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Libertarios presentaron una ley de biocombustibles

 


Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para impulsar el uso de biocombustibles

Fecha de Publicación
: 21/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Diputados nacionales de La Libertad Avanza presentaron un nuevo proyecto de ley para establecer un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. Este trabajo se suma al que ya presentó recientemente "La Liga Bioenergética".
El objetivo es modificar la actual Ley de Biocombustible (Ley 27.640), que fue impulsada por Máximo Kirchner y que rige por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2030.
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Lorena Villaverde, pero también lleva la firma de Facundo Correa Llano, César Treffinger, Alberto Arancibia Rodríguez, Julio Moreno, Florencia Klipauka Lewtak, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Nadia Márquez, Carlos D’Alessandro, Gabriel Bornoroni, José Peluc, Álvaro Martínez y Beltrán Benedit.
El trabajo establece el marco regulatorio de los biocombustibles, abarcando elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo.
Y define los objetivos de la política nacional en biocombustibles: Protección de los derechos de los consumidores; Promoción de mercados competitivos y eficientes; Cumplimiento de normas de calidad; Seguridad en instalaciones; Incentivo a inversiones y empleo; Desarrollo tecnológico y transición energética sostenible.
En tanto, la autoridad de aplicación impulsará programas para la utilización de biocombustibles en todos los sectores de la economía, con especial atención en la movilidad sostenible en todos los segmentos del transporte.
Entre los puntos más importantes, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
En otro punto, establece una suba del corte obligatorio tanto en biodiésel y de bioetanol a partir del 2027: 10% y 15%, respectivamente. Y la autoridad de aplicación podrá modificar el porcentaje obligatorio "cuando lo considere conveniente" en función de asegurar el abastecimiento de la demanda y/o por razones ambientales, técnicas, geográficas, de balanza comercial, o ante situaciones de verificada escasez de bioetanol por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado interno.
Con respecto al biodiésel, a partir de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026 podrán comercializar las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales. Y los volúmenes correspondientes al corte obligatorio del 2,5%, serán negociados libremente. Luego, a partir de 2027, irá en aumento año tras año la comercialización libre hasta llegar al total del cupo (10%) en 2031.
En el caso del bioetanol, a partir de 2025 y hasta 2026 será el 6% será para los productores de caña de azúcar y el otro 6% para los productores de maíz. A partir el 2027, fecha que se aumenta el corte al 15%, el 3% extra serán negociados libremente. Y a partir de 2031, el total será libre.
"La adquisición de las cantidades de biodiésel para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con gasoil y/o diésel oil, y de los volúmenes de bioetanol para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con la nafta deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas, a los precios que pacten libremente con las empresas elaboradoras habilitadas", agregó el proyecto.
Con respecto a la exportación, el trabajo aclaró que "el comercio internacional de biocombustibles será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los biocombustibles".
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Cofema contra el retiro de la COP de clima

 


Provincias rechazan retiro de Argentina de la Convención de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Nacional


Las provincias que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) rechazaron la reciente e intempestiva decisión del presidente Javier Milei de ordenar el retiro de la delegación argentina de la COP29, la cumbre mundial sobre cambio climático organizada por la ONU.
En la última asamblea extraordinaria del Cofema, realizada el viernes, La Pampa propuso el tratamiento de este tema. A través de su representante, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Vanina Basso, se logró incluir este item en el temario.
A raíz de ello, se discutió y aprobó la Resolución N°550/2024, que expresa un enérgico rechazo de las provincias a esta medida unilateral que “margina al país de un espacio clave en las negociaciones climáticas internacionales, poniendo en evidencia que la decisión presidencial no responde a una estrategia consensuada ni a los intereses federales”, en palabras de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La resolución del consejo destaca que “la ausencia de Argentina no solo limita su capacidad de influir en las decisiones globales sobre cambio climático, sino que también afecta directamente a las provincias, que dependen de estos foros para acceder a mecanismos de financiamiento climático y apoyo técnico para enfrentar los desafíos ambientales”.
“El Cofema demostró así que el compromiso ambiental no puede quedar supeditado a las decisiones de una administración central que actúe en contra de los intereses federales. En su lugar, reafirmó la necesidad de una estrategia coordinada que permita a los gobiernos subnacionales mantenerse como actores relevantes en el ámbito internacional, en defensa de sus territorios y del bienestar de sus comunidades”, sostuvieron desde la cartera pampeana de Ambiente.

Implicancias.
Una delegación argentina, con funcionarios de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, había viajado a la cumbre climática de la ONU que se desarrolla desde el lunes en Bakú, Azerbaiyán. Pero el miércoles recibieron la orden de suspender su agenda y regresar a Buenos Aires de manera inmediata.
La decisión generó rechazo en diversas esferas políticas y sociales nacionales e internacionales, y el distanciamiento del país de las negociaciones climáticas globales, “pone en jaque no solo la posición internacional de Argentina, sino también los intereses y necesidades de las provincias, de que enfrentan desafíos directos debido al cambio climático”, consideraron.
“La COP, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un espacio esencial para coordinar acciones frente a la crisis climática”, sostuvieron desde el Cofema. “La ausencia argentina en Bakú, limita gravemente nuestra capacidad de influir en decisiones globales clave y perjudica las posibilidades de acceso a recursos fundamentales”.
Sostuvieron que no solo las negociaciones se ven afectadas, sino también la percepción internacional del país como socio confiable en la lucha contra el cambio climático: “En un contexto donde países como Brasil y Chile refuerzan su presencia, el vacío dejado por Argentina es evidente y preocupante”.
La cartera ambiental pampeana resaltó que las acciones climáticas en las provincias “necesitan respaldo en el ámbito internacional, donde las negociaciones multilaterales definen estrategias y mecanismos de financiamiento”. “Esta decisión de Milei envía un mensaje equivocado al mundo y a las provincias que dependen de estas instancias para promover soluciones frente a los impactos del cambio climático. Es imperativo que el Gobierno nacional garantice la participación en futuras cumbres. Mientras tanto, las provincias como La Pampa demuestran que el compromiso ambiental no debe depender de la visión unilateral de un gobierno nacional, sino de un esfuerzo conjunto que articule los niveles subnacionales”, concluyeron.
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Argentina evalúa abandonar el Acuerdo de París

 


Argentina evalúa abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático

Fecha de Publicación
: 18/11/2024
Fuente: The New York Times
Provincia/Región: Nacional


El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del acuerdo climático que busca frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: Donald Trump.
El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: el expresidente Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.
El país sudamericano está considerando abandonar el acuerdo de 2015 como parte de una amplia reevaluación de sus políticas climáticas, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
La revisión por parte de Argentina del histórico acuerdo climático se produce cuando el mundo se prepara para una prevista segunda retirada de los acuerdos por parte del presidente electo Donald Trump. Si Milei también abandona el acuerdo, a algunos les preocupa que pueda desencadenar un efecto dominó, impulsando a otros países a reconsiderar su propia participación.
El país aún no ha tomado una decisión sobre si abandonará los acuerdos, según el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Pero está reconsiderando su participación en un acuerdo que “tiene un montón de cosas” con las que el gobierno de Milei no está de acuerdo.
“Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los temas relacionados con el cambio climático”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Hasta ahora no tomamos ninguna otra decisión más que desensillar hasta que aclare”.
Un día antes, Milei retiró inesperadamente a la delegación argentina de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, que este año se celebra en Bakú, Azerbaiyán, y se conoce como COP29 este año. En el pasado, Milei, un libertario de derecha, ha calificado la crisis climática de “mentira del socialismo”.
Cuando se le preguntó por qué la delegación había interrumpido su participación, Werthein dijo que, aunque el gobierno de Argentina no niega la existencia del cambio climático, el debate sobre las causas del calentamiento era “un tema filosófico”.
“Tenemos divergencia de las razones”, dijo. “Consideramos que está vinculado a ciclos naturales y coincidimos con la necesidad de tomar medidas para mitigarlo”.
“Decidimos retirar nuestra delegación y reevaluar nuestra posición, nada más”, añadió. “Creo que es un derecho soberano”.
La retirada de Argentina del acuerdo sobre el clima asestaría un duro golpe al histórico Acuerdo de París en un momento crucial de la lucha mundial para contener el cambio climático.
Las investigaciones demuestran que la Tierra ya se ha calentado, principalmente debido a la quema de carbón, petróleo y gas para producir energía, y que la última década ha sido la más calurosa jamás registrada.
Las Naciones Unidas han advertido de que los países deben reducir sus emisiones en un 42 por ciento para 2030 y en un 57 por ciento para 2035 para evitar que las temperaturas aumenten 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin estas reducciones, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de 2,6 a 3,1 grados centígrados a lo largo de este siglo, lo que dificultará que las sociedades puedan hacer frente a la situación.
Estados Unidos es la única nación que se ha retirado del Acuerdo de París, adoptado por 196 naciones en 2015 para ayudar a alcanzar esos objetivos.
Cuando el entonces presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, ningún otro país siguió su ejemplo. Y, en 2021, el presidente Biden se reincorporó al acuerdo y amplió los compromisos de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático y reducir sus emisiones.
Pero Trump ha prometido ir en dirección contraria cuando vuelva a asumir el cargo. Ha prometido “perforar, perforar, perforar” en busca de petróleo y gas, y retirar de nuevo a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París.
La coincidencia de tono entre Milei y Trump no es una sorpresa.
El presidente argentino ha expresado con frecuencia su admiración por Trump y ha vitoreado su victoria electoral en las redes sociales, publicando imágenes generadas por IA de sí mismo junto al presidente electo. “Haz que América vuelva a ser grande”, dijo Milei. “Puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea”.
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El cambio climático ya afecta la salud en la Argentina

 


Dos amenazas: el cambio climático ya afecta la salud en la Argentina, según un informe de expertos internacionales

Fecha de Publicación
: 16/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


The Lancet Countdown, que reúne a 122 especialistas de 57 instituciones, expuso las devastadoras consecuencias del calentamiento global en América Latina; las variables que impactan en el país
En su edición de octubre de 2024, The Lancet Countdown, una iniciativa internacional de monitoreo del cambio climático y sus efectos en la salud, reveló que la Argentina enfrenta graves amenazas de salud pública debido a la crisis climática, con un incremento en enfermedades como el dengue y una marcada escasez de agua potable por sequías prolongadas.
En el informe, elaborado por 122 expertos de 57 instituciones y publicado antes de la COP29, se propone una reorientación de los recursos de combustibles fósiles hacia energías limpias como medida clave para mitigar el impacto de la crisis climática.
El cambio climático, provocado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, representa hoy una amenaza concreta y urgente para la salud humana, y la Argentina no es la excepción. En el último reporte de The Lancet Countdown, que contó con la colaboración de instituciones académicas y organismos de las Naciones Unidas, se detallan dos de los principales efectos climáticos que impactaron a la región de América Latina durante 2023: el alarmante aumento en los casos de dengue y las intensas sequías que afectaron a Brasil, Argentina y Uruguay.
Según el informe, en la Argentina la falta de agua potable y el aumento de enfermedades como el dengue son consecuencias directas de los cambios inducidos por el ser humano en el ambiente. Estas condiciones fueron exacerbadas por fenómenos climáticos extremos que están afectando la salud pública y las economías locales. Los expertos señalan que en países como el nuestro, donde el dengue ya representaba un problema de salud pública, las condiciones climáticas cada vez más calurosas y húmedas favorecieron el crecimiento de la población de mosquitos Aedes aegypti, responsables de la transmisión del virus. Durante 2024, los casos de dengue en América Latina aumentaron en un 215% en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
La incidencia del dengue en la Argentina, que en décadas anteriores era ocasional, se convirtió en una preocupación endémica en muchas provincias. A medida que la temperatura promedio sube, el ciclo de vida del mosquito se acelera, lo que incrementa las posibilidades de transmisión y brotes en las áreas urbanas, donde las condiciones de infraestructura y el acceso al agua potable son limitados. Las autoridades de salud pública, por su parte, se enfrentan al desafío de adaptar las políticas de control vectorial a una situación que evoluciona rápidamente y que está profundamente influenciada por los cambios climáticos globales.
El segundo gran impacto climático reportado en la Argentina es la sequía. Durante 2023 y 2024, el país experimentó una de las sequías más severas de las últimas décadas, con una disminución drástica en los niveles de precipitación que afectó al sector agrícola, principal motor económico del país. El informe estima que la producción de cereales cayó en un 15%, un golpe devastador para una nación que depende en gran medida de la exportación de productos agrícolas. La sequía afecta también la disponibilidad de agua potable, lo que derivó en problemas de salud relacionados con la deshidratación y la exposición a fuentes de agua contaminada. En Uruguay, una situación similar causó escasez de agua en diversas regiones, un fenómeno que también comienza a manifestarse en el noreste de nuestro país.
Los efectos sobre la salud de la población son múltiples y preocupantes. La falta de acceso a agua potable incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. Además, los expertos de The Lancet Countdown subrayan que la exposición prolongada a situaciones de estrés hídrico afecta también la salud mental de las personas, especialmente en poblaciones rurales y en pequeños agricultores, quienes son los más vulnerables a las fluctuaciones de los recursos naturales. Yasna Palmeiro Silva, coautora del reporte, explicó que el fenómeno de la sequía en América Latina se debe tanto al sobreuso humano del agua como a las variaciones climáticas, agravadas por la actividad humana.
En términos económicos, el impacto de la crisis climática en la salud pública también acarrea grandes costos. The Lancet Countdown estima que, para 2050, los países que experimentan fenómenos climáticos extremos podrían enfrentar una reducción significativa en su producto bruto interno debido a la pérdida de productividad laboral. En la Argentina, la sequía prolongada y las altas temperaturas ya comenzaron a afectar la capacidad de los trabajadores en sectores como la agricultura y la construcción, generando pérdidas en productividad y acentuando las desigualdades socioeconómicas en el país. La exposición a temperaturas elevadas aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, lo que a la vez incrementa los costos en el sistema de salud, sobrecargando los recursos médicos en las áreas más afectadas.

Recomendaciones
Frente a este panorama, los expertos de The Lancet Countdown plantean una serie de recomendaciones y propuestas que buscan mitigar los efectos del cambio climático en la salud. Una de las propuestas centrales del reporte es la reorientación de los fondos actualmente destinados a la industria de los combustibles fósiles hacia el desarrollo de energías limpias y sostenibles. Los autores destacan que esta transición hacia una economía de emisiones netas cero no solo beneficiaría la salud de la población al reducir la exposición a contaminantes, sino que también impulsaría la economía global al crear empleos en el sector de energías renovables. En la COP29, que se desarrolla este mes en Bakú, se espera que los líderes internacionales discutan el destino de los fondos para combatir la crisis climática, con un enfoque en la salud y el bienestar globales.
El financiamiento de una transición justa es un punto clave en el informe, que insta a las naciones a cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y a acelerar la adopción de políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la Argentina, los subsidios a combustibles fósiles continúan siendo una herramienta de control de precios, pero al mismo tiempo limitan el avance hacia energías más limpias. El informe sugiere que una transición hacia energías renovables podría reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias, beneficiando a la población y al sistema de salud.
La Argentina, en particular, enfrenta un verano con proyecciones de calor extremo y pocas precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que el impacto directo de estas condiciones se manifieste en una mayor demanda de energía y agua, y en un aumento en los casos de enfermedades relacionadas con el calor y la deshidratación. Expertos en salud ambiental señalan que estos eventos se volverán más frecuentes y severos si no se toman medidas urgentes para mitigar los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas no solo elevan el riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, sino que también pueden agravar problemas de salud mental, como el estrés y la ansiedad, en una población cada vez más expuesta a condiciones extremas.
El informe concluye que el cambio climático y la salud pública son temas interrelacionados y que la inacción en la primera área tendrá repercusiones devastadoras en la segunda. La directora ejecutiva de The Lancet Countdown, Marina Romanello, afirmó que la falta de acción climática ya está causando impactos visibles y que los recursos financieros que continúan fluyendo hacia la industria de los combustibles fósiles son una oportunidad desperdiciada. “La inversión en energía limpia y en medidas de eficiencia energética no solo protegería la salud de millones, sino que contribuiría a construir un futuro más equitativo y sostenible”, señaló Romanello.
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Por orden de Milei, Argentina no particpará de la COP29

 


Javier Milei ordenó retirar a la misión argentina de la cumbre de cambio climático

Fecha de Publicación
: 14/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La ya disminuida delegación argentina que participaba esta semana en Azerbaiyán de la conferencia de lucha contra el cambio climático y sus efectos, conocida como la COP 29, se retiró de las sesiones por orden del gobierno de Javier Milei afirman otros participantes de la misma.
El Presidente tiene una posición contra las políticas de lucha contra el cambio climático similares a Donald Trump, a quien va a ver entre este jueves y viernes, en Florida, Estados Unidos.
A diferencia de la administración demócrata, del saliente presidente Joe Biden, Trump amenaza nuevamente con salirse del todo del acuerdo de París.
El martes Clarín preguntó en el Ministerio De Turismo y Deporte que comanda Daniel Scioli por qué ellos habían enviado una delegación y no la Cancillería, como en otros años. Como no hay ministerio de medio ambiente, la presencia argentina fue dudosa. A los diplomáticos se les había prohibido participar.
"La representación de la Subsecretaría de Ambiente estaba dada por técnicos que viajaron porque a fin de año hay que presentar el Informe de Transparencia y iban a tomar unas capacitaciones para ver cómo llevar a cabo este trabajo", dijeron en Buenos Aires las fuentes consultadas sobre por qué había tan escasa presencia.
"Los equipos técnicos van a ilustrarse sobre el modo de llevar a cabo estos informes, reportes y presentaciones que hay que hacer ante la Convención, en cumplimiento de los compromisos internacionales que tomó la Argentina", agregaron.
Ahora, hasta esa pequeña delegación se levantó para "no entorpecer las negociaciones y las decisiones con las que no están de acuerdo". En el encuentro también se vio a Mariángeles Bellusci, embajadora argentina en Azerbaiyán.
Y también Cancillería envió a sus técnicos. Se los vio en el Estadio Olímpico donde se desarrolla la Cumbre. Tal vez, para no arriesgar su puesto exageraron con el hermetismo, tanto en los pasillos como en las negociaciones en acuerdos en los que Argentina tiene mucho para ganar, ya que es uno de los países que puede recibir fondos millonarios para acelerar la incorporación de energías renovables o enfrentar pérdidas ocasionadas por las catástrofes climáticas.
La delegación de Cancillería fue de cuatro personas bajo la batuta de Luciana Alonso. Es un área que ha quedado desmantelada cuando desplazaron junto a Diana Mondino a la máxima experta en estos temas, Marcia Levaggi. Su sucesora, Corina Lehman, prefirió no asistir y envió a Alonso en lo que muchos leen como otra contradicción: ir a un foro para no estar.
La Cumbre cobija a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y en tiempos de Mondino se los había convocado a una reunión el último septiembre para definir una postura.
Es curioso nadie del Gobierno nacional se preocupó por llamar a los representantes de las provincias, a las ONG, miembros sindicales, de la Iglesia y consultores rompiendo una larga tradición.
Ni siquiera la embajadora, María Ángeles Bellusci, abrió las puertas de su residencia y tampoco se la pudo ubicar en las reuniones. Hoy se supo el motivo con el retiro de la delegación.
Pero no hay más que darse una vuelta por los pabellones para darse cuenta de la ausencia argentina. Brasil descolla en su stand con permanentes debates y hasta Chile se luce junto a Islandia.
Las negociaciones suceden de manera permanente en un área especial en el primer piso del Estadio. Son 159 países que se han dividido en bloques. Argentina juega en dos. Uno es el grupo de los 77 más China que expresa a los países en desarrollo. El otro es el Grupo Sur junto a Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador.
Por cierto, la decisión de retirar a los enviados argentinos causó conmoción en los dos grupos de negociaciones en los que participa la Argentina: el grupo sur con Brasil, Uruguay y Paraguay y el G77 más China.
La delegación no pudo ingresar esta mañana siquiera al estadio olímpico donde se desarrolla la cumbre, ya que esperaban una orden desde Buenos Aires.
Argentina no puede retirarse del Acuerdo de París que firmó en 2015 y fue ratificado por el Congreso en 2016 El trámite de retiro de la COP 29 lleva un año.
Incluso se dice en Bakú que cuando Trump se retiró del acuerdo de París en 2016 dejó de manera permanente a los negociadores de EE.UU.
Hay quienes relacionan esta drástica decisión de Milei con la llegada de Emmanuel Macron a Buenos Aires en una señal intempestiva ante el francés que es uno de los líderes globales en la lucha contra el cambio climático.
Y no deja de llamar la atención ya que en el comunicado oficial sobre la posición argentina ante esta Cumbre se indica que el país seguirá adelante con las mediciones sobre las emisiones que produce, uno de los compromisos del Acuerdo de París.
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Argentina vuelve a dar la nota, ahora en la cumbre climática

 


Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas

Fecha de Publicación
: 12/11/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación en ese organismo desde que Gerardo Werthein asumió como embajador
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El Presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo. El diplomático está por estas horas en Buenos Aires contribuyendo con el canciller en la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en ONU es Fabian Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
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Nación no quiere la ley de Biocombustibles impulsada

 


El Gobierno no quiere la ley que impulsan las provincias y prepara una propia

Fecha de Publicación
: 11/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Daniel González, exCEO de YPF y hombre de confianza de Luis Caputo en cuestiones energéticas, propone desregular más el mercado de lo que prevé la iniciativa provincial.
El proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por provincias productoras de biodiesel y bioetanol pierde fuerza en el Congreso, mientras que el gobierno trabaja en una propuesta alternativa más desreguladora.
Este enfoque, liderado por Daniel González, exCEO de YPF, busca mayor consenso e incluye consultas con petroleras, fabricantes de autos y productores de biocombustibles. La reciente designación de María Carmen Tettamanti en la Secretaría de Energía añade desafíos, ya que las provincias habían negociado con el funcionario anterior. La postura del gobierno podría afectar a las empresas no integradas a grandes aceiteras, favorecidas en el proyecto provincial.

¿Oportunidad perdida?
Tras un primer intento fallido de eliminar las regulaciones del mercado de biocombustibles, las "provincias bio", lideradas por Santa Fe, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que equilibrara los intereses de todos los sectores, introduciendo reformas para abrir la competencia. A pesar de las tensiones internas entre fábricas integradas y no integradas a aceiteras, y entre productores y petroleras, se logró consenso en que la nueva propuesta era mejor que la actual.
Sin embargo, las demoras en el Congreso provocaron divisiones. Las grandes aceiteras, que inicialmente decidieron no criticar el proyecto, comenzaron a rechazarlo públicamente, alegando que no incentivaba la competencia ni nuevas inversiones. Por su parte, las petroleras, que podrían ingresar al mercado solo si la demanda aumenta considerablemente, empezaron a reactivar su lobby contra el proyecto, que no favorece una liberalización total del mercado.

Batalla de fondo
La normativa impulsada durante el kirchnerismo asignó a las aceiteras internacionales el mercado de exportación y a las empresas nacionales no integradas a aceiteras el mercado interno, con cupos y precios fijados por el Estado. Inicialmente, esta ley favoreció la inversión en grandes plantas y creó una red de empresas nacionales, pero con el segundo mandato de Cristina Kirchner surgieron problemas, como la restricción de exportaciones y la congelación de precios.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que no se concretaron, y el gobierno de Alberto Fernández modificó la ley para reducir el corte obligatorio, cediendo a las demandas de las petroleras. El gobierno de Javier Milei intentó desregular el mercado, pero fracasó. Ahora, las provincias han propuesto un nuevo proyecto que busca un consenso entre los sectores, aunque aún sin avances legislativos significativos. El gobierno actual sigue promoviendo una nueva ley más liberalizadora del mercado.
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Masacre de Punta Tombo: es declarado culpable el productor

 


Punta Tombo: "Un hito para la justicia ambiental"

Fecha de Publicación
: 09/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Chubut


Un tribunal declaró culpable al empresario Ricardo La Regina por "daño agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal". Las repercusiones.
El juicio oral y público contra el productor había comenzado el pasado 28 de octubre y las imágenes que se habían difundido de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron tal conmoción en la ciudadanía que el caso llegó a tener repercusión internacional.
“Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino que era un crimen contra la naturaleza”, indicó Micheloud al salir del tribunal.
Además, el abogado agregó: “Es un fallo que genera un gran precedente y un punto de inflexión a la impunidad. La historia de Argentina es la historia de la impunidad ambiental donde los grandes poderosos siempre han evadido las condenas y el veredicto histórico de hoy nos permite pensar que empieza una nueva página en nuestro país para consolidar la justicia ecológica”.
De acuerdo a la investigación corroborada en el juicio, entre agosto y diciembre del 2021, La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización y decidió instalar un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo. En medio de su aventura especulativa para delimitar las fronteras de su campo, no tuvo en consideración que el mismo limitaba con una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, área protegida donde habitaba la especie hace décadas. Así es como avanzó sobre 175 nidos, provocando la muerte de más de un centenar de pingüinos y huevos, el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie.
El productor siguió en forma virtual la lectura del veredicto del tribunal, aunque contó con la presencia de un abogado defensor en la sala. Allí, el tribunal halló culpable a La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medioambiente, la biodidiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido. Ahora, queda pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena, que se conocerá el lunes 11 de noviembre.
“Este caso es un hito para la justicia ambiental, constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas ambientales y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”, dijo a Página 12 Matias Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, biólogo y experto en conservación de biodiversidad.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y personal de la Fiscalía de Rawson, y se sumaron como querellantes el Estado provincial, Greenpeace, la fundación Patagonia Natural, National Geographic, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, con el objetivo de que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, Gómez y los querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”. “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, indicó.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad", consignó Gomez, y añadió que el caso marcara "un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde".
Al conocer el veredicto, Arrigazzi afirmó: “El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita. En el alegato de cierre, la defensa dijo que ellos no creían que se hubiera hecho un daño, pero de haberse provocado fue en propiedad privada. Bueno, los jueces acaban de decir que no, que un pingüino no es propiedad privada, que un nido no es propiedad privada y que la vegetación desmontada para abrir un camino, tampoco lo es”.
La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Esta se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, a 110 km de la ciudad de Rawson. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo sufrió los impactos de la actividad humana en tierra, sino que además está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Además de la llamada “masacre de los pingüinos", el biólogo advirtió que un punto clave del veredicto fue que se demostró no solo el daño a los pingüinos, sino que a un ecosistema entero. “Hablamos del pingüino porque fue la especie más afectada y llama la atención porque es un animal súper carismático, pero una acción tan grave como esta rompe el equilibrio de un ecosistema completo y tiene consecuencias mucho más complejas”, explicó Arrigazzi y ejemplificó: “El desmonte de una zona árida hace que sea muy difícil recuperar las capacidades del suelo, que sin vegetación no absorben el agua y pueden generar inundaciones en las áreas colindantes”.
Para Micheloud, este es un fallo que trasciende a la provincia de Chubut y tiene impacto en todo el país y la región. El abogado ambientalista afirmó: “Seguiremos la causa si hay instancias posteriores y defenderemos esta valiosísima sentencia. Nuestro objetivo es continuar con la lucha socioambiental, poniéndole voces a los que no tienen, cómo a los animales no humanos que son verdaderos sujetos de derechos, y defendiendo los bienes comunes, a las comunidades y a sus territorios”.
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Buenos Aires va a la Corte por el fondo de bosques

 


La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación
: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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Entre Ríos ya discute en el Senado la nueva ley de agroquímicos

 


Senadores comenzaron el análisis del proyecto sobre agroquímicos

Fecha de Publicación: 07/11/2024
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional


Fue una reunión conjunta entre las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción. Se habló de la necesidad de contar con una herramienta legislativa para reemplazar una ley de 1980 y que no está a la altura de los cambios actuales en el marco de las actividades relacionadas a la aplicación de fitosanitarios en territorio provincial. Se acordó convocar a partir de la semana próxima a especialistas en ambiente, salud, producción y docentes.
Este miércoles por la mañana se desarrolló una reunión conjunta de tres Comisiones: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción, para tratar el proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
A los largo de 109 artículos se crea un Consejo Asesor Fitosanitario con carácter ad honorem y ad hoc, y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se establecen pautas para los registros, los usuarios de fitosanitarios, los importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, también expendedores y asesores de los mismos, ensayistas, aplicadores, operarios, y de las empresas de verificación técnica funcional (VTF). Se estipulan condiciones para el almacenamiento y transporte de productos, las condiciones de hermeticidad o confinamiento, y la emisión obligatoria de una receta agronómica digital. En el segundo capítulo del texto se habla del protocolo a seguir con zonas de exclusión y amortiguamiento, y el tercer capítulo contempla las escuelas rurales y la protección de la salud. Asimismo se considera la regulación para las plantas urbanas, un monitoreo ambiental, fiscalización e inspección, sanciones y prohibiciones.
Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). Fueron parte los integrantes Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).
El senador Otaegui comenzó la reunión comentando que “hemos visto el expediente” tras lo cual resaltó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados donde se llevaron adelante muchas reuniones con diferentes instituciones, asociaciones ambientalistas, de salud, agropecuarias, y la idea es “empezar a escuchar nuevamente a todos e ir avanzando”.
Los senadores intercambiaron puntos de vista sobre el proyecto de ley, se habló de la necesidad de contar con una herramienta legislativa para reemplazar una ley de 1980 y que no está a la altura de los cambios actuales en el marco de las actividades relacionadas a la aplicación de fitosanitarios en territorio provincial. Se trajo a colación un fallo del Superior Tribunal de Justicia en el caso de Colonia Ensayo, y se debatió en torno a las distancias de fumigación y su estrecha relación con la salud de la población.
Los legisladores consensuaron comenzar ya la próxima semana con la ronda de convocatorias a referentes en ambiente, salud, producción, docentes, funcionarios, con el fin de dinamizar la escucha a los sectores involucrados y contar con una ley en la materia.
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La falta de energía en el verano alcanzará 2500 MW

 


Informe alerta sobre un déficit de energía para el verano

Fecha de Publicación
: 06/11/2024
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Encuentro, cercana al Frente Renovador de Sergio Massa, estima que la falta de energía alcanzará 2500 MW, más del doble de lo proyectado por el Gobierno. Las causas incluyen la indisponibilidad de Atucha I y limitaciones en la capacidad de importación de los países vecinos.
Un informe reciente de la Fundación Encuentro, advierte que el déficit energético para el verano podría alcanzar los 2500 MW, en contraste con la previsión de 1000 MW del Gobierno. Este faltante, que se espera para los meses de mayor demanda, se atribuye a diversos factores, como la falta de disponibilidad de Atucha I y la incertidumbre sobre la entrada en operación de la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) en diciembre de 2024.
El estudio evalúa distintos escenarios y plantea que la oferta máxima de generación alcanzaría entre 28.151 y 28.751 MW, mientras que la demanda en el pico del verano rondaría los 30.700 MW. Esto dejaría un faltante de aproximadamente 2500 MW, que podría traducirse en restricciones significativas para el suministro de energía.
Según el informe, el sistema actual de transmisión también representa una limitante importante. A pesar del aumento en la generación mediante energías renovables en los últimos años, la infraestructura de transmisión no permite evacuar toda la energía producida. Esto impide aprovechar plenamente la energía eólica y solar, que, al no poder almacenarse, debe despacharse de inmediato, afectando así el despacho de energía térmica.
Además, el informe señala que el Gobierno anuló una licitación de 3000 MW de potencia térmica adjudicada en noviembre de 2023, que hubiera permitido sumar energía en puntos críticos del sistema. Esta medida, que buscaba optimizar el uso de gas natural, habría cubierto gran parte del déficit estimado para este verano y los próximos, impactando la capacidad de respuesta en futuros períodos de alta demanda.
Ante esta situación, el Gobierno trabaja en un plan de contingencia que sumaría 1000 MW adicionales, aunque esta capacidad estaría lejos de cubrir las proyecciones de demanda de energía para el verano, según la Fundación Encuentro. La falta de licitaciones y nuevas obras de transmisión proyecta además problemas de suministro para los veranos de 2026 y 2027.
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La Ley de Glaciares en la mira

 


Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación
: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso 'silencio positivo' de trámites ambientales

 


El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación
: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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¿Que presentó finalmente Argentina en la COP16?

 


COP 16: Argentina presentó su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 ante la Convención de Diversidad Biológica

Fecha de Publicación
: 04/11/2024
Fuente: Portal Economis
Provincia/Región: Nacional


En el marco de la COP16 en Cali, Colombia, se presentó el documento en un momento crucial. De esta manera, se esperan definiciones sobre la línea de implementación con metas y planes específicos para avanzar en la conservación efectiva de la naturaleza de nuestro país
En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), mediante el cual la Argentina y otros 195 países adoptaron y se comprometieron a cumplir 23 metas para 2030 (alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 4 objetivos a 2050, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y hacer frente a la crisis ambiental.
Entre los compromisos asumidos, cada país debía presentar ante la Conferencia de las Partes 16 (COP16) su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 (ENBPA o NBSAP en inglés), o como mínimo alienar sus metas anteriores al GBF. Argentina así lo ha hecho al presentar su ENBPA, luego de un proceso realizado durante 2024, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). Este documento es fundamental en a las negociaciones que están teniendo lugar en la COP16 llevada a cabo en la ciudad de Cali (Colombia) centradas en acceso a recursos financieros y monitoreo del cumplimiento del GBF, entre otros temas.
Para el armado de la ENBPA existió un proceso de participación en el que organismos estatales nacionales y provinciales, y diferentes sectores de la sociedad que son parte de la CONADIBIO, hicieron sus aportes a las consultas realizadas por las autoridades. En base a estos aportes, la Subsecretaría de Ambiente de Nación elaboró una propuesta de ENBPA que fue enviada a la Cancillería para su revisión a los fines de realizar la entrega formal ante la Convención de Diversidad Biológica.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina afirmó: “Desde Fundación Vida Silvestre Argentina reconocemos la importancia de este proceso y valoramos el cumplimiento por parte del país de presentar su ENBPA actualizada, dado que es la herramienta principal para cumplir con los objetivos del GBF. Sin embargo, vemos con preocupación algunos puntos; creemos que aún hay que profundizar el trabajo para mejorar aspectos vinculados a las metas, finales e intermedias, la falta de temporalidad en muchas de las generadas y la ausencia de indicadores que permitan medir el progreso”.

¿Cuáles son los puntos positivos de la ENBPA presentada por Argentina?
Incorpora la meta de frenar la perdida de áreas importantes para la biodiversidad (meta 1), resaltando que serán incluidas bajo un marco general de un ordenamiento ambiental del territorio, siguiendo la Ley General del Ambiente.
Incorpora las metas de restaurar (meta 2), conservar y gestionar (meta 3) de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas a 2030.
Plantea garantizar las medidas para detener las causas de extinción de las especies, haciendo foco en la relación entre los humanos y la naturaleza (meta 4), así como en la prevención de introducción y permanencia de especies exóticas invasoras (meta 6).
Incorpora la meta 10, mediante la cual se busca garantizar la gestión sostenible de las áreas destinadas a uso agrícola, pesca y silvicultura de manera que se conserve y restaure la biodiversidad.
Plantea garantizar la integración de la biodiversidad en políticas, reglamentos, procesos de planificación y desarrollo, erradicación de la pobreza y las evaluaciones de impacto ambiental (meta 14).
Incorpora garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia (meta 20), y garantizar la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, y efectiva a pueblos indígenas y comunidades locales (cumplimiento al Acuerdo de Escazú y la aplicación del Convenio Nº169 de la OIT).

¿Cuáles son las limitaciones de la ENBPA de Argentina?
En muchos casos, las líneas de base propuestas para medir progresos son deficientes, y en otros, las metas intermedias solamente se enfocan en líneas de base, diagnósticos o identificación de mecanismos. Faltan metas intermedias que incluyan la implementación de acciones que ayuden a cumplir con las metas a 2030.
La meta 2 de restauración no establece una línea de base, no explicita si se definirán áreas prioritarias ni cómo será monitoreado su progreso.
La meta 3 de conservación y restauración no establece años para el cumplimiento de metas intermedias fundamentales, como son el incremento de la superficie de áreas protegidas o la medición de la efectividad de la gestión de las áreas protegidas y conservadas.
La meta 4 sobre extinción de especies dispone metas intermedias como la revisión de planes de manejo de especies, cuando muchas aun ni siquiera tienen un plan nacional (como por ejemplo el pecarí quimilero o el tatú carreta, entre otros).
Además, establece programas de conservación de especies vegetales, pero no detalla cuáles, con qué objetivos medibles, ni en qué año deben estar finalizados.
Si bien Argentina adoptó la mayoría de las metas del GBF, se agruparon y realizaron modificaciones a las metas relativas a género. Mientras que el GBF tiene metas específicas sobre la participación con perspectiva de género (meta 22) y garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco nacional (meta 23), en la ENBPA se opta por un lenguaje de “perspectiva integral” y “enfoque equitativo”.
En todas las metas nacionales, se incorporan dos metas intermedias que se repiten, una relacionada a la implementación de legislación y otra a la implementación de planes, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de la meta. En ambos casos, es deseable que las metas sean especificas a cada meta nacional, con tiempos establecidos y un plan de monitoreo para su implementación.

Triple crisis ambiental: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad
A pesar de los esfuerzos mundiales, la pérdida de diversidad biológica sigue aumentando a tasas alarmantes y sin precedentes, lo cual se agrava y retroalimenta con la crisis del cambio climático y de contaminación. Según el último Informe de Planeta Vivo 2024, la región de América Latina y el Caribe presenta una disminución del 95% de la población de especies vertebradas, siendo el peor indicador en comparación a otras regiones del mundo desde 1970. Dentro de las causas de esta pérdida se encuentran, principalmente, el cambio de uso del suelo y la conversión para producción de alimentos por parte de la agricultura y la ganadería, así como también la urbanización. Esto afecta los medios de vida de millones de poblaciones locales que dependen directamente de la naturaleza, a la vez que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las fuentes de sustento de toda la humanidad.
Argentina no se encuentra fuera de este contexto. Según la categorización de los mamíferos de Argentina realizada en 2019 por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), de las 417 especies evaluadas, 24,7% se encuentran en estado de vulnerabilidad o en algún estado de peligro. La pérdida de biodiversidad de nuestro país está sobre todo relacionada con las actividades productivas: en el caso de los bosques, pastizales y sabanas del Gran Chaco, las Pampas y la Selva Misionera, la deforestación y conversión de los ecosistemas para la producción ganadera y agrícola impacta de manera directa en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos vitales para las personas. Lo mismo ocurre en las zonas costeras y el mar argentino, donde la sobreexplotación pesquera genera impactos en las poblaciones de especies marinas amenazadas y atenta contra la provisión de los recursos.
La pérdida de la biodiversidad avanza de forma alarmante, afectando a las personas, las actividades humanas y los medios de vida. La presentación de las estrategias nacionales de biodiversidad en el marco de la COP16 resalta la importancia de que tanto los gobiernos como las empresas actúen de forma urgente para eliminar las actividades que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad y el clima, y redirigir el financiamiento de prácticas nocivas hacia actividades que permitan acceder a los recursos para alcanzar los objetivos globales”, afirmó Jaramillo.
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Aire puro era el de antes

 


Aire puro era el de antes: causas y consecuencias de un modelo que enferma

Fecha de Publicación: 02/11/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Crisis climática y negocios de unos pocos, incendios de bosques y humedales, contaminación del aire y enfermedades. Un combo de causas y consecuencias para un presente distópico que impacta en cuerpos y vidas. De Córdoba en llamas a Rosario inundada de humo, la Organización Mundial de la Salud confirma que el 99% de la población global respira aire contaminado.
El humo cubrió distintas regiones del país durante casi dos meses en este segundo semestre del año. En Córdoba se respiró el monte calcinado. Sobre el Litoral y hasta el Conurbano Bonaerense llegó el aire contaminado del Amazonas en llamas. Ese aire viciado cambia los paisajes, reduce la luz en el ambiente y la vitalidad de las plantas que están brotando con la primavera. No hay vecino ni vecina que no lo sienta en el cuerpo: los ojos y la nariz irritados, dolor de garganta, náuseas, migrañas, y la exacerbación de cualquier enfermedad crónica.
Los estudios hablan en general de la contaminación del aire por causas relacionadas a la quema de combustibles fósiles: el humo que sale de un caño de escape o la chimenea de una fábrica, por resumirlo de manera simbólica. Son menos frecuentes los registros donde los especialistas hacen foco en la quema del ecosistema, aunque la causas y sus consecuencias son cada vez más evidentes.
El Colegio de Médicos de Rosario publicó un informe con datos y análisis de los efectos en la salud de la quema de humedales durante el período 2020-2022. Las consecuencias son tan contundentes como obvias: a más humo, más consultas, incluso en medio de una pandemia.
Pasaron dos años de los registros estudiados, pero la vigencia es total. Además, ante el incremento de las temperaturas por la temporada de verano y la sequía que afecta al Litoral, vuelven a encenderse las alarmas sobre la cuenca del Paraná.
El informe se publicó bajo el nombre Aire puro es salud y es de descarga gratuita. A lo largo de 50 páginas, especialistas rosarinos reflexionan y cuentan su experiencia, evidenciando los efectos agudos del humo proveniente de los incendios. Las conclusiones, sin embargo, están abiertas: quedan por conocerse los efectos a mediano y largo plazo en la población.
“Consideramos que la problemática de las quemas en la región del Delta del Paraná y el consecuente impacto del humo sobre la salud de la población requiere de acciones conjuntas e inmediatas por parte de los profesionales, las asociaciones y las instituciones del Estado generando los mecanismos necesarios para el monitoreo de la calidad del aire y fortaleciendo las medidas de prevención y control de los incendios”, señalan los autores.
Además, consideran que “la producción de conocimiento local es indispensable” para poder identificar “las problemáticas socioambientales de la región y diseñar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo a las necesidades de la comunidad y los profesionales en el territorio”.

El aire que respiramos
"Aire puro es salud" se presentó en noviembre pasado y analiza los efectos en la salud de los incendios ocurridos en las islas del Delta del Paraná entre 2020 y 2022. Durante esos dos años, los incendios forestales en Argentina arrasaron con dos millones de hectáreas. La mitad pertenecen al Delta del Paraná. La mayor parte del fuego se registró en las islas que están en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Hubo importantes focos frente a Rosario. Lo que, sumado a la dirección del viento, dejó a la ciudad cubierta de humo.
El aire que respiraron esos días los rosarinos y rosarinas estuvo cargado de gases producidos por la combustión de materia orgánica (los restos de la flora y fauna calcinada) y material particulado (conocidos por sus siglas en inglés como PM10 y PM25) como hollín y cenizas. El humo proveniente de los incendios forestales se destaca por la presencia de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos aromáticos policíclicos, dióxido de nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO₂), entre otros.
La mayoría de estos componentes son señalados, desde hace décadas, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los principales contaminantes ambientales. Siguiendo las cifras de la misma organización internacional, prácticamente toda la población mundial (el 99 por ciento) respira aire contaminado, trayendo importantes consecuencias en la salud: enfermedades cardiovasculares, pulmonares y muertes prematuras, entre otras. Esa contaminación viene de vehículos, industrias, aparatos domésticos de combustión como las estufas y los incendios forestales.
A mediados del 2023, la Comisión de Salud Socioambiental del Colegio de Médicos de Rosario hizo un relevamiento sobre el impacto del humo a causa de las quemas en las islas. Hasta el momento, no existían datos del estado de situación sobre las consultas ocurridas durante el periodo 2020-2022 y no había forma de desglosar cuáles eran los cuadros abordados en las consultas: ¿eran por Covid-19 o por la mala calidad del aire? La solución fue ir y entrevistar a los colegas.
Facundo Fernández, integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y parte de la comisión que realizó el informe Aire puro es salud, explica que, en las entrevistas, los médicos indicaron que los días de incendios ingresaban consultas relacionadas a la mala calidad del aire, que “los pacientes se daban cuenta de que el problema respiratorio que tenían era porque estaban respirando el aire con humo”. En el consultorio los síntomas agudos eran irritación ocular o respiratoria, dolor de cabeza, mareos y dificultad para respirar.
“Como el sistema de registro es tan endeble y no hubo un estudio de seguimiento paciente por paciente, no hay manera de saber, al menos en esta región, cuáles son las secuelas o los problemas de salud que están directamente vinculados a las quemas. Básicamente no hay registros”, problematiza Fernández.
Lo que sí surgió de las entrevistas fue que los pacientes con enfermedades respiratorias, como EPOC o asma, relataban que sus problemas de salud empeoraron: tenían más episodios de broncoespasmo y necesitaban más medicación. “No sabemos aún, sin embargo, cuál es el impacto que tuvo en términos de nuevos problemas de salud o complicaciones de los problemas de salud haber respirado ese humo durante dos o tres años en esta región”, describe el integrante del Colegio de Médicos de Rosario.
El estudio se apoyó en bibliografía científica, en estudios sobre contaminación ambiental, que son abundantes pero no específicos en relación a los efectos de la quema de humedales, pastizales o bosques. Lo que respaldaron con la bibliografía fue lo que decían los pacientes: que a pesar de que afectaba a toda la población o mayormente a todas las edades, existen poblaciones más vulnerable: niños y niñas, adultos mayores y personas que tienen problemas de salud, que se ven fácilmente afectados por la exposición a una mala calidad del aire, principalmente problemas respiratorios.
“En la bibliografía científica lo que está muy estudiado son las personas gestantes cursando un embarazo. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental tiene efecto directo sobre la madre y, a través de la placenta, los contaminantes pueden llegar al feto, perjudicando su desarrollo”, señala el médico.
Los datos se condicen con un estudio previo de la misma problemática. En 2022, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó un informe sobre las consultas hechas durante los incendios de 2008 y 2020. Las conclusiones son similares: el aumento de la contaminación en el aire por humo produce múltiples eventos patológicos agudos, sean efectos respiratorios, oftalmológicos o más bien generales como el dolor de cabeza, el cansancio y los mareos. Ambos estudios coinciden también mayor susceptibilidad en grupos de riesgo como niños, niñas y ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Sin límites, el fuego sobre los humedales
Los incendios en los humedales frente a Rosario son una constante en los últimos años. La quema de pastizales para la renovación de pasturas es histórica y, cada tanto, las condiciones meteorológicas como el viento, el desmanejo del fuego por parte de los productores y la falta de control del Estado se unieron para tapar de humo la ciudad. Lo que agravó la situación en los últimos años fue la bajante profunda que atraviesa la cuenca del Paraná.
“Es un panorama nuevo, un escenario que no habíamos visto en las últimas décadas”, explica Jorge Bártoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca. La bajante comenzó a fines de 2019 y tuvo su máxima expresión en 2020 y 2021. Si bien en los años siguientes el río recuperó su caudal, en 2024 volvió a marcar una bajante histórica.
El nivel promedio del Paraná en la primera semana de septiembre fue el segundo más bajo desde 1970, según datos del Instituto Nacional del Agua y de Prefectura Naval, analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario; siempre atenta al nivel del río como vía de exportación de commodities.
“Es un ciclo que viene asociado a una muy extensa sequía y falta de lluvias extremas”, suma Bártoli y explica: “Esto generó, por la misma dinámica de masa vegetal de los humedales, una enorme cantidad de biomasa seca de muy fácil combustión. Esto no es nuevo, pasa en todos los inviernos. Lo que es nuevo es que el principal actor del humedal, que es el agua, está prácticamente desaparecido”.
El uso del fuego en territorio de humedales es frecuente también entre cazadores para atraer presas y entre los turistas para hacer un asado o calentar agua para el mate. Pero la génesis del problema de los incendios, dice Bártoli, está en la matriz productiva ganadera: que ocupa cada vez más lugar en los humedales y apela al uso del fuego para la renovación de pasturas.
“En medio de esta enorme bajante y gran sequía, los fuegos no encontraron límites. Al no haber lagunas ni arroyos en el interior de las islas, que actúan como cortafuegos naturales, las llamas se expandieron sin ningún tipo de límite y causaron una verdadera catástrofe ambiental, que trae una seria afectación a la salud humana”, cierra el círculo entre incendios y salud.
Los registros del Instituto Nacional del Agua indican que la última bajante del río Paraná de esta magnitud fue en 1944. En los últimos 80 años, la cuenca del Paraná pasó a estar intervenida por represas, a sufrir una deforestación monumental y, sobre todo, a padecer un fenomenal cambio de uso del suelo.
En las islas, frente a Rosario, la oferta va del el turismo a las fiestas electrónicas, que quiebran la calma natural. A estas modificaciones de intervención directa se le suma el cambio climático. “Creíamos que era un río poderoso y un bien natural infinito, hoy nos está demostrando que es un gigante vulnerado, que no deja de darnos señales de alerta”, apunta Bártoli.
“La gran pregunta es si vamos a una 'nueva normalidad' del río que tenga que ver con ciclos extremos, como dicen y proyectan los meteorólogos. Es decir, así como hoy nos estamos encontrando con ciclos de bajante extremas muy prolongadas en el tiempo, quizá también el año que viene nos encontremos con ciclos de crecientes extremas”, advierte Bártoli.

El impacto del negacionismo en la salud
El accionar de los últimos gobiernos nacionales y provinciales frente a los incendios sobre áreas naturales no fue positivo, pero la gestión de Javier Milei trae una decisión firme de negar la existencia de los problemas ambientales y sus consecuencias. Y no duda en desfinanciar proyectos, programas o leyes, que se ocupen de cuidar, con presupuestos mínimos, la biodiversidad.
“Nosotros como individuos tenemos siempre una posibilidad de ayudar a cambiar nuestro entorno. Todo suma”, propone Bártoli para hacer frente a estos tiempos. Fernández confirma el impacto que tendrá la falta de políticas públicas: “La promoción del cuidado del ambiente y de un ambiente saludable impacta positivamente en la salud. Mientras menos resguardos se tomen, principalmente a partir de las políticas negacionistas que está llevando adelante este Gobierno, va a terminar repercutiendo de manera aguda en el mediano y en el largo plazo sobre la salud de la gente”.
El integrante del equipo médico que elaboró Aire puro es salud describe que el modelo de La Libertad Avanza “considera al ambiente como una instancia o un espacio sacrificable en pos de de la acumulación de riqueza en algunos sectores” e indica que los problemas de salud descritos en el informe son considerados “externalidades, los costos que estas prácticas productivas no pagan y de los que tienen que hacerse cargo el Estado o, en la mayoría de los casos, la gente”. “Estas externalidades son invisibilizadas por estos modelos productivos y tienen impactos sumamente negativos sobre la salud de las personas”, afirma.
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