Atanor: a un año de la explosión de la planta de atrazina, los vecinos insisten en el pedido de traslado

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Portal PrensaLibreSN
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves a las 17.00 Hs. vecinos de la planta Atanor, volverán a manifestarse para recordar que su pedido de traslado de la firma no cesa, a concentración será a la intersección de Rivadavia y Ponce de León.
A propósito de esta convocatoria que se da a un año de la explosión de la planta de atrazina, Prensa Libre SN dialogó con Gabriel Godoy, uno de los vecinos y convocantes a la manifestación. Aquel fue “un incidente químico” que “formó una nube tremenda de cianuro que invadió varios barrios de la ciudad, algunos en forma directa y otros luego a través de la nube que se sucedió debido a esta gran gran explosión”. El entrevistado recordó que “barrio Los Fresnos, por varias cuadras, amaneció lleno de polvillo blanco de cianuro, el cual produjo muchas afecciones a la salud, mucha gente se tuvo que asistir médicamente en el hospital, eso quedó todo comprobado”.
El abogado recuerda que a partir de aquella explosión se produjo “la clausura de la empresa completa y en particular de esta parte que fabricaba o producía Atrazina, que es un pesticida muy utilizado actualmente”. Por otra parte, pidió no olvidar que los vecinos y organismos defensores del medioambiente, más puntualmente FOMEA, previo al incidente ya habían iniciado una “causa judicial con el patrocinio del doctor Fabián Maggi. Dentro de esta causa se introdujo una cautelar y la jueza hizo lugar, clausurando la planta de Atrazina y la empresa”. Esto, como es de publico conocimiento para la mayoría de los nicoleños, duró algún tiempo hasta que la Justicia permitió la reapertura de Atanor sin que funcione el sector de Arazina.
“Nuestro pedido de que se reubique la empresa es porque lo que está pasando actualmente es terrible, muchos días los vecinos de Barrio de los Fresnos seguimos padeciendo los olores fuertes a químicos que provienen claramente de la empresa Atanor”, afirmó Godoy y a ello agregó: “vemos la cantidad de camiones que ingresan, muchos de ellos siguen pasando por nuestros barrios y con productos altamente tóxicos, productos químicos que nosotros vamos identificando y vamos llevando en planilla para que sirvan de testigo, de prueba de lo que está sucediendo en esta empresa”.
Casi para cerrar, el entrevistado remarcó que “en el mismo marco de la causa se van sucediendo situaciones que nos van poniendo en conocimiento de la peligrosidad de los elementos que tienen ahí adentro, en la causa surgió que tienen un tanque de 5.000 litros de amoníaco” afirmó. “El amoníaco sería mucho peor que la atrazina, porque si una nube de amoníaco nos sorprende durmiendo prácticamente no vamos a poder salir de nuestra pieza porque es muy potente en cuanto a su peligrosidad. Si el amoníaco ingresa a nuestras casas nos va a afeccionar, nos va a matar dentro de nuestra vivienda”.
Los vecinos “creemos que ese tipo de situaciones de peligrosidad extrema deben hacerse en otro lado. No se pueden hacer acá a metros de los barrios aduciendo una preexistencia que realmente no les da derecho a ellos a tener ese tipo de elementos tan cerca , porque primero que no tienen una preexistencia y segundo que no les da derecho a ponernos en tanto riesgo potencial”, aseguró Godoy.
Para cerrar, insistió, “esta empresa se debe trasladar, se debe reubicar a una zona donde se puede instalar con las debidas condiciones y lo más lejos posible de nuestros barrios”.
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Exigen control sobre frutas y verduras en Rosario ante la detección excesiva de agroquímicos

Fecha de Publicación: 18/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En 2023 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Senasa debía extremar los controles sobre los alimentos en la zona, pero aún no se cumple en su totalidad
Un abogado, acompañado por el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reclamó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) controle y evalúe de forma eficiente y eficaz los químicos de las frutas y verduras que se venden en los mercados de Rosario, desde donde distribuyen los alimentos a los comercios de la ciudad y alrededores.
Hace casi 10 años, el abogado rosarino Enrique Zárate comprobó que las frutas y verduras que se consumían en Rosario estaban contaminados con plaguicidas y otros agrotóxicos perjudiciales para la salud. Esa prueba sirvió para hacer una presentación judicial para que el Senasa se haga cargo de evaluar los alimentos y dejar un registro público.
Días atrás, Zárate presentó ante la Justicia un pedido explicito para que se lleven adelante los controles y las publicaciones correspondientes. "La información que ofrece el Senasa es deficitaria y deja de lado algunos elementos que deben ser considerados", explicó el letrado a La Capital.

Reforzar los análisis
Esta semana fue el propio Zárate que solicitó una revisión de las mediciones que el Senasa desarrolla. El abogado explica que se utilizó cromatografía líquida (HPLC), considerada menos precisa que la cromatografía de gases (GC-MS) para la detección de plaguicidas, esto deriva a un margen de error de un 50%. Además, en los ocho estudios que se realizaron en los últimos 120 días no se analizó ni frutas en cantidad ni cereales, a pesar de su importancia en la dieta diaria.
En concreto en la última medición se tomaron muestras de papa, zanahoria, zapallo, pimiento y tomate (la única fruta) sin detectar plaguicidas en ninguna de las muestras. Ante esta situación, Zárate se plantó y puso en duda esos resultados, ya que se habían detectado estos agroquímicos, algunos prohibidos, en visitas anteriores. Además, puso como ejemplo los mercados de Tucumán donde se encontraron residuos de plaguicidas en varios productos, como pimiento, tomate y zanahoria, incluyendo Acetamiprid, Tebuconazole, Imidacloprid, entre otros.
En otro orden, Zárate citó a las muestras realizadas por la provincia de Santa Fe, las cuales mostraron un 37% de desviaciones de uso, es decir, presencia de plaguicidas no permitidos o en concentraciones inadecuadas en zanahoria o zapallito, por ejemplo.

Cuándo se presentó el reclamo judicial
El periplo por la Justicia federal comenzó en 2016. Presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, finalmente la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que avaló en 2023 el reclamo de Zárate dando lugar a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley General de Ambiente N° 25.675, que garantizan el derecho de toda persona a un ambiente sano y el acceso a información sobre la calidad de los productos alimenticios. Sin embargo, casi siete años después, La Capital recorrió la web oficial del Senasa sin encontrar informes referidos al tema.
“Acá un organismo estatal estuvo litigando, como varias otras áreas del Estado, para no hacer lo que tiene que hacer. Si pusieran esa energía en hacer los controles, los resultados serían diferentes”, explicó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que acompaña de cerca el reclamo del abogado denunciante.
La Justicia resolvió que, a través de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal del Senasa, se realicen seis inspecciones y 24 monitoreos anuales sobre frutas, verduras, hortalizas de tráfico federal que se comercializan en el Mercado de Productores de Rosario y en el Mercado de Concentración de Fisherton. En este sentido, instó al organismo estatal a coordinar esfuerzos con autoridades provinciales y municipales para realizar las evaluaciones y minimizar la presencia de contaminantes en los alimentos.
Además, la jueza federal Sylvia Aramberri exigió garantías para el acceso a la información, según la ley N° 27.275, obligando al Senasa a publicar los resultados de los relevamientos para dar conocimiento a la comunidad.

Controles en frutas y verduras
A pesar de que Senasa aseguró realizar informes del estado de los alimentos en relación con químicos, la Justicia evaluó que se trataban de trabajos insuficientes. Bajo esta mirada, uno de los puntos más relevantes del fallo fue la inclusión del glifosato en los monitoreos, una cuestión la dependencia del Estado intentó evitar alegando que su uso se concentra en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo y no en hortalizas. Sin embargo, la jueza consideró que su presencia debía ser analizada en las muestras tomadas en los mercados rosarinos.
De Bueno destacó que la importancia de la sentencia recae en reconocer las pruebas, “las mismas que mostraban que los alimentos que consumen todos los rosarinos estaban excedidos en cantidad de químicos y de hidroquímicos”. En esta línea, reconoció: “Es importante que los ciudadanos podamos consumir estos alimentos libres de cualquier químico contaminante”.
El Área de Política Ambiental de la UNR se puso a la par de Zárate para “poder hacer efectiva la sentencia” y De Bueno exigió una Justicia especialista en temas ambientales. “El problema que tiene el derecho ambiental principalmente es la eficacia de los fallos de la Corte, que se dictan y muchas veces quedan en la letra del fallo y es difícil llevarlo a la práctica”, reclamó.
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Filmaron fumigaciones con un dron a metros de una vivienda

Fecha de Publicación: 19/02/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Sucedió este domingo en El Marquesado. Advierten por la consecuencias de este nuevo tipo de fumigación y remarcaron los incumplimientos de los controles.
Las tecnologías para aumentar la productividad de la agricultura intensiva avanzan, pero en algunos casos lo hacen en contra de la legislación vigente: al menos así lo denunció un vecino de El Marquesado en las últimas horas, al registrar la aplicación de agroquímicos con un dron a metros de su vivienda, es decir, incumpliendo la normativa vigente y cuyo acatamiento debe ser corroborado por la Municipalidad.
Desde septiembre de 2014, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense –ratificada en 2019–, en Mar del Plata se mantienen suspendidos los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 aprobada en 2013 que permitían fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
En este caso, este domingo desde la Asamblea Paren de Fumigarnos dieron a conocer un video grabado por un vecino de El Marquesado donde se ve cómo un dron preparado para pulverización aplicó agroquímicos sobre un campo ubicado a pocos metros de la vivienda, con todo lo que implica hacerlo de manera aérea por su deriva a los terrenos lindantes.
“Seguramente están echando algún herbicida para volver a sembrar y justo el viento viene de ahí. Así que estamos acá con mi sobrino respirando el veneno que tira esta gente en la puerta de mi casa, que antes pasaban con el mosquito”, relató el vecino que grabó el video.
Desde el espacio asambleario, al respecto, consideraron que este tipo de aplicaciones “podrían convertirse en una tendencia del agronegocio”, con tecnologías con posibilidad de cubrir 16 hectáreas por hora. No obstante, advirtieron que en el caso de las aplicaciones aéreas las restricciones vigentes son mayores: el decreto 499/91 del gobierno provincial establece un límite de 2 kilómetros de las áreas pobladas.
No es la primera fumigación registrada en lo que va del año a metros de viviendas, en incumplimiento de la manda judicial que impide hacerlo a menos de un kilómetro de poblados: en enero, vecinos de El Boquerón, denunciaron públicamente las aplicaciones de un frutillar, ante lo cual formularon una denuncia ante Policía Ecológica y en la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.
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En tres décadas, La Pampa duplicó el uso de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 10/02/2025
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


Según el INTA en Argentina se consumen 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de otros fitosanitarios, consignando que la participación de La Pampa es del 6,4% del país. De allí se deriva que aquí se utilizan 37,1 mill/lts de agroquímicos (14,7 millones de herbicidas y 22,4 millones de otros fitosanitarios).
El agroquímico es una sustancia usada en el campo para proteger cultivos de plagas, malezas y otras enfermedades para mejor productividad del suelo. Son pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes conocidos como fitosanitarios.
Hay tres multinacionales que las manejan para soja, maíz, trigo, cebada y girasol siendo el segundo agronegocio en importancia. Aquí lo comercializan 173 veterinarias rurales, 18 cooperativas y 8 franquicias en un área tratada de 2.504.111 ha. en la fina y la gruesa.
En el país se desechan 17.000 toneladas de polietileno en envases y en La Pampa 1.100 toneladas Los organismos encargados de registrar agroquímicos (Senasa y Anmat) cuentan con un registro de plaguicidas domisanitarios y agroquímicos clasificados según toxicidad según la clasificación de la OMS que los admite como de venta libre o de uso profesional. Para el Senasa el 42% consumido son herbicidas; 23% pesticidas; 20% fungicidas y 15% restante otros productos fitosanitarios (acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etcétera).
Según Fertilizar, el sector agrícola del país demandará en esta cosecha 6.551.300 toneladas de fertilizantes, 4.488.000 nitrogenados; 1.337.156 fosfatados y otras 684.500 toneladas. En La Pampa la explosión en la demanda de fertilizantes comenzó con maíz y soja para derivar en los cereales de verano e invierno. Pasamos de 15 millones de litros en 1989 a 37 millones de agroquímicos en la campaña anterior.
Un gran negocio de multinacionales que capturan 80% del negocio que factura en el país US$ 4 mil millones con un mapa global de 3 megaempresas: Bayer-Monsanto; Dow (se separó de Dow- Dupont) y ChemChina (absorbió a Syngenta) con el 56% del mercado mundial.

Envases y CAT
El uso de agroquímicos para la producción agrícola genera una gran cantidad de envases vacíos (38 millones en el país y 1,8 millones en La Pampa) que, si no se manejan en forma adecuada, pueden significar un impacto ambiental significativo. Esto pasa porque contienen residuos químicos que contaminan suelos, aguas superficiales y subterráneas, poniendo en peligro la salud humana y los ecosistemas.
En La Pampa se usan, como se explicó, por campaña alrededor de 1,8 millones de envases de fitosanitarios (a un promedio de 20 litros por envase). Años atrás el gobierno pampeano prohibió la comercialización de agroquímicos intimando a la Fundación Campo Limpio, integrada por Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) para poner a funcionar tres Centros de Acopios Transitorio (CAT) que se habían prometido establecer para manejo y tratamiento de los envases vacíos de agroquímicos y trazabilidad de bidones, dispuesto por la ley Nacional N° 27.279, de Productos Fitosanitarios. En febrero de 2025 la mayoría de los registrantes están agrupados en la Asociación Civil Campo Limpio y en la actualidad funcionan cinco centros ubicados geográficamente en las localidades de Alta Italia, Gral. Pico, Colonia Barón, Catriló y Rolón.
La clave aquí, además de otras obligaciones sanitarias y administrativas de las empresas, es el llamado “triple lavado” o “lavado a presión”, donde los productores deben purificar exhaustivamente los envases para eliminar los restos de productos químicos. Estos envases son clasificados como envases tipo A. Aquellos que por sus características no pueden ser lavados, son clasificados como envases tipo B.
En 2023 el INTA presentó un informe en donde analiza el rol de los productos fitosanitarios de síntesis química en las producciones agropecuarias. Bajo este marco, el relevamiento resalta que es posible “incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”. De igual manera, el informe confirma que “la agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios (también conocidos como agroquímicos) sin poner en riesgo el
volumen y la calidad de la producción”. Además en un informe del INTA del año anterior se desprende según la especialista Jorgelina Montoya (coordinadora del proyecto estructural gestión sostenible de fitosanitarios y especialista del INTA Anguil, La Pampa) que “sin el uso de fitosanitarios las pérdidas en manos de las plagas serían significativas”.

Distribución espacial
De acuerdo a los datos del informe del INTA sobre agroquímicos y de acuerdo al porcentual de la superficie cultivada departamental puede inferirse que la superficie tratada en La Pampa con agroquímicos crece a pasos geométricos. Solo en plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas) las áreas tratadas superaron los 2,1 millones de hectáreas y con fertilizantes (urea, superfosfato triple y fosfato diamónico) y 300 mil hectáreas más con otros agentes.
En la anterior campaña (2022/23) los ejidos rurales con mayor utilización en la cantidad de plaguicidas sería el departamento Maracó (General Pico con 95.700 hectáreas), Chapaleufu (Intendente Alvear con 83.250 y Larroudé con 66.230), Catriló con 57.128, Colonia Barón con 55.300, Agustoni 53.300, Vértiz con 46.721, Ingeniero Luiggi con 43.611, Quemú Quemú con 42.900, Ceballos con 35.221 y Lonquimay con 33.120 hectáreas. En el mix de utilización de herbicidas de verano e invierno lidera Pico con 48.256 en verano y 11.230 hectáreas en invierno, seguida por Catriló con 29.630 hectáreas de verano y 11.321 de invierno. En insecticidas, Pico y Larroudé son las que más lo utilizan con 48.922 y 47.200 hectáreas tratadas respectivamente, precedida por Intendente Alvear con 33.000.
En fungicidas, Ceballos está al frente con 3.680 hectáreas, seguida por Luiggi con 3.420 y Alvear con 3.020 hectáreas. En superficies mejoradas con fertilizantes Alvear tiene 11.123 hectáreas, Pico con 9.921, Lonquimay 7.923, Falucho 6.303 y Ceballos con 6.121. En Urea granulada han hecho punta Pico, Alvear, Agustoni y Lonquimay con 12.200, 9.621 y 7.174 hectáreas respectivamente. En Superfosfato triple las localidades con mayor tasa de utilización son Ceballos, Santa Teresa y Sarah con 921, 720 y 544 respectivamente. En cambio con fosfato diamónico, Falucho detenta 6.226 hectáreas, seguida de Alvear y Macachín con 5.879 y 3.266 hectáreas.
Aquí se utilizan productos químicos habituales, como urea, carbonato de potasio, cloruro de manganeso, cloruro de amonio, urea metileno, cloruro de calcio anhidro y cloruro de zinc. La expectativas de un mejor clima en la campaña actual después de las lluvias casi con seguridad traerá aparejado aumentos en la siembra de semillas, por tanto más compras de herbicidas a base de glifosato con envíos de abonos nitrogenados y potásicos junto a abonos fosfatados al igual que productos químicos orgánicos y fungicidas.
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Investigadores de la UBA crean un sistema para tratar residuos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Portal UniversidadesHoy
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Un grupo de especialistas creó un sistema basado en biotecnología para tratar aguas residuales con agroquímicos. La iniciativa apunta a mejorar las prácticas agrícolas y reducir el impacto ambiental.
Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) desarrollaron un biofiltro biotecnológico para tratar el agua utilizada en la limpieza de equipos de aplicación de agroquímicos. Esta innovación busca reducir el impacto ambiental del sector agrícola y mejorar su sustentabilidad, con el potencial de expandirse a otras industrias.
El agua empleada para limpiar la maquinaria agrícola suele contener restos de fitosanitarios que, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar el ambiente. Para abordar esta problemática, el equipo de investigación diseñó un sistema que colecta esta agua y la transporta a un biofiltro donde los residuos son degradados.

Una solución innovadora y escalable
El docente de la cátedra de Protección Vegetal de la FAUBA y coordinador técnico de CIAFA, Daniel Mazzarella, explicó que el sistema está basado en una cama biológica compuesta por materiales vegetales, como restos de poda o chipeado de maíz. Estos elementos actúan como soporte para microorganismos capaces de degradar los agroquímicos.
“Estamos evaluando cómo diferentes tipos de camas degradan el glifosato, uno de los fitosanitarios más utilizados. Hasta ahora, los mejores resultados se obtuvieron con chipeado de maíz”, detalló Mazzarella.
Por su parte, Nicolás Borrelli, también docente de la FAUBA, indicó que el prototipo puede tratar hasta 1000 litros de agua por año y su diseño permite escalarlo según las necesidades del usuario. “Puede ser utilizado tanto por pequeños productores como por grandes establecimientos agrícolas. Incluso, es posible conectar hasta 10 biofiltros en serie para aumentar su capacidad”, precisó.

Practicidad y posibilidad de expansión
Borrelli destacó la facilidad de uso del sistema, ya que fue diseñado para ser práctico y funcional para los aplicadores. Además, su estructura permite desarmarlo y trasladarlo a diferentes ubicaciones, lo que lo convierte en una herramienta versátil.
El Director Ejecutivo de CIAFA, Armando Allinghi, subrayó la importancia del proyecto para la industria: “Nos faltaba una solución eficiente para el tratamiento de aguas residuales. Con esta iniciativa, podemos cerrar el ciclo y mejorar la sustentabilidad del sector”.
Además, los investigadores señalaron que el biofiltro podría aplicarse en otros ámbitos industriales, con ajustes en la combinación de materiales biológicos y microorganismos específicos para tratar distintos tipos de aguas residuales.

Un aporte a la educación y la investigación
Mazzarella destacó que el prototipo también podría integrarse a la enseñanza y la investigación en la FAUBA, permitiendo mejorar el manejo de fitosanitarios en los campos experimentales de la universidad y capacitar a los estudiantes en buenas prácticas ambientales.
“Estamos trabajando en protocolos de limpieza y formación del personal, lo que además abre oportunidades para que los alumnos conozcan más sobre este tema e incluso realicen sus tesis de grado”, concluyó.
Los investigadores coincidieron en que aún hay mucho por explorar en cuanto a la combinación de materiales biológicos y microorganismos, así como en la optimización del sistema para distintos fitosanitarios y mezclas de productos.
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La Provincia volvió a prorrogar la aplicación de regulaciones al uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 17/01/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Por onceava vez consecutiva, la Resolución 246 firmada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018 fue prorrogada. La norma busca regular el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca entró en vigencia. La idea es hacerlo por ley.
La nueva prórroga quedó oficializada en el Boletín Oficial de este martes. El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 para prorrogar desde el 8 de enero "y por el término de doscientos diez días" la suspensión de la normativa en cuestión. De esta manera, a 7 años de su salida, aún no entró en plena vigencia.
Según se argumentó, la decisión se tomó por la "necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos". Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.

Agroquímicos: ¿La última prórroga?
Sin embargo, el argumento más relevante para decidir la nueva prórroga es que tomó estado parlamentario un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense que busca regular "la gestión, aplicación y el uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial".
Es que, como ya informó INFOCIELO, la idea del gobierno provincial es regular esta cuestión a través de una Ley debatida en la Legislatura. Así se lo hizo saber a las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) a principios de diciembre del año pasado.
Los dirigentes rurales se mostraron de acuerdo con avanzar en ese sentido, sobre todo porque hoy en día se regula con "más de 90 ordenanzas" que tienen diferentes criterios de un municipio a otro. "Hay una necesidad tanto de los productores como del Estado de ordenar la discusión", sostuvo Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP.
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Ley de Agroquímicos: ambientalistas irán a la Justicia y pedirán su inconstitucionalidad

Fecha de Publicación: 26/12/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Ambientalistas irán a la Justicia por la Ley de Agroquímicos y estudian presentar texto propio. En el otro extremo, ruralistas satisfechos por la actualización de la norma que regula el uso de agroquímicos en las zonas rurales de Entre Ríos.
La sanción definitiva de la Ley de Agroquímicos o Ley de Fitosanitarios no dejó conforme al sector ambientalista, que recurrirá a la Justicia para pedir su anticonstitucionalidad debido a que la consideran “regresiva” ya que permite fumigar a 5 metros de un curso de agua, cuando Actualmente la distancia es 50.
La semana pasada la Legislatura sancionó finalmente el proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios, o “Ley de Agroquímicos”, la cual volvió a Diputados con los cambios efectuados por la Cámara alta.
Facundo Scattone Moulins, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y de Nuevo Brote Nativo señaló que está hecha para que las empresas que fumigan tengan vía libre y descuiden la producción de alimentos saludables.
Asimismo, las agrupaciones ambientalistas estudian la posibilidad de redactar un texto propio y presentarlo a través de algún mecanismo de participación ciudadana en la Legislatura provincial.
En el marco del debate en comisiones, la abogada ambientalista Aldana Sasia había advertido que la norma no se adecuaba al estado actual de la ciencia y al principio de no regresión y había cuestionado tanto las distancias pautadas para fumigar como la afirmación de que los productos químicos. . “son inocuos”.

Ruralistas conformistas
En el otro extremo, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) manifestó su satisfacción por la sanción de la nueva ley que regula el uso de fitosanitarios.
“Esta entidad gremial ha venido bregando desde hace muchos años en la búsqueda de una ley moderna, consensuada y cumplible como la recientemente aprobada, ya que era insostenible seguir produciendo con una norma arcaica y puesta en jaque permanentemente por acciones judiciales, dejando al productor a la intemperie y sin certeza alguna cada vez que iniciaba una campaña”.
“Resulta necesario reconocer el compromiso del Poder Ejecutivo entrerriano que, cumpliendo su palabra, impulsó la ley en la Legislatura. Del mismo, corresponde destacar la tarea parlamentaria de los distintos bloques que comprendieron la importancia de producir con el respaldo jurídico correspondiente”, agregó, informó Uno.
“En rigor de verdad, la nueva ley que nace ha sido posible gracias al trabajo concienzudo, profesional y responsable de muchos sectores económicos, productivos, técnicos y sociales de la provincia, donde emerge la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias como impulsora y depositaria de todas. . las opiniones recogidas. En el mismo sentido, es importante destacar que, entre esas voces, se consultó y se recibió el consentimiento de las máximas autoridades nacionales en materia de salud humana”, indicaron en respuesta a los cuestionamientos.
Por último, dijeron: “Entendemos que esta norma marca un rumbo claro respecto de muchos temas vinculados o no a la producción agropecuaria: queda evidenciado que el camino del diálogo y los consensos terminan siendo imprescindibles y superadores para cualquier aspecto que las sociedades y la política. . deben enfrentar”.
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Con el voto dividido del PJ, Diputados sancionó el proyecto que regula el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 24/12/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La iniciativa fue aprobada sobre tablas: contó con 25 votos a favor y 8 en contra. El bloque del PJ votó dividido. Desde las gradas hubo manifestaciones en rechazo de la norma que de ahora en más regulará el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
En la sesión especial que tuvo lugar este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó sobre tablas el proyecto denominado “Buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos” y, de este modo, la provincia ya tiene una nueva norma que regula el uso de agroquímicos en las zonas rurales.
La iniciativa ya había sido aprobada en Diputados en el mes de octubre, pero como luego el Senado le introdujo modificaciones (anoche se votó en dicha Cámara), tuvo que volver a ser abordada en el recinto de Diputados.
Finalmente el proyecto fue aprobado sobre tablas en la sesión de este jueves: se requerían alcanzar los dos tercios de los votos y los números alcanzaron: 25 votos a favor y 8 en contra, por lo que la iniciativa se convirtió en ley.
En la sesión la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) planteó que se pase directamente al proceso de votación: “Tal como se acordó en labor parlamentaria, y al tratarse de un expediente que fue ampliamente debatido en este recinto, mociono que se pase directamente a su votación”.
Enseguida tomó la palabra la diputada justicialista Laura Stratta, quien informó que el bloque Más para Entre Ríos iba a votar dividido: “Algunos consideramos que las modificaciones que se hicieron en el Senado son de forma y no de fondo, y que no atendieron las demandas que se plantearon”.
Por su parte, Stefanía Cora (PJ), aseveró que “muchas voces no fueron escuchadas en las comisiones y no están contempladas en este proyecto, por lo que una parte de nuestro bloque no va a acompañar la iniciativa”.
Al momento de la votación, sectores ambientalistas y de izquierda desde las gradas del recinto manifestaron un ruidoso rechazo al polémico proyecto que finalmente este jueves cerca del medidodía vio luz verde.
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Detectan plaguicidas en peces muertos en la zona de El Mangrullo

Fecha de Publicación: 23/12/2024
Fuente: Portal SinMordaza
Provincia/Región: Santa Fe


El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) los resultados de su investigación sobre la mortandad de peces en la zona de la Costanera Mangrullo, en el arroyo Saladillo, afluente del río Paraná.
Los estudios han detectado cipermetrina y butóxido de piperonilo, dos plaguicidas, en concentraciones que superan los límites recomendados para la fauna acuática.
Los análisis, realizados en colaboración con universidades y el Acuario del Río Paraná, sugieren que la causa de la mortandad podría estar relacionada con la contaminación por productos químicos.
A pesar de la no reiteración del fenómeno, que indica un posible carácter aislado del incidente, el gobierno provincial sigue investigando la fuente del vertido, apuntando a posibles descargas ilegales en la zona.
La comunidad local y las autoridades municipales están colaborando para identificar posibles vertidos clandestinos y evitar futuros incidentes. El ministro Enrique Estévez reiteró el compromiso de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
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Premiaron un invento argentino que reduce hasta un 80% el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 20/12/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


La startup Unibaio recibió un millón de dólares al ganar el primer puesto de Grow-NY 2024 y avanza la innovación para combatir los efectos negativos de los agroquímicos
Los diseñadores de esta innovación para la industria agrícola crearon micropartículas de origen natural que se adhieren a los ingredientes activos de los agroquímicos. Las mismas se obtienen a través de la síntesis de quitosano, un polímero natural derivado de los desechos del camarón. Estos desperdicios naturales son abundantes a lo largo de la costa patagónica.
Gracias a este proceso innovador, los agroquímicos ingresan de manera más eficaz en los cultivos y reducen las cantidades aplicadas obteniendo un mismo resultado. El producto se denomina TurboCharg y será lanzado en 2025.
 Unibaio, una startup fundada por Matías Figliozzi, Claudia Casalongué, Vera Álvarez, María Florencia Salcedo y María Daniela Caprile compitió con otras 20 compañías finalistas de todo el mundo en la sexta edición del Grow-NY 2024, una competencia internacional de negocios de alimentación y agricultura dedicado a la innovación y a la tecnología, y obtuvo el primer primer premio con TurboCharg.
La compañía fue apoyada desde un inicio por el CONICET y por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, forma parte del portfolio de SF500, un fondo de inversión de Rosario que ya respaldó a 24 startups desde el comienzo de sus operaciones.

El Modelo Circular de UNIBAIO
"Desarrollamos micropartículas basadas en polímeros naturales y economía circular para mejorar el desempeño de los agroinsumos. Ellas atrapan los principios activos de plaguicidas, fertilizantes y fitosanitarios lo que les permite ingresar de manera más eficiente en las plantas y aumentar su efectividad reduciendo las dosis de aplicación hasta en un 80%", señalaron desde la empresa.
Además, esta biotecnología "es capaz de reducir el uso de productos químicos en las prácticas actuales y permitir una nueva generación de productos biológicos que mejoran los rendimientos y la resiliencia de los cultivos mucho mejor que sus predecesores sintéticos".
Las micropartículas se obtienen a través de la síntesis de quitosano, un polímero natural derivado de los desechos de camarón que se descartan abundantemente a lo largo de la costa patagónica, generando una importante contaminación ambiental e impacta negativamente en la biodiversidad costera, incluidas las poblaciones de ballenas.
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“Plato Fumigado”: el ranking de los alimentos más contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 17/12/2024
Fuente: Canal 12 (Misiones)
Provincia/Región: Nacional


Este trabajo revela preocupantes niveles de contaminación en vegetales. Clasifica los vegetales según la cantidad de agroquímicos detectados, destacando las frutas y verduras más afectadas.
En el marco de un estudio reciente sobre la inocuidad alimentaria en Argentina, la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos presentó el informe “Plato Fumigado”. Este trabajo revela preocupantes niveles de contaminación en vegetales. Esta iniciativa esta basada en datos del Senasa y revela la presencia de agroquímicos en frutas y verduras. El informe pone de manifiesto una problemática de salud pública que requiere atención urgente.

Ranking de los Vegetales Más Contaminados
El informe clasifica los vegetales según la cantidad de agroquímicos detectados, destacando las frutas y verduras más afectadas. A continuación, se presenta el ranking de los alimentos con mayor presencia de residuos tóxicos:
- Pera: 34 agroquímicos detectados
- Manzana: 31 agroquímicos
- Naranja: 30 agroquímicos
- Banana: 30 agroquímicos
- Tomate: 29 agroquímicos
- Uva: 27 agroquímicos
- Palta: 26 agroquímicos
- Mandarina: 25 agroquímicos
- Limón: 24 agroquímicos
- Pimiento: 23 agroquímicos
Estos datos provienen del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha), que examinó 54 tipos de alimentos vegetales. El informe destaca que los hallazgos son consistentes con la tendencia de producción intensiva que prioriza el rendimiento sobre la salud del consumidor.

Diversidad de Agroquímicos Encontrados
El estudio identificó un total de 83 principios activos en los vegetales, entre los que se encuentran herbicidas, insecticidas y fungicidas. Entre los más preocupantes figuran:
- Glifosato: El herbicida más utilizado, presente en 423 fórmulas comerciales.
- 2,4-D: Herbicida vinculado a diversos problemas de salud.
- Acetamiprid: Insecticida que afecta el sistema nervioso.
- Benomil: Fungicida considerado peligroso.
Más de la mitad de estos principios activos están prohibidos en la Unión Europea, y un número significativo está clasificado como cancerígeno.

Impactos en la Salud
La exposición a estos agroquímicos ha sido vinculada a diversos problemas de salud. En mujeres, se han asociado con cáncer de mama, ovario y útero, así como con malformaciones y trastornos reproductivos. En hombres, se han observado vínculos con cáncer de próstata, testículo y disminución de la fertilidad.
El informe subraya que los riesgos para la salud son especialmente alarmantes debido a la alta concentración de estos químicos en alimentos básicos que deberían ser nutritivos y seguros. La situación se agrava con la contaminación del agua, que también presenta altos niveles de agroquímicos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.

Recomendaciones y Medidas Propuestas
La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos recomiendan:
- Prohibición de Agroquímicos Peligrosos: Especialmente aquellos ya restringidos en la Unión Europea.
- Revisión de la Legislación: Evaluar la legalidad de principios activos considerados peligrosos.
- Fomento de la Agroecología: Apoyar la producción agroecológica como alternativa sostenible y menos contaminante.
- Además, enfatizan la necesidad de una supervisión más rigurosa y de políticas públicas que prioricen la salud pública sobre los intereses de la agroindustria.

Contexto en América Latina: La Problemática de la Contaminación Agroquímica
Brasil: En Brasil, el uso de agroquímicos está en auge, impulsado por la expansión de la agricultura intensiva. Según un estudio de la Universidad Federal de Goiás, se encontraron residuos de agroquímicos en el 80% de las frutas y verduras analizadas. El caso del glifosato es especialmente preocupante: Brasil es uno de los mayores consumidores de este herbicida en el mundo, a pesar de las crecientes evidencias sobre sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.
Chile: En Chile, la presencia de agroquímicos en alimentos también es alarmante. La Universidad de Santiago de Chile reportó que más del 50% de las muestras de frutas y verduras contenían residuos de pesticidas, algunos de los cuales están prohibidos en la Unión Europea. En particular, se ha encontrado glifosato y clorpirifós en niveles que superan los límites recomendados por organismos internacionales.
Colombia: En Colombia, la situación es igualmente grave. Investigaciones de la Fundación Natura revelaron que el 60% de las muestras de productos agrícolas contenían residuos de agroquímicos. El país ha enfrentado controversias sobre el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, lo que ha llevado a una alta exposición de estos químicos en las áreas agrícolas y las comunidades cercanas.
Perú: En Perú, un estudio realizado por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) encontró que el 70% de las muestras de frutas y verduras de mercados locales contenían residuos de pesticidas. El informe destacó que muchos de estos productos son de uso restringido o prohibido en otros países debido a sus efectos potencialmente nocivos.
Paraguay: En Paraguay, el impacto de la agricultura intensiva en la salud pública es evidente. Un estudio de la Universidad Nacional de Asunción reportó altos niveles de pesticidas en alimentos básicos como maíz y soja. La situación se agrava por la falta de regulaciones estrictas y el uso extensivo de agroquímicos en la agricultura.
Por último el informe “Plato Fumigado” pone de relieve una crisis de salud pública alimentaria en Argentina, que refleja una problemática común en América Latina. La alta contaminación de vegetales con agroquímicos plantea serios riesgos para la salud de los consumidores y exige una acción inmediata para proteger el derecho a una alimentación segura y saludable. La transición hacia prácticas agroecológicas y una legislación más estricta sobre agroquímicos son pasos cruciales para abordar esta problemática de manera efectiva en toda la región.
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El Senado introducirá cambios al proyecto de ley que regula el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación:13/12/2024
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


En una reunión conjunta de las comisiones de Producción, Ambiente y de Salud Pública de la Cámara de Senadores, los legisladores introdujeron una serie de modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Se introdujeron modificaciones al artículo referido al uso de cortinas vegetales, hubo cambios para mejorar la interpretación de la normativa y se modificó el orden del articulado, entre otras cuestiones.
El encuentro se realizó este martes por la mañana en la Sala de reuniones de Comisiones Legislativas, en el segundo piso de la Casa de Gobierno.
Estuvieron presentes los representantes de Gualeguay, Concordia, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Diamante, Federación, Colón, Gualeguaychú, Feliciano, Uruguay y San Salvador; Casiano Otaegui (presidente de la Comisión de Producción), Gloria Cozzi (preside Ambiente y Desarrollo), Rafael Cavagna, Claudia Silva, Pablo Cosso, Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti, Gladys Domínguez, Martín Oliva y Marcelo Berthet, respectivamente.
Se trabajó sobre el proyecto de ley que propone para Entre Ríos buenas prácticas en materia de fitosanitarios a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La norma apunta a regular “los actos de las personas humanas o jurídicas de importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte, almacenamiento bajo diferentes condiciones, asesoramiento y toda otra actividad que implique el uso o manipulación en cualquier concepto de productos fitosanitarios”.
Cabe recordar que el texto tiene origen en el Poder Ejecutivo, que lo remitió a la Cámara de Diputados en el año 2022. Fue retomado por la actual composición legislativa y recibió media sanción en octubre de este año.

El trabajo de este martes
Abrió el encuentro el senador de Gualeguay, Casiano Otaegui, y se comenzó con un análisis de aquellos artículos que serán modificados.
Los cambios de forma se consideraron necesarios para mejorar la lectura e interpretación de la normativa propuesta, por lo que se eliminaron algunas remisiones y se modificó el orden del articulado.
Por ejemplo, ahora se pone en primer lugar la composición del Consejo Asesor y posteriormente sus funciones.
Uno de los intercambios estuvo relacionado con la elaboración del protocolo específico de buenas prácticas que deberá elaborar ese Consejo.
Además, se produjo un intercambio sobre el perfil y formación que deberían tener quienes concurran a ese espacio en representación de los diversos organismos del Estado y del sector privado.
Se introdujeron modificaciones al artículo referido al uso de cortinas vegetales. Los senadores ampliaron el alcance que estaba apuntado solamente para los establecimientos escolares y se propuso que se podrán usar para proteger áreas sensibles con asentamiento de personas.
Todos los legisladores hablaron sobre la necesidad de contar con una regulación que haga efectivo el control en todo el territorio provincial.
Asimismo, en lo relacionado a la limpieza de algún espacio educativo rural que pudiera ser alcanzado por los efectos de una aplicación, el senador de Uruguay, Martín Oliva, propuso que debe quedar perfectamente aclarado que esa responsabilidad (la de limpiar) no debe recaer sobre el personal de la escuela, ya que se trata de una cuestión que requiere especialización.
Luego se trabajaron los artículos relacionados con la Vigilancia epidemiológica, el aspecto presupuestario, como así también la creación y funcionamiento del Cuerpo de Inspectores.
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“Cosmética”: vuelve la polémica por la reglamentación de una ley de agroquímicos en La Pampa

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa


Luego de la controversia inicial, los productores recibieron del gobierno provincial un nuevo documento y, por el contenido, analizan rechazarlo
Tras la polémica que se generó en La Pampa por el avance de la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020, el gobierno de Sergio Ziliotto accedió a modificar algunos puntos. Pero habría disconformidad con los cambios que los productores consideran más de “cosmética”. Por esa razón analizarían no validarlos. Para los productores la reglamentación inicial dejaba afuera de producción 200.000 hectáreas debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos.
En noviembre pasado, los productores recibieron de parte del Ministerio de Producción de La Pampa, que conduce Fernanda González y estaba a cargo del armado del borrador de un decreto reglamentario, un documento que contemplaba algunas enmiendas. Estos cambios, de acuerdo con los productores, no habrían sido tomados y ahora habrían llegado a un acuerdo para “rechazarlos”. A los productores les dieron 15 días, que vencen el 11 del actual, para responder a esos cambios. “Es peor que el borrador original”, precisó una fuente.
El borrador anterior que circuló tenía exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto. Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
Los productores habían cuestionado que la ley desconocía los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs). Resaltaron entonces que esta “atenta contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y provincial”. Y agregaron que “criminaliza la actividad agropecuaria e impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa”.
Desde el Consejo Consultor, que integran entidades del agro, venían trabajando desde antes de 2020 para actualizar la ley en la materia en base con los desafíos que tienen los productores. Esta entidad se reunió con González para impedir el avance de la oficialización. Días después se realizó una reunión con Ziliotto y la Mesa de Enlace local en completo hermetismo, donde se gestó un principio de acuerdo para rever los puntos más cuestionados de la reglamentación y la ley. Esto se convirtió en un paso para los productores, quienes hasta ese momento se habían encontrado con la negativa de ser escuchados. En el gobierno provincial les insistieron en que “no es posible modificar la ley”, por eso dejaron la puerta abierta a rever la reglamentación.

Correcciones
En el primer capítulo sobre el control de plagas, se desprendía: “Autorizase toda realización de aplicaciones urbanas y/o rurales de control de plagas que sea declarada por el Estado Provincial o Nacional de interés epidemiológico o de sanidad productiva, debiendo dar aviso con una antelación no menor a 72 horas hábiles de la realización de la práctica a la Comisión Interdisciplinaria”. De acuerdo con el nuevo borrador, la antelación quedaría fuera del reglamento.
Sobre las “práctica e investigación”, señala: “Autorizase la realización de toda práctica experimental de investigación que involucre a los institutos educativos, instituciones técnicas, científicas y tecnológicas públicas, nacionales y/o provinciales, que requiera el uso de plaguicidas y demás productos por la Ley N° 3288. A los fines de efectuar esta práctica, se dictarán los Protocolos Específicos los que serán avalados por la Autoridad de Aplicación competente, debiendo contar con profesional debidamente registrado, el representante de la institución y dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida”.
Según las correcciones se habría dejado fuera la decisión de “realizar esta práctica con profesional debidamente registrado; el representante de la institución, deberá dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida por las autoridades de aplicación, conforme al sistema único de trazabilidad”.
Fue reemplazado el artículo N° 3 sobre el pago de las tasas de inscripción, registros y la retribución de servicios que preste la administración pública. En su defecto, se creó el de “trazabilidad”.
“Créase la plataforma digital que permita implementar el sistema único de trazabilidad del uso de los plaguicidas rurales y urbanos en el marco del presente Decreto Reglamentario. Para su funcionamiento solo se vinculará con la información que surja del Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO), de la Dirección General de Catastro y de toda otra que permita la mejora continua conforme los cambios tecnológicos. No se contemplará investigación relacionada con aspectos impositivos. La Autoridad de Aplicación competente determinará por norma complementaria su denominación, funcionalidades y forma de implementación”, dice.
Siguen estando las “tasas correspondientes” del fabricante y del expendedor y distribuidor. Así también se continúa con la exigencia de “la copia de la receta de compra para la entrega, venta o comercialización de los productos. En ese sentido, se mantiene la obligatoriedad de “archivar por un plazo de dos años, la copia, en versión digital o en formato papel, de la receta de compra de plaguicidas y demás productos de uso rural que le sea entregada”; así como el “remito, receta de compra y receta rural, en versión digital o en formato papel, las que se encontrarán a disposición de la autoridad de aplicación ante cualquier requerimiento”. Además, en vez de “declarar”, se deberá “informar” al profesional interviniente la compra de plaguicidas fuera del territorio provincial con los remitos correspondientes”.
Fueron modificadas también las facultades de verificación y de fiscalización oficial y se señala: “Ingresar e inspeccionar en días y horas hábiles, los locales donde se ejerzan las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio privado; pudiendo examinar y exigir la exhibición de la documentación pertinente, requerir información, nombrar depositarios de productos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Asimismo, se podrá inspeccionar las maquinarias y/o los inmuebles a los efectos de verificar el correcto cumplimiento de la ley 3.288 y/o el presente decreto reglamentario y/o normas complementarias”.
Por otra parte, agregaron que, “en caso de impedirse el ingreso de los inspectores a cualquiera de los inmuebles o maquinarias conforme inciso b), se podrá solicitar al juez competente autorización de registro prevista en el artículo 175 del Código Penal de la provincia de La Pampa, de domicilios privados y de los establecimientos/locales”.
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Un productor fue condenado a solo 3 años de cárcel por la muerte de un niño al que intoxicó con agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: LT7
Provincia/Región: Corrientes


El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia dictada en el 2023 por el Tribunal de Goya confirmando la condena de tres años de prisión al hombre. Se trata de Oscar Antonio Candussi que fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del niño de 4 años, José Carlos "Kily" Rivero.
En la Sentencia N°254, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal con asiento en la II Circunscripción Judicial que condenó al productor agropecuario a la pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo en su modalidad de omisión impropia previsto y pena en el art. 84 del Código Penal, en calidad de autor material (arts. 40, 41 y 45 del Código Penal).
La sentencia dictada por el Tribunal de Goya en el 2023 coincidió con el pedido del fiscal de juicio, Guillermo Barry. Durante el juicio, dicho Tribunal consideró que las pruebas demostraron que Candussi había realizado fumigaciones con pesticidas en su plantación de tomates, que se encontraba a una distancia de apenas 15 metros de la casa del niño de cuatro años que sufrió la intoxicación que le costó  la vida.

Recursos de la defensa y querella
El abogado defensor de Candussi presentó un recurso de casación en el que cuestionó la sentencia condenatoria, señalando errores y arbitrariedades en la aplicación de la ley y en la valoración de las pruebas.  Sostuvo que "la causa de la muerte del menor no fue analizada ni valorada científicamente por el fiscal ni por el Tribunal".
También destacó la falta de pruebas materiales que vinculen a su cliente con el uso de agroquímicos organofosforados, alegando que "ni la inspección policial ni el acta del Ministerio de Producción encontraron evidencia de estos productos en la finca de mi defendido". Agregó que los fertilizantes hallados no representan riesgo tóxico y que eran aplicados mediante riego por goteo.
Por su parte, la querella solicitó recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual. Argumentó que los hechos acreditados en el juicio configuran el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del Código Penal), y no homicidio culposo por omisión impropia, como se resolvió en la instancia anterior.
En este sentido, el querellante sostuvo que Candussi actuó con plena conciencia del riesgo que implicaban sus acciones y aceptó las posibles consecuencias. Según el recurso, "Candussi tenía pleno conocimiento de que generaba un peligro desaprobado, pero aun así, actuó y continuó durante varios meses realizando la conducta desaprobada, sometiendo a la víctima a un riesgo que, en este caso concreto, llevó a su muerte".
El querellante solicitó que, en caso de recalificar los hechos, se aplique una pena de 14 años de prisión. Justificó este pedido en la necesidad de proporcionalidad con la gravedad del delito y en las características del acusado. "La pena debe adecuarse al injusto cometido y a la peligrosidad delictiva", afirmó, añadiendo que Candussi "nunca estuvo detenido y su conducta antisocial causó la muerte de un niño".

Dictamen Fiscal: Rechazo al recurso y reafirmación de la pena solicitada
El fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, emitió su dictamen tras analizar en profundidad el fallo impugnado y los argumentos presentados por las partes. De acuerdo con el artículo 501 en función del artículo 489 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público concluyó que el recurso de casación presentado por la defensa debía ser rechazado. En cambio, el dictamen coincide con la postura de la querella, considerándose que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia debe mantenerse en cuanto a la calificación del delito y la pena aplicada.
El fiscal solicitó que se reafirme la condena por homicidio simple con dolo eventual, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que se impongan al imputado 14 años de prisión, la pena solicitada en los alegatos finales de la querella. La decisión subraya la validez de la argumentación y el análisis de la evidencia realizada en la primera instancia, destacando que los elementos probatorios fueron suficientes para acreditar la culpabilidad del acusado.

Conclusiones y argumentos del doctor Chain
En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain, subrayó que el hecho bajo examen afecta derechos fundamentales que trascienden lo individual y pertenecen a la esfera colectiva, señalando la relevancia del derecho a un ambiente sano como un derecho humano de incidencia colectiva. Este derecho, enfatizó, "ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional".
El doctor Chain también repasó el marco jurídico nacional, haciendo referencia a la incorporación del derecho ambiental en la Constitución Nacional en 1994, dentro del capítulo de "Nuevos derechos y garantías". Según esta reforma, todos los habitantes tienen derecho a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
En cuanto a los hechos del caso, Chain concluyó que la sentencia cuestionada es sólida, razonada y responde adecuadamente a los planteos presentados por las partes. Resaltó que "la sentencia se basta a sí misma", destacando que se acreditaron el hecho, la autoría y responsabilidad del imputado, así como la calificación legal y la pena aplicable.
En su conclusión, el magistrado fue categórico al rechazar los recursos presentados, argumentando que estos no aportaron elementos nuevos y solo reiteraron agravios ya analizados por el tribunal sentenciante. "No se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la sentencia; más bien se trata de una reedición de argumentos que ya fueron solventemente respondidos", concluyó.
Dicha fundamentación fue acompañada por los ministros; doctor Eduardo Panseri, doctor Guillermo Horacio Semhan, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y doctor Fernando Augusto Niz.
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Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Senadores reciben aporte de especialistas en salud, en el estudio del proyecto sobre fitosanitarios

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: Portal Cuestión Entrerriana
Provincia/Región: Entre Ríos


Los profesionales especialistas en toxicología y cáncer dieron su aporte ante los legisladores que forman parte de tres comisiones del Senado: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Producción. Los legisladores pretenden reunir la mayor cantidad de información sobre la temática en el marco del estudio del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.

Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, gozar de un ambiente sano y equilibrado y favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La reunión fue encabezada por los senadores Hernán Méndez (presidente de la comisión de Salud Pública y Drogadicción), Gloria Cozzi (presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Casiano Otaegui (presidente de la comisión de Producción).

Aportes de los especialistas
En primer lugar, mediante teleconferencia, hizo su exposición la Dra. Cecilia Tavella, del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Rosario. La profesional mencionó que un proyecto de estas características “provoca sensibilidad social y debate”, por lo que “necesita de interdisciplina y trabajo en equipo”. Tavella puso como eje de la discusión a la salud como un derecho, atendiendo la preocupación de las personas expuestas a los agroquímicos en el agua, el polvo ambiental y los alimentos.
Tavella hizo hincapié en el acuerdo sobre el uso seguro de los productos, que deben tener buenos usos y prácticas. Además, habló sobre la venta de los productos, la capacitación, los elementos de protección personal en la manipulación, y la receta agronómica. Aseguró que la falta de estadísticas sobre los afectados está vinculada principalmente a malas prácticas en el uso de estos productos y sugirió incorporar un representante de salud en el Consejo Asesor Fitosanitario que se crearía con la sanción del proyecto de ley.

Impacto de los agroquímicos
Los senadores Méndez, Oliva y Benedetti realizaron consultas sobre los efectos de los agroquímicos, a lo que Tavella respondió que un 90% de las afectaciones se deben al mal uso o a la falta de protección personal. Además, explicó que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres gestantes, y destacó que la mayoría de las consultas que reciben se relacionan con problemas respiratorios y dermatológicos.
A continuación, Dr. Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer, abordó el tema del cáncer y su relación con las exposiciones a fitosanitarios. El médico subrayó que es difícil generar evidencia de causas debido a la complejidad de evaluar causas directas, y resaltó la falta de estadísticas en la materia. No obstante, señaló que a nivel nacional y regional ha habido una tendencia decreciente en los casos de cáncer.

El proyecto de ley
El proyecto de ley establece la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se detallan pautas para los registros de usuarios de fitosanitarios, importadores, elaboradores, formuladores, expendedores, asesores, aplicadores, y operarios. También se establece la obligación de emitir una receta agronómica digital, y se regulan las zonas de exclusión, la protección de escuelas rurales y la salud en relación con la aplicación de fitosanitarios.

Presencias
Estuvieron presentes en la reunión los senadores Nancy Miranda (Federal), Ramiro Favre (Colón), Claudia Silva (Paraná), Gustavo Vergara (Diamante), Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gladys Domínguez (Feliciano), Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador) y Juan Conti (Tala).
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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