Catamarca: imputan a un hombre por matar a un puma y crece la indignación por crueldad animal

Fecha de Publicación: 04/05/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Catamarca


Un nuevo caso de violencia contra la fauna silvestre sacude a la provincia de Catamarca. La Justicia imputó a un hombre acusado de capturar y matar a un puma en el departamento Ambato, un hecho que generó fuerte rechazo social y volvió a poner en agenda la protección de especies nativas.
El hecho: un caso brutal en la zona serrana
El episodio ocurrió en una zona serrana del departamento Ambato, a unos 50 a 60 kilómetros al norte de la capital catamarqueña. Allí, el animal fue perseguido, capturado y finalmente muerto, en un contexto que generó conmoción por el nivel de violencia.
El caso tomó relevancia no solo por lo ocurrido, sino también por la difusión de imágenes y testimonios que evidenciaron el accionar.

El imputado y la causa judicial
La Fiscalía de Instrucción N°6 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, imputó e indagó a Diego Antonio Carrizo por el delito de crueldad animal.
La causa se inició a partir de una denuncia y su posterior ampliación, y se fue consolidando con distintos elementos: declaraciones testimoniales, una infracción a la normativa de Fauna Silvestre, actuaciones remitidas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, un acta de inspección judicial y otras pruebas incorporadas al expediente.
Con estos elementos, la Justicia avanzó formalmente contra el acusado.

Una especie protegida
El puma es una especie protegida en Argentina y cumple un rol clave en el ecosistema. Como depredador tope, regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio ambiental.
Su caza o eliminación no solo implica la pérdida de un ejemplar, sino que impacta en todo el entorno natural.

Un problema que se repite
El caso de Ambato vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente en distintas regiones del país: el conflicto entre actividades humanas y fauna silvestre.
Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de estos animales no resuelve el problema, sino que agrava el desequilibrio ecológico.

Rechazo y debate
La imputación generó repercusión y volvió a instalar el debate sobre la protección de la fauna en Argentina. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad reclaman mayor control, sanciones efectivas y políticas que promuevan la convivencia con especies nativas.
Mientras la causa avanza, el caso deja una pregunta abierta:
hasta qué punto se está protegiendo realmente a los animales silvestres en el país.
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Minería solicitó un nuevo informe de Impacto Ambiental para la reactivación de Alumbrera

Fecha de Publicación: 22/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El pasado viernes, en las instalaciones del club Racing de Andalgalá, se llevó a cabo la 9na Audiencia Pública de actualización del Informe de Impacto Ambiental etapa de explotación del proyecto minero Bajo La Alumbrera.
La audiencia contó con la participación de más de 300 vecinos de Andalgalá, equipo técnico de la Municipalidad de Andalgalá, del Concejo Deliberante, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, asambleas ciudadanas, representantes de la Cámara de Proveedores, autoridades de la empresa a cargo del proyecto, entre otras.
Tras escuchar todas las voces de los presentes, en una audiencia que duró 11 horas, el Ministerio de Minería ordenó la realización de un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) a la empresa. Esta decisión se estableció dadas las observaciones fundadas del Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá y miembros de la comunidad, atendiendo a la rigurosidad que debe tener un Informe de Impacto Ambiental y mediante la escucha activa a los vecinos. Al respecto, la ministra de Minería, Teresita Regalado, cerró la audiencia sosteniendo que “la empresa minera debe presentar una nueva versión del informe de impacto ambiental con todas las observaciones que realizó el equipo técnico del municipio”.
Argumentó que “es nuestro proceder (como Ministerio de Minería) que cuando hay más del 50% de cambios y observaciones, hay que realizar un nuevo informe que considere todas esas observaciones”. Ahora, la empresa deberá presentar un nuevo informe ante la sociedad andalgalense en un plazo que estipula el Ministerio de Minería según la normativa vigente.
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Gobierno no autorizó el proyecto Sofía Gold

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Catamarca


El Gobierno de Catamarca resolvió no autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en el departamento Santa María, a pesar de que la iniciativa cuenta con una concesión vigente.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero y comunicado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno. La medida se adoptó luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad social, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis.
En este sentido, las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera no implica una habilitación automática para iniciar actividades. Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente.
No obstante, en este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo.
De este modo, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región.
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La Corte de Justicia levantó la cautelar sobre el Río Los Patos

Fecha de Publicación: 02/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


La sentencia termina con un período de incertidumbre de dos años, tras la presentación del informe de impacto ambiental acumulativo realizado por el Gobierno.
La Corte de Justicia de Catamarca resolvió levantar la medida cautelar que desde 2024 regía sobre la subcuenca del Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto, poniendo fin a una situación judicial provisoria que se extendió durante casi dos años y mantuvo en incertidumbre el desarrollo de los emprendimientos litíferos en esa área.
La medida había sido interpuesta en función de planteos vinculados al impacto ambiental de la actividad minera que se desarrolla en la cuenca. Impedía otorgar nuevos permisos y mantenía condicionada la aprobación de proyectos en la zona.
El Gobierno presentó el Estudio de Gestión Integral de Impacto Ambiental Acumulativo que se le había requerido y el tribunal dejó sin efecto la disposición provisional considerando que, con la información técnica incorporada al expediente, no se encontraba acreditado un daño ambiental actual que justificara sostenerla.
El informe de impacto ambiental acumulativo en la cuenca del Río Los Patos es el primero en tipo que se elabora en el continente. Considera los efectos que tendrán todos los emprendimientos litíferos que están habilitados en esa región de Antofagasta de la Sierra.
El tribunal recordó que las medidas cautelares en materia ambiental tienen carácter provisorio y que su mantenimiento sólo se justifica mientras exista una situación de incertidumbre o riesgo que las haga necesarias. Según la sentencia, el estudio técnico permitió contar con elementos suficientes para reconsiderar la suspensión, sin perjuicio de que deban mantenerse los mecanismos de monitoreo, evaluación y control previstos por la legislación vigente.
El fallo también hace referencia a la necesidad de continuar con los estudios hidrológicos y con el seguimiento ambiental recomendado en el informe presentado por el Gobierno, pero deja en claro que ello no impide revisar una cautelar que había sido dictada en un contexto de información incompleta y no podía extenderse indefinidamente sin afectar el normal desenvolvimiento de actividades autorizadas conforme a la ley.
El pronunciamiento se inscribe en un contexto nacional en el que la discusión sobre el desarrollo de proyectos vinculados al litio y a los recursos naturales ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa conocida como Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, en la que se plantearon cuestionamientos ambientales a la actividad minera en el norte del país, se solicitó también el dictado de una medida cautelar de alcance amplio, similar a la que rigió en Catamarca, que implicaba suspender autorizaciones y limitar el avance de proyectos hasta contar con estudios integrales. En ese caso, el máximo tribunal requirió los informes y evaluaciones técnicas antes de resolver, pero no avanzó en medidas cautelares de alcance indefinido.
Para el levantamiento de la cautelar coincidieron los ministros Hernán Martel, Fernanda Rosalles Andreotti, Jorge Bracamonte, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño.
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Identificaron y denunciaron al hombre que maltrató a un puma

Fecha de Publicación: 23/02/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Desde Flora y Fauna realizaron la presentación judicial tras las imágenes del ataque al puma concolor.
Tras la viralización de un video ocurrido en la zona de Las Piedras Blancas, en Las Juntas, departamento Ambato, un hombre fue denunciado penalmente por el maltrato de un ejemplar de puma concolor.
 Según informó el jefe de Inspectores de Flora y Fauna, Nelson Villagra, a "Tiempo Real" de Ancasti Streaming, el material fue recibido en horas de la tarde del jueves a través del teléfono corporativo del organismo. A partir de ello, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a las autoridades.
La denuncia penal fue realizada por el director de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, Gustavo Quinteros, junto a la secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, en la Unidad Judicial N°5. En paralelo, inspectores se trasladaron al lugar para labrar el acta de infracción administrativa.
En las imágenes se observa a un puma siendo atacado por una jauría de perros y luego a un hombre, ya identificado, que lo laza, lo ahorca y lo arrastra. Desde el área indicaron que este tipo de acciones está penado por la Ley Provincial 4.855 y la Ley Nacional 22.421, que establecen la preservación y conservación de la fauna silvestre.
Villagra explicó que, además de la denuncia penal, corresponde la aplicación de una multa administrativa, cuya cuantía está prevista en la normativa vigente. La situación judicial será determinada por la Justicia interviniente.
Consultado sobre el estado del animal, el jefe de Inspectores de Flora y Fauna señaló que será establecido por los inspectores que trabajan en el lugar, aunque aclaró que al momento de la entrevista no estaba confirmado si habría muerto o no.
Desde el organismo reiteraron que ante cualquier avistamiento de fauna silvestre no se debe intervenir ni intentar capturar al animal, sino comunicarse al 3834-003978 o al 911 para dar aviso a las autoridades competentes.
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Más minería de litio y menos democracia: simulacro ambiental y pacto político en Catamarca

Fecha de Publicación: 03/01/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Catamarca


Las multinacionales Río Tinto y Posco, en complicidad con el gobierno provincial, realizaron insólitas “charlas técnicas” en comunidades donde pretenden avanzar con explotaciones mineras. Sin escuchar a las personas del lugar y con estudios desactualizados, montaron escenas sin diálogo real y repletas de viejas promesas. Un fallo judicial que no se respeta y un mandatario, Raúl Jalil, que acumula poder y regalías.
En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.
Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.
A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre. 

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente
La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.
Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.
También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa. 

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”
La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.
Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.
Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.
El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. 
 Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.
Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.
Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales. 

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran
En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.
El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.
Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.
La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.
Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas. 
 También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.
A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.
En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados. 

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero
Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.
Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.
En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.
Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales. 
La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.
Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.
El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.
El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto. 
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Diputados se meten en la polémica por la supuesta contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/12/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Legisladores del oficialismo y de la oposición piden saber si el relleno sanitario que autorizó la Provincia es seguro y si las empresas contratadas están en regla.
El escándalo por la posible contaminación ambiental llegó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores empezaron a pedir informes sobre la cuestión. En este sentido, son varios los requerimientos de información sobre el manejo de recursos patogénicos por parte de la Provincia y en especial por parte de las dos empresas involucradas: HSS (Hidro Servicios de Saneamientos), que tiene contrato con la Provincia, y All Service S.R.L., la empresa tercerizada que está en el ojo de la tormenta por su planta en Andalgalá.
 En este sentido, la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible elevó un pedido de informe al secretario de Ambiente, Martín Castelli, a fin de conocer la situación de la empresa HSS. El pedido, que lleva la firma del titular de la Comisión, Damián Brizuela (UP-FT), pero que fue consensuado entre los diputados de todos los bloques en la Comisión, busca conocer detalles sobre la seguridad y viabilidad del relleno sanitario que se realizó en inmediaciones de El Pantanillo y donde están siendo enterrados de forma preventiva los residuos patogénicos de la provincia. Además, se indaga si la empresa cumple con las normativas legales y ambientales vigentes para desarrollar su actividad.
En este sentido, el pedido de la Comisión aclara que “el requerimiento se enmarca en la necesidad de conocer la decisión por parte del organismo sobre si es seguro el relleno sanitario de seguridad, que se llevó a cabo en las inmediaciones de El Pantanillo para tratar provisoriamente la problemática”.
A este planteo se suma el pedido del diputado Fernando Baigorrí (MID), que como integrante de la Comisión de Salud, presentó un proyecto de resolución donde pide la presencia del ministro de Energía, Agua y Medio Ambiente, Eduardo Niéderle, para que informe sobre las acciones implementadas para “garantizar un manejo seguro y adecuado de estos residuos patológicos”. En su pedido, Baigorrí advirtió sobre “la gravedad de las denuncias relacionadas con prácticas irregulares, como la disposición de residuos en cavas a cielo abierto y la falta de control en el tratamiento de residuos patogénicos y mineros”. Estas situaciones, según el legislador, “no solo generan alarma en la ciudadanía, sino que también podrían derivar en delitos ambientales con consecuencias severas”.
El pedido del diputado incluye la realización de una visita oficial por parte de legisladores a la planta de tratamiento de residuos sólidos para inspeccionar su funcionamiento.
Finalmente, adelantó que presentará un proyecto para que se declare la “emergencia sanitaria”, para "dar respuesta a la falta de instalaciones adecuadas para el tratamiento de residuos patogénicos en la provincia".

Ampliación de denuncia
El diputado Hugo Ávila (FAC) solicitó a la Justicia Federal que investigue la planta de residuos peligrosos que se encuentra cerca de El Pantanillo y donde se está realizando el depósito de relleno sanitario con residuos patógenos.
También solicitó que se pida informe sobre los vehículos en que son transportados estos residuos y qué estudios tiene la empresa HSS para realizar este trabajo. Además, pide que se le requiera a la Justicia de La Rioja y al gobierno de esa provincia informes sobre el pedido del ministro Niéderle sobre el traslado de los residuos a esa jurisdicción para ser tratados.
El planteo de Ávila fue realizado en el marco de su denuncia contra el gobernador Raúl Jalil y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, por posible contaminación ambiental.
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El malón diaguita se opuso a la minería y reclamó leyes

Fecha de Publicación: 23/11/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Representantes de comunidades indígenas del interior llegaron a la Capital para defender su territorio y reclamar protección.
Ayer se realizó en la Capital la marcha del “Malón por el buen vivir comunitario” de las comunidades Diaguitas. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y tuvo por objetivo reclamar por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación minera. Tomaron distancia de los representantes de las comunidades que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Representantes de comunidades diaguitas de Belén, Andalgalá y Santa María, expresaron que marcharon en "malón" hasta la Legislatura en homenaje a sus ancestros para pedir legislaciones que los protejan en sus derechos.
La cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez ofició de vocera del grupo: "Estamos aquí para que no se vulneren nuestros derechos, por eso solicitamos legislación. Defendemos un derecho comunitario, defendemos el buen vivir para nosotros, porque sin territorio y sin agua no se viviría. Sabemos bien que las mineras contaminan y no hay futuro”, sostuvo. "Queremos defender nuestra tierra", expresó y reclamó por la ausencia de servicios para la zona de la Puna.
Gutiérrez recordó que habían expresado su oposición a la aprobación del RIGI, pero no fueron tenidos en cuenta.
"No nos han tenido en cuenta y queremos que lo hagan, no pueden vulnerar derechos de muchas comunidades", añadió.
“Tenemos el ‘oro caminante’ como lo llamamos, que es la fibra de vicuña. Un poncho está cotizado en 2 o 3 millones y no ganamos en una mina lo que se puede ganar con eso. Lo que nos hace falta es un poco de apoyo desde el Estado. Ellos dicen 'tenemos minas y vamos a garantizar todo', pero no tenemos servicios, por eso reclamamos, exigimos que nos dejen vivir en paz”, indicó en declaraciones a la prensa.
Más adelante enfatizó: “Reclamamos y exigimos que nos dejen vivir en paz porque el Estado nunca ha garantizado los derechos, la salud, la educación, caminos y muchas otras cosas. Nunca nos atienden los teléfonos, no nos escuchan y somos autoridades”.
En ese sentido, expresó su malestar porque la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que conduce Marcelo Rivero, recibe a otra parcialidad de las comunidades originarias. “No nos escuchan. Molesta porque no toman en cuenta a las autoridades indígenas, pudiendo ser nosotros los que estemos ahí y no estamos, son otras personas que viven en la ciudad, sin saber la problemática que existe en territorio”, afirmó.
Tras la presentación de su reclamo a la prensa, el malón del buen vivir comunitario se dirigió hasta la Legislatura provincial. "No le vamos a rogar a nadie, si nos quieren escuchar bienvenido sea. Vamos a seguir luchando, con las marchas, vamos a seguir caminando", expresó Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del grupo cerró la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas puedan trabajar en la minería.
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La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
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“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
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Minería en Catamarca: negocio para pocos

Fecha de Publicación: 07/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Empresarios santamarianos presentaron una recusación con causa en contra del normalizador de la Asociación de Producción y Minería, además reiteraron el direccionamiento de las elecciones a favor de Manuel Gómez Bello.
Los pequeños empresarios que buscan ser parte del proceso de normalización de la e la Asociación de la Cámara Santamariana de Producción y Minería, realizaron una nueva denuncia en contra del Presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y su apoderado, designado por el Gobierno para que realice la normalización del organismo que desde hace 8 años funciona con irregularidades.
La lista Alternativa por el Cambio presentó una recusación con causa en contra de Cristian Zanacchi, normalizador designado por la Dirección General de Inspección General de Personas Jurídicas.
Los postulantes pudieron comprobar que  Zanacchi es abogado apoderado de Manuel Gómez Bello, presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y actual presidente de la Asociación Satamariana.
La presentación expone que "La designación del Dr. Zanacchi tenía por objeto y finalidad normalizar la situación de la asociación, y en estas instancias esa designación resulta altamente sospechosa, ya que la administración no designó a los normalizadores propuestos por más del 50% de los asociados en Nota de fecha 22/04/2024 y se designa a un abogado que tiene vínculos directos con quien ejercía de forma irregular el carácter de presidente y que luego se presenta con una lista para ese cargo, y se suceden una serie de hechos y resoluciones por parte del normalizador con el claro objetivo de favorecer al Sr. Gómez Bello y perjudicar a nuestra lista", afirman.
Como prueba. adjuntaron una copia de decreto emitido por el Juzgado de Santa María en donde se da participación al Dr. Zanacchi como abogado apoderado de Manuel Gómez Bello. En consecuencia solicitaron declarar nulo el acto de designación de Zanacchi y todos los acto realizados por el mismo en su cargo de normalizador.
En la presentación los integrantes de la lista agregan: "Queda palmariamente demostrado que existió un operativo y una estrategia por parte de quien pretende seguir ocupando irregularmente el cargo de Presidente o de quienes tienen un interés de que ello suceda, que ocasionó que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas designe, por error o con dolo, como normalizador a una persona que tenía objetivos preestablecidos, y vínculos directos con Manuel Gómez Bello. Por lo que corresponde en esta instancia revertir el daño que se esta haciendo a la asociación y a la mayoría de sus socios, dando transparencia al proceso de normalización y seguridad jurídica a los involucrados".

Favoritismo
Los pequeños empresarios apuntan contra el direccionamiento que se le está dando a las elecciones desde el Gobierno a través de la figura del director de Personería Jurídica, Facundo Ripoll, órganismo que además de designar a Zanacchi como normalizador, ha rechazado todas las presentaciones realizadas por la lista opositora.
Detrás de la disputa por el manejo de la Asociación está la puesta en marcha del Proyecto Mara que producirá cobre, molibdeno, oro y plata, con la misma infraestructura de Minera Bajo de la Alumbrera. Los empresarios santamarianos advirtieron que "la minería en Catamarca parece ser negocio para unos pocos y para quienes direcciona el Gobierno" y que durante estos 8 años de la Asociación “Había 32 socios de los cuales trabajaban solo 5 empresas, los cuales se volvieron multimillonarios y esto es lo que queremos cambiar”, señalaron.
Además alertaron que con el parate de la obra pública la situación se hace más difícil, "no puede ser que se llenen la boca diciendo que la minería es desarrollo para nuestros lugares y que no permitan crecer a nuestras empresas", afirmaron.
En tanto también lamentaron no haber recibido ninguna respuesta del Ministro de Minería.
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Hallaron una especie en peligro de extinción en Catamarca

Fecha de Publicación: 30/05/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El relevamiento fue realizado días pasados y el resultado se publicó a través de redes sociales.
El grupo "Natura Argentina" dio a conocer un relevamiento que realizó en las Sierras del Ambato, donde a través de una "cámara trampa" que son colocadas en lugares aislados y estratégicos, aparecieron diferentes especies, entre ellas un animal en peligro de extinción.
Con una serie de fotos y una explicación paso a paso de la investigación, revelaron la existencia del "Taruca", una especie de ciervo el cual fue avistado en el Ambato.
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CAEM: fallo de la Corte de Catamarca no alcanza a las actividades del litio en curso

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca


La Cámara nacional minera se posicionó sobre el fallo de la Corte Suprema provincial, luego de la aclaración realizada por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Catamarca que pone en riesgo unos 6.500 puestos de trabajo a futuro y aclaró que el mismo plantea la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos mineros en la zona de Salar del Hombre Muerto hasta que el ministerio de Minería de la provincia desarrolle el informe de impacto ambiental acumulado integral.
Según un comunicado oficial de la entidad, "el fallo no se refiere a las actividades productivas en curso, dado que los proyectos de litio que se están desarrollando (ya sea los que están produciendo como aquellos en etapas de previas) han cumplido con todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes".
La aclaración por parte de la Cámara va en la misma línea que el texto difundido por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca, quien también aclaró que el fallo de la Corte Suprema provincial no afecta a los actuales proyectos de exploración y explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto.
"Con el litio, nuestro país cuenta con la posibilidad de potenciar las economías provinciales del NOA, a través de una producción responsable en lo ambiental y lo social", concluye el texto de la entidad minera nacional.

Qué dice el fallo anti minería de Catamarca
La Corte Suprema de Catamarca hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022 y abarca a proyectos que iniciaron su actividad en 1997. En realidad, este caso comenzó en la Justicia federal, pero en 2021 pasó a la provincial, motivo de disputa y conflictos todavía abiertos.
En la demanda se le exigía a la Provincia una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa” de todos los proyectos, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria.

Cómo se resuelve el conflicto minero en Catamarca
Según pudo saber Energy Report, en los próximos días el Gobierno de Jalil dará una contundente respuesta a la Justicia con documentación complementaria a los estudios de impacto ambiental que cada proyecto de litio ya presentó. Pero tampoco se descarta que la pulseada salarial se alivie y que la balanza de la Justicia se vuelva a equilibrar.
La cámara minera catamarqueña también se mostró dispuesta a colaborar para resolver el conflicto. “Dentro de nuestras competencias, seguiremos trabajando junto a todas las entidades que conforman la Cámara para asegurar el desarrollo productivo minero de la provincia, dentro del marco regulatorio vigente, y las garantías tanto de nuestras empresas socias como de la sociedad catamarqueña en su totalidad", remarcaron.
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La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Fecha de Publicación: 16/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La sentencia también dicta que la provincia "deberá abstenerser de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral".
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
En este sentido la sentencia además dicta al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras".
La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitian, en representación de la Comunidad Originaria Atacameños.
El instrumento al que hizo lugar la Corte, solicita que se ordene a la provincia de Catamarca a revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros Ampliación de proyecto Fenix y Sal de Vida, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi PampaIncahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

Desdoblamiento del Estado
En el voto por mayoría emitido por  Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los ministros señalaron que "se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera".
Además señalaron que "También se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos - Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosas o dañina".
En este sentido advirtieron el desdoblamiento de los organismos del Estado: "Reviste gran importancia, el detalle e identificación de varios permisos de explotación de aguas subterráneas de la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, por Decretos del Poder Ejecutivo y Disposiciones para los proyectos mineros, lo que implica un desdoblamiento de las áreas del Estado Provincial, por un lado se emiten las DIA de los emprendimientos mineros, en la órbita del Ministerio de Minería de la Provincia; y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos), se tramitan y otorgan las concesiones del agua, esta modalidad atenta contra este estudio y análisis integral y acumulativo", señalaron los magistrados en la sentencia.
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Denunciaron posible derrame de una minera y la Justicia quiere investigarlos

Fecha de Publicación: 26/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Desde la Asamblea El Algarrobo creen que es parte de un amedrentamiento.
La Asamblea El Algarrobo, un grupo socioambiental de Catamarca, realizó meses atrás una denuncia por posibles derrames de combustible en el río Minas, de Andalgalá, por parte de la empresa minera MARA, pero hasta el momento la Justicia no ha brindado información a la comunidad acerca del tema, ni ha dado a conocer los resultados de la investigación.
A cambio, desde la fiscalía de Andalgalá pidieron información acerca de quiénes pudieran haber dado a conocer detalles del posible derrame. Para las vecinas y vecinos preocupados por los hechos, se trata de un amedrentamiento.
Los primeros indicios del posible derrame surgieron entre diciembre y enero pasados. Muchas personas de la comunidad dieron cuenta de posibles accidentes que habrían provocado derrames de combustible. “En un primer momento creímos que el derrame había sido en la central de acopio que tiene la empresa en el cerro, pero estamos en duda. Por eso hicimos la denuncia en la comisaría cuarta, y fue tomada por la Fiscalía de Andalaglá”, explica Enzo, integrante de la Asamblea.
“Hace unos días nos llamaron para hacer una ampliación de la denuncia, pero nos llamó la atención que el mayor requerimiento era saber quiénes nos habían pasado los datos del derrame”, señaló. “Parece que se abrió una investigación, pero las causas que se vienen denunciando quedaron todas en la nada”, lamentó.
A casi tres meses de la denuncia la comunidad de Andalgalá sigue sin respuestas acerca de si hubo o no derrame, y qué medidas se tomaron al respecto. “Nos están queriendo investigar como en una cacería de brujas; nos piden nombres, apellidos y números de teléfonos de las personas que nos habrían aportado los datos, pero no dan respuestas acerca de la investigación”, lamentan. “Un derrame de combustible como el que creemos que hubo en el cerro afecta a toda la población de Andalgalá, tenemos relatos de que habría ingresado incluso a la planta potabilizadora, es algo grave porque todos tomamos de esa agua”, afirman.
“Hasta el momento no recibimos ninguna información de la Fiscalía acerca de las actuaciones y alguna conclusión que aporte información sobre el tema”, lamentan.
“Nosotros brindamos información que sale del informe de impacto ambiental de la DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera), que es el ente regulador, en donde se da cuenta de que la empresa coloca fardos de alfa en el río Minas cada ciertos metros y los renueva periódicamente, nosotros aportamos esa información para ser investigada, pero tampoco tuvimos respuesta de eso”, aseguran.
MARA, (fusión de las mineras Agua Rica y Alumbrera), es un proyecto de exploración minera de cobre, molibdeno, oro y plata que se encuentra en los nevados del Aconquija. “Incluso en la etapa de exploración ya están dejando su huella negativa en el agua que consumimos los andalgalenses. Los caminos en cornisa van en deterioro, los campamentos que se han instalado con 200 personas también están dejando su impacto en una zona en la que se condensa prácticamente toda el agua de la región, ya que tenemos clima árido”, explicaron desde la asamblea.
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Buscan controlar las emisiones gaseosas industriales y mineras

Fecha de Publicación: 23/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno Provincial elevará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a que empresas entreguen un informe obligatorio -en carácter de declaración jurada- sobre las emisiones gaseosas que promueven a la atmósfera local los diferentes establecimientos que conforman cada compañía. En este sentido aseguraron que el proyecto está dirigido especialmente las empresas que se encuentran en etapa de exploración avanzada y etapa de aprovechamiento general.
En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera, por lo que se considera sumamente necesario medir e informar sobre los niveles de estas emisiones dentro del marco del compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la provincia.
La información proporcionada es considerada necesaria a los efectos de implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.
El gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunieron con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, quienes explicaron el tenor de la iniciativa que establece que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, debido a las consecuencias que representan tanto para la salud humana como también para el medio ambiente.
Gustavo Báez, secretario de Energía y Medio Ambiente, explicó que “el proyecto de ley tiene por objetivo el informe obligatorio por parte de empresas industriales y mineras, en condición de declaración jurada, sobre emisiones gaseosas y que apunta a definir cuál es nivel de carbono que tienen las actividades productivas en nuestra provincia y como generar una compatibilidad con el interés general y reducir los efectos negativos del cambio climático”.
Se espera que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para marzo.
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Ya son 220 los flamencos muertos por gripe aviar en Catamarca

Fecha de Publicación: 30/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Ante la confirmación de casos positivos de influenza aviar en una de las tres especies de flamenco en Lagunas Altoandinas y Puneñas de la provincia de Catamarca, desde la Dirección Provincial de Biodiversidad, confirmaron que ya son 220 los ejemplares muertos. Se trata de la los denominados parina chica (Phoenicoparrus jamesi), y por esto la provincia se encuentra en vigilancia epidemiológica desde los primeros días de noviembre.
En diálogo con Catamarca12, la directora provincial de Biodiversidad, Anabella Ahumada contó: “La detección de mortandad de Parinas chicas, fue por parte de los guardaparques de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, a través de recorridos en Laguna Grande y Laguna Diamante, en cercanías a el distrito El Peñón, del departamento Antofagasta de la Sierra. La Secretaría de Medio Ambiente activó el protocolo para Influenza aviar, donde personal de Fiscalización y guardaparques de este organismo, junto a un médico veterinario de SENASA, recorrieron los cuerpos de agua mencionados. El profesional de SENASA tomó muestras orofaríngeas y cloacales en los individuos muertos y los envió al Laboratorio Nacional. Los resultados arrojaron la confirmación de positivos para Influenza aviar (IA) H5 en tres de seis muestras cloacales”.
Apenas confirmadas las muestras de gripe aviar, Catamarca conformó la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), constituida por distintos organismos nacionales, provinciales y Colegios Profesionales, para coordinar acciones sanitarias de prevención y control. En este contexto, se acordaron las recomendaciones a los turistas, pobladores, investigadores científicos y el monitoreo activo en ambientes altoandinos.
“Una de las más importantes concentraciones de parinas chica, con un porcentaje del ochenta por ciento de la población total que llega a nuestra provincia, se han observado en Laguna Grande. Frente a esto, la Secretaría de Medio Ambiente lleva a cabo rastrillajes en la laguna en mención. Hasta la fecha se han reportado 220 individuos muertos de esta especie” confirmó la funcionaria.
“Recordemos que estas aves son migratorias, son el huésped natural del virus y principal factor de diseminación. Esta es una enfermedad muy contagiosa para aves silvestres, de producción, de corral, traspatio y en algunos mamíferos, con una baja probabilidad. Cabe aclarar que el riesgo de transmisión a personas es extremadamente bajo y solo puede ocurrir por contacto directo con un organismo infectado. Por lo tanto, es importante que la población tome medidas precautorias y no tome contacto con aves enfermas o fallecidas, sin la protección adecuada”, concluyó
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El CONICET y municipios con contundente apoyo a la creación del Parque Nacional Sierras de Ambato

Fecha de Publicación: 02/10/2023
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El proyecto de creación del Parque y Reserva Nacional "Sierras de Ambato" sigue sumando voces de apoyo para su concreción, que solo necesita la aprobación de la Legislatura Provincial.
El CONICET a través de un comunicado manifestó su apoyo a la creación de la reserva nacional. “Representando a los integrantes del Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable CREAS (CONICET/UNCA), hacemos llegar nuestro apoyo al proyecto de creación del Parque y Reserva Nacional de las Sierras de Ambato”, dice la nota que lleva la firma de la directora del CREAS, Marta Eugenia Arias.
Por su parte, el intendente de Capayán , Alfredo Hoffman, expresó su aval al proyecto sosteniendo estar “convencido de la urgente necesidad de que la región sea protegida para conservar sus valores naturales, su biodiversidad e implementar condiciones de reserva natural”. El jefe comunal agregó que “también es necesario que se pueda aprovechar la región en función de sus cualidades turísticas”.
En Pomán , mediante Ordenanza 015/2023, el Concejo Deliberante sancionó declarar de Interés Municipal el Proyecto de Creación de Parque y Reserva Nacional Sierras de Ambato, y “promover y difundir las acciones llevadas adelante por el equipo promotor del proyecto”.
El municipio de Saujil , a través de su intendente Lucas Carrazana, envió una nota dirigida a los legisladores provinciales “con motivo de hacer llegar nuestro apoyo al proyecto de creación de Parque y Reserva Nacional”.
En el mismo tenor, la Municipalidad de Mutquín hizo llegar su apoyo afirmando que “las Sierras de Ambato pueden constituir la primera área protegida nacional en la provincia de Catamarca”.
También los propietarios del campo comunero El Totoral, La Mesada, El Rodeo, El Nogal, El Arbolito y El Pino, expresaron su apoyo considerando que “nos encontramos protegiendo los Bosques de Arrayanes en dichos lugares, además de la fauna, flora y pesca”.
El proyecto para la creación del primer Parque Nacional en la provincia obtuvo despacho favorable en la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y es debatido en el recinto de la cámara baja. La aprobación de la iniciativa está siendo retrasada por la postura del bloque opositor (UCR-Juntos por el Cambio) sobre las hectáreas a ceder al Gobierno nacional.
El gobernador Raúl Jalil, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, son los impulsores del proyecto que busca que Catamarca tenga su Parque Nacional (actualmente, junto a Mendoza, son las únicas provincias que no tienen un PN) con el objetivo de tener un área protegida y de reserva, que a la vez que impulse el desarrollo turístico de la Ruta 14, el Bosque de Arrayanes, las Yungas, entre otros atractivos que tiene esta zona de Ambato-Pomán.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Administración de Parques Nacionales que, junto a organismos provinciales, vienen trabajando desde hace más de un año en el desarrollo del proyecto con relevamientos de campo, talleres de divulgación del proyecto con la comunidad, campañas de educación ambiental, entre otras acciones.
La aprobación del proyecto en la legislatura provincial es el paso previo para materializar el proyecto, puesto que una vez aprobado por los legisladores provinciales pasará al Congreso de la Nación para su tratamiento y convertirse definitivamente en ley.

En redes
Con el hashtag #CatamarcaQuiereParqueNacional, el bloque de diputados de Unión por la Patria Catamarca y ciudadanos interesados en que este Parque sea una realidad, se han manifestado en las redes sociales con fotos, carteles y textos solicitando su aprobación.
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