El dragado del Paraná ¿sin control?: el silencio ambiental detrás de la hidrovía más importante del país

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Litoral Argentino


La reciente admisión del Estado argentino sobre la ausencia total de registros ambientales vinculados al dragado del Paraná expone un vacío institucional alarmante. Durante más de dos décadas, no se realizaron estudios de impacto ni procesos de consulta ciudadana sobre una de las obras de infraestructura más relevantes del país.
La Subsecretaría de Ambiente, antes Ministerio, reconoció ante la Justicia que no cuenta con antecedentes técnicos sobre el ensanchamiento ni sobre las modificaciones de traza en el río. Esta revelación surgió en el marco de una causa ambiental impulsada por organizaciones ciudadanas que buscan frenar el avance de un modelo extractivo sin controles.
El hecho de que no existan evaluaciones técnicas ni intervenciones estatales significa que el Paraná estuvo sometido a una explotación intensiva sin garantías de protección ambiental. Se trata de un río clave para la biodiversidad, la provisión de agua y la actividad económica de miles de comunidades ribereñas.
La situación es aún más grave si se considera que todo ocurrió en un escenario marcado por crisis hídricas y bajantes históricas. Las obras de dragado y redragado avanzaron sin análisis actualizado de sus impactos ecológicos y sociales, ni instancias de debate público.

Dragado del Paraná sin estudios, un riesgo colectivo
El caso emblemático es el del paso “Las Hermanas”, frente a Ramallo, donde las intervenciones se realizaron sin ningún tipo de monitoreo ambiental. Esto dejó expuestos humedales, especies migratorias y actividades productivas que dependen del equilibrio del río.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también advirtió irregularidades en la licitación prevista para 2025, lo que obligó a posponer el proceso. Ese documento fue clave para que la Cámara Federal exigiera la entrega de información ambiental hasta ahora inexistente.
El problema no se limita a la falta de estudios. En paralelo, el desmantelamiento del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable eliminó uno de los pocos mecanismos de fiscalización independientes. Esa decisión dejó al Paraná sin monitoreo efectivo y sin garantías mínimas de cumplimiento de la legislación vigente.
La ausencia del Estado en la regulación de la hidrovía no solo compromete la biodiversidad del río, sino que también vulnera derechos humanos básicos, como el acceso al agua segura y la participación ciudadana en decisiones que afectan bienes comunes.

Hidrovía del Paraná: impactos y desafíos
La hidrovía del Paraná constituye el corredor fluvial más importante de Sudamérica. Por allí circula gran parte de las exportaciones de granos, minerales y combustibles, lo que la convierte en un eje estratégico para la economía nacional. Sin embargo, la presión sobre el ecosistema alcanzó niveles críticos.
El dragado constante modifica la profundidad y el curso del río, alterando los ciclos naturales de sedimentos. Esto impacta directamente sobre los humedales, fundamentales para la regulación climática y para la absorción de excesos de agua en períodos de crecidas.
Otro problema es la pérdida de hábitats para peces y aves migratorias, que dependen del río y sus márgenes para alimentarse y reproducirse. La reducción de estas poblaciones amenaza tanto la biodiversidad regional como la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de la pesca artesanal.

Otros factores que se deben tener en cuenta
A ello se suma la erosión de las costas y el avance de especies invasoras, favorecidas por los cambios artificiales en el flujo de agua. El visón americano y el caracol dorado son ejemplos de cómo la alteración de los equilibrios naturales facilita la proliferación de especies que desplazan a las nativas.
La hidrovía también plantea un dilema social y económico: si bien impulsa el comercio exterior, sus costos ambientales recaen sobre poblaciones locales que ven reducida la calidad de su agua, su seguridad frente a inundaciones y sus posibilidades productivas sostenibles.
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El cambio climático desata un ejército de enfermedades animales que amenaza a la humanidad 

Fecha de Publicación: 02/09/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Una nueva y ominosa frontera se está abriendo en la crisis climática, una que no se mide en grados centígrados ni en el nivel del mar, sino en la propagación de virus, bacterias y parásitos. Las enfermedades que antes estaban contenidas en ecosistemas salvajes están cruzando barreras geográficas y biológicas a un ritmo alarmante, y la humanidad está en su línea de mira. Según un contundente informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), las patologías animales avanzan sobre regiones donde antes eran inexistentes, y casi el 50% de ellas constituyen una amenaza directa para la salud humana.
El fenómeno no es una casualidad, sino una consecuencia directa de la acción humana. La deforestación, la urbanización descontrolada y el calentamiento global actúan como un acelerador perfecto, alterando hábitats y forzando a especies portadoras de patógenos -como murciélagos, roedores y mosquitos- a migrar hacia zonas pobladas. Este cóctel explosivo está creando, según los expertos, el caldo de cultivo ideal para la próxima pandemia.
Los datos respaldan la advertencia. Un estudio complementario publicado en Science Advances ya había calculado que el 9% de la superficie terrestre se encuentra en riesgo “alto o muy alto” de brotes zoonóticos impulsados por factores climáticos. Lo que era una predicción teórica hoy es una realidad tangible.

El Doble Impacto: Bolsillos y Hospitales Vacíos
Las consecuencias de esta invasión silenciosa se sienten en dos frentes críticos: la economía y la salud pública.
Primero, la seguridad alimentaria global está en jaque. Más de una quinta parte de las pérdidas mundiales en la producción de alimentos ya se deben a enfermedades provenientes del mundo animal. En una economía como la argentina, el impacto es devastador. La Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) estima que estas patologías generan pérdidas anuales que rondan los 60.000 millones de pesos, comprometiendo no solo la producción de proteínas de calidad sino también el acceso de la población a alimentos seguros. Francisco Nacinovich, jefe de Infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), subraya que este impacto convierte la prevención en “un tema clave de políticas públicas y seguridad alimentaria”.
En segundo lugar, y de forma más directa, está la amenaza a la vida humana. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son elocuentes: el 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en animales, y un alarmante 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis. En Argentina, como señala el infectólogo Tomás Orduna, exjefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, esta amenaza está en “latente expansión”. La rabia persiste en murciélagos, el riesgo de leptospirosis acecha en las grandes ciudades tras cada inundación, y la leishmaniasis visceral canina, potencialmente mortal para los humanos, ya se ha instalado en nueve provincias.
Las provincias con áreas endémicas de leishmaniasis, tanto cutánea como visceral, incluyen Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con la reciente detección de su vector en Santa Fe y Entre Ríos. 

El clima como catalizador de contagios
La crisis climática no solo crea el problema, sino que lo multiplica. La alteración de los ecosistemas funciona como un motor de propagación. Por ejemplo, más de la mitad de las especies de mosquitos que transmiten virus a humanos prosperan en áreas deforestadas, lo que ha disparado los casos de dengue, zika y chikungunya. América Latina es testigo directo: solo en 2023, se registraron más de 4,1 millones de casos de dengue, superando las cifras de la década anterior para el chikungunya. Las proyecciones son aún más sombrías: para 2080, se estima que 2.250 millones de personas más estarán en riesgo de contraer dengue.
Eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones, se han vinculado directamente a brotes de leptospirosis y cólera. Mientras tanto, el aumento de la temperatura de los océanos favorece la proliferación de bacterias mortales como la Vibrio cholerae. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature proyecta un futuro aterrador: el cambio climático podría provocar al menos 15.000 nuevos eventos de transmisión viral entre especies de mamíferos para 2070, aumentando exponencialmente el riesgo de que un nuevo virus salte a los humanos.

La respuesta: una sola salud para un planeta enfermo
Frente a este panorama, la comunidad científica y sanitaria internacional insiste en que las soluciones fragmentadas ya no son suficientes. La OMSA, la OMS y la FAO promueven activamente un enfoque revolucionario conocido como “Una Salud” (One Health). Este modelo integra la salud humana, la sanidad animal y la gestión ambiental en una única estrategia coordinada.
El concepto es simple pero poderoso: no se puede proteger a las personas sin proteger a los animales y al ecosistema que compartimos. “Prevenir y controlar la transmisión de patógenos (…) es fundamental para crear barreras epidemiológicas”, destaca Edgardo Marcos, director del Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria de la UBA.
Este enfoque también es crucial para combatir otra amenaza global: la resistencia antimicrobiana (RAM). Cada año, 700.000 personas mueren por infecciones resistentes a los medicamentos, una cifra que podría escalar a 10 millones para 2050. Dado que el 60% de los patógenos resistentes provienen de animales, el uso prudente de antibióticos en la ganadería y la priorización de la vacunación son pilares de la estrategia “Una Salud”.
En un mundo donde las fronteras entre la salud del planeta y la nuestra se han desvanecido, entender esta interconexión ya no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia. La salud del ecosistema ha dejado de ser una variable ambiental para convertirse en la pieza central de la salud pública global.
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“No se anticipó”: el peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El atropellamiento de fauna es uno de los principales riesgos que enfrentan especies en riesgo de extinción, incluso dentro de áreas protegidas
Se estima que más de 400 millones de animales vertebrados mueren atropellados por año alrededor del mundo, aun con estudios taxonómicos limitados. Sin embargo, no se dimensiona su impacto: se cree que son casos aislados, cuando en realidad repercute en la población de muchas especies. Según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), el arrollamiento de fauna es una de las principales amenazas para el 89% de los carnívoros terrestres, 67% de los ungulados (animales que caminan sobre la punta de sus patas y no tienen garras), 60% de los primates y 25% de los marsupiales.
La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) registró, desde 2019, más de 13.000 animales fallecidos por este motivo a lo largo del país. “Esto es solo la punta de iceberg, ya que solo se trata de atropellamientos reportados por colaboradores de esta red”, advierte Diego Varela, profesional del Instituto de Biología Subtropical (Conicet) de Puerto Iguazú, miembro del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) y coordinador de la Ramfa. Incluso si el número de casos y las zonas focales se asocian a la ubicación de los colaboradores, los datos actúan como un indicador preocupante sobre la problemática.
Guillermo Delfino Flood, responsable del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, concuerda: “En el último tiempo, los casos de atropellamiento de fauna silvestre ingresados al Centro de Rescate han aumentado considerablemente”. Comparte que muchos ejemplares llegan en estado crítico, con fracturas, heridas graves o traumatismos severos.
La principal causa detrás de esta crisis es la violación de los límites de velocidad, especialmente dentro de áreas protegidas, donde el máximo es de 40km/h o 60 km/h. “Respetar las señales y límites de velocidad no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también de responsabilidad ambiental”, señala Lucía Lazzari, coordinadora del programa Bosques de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
También añade la falta de planificación que existió en el momento que se diseñaron las infraestructuras viales. “No se anticipó esta problemática y no se contemplaron pasos de fauna”, explica. Los hábitats naturales se ven fragmentados por rutas u otras obras y los animales son obligados a cruzar los caminos para buscar pareja, agua, comida o refugio.
“Cuando una ruta se construye sin planificación, sin puentes ni cruces seguros, los vínculos se rompen, la movilidad se vuelve peligrosa poniendo en riesgo la vida de las especies y, por ende, el equilibrio del lugar empieza a deteriorarse, convirtiéndose en una barrera en la interacción de un lado y otro de la autopista”, describe Lazzari.
Varela señala que en todas las rutas del país mueren animales atropellados, pero hay ciertas regiones en las que, por su alta biodiversidad, los eventos de mortalidad aumentan. Es el caso de Misiones, provincia que preocupa a los conservacionistas hace años porque hospeda una gran variedad de especies, entre ellas, muchas en riesgo de extinción.
Más de 13 animales mueren atropellados a diario en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte de Misiones. Según una investigación de opinión pública realizada por Fundación Vida Silvestre, más del 70% de la población misionera considera el atropellamiento como una de las principales amenazas para especies en peligro crítico de extinción como el yaguareté.
La provincia cuenta con áreas naturales protegidas de gran importancia, como el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í, atravesadas por rutas que, debido al exceso de velocidad y la falta de pasos de fauna, son escenario de una enorme cantidad de accidentes.
Un reciente informe realizado por la Administración de Parques Nacionales analizó el atropellamiento dentro de áreas protegidas en el nordeste argentino y destacó el PN Iguazú, la Reserva Natural Estricta San Antonio y la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan como sitios preocupantes en Misiones. Con respecto al parque nacional, el relevamiento señaló las rutas nacionales 12 y 101 como puntos focales. Principalmente, en el tramo entre el Puerto Iguazú y el aeropuerto, y a lo largo del acceso a las cataratas.
“Cuando las personas llegan a Puerto Iguazú para disfrutar de las cataratas, ingresan a un parque nacional apenas salen del aeropuerto. La ruta que conecta el aeropuerto con la ciudad atraviesa el área natural”, explica Lazzari. “Conducir sin respetar los límites de velocidad en ese trayecto pone en riesgo a los animales y a las personas”, indica.
Otras áreas preocupantes alrededor del país incluyen las rutas de Santa Fe, Corrientes, la Patagonia y la región chaqueña, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
Según los datos actualizados hasta noviembre de 2024, el grupo más registrado es el de los mamíferos con 5824 registros. Dentro de este grupo, las 15 especies más atropelladas incluyen dos zorros, dos comadrejas, el gato montés, el hurón, el zorrino, dos armadillos, el carpincho y el aguará popé. Varela aclara que los datos de la red reflejan los casos más registrados, no necesariamente los más afectados. Los anfibios son el grupo con mayor mortalidad, pero al ser difíciles de observar, no se refleja en las estadísticas.
La problemática resulta especialmente alarmante cuando se trata de especies en peligro de extinción. Un caso es el del yaguareté, una especie clasificada bajo el mayor nivel de riesgo, y otro es el del aguará guazú, para el que el atropellamiento es la principal amenaza.
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, después del tigre y el león. Actualmente, en la Argentina se encuentra en peligro crítico (CR). Se estima que quedan alrededor de 250 individuos en tres regiones: las yungas, el Gran Chaco y la Selva Misionera.
El último monitoreo realizado por la Fundación Vida Silvestre en 2024 señaló que esta última concentra la mayor población, con alrededor de 80 yaguaretés. La cifra es resultado de más de dos décadas de trabajo colaborativo entre organizaciones para revertir la desaparición de la especie. No obstante, su panorama es delicado y cualquier pérdida podría impactar severamente su supervivencia en la región. 
“El atropellamiento es una de las amenazas más visibles y evitables para el yaguareté y otras especies que habitan el Bosque Atlántico”, declara Lazzari. La problemática también afecta al yaguareté indirectamente, debido a que son atropellados animales que forman parte de su base alimenticia.
En los últimos 12 años fueron atropellados cinco ejemplares de esa especie dentro de áreas protegidas en la provincia de Misiones. En 2012, una hembra de un año fue atropellada en la ruta nacional 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península. En 2013, un yaguareté fue embestido por un ómnibus sobre la misma ruta, dentro del Parque Nacional Iguazú. Un año más tarde, en el Parque Provincial Urugua-í, un macho adulto fue atropellado sobre la ruta provincial 19. En 2018, una hembra, preñada de dos cachorros, en el mismo área.
En el caso más reciente, en octubre de 2024, una hembra de cinco meses fue atropellada en la ruta nacional 12, dentro de Puerto Península. “Una pérdida como esta no solo representa un retroceso en términos de conservación, sino también una tragedia que se podría haber evitado”, lamenta Lazzari.
Por su parte, el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) se encuentra clasificado como vulnerable (VU) a nivel nacional. El atropellamiento en rutas es la principal causa de su mortalidad. “De no implementarse medidas para mitigar este impacto, el riesgo de extinción local aumentará”, advierte Varela. La Ramfa refleja más de 120 ejemplares fallecidos por esta causa alrededor del país, pero el experto señala que la cifra es aún mayor.
Flood agrega: “Esta problemática lleva ya muchos años y, con el tiempo, no solo se mantuvo, sino que se agravó, o al menos comenzamos a detectar con mayor frecuencia gracias a los avances en el monitoreo de la especie”.
Debido a estudios realizados con ejemplares rehabilitados y posteriormente reinsertados en la naturaleza con collares de monitoreo satelital, los expertos pueden conocer más sobre su ecología y sus desplazamientos. Su alta exposición a los accidentes viales se debe, en parte, al comportamiento natural del aguará guazú. “Es un animal de gran movilidad, un caminador incansable”, explica Flood.
Mayormente, los registros se ubican en Santa Fe, donde el aguará guazú fue declarado monumento natural en 2003. Según la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre provincial, en los últimos siete años se registraron 211 muertes de aguará guazú por accidentes viales. Se trata del 91% de los decesos por esta causa en territorio santafesino. A la vez, solo el 0,9% de los ejemplares logra ser rehabilitado, mientras que un 93% fallece en el momento. 
Un caso trágico ocurrió en febrero de este año, cuando un aguará guazú que había sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn (CRET) murió atropellado en una ruta provincial de Santa Fe. “Tanto esfuerzo no puede perderse en el asfalto”, lamentaron desde la fundación al compartir la noticia por redes sociales.
El ejemplar había sido rescatado en Olavarría, Buenos Aires, y pasó varios meses en un proceso de recuperación. Fue reinsertado en la zona de Vuelta de Obligado y llegó a recorrer más de 3600 kilómetros en ocho meses, con jornadas de hasta 50 kilómetros. “Estos desplazamientos implicaron atravesar múltiples paisajes y ambientes, incluyendo caminos rurales, rutas provinciales y nacionales. Cada cruce representó un riesgo concreto y evidenció lo vulnerable que es la especie frente a esta amenaza”, sostiene Flood.
El aguará guazú sufre esta problemática en las ecorregiones del Chaco Húmedo, Esteros del Iberá, Campos y Malezales, y Pampa, con registros en otras provincias como Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos, y Buenos Aires.
Varela señala que la ecología de carreteras es una disciplina incipiente en el país y que aún hace falta ampliar el monitoreo en muchas ecorregiones. Mientras que en Misiones se avanzó mucho en la construcción, concientización y mapeo, en otras regiones “es poco lo que se hace”. Aun así, los especialistas destacan varias soluciones frente al atropellamiento de fauna.
“La Ramfa busca poner este tema en la agenda de los organismos públicos nacionales y provinciales vinculados a vialidad y recursos naturales. Estamos trabajando con algunos organismos provinciales para fortalecer las capacidades locales de monitoreo y mitigación”, indica.
La construcción de estructuras como los ecoductos, alcantarillas adaptadas y pasafaunas subviales permite reducir el número de casos y garantizar la conectividad del hábitat. Los ecoductos requieren una mayor inversión y tiempo para el crecimiento de la vegetación y la adaptación por parte de la fauna. En cambio, la modificación de infraestructuras existentes resulta relativamente simple y económica.
Su efectividad se puede ver limitada por factores como la presencia permanente de agua en los pasafaunas o alcantarillas o el uso de materiales como la chapa encalada, que desalienta el cruce de ciertas especies. Sin embargo, se pueden superar estas barreras con mejoras como la instalación de pasarelas secas, cercos conductores y rampas de acceso que guían a los animales.
Junto al Instituto de Biología Subtropical (Conicet), el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y Parques Nacionales, Vida Silvestre realizó un estudio acerca de las rutas que atraviesan el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península en el que monitorearon 21 alcantarillas de drenaje y puentes ya existentes. En solo 18 meses, obtuvieron más de 450.000 registros con cámaras trampa. De las 35 especies registradas, siete se encuentran casi amenazadas (NT); nueve, vulnerables (VU); y una, el yaguareté, en peligro crítico (CR).
A partir de los resultados, se implementaron mejoras en las estructuras con un gran impacto. Por ejemplo, obtuvieron más de 10 registros de ocelotes en un mes en una de las alcantarillas donde no había registros de la especie en más de dos años. Otro caso de éxito es el del oso hormiguero, una especie amenazada, que usó un 30% de las estructuras mejoradas y su tasa de registro fue seis veces mayor que en zonas de control en la selva sin estructuras.
“De todas formas, tanto las alcantarillas adaptadas como los ecoductos representan soluciones complementarias que ayudan a reducir los riesgos de atropellamiento y mejorar la conectividad del paisaje para la fauna”, señala Lazzari. La principal respuesta es la conciencia ciudadana: conducir respetando las señales y límites de velocidad para prevenir las colisiones, tanto por la protección de especies, como por la seguridad humana. “Invertir en educación, participación comunitaria, monitoreo y acciones concretas de mitigación es urgente para evitar más pérdidas”, insiste Flood.
Para aquellas personas interesadas por la problemática, la Ramfa llama a la colaboración en el registro de atropellamientos a través de su plataforma de ciencia ciudadana. “Mapear el impacto de las rutas sobre la fauna silvestre en un país con la extensión geográfica de la Argentina se presenta como un enorme desafío. La Ramfa intenta unir estos esfuerzos aislados en un mapa nacional colaborativo”, sostiene Varela. 
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Nuevo índice: se reciclaron casi 235.000 toneladas del plásticos en la Argentina 

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Un relevamiento de ECOPLAS y CAIRPLAS indicó que, en Argentina, en 2024 se revalorizaron 263.500 toneladas de plásticos. Además, señala la necesidad de políticas públicas para impulsar su crecimiento.
En Argentina se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas de plásticos y se valorizaron energéticamente otras 30.300 en hornos cementeros, durante 2024. Los datos fueron revelados en el último Índice de Reciclado de Plásticos presentado conjuntamente por Ecoplas, la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente, y la Cámara Argentina de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS).
El informe señala que el año pasado se recicló un menor volumen de plástico que años anteriores. Sin embargo, la proporción reciclada respecto al total consumido en este periodo subió del 14 al 17%, lo que demuestra una mayor eficiencia. Además, fueron relevadas nuevas empresas recicladoras, lo que sugiere una adaptación y evolución dentro del sector.
 Para poner en contexto, hasta 2023, el sector del reciclado de plásticos en Argentina mostró una evolución notable, con más de 4 millones de toneladas recuperadas desde 2003 y la consolidación de una cadena productiva que en la actualidad reúne a más de 190 empresas y 50 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, 2024 marcó una inflexión: aunque la tasa de reciclado aumentó, el volumen total cayó.
De esta manera, en la actualidad la industria recicladora plástica opera con más del 50% de capacidad ociosa: debe aumentar y mejorar la separación de residuos y la demanda de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos. A esto se suma un escenario internacional en el que el plástico virgen se ofrece a precios más competitivos, lo que desalienta la incorporación de reciclado en los procesos productivos.
Sin embargo, estas dificultades deben interpretarse como una coyuntura de mercado que puede y debe revertirse con políticas públicas y decisiones empresariales orientadas a un futuro sostenible.

Reciclaje: un motor de desarrollo económico y social
El Índice pone en evidencia que el reciclado de plásticos es mucho más que una práctica ambiental: es un motor de desarrollo económico y social.
Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, comentó: “cada tonelada que se recupera reduce la presión sobre rellenos sanitarios enviando recursos recuperables como lo son los plásticos y genera empleo en distintas etapas de la cadena, desde la recolección diferenciada hasta la transformación industrial”. De esta forma, afirma que reforzar esta cadena no solo es clave para la competitividad local, sino también para impulsar exportaciones que podrían generar divisas a través de productos con valor agregado.
En este marco, Ecoplas subraya la importancia de avanzar hacia una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de envases, que se trata de una herramienta ya adoptada en numerosos países que obliga a los envasadores a hacerse cargo de su gestión posconsumo. Por ese motivo, su implementación en Argentina sería un paso decisivo para asegurar que el esfuerzo individual de los ciudadanos y el compromiso de la industria se traduzcan en resultados sistémicos, con más materiales reciclados reinsertados en el circuito productivo.
“El reciclado de plásticos en Argentina es una historia de logros, pero también de desafíos. Tenemos una industria preparada, con infraestructura y conocimiento técnico, que necesita mayor articulación y un marco normativo que acompañe. Apostar al uso de material reciclado es apostar al empleo, a la competitividad y a un país más sustentable”, sentencia Ramos.
La experiencia de los últimos 20 años demuestra que los plásticos pueden dejar de ser residuos para convertirse en recursos. El desafío ahora es generar las condiciones necesarias para que la economía circular no sea solo un compromiso ambiental, sino también un motor de reactivación productiva para la Argentina.
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“Sería absurdo irnos del Acuerdo de París”: la máxima autoridad ambiental habló por primera vez sobre su gestión

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fernando Brom sostiene que la gestión ambiental debe mantenerse “sin ideologías”, incluso frente al negacionismo climático; advirtió que la producción es prioridad y anticipó que pretenden reformar la ley de glaciares
Hace poco más de seis meses, Fernando Brom asumió el cargo de subsecretario de Ambiente de la Nación. Es la máxima autoridad gubernamental en la materia, pero el organismo tiene mucha menos gravitación de la que tienen sus pares en otros países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay.
Aunque su cargo es político, el subsecretario, de 74 años, se ve a sí mismo como un gestor. “Cuando Daniel Scioli me llamó, me dijo que faltaba gestión. Lo peor es que esta subsecretaría es transversal a toda decisión que se tome en algún área del sector público”, describió Brom en una entrevista con LA NACION, la primera que brinda desde su nombramiento. 
La subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial: uno que catalogó al ambientalismo como una bandera detrás de la que el marxismo se esconde y que dijo frases como “ojalá Argentina contaminara más”. En este contexto, la gestión de Brom enfrenta la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Él afirmó que están trabajando “más que nunca”.
Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento y pasó a ser asesora del diputado nacional, Carlos D’Alessandro (Coherencia). 
Con Francos se conocieron en los 90: ambos militaron en el Partido Federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió el prólogo de uno de sus libros, publicado en 2023, cuando era precandidata a la Presidencia.
Brom es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. No tiene ningún tipo de formación en asuntos ambientales, aunque sí posee más de 30 años de experiencia dentro del sector privado, en especial en el rubro alimentos, como director comercial y gerente general. También fue profesor universitario y tiene posgrados en Stanford y el MIT vinculados a la gestión empresarial. Dentro del sector público, siempre bajo el mandato de Javier Milei, fue primero vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Para temas ambientales, descansa en sus respectivas direcciones, que tienen más un perfil técnico que político y cuyos representantes llevan en la subsecretaría varios períodos. Ellos trabajan como nexo entre el multilateralismo y las provincias; desarrollan estudios técnicos y estrategias generales para que se implementen en territorio. “Nuestro rol es el de buscar financiamiento internacional y empoderar a las provincias a que impulsen sus propios programas. Buscamos federalizar la gestión”, señaló Brom. También, añadió, asesoran de las provincias sobre temas ambientales.
En la entrevista con LA NACION, Brom expresó que “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”, así como su intención de modificar la Ley de Glaciares para abrir paso a la minería.

–¿Cómo ejecutar una buena gestión ambiental en este contexto?
–Es trabajar más allá de las ideologías. El arte no es hacer equilibrio tratando de parecer una cosa, sino que es al revés. Yo creo que gestionar dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos o la eficiencia.

–¿Eso incluye la ideología del Presidente?
–No incluye la ideología del Presidente. Yo creo que el Presidente, en cuanto sepa un poco más de ambiente, no me cabe duda de que va a tomar mejores decisiones.

–¿Y cómo convencerlo?
–Informándolo. Mi línea de reporte es [Daniel] Scioli, [Lisandro] Catalán y [Guillermo] Francos. Con ellos tengo muy buena línea de gestión. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones basándonos en la ideología y mucho menos con la cantidad tremenda de donaciones que todos los días le dan trabajo a por lo menos 200 personas externas. Acá tenemos 300 personas internas y 200 personas externas que están financiadas por organismos internacionales.

–¿Asistirán a la Cumbre del Clima (COP 30) en noviembre en Brasil?
–Todavía no se ha definido, y esto depende de la Cancillería y del Presidente. Estamos preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas [es un documento que plantea los objetivos de reducción de emisiones, ahora para 2035]. Esperamos cerrarlo en noviembre.

–¿Pretenden salir del Acuerdo de París?
–Sería absurdo irnos de algo que no nos cuesta plata y que, si lo adaptamos a los intereses nacionales, nos rinde mucho beneficio en bosques, en gestión del clima, en residuos a cielo abierto...

–Hace poco, se filtró el Plan de Inteligencia Nacional y en este documento había un capítulo expreso en el que hablaban tareas de inteligencia sobre activistas ambientales. ¿Cuál es su posición sobre esto?
–No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia de la administración pública. Pero para mí, la libertad tiene que ser absoluta. La libertad no admite recortes. La libertad de pensamiento, la libertad de acción dentro de la ley. Obviamente, libertad con responsabilidad. En cuanto le pones persecución ideológica a esto, empezás a transformar esto en cualquier cosa.

–¿Producir o conservar?
–Las dos. No es una dicotomía. En la vida pasa eso. La declaración de impacto ambiental tiene que hacerla la empresa, que es la que se compromete a prevenir remediar, mitigar, y la provincia tiene que decir en qué áreas o, por ejemplo, en qué crioforma piensan hacer alguna extracción minera. No una ley como tiene la Argentina que prohíbe todo.

–¿Van a apuntar una reforma a la Ley de Glaciares?
–Sí, obvio. No puede ser un DNU, porque cuando analizamos el problema dijimos: “¿Y entonces qué hacemos?” El DNU sería una locura, se nos viene en contra media Argentina por mala interpretación de la ley.

–¿Esto se vincula a los proyectos de cobre en San Juan?
–Tienen ubicados 30.000 millones de dólares en un área de ocho kilómetros de largo, que es exactamente simétrica a lo que hay del otro lado de la cordillera en Chile. Ahora, si eso hace que la vid y los cultivos se vean perjudicados, va a tener que ser la minera la que diga con su informe de impacto ambiental: “Me comprometo a prevenir o remediar. Me comprometo a todo lo que debería”. 

–¿Qué están haciendo para dar seguridad a sectores como el vitivinícola de que los riesgos de la minería no van a ocurrir?
–Hay dos formas de mentir, con palabras y con estadísticas. Cuando los ambientalistas te dicen que los glaciares representan el 90% del agua dulce no te dicen que casi todo es la Antártida. Tratemos de jugar limpio. No va a haber extracción en el glaciar Perito Moreno, pero tenemos que producir también.

–Pero ciudades como Mendoza o La Rioja son consideradas como ciudades oasis que, en un caso extremo, su población sí dependen de un 30% del agua de deshielo…
–De deshielo, por supuesto. Eso es sagrado.

–Explíqueme, entonces.
–Una cosa es el deshielo de nieve y otra cosa, nieve perenne, nieve eterna; por otro lado, escombros de glaciares o formaciones de agua que en dos años desaparece.

–Pero el agua que llega a esas ciudades viene de ambos, tanto de la nieve eterna como la temporal.
–Sí, tenés razón. Pero con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente. Que analicen esa cuenca. Si hay declaración de impacto ambiental por parte de las empresas y una evaluación ambiental estratégica por parte de la provincia, esto pasa. Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Hay que semaforizar como con la Ley de Bosques.

–Hay temor desde el sector ambientalista que los criterios ambientales dentro del Gobierno se vuelvan flexibles, acorde a este interés nacional en ciertos sectores productivos como la minería, o los hidrocarburos y otros contemplados dentro del RIGI. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no?
–Es fundamental respetar que en la sociedad moderna de este siglo XXI hay cuatro jugadores esenciales. El primer jugador es el Estado, que es el gobierno. El segundo es la empresa privada que tiene una empresa y accionistas que buscan rentabilidad sustentable. El tercer actor es la sociedad civil, y el cuarto y fundamental es la ciencia, la academia, la universidad, donde está el conocimiento.

–¿Se escucha de la misma forma a estos cuatro sectores? Se lo pregunto porque en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el secretario Scioli habló de la importancia de la relación con las empresas. No mencionó a la sociedad civil, no mencionó a la ciencia...
–Esto fue algo que dijo en una reunión, pero es importante resaltar que la sociedad civil y la academia, la ciencia, la evidencia científica hay que tenerla en la mano con toda decisión que se toma. Por otra parte, en un acto previo a la reunión del Cofema, Scioli entregó donaciones por manejo de bosques al gobierno de Salta y por prevención de incendios al de Tierra del Fuego.

–Las cifras generales hablan de un 30% de caída de presupuesto en ciencia. ¿De dónde sacamos la información si este sector tambalea?
–Primero, el sector científico no es mi responsabilidad. Eso sí, no te comas la estadística de que con un 30% menos de gasto se produce un 30% menos de conocimiento. Hablé con toda la planta de la subsecretaría, 40 se fueron y tres tuvieron la valentía de decir que no trabajaban. Casi ninguno se fue en conflicto con ATE ni con UPCN y te aseguro que trabajamos mucho más que antes. Los científicos también, hay buenos y malos.

–¿A criterio de quién?
–La productividad es fundamental, porque si no, ahí es donde empezás a tener altísima ineficiencia.

–En el escenario de la tragedia de Bahía Blanca o del norte de provincia de Buenos Aires, con eventos como estos que se prevé sean más intensos y frecuentes, ¿cuáles son las líneas que pretenden seguir en términos de adaptación al cambio climático?
–Mi primera medida, el segundo día de estar acá, me tocó transferir todo el tema manejo del fuego, que era el 40% de mi presupuesto, a la Agencia Federal de Emergencias. Atiende toda catástrofe climática y humana, terremoto, incendios, lluvias, lo que sea. 

–Las personas que no tienen cuenta de banco o domicilio no tienen acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable?
–Es la primera vez que hay una transferencia de presupuesto, sin intermediarios; uno por uno cobró lo correspondiente en el caso de Bahía Blanca. Con muchos que no tenían ni siquiera la casa a su nombre, pero a partir de una regularización fue al banco y cobró lo que le correspondía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de que en emergencias el Estado está presente.

–Hay intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires que tienen la preocupación de que las personas no tengan acceso al suplemento por la informalidad en la que viven. ¿Cómo está viendo esto el gobierno nacional?
–Eliminar la inflación es lo primerísimo que hay que hacer. Vos me decís que a los pobres les impacta el cambio climático. Antes que el cambio climático, hay que ver que el pobre está debajo de la lona.

–Pero el problema es que sobre eso está el cambio climático…
–Cuando vos vinculás el cambio climático con la pobreza y, voy un poquito más allá, con género y con todo el abanico de temas sociales y no ambientales, podés tener razón. Pero empezás a ideologizar el ambiente y entonces transformás a esta subsecretaría en una que tiene que asistir y dar de comer, dar techo, dar trabajo, con lo cual se te fue el demonio al ambiente.

–En el último boletín de la reunión del Cofema hablaron de la creación de un Fondo de Adaptación.
–No estamos con fondos, hoy tenemos presupuesto, no tenemos fondo porque si tenés fondo, tenés reparto de dinero.

–¿Y qué pasa con el Plan Nacional o la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global?
–Para eso tenemos muchos programas de PNUD, PNUMA, FAO y otros, que están funcionando, tenemos cientos de millones de dólares que hoy, además de pagar sueldos a consultores, están haciendo cosas de mitigación.

–Generalmente, los proyectos que impulsa Naciones Unidas y la banca multilateral son pruebas piloto…
–Es verdad, no son masivos.

–Entonces, ¿cómo esto se convierte en un plan nacional de adaptación si son proyectos piloto?
–Bueno, la intención de estos financiamientos en general es incentivar al Estado a ver que funcionan de cierta manera los estados. Voy a ver cuáles se transformaron en planes provinciales.
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INTI y Cader lanzan el Primer Censo Solar Fotovoltaico de Argentina

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Es realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) lanzaron oficialmente el Primer Censo Solar Fotovoltaico en Argentina, una iniciativa clave para medir y ordenar el desarrollo de la energía solar en el país.
El relevamiento comenzó a desarrollarse en junio y busca generar un registro actualizado del sector solar fotovoltaico, con información detallada sobre las capacidades técnicas, la distribución geográfica, el empleo y la evolución de la actividad durante el período 2023–2024. 
Según destacaron sus impulsores, el objetivo es contribuir a la planificación estratégica y fortalecer la cadena de valor de la energía renovable a lo largo y ancho del país.
El censo se lleva adelante mediante un formulario online, gratuito y voluntario, dirigido de manera exclusiva a los proveedores de productos y servicios de energía solar fotovoltaica. 
Pueden participar fabricantes de equipos, instaladores, importadores, capacitadores y distribuidores, aunque no está destinado a usuarios finales de la tecnología.
Desde INTI y Cader pidieron a medios, cámaras sectoriales y entidades relacionadas con las energías renovables que acompañen la difusión de la iniciativa, con el fin de garantizar la mayor participación posible de empresas y actores de la cadena de valor.
Las compañías interesadas pueden acceder al formulario en el sitio oficial: https://censofv.inti.gob.ar/.
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos ambientales

Fecha de Publicación: 25/08/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional

El presupuesto destinado a la deuda pública durante 2025 podría financiar 37 veces el total de las partidas ambientales. Y si el Gobierno así lo estableciera, la mayoría de este tipo de áreas podrían ser cubiertas con una pequeña parte del superávit fiscal, lo que pondría fin al ajuste en los principales organismos de protección ambiental en el país.
En lo que va del mandato de Javier Milei, el recorte en términos reales del presupuesto total entre 2023 y 2025 se estima en 26,5 por ciento. Sin embargo, la caída es desigual: nueve de las diez partidas ambientales se recortaron entre un 28,1 y un 83,2 por ciento.
La conclusión surge de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al analizar los recursos que destina la Casa Rosada a los organismos que se encargan de tareas tales como la limpieza del Riachuelo, la prevención y el combate de los incendios forestales, el cuidado de los parques nacionales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otras. Por segundo año consecutivo, la prórroga del Presupuesto dio al Gobierno un margen de maniobra inusual para modificar, reasignar o recortar partidas, en este caso, en perjuicio de las áreas de protección del ambiente, el clima y la biodiversidad, así como ya ocurrió en otros sectores sociales, publicó el portal de Infobae.
“Nosotros tenemos el Monitor del Presupuesto ambiental en Argentina, lo sacamos cada tres meses. Los niveles de asignación presupuestaria son bajos, pero lo que más alarma es la no ejecución. Estamos hablando de partidas y programas que se ejecutan el 5% en el año”, anticipó durante esta semana Andrés Nápoli, director de FARN, en diálogo con Infobae en vivo.

El Riachuelo, sin fondos
Según las estimaciones de la ONG ambientalista, el organismo que más sufrió la poda de recursos fue la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que se creó para el saneamiento de la cuenca contaminada desde hace décadas. El presupuesto destinado a este objetivo se desplomó en términos reales 83,2% respecto a 2023.
Los recortes coinciden con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar, el año pasado, la causa “Mendoza”. Es el proceso judicial que dio origen a Acumar, tras un reclamo de vecinos que sufrían los altos niveles de polución en la región. El último fallo cerró uno de los casos de jurisprudencia ambiental más emblemáticos de la historia del país.
En el primer semestre de 2025, el informe elaborado por el economista Matías Cena Trebucq estimó que las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo registraron la ejecución más baja de los últimos cinco años: apenas el 31,3% del presupuesto vigente fue utilizado ($28.451 millones sobre $90.967 millones). Si bien entre 2021 y 2023 la ejecución de estas partidas fue del 100%, en 2024 alcanzó apenas el 56,8 por ciento.
En el saneamiento de la cuenca del Riachuelo aún contaba con objetivos pendientes. Según FARN, apenas se pudo cumplir con el 42,5% de las soluciones habitacionales del Plan de Viviendas 2010, la cobertura de red cloacal de la cuenca Matanza-Riachuelo registra el 56,8%, y falta que el 25,9% de los establecimientos industriales declarados “Agentes Contaminantes” adecúen sus procesos productivos a los estándares ambientales.

Bosques nativos y Manejo del Fuego, en baja
En 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) volvió a carecer del financiamiento legalmente establecido por la Ley 26.331. La misión de esa “caja” otorga la facultad de realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, en iniciativas y medidas para fortalecer la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación.
Según FARN, las partidas para la protección de los bosques están integradas únicamente con aportes del presupuesto nacional, y no logra alcanzar el 0,3% estipulado. Tampoco se garantiza el cumplimiento del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias exigido por la norma. Así, durante la primera mitad de 2025, la estimación del FNECBN registró una ejecución de apenas el 10,1%, es decir, $1.009 millones sobre un total de $10.027 millones. Representa una caída de 77,8% en comparación a la ejecución de 2023, consignó el portal de Infobae.
Otro organismo clave es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el cuidado de los bosques. Recientemente, el personal especializado del sector se transfirió al ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Aquella decisión fue cuestionada por los especialistas en ambiente, ya que implica subordinar una mirada socioambiental a una lógica de control y de seguridad.
“La reestructuración del Fondo Manejo del Fuego, pasó de un fondo fiduciario a un fondo del Ministerio de Seguridad. Una cosa es tener un fondo fiduciario, que además mucha parte proviene del sector por el cobro de las primas de seguro, y otra cosa es que esté finalmente en un Ministerio, que lo puede manejar para muchas cosas. Lamentablemente, como se manejó en el último enfrentamiento en la Patagonia, se puso la plata cuando se prendió fuego”, ejemplificó Nápoli.
En concreto, el informe señala que el Servicio del Manejo del Fuego dispone, en 2025, de solo dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, pese a que 2024 registró la mayor cantidad de focos de incendio de los últimos ocho años. Se ejecutaron solo 22% de sus fondos disponibles ($7.739 millones sobre un total de $33.142 millones) correspondientes a Nación.
“En caso de que se utilicen la totalidad de los fondos destinados para este año, la ejecución reflejará una pérdida del 47,4% con respecto a 2023 y será el menor presupuesto de los últimos 4 años”, señala el reporte, elaborado por Trebucq.

La previsión climática y los parques nacionales
La Subsecretaría de Ambiente, que depende del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, en el último año fue afectada por renuncias, y una reducción real del 68,9% de su presupuesto frente a 2023. Otro organismo clave, como la Administración de Parques Nacionales (APN), sufrió una baja del 40,1%, de acuerdo a FARN.
Los cambios son también cualitativos en estos sectores de la administración pública. “Se flexibilizan los contratos laborales de brigadistas, profesionales y el personal administrativo, alcanzando apenas un mes de duración. Esto imposibilita una proyección estratégica para el cuidado del patrimonio natural del país”, apunta la ONG ambientalista.
Las partidas orientadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética, siempre según el informe de FARN, reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios asignados a empresas hidrocarburíferas. En este marco, los ambientalistas cuestionan que la expansión de la frontera hidrocarburífera offshore en Argentina avance sin licencia social en los territorios costeros, como en el Golfo San Matías, de Río Negro. Este impulso coincide con una disminución del 28,1% en términos reales del presupuesto para el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, resaltó el portal de Infobae.
Por otro lado, en relación al contexto de crisis climática, caracterizado, según el informe, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, el Servicio Meteorológico Nacional perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
En relación al contexto de crisis climática, caracterizado, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, coincide con el hecho de que Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
Más allá del ajuste, una de las conclusiones más llamativas del reporte apunta a que utilizando el 88,58% del superávit financiero acumulado en el primer semestre de 2025, equivalente a $2.741.572 millones, podría evitarse la reducción presupuestaria en áreas de alto impacto como el Funcionamiento Hospital Garrahan, el Desarrollo de la Educación Superior y todas las partidas ambientales, sin afectar el equilibrio fiscal. Aun después de esa reasignación, el Estado dispondría de un superávit de $353.514 millones, indican desde la ONG.
Pero incluso si este tipo de reajustes impactara a favor en las áreas ambientales, no parece probable que aquella decisión vaya a ocurrir. En más de una oportunidad, Javier Milei se declaró en contra de la “Agenda 2030″ y atribuyó a la mirada ambientalista sobre el cambio climático como parte de la cosmovisión “socialista”. En noviembre pasado, en coincidencia con el presidente norteamericano Donald Trump, el Gobierno retiró la delegación argentina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP 29), que se desarrolló en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
“No veo que la cuestión climática esté en discusión en ningún lado. Estamos desarmando nuestros compromisos internacionales, yendo para atrás”, lamentó Nápoli.
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Unas 40 especies nuevas: el fructífero saldo de la expedición bajo el mar

Fecha de Publicación: 22/08/2025
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


La campaña llamada se llevó a cabo en el cañón submarino Mar del Plata, Atlántico sur a profundidades que alcanzaron los 3.900 metros. Confirmar las nuevas especies llevará tiempo, ya que los científicos tendrán que compararlas con animales conocidos.
Luego de tres semanas de trabajo, se conocen los primeros balances del equipo de científicos que exploró las profundidades del océano Atlántico a la altura de Mar del Plata. 
A través del sitio web oficial del Conicet, se informó que culminó la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, una campaña realizada en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute. 
"La travesía se realizó a bordo del buque R/V Falkor (too), provisto con equipamiento oceanográfico de última generación, y exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico sur situada a 300 kilómetros de la costa de la ciudad, cuyo punto más profundo supera los 3500 metros", indicaron. 
En la oportunidad, destaca la comunicación, "se inauguró el uso en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental del vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras del océano profundo sin alterar el entorno". 
En ese sentido, la expedición permitió "describir decenas de nuevas especies y revelaron una diversidad inesperada en corales de aguas frías, moluscos, equinodermos, ascidias, crustáceos, peces de profundidad y sus parásitos". 

Hallazgos valorables
Al respecto, desde el Conicet explicaron que "el equipo científico documentó una rica biodiversidad, incluyendo arrecifes de coral a una profundidad de 1014 metros (más de media milla), compuestos por Bathelia candida, una especie de coral pétreo que forma hábitats". 
Y agregaron: "A 1500 metros de profundidad (casi una milla), encontraron un extenso campo de Anthomastus sp. rojo, un coral blando de aguas profundas. En total, los científicos sospechan que han descubierto más de cuarenta nuevas especies, entre las que se incluyen anémonas de mar, pepinos de mar, erizos de mar, caracoles, corales y crinoideos, entre otros". 
Dicho esto, aclararon que "confirmar las nuevas especies llevará tiempo, ya que los científicos tendrán que compararlas con animales conocidos".

A estudiar
Las muestras recogidas durante la expedición submarina fueron transportadas al MACN-CONICET, donde serán estudiadas.
“Ahora viene una etapa de trabajo de laboratorio y de computadora. En el caso de la taxonomía, por ejemplo, estamos reconociendo las especies nuevas y describiendo lo que vimos, revisando géneros, familias, literatura para hacer comparaciones, y esa etapa nos puede tomar meses o años”, explicó Daniel Lauretta, científico y jefe dela expedición.
“En cuanto a los primeros resultados de microplásticos y carbono azul, van a llevar al menos seis meses. Y lo que estimamos va a tomar más tiempo será analizar las doscientas horas de filmación que trajimos registradas”.
Equipo
El equipo multidisciplinario que participó se conformó por más de treinta científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del CONICET, incluyendo el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET) el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CONICET).
También del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET- UNMDP), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC).
Además, forman parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata.
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"La política marina será cada vez más parte de las preocupaciones"

Fecha de Publicación: 20/08/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Tras el final del vivo del Conicet en el Cañón de Mar del Plata, es momento de discutir qué más hay detrás del fondo del mar en términos políticos y sus utilidades. Estados Unidos y el extractivismo.
Alejandro Limpo González, antropólogo español graduado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Máster en Culturas Visuales Digitales por el Instituto Universitario de Lisboa, está realizando un doctorado en la Winchester School of Art que es parte del programa Intelligent Oceans de la Universidad de Southampton. En su investigación realizó trabajos de campo con grupos de oceanógrafos, biólogos marinos, ingenieros, programadores, activistas y expertos en teledetección, donde estudió las plataformas de sensorización y representacion de diferentes espacios acuáticos como los fondos marinos y la columna de agua, una sección vertical imaginaria de agua en el océano desde la superficie hasta el fondo objetivada como muestra de estudio.
Publicó sobre gobernanza ambiental-marítima, imagen y entornos computacionales, hizo estancias de investigación en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), en FAMU (República Checa) y en el grupo CareNet (UOC, Barcelona). En 2024 cofundó Deep Currents Collective, un grupo de investigación activista que dedicado a intervenir en la jurisprudencia de los fondos marinos a través del arte y la investigación.

--El boom del streaming del Conicet sobre las profundidades del mar argentino generó nuevas preguntas respecto del trasfondo de las aguas nacionales e internacionales. Los legos podemos ver el simple vista de ese fondo marino que se metió en nuestras casa. ¿Qué puede ver más en profundidad un experto como usted?
--Me gusta pensar que imagen, territorios y datos están íntimamente relacionados. Las imágenes traídas por el robot SuBastian del vivo del Conicet son un ejemplo excelente. Las imágenes de los organismos capturados del fondo marino argentino forman parte de un ecosistema visual de territorios y datos. Fotografiadas por primera vez, estas especies entraron al dominio de la taxonomía, se les da un nombre y forman parte de un catálogo visual, fotográfico y de base, atribuyéndoseles un lugar. La imagen del robot SuBastian está acompañada de otras tecnologías de sensorización como el láser a distancia para obtener medidas exactas de las imágenes. Así va incorporando datos como la temperatura, profundidad o concentración de sal en el agua. De esta forma se sabe que las especies de cada imagen aparecen a una cierta profundidad y temperatura, haciendo que la imagen participe de un ecosistema mayor. La imagen es una plataforma donde se ensamblan estos conocimientos en forma de límites territoriales o líneas de base ambiental. Entonces, las imágenes del fondo marino están atravesadas por esa tensión. Por un lado nos acercan a nuevas especies y territorios desconocidos. Por otro lado, en la medida en que estas sean la línea de base sobre la que avance el extractivismo de Estado o las corporaciones, estas pueden volverse un documento de la desaparición de esos mismos territorios. La imagen de YouTube también está en un ecosistema medial similar que nos observa. Esas imágenes miden nuestra atención, la plataforma aprende nuestro comportamiento y crea un territorio. Igual que el fondo del mar, las plataformas existen en los límites del Estado, en un espacio dedicado a la extracción.

--¿Cómo se pueden relacionar las investigaciones sobre el océano con la IA?
--La imagen es hoy más que nunca una superficie de conocimiento y un elemento clave en las plataformas que habilita esta pregunta por la IA. La IA al final son sistemas abstractos, matemáticos, que trabajan dentro de una infraestructura computacional, que consume muchísima energía y posee una geopolítica localizada en países específicos, con pocas compañías capaces de aplicar ese poder computacional sobre las imágenes para extraer conocimiento. ¿Qué pasa con estas imágenes cuando son pensadas para formar parte del modo en que conocemos el fondo marino? Más que una respuesta, me sugiere otra pregunta. Cuando decimos que hemos visto sólo el 0,001% del océano, ¿qué significa eso cuando las imágenes son producidas para ser vistas por máquinas? En este caso, el streaming de SuBastian es bastante excepcional porque saca al fondo marino del circuito, no es la forma de distribución habitual de las imágenes producidas por la ciencia o por compañías energéticas. El ensamble con la IA es complejo, porque YouTube no es menos plataforma que otras plataformas que extraen información de las imágenes. De entrada, creo que es útil pensar las imágenes del fondo marino dentro de esta otra “ecología de datos”, junto al laser o la mano robótica, acompañando la imagen e insertándola a ella y el fondo marino en un registro de operaciones de extracción (de patrones, atención, hidrocarburos, minerales).

--¿Por qué es importante discutir sobre el fondo marítimo en la política internacional? ¿En qué instituciones se dan los debates para regular el acceso al fondo marino en aguas internacionales?
--Es importante porque el fondo marítimo internacional es en gran medida un producto de la geopolítica del siglo XX y existe en tensión con sus instituciones y valores. El giro reciente de la administración Trump hacia la explotación mineral submarina de forma unilateral y en aguas internaciones hace saltar muchos de esos acuerdos internacionales. La historia reciente del fondo marino la podemos retrotraer a septiembre de 1945. El presidente estadounidense Truman declaró la necesidad mundial de nuevas fuentes de petróleo y otros minerales y el derecho de la expansión del Estado moderno sobre los fondos marinos de la placa continental. Es un impulso extractivista el que acelera esta expansión territorial por la que EE.UU. comienza a reclamar el subsuelo y los fondos marinos de sus costas. Desde entonces, la negociación de fronteras marítimas y submarinas fue y es una prioridad mundial en la que convergen geopolítica, derecho internacional y tecnociencia para mapear, explorar y delimitar estos territorios. En 1982, 160 estados establecieron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, conocida como la Copemar, que entró en vigor en 1994 y por la que los estados costeros reclamaron nuevas jurisdicciones territoriales en las profundidades oceánicas, transformando gran parte del mar en un territorio nacional. En el artículo 76 de la Copemar se estableció el criterio geológico para el derecho natural de los Estados a reclamar esos territorios, entendidos como una prolongación del territorio nacional. Argentina presentó su candidatura a la ONU para delimitar su plataforma continental en 2009 y se otorgó en 2016 la expansión de 350 millas (hasta el Cañón de Mar del Plata). Más de la mitad de los pedidos de expansión territorial están hoy irresueltos, por lo que el Fondo Marino Internacional también permanece en un estado virtual a nivel global. El concepto jurídico de la plataforma continental permite la expansión y justifica la exploración en el cañón del Mar del Plata a la vez que comprende las especies inorgánicas y sedentarias conectadas de forma directa o inerte al fondo marino de la misma entidad territorial. En 1994, cuando la Copemar también establece las 350 millas como máximo reclamable, los fondos marinos excedentes se declararon Patrimonio Común de la Humanidad. Además, la Copemar creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que al mismo tiempo debe proteger el patrimonio de la humanidad desde el límite virtual entre los territorios submarinos reclamados y los no reclamados, y además regular acceso, exploración y explotación de los minerales allí existentes y redistribuir sus beneficios.

--¿Hoy la política marina se sigue discutiendo allí? ¿Hay beneficiados y perjudicados o hay mayor equidad?
--Es una pregunta interesante. En las conversaciones que llevaron a la Copemar a establecer una autoridad para regular los fondos marinos --las conferencias Pacem in Maribus-- había un impulso de experimentación constitucionalista que se vio atravesado con anhelos de prosperidad económica y mecanismos internacionales de gestión y redistribución independientes, una demanda nacida de los procesos de descolonización de los 70’. Muchas de estas ideas quedaron luego plasmadas en esa negociación de lo que sería el Fondo Marino, pero como un espacio mayormente mineral, lo que limitó esa gran discusión y ambición constituyente donde se deseaba un régimen internacional para promover un orden equitativo y pacífico sobre el océano. Finalmente se redujo a una institución que tiene un doble mandato: proteger los fondos marinos y regular su explotación. La autoridad internacional de los fondos marinos quedó reducida en su ambición multilateralista y ambientalista, y acabó siendo una institución al servicio del capital y el extractivismo (en parte con la esperanza de que EE.UU ratificase la Copemar, lo que nunca sucedió). Hoy se debate en esa institución qué peso deben tener ambos mandatos y si pueden acompañarse en el contexto de la iniciativa unilateral estadounidense para la explotación de las aguas internacionales a través de una ley federal. Hoy seguimos viviendo con esas antiguas decisiones y con esta institución deficiente, pero con un espíritu aún recuperable: la soberanía compartida, la necesidad de instituciones nuevas para encontrar formas equitativas, y animarnos a pensar por fuera de un régimen extractivista. Hay otra forma de beneficiarnos con el fondo marino, sin la extracción ni el desmantelamiento de esos ecosistemas.

--¿Son los minerales el único beneficio del fondo marítimo? ¿O hay algo más que no tenemos en cuenta?
--Como se ve las imágenes del Rob Subastian y las transmisiones de streaming, el fondo marino no es un espacio vacío. Está habitado por animales y flora, pero también memorias, historias y un futuro que nos conciernen a todos. El fondo marino es algo más que la última frontera mineral, es el ancestro para muchas comunidades del Pacífico, o un lugar de memoria para afrodescendientes cuyos familiares fueron arrojados al fondo del Atlántico durante el tráfico de esclavos y en calidad de “espacios de memoria” puede guiar mecanismos de compensación y reparación. También podemos pensar en el equipo científico liderado por el escocés Sweetman y la hipótesis del "oxígeno negro" aparecida el año pasado. Sweetman hacía muestreos de nódulos polimetálicos para una minera y tras varios ensayos, su equipo concluyó que estas formaciones ricas en metales como manganeso, níquel y cobalto, generaban un diferencial de potencial eléctrico por el que se producía electrólisis en el mar, que separa el oxígeno del nitrógeno, sin necesidad de la luz. Esta hipótesis propone un origen diferente para el oxígeno en el mar, que solo se explicaba por la atmósfera, sosteniendo ahora que el oxígeno que consumen las especies del fondo marino estaría en la geología. El fondo marino puede cambiar nuestro entendimiento del mundo mineral desmontando la idea de que todo el oxígeno de la Tierra proviene de organismos fotosintéticos. Esta teoría afecta al origen de la vida en la Tierra. No me interesa tanto si esta hipótesis se confirma, sino que el fondo marino es capaz de hacernos hipotetizar sobre la vida en la Tierra, y esto tiene valor transcultural e intergeneracional que va más allá de la ciencia occidental actual. Todo eso tiene un valor cultural, que yace en ese espacio y en su capacidad de transformar la forma en que entendemos la vida, la historia, o las relaciones interespecies, y más allá de la reducción de lo mineral como aquello ajeno a la vida.

--¿Qué tan importante es el Conicet para la política marítima argentina?
--La palabra que más se escuchó este último mes ha sido soberanía, íntimamente ligada a la capacidad del Estado para proyectar su poder y su presencia. Aquí aparece el rol del Conicet en el mapeo de límites territoriales, que es un producto del conocimiento y de ciencia argentina. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Escopla) trabajó durante 15 años para demarcar el territorio de la plataforma y extender la soberanía del Estado argentino, experiencia que demuestra cómo el fondo marino no existe sin el ensamblaje de conocimientos jurídicos, legales, geológicos y orográficos. El Conicet contribuye literalmente a hacer a la Argentina más grande con el mapa bicontinental. Pero no creo que la contribución más importante de la ciencia argentina sea esa visión expansionista del Estado como mapeo de recursos y extensión de límites territoriales. La importancia del Conicet es que es una institución de los argentinos y argentinas en la que se puede hacer una agenda propia y plantear una relación de conocimiento con el fondo marino. Esta soberanía como relación de conocimiento no tiene que comulgar necesariamente con los valores del racionalismo, progreso infinito o la centralidad del ser humano y su bienestar como fin último. Nos podemos preguntar si la soberanía es también una ciencia. Y podemos permitirnos pensar un fondo marino que no esté desligado de la idiosincrasia, de las preocupaciones compartidas y las diversas formas culturales de ver el mundo. Eso también es soberanía y no termina en la biología marina, sino en todas las capas que constituyen un sistema científico nacional.

--¿Los gobiernos en general consideran al fondo marino una política de primer orden o de segundo orden?
--Es cada vez más una política de primer orden, por ejemplo, por la decisión unilateral de EE.UU. de lanzarse a la minería submarina de las aguas internacionales, o la agenda de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que ha sido también sumamente influenciada por intereses de algunas compañías mineras. Los gobiernos tienen que tomar decisiones en este contexto de expansión extractivista que dejan al Estado fundamentalmente como garante de los daños ecológicos, y sólo quizás, como beneficiario. No hay buenas expectativas sobre los beneficios económicos de la minería submarina si se consideran los enormes costos asociados a la extracción, los mecanismos distributivos de la Copemar que tendrían que aplicarse, o el hecho de que los precios del mineral no son suficientemente estables. Por último, esta serie de minerales para la anunciada transición energética deja dudas sobre el horizonte mismo de la “transición”, que no se desvía un ápice de los modelos extractivistas e imperialistas que nos han llevado a la necesidad transaccionar a formas más ecológicas, en primer lugar. Estos debates confirman que la política marina será, cada vez más, parte de las preocupaciones de todos y todas. 
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Patagonia: el 93% de los peces consumieron microplásticos

Fecha de Publicación: 19/08/2025
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Un estudio arrojó que los bagres blancos que viven en las cercanías de las costas de San Blas, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Río Negro consumen cantidades alarmantes de plástico.
En un trabajo inédito, que demandó casi seis años, científicos de tres universidades nacionales, detectaron el alcance de los microplásticos en una especie de pez que habita en el norte de la Patagonia, con muestras tomadas en una zona costera urbanizada y otra turística. El resultado fue que el 93% de los ejemplares de bragres blancos (Genidens barbus) contenían microplásticos –un promedio de 19 partículas en cada uno–, compuestos básicamente por fibras de entre 0,5 y 1,5 mm (probablemente de ropa y redes de pesca) y residuos plásticos de envases comida y bebida, derivados de la actividad humana, tanto en la costa como en los vertederos fluviales. 
La especie elegida es de relevancia pesquera, se la considera vulnerable y el resultado sería un indicio de lo que ocurre con otras variedades de fauna marina, según explicaron los autores.
El informe “Microplastics in vulnerable catfish: Baseline data from Northern Patagonia’s Genidens barbus”, fue publicado en la revista científica Regional Studies in Marine Science (ELSEVIER). Los datos indican que la incidencia de la contaminación supera en porcentaje por cada animal a los registrados en estuarios de Brasil, Reino Unido y España. “Los valores hallados son similares a los de América del Norte y África”, recalcaron.
Del estudio participaron las científicas de la Universidad Nacional del Sur Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini y Maialen Ardusso pertenecientes al grupo de investigación Grupo de investigación de química en ambientes de transición (IADO, CONICET/UNS); por la Universidad de Río Negro Aimé Funes y Andrea Tombari y por la Casa de estudios de Córdoba Fabio Malanca y Guido Rimondino.
“Estos hallazgos son alarmantes, ya que son un contaminante emergente con potenciales efectos negativos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La investigación también encontró una correlación clara entre la abundancia en los peces y en el entorno, lo que subraya la necesidad urgente de abordar este problema en la región. Para nosotras fue fundamental hacer esta investigación, por lo que implica llenar un vacío sobre el tema en el país y que a partir de los resultados se puedan diseñar estrategias de conservación adecuadas”, dijo Melisa Fernández Severini.
Las muestras fueron tomadas en diciembre de 2019 y marzo de 2020 en aguas del estuario de Río Negro (ubicada en dicha provincia) y en Bahía San Blas (del distrito de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires); ambos sectores conectan con el océano Atlántico. Por costa los separan 35 km y son contrastantes, por ser una urbana y la otra, con movimiento básicamente de pesca recreativa.
“Nuestra hipótesis era que los ejemplares del estuario, por ser un área más urbanizada, exhibiría mayor abundancia de este tipo de residuos que los de la Bahía. No obstante, eso no fue así, y en ambos casos los resultados fueron similares, lo cual indica la incidencia en todo el ecosistema marino del lugar”, destacan.
Los ejemplares fueron capturados por las investigadoras de la UNS y de Río Negro; en los laboratorios de esta última se extrajeron los órganos, en el IADO local (UNS- Conicet) se digirieron los estómagos y analizaron las muestras de microplásticos. En Córdoba, se analizaron los distintos tipos de polímeros.
Cada partícula fue clasificada según su forma, tamaño, color y material, siguiendo técnicas reconocidas internacionalmente para asegurar la validez de los datos.
Los bagres ingieren este tipo de fibras al confundirlas con alimento. Las partículas transparentes fueron las más comunes con un 39 %, seguidas del amarillo (13 %), el negro (12 %) y el azul (12 %).
“Dado que los peces son organismos móviles, el contenido de este tipo de elementos en su tracto digestivo puede servir como un indicador indirecto en tiempo real de los niveles ambientales. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales, una vía clave de liberación de microplásticos al medio ambiente, y promover mejores prácticas de gestión de residuos para mitigar la contaminación”, recalcan.
La caracterización química reveló celulosa (proveniente de papel y cartón), tereftalato de polietileno (conocido como PET, de envases de bebidas y alimentos, ropa y productos industriales), polipropileno (PP, usado en envases y elementos médicos), algodón-poliamida (conocido como nylon), poliacrílico (material plástico) y resina alquídica (usada para pinturas) y destacando como posibles fuentes las aguas residuales urbanas, en el caso del estuario de Río Negro, y las actividades pesqueras, en San Blas.
“Evaluar la exposición a esos restos tiene implicancias directas en la salud del ecosistema y en la seguridad alimentaria humana. La alta incidencia de contaminación evidencia la magnitud del problema, incluso en ambientes con bajo impacto urbano, y resalta la necesidad de mejorar la gestión de residuos y aguas residuales en zonas costeras”, indican.
Los microplásticos comprenden una mezcla heterogénea de partículas con diversas formas, desde esféricas hasta fibras alargadas, y varían en tamaño desde unas pocas micras hasta 5 milímetros.
Se ha documentado que más de 700 especies marinas los ingieren, incluidos bivalvos, cangrejos, mamíferos, tortugas marinas, aves y peces.
Con una captura pesquera marina mundial en crecimiento y un consumo de pescado per cápita de 20 kg/año, la exposición humana a través de animales contaminados es una preocupación creciente. 
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Barrick pidió un RIGI por US$ 400 millones: quiere ampliar la mina de oro Veladero

Fecha de Publicación: 16/08/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan


La multinacional canadiense Barrick Mining, ex Barrick Gold, presentó ante el Gobierno su pedido para entrar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de forma de blindar un desembolso de 400 millones de dólares para la ampliación de la mina de oro y plata Veladero, en San Juan.
Veladero, el principal complejo exportador de oro de la Argentina, proyecta ampliar su capacidad de producción en 1,6 millones de onzas equivalentes adicionales, con una inversión de capital cercana a los 400 millones de dólares entre 2025 y 2028.
Veladero, el mayor exportador de oro
La mina está ubicada en el departamento sanjuanino de Iglesia, al norte de la provincia, a entre 4.000 y 4.850 metros de altura sobre el nivel del mar. Comenzó su producción en 2005, hace 20 años, y desde entonces generó unos US$ 12.700 millones para la economía argentina en compras de bienes y servicios, salarios e impuestos, informó.
Según contaron fuentes de la empresa, de concretarse la extensión se generarían exportaciones nuevas por aproximadamente US$ 3.800 millones, con el pago del equivalente en pesos a unos US$ 200 millones en regalías provinciales a San Juan y el incremento de impuestos tributados en diferentes jurisdicciones.
El proyecto, anticipado por el portal El Pregón Minero, se centra en la construcción de nuevas fases, que añadirán 89,2 millones de toneladas de capacidad para apilar nuevo mineral para su procesamiento
Veladero es una mina a cielo abierto con leyes minerales de entre 0,55 a 0,77 gramos de oro por tonelada, y el año pasado exportó 504.000 onzas equivalentes, entre oro y plata.
El oro trepó recientemente hasta los US$ 3.400 por onza y lleva un aumento de casi 50% en los últimos dos años, lo que volvió a hacer rentables operaciones en distintas partes del país.
Clarín visitó recientemente Gualcamayo, también en San Juan, donde la empresa Minas Argentinas planea recuperar 340.000 onzas en los primeros cuatro años y después poner en marcha una nueva mina subterránea, con inversiones por US$ 665 millones.
La fiebre del oro también se seguirá alimentando colateralmente con el cobre. Vicuña Corp. anunció la semana pasada "la inversión extranjera más grande de la historia argentina", de unos US$ 15.000 millones, pero recién pediría el RIGI entre fin de este año y mediados de 2026.
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El dilema del plástico. Los argentinos consumimos 42,7 kilos por año y la mayoría termina en el mar 

Fecha de Publicación: 15/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Representantes de 184 países debatieron en Ginebra un acuerdo internacional para frenar la contaminación plástica; la Argentina mantiene una postura alineada con Estados Unidos
Durante diez días, representantes de 184 países se reunieron en Ginebra para consolidar el Tratado Global sobre Plásticos de la Organización de Naciones Unidas. Este es un acuerdo internacional que tiene como objetivo principal atender la sobreacumulación de plástico en el mundo, una de las tres crisis globales.
El tratado pretende convertirse en un eje rector vinculante para que todos los países adopten medidas urgentes para reducir la cantidad de residuos no solo por los impactos ambientales que supone, sino también por los riesgos que genera a la salud humana. Son cada vez más los estudios que no apuntan solo a los impactos a la biodiversidad, o la contaminación que hay detrás de los plásticos, sino también a su creciente presencia en el cuerpo humano.
En general, el documento contempla un enfoque de regulación del plástico en todo su ciclo de vida. En otras palabras, buscan implementar regulaciones en la producción, distribución y disposición final de los residuos. Dentro del documento, se plantea reducir y gestionar la producción y el consumo, mejorar el diseño de productos para la economía circular y minimizar las emisiones de microplásticos. También se pretende prohibir los vertidos abiertos y la quema de residuos, abordar la contaminación existente y promover la responsabilidad ampliada del productor, así como una transición justa para los trabajadores. 
Si bien existe un consenso entre países, científicos y los distintos sectores de la industria plástica en que es necesario consolidar este tratado, durante la plenaria afloraron tensiones difíciles de aliviar, vinculadas a la limitación de la producción de plástico y la prohibición de químicos de preocupación para la salud humana. Ayer se llamó a una sesión plenaria extraordinaria porque varios países siguen sin acordar la versión final del documento. Se espera que mañana se consolide, aunque de no haber consenso, podría posponerse a un próximo encuentro.
El gobierno argentino envió una delegación encabezada Eliana Ester Saissac, subsecretaría de Asuntos Ambientales de Cancillería, Juan José Galeano, director de Industria Sostenible, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, y Candela Nassi, responsable de Evaluación y Control Ambiental dentro de la Subsecretaría de Ambiente. LA NACION contactó a representantes de la Subsecretaría de Ambiente para conocer su posición, pero los voceros no dieron definiciones claras y advirtieron que todavía no había acuerdo sobre el documento. Según observadores de las negociaciones consultados, el país mantiene un perfil neutral en las negociaciones, aunque señalaron que “mantiene una postura cercana a Estados Unidos”.
Si bien durante la administración de Joe Biden, la potencia del norte había impulsado un primer y ambicioso plan para abordar el problema, quedó relegado tras la asunción de Donald Trump. A pesar de ello, Estados Unidos sigue participando de las negociaciones en este espacio y empuja para evitar limitar la producción de plástico. 
A pesar de ello, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, el libertario puntano Carlos D’Alessandro, confirmó que el Ejecutivo busca firmar el acuerdo, pero se opone a limitar la producción de plástico y de químicos de preocupación para la salud humana. En comparación a vecinos como Colombia y Costa Rica, la posición es flexible. “El Estado debe establecer reglas claras, simples y estables, pero no reemplazar la dinámica de innovación, inversión y mercado, que es la verdadera fuerza para resolver problemas como la sobreacumulación de plásticos”, advirtió en diálogo con LA NACION.
En línea con el gobierno nacional, D’Alessandro plantea que tanto el tratado internacional como cualquier legislación nacional debe plantear “medidas de regulación basadas en evidencia científica y no dogmas ideológicos, incentivos al desarrollo tecnológico en lugar de prohibiciones arbitrarias y responsabilidad del productor sin asfixiarlo con cargas burocráticas”, desglosó el diputado.
Hoy, son más de 100 los países, dentro de las discusiones del tratado, que impulsan regulaciones más estrictas a la producción y gestión del plástico. Desde la OCDE advirtieron que si el tratado se enfoca únicamente en mejorar la gestión de residuos y no aborda la producción, ni la demanda, se seguirían filtrando al medio ambiente unos 13,5 millones de toneladas de residuos plásticos cada año.
“Si va a haber un tratado, queremos que sea uno bueno y ambicioso. Si va a ser un documento solo para cumplir, mejor es no tenerlo. Lo que no queremos es que esto sea un Acuerdo de París”, advirtió María Esther Briz, bióloga y representante de la organización Gaia para América Latina y el Caribe. “Actualmente, tenemos una crisis de contaminación por plásticos. No solo cuando son residuos, sino desde la fase de extracción, durante la fabricación de los polímeros, el uso y el desecho”, añadió.
Para Jaquelina Tapia, representante argentina de la organización Salud sin Daño, la intención no es eliminar todos los plásticos del mundo. “Pero más de la mitad son fabricados para embalajes, o sea que se vuelven residuos rápidamente. Muchos forman parte de nuestra cotidianeidad”, describió.
Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), que representa a más de 2500 empresas vinculadas a la transformación del plástico, planteó que los plásticos llamados de un solo uso son aptos para estar en contacto con los alimentos. “Son monomateriales, por lo que son altamente reciclables”, añadió. “Estamos a favor de un tratado global sin prohibiciones. Sí regulaciones”, sintetizó Hilbrecht.

El plástico en la Argentina
Cada argentino consume 42,7 kilogramos de plástico por año. El país es el tercer mayor productor de plástico de la región, aunque se encuentra muy por debajo de Brasil y de México. Para 2019, la Argentina tenía el 10% de la capacidad instalada en América Latina, mientras que las otras dos potencias de la región sumaban, en conjunto, casi el 80%.
Su producción, en términos generales, ha crecido de forma consistente hasta el 2023, con la llegada de la administración libertaria, en la que presentó una caída, importación y exportación de materias primas plásticas. Así se presentó en el último Anuario Estadístico de la Industria Plástica, con datos del 2024.
En esa línea, casi la mitad de los plásticos usados por la industria son destinados a envases y embalajes, le siguen la construcción, después artículos eléctricos, la industria automotriz y finalmente artículos domésticos y decoración. Hilbrecht reconoció que el mayor caudal de plásticos se destina a los de un solo uso, aunque advirtió que estos son los que mayor capacidad de reciclaje tienen —un 9,3%—. Sin embargo, para Tapia la mejor solución no es solo el reciclaje, sino que no se genere el plástico en primer lugar.
“Ya partimos de un piso alto cuando hablamos de la cantidad de plásticos que tenemos. Pensemos que la mayoría tardan siglos en degradarse. Y si pensamos en el mal manejo que hace tanto Nación como las provincias, es lógico que terminen en el mar, o en vertederos a cielo abierto”, denunció Tapia.
Si bien hay ciertas regulaciones en materia de residuos, la legislación en torno a los plásticos es una gran deuda en la Argentina. Existen regulaciones al uso de ciertos aditivos peligrosos para la salud. También hay leyes que prohíben los microplásticos en cosméticos. Sin embargo, organizaciones como Salud Sin Daño o Taller Ecologista critican que las regulaciones son flexibles y es necesario prohibir componentes que afecten a la salud humana.
Estas organizaciones también señalan que hace falta una Ley de Envases que regule los plásticos más producidos y desechados. Estos, usualmente, terminan en vertederos, en ríos o incluso llegan al mar. En un mapa mundial, Global Plastic Watch identificó miles de tiraderos en los que sobre todo hay residuos plásticos. Con 912 registrados, América Latina y el Caribe concentra la mayor parte de ellos. 
La Argentina es el tercer país con más tiraderos de la región, concentrados en especial en el centro y noreste del territorio. Varios de ellos se encuentran cerca de ríos. Un estudio de 2021 publicado en la revista Science concluyó que más de 1000 ríos acarrean el 80% de los plásticos que llegan al océano.
Por las corrientes marinas, todos los residuos plásticos que terminan en el mar y que no decantan, se concentran en cinco grandes islas de basura que se distribuyen en todos los océanos del planeta. La más grande se encuentra sobre el Pacífico, entre América del Norte y el Este Asiático, y su extensión es tres veces el tamaño de Francia. Según el reporte de la revista Science, en 2019, la Argentina vertió 4137 toneladas de plástico al mar. 
En marzo pasado, D’Alessandro presentó ante la comisión que preside un proyecto de Ley de Envases en conjunto con representantes de la CAIP y de una fundación dedicada al reciclaje asociada a la industria llamada Ecoplas. Este proyecto apunta al reciclaje como eje central de acción frente a la crisis de los plásticos y descarta regulaciones productivas sobre la industria.
“Desde la industria impulsamos fuertemente la Ley de Envases propuesta por D’Alessandro, ya que entendemos que los plásticos no son residuos, sino recursos para una economía circular que abriría no solo oportunidades ambientales, sino también de desarrollo productivo”, planteó Verónica Ramos, directora Ecoplas. Otros proyectos de Ley de Envases, como el propuesto en 2023 por la diputada Natalia Zaracho (UP), se distancian de la visión libertaria, en especial en cuanto a los mecanismos de financiamiento, el rol de los trabajadores recicladores y autoridades de aplicación. Ninguna busca limitar la producción, tampoco los químicos de preocupación.

Los dilemas del plástico
En diferentes tipos y formas, los plásticos son tan esenciales para la vida contemporánea como lo es la luz eléctrica. Si nos detenemos un momento y observamos a nuestro alrededor, podemos encontrarlo en casi cualquier rincón al que enfoquemos: en nuestro celular o en la botella de agua que tenemos sobre la mesa. Existen también pequeñas partículas de plástico suspendidas en el aire y también dentro de nuestro cerebro, riñones, hígado y sangre. Estudios científicos recientes han hallado plástico incluso en la leche materna.
Es una situación dual, pues el plástico se usa en casi cualquier actividad, abarata costos de producción y ha posibilitado el desarrollo de tecnologías para todo tipo de industria. Sin embargo, como residuo es uno de los mayores problemas globales no solo por la contaminación que supone al ambiente, sino por los riesgos a la salud humana.
A partir de 1950 la producción de plástico comenzó a expandirse. Entre los 80 y el 2020 pasó de 70 millones de toneladas a un aproximado de 460 millones de toneladas, según datos de la OCDE. Y la tendencia crece de manera exponencial. Las proyecciones apuntan a que sería más del doble para 2050. El manejo de residuos sólidos como los plásticos ha sido un flagelo para casi todos los países del mundo y el reciclaje de los plásticos es mínimo a nivel global.
Para Michelle Reyes, médica familiar en Filipinas y representante de Salud sin Daño para el sudeste asiático, todavía no se conocen con certeza los efectos de los microplásticos en el cuerpo. Sin embargo, los reportes publicados apuntan a que el cuerpo puede desarrollar enfermedades asociadas al sistema inmunológico y al cardiaco. “Tenemos que regularlos, tener reglas claras e información suficiente para desarrollar políticas que nos alejen de los daños nocivos”, concluyó.
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