiesel a principios de 2024, financiada por la Provincia para incentivar la transición energética en sectores estratégicos como la industria y la construcción.
El compuesto no solo se está utilizando a nivel local, sino que también comenzó a exportarse a países vecinos como Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Mientras tanto, la Provincia y Afema trabajan en la homologación del producto para permitir su uso a gran escala, apuntando a transformar el panorama de las obras viales en la región y reducir el impacto ambiental del sector.

Una opción ecológica para reducir la huella de carbono
El ministerio de Infraestructura de Córdoba, la empresa Afema y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC firmaron un convenio para avanzar en la homologación del bioasfalto, una mezcla más amigable con el ambiente al estar elaborada con biodiesel.
Como parte del acuerdo, se realizaron pruebas en un tramo de la ruta E 57, donde se alternaron biomezcla y asfalto tradicional, cubriendo aproximadamente 1.000 metros.
Los investigadores analizarán el rendimiento de ambos compuestos durante un año para comparar su desempeño.
La biomezcla presenta ventajas operativas frente al asfalto tradicional, ya que puede ser aplicada con cuadrillas más pequeñas y no requiere el uso intensivo de maquinaria pesada.
A diferencia del asfalto en caliente, que exige plantas cercanas y afecta el tránsito urbano por su despliegue, el bioasfalto es ideal para zonas urbanas o rurales con infraestructuras limitadas.
Esta alternativa promete simplificar la logística de las obras, con menor interrupción de la vida cotidiana y menos requerimientos técnicos.
El uso de bioasfalto no solo trae beneficios logísticos, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente.
Al utilizar biodiesel en su elaboración, se reduce un 27% el uso de asfalto a base de petróleo, y disminuye así las emisiones de gases de efecto invernadero.
El proceso, además, se lleva a cabo a temperaturas más bajas, lo que reduce la emisión de vapores nocivos.
Esta innovación representa un avance significativo hacia la construcción de infraestructuras más sostenibles y alineadas con la lucha contra el cambio climático.

Del laboratorio a la ruta
Lucas Crespi, responsable del Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), explicó que las pruebas de bioasfalto en la ruta E 57 forman parte de un proyecto multidisciplinario.
Durante el proceso, los investigadores tomarán muestras a lo largo de tres meses para analizar el desempeño de las biomezclas en comparación con el asfalto tradicional.
“Es un proyecto que abarca aspectos ambientales, químicos, estructurales y viales”, detalló Crespi. Y resaltó la innovación en el uso del bioasfalto como carpeta de desgaste.
Crespi subrayó que, si bien el bioasfalto ya se emplea en bacheos, su aplicación como pavimento es novedosa en la región.
“La bibliografía muestra resultados alentadores, pero el desafío ahora es usarlo como superficie de rodamiento. Las expectativas son altas”, afirmó.
El objetivo es validar este compuesto en Córdoba, una provincia que busca posicionarse a la vanguardia en la implementación de materiales más sostenibles en infraestructura vial.

Una experiencia sin precedentes en la región
El uso de bioasfalto en obras viales no tiene antecedentes en la región, lo que sitúa a Córdoba en una posición de liderazgo en la adopción de tecnologías innovadoras.
Este proyecto se enmarca en la creciente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las obras públicas, objetivo central en la lucha contra el cambio climático.
La implementación exitosa del bioasfalto podría marcar un cambio de paradigma en la construcción vial en Argentina.
La empresa que encabeza el proyecto también se destaca por su planta de producción de biodiesel en Villa Retiro. Con una capacidad de 6.000 litros diarios, esta planta abastece tanto las obras viales como su propia flota de maquinaria.
Desarrollada por la firma Power Bio de Villa María, la planta puede generar soluciones locales para reducir la dependencia de combustibles fósiles en la obra pública.

Políticas públicas que fomentan la innovación
De la Rubia destacó el papel clave del estado provincial en el desarrollo de este proyecto, mencionando que el marco regulatorio y los incentivos a los biocombustibles fueron fundamentales para su implementación. “Las políticas de fomento han sido clave para alentar este proyecto”, señaló.
Se refirió a las facilidades fiscales y al financiamiento ofrecido por la provincia de Córdoba, lo que permitió que la empresa avance con firmeza en la producción de bioasfalto.
Córdoba cuenta con un sólido marco regulatorio para el impulso de biocombustibles, entre ellos la Ley 10.721 que promueve el uso de energías más limpias en la obra pública.
Además, existen beneficios fiscales, como la exención de Ingresos Brutos y la reducción de tasas para vehículos que utilicen biocombustible.
A esto se suma la línea de créditos Dale BIO de Bancor, que financia proyectos de infraestructura vinculados a la producción y uso de biocombustibles, facilitando así la transición hacia una economía más sostenible.
.

Impulsan un corredor biológico interurbano en la ciudad de Salta

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Con el proyecto "Ciudad de los pájaros" el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes. La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde se empezará la forestación de las plazas. Se proyecta su implementación por 10 años.
Desde Fundación Cebil empezarán a ejecutar un proyecto para crear el primer corredor biológico interurbano en la zona norte de la capital salteña, tomando como referencia el desplazamiento y necesidades de las aves presentes en la zona. Con "Ciudad de los pájaros", el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes.
La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde empezará la forestación de las plazas. El proyecto se presentó este sábado en la Feria de las Aves, que se realizó en el Parque del Bicentenario. Se proyecta su implementación en 10 años.
La coordinadora de programas de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, aseguró que el proyecto se sostiene en las bases del fortalecimiento de la conciencia ambiental y social. En este caso en particular, el corredor representa una fuerte articulación entre lo ambiental y el trabajo social, puesto que la “idea es trabajar, unir, hacer esa textura, volver a incorporar la mirada cultural de los pueblos originarios, que nos enseñan justamente a tener esa unidad, esa integración de lo social, de lo ancestral, de lo cultural, de lo ambiental, y de lo político y de lo ciudadano”, explicó Ardanaz.
Por esta razón el equipo que desarrollará el proyecto está conformado con integrantes de distintas disciplinas, incluyendo a egresados o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, en cuyo caso “les permite profundizar la formación académica que realizan en la universidad con un trabajo en territorio”, señaló Ardanaz. Fundación Cebil está presente en la provincia desde hace 15 años y articula con comunidades indígenas en proyectos de arte y la defensa de los bosques nativos.
El proyecto "Ciudad de los pájaros" nació durante la pandemia cuando el equipo de la Fundación estuvo en el edificio de la Ciudad Judicial de Salta, en el norte de la capital, por causas de defensa ambiental. Allí “observábamos de pronto a pájaros que morían en los patios internos del edificio de Ciudad Judicial, ya que se golpeaban contra las superficies vidriadas del edificio. Nos quedamos muy sorprendidos”, contó Ardanaz. La organización presentó reclamos a las autoridades del Poder Judicial, que tomó la demanda y la arquitecta del organismo empezó a trabajar en un proyecto para solucionarlo.
Por su parte, la Fundación empezó a estudiar por qué de pronto había tantos pájaros en ese lugar. Se determinó que el norte de la capital salteña se transformó en una gran zona migrante de aves, que va desde las reservas de San Lorenzo (a 15 kilómetros de la ciudad de Salta) hasta el río Mojotoro (a 57 kilómetros), dado que se trata de una “zona extraordinaria, donde todavía hay bastante biodiversidad, pero el impacto de la urbanización, un poco sin tener en cuenta eso, ha quitado mucho de esa diversidad”, planteó Ardanaz.
“Estamos observando con mucha claridad que hay una gran mortandad de pájaros, sobre todo el año pasado, donde el cambio climático se hizo muy evidente”, contó la ambientalista. Recordó que a mediados de 2022 se incendiaron al menos 100 mil hectáreas en la provincia, y a su entender “se hizo poco” desde el propio Ejecutivo provincial. “No se activaron los protocolos del fuego como correspondía. Falta mejorar muchísimo, y la emergencia hídrica y ambiental no es la debida”, denunció, y subrayó en este sentido que Salta tiene uno de los mayores índices de desmonte del país.
Es por eso que impulsar la creación de un primer corredor biológico permitirá “poner estas semillas de esperanza, de sensibilidad, de participación ciudadana y de conciencia social”, destacó la coordinadora de Cebil.

En qué consiste “Ciudad de los pájaros”
La coordinadora del programa Sabiduría Verde, Delfina López, que tiene a cargo el proyecto “Ciudad de los pájaros”, contó que el área de estudio será en un principio la zona de norte de la capital salteña. La prueba piloto se iniciará en el barrio El Huaico, que tiene detrás la reserva General Belgrano. “Será la primera conexión donde se iniciará la forestación con árboles nativos en las áreas verdes de El Huaico”, donde hay al menos 30 plazas que presentan distintos grados de falta de mantenimiento, explicó.
“La idea es hacer forestación de árboles nativos en acompañamiento de los vecinos, donde los niños y niñas se convertirán en guardianes de los árboles”, agregó. Para eso se trabajará de manera sostenida con las escuelas primarias de la zona; la primera es la escuela Bicentenario de la Batalla Argentina, de El Huaico, donde además se pintará un mural colectivo con temática ambiental.
El proyecto se desarrollará durante diez años y pretende sostener articulaciones con la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta. También, con el Parque del Bicentenario, las escuelas primarias de la zona, la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, y organizaciones de artistas y poetas de la provincia. Además, articulará con organizaciones ambientalistas, como Aves Salta Club de Observadores, junto a la administración de Parques Nacionales de la región NOA; la Red Comunitaria Zona Norte, el Poder Judicial y las reservas ecológicas de la zona.
La coordinación del proyecto recordó que Salta es la provincia de mayor biodiversidad y diversidad cultural de la Argentina, destacando que la biodiversidad posee un alto valor intrínseco interdependiente con las necesidades de los seres humanos y es la principal indicadora de la calidad de vida y sostenibilidad del desarrollo.
En ese marco, la coordinación resaltó que la zona norte de la ciudad de Salta, que tiene un acelerado crecimiento urbano, se ubica entre importantes cuencas hídricas y serranías representativas de la biodiversidad de los valles de transición y yungas. Además, alberga dos reservas biológicas, lagunas, el Parque del Bicentenario y dos campus universitarios. Por esto también demanda medidas urgentes para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad ambiental de sus habitantes.
En relación a las aves, la provincia atesora una amplia variedad de especies, algunas de las cuales son endémicas y únicas en la región. Las zonas urbanas son un problema para las aves, principalmente las migratorias, ya que sus áreas de alimentación y descanso son reducidas. La Fundación Cebil indicó que las construcciones urbanas representan obstáculos físicos que aumentan el riesgo de colisiones, entre muchos otros factores negativos para las aves. Por lo que “Ciudad de los Pájaros” es el primer corredor biológico interurbano para las aves migrantes, como indicadores garantes de la biodiversidad de la zona norte de la ciudad de Salta, donde se propone una intervención participativa, articulada y compleja, que permita mejorar la calidad de vida de una manera integral, uniendo la esfera social y biológica.
En tanto, el secretario general de Fundación Cebil, Iñaki Morón, que también es coordinador del programa Gestión Comunitaria, sostuvo que “sin la adhesión de la ciudadanía a cualquier tipo de proyecto que se pueda emprender por parte de cualquier sector de la sociedad, ese proyecto no es sustentable en el tiempo y no está realmente previsto como un bien común de largo plazo”. Añadió que por eso el proyecto del corredor “es un desafío de articulación institucional muy importante”.
Morón insistió en que es crucial que las organizaciones de la sociedad civil se vinculen al medio. “Creemos firmemente que ese trabajo comunitario, acercándonos a todas las personas para poder expandir la conciencia en la diversidad medioambiental y cultural, es elemental para estas cosas que estamos haciendo”, sostuvo.
.

Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
.