Basura en el Mar Argentino: científicos encontraron casi 30 tipos de residuos y el fondo continental es un “sumidero irreversible”

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Una investigación desarrollada en tres cañones submarinos determinó que la gran mayoría de los desechos son plásticos. Piden reforzar la prevención para evitar que se sigan acumulando.
El buque Falkor too, desde donde se transmitió la expedición Talud Continental IV que atrapó a todo el país mostrando criaturas marinas durante varias semanas, no se limitó solamente a la exploración de especies en el fondo continental argentino. El mismo barco se usó para registrar los múltiples tipos de residuos que se encuentran en el lecho marino argentino y que, por su ubicación, convirtieron al área en un “sumidero irreversible”.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por 26 científicos y publicada en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science. El artículo se denomina “Acumulación de residuos antropogénicos en aguas profundas de la Argentina: la evidencia de un sumidero irreversible” y en él también se muestran imágenes en alta definición de la basura encontrada, tomadas gracias al ROV SuBastian que también su usó para mostrar la biodiversidad marina durante el streaming del Conicet.
En total, se registraron, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 29 tipos de residuos tras un relevamiento de 55,6 kilómetros del lecho marino distribuidos en diversos cañones submarinos ubicados en aguas argentinas. La mayoría de ellos, especificó en diálogo con TN la investigadora Melisa Fernández Severini, que fue parte del equipo de trabajo, se concentró en el área de los cañones de Colorado-Rawson.
“Los elementos predominantes fueron plásticos representados por bolsas, envoltorios y recipientes, seguidos por artes de pesca (líneas, sogas y redes). También se observaron otros objetos, como prendas de vestir de tela y de goma, y una cinta VHS”, detalló quien integra el Instituto Argentino de Oceanografía (Iado - Conicet) y es directora del Grupo de Investigación en Química de Ambientes de Transición, en Bahía Blanca.
La mayoría de artículos de plástico encontrados, resaltó, “coincide con los patrones globales reportados para ecosistemas bentónicos profundos, donde este material representa la categoría de basura más persistente y extendida”.
Esos patrones globales mencionados por la investigadora son reflejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos y si no se toman medidas, esta crisis podría triplicarse hacia 2040.

Irreversible
El título del artículo que publicó Fernández Severini junto a otros 25 investigadores de la Argentina, Uruguay y Estados Unidos remite a una situación irreversible en el fondo marino argentino.
La científica explicó que se basaron en “tres argumentos principales” para catalogar la situación de esta manera. Las zonas casi inaccesibles donde se alojan los residuos, la persistencia de los mismos en el tiempo y su impacto sobre la biodiversidad explican por qué el lecho marino argentino es un “sumidero irreversible”.
“Las zonas donde se hicieron los estudios presentan corrientes que favorecen la acumulación de sedimentos y material externo, incluso la basura. En ausencia de luz y oxígeno, tanto los plásticos como las artes de pesca pueden quedar en el ambiente por décadas o siglos, provocando la destrucción de hábitats y daños físicos prolongados. Los plásticos pueden ser ingeridos de manera involuntaria por los organismos”, agregó.
Estas razones hacen que la eliminación natural de estos residuos sea casi nula y que por las profundidades alcanzadas por esos residuos (entre 1000 y 4000 metros, especificó la investigadora) tampoco sea posible hacerlo de manera manual: “No existen tecnologías viables ni escalables para la remoción de residuos a las profundidades relevadas”.

Fuentes de contaminación
Consultada sobre los orígenes de los residuos, la científica indicó que no hay una única fuente y que tampoco es local.
Al tratarse de una zona tan compleja, la basura puede provenir de muchas fuentes tanto marinas como terrestres: “Los cañones submarinos actúan como conductos que canalizan material desde la plataforma continental hacia las profundidades. La basura detectada en el mar Argentino puede tener origen tanto en actividades desarrolladas en el país como en otras regiones del Atlántico Sur”.
Estos múltiples orígenes plantean un desafío a la hora de pensar en, al menos, reducir la cantidad de residuos en el lecho marino. En ese sentido, Fernández Severini dijo: “Requiere un abordaje integral. Implica, por un lado, políticas nacionales en gestión de residuos y regulación de la actividad pesquera. Y por otro la coordinación a nivel internacional, porque una parte significativa de la basura puede provenir de la navegación y de la pesca en aguas internacionales”.

Prevención
La finalidad del trabajo es establecer una base sobre la situación del “mar profundo argentino”, dijo Fernández Severini, para diseñar políticas que apunten a su conservación.
Si bien consideró que eliminar por completo los plásticos del océano es “un objetivo lejano”, se puede ir hacia una reducción significativa de las fuentes que aportan esos contaminantes al ecosistema.
Mencionó por caso al Tratado Global de Plásticos, una herramienta que aún no logra consensos a nivel internacional a pesar de que se viene discutiendo hace años: “Si logran establecer metas vinculantes para reducir la producción de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos a nivel global y regular los materiales utilizados en la pesca y la navegación, tendrán un impacto directo en la cantidad de basura que finalmente alcanza el lecho marino”.
De todos modos, aclaró que el consenso actual en el ámbito científico internacional es que la prevención debe ser la primera opción ante esta problemática para que dejen de depositarse residuos en el lecho marino, por sobre posibles intentos de remover los que ya están allí.
Se trata de un problema global, por lo que requiere soluciones en la misma medida, indicó la científica. Y afirmó que “la única manera efectiva de proteger el mar profundo argentino es evitar que continúe ingresando basura”.
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La Unesco advirtió por el impacto del oleoducto de Vaca Muerta y pidió frenar las obras

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: A24
Provincia/Región: Nacional


El organismo internacional expresó su preocupación por el impacto ambiental de la terminal petrolera de Punta Colorada y exigió información sobre los riesgos para el ecosistema marino.
La Unesco, a través de su Comité de Patrimonio Mundial, le reclamó al Gobierno argentino que detenga los trabajos en la terminal petrolera de Punta Colorada hasta contar con una evaluación ambiental que permita determinar el impacto del proyecto. El organismo manifestó su preocupación por los posibles efectos sobre la Península Valdés y estableció febrero de 2027 como fecha límite para recibir la documentación pendiente.
El proyecto para construir la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías enfrenta un nuevo revés. La Unesco solicitó este viernes al Estado argentino que interrumpa las obras que se llevan adelante en el lugar y presente con carácter urgente información complementaria sobre los posibles impactos ambientales de la iniciativa.
El pedido quedó plasmado en un documento difundido durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que se desarrolla en Busan, Corea del Sur. Allí, el organismo reclamó a la Argentina que suspenda los trabajos vinculados al proyecto hasta que se presente ante el Centro del Patrimonio Mundial la evaluación ambiental solicitada.
La preocupación de la Unesco está relacionada con la ubicación de la terminal petrolera de Punta Colorada, sobre la costa del Golfo San Matías y a unos 30 kilómetros de la Península Valdés, sitio reconocido como Patrimonio Mundial y área protegida de la provincia.
En diciembre de 2024, YPF comenzó la construcción del oleoducto de 437 kilómetros, una obra destinada a transportar el petróleo extraído de Vaca Muerta hasta la costa patagónica para su posterior exportación.

La preocupación por el impacto ambiental
La iniciativa generó cuestionamientos desde sus comienzos debido a que el Golfo San Matías había sido declarado área protegida por ley. Esa normativa fue modificada en septiembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, para habilitar el desarrollo del proyecto.
La discusión también sumó voces de distintos sectores. En agosto del año pasado, el obispo de Rawson, Roberto Álvarez, envió una carta al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que transmitió las preocupaciones planteadas por ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
Ahora, la Unesco volvió a expresar su inquietud por el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Según señaló, existen riesgos vinculados al traslado de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria ubicada en el Golfo San Matías.
Además, el organismo estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para que la Argentina entregue la información pendiente.
En el documento, el Comité también manifestó su preocupación porque las obras preliminares de la terminal ya se encuentran en marcha y porque, de acuerdo con los informes recibidos, la exportación de petróleo podría comenzar durante 2026.
La Unesco ya había solicitado en cuatro oportunidades información adicional al Estado argentino sobre el proyecto, cuya terminal de salida estará ubicada en Punta Colorada. En esos pedidos, el organismo había advertido sobre el riesgo potencial de generar un daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) de la Península Valdés.

Qué cuestiona la Unesco
Entre los principales puntos señalados por el organismo aparece la falta de un proceso participativo considerado adecuado para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La preocupación está centrada en los posibles efectos de la actividad sobre la fauna marina, el riesgo de colisiones con cetáceos, la contaminación acústica submarina y eventuales derrames de petróleo.
Tras los reiterados pedidos, el Gobierno argentino presentó finalmente, el 15 de diciembre de 2025, una evaluación ambiental ante el Centro del Patrimonio Mundial. El documento incluía medidas de mitigación y gestión ambiental previstas para las distintas etapas del proyecto, además de mecanismos de monitoreo y control.
Sin embargo, para la Unesco todavía existen dudas sobre el alcance de esa evaluación. El organismo consideró que no está suficientemente claro si fueron analizados de manera adecuada todos los posibles impactos del proyecto ni si las medidas planteadas permiten garantizar que no habrá efectos negativos.
También señaló que la información disponible es limitada respecto de la manera en que se gestionarían eventuales incidentes durante la etapa operativa de la terminal.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la división de responsabilidades entre las distintas jurisdicciones provinciales involucradas, particularmente Río Negro y Chubut, lo que, según la Unesco, podría dificultar la gestión de los riesgos ambientales.
De esta manera, el Comité de Patrimonio Mundial volvió a poner el foco sobre el proyecto y reiteró su preocupación por los potenciales riesgos que podría generar el oleoducto Vaca Muerta Sur en la zona.

El antecedente de la UICN
El reclamo de la Unesco se suma a una advertencia realizada el año pasado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales redes ambientales a nivel global.
En octubre de 2025, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Abu Dabi, la organización pidió al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro que recuperaran el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías y suspendieran aquellos proyectos que pudieran poner en riesgo su biodiversidad.
En aquella resolución, la UICN reclamó derogar las normas que redujeron el nivel de protección del área y solicitó restablecer las condiciones establecidas por la Ley 3308.
La organización también cuestionó la modificación realizada en 2022, al considerar que fue impulsada de manera “inconsulta, apresurada y regresiva” y que dejó expuesta la integridad ambiental del Golfo San Matías frente a los proyectos previstos para la región.
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La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Más del 70% de las especies de tiburones en Argentina están en riesgo de extinción: cómo buscan salvarlos

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La mayor parte de los ejemplares que habitan las aguas argentinas se enfrenta a una amenaza crítica, mientras organizaciones y pescadores impulsan iniciativas para su preservación y monitoreo
La presencia de tiburones en el Mar Argentino representa un pilar para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, la presión ejercida por la pesca deportiva y comercial puso a numerosas especies al borde de la desaparición.
Según datos de la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), el 71% de las especies de los ejemplares que habitan estas aguas enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto.
El Mar Argentino alberga 55 especies de tiburones, de las cuales más de la mitad son endémicas, es decir, su desaparición en la región significaría la extinción global. Existe una problemática que involucra tanto a la pesca comercial (industrial y artesanal) como a la pesca deportiva o recreativa.
Uno de los casos más alarmantes es el del escalandrún (Carcharias taurus), tiburón costero que habita desde Espíritu Santo en Brasil hasta el sur de Buenos Aires. La especie se considera Críticamente Amenazada, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en la región su población experimentó una reducción del 90% durante los últimos 40 años. En el mismo sentido, el gatuzo (Mustelus schmitti), otro tiburón endémico del Atlántico Sudoccidental, sufrió una disminución poblacional superior al 90% en las últimas cuatro décadas.
Las razones de este declive tienen un componente biológico: los tiburones presentan crecimiento lento, baja fecundidad y reproducción tardía. Por ejemplo, las hembras de gatuzo empiezan a parir a partir de los 8 años, con camadas de 1 a 10 crías anuales. Esto impide que las poblaciones se repongan frente a la presión de la explotación pesquera. “Por ser especies de lento crecimiento y tener reproducción sexual tardía y baja fecundidad, las poblaciones de tiburones no logran equilibrar y recuperarse de la intensa explotación a la que están expuestos”, detallan desde WCS Argentina.
La organización impulsa desde 2013 el programa “Conservar Tiburones en Argentina”, en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El objetivo es reemplazar la pesca con sacrificio por la pesca con marcado y devolución al mar. Según los datos suministrados por la entidad, “hasta el momento se sumaron a la iniciativa más de 240 pescadores deportivos y guías de pesca de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz”, quienes lograron alrededor de veinte mil devoluciones de tiburones al mar, de los cuales cerca de 4.000 fueron marcados para monitoreo y se registraron 55 recapturas.
La participación de los pescadores resulta esencial en este proceso. Juan Dibbern, guía de pesca de Claromecó, Buenos Aires, describió: “Desde hace varios años se está generando un cambio grande en la pesca de tiburones costeros. Hoy hay mucha más información, y la gente está más consciente de lo importantes que son los tiburones, gracias al trabajo de especialistas y organizaciones que se dedican a cuidar estas especies, que son tan vulnerables como magníficas. Y somos varios los guías y pescadores que estamos sumando nuestro esfuerzo, desde el lugar que nos toca, para cuidar el océano, a estos animales y a todo lo que ellos mantienen en equilibrio”.
El programa ofrece capacitación, entrega marcas y anzuelos circulares para promover la devolución con vida. Los pescadores colocan una marca debajo de la aleta dorsal de los ejemplares que después liberan, junto con datos de especie, sexo, talla, carnada, fecha y ubicación. Esta información permite un monitoreo que genera datos inéditos para estrategias de conservación.
“Estamos acompañando un cambio de paradigma en la mirada que los pescadores tienen de los tiburones. A lo largo de los años, notamos un mayor compromiso motivado en parte por el acceso a la información sobre el rol esencial de estas especies en el mar y su vulnerabilidad frente a la presión pesquera. Por otro lado, los datos que obtenemos de los tiburones que ellos marcan nos permite comprender sus movimientos y mejorar las estrategias para su protección”, explicó Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de tiburones y rayas de WCS Argentina.
Para fortalecer la protección de las especies, la organización elaboró y distribuyó fichas informativas entre pescadores deportivos. El objetivo es que resulten un recurso útil y fácil de chequear desde los teléfonos de los pescadores cuando están en la costa o en el mar. Contienen información sobre identificación, distribución y nivel de amenaza de cinco especies clave: gatuzo, gatopardo (Notorynchus cepedianus), cazón (Galeorhinus galeus), bacota (Carcharhinus brachyurus) y escalandrún.
Cada ficha detalla características distintivas, zonas de distribución y causas de amenaza. Además, el material busca promover la devolución con vida de los tiburones capturados, alentando a los pescadores a compartir esta información, incluso si no participan formalmente en el programa.
Las acciones de WCS Argentina no se limitan a la pesca deportiva. En palabras de Cuevas, “articulamos esfuerzos con todos los actores involucrados. En relación a la pesca comercial, impulsamos prácticas sostenibles en pesquerías de pequeña escala y trabajamos para fomentar regulaciones nacionales e internacionales que protejan a estas especies en toda su área de distribución. Y a través de la ciencia ciudadana trabajamos con los pescadores deportivos para proteger especies presentes en las costas”.
El futuro de los tiburones en el Mar Argentino depende de la colaboración entre instituciones científicas, pescadores y organizaciones de conservación. Las estrategias basadas en información y participación ciudadana se consolidan como herramientas clave para evitar que estas especies desaparezcan de las aguas de la región y del planeta.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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Un semáforo ambiental creado en la Argentina para determinar contaminación en ríos, arroyos y lagos: cuáles están peor y mejor

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fue desarrollado por científicos mediante un mapa interactivo online y una aplicación móvil para cargar datos de todo el país
Un innovador “semáforo ambiental” que advierte sobre el estado ecológico de ríos, arroyos, lagunas, lagos y humedales fue desarrollado bajo el liderazgo de un científico de la ciudad de La Plata en colaboración con colegas de distintos puntos del país.
El proyecto involucró a miles de ciudadanos que a través de una aplicación para teléfonos celulares ya aportaron información sobre los cursos de agua cercanos a sus lugares de residencia y contribuyeron a generar un amplio relevamiento sobre estos ecosistemas acuáticos.
Los investigadores desarrollaron una aplicación que permite a cualquier persona colaborar en la recolección de muestras y datos. Funciona mediante el GPS del teléfono celular, que identifica el lugar desde donde se realiza la observación, y luego de subir fotos se carga un cuestionario sobre variables fácilmente visibles, como el color del agua, la presencia de basura, la vegetación de las orillas, la fauna, embarcaciones, muelles, murallas y otros usos humanos del ambiente. 
Los ciudadanos que participan deben responder un amplio cuestionario de más de cien preguntas que incluyen detalles sobre las industrias cercanas o basurales, presencia de ganado y detalles sobre la textura del agua, entre otras características que son de simple observación.
La investigación, denominada PreserVamos, fue conducida por Joaquín Cochero, investigador del Instituto de Limnología Raúl A. Ringuelet (Ilpla), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El trabajo, desarrollado durante cuatro años junto a más de veinte investigadores, fue publicado en la revista científica Ecology, de la Ecological Society of America.
Allí se aseguró que “los métodos de monitoreo tradicionales, si bien son científicamente rigurosos, a menudo se ven limitados por restricciones logísticas, financieras e institucionales. Si bien varias iniciativas de ciencia ciudadana han impulsado la evaluación de hábitats de agua dulce en Europa (por ejemplo, FreshWater Watch) y Norteamérica (por ejemplo, el Programa de Monitoreo Voluntario de la EPA), esfuerzos similares siguen siendo escasos en Sudamérica”.
El proyecto PreserVamos contribuye, según los creadores, a llenar esta brecha regional “al proporcionar el primer conjunto de datos estandarizado y a gran escala generado por la ciudadanía para ecosistemas acuáticos en la Argentina, ofreciendo valiosas oportunidades para su integración con bases de datos globales de monitoreo de agua dulce”.

Mapa interactivo
Como resultado de este estudio científico se desarrolló un mapa interactivo de todo el país que permite visualizar el estado ambiental de distintas ecorregiones.
Los ecosistemas de agua dulce figuran entre los ambientes más amenazados del planeta, pero al mismo tiempo son de los menos monitoreados. La extensión del territorio argentino y las limitaciones logísticas, económicas e institucionales dificultan la realización de campañas sistemáticas de relevamiento, por lo que el equipo decidió recurrir a una estrategia poco habitual en este tipo de investigaciones: la conciencia ciudadana.
El proyecto comenzó en 2022 financiado inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más tarde contó con apoyo de la Fundación Bunge y Born y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se extendió por distintas provincias mediante acuerdos con municipios, visitas a escuelas, conferencias y entrevistas lideradas por Cochero.
La red entre el ámbito científico y la comunidad permitió reunir más de 3000 observaciones provenientes de distintos puntos del país. Tras el proceso de validación científica, poco más de 1200 registros fueron incorporados al análisis final por cumplir con los criterios metodológicos y de confiabilidad establecidos por el equipo.

Alerta ambiental
El “semáforo” que se activa al desplegar en la web o una aplicación que lleva el nombre Preservamos clasifica los distintos ecosistemas según su estado de conservación.
Las zonas verdes corresponden a los arroyos de las sierras cordobesas, los ríos andinos alimentados por deshielos y los lagos patagónicos.
En tanto, las zonas rojas abarcan la cuenca del Río de la Plata, identificado como el sistema más degradado del relevamiento, seguido por el estuario de Bahía Blanca.
Para el equipo del Ilpla, la experiencia demuestra que la ciencia ciudadana puede convertirse en una herramienta clave para conocer el estado de ecosistemas cuya preservación resulta fundamental para la biodiversidad y el abastecimiento de agua dulce. Además de aportar información inédita, el relevamiento ofrece una base para orientar futuras acciones de conservación y de gestión ambiental en distintas regiones del país.
“La idea rectora es desarrollar una herramienta de interacción entre el mundo científico, la comunidad y los tomadores de decisiones, a fin de buscar soluciones a problemas complejos de contaminación”, expresó Cochero en diálogo con LA NACION.
Las mujeres fueron mayoría entre los voluntarios que participaron de la carga de datos. También colaboraron niños y personas mayores. “La generación de conocimiento científico puede abrirse a la participación de la comunidad cuando existen herramientas adecuadas y protocolos confiables”, sostuvo Cochero.
Participaron de este trabajo distintos científicos de la UNLP y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), más investigadores de la provincia de Neuquén: Alejo Bonifacio (UNC), Micaela Zambrano (UNC), Agostina Pecile (UNLP), Belén Sathicq (UNLP), Mercedes Nicolosi Gelis (UNLP), Micaela Mujica (UNLP), Juan Manuel Brito (UNC), MarÍa laura Ballesteros (UNC), Marina Tagliaferro (UNC), Katya Albarrán (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén), Lucila Herbert (Inibioma Neuquén), Jorge Kuroda (Dirección de Ecosistemas Acuáticos de Neuquén) y Milagros Bengolea (UNC).
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Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


SABIA-Mar, desarrollado por la CONAE y construido en INVAP, estará listo para su lanzamiento en 2027. Podrá detectar desde fitoplancton y bancos de peces hasta identificar pesqueros ilegales en la zona económica exclusiva. La jefa del proyecto habló con Infobae
Argentina sumará en 2027 una estrella nueva en su constelación satelital e historia espacial con el lanzamiento de SABIA-Mar, el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar.
La reciente finalización de su integración y el inicio de los ensayos ambientales anunciados esa semana marcan una etapa decisiva para una misión que representa un salto tecnológico y estratégico en la observación de los mares y la gestión de los recursos naturales argentinos.
El desarrollo de SABIA-Mar, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, coloca a Argentina en el selecto grupo de países con capacidad para diseñar, construir y operar satélites de observación ambiental con fines científicos, productivos y de seguridad. 
Concebido originalmente para el estudio del mar y las zonas costeras, el satélite incorpora una actualización tecnológica que amplió su alcance, introduciendo nuevas aplicaciones para la vigilancia marítima, la gestión ambiental y el desarrollo económico del país.
La misión se distingue por su carácter colaborativo: INVAP, con base en Bariloche, lidera la construcción e integración del satélite, mientras que VENG aporta capacidades en operaciones, telecomando y recepción de datos. El proyecto también involucra a la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), IMER y Ascentio, conformando un ecosistema nacional de ciencia, tecnología e industria.
La ingeniera industrial María Emilia Martini, jefa del proyecto SABIA-Mar, explicó a Infobae: “Estamos concluyendo la etapa de integración y configuración final del satélite, en medio de la campaña ambiental del satélite que es cuando se simulan las condiciones de vibración, radiofrecuencia y vacío que va a sufrir el satélite durante el lanzamiento y de esta manera, comprobar que todo el diseño efectuado está acorde a la funcionalidad del satélite. Esto nos permite estar seguros de tener otra misión espacial exitosa y realizar todos los ajustes necesarios antes de mandarlo al espacio”.

Un satélite de nueva generación con innovación nacional
El proceso de integración y los ensayos previos al lanzamiento representan uno de los momentos más sensibles y complejos de cualquier misión espacial.
Martini, con más de una década de experiencia en INVAP, describió la etapa actual como “la más entretenida y vertiginosa”. No obstante, aclara: “También bastante crítica, porque se concluye el trabajo de muchísimas personas. Somos un equipo multidisciplinario. Trabajamos día a día con CONAE y la empresa VENG para tener otra misión argentina exitosa”.
El satélite se encuentra en la fase final de pruebas ambientales, proceso donde se simulan las condiciones extremas que enfrentará durante el lanzamiento y la operación en el espacio. 
“Es importante la coordinación de cada equipo que trabaja en INVAP en las distintas especialidades, como el equipo térmico, de software, o en el ensayo de termovacío. Este último, por ejemplo, dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, remarcó Martini.
Uno de los avances más destacados de SABIA-Mar reside en la actualización de su computadora central, equipada con el software más avanzado diseñado y ensamblado hasta ahora en un satélite argentino.
“Una de las novedades con las que cuenta este nuevo satélite es su computadora, actualizada con el último software. Es la más compleja ensamblada en un satélite argentino hasta ahora. El aparato contará también con nuevas cámaras multiespectrales diseñadas y testeadas en INVAP, que nos permitirán ver el color del mar, su fitoplancton y hasta las luces de los pesqueros en el Mar Argentino. La clave es que esto brindará una ventaja decisiva para monitorear el mar sin ser detectados. Además, se incorpora un concepto de ciberseguridad para proteger los activos espaciales. Se va a encriptar los canales de comando del satélite”, indicó la especialista.
El satélite incorpora una carga útil de última generación, que le permitirá medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a, asociada con la presencia de fitoplancton y la productividad primaria.
Además de producir información científica relevante, la misión fue diseñada para brindar servicios estratégicos en la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y la protección de los recursos naturales.
Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó: “Argentina vuelve a realizar una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Impulsamos una actualización tecnológica que amplió las capacidades del satélite para que pueda brindar servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad y potenciar la producción”.

Inteligencia satelital para la gestión ambiental y productiva
SABIA-Mar aportará información para la localización de embarcaciones, identificando tanto buques colaborativos como no cooperativos, incluidos aquellos que operan sin transmitir señal AIS. Esta capacidad resulta clave para la vigilancia y el control de la pesca ilegal, fenómeno que afecta fuertemente al Atlántico Sur y al patrimonio económico del país.
Según destacó Martini, la misión incorpora tecnología de monitoreo nocturno mediante una cámara de alta sensibilidad, capaz de detectar luces en el mar bajo condiciones de oscuridad absoluta. Esta herramienta permitirá identificar patrones de actividad pesquera y fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos. El satélite también generará información valiosa para la gestión de los recursos pesqueros, la acuicultura, el apoyo a la navegación y la toma de decisiones en el sector productivo.
En el plano ambiental, SABIA-Mar sumará datos sobre la calidad del agua en costas, estuarios y cuerpos de agua interiores. “Permitirá la detección temprana de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, y contribuirá al monitoreo de ecosistemas marinos, costeros y terrestres, apoyando investigaciones sobre biodiversidad, ciclo del carbono y productividad primaria”, precisó Martini.
La misión incluye la integración del receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), una pieza desarrollada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por primera vez, un satélite argentino contará con un receptor de posicionamiento global nacional, lo que permite determinar con precisión la posición y velocidad del satélite en órbita, fortaleciendo la autonomía tecnológica del país.
La seguridad también fue priorizada: SABIA-Mar incorpora mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos para proteger el software de vuelo y la operación del satélite frente a amenazas cibernéticas.
Martini explicó que el éxito de la misión depende de la coordinación de múltiples especialidades y del monitoreo constante en ensayos como el termovacío, que demanda la atención continua de expertos durante periodos prolongados. 
“Este último por ejemplo dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, describió.
Los datos obtenidos por los sensores ópticos de SABIA-Mar y fuentes complementarias podrán integrarse en tierra mediante herramientas avanzadas de procesamiento e inteligencia artificial, generando productos que combinen variables ambientales con modelos de comportamiento de flotas pesqueras. Esta capacidad potenciará la gestión sostenible de los recursos marinos y la economía azul argentina.
La misión también proveerá información fundamental para la ciencia, contribuyendo al desarrollo de investigaciones sobre el océano, las costas y los ecosistemas acuáticos. SABIA-Mar permitirá sostener series de datos de largo plazo, clave para el estudio de la productividad primaria, la biodiversidad y la dinámica de las aguas costeras.
El satélite ofrecerá una revisita de dos días tanto en el escenario regional —sobre las costas nacionales— como global, alcanzando una resolución espacial de 200 metros y 800 metros respectivamente. Esto permitirá generar información continua y de alto valor para la gestión ambiental y la producción.
La construcción y diseño de SABIA-Mar fue acompañada por rigurosos procesos de revisión y validación. “Se ha finalizado la Revisión Crítica del Diseño del satélite en abril del 2018 y en mayo del mismo año realizó la Revisión Crítica de Diseño del Segmento Terreno. En el año 2022 se realizó la Revisión Crítica de Diseño de la Misión (SABIA-Mar Mission CDR), un análisis técnico multidisciplinar para consolidar el diseño y verificar que se pueda cumplir con los requisitos establecidos para la misión”, indicó Martini.
Con SABIA-Mar, Argentina consolida su posición como referente latinoamericano en tecnología espacial, ampliando las capacidades nacionales en ingeniería satelital, sistemas ópticos, electrónica, software, navegación, control y desarrollo de aplicaciones. La misión representa una herramienta estratégica para expandir la información satelital sobre el Mar Argentino y fortalecer la economía azul, en un contexto donde la protección de los recursos y la seguridad marítima son cada vez más relevantes.
El lanzamiento de SABIA-Mar está previsto para el primer semestre de 2027. La etapa actual de ensayos y validaciones permitirá ajustar los últimos detalles antes de que el satélite se traslade al sitio de lanzamiento y se sume, desde la órbita, a la defensa y el conocimiento de los recursos argentinos.
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Elaboran el mapeo más exhaustivo realizado hasta ahora de los ecosistemas argentinos

Fecha de Publicación: 18/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional


El proyecto involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país. El producto será útil para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres argentinos.
Más de 50 especialistas de 25 institutos y universidades nacionales (investigadores y técnicos), que involucró a 15 unidades ejecutoras del CONICET distribuidas en todo el país, trabajaron de manera coordinada para describir y caracterizar 12 ecosistemas marinos, 66 acuáticos continentales y 55 terrestres a lo largo y ancho de Argentina.
Se trata de un proyecto solicitado por la Dirección de Biodiversidad de la Subsecretaría de Ambiente, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), en el marco de la elaboración del Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto también involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país.
“El resultado es un documento de referencia que cuenta con información organizada en formato de fichas para cada ecosistema, así como material suplementario (planillas con datos geográficos y ambientales y un sistema de información geográfica SIG). Consideramos que el producto obtenido representa un avance significativo para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas argentinos”, afirma Paulina Martinetto, una de las coordinadoras del trabajo e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET – UNMDP).
El sistema de información geográfica SIG “es una herramienta digital que une mapas con datos, es decir, que integra información para una determinada ubicación geográfica. Por ejemplo, en este trabajo, el sistema de información geográfica permite tener para cada ecosistema información mapeada de variables ambientales, áreas protegidas y la información geográfica correspondiente”, explica la científica del CONICET.

Mapeo y caracterización de ecosistemas argentinos
Más allá de la separación en los tres tipos de ecosistemas, la clasificación y descripción fue internamente lo más homogénea posible, y en el formato de una ficha para cada ecosistema. “Cada ficha incluye características geográficas (superficie total, posición geográfica y altitud o profundidad), ambientales (temperatura y precipitación para los terrestres y acuáticos continentales; temperatura superficial del mar y clorofila satelital para los marinos), de la flora y fauna, de conservación (áreas con algún grado de protección) y de uso y apropiación humanas (amenazas y servicios ecosistémicos)”, afirma el informe.
En la actualidad, este trabajo constituye el mapeo y la caracterización más completos y exhaustivos disponibles de los ecosistemas de la Argentina. Las iniciativas análogas disponibles estuvieron especialmente centradas en los ecosistemas terrestres. Todo el material elaborado fue diseñado para el uso por parte de gestores y cumple con la solicitud planteada por la CONADIBIO.
Se mapearon y caracterizaron con información satelital y otras fuentes 12 ecosistemas marinos, que abarcan el 100 por ciento del territorio marino nacional. En el caso de los ecosistemas terrestres, los nuevos mapas fueron elaborados a partir de literatura reciente, un modelo digital de elevación, conocimiento de campo y fotointerpretación experta. En el caso de los acuáticos continentales, los 66 ecosistemas fueron establecidos en base a trabajos recientes y la experiencia de expertos que participaron del proyecto.
El informe, titulado “Caracterización y mapeo de ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres de la Argentina”, detalla los principales servicios que brinda cada ecosistema. Por ejemplo, la albufera (laguna costera de agua salada) de Mar Chiquita, declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 1996, brinda servicios de aprovisionamiento como la pesca artesanal, además de regulación hídrica y climática, y valores culturales vinculados a la educación. El ecosistema del caldenal aporta alimento para el ganado, además de regulación hídrica, control de la erosión, y cumple funciones de soporte como la formación de suelo.
Dentro de los ecosistemas marinos, la plataforma magallánica brinda pesca artesanal e industrial, contribuye al secuestro de carbono, el control de la erosión costera y ofrece servicios culturales como recreación, ecoturismo, investigación científica y educación. Finalmente, ecosistemas acuáticos continentales, como las cuencas de los ríos San Juan y Mendoza, suministran agua dulce, energía hidroeléctrica y cultivos, intervienen en la regulación hídrica y generan oportunidades de recreación y ecoturismo.
“Por primera vez, Argentina cuenta con una base integrada y estandarizada sobre sus ecosistemas, construida de manera colaborativa por más de 50 especialistas de todo el país. Este logro ofrece una herramienta estratégica para conservar la biodiversidad, planificar el territorio y evaluar impactos ambientales a la vez que tiene utilidad en el ámbito educativo ilustrando la diversidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional”, indica Martinetto. Y concluye: “La experiencia de este trabajo demuestra la capacidad de la comunidad científica argentina para trabajar unida frente a grandes desafíos, y resalta el papel fundamental de las asociaciones científicas. En este caso, la AsAE tuvo un rol clave al reunir profesionales de distintas disciplinas y ecosistemas, enriqueciendo el proceso y garantizando un producto de alta calidad en tiempo récord”.
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Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
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Conservación de primates en Argentina: solo 7,2% de su hábitat protegido, Chaco y Formosa en riesgo por deforestación

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, la conservación de primates se ha convertido en una prioridad urgente. Un reciente estudio realizado por expertos del CONICET ha identificado las regiones más críticas para proteger a las cinco especies de primates que residen en el país.
El análisis, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reveló que únicamente el 7,2% del territorio de los primates está bajo protección oficial. Esto significa que menos de 20,000 kilómetros cuadrados están resguardados, dejando a estas especies en una situación vulnerable. Ecologíay entorno
Los investigadores han señalado a las provincias de Chaco y Formosa como áreas de especial preocupación. Estas regiones presentan escasos espacios protegidos y sufren altos índices de deforestación, lo que amenaza a los hábitats de los primates.
Esta investigación forma parte del Plan Nacional de Conservación de Primates, aprobado en 2021 mediante la Resolución 430/2021. Este plan establece estrategias para mitigar las amenazas que enfrentan estas especies en Argentina.
En Argentina, cinco especies de primates no humanos habitan distintas ecorregiones. El mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) está en peligro crítico, mientras que el carayá (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), el caí negro (Sapajus nigritus) y el caí de las yungas (Sapajus cay) están clasificados como vulnerables.
Mediante modelos de distribución de especies y análisis de priorización espacial, el estudio identificó áreas de importancia nacional y regional para la conservación de estos primates. Se integraron datos sobre la calidad del hábitat, conectividad, y factores como la huella humana y la infraestructura vial.
Los resultados sugieren que las zonas prioritarias para la conservación incluyen el Bosque Atlántico en Misiones y las regiones húmedas en el este de Chaco y Formosa, así como partes de las Yungas.
La conclusión de los expertos es clara: es crucial integrar a las comunidades locales y a los gobiernos provinciales en un proceso participativo para implementar estas medidas de conservación, asegurando el apoyo y el consenso necesarios.
El Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina cuenta con siete objetivos y 32 acciones, gestionadas por diferentes entidades, incluyendo investigadores del CONICET. La gestión nacional está liderada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y la coordinación ejecutiva por Martín Kowalewski del CECOAL.
Este plan busca ser un puente entre la ciencia y la gestión pública, permitiendo que la investigación se traduzca en políticas concretas. Talleres participativos y campañas de educación ambiental están entre las acciones futuras para impulsar la conservación de primates en Argentina. 
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