Un estudio confirma que el zorro de monte habita en Catamarca y alerta por los atropellamientos

Investigadores documentaron la presencia del cánido en el centro de la provincia, donde se la consideraba dudosa, a partir de observaciones en rutas y aportes de ciencia ciudadana, y advirtieron que los choques con vehículos son una de sus principales amenazas.

Un estudio científico confirmó que el zorro de monte habita en Catamarca, una provincia donde su presencia era considerada dudosa por falta de registros documentados. El trabajo, publicado en la revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, reúne varias observaciones de la especie en el centro de la provincia y advierte sobre una amenaza creciente: los atropellamientos en las rutas.
El zorro de monte, cuyo nombre científico es Cerdocyon thous, es un cánido de tamaño mediano que se distribuye por buena parte de América del Sur. En la Argentina habita principalmente en el norte y el noreste del país, en ambientes de monte, selvas y bosques. Hasta ahora, la última evaluación del estado de conservación de los mamíferos argentinos consideraba dudosa su presencia en Catamarca.

Los registros
La pieza central del estudio es una observación realizada el 5 de marzo de este año, cuando se registraron cuatro ejemplares sobre la Ruta Provincial N.º 1, cerca de la localidad de La Puerta y del dique Las Pirquitas, en el centro de la provincia. Uno de ellos había muerto atropellado.
Los investigadores sumaron otros antecedentes. En junio de 2024, una hembra fue rescatada sobre la Ruta Provincial N.º 16, entre La Puerta y El Rodeo, con una triple fractura de cadera. Recibió tratamiento veterinario y, tras un mes de rehabilitación, fue liberada en el mismo lugar. También se incorporaron dos observaciones aportadas por plataformas de ciencia ciudadana, en los departamentos de Capayán, en 2022, y Santa Rosa, en 2025.
En conjunto, estos registros permiten confirmar que la especie está presente en Catamarca y amplían el conocimiento sobre su distribución en el noroeste argentino.

Un aliado del ecosistema
El zorro de monte cumple funciones ecológicas importantes. Al alimentarse de pequeños vertebrados, como roedores, y de insectos, contribuye a regular sus poblaciones. Además, consume frutos y dispersa semillas, lo que favorece la regeneración de la vegetación nativa.
La especie está catalogada como de preocupación menor, tanto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Sin embargo, los investigadores advierten sobre amenazas como las enfermedades transmitidas por perros domésticos y los conflictos con las actividades rurales, además de los atropellamientos.

Las rutas, una trampa mortal
Los accidentes en las rutas aparecen como una de las principales amenazas para la fauna nativa. El zorro de monte es una de las especies más afectadas por los atropellamientos en el norte argentino, ya que suele desplazarse por los bordes de los caminos en busca de alimento, sobre todo de noche.
El problema no es exclusivo de Catamarca. Un estudio publicado en la misma revista documentó los primeros registros de la especie en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en el partido bonaerense de Campana, el punto más austral de su distribución conocida. De los cinco registros obtenidos allí, cuatro correspondieron a animales muertos en colisiones con vehículos o con un tren. Los autores de ese trabajo advirtieron que la expansión de las redes de transporte constituye una amenaza grave y creciente para la biodiversidad, y reclamaron estrategias específicas de mitigación.
Entre las medidas que suelen recomendarse para reducir los atropellamientos de fauna figuran la instalación de pasos de fauna bajo o sobre las rutas, la señalización en los tramos críticos, los reductores de velocidad y las campañas de concientización para los conductores.

Un área clave para conservar
Los autores del estudio sobre Catamarca destacaron el área del dique Las Pirquitas como un sitio relevante para futuras iniciativas de conservación. También recomendaron profundizar las investigaciones sobre los mamíferos de la provincia, que todavía presentan importantes vacíos de información, y difundir los resultados entre las comunidades locales.
El hallazgo muestra, además, el valor de la ciencia ciudadana: las observaciones registradas por vecinos y naturalistas en plataformas digitales resultaron clave para reconstruir la presencia de una especie que había pasado desapercibida para la ciencia en la provincia.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Diario Inforama, revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos (SAREM), Administración de Parques Nacionales.

Del litio en Ancasti al cobre de Agua Rica: crecen los reclamos contra el avance minero en Catamarca

Vecinos, productores y comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia cuestionan proyectos de exploración y explotación por su impacto sobre el agua, la producción y los territorios, mientras el Gobierno y las empresas los presentan como una oportunidad de desarrollo.

Catamarca vive un momento de fuerte expansión minera y, al mismo tiempo, de creciente resistencia social. En distintos puntos de la provincia, vecinos, productores y comunidades indígenas cuestionan el avance de proyectos de exploración y explotación por sus posibles efectos sobre el agua, la actividad agropecuaria y los territorios ancestrales. Del otro lado, empresas y autoridades presentan esas inversiones como una oportunidad de desarrollo y empleo.

Ancasti y el litio
Uno de los focos más recientes está en la Sierra de Ancasti, al este de la provincia, donde la empresa Litios del Norte S.A. impulsa un proyecto de exploración de litio denominado El Alto. Según el programa de trabajo, prevé hasta 21 perforaciones de entre 100 y 300 metros de profundidad y el uso de hasta 2.100 metros cúbicos de agua en cinco o seis meses.
Vecinos y productores rechazan la iniciativa por el cuidado del agua y por su posible impacto sobre la ganadería, desde pequeños emprendimientos de cría de ovejas hasta explotaciones familiares. Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y la localidad santiagueña de Frías se reunieron en Guayamba para cuestionar el proyecto. Tras unas 50 impugnaciones vecinales, el Ministerio de Minería suspendió la instancia de participación ambiental prevista para el 30 de septiembre.
El intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, aseguró que el municipio no fue informado. “Nunca me notificaron, nunca me invitaron”, afirmó. El jefe comunal advirtió que el año pasado el municipio tuvo que repartir agua a la población y que parte del bosque nativo de la zona está en la categoría roja de la Ley de Bosques, la de máxima protección. Aclaró que no se opone a la minería, pero reclamó información y participación. También anticipó que buscará asesoramiento legal junto al senador departamental Rodolfo Santillán.

Santa María y Belén
En el departamento Santa María, habitantes y organizaciones se opusieron al proyecto de oro y cobre Sofía Gold, en las inmediaciones de Fuerte Quemado. Esa oposición terminó con una decisión de la Provincia de dejarlo sin efecto por razones ambientales y sociales.
En Belén, en cambio, el conflicto sigue abierto. La comunidad indígena diaguita de Peñas Negras denuncia ingresos no autorizados de empresas mineras a su territorio ancestral y reclama el cese de la exploración. La zona está en el área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca. La comunidad sostiene que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución Nacional.

El cobre de Agua Rica
El proyecto de mayor escala es Agua Rica-MARA, de cobre, impulsado por la multinacional Glencore en el oeste provincial. A comienzos de octubre, el Gobierno nacional aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y regulatorios. Según la empresa, el proyecto podría producir en promedio más de 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años.
La iniciativa prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento de Agua Rica. Según la compañía, la reactivación de Alumbrera emplea a casi 2.000 personas y apunta a obtener su primera producción en el segundo semestre de 2027.

Agua, suelo y controles
Más allá de cada caso, los reclamos comparten preocupaciones de fondo. En los valles del oeste, productores agrícolas y referentes comunitarios de Tinogasta y Andalgalá advierten sobre el polvo arrastrado por el viento desde las zonas de operación, que se deposita sobre cultivos y áreas de pastoreo. También alertan por la posible salinización de las cuencas y la infiltración de insumos químicos en los suelos.
Las organizaciones reclaman auditorías ambientales independientes y planes de remediación, y cuestionan que la Provincia acelere los permisos extractivos. Desde el sector laboral también surgieron cuestionamientos por salarios, seguridad y condiciones de trabajo en las operaciones.
En una provincia árida, donde el agua es un recurso escaso y disputado, el debate central es hasta dónde puede avanzar la minería sin comprometer la producción local, los territorios indígenas y el acceso al agua de las comunidades.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Portal Noticias D, Portal El Aconquija, Diario El Ancasti

Denuncian a las autoridades de CAMYEN por vulnerar un área protegida con actividad minera en Catamarca


Organizaciones ambientalistas y comunidades locales presentaron acciones judiciales contra la empresa minera estatal catamarqueña por avanzar con exploraciones sin declaración de impacto ambiental en zonas de reserva natural.

Una severa controversia legal y socioambiental sacude a la provincia de Catamarca tras la presentación de denuncias penales y administrativas contra el directorio de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.). Las acciones formuladas por asambleas socioambientales, comunidades originarias y referentes de la oposición política sostienen que la firma minera oficial ejecutó aperturas de caminos, movimiento de suelos y Prospecciones mineras dentro de un área natural protegida sin contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada ni haber realizado el proceso obligatorio de consulta previa, libre e informada con las poblaciones locales. El caso reactivó el debate regional sobre los límites de la actividad extractiva frente a la legislación de conservación de la biodiversidad.

Irregularidades en el procedimiento ambiental y afección de cuencas
La denuncia fundamenta que las maquinarias pesadas contratadas o supervisadas por CAMYEN intervinieron territorio categorizado bajo protección ambiental estricta por leyes provinciales y nacionales, vulnerando ecosistemas frágiles de alta montaña y cabeceras de cuenca indispensables para el abastecimiento de agua dulce de las poblaciones del bolsón arido. Según las presentaciones judiciales, la empresa pública incurrió en la omisión sistemática de la instancia de participación ciudadana y audiencia pública requeridas por la Ley General del Ambiente (N° 25.675). La afectación directa sobre la flora autóctona, los suelos rocosos inestables y las vegas de altura reavivó la alerta entre productores ganaderos y agrícolas de la zona, quienes temen por la contaminación e interrupción de los flujos de agua superficiales y subterráneos.
Para desglosar los puntos sustantivos planteados en la acción penal y administrativa contra las autoridades de la firma estatal, se destacan los siguientes eches críticos:
- Falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Ejecución de tareas operativas y movimiento de maquinaria pesada sin la autorización ambiental previa emitida por la autoridad de aplicación.
- Vulneración de normativas en áreas protegidas: Incursión territorial en zonas cuyo estatus legal prohíbe explícitamente el desarrollo de proyectos mineros de gran escala o prospección no regulada.
- Omisión de la Consulta Previa, Libre e Informada: Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas radicados en el territorio afectado.

Exigencia de paralización de obras y deslinde de responsabilidades
Las organizaciones denunciantes solicitaron ante el Poder Judicial de Catamarca la emisión urgente de una medida cautelar de no innovar que ordene la paralización inmediata de todas las actividades mecánicas y el retiro de la maquinaria del perímetro del área protegida. Asimismo, se demandó a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que inicie los sumarios administrativos correspondientes contra los funcionarios responsables de CAMYEN y aplique el principio precautorio para evitar daños irreparables en el ecosistema. Dirigentes comunitarios remarcaron que el propio Estado provincial no puede actuar como eximente de la ley ambiental, debiendo ser el primer garante de la custodia del patrimonio natural catamarqueño.

El desafío de la gobernanza ambiental en los proyectos mineros
El conflicto desatado en torno a CAMYEN pone en evidencia las complejas tensiones entre el impulso a la matriz extractiva estatal como fuente de recursos económicos y el estricto cumplimiento de los estándares de protección socioambiental. Especialistas en derecho ambiental enfatizan que la legitimidad de cualquier desarrollo minero en las provincias cordilleranas exige transparencia institucional, control ciudadano efectivo y la intangibilidad estricta de las reservas naturales. Proteger las áreas de reserva resultará determinante para garantizar la sustentabilidad de los bienes comunes y la paz social en los territorios del noroeste argentino.


Fecha de Publicación: 08/09/2026
Provincia/Región: Caramarca
Fuentes originales consultadas: Diario El Ancasti, Agencia Télam, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, Fiscalía de Estado de la Provincia de Catamarca
.

La minera Livent secó un río en Catamarca y quedó impune mientras se multiplican permisos para explotar en la zona

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal  EconomiSustentable
Provincia/Región: Catamarca 


El litio es un metal muy ligero, de color blanco plata, que guarda una característica que lo vuelve muy codiciado para la industria: su capacidad de almacenar mucha electricidad por más tiempo, con el plus de brindar una carga rápida. Esto lo convirtió en un componente indispensable de celulares, computadoras y muchos otros dispositivos portátiles. En especial, de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. De ahí que muchos lo consideran un aliado de la llamada “transición energética”.
A medida que su demanda creció, el interés mundial comenzó a concentrarse en el Triángulo del Litio, la región que comparten Bolivia, Argentina y Chile y que alberga las mayores reservas conocidas de este mineral.
En nuestro país, el debate sobre el potencial de su explotación para impulsar la economía lleva más de una década. Al día de hoy, el Gobierno celebra que los proyectos acogidos al RIGI acumulen más de US$6.300 millones en inversiones comprometidas para Catamarca, Salta y Jujuy, presentando esos montos como sinónimo de desarrollo, aunque la realidad sea mucho más compleja.
Economía Sustentable habló con vecinos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde desde 1997 funciona el primer proyecto de extracción de litio del país, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. A partir de sus relatos, reconstruimos los impactos que la actividad tiene sobre las comunidades y el ambiente. Son historias que reflejan lo que Melisa Argento y Bruno Fornillo describen como un “colonialismo minero, hídrico y energético que crea o recrea cuerpos-territorios de sacrificio”, según plantean en el libro Todo sobre el litio, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.

La minera, el río que hicieron desaparecer y el progreso ¿para cuándo?
A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A (que a través de los años pasará a llamarse Livent; Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.
Porque el proyecto funciona en un ecosistema muy delicado: un humedal altoandino a 4000 metros sobre el nivel del mar (CABA está a 25 msnm); ocupado por el salar, varias lagunas salinas y extensos y bellos terrenos bajos inundables y muy fértiles (llamados vegas). Por sobre todo, es el hogar del pueblo kolla-atacameño, que cría ovejas y llamas y produce lanas y tejidos.
En este ambiente, la minería significó una presión extra inmensa y, por eso, “Con Livent empezaron los problemas”, recuerda Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto. “Secaron el río Trapiche y 11 km de vega por desviación de aguas”.
Ante esta tragedia evitable, el pueblo presentó un amparo que salió a favor pero que, un año después, la Justicia revocó. Es decir que si bien la Corte Suprema de Catamarca constató el daño y frenó la expansión de la empresa hacia el arroyo Los Patos, en marzo de este año dio marcha atrás. De manera que permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros.
Perder el río Trapiche fue el primer impacto que sufrieron los atacameños, pero no el único. Como relata para Agencia Tierra Viva Camilo Condorí, otro de los vecinos afectados, a quien le instalaron la planta a unos 1000 metros de su casa, le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Al final, Camilo terminó teniendo que pedirle permiso a la empresa para visitar a su madre.
“Pedimos ser escuchados y respetados pero estamos peor porque cada vez hay más vehículos, más movimiento de caminos, más movimientos de los brazos de los ríos que se desvían para conveniencia de ellos”, lamenta Mamani. “Y a pesar de todo lo que sufrimos, no hay una retribución al pueblo. Se han hecho pequeñas cosas pero nada real para las futuras generaciones”.
Por su parte, Argento suma como ejemplo que “las empresas cuentan con mega obras de infraestructuras como un gasoducto desde las plantas en medio del salar y hasta la provincia de Salta, mientras las comunidades indígenas que habitan en el territorio no disponen de gas natural”.
Después de tres décadas, todo indica que la calidad de vida del pueblo no mejoró: el hospital local está sin terminar, hay una planta fotovoltaica en desuso, los servicios básicos son impagables, no hay para calefaccionarse en el invierno, ni suficiente comida en las escuelas.
Aunque desde el sitio de Catamarca Minera anuncian que “la consulta y la participación pública de las comunidades demuestran transparencia y veracidad en la actividad”, Mamani manifiesta que: “Estos últimos años el gobierno ha hecho entregas sin conciencia, sin hablar con la comunidad, sobre todo en el Salar del Hombre Muerto y un poco más allá donde van a explotar ahora oro, cobre y plata”.
Y Argento confirma que “el avance de la minería de litio ha sido acelerado y que ya hay 8 proyectos en distintas etapas, entre los límites de Catamarca y Salta. ¿Qué se puede esperar a futuro?

Una actividad que exporta ganancias y reproduce desigualdad: ¿un nuevo colonialismo minero?
En conversación con Economía Sustentable, la politóloga Melisa Argento amplía la visión y resalta que, en sus inicios, el proyecto Fénix se dio a la par que la minería metálica con voladura de montaña en La Alumbrera, “configurando un perfil provincial minero cuyos resultados están a la vista”. En la actualidad, a pesar que la minería genera 20% del empleo privado registrado, “Catamarca es una de las provincias más pobres del país”.
Esto ocurre porque “el marco normativo nacional y la ingeniería jurídica internacional garantizan todos los márgenes de ganancia y autonomía a las grandes corporaciones”, explica la especialista. Y agrega “El extractivismo del litio en nuestro país se sustenta bajo slogans y expectativas en torno a la “transición energética” pero, en realidad, profundiza nuestro lugar subordinado y dependiente”
De esta manera, lo que ocurre en el Salar del Hombre Muerto “es un claro reflejo de la ofensiva extractivista de todos los minerales definidos como críticos que se realiza mediante apropiación de territorios y bienes comunes en América Latina”, explica Argento y agrega que es parte de lo que definen con Fornillo en “Todo sobre el litio” como un nuevo colonialismo minero hídrico energético,.
Esta arremetida, además, se ve exacerbada “por el avance de los gobierno de extrema derecha en la región, por la pugna geopolítica entre EEUU y China y por la crisis ecosocial y especialmente energética en la que se encuentra nuestro planeta”.
En consecuencia, quienes pierden son los pobladores y el ambiente porque bajo “la ideología del auto eléctrico se niegan los saberes, usos y costumbres de una población que cuida, nutre y habita este salar, siendo parte de él”, puntualiza Argento.
Mientras tanto, a 597 kilómetros de San Fernando del Valle continúa dándose una “pelea desigual en la que “el gobierno lucha con armas y nosotros con el corazón”, como describe Patricia Reynoso, docente jubilada y ex vecina de Antofagasta consultada por este medio, quien debió mudarse tras ser perseguida por el gobierno tras muchos años de activismo.
Quizás todo se reduzca a lo que, como dice Elizabeth Mamani: “No quieren invertir en el pueblo porque no les conviene. Somos 1500 habitantes y eso no le suma en votos. Aún así, de acá sale la mayor riqueza para el país y el mundo”.
.

Catamarca: imputan a un hombre por matar a un puma y crece la indignación por crueldad animal

Fecha de Publicación: 04/05/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Catamarca


Un nuevo caso de violencia contra la fauna silvestre sacude a la provincia de Catamarca. La Justicia imputó a un hombre acusado de capturar y matar a un puma en el departamento Ambato, un hecho que generó fuerte rechazo social y volvió a poner en agenda la protección de especies nativas.
El hecho: un caso brutal en la zona serrana
El episodio ocurrió en una zona serrana del departamento Ambato, a unos 50 a 60 kilómetros al norte de la capital catamarqueña. Allí, el animal fue perseguido, capturado y finalmente muerto, en un contexto que generó conmoción por el nivel de violencia.
El caso tomó relevancia no solo por lo ocurrido, sino también por la difusión de imágenes y testimonios que evidenciaron el accionar.

El imputado y la causa judicial
La Fiscalía de Instrucción N°6 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, imputó e indagó a Diego Antonio Carrizo por el delito de crueldad animal.
La causa se inició a partir de una denuncia y su posterior ampliación, y se fue consolidando con distintos elementos: declaraciones testimoniales, una infracción a la normativa de Fauna Silvestre, actuaciones remitidas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, un acta de inspección judicial y otras pruebas incorporadas al expediente.
Con estos elementos, la Justicia avanzó formalmente contra el acusado.

Una especie protegida
El puma es una especie protegida en Argentina y cumple un rol clave en el ecosistema. Como depredador tope, regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio ambiental.
Su caza o eliminación no solo implica la pérdida de un ejemplar, sino que impacta en todo el entorno natural.

Un problema que se repite
El caso de Ambato vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente en distintas regiones del país: el conflicto entre actividades humanas y fauna silvestre.
Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de estos animales no resuelve el problema, sino que agrava el desequilibrio ecológico.

Rechazo y debate
La imputación generó repercusión y volvió a instalar el debate sobre la protección de la fauna en Argentina. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad reclaman mayor control, sanciones efectivas y políticas que promuevan la convivencia con especies nativas.
Mientras la causa avanza, el caso deja una pregunta abierta:
hasta qué punto se está protegiendo realmente a los animales silvestres en el país.
.

Minería solicitó un nuevo informe de Impacto Ambiental para la reactivación de Alumbrera

Fecha de Publicación: 22/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El pasado viernes, en las instalaciones del club Racing de Andalgalá, se llevó a cabo la 9na Audiencia Pública de actualización del Informe de Impacto Ambiental etapa de explotación del proyecto minero Bajo La Alumbrera.
La audiencia contó con la participación de más de 300 vecinos de Andalgalá, equipo técnico de la Municipalidad de Andalgalá, del Concejo Deliberante, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, asambleas ciudadanas, representantes de la Cámara de Proveedores, autoridades de la empresa a cargo del proyecto, entre otras.
Tras escuchar todas las voces de los presentes, en una audiencia que duró 11 horas, el Ministerio de Minería ordenó la realización de un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) a la empresa. Esta decisión se estableció dadas las observaciones fundadas del Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá y miembros de la comunidad, atendiendo a la rigurosidad que debe tener un Informe de Impacto Ambiental y mediante la escucha activa a los vecinos. Al respecto, la ministra de Minería, Teresita Regalado, cerró la audiencia sosteniendo que “la empresa minera debe presentar una nueva versión del informe de impacto ambiental con todas las observaciones que realizó el equipo técnico del municipio”.
Argumentó que “es nuestro proceder (como Ministerio de Minería) que cuando hay más del 50% de cambios y observaciones, hay que realizar un nuevo informe que considere todas esas observaciones”. Ahora, la empresa deberá presentar un nuevo informe ante la sociedad andalgalense en un plazo que estipula el Ministerio de Minería según la normativa vigente.
.

Gobierno no autorizó el proyecto Sofía Gold

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Catamarca


El Gobierno de Catamarca resolvió no autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en el departamento Santa María, a pesar de que la iniciativa cuenta con una concesión vigente.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero y comunicado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno. La medida se adoptó luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad social, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis.
En este sentido, las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera no implica una habilitación automática para iniciar actividades. Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente.
No obstante, en este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo.
De este modo, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región.
.

La Corte de Justicia levantó la cautelar sobre el Río Los Patos

Fecha de Publicación: 02/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


La sentencia termina con un período de incertidumbre de dos años, tras la presentación del informe de impacto ambiental acumulativo realizado por el Gobierno.
La Corte de Justicia de Catamarca resolvió levantar la medida cautelar que desde 2024 regía sobre la subcuenca del Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto, poniendo fin a una situación judicial provisoria que se extendió durante casi dos años y mantuvo en incertidumbre el desarrollo de los emprendimientos litíferos en esa área.
La medida había sido interpuesta en función de planteos vinculados al impacto ambiental de la actividad minera que se desarrolla en la cuenca. Impedía otorgar nuevos permisos y mantenía condicionada la aprobación de proyectos en la zona.
El Gobierno presentó el Estudio de Gestión Integral de Impacto Ambiental Acumulativo que se le había requerido y el tribunal dejó sin efecto la disposición provisional considerando que, con la información técnica incorporada al expediente, no se encontraba acreditado un daño ambiental actual que justificara sostenerla.
El informe de impacto ambiental acumulativo en la cuenca del Río Los Patos es el primero en tipo que se elabora en el continente. Considera los efectos que tendrán todos los emprendimientos litíferos que están habilitados en esa región de Antofagasta de la Sierra.
El tribunal recordó que las medidas cautelares en materia ambiental tienen carácter provisorio y que su mantenimiento sólo se justifica mientras exista una situación de incertidumbre o riesgo que las haga necesarias. Según la sentencia, el estudio técnico permitió contar con elementos suficientes para reconsiderar la suspensión, sin perjuicio de que deban mantenerse los mecanismos de monitoreo, evaluación y control previstos por la legislación vigente.
El fallo también hace referencia a la necesidad de continuar con los estudios hidrológicos y con el seguimiento ambiental recomendado en el informe presentado por el Gobierno, pero deja en claro que ello no impide revisar una cautelar que había sido dictada en un contexto de información incompleta y no podía extenderse indefinidamente sin afectar el normal desenvolvimiento de actividades autorizadas conforme a la ley.
El pronunciamiento se inscribe en un contexto nacional en el que la discusión sobre el desarrollo de proyectos vinculados al litio y a los recursos naturales ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa conocida como Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, en la que se plantearon cuestionamientos ambientales a la actividad minera en el norte del país, se solicitó también el dictado de una medida cautelar de alcance amplio, similar a la que rigió en Catamarca, que implicaba suspender autorizaciones y limitar el avance de proyectos hasta contar con estudios integrales. En ese caso, el máximo tribunal requirió los informes y evaluaciones técnicas antes de resolver, pero no avanzó en medidas cautelares de alcance indefinido.
Para el levantamiento de la cautelar coincidieron los ministros Hernán Martel, Fernanda Rosalles Andreotti, Jorge Bracamonte, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño.
.

Identificaron y denunciaron al hombre que maltrató a un puma

Fecha de Publicación: 23/02/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Desde Flora y Fauna realizaron la presentación judicial tras las imágenes del ataque al puma concolor.
Tras la viralización de un video ocurrido en la zona de Las Piedras Blancas, en Las Juntas, departamento Ambato, un hombre fue denunciado penalmente por el maltrato de un ejemplar de puma concolor.
 Según informó el jefe de Inspectores de Flora y Fauna, Nelson Villagra, a "Tiempo Real" de Ancasti Streaming, el material fue recibido en horas de la tarde del jueves a través del teléfono corporativo del organismo. A partir de ello, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a las autoridades.
La denuncia penal fue realizada por el director de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, Gustavo Quinteros, junto a la secretaria de Medio Ambiente, Jazmín Menéndez, en la Unidad Judicial N°5. En paralelo, inspectores se trasladaron al lugar para labrar el acta de infracción administrativa.
En las imágenes se observa a un puma siendo atacado por una jauría de perros y luego a un hombre, ya identificado, que lo laza, lo ahorca y lo arrastra. Desde el área indicaron que este tipo de acciones está penado por la Ley Provincial 4.855 y la Ley Nacional 22.421, que establecen la preservación y conservación de la fauna silvestre.
Villagra explicó que, además de la denuncia penal, corresponde la aplicación de una multa administrativa, cuya cuantía está prevista en la normativa vigente. La situación judicial será determinada por la Justicia interviniente.
Consultado sobre el estado del animal, el jefe de Inspectores de Flora y Fauna señaló que será establecido por los inspectores que trabajan en el lugar, aunque aclaró que al momento de la entrevista no estaba confirmado si habría muerto o no.
Desde el organismo reiteraron que ante cualquier avistamiento de fauna silvestre no se debe intervenir ni intentar capturar al animal, sino comunicarse al 3834-003978 o al 911 para dar aviso a las autoridades competentes.
.

Más minería de litio y menos democracia: simulacro ambiental y pacto político en Catamarca

Fecha de Publicación: 03/01/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Catamarca


Las multinacionales Río Tinto y Posco, en complicidad con el gobierno provincial, realizaron insólitas “charlas técnicas” en comunidades donde pretenden avanzar con explotaciones mineras. Sin escuchar a las personas del lugar y con estudios desactualizados, montaron escenas sin diálogo real y repletas de viejas promesas. Un fallo judicial que no se respeta y un mandatario, Raúl Jalil, que acumula poder y regalías.
En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.
Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.
A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre. 

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente
La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.
Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.
También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa. 

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”
La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.
Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.
Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.
El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. 
 Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.
Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.
Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales. 

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran
En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.
El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.
Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.
La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.
Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas. 
 También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.
A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.
En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados. 

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero
Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.
Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.
En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.
Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales. 
La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.
Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.
El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.
El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto. 
.

Diputados se meten en la polémica por la supuesta contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/12/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Legisladores del oficialismo y de la oposición piden saber si el relleno sanitario que autorizó la Provincia es seguro y si las empresas contratadas están en regla.
El escándalo por la posible contaminación ambiental llegó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores empezaron a pedir informes sobre la cuestión. En este sentido, son varios los requerimientos de información sobre el manejo de recursos patogénicos por parte de la Provincia y en especial por parte de las dos empresas involucradas: HSS (Hidro Servicios de Saneamientos), que tiene contrato con la Provincia, y All Service S.R.L., la empresa tercerizada que está en el ojo de la tormenta por su planta en Andalgalá.
 En este sentido, la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible elevó un pedido de informe al secretario de Ambiente, Martín Castelli, a fin de conocer la situación de la empresa HSS. El pedido, que lleva la firma del titular de la Comisión, Damián Brizuela (UP-FT), pero que fue consensuado entre los diputados de todos los bloques en la Comisión, busca conocer detalles sobre la seguridad y viabilidad del relleno sanitario que se realizó en inmediaciones de El Pantanillo y donde están siendo enterrados de forma preventiva los residuos patogénicos de la provincia. Además, se indaga si la empresa cumple con las normativas legales y ambientales vigentes para desarrollar su actividad.
En este sentido, el pedido de la Comisión aclara que “el requerimiento se enmarca en la necesidad de conocer la decisión por parte del organismo sobre si es seguro el relleno sanitario de seguridad, que se llevó a cabo en las inmediaciones de El Pantanillo para tratar provisoriamente la problemática”.
A este planteo se suma el pedido del diputado Fernando Baigorrí (MID), que como integrante de la Comisión de Salud, presentó un proyecto de resolución donde pide la presencia del ministro de Energía, Agua y Medio Ambiente, Eduardo Niéderle, para que informe sobre las acciones implementadas para “garantizar un manejo seguro y adecuado de estos residuos patológicos”. En su pedido, Baigorrí advirtió sobre “la gravedad de las denuncias relacionadas con prácticas irregulares, como la disposición de residuos en cavas a cielo abierto y la falta de control en el tratamiento de residuos patogénicos y mineros”. Estas situaciones, según el legislador, “no solo generan alarma en la ciudadanía, sino que también podrían derivar en delitos ambientales con consecuencias severas”.
El pedido del diputado incluye la realización de una visita oficial por parte de legisladores a la planta de tratamiento de residuos sólidos para inspeccionar su funcionamiento.
Finalmente, adelantó que presentará un proyecto para que se declare la “emergencia sanitaria”, para "dar respuesta a la falta de instalaciones adecuadas para el tratamiento de residuos patogénicos en la provincia".

Ampliación de denuncia
El diputado Hugo Ávila (FAC) solicitó a la Justicia Federal que investigue la planta de residuos peligrosos que se encuentra cerca de El Pantanillo y donde se está realizando el depósito de relleno sanitario con residuos patógenos.
También solicitó que se pida informe sobre los vehículos en que son transportados estos residuos y qué estudios tiene la empresa HSS para realizar este trabajo. Además, pide que se le requiera a la Justicia de La Rioja y al gobierno de esa provincia informes sobre el pedido del ministro Niéderle sobre el traslado de los residuos a esa jurisdicción para ser tratados.
El planteo de Ávila fue realizado en el marco de su denuncia contra el gobernador Raúl Jalil y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, por posible contaminación ambiental.
.

El malón diaguita se opuso a la minería y reclamó leyes

Fecha de Publicación: 23/11/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Representantes de comunidades indígenas del interior llegaron a la Capital para defender su territorio y reclamar protección.
Ayer se realizó en la Capital la marcha del “Malón por el buen vivir comunitario” de las comunidades Diaguitas. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y tuvo por objetivo reclamar por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación minera. Tomaron distancia de los representantes de las comunidades que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Representantes de comunidades diaguitas de Belén, Andalgalá y Santa María, expresaron que marcharon en "malón" hasta la Legislatura en homenaje a sus ancestros para pedir legislaciones que los protejan en sus derechos.
La cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez ofició de vocera del grupo: "Estamos aquí para que no se vulneren nuestros derechos, por eso solicitamos legislación. Defendemos un derecho comunitario, defendemos el buen vivir para nosotros, porque sin territorio y sin agua no se viviría. Sabemos bien que las mineras contaminan y no hay futuro”, sostuvo. "Queremos defender nuestra tierra", expresó y reclamó por la ausencia de servicios para la zona de la Puna.
Gutiérrez recordó que habían expresado su oposición a la aprobación del RIGI, pero no fueron tenidos en cuenta.
"No nos han tenido en cuenta y queremos que lo hagan, no pueden vulnerar derechos de muchas comunidades", añadió.
“Tenemos el ‘oro caminante’ como lo llamamos, que es la fibra de vicuña. Un poncho está cotizado en 2 o 3 millones y no ganamos en una mina lo que se puede ganar con eso. Lo que nos hace falta es un poco de apoyo desde el Estado. Ellos dicen 'tenemos minas y vamos a garantizar todo', pero no tenemos servicios, por eso reclamamos, exigimos que nos dejen vivir en paz”, indicó en declaraciones a la prensa.
Más adelante enfatizó: “Reclamamos y exigimos que nos dejen vivir en paz porque el Estado nunca ha garantizado los derechos, la salud, la educación, caminos y muchas otras cosas. Nunca nos atienden los teléfonos, no nos escuchan y somos autoridades”.
En ese sentido, expresó su malestar porque la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que conduce Marcelo Rivero, recibe a otra parcialidad de las comunidades originarias. “No nos escuchan. Molesta porque no toman en cuenta a las autoridades indígenas, pudiendo ser nosotros los que estemos ahí y no estamos, son otras personas que viven en la ciudad, sin saber la problemática que existe en territorio”, afirmó.
Tras la presentación de su reclamo a la prensa, el malón del buen vivir comunitario se dirigió hasta la Legislatura provincial. "No le vamos a rogar a nadie, si nos quieren escuchar bienvenido sea. Vamos a seguir luchando, con las marchas, vamos a seguir caminando", expresó Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del grupo cerró la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas puedan trabajar en la minería.
.

La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
.

“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
.

Minería en Catamarca: negocio para pocos

Fecha de Publicación: 07/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Empresarios santamarianos presentaron una recusación con causa en contra del normalizador de la Asociación de Producción y Minería, además reiteraron el direccionamiento de las elecciones a favor de Manuel Gómez Bello.
Los pequeños empresarios que buscan ser parte del proceso de normalización de la e la Asociación de la Cámara Santamariana de Producción y Minería, realizaron una nueva denuncia en contra del Presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y su apoderado, designado por el Gobierno para que realice la normalización del organismo que desde hace 8 años funciona con irregularidades.
La lista Alternativa por el Cambio presentó una recusación con causa en contra de Cristian Zanacchi, normalizador designado por la Dirección General de Inspección General de Personas Jurídicas.
Los postulantes pudieron comprobar que  Zanacchi es abogado apoderado de Manuel Gómez Bello, presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y actual presidente de la Asociación Satamariana.
La presentación expone que "La designación del Dr. Zanacchi tenía por objeto y finalidad normalizar la situación de la asociación, y en estas instancias esa designación resulta altamente sospechosa, ya que la administración no designó a los normalizadores propuestos por más del 50% de los asociados en Nota de fecha 22/04/2024 y se designa a un abogado que tiene vínculos directos con quien ejercía de forma irregular el carácter de presidente y que luego se presenta con una lista para ese cargo, y se suceden una serie de hechos y resoluciones por parte del normalizador con el claro objetivo de favorecer al Sr. Gómez Bello y perjudicar a nuestra lista", afirman.
Como prueba. adjuntaron una copia de decreto emitido por el Juzgado de Santa María en donde se da participación al Dr. Zanacchi como abogado apoderado de Manuel Gómez Bello. En consecuencia solicitaron declarar nulo el acto de designación de Zanacchi y todos los acto realizados por el mismo en su cargo de normalizador.
En la presentación los integrantes de la lista agregan: "Queda palmariamente demostrado que existió un operativo y una estrategia por parte de quien pretende seguir ocupando irregularmente el cargo de Presidente o de quienes tienen un interés de que ello suceda, que ocasionó que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas designe, por error o con dolo, como normalizador a una persona que tenía objetivos preestablecidos, y vínculos directos con Manuel Gómez Bello. Por lo que corresponde en esta instancia revertir el daño que se esta haciendo a la asociación y a la mayoría de sus socios, dando transparencia al proceso de normalización y seguridad jurídica a los involucrados".

Favoritismo
Los pequeños empresarios apuntan contra el direccionamiento que se le está dando a las elecciones desde el Gobierno a través de la figura del director de Personería Jurídica, Facundo Ripoll, órganismo que además de designar a Zanacchi como normalizador, ha rechazado todas las presentaciones realizadas por la lista opositora.
Detrás de la disputa por el manejo de la Asociación está la puesta en marcha del Proyecto Mara que producirá cobre, molibdeno, oro y plata, con la misma infraestructura de Minera Bajo de la Alumbrera. Los empresarios santamarianos advirtieron que "la minería en Catamarca parece ser negocio para unos pocos y para quienes direcciona el Gobierno" y que durante estos 8 años de la Asociación “Había 32 socios de los cuales trabajaban solo 5 empresas, los cuales se volvieron multimillonarios y esto es lo que queremos cambiar”, señalaron.
Además alertaron que con el parate de la obra pública la situación se hace más difícil, "no puede ser que se llenen la boca diciendo que la minería es desarrollo para nuestros lugares y que no permitan crecer a nuestras empresas", afirmaron.
En tanto también lamentaron no haber recibido ninguna respuesta del Ministro de Minería.
.