Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Senadores reciben aporte de especialistas en salud, en el estudio del proyecto sobre fitosanitarios

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: Portal Cuestión Entrerriana
Provincia/Región: Entre Ríos


Los profesionales especialistas en toxicología y cáncer dieron su aporte ante los legisladores que forman parte de tres comisiones del Senado: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Producción. Los legisladores pretenden reunir la mayor cantidad de información sobre la temática en el marco del estudio del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.

Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, gozar de un ambiente sano y equilibrado y favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La reunión fue encabezada por los senadores Hernán Méndez (presidente de la comisión de Salud Pública y Drogadicción), Gloria Cozzi (presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Casiano Otaegui (presidente de la comisión de Producción).

Aportes de los especialistas
En primer lugar, mediante teleconferencia, hizo su exposición la Dra. Cecilia Tavella, del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Rosario. La profesional mencionó que un proyecto de estas características “provoca sensibilidad social y debate”, por lo que “necesita de interdisciplina y trabajo en equipo”. Tavella puso como eje de la discusión a la salud como un derecho, atendiendo la preocupación de las personas expuestas a los agroquímicos en el agua, el polvo ambiental y los alimentos.
Tavella hizo hincapié en el acuerdo sobre el uso seguro de los productos, que deben tener buenos usos y prácticas. Además, habló sobre la venta de los productos, la capacitación, los elementos de protección personal en la manipulación, y la receta agronómica. Aseguró que la falta de estadísticas sobre los afectados está vinculada principalmente a malas prácticas en el uso de estos productos y sugirió incorporar un representante de salud en el Consejo Asesor Fitosanitario que se crearía con la sanción del proyecto de ley.

Impacto de los agroquímicos
Los senadores Méndez, Oliva y Benedetti realizaron consultas sobre los efectos de los agroquímicos, a lo que Tavella respondió que un 90% de las afectaciones se deben al mal uso o a la falta de protección personal. Además, explicó que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres gestantes, y destacó que la mayoría de las consultas que reciben se relacionan con problemas respiratorios y dermatológicos.
A continuación, Dr. Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer, abordó el tema del cáncer y su relación con las exposiciones a fitosanitarios. El médico subrayó que es difícil generar evidencia de causas debido a la complejidad de evaluar causas directas, y resaltó la falta de estadísticas en la materia. No obstante, señaló que a nivel nacional y regional ha habido una tendencia decreciente en los casos de cáncer.

El proyecto de ley
El proyecto de ley establece la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se detallan pautas para los registros de usuarios de fitosanitarios, importadores, elaboradores, formuladores, expendedores, asesores, aplicadores, y operarios. También se establece la obligación de emitir una receta agronómica digital, y se regulan las zonas de exclusión, la protección de escuelas rurales y la salud en relación con la aplicación de fitosanitarios.

Presencias
Estuvieron presentes en la reunión los senadores Nancy Miranda (Federal), Ramiro Favre (Colón), Claudia Silva (Paraná), Gustavo Vergara (Diamante), Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gladys Domínguez (Feliciano), Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador) y Juan Conti (Tala).
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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Prueban que la mezcla de agroquímicos produce un nuevo compuesto más tóxico que la suma de las sustancias individuales

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional liderado por investigaciones argentinos analizó el efecto de ocho pesticidas sobre el río Salado y concluyó que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
“En Argentina es el primer trabajo –y probablemente en el mundo también- con una explicación sobre la toxicidad de las mezclas: algo que se debate en todo el mundo. Porque todas las reglamentaciones del uso de estas sustancias están hechas en forma individual, pero no se usan en forma individual”, explica Rafael Lajmanovich, investigador principal del Conicet y profesor titular en la cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), uno de los autores de un estudio interdisciplinario internacional que muestra que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
El trabajo –titulado “Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado”- fue publicado este martes en la revista académica británica Drug and Chemital Toxicology. Junto con Lajmanovich investigaron Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, German Lener, Carlos Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti y Paola Peltzer, de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas y de Ingeniería Química de la UNL, del Conicet, de Físico-Química de la Universidad Nacional de Córdoba y del Bremen Center for Computational Materials Science de Alemania.
“Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas”, alerta el documento.

Cóctel de pesticidas y agroquímicos
El artículo se basa en una experimentación de laboratorio, pero sobre elementos tomados de un escenario real. Una mezcla de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola. En esa zona este mismo equipo de investigación ya había probado –y publicado en la prestigiosa revista Science of the Total Environment- que los sábalos de esta cuenca santafesina son los más contaminados del planeta en su tipo, con nueve biocidas.
“Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente”, advierten los investigadores. “El hecho de que el cóctel tienda a formar una nueva entidad molecular justifica evaluar su efecto tóxico en su conjunto, y no como la suma de los compuestos individuales con los que se compara”.
La toxicidad del cóctel de ocho pesticidas se evaluó sobre larvas del sapo común sudamericano. “La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas”, enumeran las y los autores.

Contaminación y crisis climática
“Los límites se manejan sobre sustancias individuales, pero la fauna está expuesta a múltiples residuos. Esto viene a echar un poco de luz sobre esto”, remarca Lajmanovich. Uno de los aspectos novedosos del trabajo es que a través de la química computacional se comprobó que esas moléculas tienden a juntarse y formar otro compuesto desconocido. “Tienden a aglomerarse y formar una especie de nuevo tóxico más poderosos que cada uno de esos productos individualmente”, detalló el investigador.
“Ante la mortandad de fauna y peces que ocurren seguido, desde el Estado se habla de causas naturales. Se trata de minimizar los más que conocidos problemas de contaminación. Este trabajo tiene un componente que simula el estrés ambiental. El clima en el planeta está cambiando: hay una sinergia entre lo que se contamina y las crisis climáticas. Es el mensaje de este trabajo: se abordó también someter a esos organismos, que a su vez están expuestos a plaguicidas, a estrés ambiental. Demuestra que el efecto es catastrófico”, alerta.
El estudio se realizó sobre larvas de sapos que comparten el hábitat con peces y otros organismos acuáticos, cuya muerte masiva “se está convirtiendo en un fenómeno común en las zonas central y norte del territorio argentino donde se desarrolla la agroindustria”. En un entorno cada vez más sometido al ‘estrés ambiental’ que aumenta, “la presencia de factores adicionales como la exposición a la mezcla de pesticidas podría perjudicar los mecanismos relacionados con el estrés y resultaría en un mayor impacto respecto a los factores de estrés comunes a los que se enfrenta la fauna acuática como la sequía”.
“Esta evaluación inédita, que combina métodos biológicos y de simulación computacional, resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas reales de pesticidas y subraya la necesidad de no relativizar sus efectos en la mortalidad masiva de la fauna acuática, como ocurre frecuentemente en los peces del río Salado y en varias regiones agrícolas”, instan los autores, en un trabajo que es sólo el primer paso.
Como plantean en el artículo, se necesita conocer y regular más: “Se requieren más estudios para comprender mejor los efectos de los cócteles y sus implicaciones ecológicas, así como para discernir la variabilidad de la respuesta en otras condiciones de exposición, proporciones de pesticidas y formulaciones comerciales, y el impacto de las mezclas de pesticidas en niveles ecológicos más altos. Esto debería ir acompañado de medidas precautorias regulatorias para proteger el medio ambiente y sus poblaciones”.
La investigación, que busca visibilizar y advertir, está dedicada a Damián Marino, científico y químico ambiental “pionero en el estudio de plaguicidas en ambientes y luchador incansable en las causas socioambientales de protección de pobladores y escuelas rurales afectadas por fumigaciones indiscriminadas”. Marino falleció en diciembre pasado, a los 46 años.
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El Palomar: la lluvia habría causado la “contaminación difusa”

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las autoridades descartaron vinaza o cachaza y consideran que podría haberse tratado de arrastre de fertilizantes o pesticidas
La contaminación de las aguas que afectaron a la localidad santiagueña de El Palomar se habría debido a compuestos fenólicos en el canal del este, originados en arrastre de productos pesticidas causado por las intensas lluvias de comienzos de mes. Las autoridades ambientales de Tucumán se reunieron el miércoles pasado con el defensor del Pueblo de Santiago del Estero en el marco del Comité de Cuenca, y entregaron los informes de las áreas técnicas tucumanas, mientras se espera que las de Santiago tengan listas las suyas.
Según informó el diario “El Liberal”, participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez, el secretario del Agua, Sergio Saltz y por Tucumán, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach. En conferencia de prensa, Suárez enfatizó el valor del espacio de diálogo en el marco del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Sali-Dulce e informó que ambas partes actuaron con el programa de Monitoreo Permanente y Alerta Temprana, y que en su caso los informes han sido puestos a consideración de la Justicia Federal, que investiga esta supuesta contaminación.
El secretario Eduardo Castro señaló que apenas se supo lo que había ocurrido en El Palomar, llevaron los equipos de monitoreo de calidad de agua “a los distintos lugares donde venía agua rojiza y nauseabunda. Pudimos comprobar que no era vinaza. Fue una contaminación difusa; los análisis detectaron la presencia de compuestos fenólicos”. El subsecretario de medio Ambiente, Moreno Majnach, añadió que también se descartó que fuese vinaza y que las áreas técnicas están analizando los compuestos fenólicos. “Pueden ser de la naturaleza, un fertilizante, un pesticida. En este caso, por las precipitaciones de la provincia podríamos hablar de contaminación difusa”.
Por su parte, Sergio Saltz, el secretario del Agua de Santiago, recordó que hace 10 años se tuvo la misma situación en El Palomar, con lo cual la gente quedó bastante sensible por lo que “se activaron todos los mecanismos”. Indicó que en Tucumán llovieron 150 milímetros en lugares puntuales. “Esto último es importante tener claro porque eso genera escurrimientos”. “Cuando hay precipitaciones importantes genera escurrimientos en los canales y puede tener y tiene de hecho arrastres. Los niveles de concentración que hemos encontrado no nos daban vinaza específicamente, pero sí avanzamos con algunos compuestos que nos pueden indicar presencia de algún otro tipo de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, como son compuestos fenólicos”.
Añadió Saltz que “lo que tenemos que tener claro es que no hubo ruptura de los almacenamientos de vinaza y creemos la hipótesis más probable es que hubo un escurrimiento de los campos y por la cantidad de precipitaciones. Obviamente, por una cuestión de pendientes naturales de escurrimiento, van hacia El Arenal”.

Sospechas descartadas
Cabe recordar que en el primer momento, las autoridades santiagueñas expresaron sospechas de que podía tratarse de contaminación producida por un ingenio y observaron que el único que estaba cerca es La Florida. Pero no hubo acusación y el abogado de la firma Los Balcanes, Eduardo Rothe, dijo el 17 de octubre a LA GACETA que “el fenómeno materia de investigación no tuvo su origen en una disposición de los efluentes que se generan en la actividad industrial del Ingenio Florida”. Añadió que “esto es algo muy fácil de constatar, recorriendo aguas arriba los canales desde El Palomar hasta el ingenio. La tranquilidad y certeza de la empresa al respecto se fundamenta en que desde septiembre de 2012 el 100% de la vinaza que genera su destilería se transporta entubada por un vinazoducto a una planta de elaboración de fertilizantes, emplazada en un lugar que no tiene comunicación alguna con el Canal del Este”. Dijo, además, que no se arroja ningún otro efluente al canal. “Lo que ratifico es que bajo ningún punto de vista se trató de efluentes ilícitamente dispuestos por el ingenio La Florida”.
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El campo vs ecologistas: Repercusiones de la media sanción de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: Portal APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


Este miércoles Diputados aprobó la Ley de Fitosanitarios. El recinto estuvo rodeado de un fuerte cordón policial, teniendo en cuenta que sectores rurales y ambientalistas se hicieron presentes para mostrar su respaldo y rechazo al proyecto. Hubo abucheos de parte de los ecologistas.
En los palcos de la derecha del recinto en la planta baja se encontraba la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), mientras que en el balcón del primer piso se ubicaban los grupos ecologistas y la izquierda. De quienes se soponían a la Ley solo se encontraron 30 personas dentro de la Cámara con la justificación de que el edificio tiene peligro de derrumbe.
Mientras el Presidente de la Comisión de Ambiente, Juan Rossi, explicaba los pormenores de la iniciativa la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, observaba atentamente y hacía muecas de disgusto al escuchar la exposición del legislador. Al finalizar Burgos dijo: “Te olvidaste de las personas que fallecieron por los agrotóxicos”.
Cabe destacar que el representante de la izquierda irrumpió varias veces en la sesión y segundos antes de la votación de la ley exclamó: “Ya están hasta las manos, le están dando la espalda al pueblo”.
Cuando comenzó la votación de cada artículo, Rossi pidió la modificación del capítulo 4, artículo 76, inciso B referido a la aplicación de agroquímicos en las zonas de amortiguación y Burgos interceptó: “¿Y eso contempla el glifosato que es cancerígeno?”. El dirigente también señaló que “van a llover haber amparos en la justicia” y aseguró: “Eso es igual a la legislación actual”.
“Votan por el cáncer infantil, ustedes están manchados”, exclamó Burgos y tildó de hipócritas a los diputados que votaron a favor y llevaban puesto un lazo rosado como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama que es en el mes de octubre.

“Se habilitó un modelo de agronegocio irrisorio”
Una vez obtenida la sanción de los medios, esta Agencia dialogó con el representante del MST y dijo: “Es un día muy triste para Entre Ríos porque se habilitó un modelo de agronegocio que va a permitir la fumigación a 10 metros de distancia”. Calificó al proyecto aprobado como “irrisorio” y justificó: “No existe en ninguna legislación del país una ley como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados”.
“Las consecuencias del agronegocio las vemos desde hace más de 20 años, son las enfermedades de la población, la concentración de la tierra y de la producción y también las sanitarias”, explicó Burgos y afirmó que “Iosper no sabe cómo hacerle frente a los nuevos casos de cáncer que hay por mes en la provincia y esta Cámara votó esa ley sin ningún presupuesto para salud”.
Ante la sanción de los medios, el dirigente llamó a movilizar al Senado para que la ley no sea sancionada y pidió a los legisladores que “empiecen a discutir la traducción agroecológica para que pesen más las necesidades sociales y no las ganancias de un sector concentrado”.

“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive”
Por su parte el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, dijo a esta Agencia que “este proyecto es algo que venimos esperando hace bastante, festejamos enormemente tener la media sanción de una ley que se veía discutiendo hace mucho tiempo en varios aspectos y entendemos que incluye a todas las voces”.  
“Tener una normativa vigente nos da la tranquilidad a los productores, habrá que ver cómo sigue en el Senado y esperamos que la ley se trate de la misma manera”, señaló el representante del campo.
Además Martiarena recapituló que hubo un proyecto anterior que se presentó en 2022, perdió estado parlamentario y no se pudo llevar adelante.
“Entre medio se conformó la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que tuvo mucho que ver en el articulado del proyecto, es algo que realmente funciona y ahí están asentadas más de 27 entidades del sector productivo”, explicó el presidente de la Federación.
“Todos los incluidos en esta discusión tenemos un rol importante, el sector productivo desde capacitar, generar la docencia y hacer bien las cosas; el Estado en todos sus estamentos, festejo que sean los más cercanos los que controlen porque son los que conocen el territorio”.
Martianera también destacó la importancia del trabajo mancomunado y la necesidad de que se sancione a quien no cumpla la Ley.
Esta Agencia consultó al representante del campo sobre su postura sobre la agroecología y respondió: “El 70% de la producción agrícola en Entre Ríos es en base a arrendamientos, habría que tratar otros temas antes de plantear un modelo agroecológico, tampoco estoy radicalmente en contra porque hay cuestiones que todo productor puede ir tomando para mejorar su producción”.
“En el último tiempo hubo una concientización del sector productivo en cuanto al uso de agroquímicos que hacen a un mejoramiento y a un rendimiento económico a la vida del campo”, contó Martiarena.
“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive y entiendo que estas nuevas prácticas, o viejas porque estaban escritas hace mucho tiempo, pueden ayudar a mejorar alguna cuestión pero no estamos preparados en la materia productiva y no dan lo que se necesita para abastecer a mercados y particulares”, consideró el presidente de la Federación Agraria.

“Muchas personas e instituciones aportaron”
Por su parte el diputado Rossi mostró conformidad con el trabajo que se realizó en la comisión que preside: “Muchas personas e instituciones de toda la provincia aportaron para que esta ley se apruebe, les quiero agradecer y a la decisión del Gobernador, Rogelio Frigerio, que nos acompañó políticamente y nos permitió avanzar con esta legislación”.
“Siempre priorizando la salud humana, cuidando el ambiente y su biodiversidad y también la producción agropecuaria porque queremos que los pequeños y medianos productores sigan viviendo en los campos”, señaló el presidente de la Comisión de Ambiente.
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La combinación de agroquímicos aumenta la mortalidad y malformaciones en especies acuáticas

Fecha de Publicación: 18/10/2024
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Nacional


La degradación de los ecosistemas producto de una sostenida contaminación proveniente de la acción humana, parece haberse no solo enquistado en la médula productiva, sino profundizado de manera sistemática con el paso de distintos gobiernos que no han disimulado su desinterés por la salud socioambiental.
Controles que gozan de una ineficiencia absoluta, multas que no redimen el daño originado, complicidades y un vendaval de excusas banas, trasuntan un camino que deja ver un horizonte cada vez más oscuro. El desprecio a todo lo relacionado con lo climático y ambiental, entre muchas otras cosas, por parte del ejecutivo nacional, deja ver que el agravamiento de la crisis socioambiental es un hecho.
El modelo de producción imperante no duda en hacer crecer un pasivo ambiental que amenaza con dar la estocada final a una biodiversidad que viene siendo acorralada desde 1996 con el ingreso de los transgénicos y su paquete tecnológico a esta parte. El panorama es desolador, de una proyección catastrófica, sin embargo, un grupo de científicos conscientes sigue adelante con investigaciones que buscan poner en relieve la necesidad de ponerle fin a un daño irremediable.
Un reciente estudio científico interdisciplinario internacional, liderado por investigadores de la FBCB y FIQ (UNL) y el CONICET, con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de la UNC y el Bremen Center for Computational Materials Science de Bremen, Alemania, ha logrado un avance pionero en el área de la ecotoxicología.
Por primera vez a nivel mundial, se ha demostrado mediante el uso de indicadores biológicos y química computacional, que las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado. Dicho de manera simple, la mezcla de estas sustancias produce un nuevo compuesto tóxico (xenobiótico) que es aún más tóxico que las sustancias por separado.
 ¿Y por qué esto resulta importante? Estas sustancias están presentes en varias cuencas (ríos y arroyos) de la región Pampeana y el Litoral Mesopotámica y son producto de la actividad agrícola intensiva en sus alrededores, que involucran principalmente a los cultivos transgénicos de soja, maíz y trigo. Incluso se ha detectado la presencia de estas mezclas en valores récords en peces como el sábalo en el río Salado de Santa Fe.
El trabajo señala la importancia de comenzar a considerar los efectos sinérgicos de las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas presentes en los ecosistemas con el fin de evaluar la ecotoxicidad de los mismos. En resumen, “se combinan la contaminación con mezclas de agrotóxicos con las crisis climáticas, como sequías y bajantes extremas, agravando la mortalidad de la fauna acuática, en especial de peces. Esto supone un riesgo adicional para las comunidades ribereñas que dependen de la pesca para su subsistencia. “
Quiénes llevaron adelante este vital estudio, no dudaron en compartir su estoico y revolucionario trabajo a la memoria de quién dedicó su vida en pos de la ciencia digna. “Dedicado a la memoria del Dr. Damián Marino, CONICET-UNLP, destacado científico y químico ambiental precursor en el estudio de la contaminación por agrotóxicos en Argentina y luchador incansable en las causas socio-ambientales y especialmente de las escuelas rurales afectadas por las fumigaciones.”

Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado, Argentina
Las comunidades acuáticas están cada vez más expuestas a mezclas complejas de contaminantes, principalmente pesticidas, debido al impacto de la actividad agrícola. El objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad de un cóctel de ocho pesticidas sobre larvas del sapo común sudamericano Rinella arenarum. El cóctel representa una mezcla realista de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola.
Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional, indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente. Los efectos del cóctel se evaluaron en larvas de desarrollo temprano y premetamórficas, a concentraciones factibles encontradas en escenarios reales.
La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas. Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas.
Participaron del estudio científico: Ana P. Cuzziol Boccioni, Rafael C. Lajmanovich, Andrés M. Attademo, Germán Lener, Carlos R. Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti & Paola M. Peltzer.
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Piden elevar a juicio a cuatro acusados por utilizar agroquímicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


Cuatro personas fueron procesadas por fumigar zonas semiurbanas con herbicidas peligrosos para la salud y el ambiente, desobediendo una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita zonas de exclusión.
La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, solicitó elevar a juicio a cuatro personas procesadas por el delito de contaminación ambiental con agroquímicos con residuos calificados como peligrosos.
Los acusados fueron implicados por fumigar con herbicidas peligrosos para la salud zonas semiurbanas de Pergamino cercanas a viviendas, una escuela y un jardín de infantes, desacatando una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita áreas de exclusión.
Uno de los hechos investigados ocurrió en un campo ubicado a diez kilómetros de la localidad. Un camión fumigador esparció los agroquímicos desobediendo la prohibición de dicha actividad establecida por la ordenanza N° 8126, sancionada tres años atrás por el Concejo Deliberante local. Un vecino grabó el suceso y advirtió a las autoridades, ya que la aplicación de las sustancias se llevó a cabo a metros de la Escuela N°19 y del Jardín de Infantes N° 920, mientras sus estudiantes estaban dentro del establecimiento.
Los estudios de laboratorio y análisis del suelo arrojaron que las sustancias utilizadas eran enumeradas en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, como el glifosato, que fue categorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probablemente carcinógeno para humanos. También se descubrieron herbicidas cuyo uso podría envenenar, adulterar o contaminar la salud y el ambiente.
El otro caso tuvo lugar en Juan Manuel de Rosario 3500 de la localidad de Francisco Ayersa y fue denunciado telefónicamente por un vecino. En esa ocasión, se detectó la aplicación de agroquímicos tóxicos en un campo donde se cultivaba soja, en un área lindera a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Tras la investigación, se determinó que no hubo aviso previo a la Municipalidad.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, indagó a los acusados y ordenó su procesamiento al considerarlos responsables, unificando las causas por su cercanía temporal.
"Si bien no existen dudas de que el delito en cuestión es de peligro, se consuma cuando la acción entraña un peligro para la salud de las personas; circunstancias que se pudieron determinar en esta investigación en virtud de los residuos peligrosos arrojados por los imputados en los campos señalados dentro de las zonas prohibidas, por existir poblados y establecimientos educativos" señaló Di Lello.
El magistrado también señaló que los hechos fueron constatados con evidencia documental y pericial así como con los testimonios de profesionales y especialistas en la materia, "lo que determina que todos los extremos se ven confirmados".
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Gualeguaychú: seis años después, declararon inconstitucional la prohibición de glifosato

Fecha de Publicación: 04/10/2024
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, declaró inconstitucional una ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en abril de 2018. Pasaron seis años. La medida del Concejo prohibía el uso, venta y comercialización de glifosato en el ejido municipal. Varias entidades ruralistas se presentaron en la Justicia y pidieron que declaren inconstitucional la disposición local. Y lo consiguieron con un fallo que se publicó este 30 de septiembre.
A la noticia la dio a conocer este lunes el sitio Bichos de Campo. La ordenanza que estuvo bajo evaluación judicial lleva el número 12.216, y fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú el 16 de abril de 2018. La presentación judicial también comprendió el Decreto reglamentario 1771/18 DEM, dictado por el Departamento Ejecutivo municipal el 11 de junio de 2018.
Tras la disposición judicial, se quejaron la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, de las firmas El Tramo SA, El Potrero de San Lorenzo SA, Modena SA, Patacho SA e Inducampo SA, y de los Sres. Matías Ivan Martiarena, Ignacio Sánchez Alzaga, Carlos Sánchez Alzaga, Jorge Marcelo Tinti, Guillermo Domingo Bértora, María Eugenia Pons, Jorge Eduardo Pons, Manuel Fernán Feliz Olarra Lynch y José Leopoldo Ingold. Todos acudieron a los estrados judiciales representados por los abogados Guillermo Eduardo López Moras y Juan Manuel Gadea.
Según los argumentos de la resolución a la que accedió ANÁLISIS, los accionantes cuestionaron que se plantee como “un hecho cierto la vinculación entre glifosato y cáncer, por el solo hecho de haber sido incluido el herbicida dentro del Grupo 2A de principios activos como ‘probable carcinógeno’ para los seres humanos por un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (en adelante, IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sostuvieron que, pese a que el citado es uno de los cuatro programas a través de los cuales la OMS investigó el glifosato, resultó ser el citado el único que arribó a esa conclusión”.
Razonaron que “para la mismísima OMS, el glifosato es tan perjudicial para los seres humanos como el hecho de consumir carnes rojas o tomar mate con agua caliente. Luego de cuestionar al referido estudio, objetaron que, en lugar de tratar la exposición al producto, se haya eliminado directamente su causa. Hicieron énfasis en la existencia de muchísimos agentes contaminantes respecto de los cuales se ha comprobado resultar más perjudiciales que el glifosato y que, como corresponde, su uso no es objeto de prohibición, sino antes, bien de una razonable reglamentación”.
Las entidades rurales y agrarias admitieron que “el glifosato no debería calificarse ni tratarse como inocuo, tal como se lo consideraba mundialmente hasta el año 2009, deviene absurdo disponer su prohibición y no hacer lo mismo respecto del uso de otros agroquímicos de mayor peligrosidad”.
Entre otros argumentos, alegaron también que “a pesar de que la gravedad de la aplicación de agroquímicos es reconocida en Estados Unidos desde 1950, a nadie se le ocurrió allí prohibirlos”. Mencionaron que “el sexto considerando de la ordenanza atacada, alude a un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), publicado en 2016, sobre el hallazgo de muestras de glifosato en la cuenca del río Paraná, documento que descalificaron por haber sido realizado por jóvenes en formación, además de no haberse especificado en aquél las consecuencias de tal observación”.
Aseveraron que “el uso y aplicación del producto en Gualeguaychú, al momento del dictado de la ordenanza, se hallaba especial y expresamente reglamentado, negando la enunciación de la norma impugnada de que pueda aplicarse sin receta de ingeniero agrónomo en el campo”. Señalaron que “el vigésimo noveno párrafo de los considerandos alude a que recientemente la Unión Europea (UE) habría aconsejado no comprar más productos que contengan residuos de glifosato. Contrariamente, evidenciaron que en noviembre de 2017 la Comisión de la Unión Europea prorrogó por cinco años más su licencia de uso, lo que a su criterio sería una muestra más de la parcialidad y falta de objetividad con la que se manejaron las autoridades municipales”.
Con posterioridad 2enfocaron sus reproches a la aptitud del municipio para dictar una norma como la objetada. En ese sentido, cuestionaron la competencia de la Municipalidad de Gualeguaychú para determinar una prohibición como la sindicada”.

Qué contestó el municipio
En representación de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú se presentaron Mariano José Fiorotto, Hernán Leonel Castillo y Martín Germán Britos.
Contestaron que Sostuvieron que “tal como se refleja en los considerandos de la norma, todos los sectores fueron citados a los fines de traer aportes técnicos y científicos al debate previo a su sanción”.
Seguidamente, enumeraron los fundamentos de la ordenanza: “el informe de IARC confirmando la vinculación entre glifosato y cáncer; que dicha información fue receptada por diversas localidades; que luego de un año de trabajo la OMS categorizó el producto como la segunda categoría más alta vinculada a enfermedad causando daño en el ADN y cromosomas de las células humanas, detectándose glifosato en agua, alimentos, sangre y orina”, entre otros.
Resaltaron que “la ordenanza fue votada por mayoría, incluyendo el voto oficialista y del principal opositor, una facción vecinalista, con la sola oposición de la bancada representativa del sector de los promotores de la demanda”.
Arguyeron acerca del “carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad y enfatizaron que su planteo requiere, para quien la invoque, la acreditación de un perjuicio directo y personal derivado de la vigencia de la norma”. Reseñaron “los requisitos que la Corte nacional fija para la procedencia de este tipo de acciones y subrayaron que en los presentes no existe la incertidumbre que fundamentaría la acción”.
Formularon “consideraciones sobre el glifosato. Describieron su acción, composición, características y efectos al contacto con personas”. Entendieron que “la única finalidad de la presente acción es la rentabilidad de un negocio de componentes inimaginables, y explicaron sobre la tecnología transgénica de la soja, del principal productor de la sustancia, a quien identificaron como Monsanto, y el sistema de siembra directa”.
Seguidamente desarrollaron acerca del “uso generalizado del glifosato y reseñaron los documentos de la OMS en orden a aseverar que el producto es predominante en las lluvias de nuestra provincia en el Río Paraná”.
Calificaron de “injustificablemente desactualizada la categorización de SENASA, que es el órgano autorizado para evaluar y revisar el uso de glifosato”. Resaltaron que “la ANMAT por su parte tiene competencia para autorizar y evaluar los formularios comerciales con el principio activo de glifosato para uso domiciliario”.
En relación a los efectos sobre la salud del producto, aseguraron “no ser inocuos, como pretenden sostener los actores, y efectuaron diversas consideraciones sobre el particular, a la vez que sostuvieron que sus fabricantes -volviendo a citar a Monsanto- utilizan leyes de secretos comerciales para negar al público el acceso a la información sobre la composición de sus productos y también evitan colocar etiquetas con indicaciones alusivas”.
Expusieron acerca de “las sustancias químicas y sus efectos”. Afirmaron que “el glifosato no solo afecta la salud de quienes viven en las zonas donde se aplica, sino que altera la existencia misma de los procesos naturales, convirtiendo a la tierra en un esclavo del producto”.

Decisión
El voto fundamentado fue el del vocal de Cámara Federico José Lacava, que propuso “acuerdo acceder parcialmente a la pretensión y declarar: 1) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe al interior de su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; 2) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe en su ejido el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general Glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan; 3) la inconstitucionalidad de las normas del Decreto 1771/18 DEM que reglamentan efectos derivados de los dispositivos cuya incompatibilidad constitucional aquí se declara”.
El presidente de cámara Mariano Alberto López adhirió a la solución propuesta y la vocal María Fernanda Erramuspe se abstuvo.  
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Prometen que en seis meses los trámites para registrar un nuevo agroquímico podrán realizarse íntegramente por Internet

Fecha de Publicación: 19/09/2024
Fuente: Portal Bichos de Campo    
Provincia/Región: Nacional


El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de la Resolución 1095/2024 publicada en la Boletín Oficial, se comprometió a que dentro de seis meses las autorizaciones de nuevos agroquímicos y biológicos podrán tramitarse por completo a través de la plataforma oficial en internet a partir de seis meses, es decir desde mediados de marzo de 2025.
“Atento al proceso de simplificación que el mencionado Servicio Nacional se encuentra llevando adelante, resulta menester actualizar los procedimientos establecidos en razón de mejorar la operatividad interna del Organismo, ello en pos de lograr la eliminación y simplificación de normas a fin de brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas”, dijo con pompa innecesaria el Senasa, subiéndose a la ola de ofrecer a posibilidad de realizar cada vez más trámites a sus usuarios a distancia y no de modo presencial en oficinas que en muchos casos huelen a naftalina.
De todos modos, hay que desconfiar. El Senasa ya había anunciado una digitalización parecida en febrero de este año.
En el caso de agroquímicos y biológicos, respecto de cuyas aprobaciones hay muchísimas quejas de los usuarios por demoras, favoritismos y hasta corrupción, el Senasa dice en la nueva resolución que “los procedimientos administrativos para la obtención de una autorización reglada se deberán tramitar íntegramente en formato digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”.
El presidente de Senasa, Pablo Cortese, en concreto determinó que los trámites vinculados a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos en el Senasa deberán a partir de ahora realizarse por Internet. Eso será de inmediato para las gestiones vinculadas a los trámites de “Registro”, “Titularidad” y “Modificaciones” de permisos.
En el caso de nuevas “Autorizaciones”, el Senasa aclaró que “se incorporarán a la plataforma SIG-TRÁMITES dentro de los 180 días a partir de la vigencia del presente acto administrativo”. Por eso debería estar habilitada esta posibilidad a partir de marzo de 2025.
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Diputados retomará la discusión sobre el proyecto que busca regular el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, se reunirá este miércoles para continuar con el tratamiento de la iniciativa que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios en Entre Ríos.
El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 13 en la Sala de Comisiones y la última vez que se trató fue el 7 de mayo de este año. Además el presidente de la Comisión confirmó a esta Agencia que en esta reunión estarán presentes las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, que será la autoridad de aplicación de esta ley.  
Cabe destacar que en las últimas reuniones de comisión estuvieron presentes organizaciones ambientales que plantearon fuertes críticas al proyecto y coincidieron en que la iniciativa debería modificarse, cuestionaron el nivel de contaminación de los agroquímicos y sostuvieron que “no funciona el modelo del agronegocio”. En otra oportunidad fueron convocados representantes del sector rural.
Teniendo en cuenta las problemáticas que hubo por las escuelas rurales fumigadas, tiempo atrás también se llamó a que los gremios docentes y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) den su postura en encuentros anteriores.

Sobre el proyecto
El borrador base es el mismo que presentó el Ejecutivo en noviembre de 2022, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, confirmaron fuentes legislativas. Se trata de un cuerpo normativo que fuera impulsado por el ex ministro de la Producción y actual diputado, Juan José Bahillo (MpER-PJ).
En ese bosquejo, las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas, publicó Era Verde.
En el caso de instituciones educativas rurales se establece un régimen especial, donde se considera “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 mts, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 mts del perímetro) a 500 mts para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 mts del perímetro de la escuela) hasta los 3000 mts”.
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“Plato Fumigado”: un ranking sobre los alimentos contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos sistematizaron una serie de datos oficiales del Senasa que dan cuenta de la ausencia de inocuidad de los vegetales.
La agroindustria concentrada y el andamiaje estatal que hacen prevalecer una producción intensiva de alimentos por sobre la agroecológica y campesina impactan directamente en la calidad de los vegetales que se comercializan, y así lo deja reflejado un nuevo informe del relevamiento denominado “Plato Fumigado”, donde además de elaborar un ranking con los alimentos más contaminados con agroquímicos, plantean propuestas para su abordaje ante los riesgos de la exposición directa e indirecta a esos cócteles de principios activos.
El informe elaborado por la Fundación Cauces y Naturaleza de Derechos partió de una solicitud de acceso a la información pública presentado en febrero de 2024 al Senasa para conocer los resultados de sus relevamientos realizados al menos entre 2020 y 2024 en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha): es decir, tiene como fuentes los datos producidos por el propio Estado.
Sin embargo, finalmente solo accedieron de manera limitada a los datos entre 2020 y 2022, aunque aseguran que tras el anuncio de la publicación de su informe, el Senasa decidió dar a acceso universal a los datos de 2023 en la página web.
¿En qué constaba el Plan Creha? En el análisis de los residuos de 54 alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especias aromáticas) comercializados en Argentina, en los cuales hubo 6.191 detecciones de agroquímicos. Basados en esos datos, por tercera vez se presentó el informe autogestivo “Plato Fumigado” que se realiza desde 2017 por parte de la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos.
Desde los colectivos que sistematizaron la información señalan que el objetivo del informe es hacer accesibles los resultados de los controles del Senasa para concientizar sobre los riesgos y de la evidente ausencia de inocuidad alimentaria en el consumo de alimentos producidos bajo la agricultura y ganadería intensivas.

Algunos datos relevados en el informe
El informe consta de más de un centenar de páginas con datos sistematizados, pero también analizados en torno a los relevamientos del Senasa concretados en los últimos años en alimentos vegetales inspeccionados en todo el país.
Entre los datos publicados, por ejemplo, se encuentra el ranking de vegetales con mayor cantidad de agroquímicos. Y ese listado lo encabeza la pera con 34, seguido por manzana (31), naranja (30), banana (30), tomate (29), uva (27), palta (26), mandarina (25), limón (24) y pimiento (23).
Y según regiones, en la “Buenos Aires Sur” el alimento con mayor cantidad de agroquímicos fue la naranja con 11 químicos diferentes, mientras que en “Buenos Aires Norte” fue la mandarina (14) y en la región Metropolitana los morrones (8).
¿Qué agroquímicos se hallaron en los alimentos? En el informe dieron a conocer el hallazgo de 83 principios activos tales como el herbicida 2.4D, el insecticida Acetamiprid, el herbicida glifosato (el más utilizado, con 423 fórmulas comerciales), o el fungicida Benomil, algunos de los cuales son cancerígenos y/o alteradores hormonales o inhibidores de colinesterasas que permiten un correcto funcionamiento del sistema nervioso, y por lo tanto considerados pesticidas altamente peligrosos.
Concretamente, de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos relevados, 46% fueron insecticidas, 41% fungicidas, 10% herbicidas y 3% tipo coayuvantes. Un dato particular al respecto, además, fue que poco más de la mitad están prohibidos en la Unión Europea y un número similar son considerados cancerígenos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.
La gravedad de la situación radica, por ejemplo, en que se trata de alimentos con nutrientes necesarios para una alimentación saludable y, como consecuencia, su acceso resulta un derecho pero también un problema de salud pública, considerando la calidad de los vegetales.
Así, como parte de “Plato Fumigado”, decidieron cruzar las recomendaciones alimentarias realizadas por organismos internacionales con los resultados relevados por el Senasa, enfocados solo en los vegetales. Por ejemplo, mientras se recomienda el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, en los 39 alimentos pertenecientes a esa categoría se hallaron 73 agroquímicos.
Al hablar de legumbres, cereales, papa, pan y pastas cuya recomendación es el consumo de medio plato diario, se encontraron con 30. Un número similar de contaminantes (26) se halló entre aceites, frutas secas y semillas.
Pero lo más esencial en el mapa de recomendaciones alimentarias es el agua, que lejos está de escapar de la contaminación con agroquímicos y sostienen que distintos relevamientos suelen encontrar 20 principios activos en promedio. Tal como sucedió en el territorios periurbanos de Mar del Plata donde no llega la red municipal, desde el informe aseguran que “hay una omisión muy grave por parte del Estado de monitorear y controlar la presencia de agrotóxicos en el agua de consumo humano”.

Los impactos en la salud
Desde el informe advierten por lo impactos comprobados en la salud a partir de la exposición o consumo directo o indirecto a este tipo de sustancias utilizadas para proteger los cultivos -y, en consecuencia, las ganancias de grandes producciones intensivas- de insectos, hierbas u hongos. Así, discriminaron cuáles de los hallados son cancerígenos, cuáles son alteradores hormonales y cuáles inhiben las colinesterasas.
Por ejemplo, entre mujeres afirman que la evidencia científica vincula la exposición a múltiples casos de cáncer de mama, ovario y útero, como también endometriosis, muerte embrionaria precoz, malformaciones, pubertad precoz o hiperactividad. Entre hombres, en tanto, cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, disminución del nivel de testosterona o disminución de esperma.
Frente a esta situación, enfatizaron en la importancia no solo del monitoreo estatal sino también en el peso de proyectos determinantes como lo es el Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que también tuvo voluntarios en Mar del Plata hasta que el INTA decidió apartarse del mismo.
Pero también, como alternativa, resulta necesario un fomento de las producciones agroecológicas campesinas que además de ser fuente laboral para miles de familias, están azotadas no solo por la falta de apoyo gubernamental por no representar una ganancia estatal en términos de divisas, sino también por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos, factores que minan la posibilidad de producir alimentos sanos libres de agroquímicos.
“Consideramos que la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de derechos humanos: derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, de los consumidores y consumidoras, y muy principalmente los derechos de la niñez. Para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”, concluyeron.
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Ante la muerte masiva de cóndores por envenenamiento, piden una ley de trazabilidad de agroquímicos

Fecha de Publicación: 27/07/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Fallecieron unos 170 ejemplares en diez años por prácticas de productores ganaderos que buscan avanzar contra otras especies. El ave es considerada vulnerable a nivel internacional y su existencia depende de las acciones que se tomen
Dos muertes masivas de ejemplares en dos puntos distintos de Argentina y un mismo compuesto utilizado para tal fin dieron cuenta de la situación de riesgo que corre el cóndor andino en Argentina, una de las especies emblemáticas de la cordillera.
Productores ganaderos usan agroquímicos para deshacerse de otros depredadores y terminan afectando a un ave que se encuentra en estado vulnerable a nivel internacional.
El cóndor andino es una especie vulnerable según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que su futuro depende de las acciones humanas que se lleven adelante para que siga existiendo. En diez años, murieron 170 ejemplares en el país.
Los cebos tóxicos están afectando gravemente la población de la especie, según contó a TN el biólogo Luis Jácome: “Actualmente, es la principal causa de extinción porque comen ganado que matan otros depredadores, como zorros o pumas, y los productores, al querer avanzar contra esos animales, envenenan a los animales muertos y terminan matando a los que viven de la carroña como es el caso del cóndor”.
Esto, según el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales (SIB) va en contra de lo que buscan los productores. El uso de cebos tóxicos “no sirve para controlar predadores ya que mata animales con hábitos carroñeros, dejando que se multipliquen aquellos que incluyen el ganado en sus dietas”.
Esta situación destapa otro inconveniente, aseguró Jácome: la falta de una ley de trazabilidad de agroquímicos, compuestos que pueden ser comprados y usados por cualquier persona, manifestó el biólogo que, además, es presidente de la Fundación Bioandina y director del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA).

Muertes masivas
La Fundación Bioandina lleva 474 rescates de cóndores en 33 años, además de 247 liberaciones.
En 2017, el hallazgo de 19 ejemplares muertos alrededor de una oveja en Jujuy encendió las alarmas. Desde la fundación hicieron estudios, que determinaron que el animal estaba cubierto con carbofurán, uno de los pesticidas más tóxicos. “Nos quedamos helados porque fue la primera vez que tuvimos una muerte masiva de esas características”, recuerda Jácome.
Sin embargo, el peor caso se dio en 2018 con 34 cóndores muertos en Los Molles, Mendoza. Los análisis arrojaron que también se usó carbofurán, por lo que el Senasa, ese mismo año, prohibió su elaboración, importación y fraccionamiento.
A raíz de ese hecho, la Fiscalía de Estado y el gobierno mendocino presentaron una demanda conjunta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra cuatro empresas y cuatro personas. La causa penal sigue vigente.
Esto propulsó la creación de la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Tóxicos (ENCT), sancionado de interés federal por resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al que suscribieron 14 provincias donde hay distribución del cóndor andino.
Los casos se fueron repitiendo en otras provincias de la Patagonia, con un caso emblemático reciente en Río Negro donde mataron a un cóndor reinsertado a su hábitat tras mucho trabajo, que bajó a comer una oveja cubierta con carbofurán y murió. Es por eso que desde el PCCA no solo buscan conservar a la especie, sino además que se sancione una ley de trazabilidad de agroquímicos.

Trazabilidad
Jácome explicó que estas prácticas afectan, sobre todo, a ejemplares adultos. Esto deriva en un grave problema ya que la especie muestra tasas bajas de reproducción.
“Encontramos que los productores usan agroquímicos que son muy fáciles de conseguir. Cualquier vendedor se los da. Es gravísimo porque al usar estos tóxicos se activa una bomba química, porque afecta el suelo, el agua y toda la cadena”, dijo el biólogo.
Es por ello que realizaron un relevamiento y detectaron que se usan 19 sustancias diferentes como veneno. En detalle, el 78% son insecticidas y dentro de ese universo, el 74% son carbamatos, de la misma familia que el carbofurán.
Jácome explicó que esta práctica no termina sirviendo para lo que busca el productor pero sí afecta mucho a otras especies: “Generalmente, quieren matar pumas que afectan al ganado y envenenan a un animal ya muerto, pero el que va sobre el animal muerto es un carroñero, como el cóndor, y no un puma”. La gran mayoría de cóndores que consumen veneno, mueren en el lugar.
En ese sentido, indicó que es necesaria la existencia de una ley de trazabilidad de agrotóxicos ya que hay “miles de toneladas que circulan libremente en el país” sin una regulación: “Hay que saber el camino que hace desde el productor o importador de ese compuesto hasta las manos que lo usa”.
Es por eso que el referente del PCCA sugiere que la mejor manera es que se empiecen a recetar estos compuestos, como hacen los médicos con los medicamentos: “Lo ideal sería que un ingeniero agrónomo lo haga, según el espacio en el que se va a usar, el propósito y el cultivo. No puede ser que cualquiera pueda comprar un bidón de carbofurán y tirarlo donde quiera”.
En tanto, recordó que hubo una sola presentación de un proyecto en el Congreso, llevada adelante por el exdiputado mendocino Federico Zamarbide (UCR). La misma se efectuó en 2018 y buscaba no sólo que los ingenieros agrónomos prescriban los agroquímicos más peligrosos, sino también una trazabilidad para identificar a usuarios finales de los productos.
La iniciativa se giró a dos comisiones (de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano), pero nunca pasó de esa instancia.
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Tres fallos judiciales en defensa del derecho a la salud y al ambiente

Fecha de Publicación: 26/07/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires


Una condena por haber enterrado agrotóxicos. La ratificación de un procesamiento a fumigadores. Y una medida cautelar para proteger a niños de una escuela rural. Son tres medidas, en Santiago del Estero y Buenos Aires, a favor del ambiente y la salud de la población. Confirman los impactos negativos del agronegocio. Gamexane, glifosato y atrazina son algunos de los químicos perjudiciales.
Tres decisiones judiciales marcan la responsabilidad penal por el uso de sustancias tóxicas y destacan el derecho a la salud de pueblos fumigados y de comunidades expuestas a los herbicidas. Sucedió en Santiago del Estero y en provincia de Buenos Aires. En el norte del país, se condenó al estado nacional y a la empresa Nouryon Chemicals por el enterramiento clandestino de gamexane, un peligroso agrotóxico. En Pergamino se confirmó el procesamiento de cuatro hombres por fumigar sin respetar los límites establecidos. Y en la localidad bonaerense de Vedia una medida cautelar prohibió fumigar en un campo lindero a una escuela rural.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 de la Capital Federal, a cargo de Macarena Marra Giménez, condenó al estado nacional y a la firma Nouryon Chemicals, por haber enterrado —en 1990— un peligroso agrotóxico en un lote de Ferrocarriles Argentinos en Santiago del Estero, lo cual provocó la muerte de tres mujeres que vivían en zonas aledañas al predio. El Poder Judicial dispuso que deberán indemnizar a las tres familias.
La sentencia considera a dos dependencias estatales (la Secretaría de Ambiente y Ferrocarriles Argentinos) y a la multinacional Nouryon Chemicals (Ex Akzo Nobel e ICI), responsables de los daños a la salud y la vida padecidos por las reclamantes. Las mujeres estuvieron expuestas durante más de trece años a un contaminante altamente tóxico que les provocó diversos tipos de cáncer a temprana edad. Las tres fallecieron como consecuencia de la enfermedad.
En julio de 1990 dos vagones de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado llegaron al paraje rural llamado Argentina (ubicada al sudeste de la provincia), con 30 toneladas del pesticida comercialmente conocido como “gamexane”. Un grupo de hombres contratados en el vecino pueblo de Palo Negro descargó y enterró a escasa profundidad el contenido de los vagones. No sabían de qué se trataba el material y trabajaron sin ningún tipo de protección. Lo que estaban guardando bajo la tierra, a 150 metros de una escuela primaria y detrás de la estación de trenes, era un agrotóxico que estaba prohibido desde 1989.
El hecho fue denunciado en 1994, pero recién en 2003 se removieron las doscientas toneladas de tierra contaminada.
El gamexane es un insecticida que se dispersa rápidamente en el agua o el suelo y permanece durante más de 20 años. Entre sus compuestos figura el hexaclorobenceno y el dicloro-difenil tricloroetano, más conocido como DDT. Según las pericias de la causa judicial, la sustancia resultó altamente peligrosa para la salud de la población lindera por su potencial cancerígeno y su gran resistencia a la biodegradabilidad. Las mujeres, afectadas por distintos tipos de cáncer, vivían a escasos metros del terreno donde se había dispuesto el material.

Pergamino: imputados por no respetar la zona de resguardo
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cuatro personas por fumigar en Pergamino sin respetar las zonas de resguardo. Los hechos ocurrieron en 2019. Un grupo de vecinos afectados por los agrotóxicos llevó adelante la denuncia.
Se trata de tres empresarios, y un trabajador rural, que ya habían sido imputados en julio de 2020. A principios de este mes, la Justicia Federal volvió a expedirse tras la apelación de la defensa. Los imputados son José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini. Los cuatro fueron considerados coautores del delito de contaminación del ambiente, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos.
A Grattone y Taboada (trabajador rural) se les endilga la responsabilidad por las aspersiones realizadas el 19 de octubre de 2019 en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino. El hecho sucedió a metros de la Escuela N° 19 y del Jardín de Infantes N° 920. Los acusados utilizaron glifosato, dicamba y clorsulfuron, entre otros.
Los hermanos Sabattini fueron imputados por haber fumigado el 10 de noviembre de 2019 en Francisco Ayerza, zona rural de Pergamino. Ese día, el casero de la Cooperativa Eléctrica, cuya vivienda está a escasos metros del campo de los Sabattini, denunció que estaban fumigando sin respetar los límites permitidos.
En Pergamino existe una medida judicial que data de 2018 por la cual se dispuso una restricción para fumigar por vía aérea de 3000 metros y para aplicaciones terrestres de 1095 metros de distancia de zonas urbanas y periurbanas. El lote de los Sabattini se encuentra a 840 metros de la zona urbana.
Si bien Juan Andrés de la Peña no está abarcada por esa medida cautelar, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en Pergamino en diciembre de 2014 (Ordenanza Nº8126/14). En el caso de Grattone y Taboada se confirmó que el límite de su predio dista 90 metros de la primera vivienda de la localidad.
Ambos hechos se integraron a otra causa judicial que investiga la contaminación ambiental y la calidad del agua en tres barrios de la ciudad de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida). La misma también surgió a partir de denuncias de vecinos que constataron el deterioro de su salud, causado por las fumigaciones realizadas con pesticidas. La afectación de las familias de esa localidad a causa de los agrotóxicos llevó a una denuncia de organizaciones ambientalistas contra Bayer/Monsanto en Alemania, en abril pasado.
Al apelar, la defensa de los Sabattini alegó que “no se habría acreditado ni esgrimido daño a la salud o a la vida y que el grado de peligrosidad no puede ser inferido del daño ocasionado en otras circunstancias, a otras víctimas, en otros lugares, con otros productos y por la acción de otras personas”.
Pero la Cámara Federal tuvo en cuenta los informes científicos del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Laboratorio del INTA Balcarce. También citó otros informes, uno de ellos elaborado por Damián Marino, que confirmaron la presencia de agroquímicos y arsénico en el agua de Pergamino y el daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a esos productos.
Al citar el artículo 200 del Código Penal, el fallo que confirma la imputación señala que: “Más allá de que la norma en cuestión prevé una responsabilidad penal sólo cuando se dañe al medio ambiente de un modo ‘peligroso para la salud’, lo cierto es que no puede entenderse el derecho a la salud de los habitantes como algo limitado a estar sano, o no sufrir una enfermedad particular. La ley no se limita a castigar penalmente una afectación concreta y particular a la salud humana, sino que abarca el peligro potencial que la contaminación mediante residuos peligrosos significa para la especie humana”.
“Las pruebas acreditan —en grado probable— que a través de las fumigaciones se puso en peligro, por la negligencia y la imprudencia de los encausados, el ambiente y la salud de la población cercana a los campos de los imputados”, señala el fallo.  Y agrega que será en la etapa de juicio donde se realizará el examen profundo sobre la existencia del hecho y la responsabilidad de los mismos.

Un amparo contra las fumigaciones en el norte bonaerense
Vedia es una localidad de 8.000 habitantes ubicada en el partido de Leandro N. Alem, en el norte de Buenos Aires. Un grupo de vecinos, acompañados por la organización Naturaleza de Derechos, presentó una medida cautelar contra Julio Cesar Manni, para que se abstenga de fumigar con agrotóxicos. El juez Esteban Melilli, del Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Junín, dio lugar al reclamo. Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023, cuando los denunciantes esperaban a sus hijos a la salida de la Escuela Primaria N° 21, a metros de la ruta 7.
“Fuimos alcanzados por una suerte de nube de agrotóxicos con fuerte olor metálico que estaban siendo esparcidos en un predio de propiedad de la Familia Balbi (alquilado por Manni). Presumiblemente se trató de glifosato, sustancia declarada como probable cancerígena”, dice el testimonio de los denunciantes. Eran las 17 horas, momento de salida de la escuela, y había fuertes vientos en dirección al edificio escolar. Las familias que esperaban la salida de sus hijos se tuvieron que cubrir el rostro ante la afectación de los ojos.
Uno de los denunciantes, Maximiliano Roccaro, contó que ante la inminente salida de los niños y al observar que la máquina fumigadora seguía esparciendo agrotóxicos, ingresó al predio haciendo señales a Manni, que conducía el tractor fumigador, pidiéndole que se detuviera. “Manni asintió al reclamo espontáneo y urgente de Maximiliano, aunque de modo burlón, ya que increíblemente cuando el actor se volvió hacia la vereda de la escuela para esperar por su hijo, retomó la fumigación con agrotóxicos sin importarle absolutamente nada", precisa la denuncia.
En Leandro Alem está vigente la ordenanza 1166/06, que prohíbe fumigar con agrotóxicos en la zona de resguardo ambiental. Fuera de esa zona, y dentro de un radio de 1000 metros, permite aplicar sólo aquellos de venta libre (aquellos que no necesitan receta agronómica).
En este caso, el juez valoró los principios precautorios (vigente en la Ley General del Ambiente) y de solidaridad intergeneracional. Para argumentar su decisión, citó una pericia bioquímica que explica “los caminos de los plaguicidas" desde su aspersión. La misma indica que una parte suele quedar suspendida en el aire o adherida a material particulado de la atmósfera, y puede volver a caer en el suelo tras una precipitación, o trasladarse a otras áreas donde no fue aplicado, por el efecto del movimiento de las masas de aire. En la tierra cercana al campo fumigado se confirmó la presencial de glifosato y atrazina.
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