Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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La Justicia amplió las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 30/05/2026
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Una nueva resolución judicial volvió a sacudir el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales, y dispuso restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios.
La decisión fue tomada por la jueza María Fernanda Miotti y alcanza a zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, ambas ubicadas en el departamento Diamante.

Las medidas dispuestas por el fallo
La magistrada ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos o fitosanitarios cerca de las zonas protegidas por los amparos.
Además, estableció nuevas distancias mínimas de resguardo:
    1.095 metros para aplicaciones terrestres.
    3.000 metros para fumigaciones aéreas.

El fundamento de la resolución
La resolución se basó en estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich, utilizados como sustento técnico para evaluar posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de la exposición a agroquímicos.
En su fundamentación, Miotti sostuvo que debe priorizarse la protección de la salud humana y del ambiente, aplicando los principios preventivo y precautorio establecidos en el derecho ambiental.
El fallo ya fue apelado por abogados de la Federación Agraria Argentina y también será cuestionado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Día Mundial de la Abeja: crece la preocupación por fumigaciones y desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 23/05/2026
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Eduardo Riquel, presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, habló en Radio Libertad en el marco del Día Mundial de la Abeja y analizó la situación de la producción de miel en el Chaco, las amenazas que enfrenta el sector y el crecimiento de la exportación de miel orgánica.
En el marco del Día Mundial de la Miel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, Eduardo Riquel, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las abejas y la producción apícola en el Chaco.
Fumigaciones, desmontes, cambio climático y enfermedades aparecen entre las principales amenazas que ponen en riesgo tanto la producción de miel como el equilibrio ambiental. "El peor enemigo de la naturaleza es el hombre", resumió el dirigente apícola durante una entrevista con Radio Libertad.
Riquel recordó que el 20 de mayo fue declarado Día Mundial de la Abeja por la ONU por dos motivos: el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna nacido en Eslovenia en 1734, y la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema.
"Las abejas polinizan el 75% de las plantas y cultivos que producen frutos, verduras y semillas que consumimos diariamente", explicó. En ese sentido, remarcó que proteger a las abejas significa también cuidar la producción de alimentos y la biodiversidad.
El referente apícola advirtió que desde 2010 la situación de las abejas se agravó de manera notable, principalmente por el avance de la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos. "El avance de la agricultura con venenos es una de las principales amenazas. Hemos tenido colmenares enteros destruidos por fumigaciones", afirmó.
Según detalló, muchos productores incluso debieron abandonar la actividad tras perder todas sus colmenas por aplicaciones aéreas de pesticidas. Además, explicó que el crecimiento agrícola también trae aparejado desmontes masivos. "Cuando avanza la agricultura también avanza el desmonte y se pierden especies que generan flores y néctar para las abejas", señaló.

El impacto del cambio climático
Otro de los problemas que preocupa al sector es el cambio climático, que altera los ciclos naturales y afecta directamente la disponibilidad de flores. "Hemos tenido años de sequías extremas donde había flores, pero parecían flores plásticas porque no tenían néctar", relató.
Las abejas dependen del néctar y del polen para sobrevivir, por lo que la falta de recursos naturales impacta de lleno en la producción y supervivencia de las colmenas.
Riquel también mencionó la presencia de la varroa, un ácaro considerado uno de los principales enemigos sanitarios de las abejas. "Si el productor no cura en tiempo y forma, sabe que va a perder la colmena", explicó.
Este parásito se alimenta de la hemolinfa de las abejas y facilita el ingreso de enfermedades que pueden terminar destruyendo colonias enteras.

El Impenetrable, nuevo polo apícola del Chaco
En cuanto a la producción provincial, el dirigente aseguró que históricamente el sudoeste chaqueño era una de las zonas más fuertes para la apicultura, aunque en los últimos años el escenario cambió. "Hoy el Impenetrable avanzó muchísimo en producción apícola", destacó.
Según indicó, desde Tres Isletas hacia el norte se produce miel de muy buena calidad y en importantes volúmenes. Incluso resaltó el crecimiento de la miel orgánica chaqueña. "Chaco pasó a ser primera en exportación de miel orgánica" , afirmó.
Ese crecimiento se dio, explicó, gracias a proyectos impulsados de manera conjunta entre productores y empresas privadas.

El consumo interno creció, pero golpea la crisis
Respecto al consumo local, Riquel señaló que la situación económica impactó en las ventas, aunque aseguró que en los últimos años aumentó la conciencia sobre los beneficios de la miel. "Antes la gente consumía miel solamente cuando le dolía la garganta. Hoy entienden que es un alimento saludable", sostuvo.
De todas maneras, reconoció que el precio que recibe el productor quedó retrasado frente al aumento de costos. "El valor de la miel históricamente equivalía a dos o tres litros de gasoil, pero hoy quedó muy por debajo", explicó.
Pese al contexto económico, destacó que el consumo interno mejoró gracias a campañas de promoción como la Semana de la Miel, que se realiza desde 2017.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Apicultores insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el ecosistema. "Tenemos que cuidarlas y protegerlas porque son esenciales para la vida", concluyó.
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Polinizadores en caída libre: el umbral que el agronegocio no puede ignorar

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional publicado con participación de la UBA y publicado en Science, definió el hábitat mínimo que necesitan abejas y mariposas para sobrevivir. La agricultura argentina no lo alcanza.
Los polinizadores llevan décadas perdiendo terreno. Literalmente. Desde los años '60, con la irrupción de la revolución verde y el uso masivo de agroquímicos, abejas, abejorros y mariposas vienen cediendo espacio frente al avance de la agricultura intensiva, la urbanización y el cambio climático.
Pero hasta ahora faltaba algo concreto: un número. ¿Cuánto hábitat natural mínimo necesitan estos insectos para no desaparecer de los paisajes agrícolas? Un trabajo científico acaba de responder esa pregunta, y la respuesta incomoda.
Un estudio internacional al que la FAUBA aportó datos clave mostró que para proteger a las abejas, los abejorros y las mariposas se debería conservar entre 16 y 37 % del área en cada paisaje agrícola. En la Argentina se protege entre el 5 y 15 %, y no sería suficiente.
Tal como explica el investigador del CONICET Mariano Devoto, docente de Botánica General en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y publicado por Sobre la Tierra, "la tendencia continúa: en todo el mundo, la agricultura, el cambio global y la urbanización avanzan sobre áreas silvestres, reduciendo aún más los espacios que los polinizadores necesitan para alimentarse, nidificar o refugiarse".
Y las consecuencias de esa reducción se sienten directo en los rindes: frutales, hortalizas, girasol y café son algunos de los cultivos que dependen de la polinización para alcanzar su máximo potencial productivo.
Como señala Devoto, "el área que ocupan los cultivos que dependen de abejas, abejorros y otros insectos crece más rápido que la del resto. Necesitamos de la polinización cada vez más". Es decir: justo cuando más dependemos de los polinizadores, menos espacio les dejamos para existir. Una contradicción que el agronegocio global todavía no terminó de procesar.

Los números que la ciencia acaba de poner sobre la mesa
Un estudio publicado en septiembre de 2025 en la prestigiosa revista Science sintetizó 59 investigaciones de 19 países para establecer umbrales mínimos de hábitat seminatural en paisajes agrícolas. Los resultados son concretos y, para muchas regiones del mundo, alarmantes. Las mariposas son el grupo más sensible: necesitan al menos un 37 % de cobertura de hábitat seminatural para estar efectivamente protegidas. Los abejorros requieren un 18 %, y las abejas solitarias, un 16 %.
La FAUBA participó del estudio con datos clave. El investigador Mariano Devoto explicó que su grupo aportó los resultados de la tesis doctoral de Marcos Monasterolo, quien estudió el tema en zonas aledañas a la Estancia San Claudio, de la UBA, en la provincia de Buenos Aires. Un caso de ciencia local que alimentó conclusiones globales.
El propio Devoto advierte que los porcentajes hallados "representan pisos por debajo de los cuales las especies polinizadoras se extinguen localmente. Son bastante más altos que el 10 % que establece la Unión Europea como meta de conservación para 2030. La situación es muy preocupante". En otras palabras: la política de conservación más ambiciosa de Europa ni siquiera alcanza el umbral mínimo que la ciencia acaba de definir para las abejas.

Argentina: el campo que no conserva lo suficiente
El caso argentino es ilustrativo de lo que ocurre en buena parte del Sur Global. Según Devoto, en la Región Pampeana se conservaría entre 5 y 8 % de áreas naturales en paisajes agrícolas, y en otras partes del país, hasta un 15 %. A
un cuando estos valores no son elevados, es posible que sean insuficientes para muchos grupos de polinizadores. Los números hablan solos: la Pampa húmeda, motor del agronegocio argentino, opera con menos de la mitad del hábitat mínimo que las abejas necesitan para sobrevivir.
¿Qué significa esto en términos productivos? El propio investigador lo explica con lógica económica: "Si el rendimiento de un cultivo cae por no tener polinizadores, digamos, un diez o un veinte por ciento, el productor debe salir a alquilar colmenas. Ese costo es evitable manteniendo refugios silvestres. No requieren mucho manejo y brindan polinizadores gratuitos". La conservación, vista así, no es un gasto ambiental: es una inversión agronómica.
Devoto destaca que el gran desafío es lograr que la biodiversidad sea considerada como un insumo medible y valorable en términos económicos y sociales: "La tendencia actual es clara: estos aspectos vinculados a valorar la diversidad biológica adquieren muchísima importancia de la mano de la información que se está generando. No es una moda, es algo que llegó para quedarse". El mensaje para productores, contratistas y decisores de política agraria es directo: adaptarse ahora es más barato que remediar después.
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Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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30 años de transgénicos en Argentina: nada para celebrar

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil. A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas. Por Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.
El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación.
Desde entonces, Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales. La expansión fue vertiginosa: en pocos meses, la soja RR alcanzó más de un millón de hectáreas. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil.
Este modelo se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En 1998, la aprobación del maíz transgénico profundizó este rumbo. La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt, lo que refuerza su dependencia de insumos químicos.
Se trata de un modelo extractivista, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos. Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos. Argentina se encuentra entre los países que más deforestaron a nivel mundial, con millones de hectáreas de bosque perdidas en las últimas décadas. A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre.
El uso intensivo de agrotóxicos también impacta directamente en la salud. La exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos.
Al mismo tiempo, los cultivos transgénicos están estrechamente ligados a la expansión de la ganadería industrial y a otros usos industriales. La mayor parte de la soja no se destina a la alimentación humana directa, sino que se exporta o se transforma en insumos para la alimentación animal, agrocombustibles y productos ultraprocesados. En este esquema, la producción agrícola no satisface las necesidades internas, sino que prioriza la exportación.
Esto evidencia la existencia de dos sistemas antagónicos: uno orientado a producir alimentos para las poblaciones y otro -el agronegocio- orientado a generar commodities y negocios. Este modelo transforma el territorio, reduce la diversidad productiva, desplaza formas tradicionales de producción y configura un “campo sin campesinos”.
A su vez, la expansión de los transgénicos está estrechamente vinculada a la concentración corporativa del sistema agroalimentario. Empresas como Monsanto -hoy Bayer- impulsaron este proceso, hoy dominado por un pequeño grupo de corporaciones globales como Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, que controlan gran parte del mercado de semillas y pesticidas.
A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Fallo histórico por agroquímicos: ratifican condena a productor por la muerte de un niño 

Fecha de Publicación: 26/02/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Corrientes


En una decisión considerada histórica para el ámbito judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.
La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa. El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.
En la resolución, los magistrados sostuvieron que los elementos de prueba reunidos durante el proceso brindaron "el grado de certeza necesaria" para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.

El caso del niño de Corrientes: casi 15 años de espera
El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.
Según determinó la Justicia, el productor utilizó el organoclorado alfaendosulfán de manera imprudente y negligente. El tóxico quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con la sustancia. Su prima intentó ayudarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición al agroquímico provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. Además, el tribunal consideró probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones.
En el fallo se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas aledañas donde se encontraban los menores.

Responsabilidad penal y debate ambiental
El caso es considerado un antecedente clave en el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de víctimas vienen reclamando desde hace años mayores controles, sanciones más severas y una actualización de la normativa vigente frente al uso intensivo de agrotóxicos.
La confirmación de la condena abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de los productores en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas y sobre el rol del Estado en la fiscalización.

El juicio por agroquímicos en Pergamino
Mientras tanto, otro proceso judicial de alto impacto avanza en la provincia de Buenos Aires. En Pergamino comenzó un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos acusados de contaminación con agroquímicos.
El debate se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna "Paren de fumigarnos". Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. Según relató, sufrió vómitos, mareos, inflamación y severas afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.

Un precedente que puede cambiar el escenario judicial
El fallo confirmado en Corrientes y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan no solo a productores sino también a funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, la decisión judicial no solo representa una reparación simbólica para la familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 04/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Siete productores y dos exfuncionarios están acusados. La causa se inició en 2018 tras la denuncia de una vecina que sufrió graves consecuencias en su salud. El proceso abre un debate sobre el modelo agroindustrial y la protección ambiental
 Este lunes, a las 11, se abrió en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una audiencia preliminar de cara al juicio oral que comenzará este miércoles contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, acusados de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, en violación de la normativa vigente.

La investigación se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y abogada de Pergamino, quien relató graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz había comenzado a denunciar las fumigaciones ya en 2011, cuando se aplicaban agroquímicos a apenas diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. Según su testimonio, esas prácticas derivaron en un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y múltiples afecciones neurológicas.

El agua de Pergamino, contaminada
La acusación sostiene que las fumigaciones provocaron contaminación de aguas subterráneas, intoxicaciones y daños a la salud de vecinos, además de un incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo establecidas por la normativa. Se investiga también la complicidad de funcionarios públicos, que habrían permitido las prácticas pese a las advertencias de especialistas y las denuncias de la comunidad.

Un juicio histórico
El proceso judicial es considerado histórico porque por primera vez se juzga en el país a productores agroindustriales por el uso de agrotóxicos en zonas urbanas. El caso pone en debate el modelo agroindustrial dominante, cuestionado por vecinos expuestos, organizaciones ambientalistas y científicos independientes que advierten sobre los riesgos de los agroquímicos para la salud y el ambiente.
El juicio pasó de San Nicolás a Rosario porque, tras la etapa de instrucción en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, la causa fue elevada a juicio oral y quedó bajo competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que es el tribunal designado para llevar adelante los debates orales en esta jurisdicción.
Desde temprano, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán el miércoles frente a los Tribunales Federales de Rosario para acompañar a la querella. Se espera que el juicio se extienda varias jornadas, con la presentación de pruebas, testimonios de vecinos y peritajes científicos que podrían marcar un precedente en materia de protección ambiental y salud pública.

El antecedente cordobés
El proceso que se abrirá este miércoles hoy en Rosario tiene un antecedente clave: el juicio realizado en 2012 en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar con glifosato y endosulfán a escasos metros de viviendas.
Aquella sentencia fue pionera al reconocer judicialmente que las fumigaciones en zonas urbanas constituyen delito. Sin embargo, el caso de Pergamino amplía el alcance: por primera vez se juzga en el fuero federal a siete productores agroindustriales y dos ex funcionarios públicos, en un proceso que podría sentar un precedente más fuerte en materia de responsabilidad penal por contaminación ambiental.
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La oposición suma presión para regular las fumigaciones con agroquímicos

Fecha de Publicación: 23/01/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


El diputado Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, pidió unificar criterios. Cree que no hay que politizar las posiciones y que es inconveniente que cada municipio dicte sus propias ordenanzas. La Corte y el caso de Rauch y Tandil.
El diputado provincial Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, se sumó a las voces opositoras que piden una ley provincial que regule el uso de fitosanitarios en la Provincia, un debate postergado a pesar de haber varios proyectos en la Legislatura.
El legislador, autor de una de las iniciativas, sostuvo que la normativa actual no estipula distancias, por lo que cada municipio estable sus propias ordenanzas con diferentes distancias y áreas de amortiguación.
“En PBA necesitamos una nueva Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios, para poner fin al desorden reglamentario, territorial e ideológico que castiga a la producción. Desde hace tiempo tenemos un proyecto acorde a los tiempos que corren, presentado en Diputados, que lamentablemente duerme por desinterés de muchos. Esperemos que este año, con nueva conformación de la Cámara, esto pueda avanzar y dar solución a un problema real del interior bonaerense”, sostuvo en sus redes sociales el “lilito”.
La oposición suma presión para regular las fumigaciones con agroquímicosBugallo también cuestionó la intervención de la Justicia en estos temas, citando el caso de Pergamino, donde un fallo fijó una distancia de 1.095 metros para las aplicaciones, por lo que esa resolución “genera un desorden tremendo a nivel territorial” y un perjuicio severo para los productores.
Como informó La Tecla.info, la legisladora monzoista Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), se pronunció en el mismo sentido luego del fallo de la Suprema Corte suspendiendo las fumigaciones con agroquímicos en los distritos de Tandil y Rauch.
En tal sentido, la diputada por la Cuarta Sección señaló que “una vez más, el vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense”. 
“La decisión generó pérdidas millonarias, con el argumento de las distancias permitidas, las cuales varían considerablemente de un municipio a otro”, añadió, considerando que “frente a este escenario, en septiembre de 2024, presenté un proyecto de ley para regular la aplicación de fitonsanitarios, pero lamentablemente sigue esperando por su tratamiento en comisión, no es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”.
Vaccarezza explicó que la Provincia cuenta con una ley que intenta regular el uso de los fitosanitarios, pero data del año 1998, remarcando que “lo ideal es que, como bonaerenses, podamos aprobar una ley integral, que unifique los criterios del uso de agroquímicos. Por eso, el proyecto que presenté contempla todos los puntos de vista, y fue escrito en colaboración con la Cámara de Ingenieros Agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, CONINAGRO, el INTA, y otros sectores que hacen uso de fitosanitarios”.
Días atrás, el máximo órgano de justicia provincial frenó de manera preventiva las ordenanzas que regulan el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch, al advertir riesgos ambientales y cuestionamientos de constitucionalidad vinculados a la cuenca del arroyo Chapaleofú. Lo hizo luego de un dictamen del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en ese mismo sentido.
En la cautelar, los magistrados pusieron el foco en el posible impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, tras el uso de fitosanitarios, y en la necesidad de una evaluación más profunda antes de avanzar con restricciones más profundas, aunque destacó el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico.
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La Corte bonaerense ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en dos distritos

Fecha de Publicación: 08/01/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo órgano de Justicia provincial aceptó el dictamen del Procurador, Julio Conte Grand, haciendo lugar a la medida cautelar presentada por vecinos de la Cuenca del Chapaleoufú. Alcanza a aplicaciones cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua, previstas en las respectivas ordenanzas municipales.
La Suprema Corte de Justicia ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en los distritos bonaerense de Tandil y Rauch, a pedido de un grupo de vecinos de la Cuenca del Chapaleoufú, que abarca zonas de ambos partidos.
Así, el máximo órgano de justicia provincial suspende, de manera precautoria, parte de las ordenanzas que ordenan las aplicaciones a distancias prudenciales de las viviendas, las escuelas y los cursos de agua.
En tal sentido, el secretario de la Corte, Juan José Martiarena, exigió a los intendentes de ambas localidades (Miguel Ángel Lunghi, de Tandil, y el rauchense Maximiliano Suescun) que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.
Así, señala Bichos de Campo, el cuerpo toma de manera positiva el dictamen del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, quien recomendó suspender las ordenanzas que permiten aplicaciones de agroquímicos a cierta cantidad de metros de viviendas, escuelas, pozos y cursos de agua de ambas comunas.
El dictamen reconoce la legitimidad del reclamo de los pobladores, que incluye a los citados distritos y a las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022. 
Conte Grand le pidió al máximo tribunal bonaerense suspender las ordenanzas 850/12 y 17.404/21, que habilitan el uso de agroquímicos a distancias que los denunciantes consideran mínimas, mientras que los productores rurales las consideran exageradas.
En tierras tandilenses, una sesión debió suspenderse en diciembre de 2021 por los reclamos de activistas ambientales, aunque luego el Concejo Deliberante aprobó las nuevas normas de convivencia entre productores y vecinos por 19 votos a favor y una sola abstención.
Según el texto aprobado por unanimidad, se ampliaron la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento para la aplicación de los productos fitosanitarios, que fueron fijadas en 60 y 800 metros, respectivamente, dependiendo del producto y la zona. 
En el caso de establecimientos educativos rurales, la distancia se fijó en 150 metros de exclusión y hasta 500 metros de amortiguamiento, además de la obligación a tener una barrera forestal, acordar con las instituciones el horario de aplicación y estar vacía la escuela.
Los vecinos afectados, que integran la ONG “Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú”, exigen que se imponga una distancia precautoria de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 2.000 metros para las aéreas, similar a lo dispuesto en el caso de Pergamino.
Desde la Sociedad Rural aseguran que, de confirmarse el fallo, miles de hectáreas agrícolas de Tandil quedarían sin chances de ser sembradas de los modos convenciones, que utilizan fitosanitarios para combatir plagas, malezas y enfermedades.
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Agroquímicos: La Corte Bonaerense cerró el año sin resolver el planteo de inconstitucionalidad de una ordenanza de Olavarría

Fecha de Publicación: 02/01/2026
Fuente: Portal En Linea Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cerró el año sin resolver el planteo de inconstitucionalidad de tres artículos la Ordenanza N° 3.651/14 que regula las aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Olavarría.
Tal como se informó a través de esta acción de inconstitucionalidad los vecinos piden que queden sin efecto los artículos 12, 13 y 14 de la Ordenanza Municipal Nº 3.651 del Partido de Olavarría del año 2014.
Según los vecinos que plantearon la demanda, dichos artículos se encuentran en «manifiesta desactualización y regresión» y para los vecinos esto viola el principio constitucional de progresividad, de no regresión y objetivación de la tutela ambiental.
En la misma demanda, y para las aplicaciones terrestres, los vecinos y vecinas solicitan que se exhorte al Municipio a que actualice las pautas establecidas en la Ordenanza.
Según quienes imponen la demanda la localidad de Colonia San Miguel «se ve impactada seriamente por las fumigaciones con agrotóxicos, tanto de modo terrestre como vía aérea.»

La palabra del Procurador
En agosto de este año, el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand dictaminó y así recomendó que la demanda de los vecinos tenga acogida favorable y se suspenda la Ordenanza en cuestión. El dictamen del Procurador incluyó además una Ordenanza similar en la ciudad de Junín.
En dos dictámenes de alto impacto, la Procuración General sostuvo que las aplicaciones aéreas y terrestres autorizadas por ambos municipios ponen en riesgo la salud y el ambiente, en especial el interés superior del niño, y solicitó hacer lugar a medidas cautelares. Propuso restituir provisoriamente los 2.000 metros para fumigaciones aéreas (Decreto 499/91) y un mínimo de 1.000 metros para las terrestres respecto de viviendas, escuelas y pozos de agua, por considerar desactualizadas las distancias locales.
Si la Corte adopta la recomendación, el fallo podría sentar un precedente histórico en materia de no regresión ambiental y protección reforzada de la salud infantil, con impacto en otros municipios bonaerenses.
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Dieron curso a un amparo ambiental colectivo contra fumigaciones cerca de zonas urbanas 

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: Portal Despertar Entrerriano 
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala II, dio por iniciada una acción de amparo ambiental colectivo caratulada «Rosso Janet Ximena C/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo «, Expte nº: 13805.
La acción tiende a suspender toda fumigación en un radio de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para aplicaciones aéreas, todo contados desde los limites de urbanización de Tierra Alta I, II, Y III; y que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2, 63 y 66 de la Ley 11.178, por violación a la cosa juzgada ambiental establecida en un fallo: «Rosso Ximena C/Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Rios S/Acción de Amparo Ambiental» Expte. 18691; porque reduce arbitrariamente la protección mínima ambiental, contradice el principio de objetivación; el principio de no regresión y desconocimiento del principio precautorio.
La demanda se dirige contra el gobierno de Entre Ríos; Mauro Ariel y César Gabriel Haberkorn; Sonia Roskopf y la Comuna de Colonia Ensayo.
El Tribunal, entre otras medidas, ordenó correr traslado de la acción a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y librar mandamiento en soporte papel al codemandado Mauro Ariel Haberkorn, otorgando a cada uno un plazo de siete días corridos para informar sobre los hechos denunciados.
En relación con la medida cautelar solicitada, se ordenó correr traslado a las partes demandadas por el término de cinco días, conforme a la Ley 8369.
En cumplimiento de los requisitos de publicidad y registración, la Cámara dispuso la inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos y en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia.
Además, se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, quienes contarán con siete días corridos para comparecer desde su primera publicación en el SIC, (desde el día de hoy)
La resolución también exige que la actora y las demandadas incluyan un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, comunicando la existencia del proceso, su objeto y los integrantes del colectivo.
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Histórico: comienza juicio por el daño a la salud que causan las fumigaciones

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Siete empresarios y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las aplicaciones de agrotóxicos que provocaron enfermedades a Sabrina Ortíz y sus dos hijos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan vecinos y diferentes colectivos ante empresarios que, con la supuesta anuencia de las autoridades locales, se enriquecen a costa de la salud de los lugareños. Siete empresarios del sector y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las enfermedades que contrajeron Sabrina Ortiz y sus dos hijos, aunque la cantidad de víctimas podría multiplicarse.
“Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto en ella como en sus hijos”, explica a Tiempo Argentino el abogado Fernando Cabaleiro, quien junto a su colega Carlos María González Quintana y la propia Sabrina, que se recibió de abogada para poder llegar hasta las últimas consecuencias, llevan adelante la querella.
La denunciante sufrió dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo; su hija padece steomielitis crónica que genera quistes dentro de los huesos y se detectó que su hijo tenía un nivel de glifosato en orina 120 veces más de lo tolerable. “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”, le dijo Sabrina a este diario hace unos años atrás, cuando vivía bajo custodia policial por orden de la Justicia.
“Ella empezó con un reclamo constante -añade Cabaleiro- porque asociaba los problemas de salud con la fumigación que se realizaba calle de por medio, a menos de 10 metros de su casa donde estaba el campo de soja que se fumigaba”. La mujer lo planteó en la municipalidad y en 2014 se emitió una ordenanza que “fue a favor del agronegocio, porque se estableció una distancia de 100 metros de prohibición absoluta para las aplicaciones terrestres y de los 100 a 600 metros, solo se podían aplicar productos banda verde. Lo que pasa es que los problemas de salud siguieron y se agravaron inclusive”.
Agua contaminada
En 2018, con la asistencia del abogado, Sabrina denunció la situación ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, por el delito de contaminación. El INTA de Balcarce comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino (sobre todo de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) estaban contaminadas con agrotóxicos y no eran aptas para consumo humano: encontraron 18 principios activos y metabolitos.
La profundización de la investigación determinó que diferentes personas, entre productores y fumigadores, vinculados a tres enormes lotes linderos a la zona urbana donde vivía la familia de Sabrina tuvieron íntima relación con las actividades que le produjeron los daños genéticos a las víctimas. Por si fuera poco, se acreditó que se violó la suspensión preventiva dispuesta por la justicia de aplicar agroquímicos en los campos que rodean a estos barrios afectados. La pesquisa identificó a un total de siete sospechosos.
Además, un desprendimiento de esa causa que quedó al mando del fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, estableció los funcionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini debían ser sometidos a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el ingeniero agrónomo Naranjo, en su calidad de auditor, como el veterinario Tocalini, como titular de la Dirección de Ambiente Rural “fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas”, puntualizaron desde el Ministerio Público.
Para Cabaleiro, los acusados sostienen que “estos productos son inocuos y que se puede fumigar a cero metros respetando las buenas prácticas. Pero quedó claro que ni siquiera eso cumplen. Eso está comprobado en la causa. Esos químicos tóxico terminan en las napas, en los suelos de las casas, en los cuerpos. Es incontrolable”. Al mismo tiempo, el abogado advirtió que “no respetaron ni los 100 metros de la ordenanza, fumigando de noche para que no se entere nadie, inclusive en Navidad, cuando la gente estaba toda reunida en sus casas, en familia”.

«Una financiación colectiva y popular»
“Las víctimas querellantes son tres, pero si hablamos de víctimas son muchas más. Son los vecinos de estos tres barrios y hasta de todo Pergamino porque la contaminación del agua impacta en toda la población”, resume el abogado Fernando Cabaleiro, quien aclara que el impacto en los damnificados va mermando a medida que viven más lejos de los campos en cuestión, ya que el aire es fundamental para propagar los químicos. Un dato a considerar es que en el debate oral se analizarán unas 70 historias clínicas, con lo cual la cantidad de víctimas podría crecer exponencialmente.
Desde la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos apelaron a “la financiación colectiva y popular” para el traslado y las estadías de los testigos, pero también de los peritos, que deberán movilizarse hacia Rosario. Allí prevén que se desarrolle este “emblemático e histórico” juicio que represente para la provincia de Buenos Aires la misma experiencia de las denominadas Madres de Ituzaingó, en Córdoba, donde “por primera vez se puso en el banquillo a la trama cómplice (agronegocio local y funcionarios públicos) que en cada Pueblo Fumigado de la Argentina pone en jaque el ambiente y la salud de la gente”.

Sabrina Ortiz: “Buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados”
«Esta pesadilla comenzó en el 2011, cuando me instalé con mi familia para construir la casa soñada y ver crecer a mis hijos en el lugar que elegí para vivir. Ahí nomas empezamos a ver los problemas de salud y tuvimos el pálpito que los mismos estaban relacionados con los agrotóxicos que se usaban en los campos al frente de casa”, explicó a Tiempo Sabrina Ortiz, a pocos días del inicio del juicio. 
La mujer, que se recibió de abogada tras advertir que estaba siendo contaminada, describió todo el periplo que debió afrontar, luego de que las autoridades locales intentaran por diferentes medios desalentar sus denuncias. “Durante años hicimos reclamos a la municipalidad, y los funcionarios no hacían nada. Los dueños de esos campos que están pegados al barrio que vivo, se creyeron impunes, fumigaban alambrado de por medio, de noche, con viento, no les importaba nada”, insistió. 
“Después de 14 años y tras siete años de proceso penal se va a saber la verdad en un juicio oral y público sobre la complicidad del municipio, sobre la contaminación ambiental con agrotóxicos que generaron los imputados, el daño a la salud de la gente, entre ellos mis hijos, en las voces de decenas de vecinos y vecinas que fueron y son víctimas del obrar doloso de los fumigadores y las omisiones de los funcionarios municipales. Solo buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados de la Argentina”, concluyó la damnificada.
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