Las semillas también en peligro por la Ley Ómnibus
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Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria
Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional
Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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Antes de irse, apuran la Ley Monsanto
Fecha de Publicación: 31/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, algo que en lo formal podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora tras las elecciones del domingo pasado no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo a LA NACION que el oficialismo está detrás ese objetivo para semillas.
En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola.
El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a $10 millones.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada.
Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo que iba a acompañar. Además, el año electoral hizo que se registren muy pocas reuniones formales en la cámara.
Según el artículo primero de la ley 13.460 sobre la tramitación de asuntos en el Parlamento, "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". Luego indica que solo si hubo sanción en una de las cámaras se puede prorrogar un año más.
"La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)", indicó Benedetti.
De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la industria semillera.
Tras el fallido decreto, hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas.
Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. "Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante", apuntó el legislador.
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja resistente a insectos y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. En un tiempo hizo controles propios en los puertos hasta que una resolución oficial determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) puede realizar controles.
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Ley de Semillas: corporaciones para profundizar el extractivismo
Semillas: por qué las empresas quieren cambiar la ley
Fecha de Publicación: 14/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires muestra cómo la corporación de semillas y agroquímicos sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista.
El de la soberanía alimentaria se impone como un tema de urgente tratamiento en un país con niveles de pobreza escandalosos, moral y ciudadanamente inaceptables. Concretamente, en una Argentina en la que pasan hambre 16,5 millones de personas en situación de pobreza. El asunto fue asumido como tema de campaña por el candidato con más chances de ser presidente, y en su complejidad dispara múltiples puntas que tocan, en todos los casos, cuestiones estructurales. Investigadores de las facultades de Filosofía y Letras y de Agronomía de la UBA han puesto el ojo en la Ley de Semillas, con el detallado informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires Sembrar vientos. Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario. Allí denuncian los intentos de modificación de la ley de la actual gestión de gobierno, tanto por vía parlamentaria como, directamente, por un DNU que fue anunciado por los grandes medios y que finalmente quedó sin firmar. Y aunque los resultados de las PASO frenaron por el momento esos intentos de avance, la corporación de semillas y agroquímicos, que es un monstruo grande y pisa fuerte, sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista. En este informe, que se presenta este viernes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, los investigadores explican por qué esos intereses son incompatibles con la idea de soberanía alimentaria.
“El discurso de los proyectos de ley de este tipo es el de las empresas: el argumento es que si no hay un cambio, no llega la tecnología. Se nos dio por encuestar a las empresas para preguntarles a ellas mismas qué tecnologías no tendríamos en la Argentina si no cambia la ley. En todos los casos, son exclusivamente de resistencia a otros herbicidas que no sean el glifosato. Tenemos un modelo de producción muy dependiente de agroquímicos, porque los dueños de las semillas son los mismos dueños de los agroquímicos”, apunta Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA.
La dimensión de esa concentración a escala planetaria, y el modo en que se aceleró en los últimos años, mueve a asombro: "Para 2005 la multinacional Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer 21, Dow 12, Dupont 51, y Syngenta 20. De ese modo se aseguraron unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas vendían al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables", describe el informe. La concentración continuó: “En 2018 Bayer adquirió Monsanto, DOW y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió Syngenta y una de las semilleras argentinas más importantes, Nidera”. De este modelo de negocios se desprende que hoy en todo el mundo existen sólo tres empresas que concentran el 60 % de las ventas de semillas y el 70 % de los agroquímicos. “Desde esa posición dominante simulan una competencia entre sí, pero en realidad no es tal”, suma Schrauf.
¿Qué proponían, concretamente, los proyectos de modificación de la Ley de Semillas, la 20.247, sancionada en el 73 y reglamentada en el 78? "La principal modificación que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo es quitarle el derecho de uso propio de las semillas a los agricultores. Es decir, el productor debe volver a pagar si quiere sembrar la semilla que cosechó, se transfiere un beneficio de los agricultores a la industria semillera", describe Schrauf. El informe aclara que, como resultaría muy difícil sostener lisa y llanamente esta quita de derechos a los pequeños productores, el proyecto hablaba de “excepciones” para los pueblos originarios y la agricultura familiar. “Pero si en paralelo se les quita todo el apoyo técnico, si se desarma el INTA y los programas que los incluían, si se desmantela la Secretaría de la Agricultura Familiar, si se intenta permanentemente desplazarlos de sus tierras, carece de sentido hablar de excepciones”, advierte Alejandro Balazote, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras. “De más está decir que el mercado nunca fue amigable con estos productores, pero la falta de regulaciones por parte del Estado dentro de la economía de Juntos por el Cambio lo volvió directamente hostil", concluye. "El proyecto también se justifica como un modo de modernizar la ley a la luz de los avances biotecnológicos. Pero no contiene ni un renglón sobre transgénesis, edición génica, 'grafting' o epigenética. Es decir, las nuevas tecnologías son parte de la argumentación de su necesidad de cambio, pero no forman parte de la letra de la nueva ley”, suma Schrauf.
"Las leyes de propiedad intelectual, especialmente las patentes, más que reconocimientos a la investigación, se constituyeron en herramientas de dominio del mercado. Cuando se posibilitó en Estados Unidos el patentamiento de genes y organismos, se aceleró la monopolización de la industria semillera. Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos, pues estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético una vez que consiguen una línea que tiene buen y estable rendimiento", advierte también el informe. Para los consumidores, el impacto cotidiano va desde las cuestiones aparentemente más básicas (los tomates que consumimos tienen menos sabor que antaño, por ejemplo), hasta las consecuencias aun no estudiadas en la salud de ciertas modificaciones de semillas.
Los “daños colaterales”, la pérdida de superficie de hectáreas de bosque nativo en la Argentina, el mentado “cambio climático”, la agroecología y las alternativas a la hegemonía, las experiencias de producción colectiva, como la de Unión de Trabajadores de la Tierra, además del engaño que suponen los intentos de modificación presentados como “Ley Inta” (como si este organismo, actualmente desfinanciado, fuese el mayor beneficiario de las posibles modificaciones”, también son temas analizados por diversos investigadores universitarios. Atenti con las ideas de “modernización”: suelen venir con viejas mañas bajo la manga.
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Una Ley de Semillas al servicio de las multinacionales
Fecha de Publicación: 19/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), al que accedió LPO, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.
"Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo", disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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Lo que se pone en juego con el proyecto de ley de semillas
Fecha de Publicación: 19/10/2017
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El tema no es una cuestión de nicho como se las llama ahora y aunque pareciera ser un problema de los productores agrícolas nos involucra a todos. Está en juego nada menos que nuestra soberanía alimentaria y nuestro futuro económico, con una amenaza de tal magnitud que algunos se atreven a decir que está en juego el futuro de los seres humanos. Y está pasando aquí y ahora sin que la prensa apenas la registre.
Estamos hablando del Proyecto de Ley de Semillas presentado por Buryaile, Peña y Macri al Congreso de la Nación. Por más que la magia, la ciencia y la herética lo hayan intentado desde siempre el hombre jamás ha podido crear vida.
Se puede reproducir las condiciones para que esta aparezca, se puede alterar la estructura genética de los seres vivos y crear las condiciones para que aparezcan seres quiméricos y mucho, mucho más. Pero el hombre no puede crear la vida, ni siquiera las más modesta de todas, la un ser unicelular.
Quién o qué insufla en las cosas el ‘soplo vital’ sigue siendo un misterio que se resuelve en los vericuetos de la fe o en interrogantes abiertos para los que no creen.
Pero esto cambió en los años recientes en los EE UU, en ese país la justicia otorgó a las multinacionales cerealeras el estatus legal de creadores de vida, o sea el mismo rango que los creyentes le otorgan a Dios. Según las leyes de ese país las empresas pueden crear vida; y no solo eso: ser sus propietarios.
Esto no es una boutade pintoresca, es una realidad aterradora con consecuencias gravísimas para todos como ser:
Las semillas que siembren nuestros productores ya no les pertenecerán aunque las paguen, seguirán siendo propiedad de las multinacionales que regularán su uso y cobrarán por utilizarlas no solo en forma directa sino también en forma indirecta, por ejemplo: un productor se niega a sembrarlas y usa sus propias semillas que tiene guardadas, pero en un campo próximo alguien siembra semillas Monsanto, que en razón de la difusión del polen, fecundan las plantas del que se resiste a las semillas transgénicas.
Pues bien, de acuerdo a la legislación propuesta este productor ‘rebelde’ tendrá que pagarle igual a Monsanto, etc. sus reclamos por patentes aunque no haya querido sembrarlas.
Y no solo eso, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo controlado por las multinacionales cerealeras podrá:
- Ingresar por la fuerza a las superficies sembradas para inspeccionar el tipo de semillas utilizadas
- Revisar los cargamentos de exportación para así fiscalizar el origen de los genomas.
Y no solo de los granos, también exigirán cobrar por el uso en las cosas que se hagan con ellos, por ejemplo y aunque parezca absurdo: si usted los fines de semana hace pastas caseras para vender, Monsanto podrá exigirle que le pague un derecho de uso porque usted utiliza harina elaborada con semillas transgénicas que la Justicia ha establecido que ellos crearon, no la naturaleza o Dios, según usted crea.
El tema es mucho más complejo y grave que lo que aquí referimos en forma sintética, usted si quiere puede no enterarse, lo que no podrá será evadir las gravísimas consecuencias que tendrá en su vida y la de quienes lo sucedan.
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Ley de Semillas: criminalización de las semillas criollas
Fecha de Publicación: 14/10/2017
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional
Consideran que el proyecto en discusión tiene falencias graves y que admite la criminalización de las semillas criollas.
Organizaciones sociales y políticas plantearon cuestionamientos al proyecto de Ley de Semillas que se está analizando en el ámbito del Congreso nacional, ya que consideran que hay una serie de limitaciones en torno a la alternativa del guardado de semillas y la criminalización del uso de semillas criollas.
Lo hicieron frente a la reunión que llevará adelante el cuerpo de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se realizará este jueves 12 de octubre con la idea de avanzar en la modificación de la normativa actual.
Las organizaciones rechazaron de manera contundente cualquier avance en el tratamiento de la modificación de la Ley de Semillas tal como se plantea desde la Comisión de Agricultura, como ya lo expusieron en la consulta pública efectuada
Consideran que hay una fuerte limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores y surge del proyecto una criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios.
"Avanzar con estos proyectos significará una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo de la que los legisladores que avalen el cambio serán responsables y por la que deberán rendir cuentas en el futuro", expresaron en un documento.
Reafirmaron principios irrenunciables para el abordaje de una ley, como es el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que son una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtenner patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
Además, pretenden garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones y promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
La multisectorial denominada "NO a la Ley Monsanto de Semillas" la constituyen GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.
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