Se registraron nuevos incendios en las islas del Paraná e investigan si fueron intencionales

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Los bomberos trabajaron por sofocar una decena de focos ígneos. También se identificaron llamas en algunos puntos de los ingresos a Rosario 
Los incendios volvieron a afectar este martes a las islas del Delta del Paraná ubicadas frente a la ciudad de Rosario. Las autoridades investigan si se trató de una maniobra intencional, al igual que los distintos focos ígneos detectados dentro de la ciudad, sobre todo en los accesos y cercanías a la avenida Circunvalación. 
De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, indicó que se detectaron decenas de focos ígneos en las islas entrerrianas, en especial en áreas próximas a la ruta 174 que une la ciudad con Victoria. El funcionario relató que el monitoreo realizado señaló la aparición de puntos críticos desde el pasado domingo hasta este martes, frente a localidades como San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario, incluso muy próximos al puente Rosario-Victoria y en el área de Pueblo Esther.
De Bueno remarcó que la recurrencia, ubicación y características de los focos demuestra que no fueron incendios accidentales. “Es imposible que sean espontáneos, hay un responsable”, aseguró y describió que todas las evidencias apuntan a maniobras provocadas con el objetivo de quemar pastizales y residuos en zonas de difícil acceso para el control y monitoreo.
En las inmediaciones de la propia ciudad, la problemática se reiteró a lo largo de la Circunvalación, con al menos cinco focos registrados entre el acceso sur y la intersección de la traza con calle Conscripto Bernardi, poco después del arroyo Saladillo. En esos puntos, los automovilistas que circulaban por la avenida advirtieron sobre la presencia de un humo denso que obstruía la visibilidad y presentaba riesgos para el tránsito vehicular.
El bombero Juan José Roger precisó a la prensa local que uno de los focos más grandes se produjo en la Avenida del Rosario y Belgrano, en otro de los accesos principales a la ciudad y próximo a la Circunvalación. Roger advirtió que la combinación de temperaturas elevadas y el uso recurrente de predios abiertos como vertederos no oficiales incrementa la frecuencia e intensidad de los incendios. Por esta razón, pidió a la población abstenerse de arrojar residuos y colaborar con las tareas preventivas para frenar este tipo de episodios.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Santa Fe, Aníbal Gómez, aportó: “Estamos en monitoreo constante junto a Entre Ríos, Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias. Si los focos avanzan y el humo afecta más a la ciudad, se iniciarán de inmediato los trabajos de extinción”.
El último registro de este tipo de siniestros se generó el pasado 10 de julio. Desde la costa local de Rosario y Granadero Baigorria, se observaron con nitidez enormes columnas de humo gris elevándose desde el humedal entrerriano. De acuerdo con la información suministrada por Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, en esa oportunidad, se identificaron cinco focos activos en distintos sectores del Delta frente a Rosario. Tres de estos ocurrieron en la zona sur de la traza, a una distancia de 7 y 8 kilómetros del margen del río Paraná, mientras que los otros dos afectaron áreas más septentrionales, uno a 5 kilómetros y el restante a unos 19 kilómetros, adentrado en el territorio de las islas.
Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del incidente y permitieron precisar la localización exacta de los puntos con mayor actividad ígnea. Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, explicó que al menos tres focos importantes fueron detectados gracias a la tecnología satelital y que trabajaron en conjunto con la coordinación con organismos de Defensa Civil y Medio Ambiente de Entre Ríos. 
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Proponen proteger por ley la fauna silvestre autóctona entrerriana y aumentar su biodiversidad

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


A través de un proyecto de ley el bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos propuso establecer el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos. Entre otros objetivos persigue el control de la fauna exótica invasora, crear un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados, promover corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua y una regulación más estricta de la caza deportiva menor.
El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos (JxER) presentó este martes un proyecto de ley que propone establecer “el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales, de acuerdo con los principios definidos en la presente normativa”.
El proyecto, del diputado Juan Manuel Rossi, sostiene que “el régimen de conservación de la presente ley comprende la protección de las especies de fauna silvestre, tanto residentes como migratorias, que habitan en la Provincia de Entre Ríos. Incluye, asimismo, la protección de sus hábitats esenciales para la supervivencia y el pleno desarrollo de las mismas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la fauna acuática.

Resultado de un proceso participativo multisectorial
En los fundamentos, Rossi destacó que “en coherencia con lo recién mencionado, este proyecto de ley es el resultado de un proceso participativo multisectorial. Fue enriquecido con el aporte de organizaciones ambientales como Ceydas, instituciones científicas como el INTA-Oro Verde, Conicet-Diamante, especialistas en fauna de la Universidad Nacional de La Pampa, prestadores de turismo aventura nucleados en la organización Acetra y funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos”. En el mismo sentido mencionó que “a través de reuniones de trabajo se logró construir una propuesta, que esperamos, aborde la complejidad de la temática de manera satisfactoria, con una perspectiva realista y científica”.
En el proyecto de alertó que “la diversidad biológica (o la biodiversidad) se encuentra gravemente amenazada por la depredación humana. Este peligro es la razón principal que nos alentó a trabajar en la idea de la conservación de la fauna silvestre autóctona entrerriana en hábitats naturales, para así aumentar la diversidad biológica, ya que la capacidad de la naturaleza de producir naturaleza disminuye incesantemente”.
También se señaló que “los beneficios de la biodiversidad al bienestar humano son tan numerosos y fundamentales que sólo un sistema económico y cultural ciego puede ignorarlos. Entre sus aportes, se destacan la seguridad alimentaria, la salud humana basado en medicamentos que provienen de compuestos naturales, la estabilidad ecológica y la regulación del clima y del agua a través de ecosistemas saludables y resilientes, los servicios culturales, recreativos, espirituales y educativos y, el sustento económico de comunidades locales que dependen de la caza, la pesca y el turismo ecológico”.
Rossi precisó que “la presente iniciativa propone un conjunto de instrumentos enfocados en la conservación de la fauna silvestre nativa. Entre ellos, merecen destacarse las estrategias de conservación, tales como la repoblación, la reintroducción y la translocación de animales en hábitats protegidos de productos tóxicos. También es muy importante el control de la fauna exótica invasora, muy dañina para los animales nativos”.
Además destacó que “se crea, además, un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados y, para favorecer el movimiento seguro de la fauna silvestre autóctona, se promueven corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua”.

Cinegética basada en estudios científicos
Entre otros objetivos de similar trascendencia para la protección de la biodiversidad entrerriana, el legislador mencionó “una regulación más estricta de la caza deportiva menor es otro de los instrumentos. Este tipo de cinegética, que debe estar basada en estudios científicos sobre la abundancia de especies, ayuda a mantener poblaciones saludables y equilibradas dentro de los ecosistemas, evitando su agotamiento. Por último, con la creación del departamento de fauna se avanza en un sistema de control integral que incluye tanto el monitoreo ambiental de la fauna silvestre como la fiscalización e inspección de las actividades humanas que puedan afectarla”.
En resumen, Rossi destacó que “este proyecto de ley concentra un conjunto de instrumentos que apuntan a un mismo fin: la protección de la fauna silvestre autóctona en sí. Así las cosas, escapa del alcance de esta iniciativa, y de las posibilidades de cualquier provincia argentina por sí misma, resolver el fondo de la cuestión: el desarrollo de ecosistemas completos y funcionales como la forma más segura de incrementar la biodiversidad. Hoy en día los ecosistemas se degradan velozmente debido a la deforestación, la expansión urbana descontrolada, la agricultura intensiva, los monocultivos forestales, las malas prácticas de manejo ganadero, la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático como incendios y sequías, entre otras”.  

“Nos estamos devorando el planeta”
Rossi mencionó la “contundente” afirmación de la “destacada bióloga y ecóloga argentina Sandra Díaz, quien asevera también, que estamos ante la posibilidad de una extinción masiva de especies dado que cerca de un millón de especies están en riesgo (Rocha, 2019). Publicado en el año 2019, la experta argentina fue una de las autoras del informe de evaluación mundial de la biodiversidad más completo y abarcador hasta la fecha” y compartió “algunas de sus contundentes conclusiones”. 
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Entre Ríos: organizaciones socioambientales denuncian el cierre de escuelas rurales y el avance del agronegocio

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Portal Noticias Ambientales
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio (PRO), anunció su intención de cerrar cerca de 300 escuelas rurales por baja matrícula.
La Coordinadora Basta es Basta expresó su rechazo mediante un comunicado, calificando la medida como “un nuevo golpe a las comunidades rurales, ya afectadas por el abandono estatal y el avance del modelo agroexportador que expulsa a las familias del campo”.
“Un solo alumno tiene derecho a educarse”: voces desde el territorio
Desde el Consejo General de Educación (CGE), el funcionario Sebastián Benedetti justificó el cierre por razones de “eficiencia pedagógica”, señalando que hay escuelas con uno a tres alumnos. Sin embargo, Elio Kohan, docente y referente de Basta es Basta, plantea que “la baja matrícula no invalida el derecho a la educación”, y que las escuelas rurales deben sostenerse como espacios de encuentro y resistencia comunitaria.
En la zona de Basavilbaso, la docente Mariela Leiva advierte que doce escuelas están en riesgo de cierre, y denuncia el impacto de las fumigaciones cercanas, autorizadas por la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, que permite aplicar agrotóxicos a solo 15 metros de las aulas. “Estamos frente a una vulneración directa del derecho a educarse en un ambiente sano”, sostiene.

Fumigaciones, monocultivo y despoblamiento rural
La Coordinadora Basta es Basta señala que el despoblamiento rural responde a múltiples factores: fumigaciones masivas, concentración de tierras, desplazamiento de la agricultura familiar y contaminación de agua y suelos.
En zonas como Concordia, el referente Facundo Scattone Moulins describe un proceso de “expulsión en base a venenos”, donde el uso intensivo de soja y arroz desplaza a los trabajadores rurales, invisibilizados por la tecnificación del modelo productivo.
escuelas rurales

Riesgos sanitarios y judicialización de las fumigaciones
Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental (Universidad de Rosario) demostraron que vivir cerca de zonas fumigadas aumenta el riesgo de cáncer. Kohan, desde Colonia Avigdor, denuncia que “no son estadísticas, son vecinos y amigos que han enfermado o fallecido”.
En 2018, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció distancias mínimas de 1.000 a 3.000 metros para fumigaciones cerca de escuelas, declarando inconstitucional una resolución que permitía aplicar químicos a solo 50 metros.

Una ley cuestionada por desconocer la evidencia científica
Pese al fallo judicial, en 2024 se sancionó la Ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, que habilita fumigaciones entre 15 y 500 metros de las escuelas, según el tipo de aplicación.
La ley exige que se realicen en contraturno escolar y bajo supervisión de un asesor fitosanitario, pero desconoce los estudios sobre derivas tóxicas, según denuncian las organizaciones. “La única buena práctica agrícola es la agroecología”, resume Kohan.

Educación rural: bastión de arraigo y denuncia
“Las escuelas rurales son mucho más que aulas: son espacios de encuentro, denuncia y construcción comunitaria”, afirma Kohan. Scattone agrega que son “el lugar donde madres, docentes y trabajadores se animan a visibilizar lo que ocurre”.
Sin embargo, el vaciamiento no es nuevo: en 2007, el gobierno provincial vendió 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica N.º 151 a la familia Etchevehere, ligada al agronegocio. En 2017, se entregaron otras 29 hectáreas para obras que nunca se concretaron.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Aplican multa millonaria y clausuran un centro de acopio de bidones vacíos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno cerró un centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos ubicado cerca de Aranguren. Aplicó una multa de más de $46 millones a su dueño.
Luego de un exhaustivo proceso, que se inició el año pasado, el gobierno provincial cerró un centro clandestino de acopio de bidones vacíos de fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La multa a su titular supera los 46,274 millones de pesos. 
 La intervención, realizada entre el 22 y el 24 de mayo de 2024, conto con la participación clave de expertos de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (incluyendo su Brigada Ambiental), la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.

Con los envases contaminados hacían objetos de uso cotidiano
Con dicho plástico reciclado, pese a su alta peligrosidad, elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una multa superior a los 46 millones de pesos al titular del establecimiento, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
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Entre Ríos regula el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales

Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia aprobó un protocolo que establece zonas de aplicación, requisitos técnicos y condiciones de notificación para proteger la salud de estudiantes y docentes. El sector agropecuario cuestionó algunos puntos por considerarlos “excesivos”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.
“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías. 

Zonas de aplicación y condiciones técnicas
El protocolo define tres zonas:
    Zona de Exclusión: se prohíbe toda aplicación en un radio de 15 a 500 metros, dependiendo del equipo utilizado.
    Zona de Amortiguamiento: permite el uso solo de productos de baja toxicidad (bandas azul y verde), con requisitos estrictos de aviso, supervisión técnica y condiciones climáticas.
    Zona de Libre Aplicación: habilita el uso de todos los tipos de fitosanitarios sin necesidad de notificación previa.
Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado. 


Reacciones dispares: el campo pide revisión
Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.
El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias. 

Una herramienta para la convivencia rural
Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos.
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Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Atraparon a cazadores en un Parque Nacional: mataron jabalíes, ciervos y carpinchos

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Entre Ríos


Durante un patrullaje, los guardaparques descubrieron un campamento equipado como si fuera una base militar.
Por días enteros, los cazadores se ocultan armados - en distintas zonas de Argentina - con fusiles de largo alcance, visores térmicos y lanchas listas para huir por los arroyos. No cazan por necesidad, sino por deporte o por encargo. Esta vez, sin embargo, el sigilo no fue suficiente.
Tres hombres fueron sorprendidos por guardaparques en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, y quedaron implicados en un operativo que permitió descubrir un campamento perfectamente montado, con armas, víveres y restos de fauna silvestre.
Los delitos contra la fauna en áreas protegidas no son nuevos, pero se han vuelto cada vez más sofisticados. Los cazadores ilegales conocen el terreno, se mueven en grupo y emplean tecnología de punta para burlar a quienes cuidan estas reservas.
En El Palmar, uno de los pocos refugios naturales del sur de Entre Ríos, el trabajo de los guardaparques es permanente y cada incursión puede cambiar de un momento a otro: del silencio absoluto a los disparos en la oscuridad.

Patrullaje, rastros y disparos: un día en el monte
Dos semanas atrás, una patrulla conjunta entre el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y la Brigada de Abigeato de Colón realizó un patrullaje de más de 16 horas por el Parque Nacional El Palmar, que abarca unas 8.200 hectáreas de monte, pastizales y arroyos. Ya entrada la noche, tres disparos quebraron el silencio y los cazadores estaban cerca.
Los rastros los llevaron hasta un campamento improvisado, pero equipado con mesa, sillas, colchones y linternas. Aunque no hallaron a nadie en el lugar, el mensaje era claro: los intrusos se habían instalado con tiempo y recursos, preparados para pasar varios días cazando sin ser descubiertos.
El hallazgo activó una vigilancia más estricta y se redoblaron los patrullajes en las zonas donde más circulan los cazadores: los márgenes del arroyo Palmar y algunas picadas internas que conectan distintos puntos del parque.

Un operativo al amanecer y una lancha escondida
La oportunidad llegó esta semana, cuando una nueva recorrida comenzó de madrugada. Cerca de las 10 de la mañana, los patrulleros divisaron una lancha oculta entre la vegetación a orillas del arroyo Palmar. Dentro, un hombre intentaba deshacerse rápidamente de varios animales, arrojándolos al agua. Eran jabalíes, ciervos y carpinchos que habían sido cazados dentro del Parque.
En el bote quedó solo un jabalí. También había sangre en la ropa del cazador y en el interior de la embarcación. Además, se halló un estuche con un arma larga y otros elementos usados en faenas de caza. El hombre confesó que no estaba solo: dos personas más habían participado con él de la cacería.
En el lugar del operativo se secuestraron dos fusiles, miras telescópicas, visores térmicos, equipos de comunicación, cuchillos, chairas y medicación. Según indicaron desde el Parque, los infractores no ofrecieron resistencia. De todos modos, los antecedentes marcan que este tipo de operativos no siempre termina sin conflictos.

Memoria de un guardaparque asesinado
En abril de 1969, un guardaparque de 32 años llamado Bernabé Méndez fue asesinado después de descubrir un campamento de cazadores ilegales en el Alto Iguazú. Su caso marcó un antes y un después para los trabajadores de parques nacionales, que desde entonces reciben entrenamiento específico en prevención, defensa y manejo de situaciones de riesgo. Cada 14 de abril se recuerda su nacimiento, y tanto en el Parque Nacional Iguazú como en la ciudad homónima hay lugares que llevan su nombre.
La lucha contra la caza furtiva es diaria y se libra en silencio, muchas veces sin reconocimiento público. En zonas como El Palmar, donde conviven carpinchos, ciervos y jabalíes en estado silvestre, el trabajo de los guardaparques sostiene el equilibrio de un ecosistema cada vez más amenazado por quienes eligen las armas antes que el respeto por la vida natural.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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Piden que el gobierno informe qué hizo ante el derrame químico ocurrido el 16 de mayo en el río Uruguay

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


El pedido ingresó este martes a la Cámara de Diputados. Insta al Poder Ejecutivo que informe en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre el incidente ambiental del 16 de mayo en la planta de UPM (ex Botnia), en Fray Bentos, Uruguay. Se pidió precisiones sobre los pasos que se siguieron y se sostuvo que “la salud de nuestra población y la integridad de nuestros ecosistemas no pueden quedar supeditadas a la incertidumbre ni a la falta de información transparente y accesible”.
Este martes ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia para que el Poder Ejecutivo informe “a través de los organismos que correspondan…, en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre los siguientes puntos en relación con el incidente ambiental ocurrido el 16 de mayo de 2025 en la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay”.
Así, se requirió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos precise: “a. Qué acciones específicas, protocolos de actuación y tareas de monitoreo se activaron y ejecutaron inmediatamente después de tomar conocimiento del incidente. b. Qué tipo de muestras (aire, agua, suelo, etc.) fueron tomadas en las zonas afectadas de la provincia, indicando puntos de muestreo, fechas y horarios”.
La diputada justicialista Lorena Arrozogaraya, autora del pedido de informes, también solicitó que se precise en el punto “c. Qué informes técnicos y resultados analíticos ha producido el Área de Laboratorio de Concepción del Uruguay, o cualquier otro organismo técnico dependiente de la Secretaría, en relación con las muestras recolectadas y la calidad del aire y agua en las áreas impactadas por el olor y los posibles contaminantes. Detallar los parámetros medidos y los niveles detectados. d. Si se ha establecido comunicación oficial con autoridades de la República Oriental del Uruguay o con la empresa UPM para solicitar información sobre la naturaleza, magnitud y composición del derrame, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta obtenida. e. Qué medidas de prevención, mitigación o alerta a la población se implementaron o se prevén implementar”.
Respecto de la participación de la Provincia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se informe “a. Qué acciones, informes o actuaciones ha impulsado o producido la delegación argentina ante la CARU a raíz del incidente. b. Si la CARU ha realizado monitoreos específicos en el cuerpo de agua del Río Uruguay en la zona de influencia de la planta UPM con posterioridad al 16 de mayo de 2025, y cuáles han sido los resultados preliminares o finales de dichos estudios. c. Qué medidas se han solicitado o se solicitarán a la CARU para asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y prevenir futuros incidentes de contaminación”.
Asimismo, respecto de la Guardia Ambiental de Gualeguaychú, se requirió: “a. Detalle de las acciones, intervenciones y constataciones realizadas por la Guardia Ambiental de Gualeguaychú desde el momento en que se detectaron los olores y se tomó conocimiento del incidente ambiental del 16 de mayo de 2025. b. Si se labraron actas, se tomaron muestras o se emitieron informes como resultado de su intervención, y en caso afirmativo, proveer copia de los mismos. c. Qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con otros organismos provinciales o nacionales”.

Fundamentos
En los fundamentos, Arrozogaray contextualizó que “el incidente ambiental ocurrido el día 16 de mayo de 2025, originado por un presunto derrame químico en la planta de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, cuyos efectos se extendieron a localidades de nuestra provincia interpela el compromiso ambiental irrenunciable e impostergable de este cuerpo y del estado provincial y municipal para con los entrerrianos y entrerrianas”.
Ante aquella situación, sostuvo que “este tipo acontecimientos nos impulsa a accionar desde todos los ámbitos, gubernamentales y no gubernamentales, ante incidentes donde la sociedad no cuenta con información certera y oportuna acerca de la calidad del aire y del agua, tanto durante como después de eventos tan nocivos para el ambiente como el acaecido”.
Destacó que “como consecuencia del mencionado derrame, un olor putrefacto alcanzó las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano y áreas aledañas, generando una notoria preocupación y afectando la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de nuestros ciudadanos”. Así, entendió que “es imperativo y urgente contar con información adecuada y fehaciente, proveniente de los organismos institucionales con competencia específica, para determinar la naturaleza y composición de las emanaciones y vertidos, y en particular, para establecer si estos pudieron contener Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, compuestos químicos sulfurosos que, según es de público conocimiento, son utilizados por la empresa UPM en su proceso de fabricación de pasta celulosa”.
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Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
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Gualeguaychú volvió a marchar por el medio ambiente: Reclamos y caravana contra la contaminación de Botnia UPM

Fecha de Publicación: 29/04/2025
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Este domingo, la Asamblea Ciudadana Ambiental realizó la 21° marcha al puente internacional. En la concentración en Arroyo Verde, se volvieron a escuchar fuertes críticas a los gobiernos y la CARU.
Con un un compromiso intacto a 21 años del inicio de la lucha, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú junto a vecinos marcharon este domingo para decir presente en la tradicional marcha al puente internacional General San Martín, en el marco del histórico reclamo ambiental contra la pastera UPM (ex Botnia) ubicada en Fray Bentos, Uruguay.
La concentración tuvo lugar en Arroyo Verde, el sitio emblemático donde en 2006 comenzó el acampe ciudadano que marcó el pulso del conflicto. Allí, la Asamblea Ciudadana Ambiental llevó adelante un acto cargado de simbolismo: se leyeron adhesiones de movimientos ambientales y tomaron la palabra representantes de asambleas de otras localidades, como Concordia.
Otro de los momentos fue la realización de una oración ecuménica en la que se destacó la importancia del cuidado del medio ambiente como patrimonio de las generaciones futuras. Se entonaron los himnos de Argentina y Uruguay, y se procedió a la lectura de la proclama de este año, donde se reiteró la denuncia sobre la contaminación progresiva e irreversible que sigue provocando la planta de UPM en el río Uruguay.
En la movilización se pudo ver a históricos referentes de la Asamblea, pero también a numerosos vecinos que se sumaron a la iniciativa anual, en una muestra de que el reclamo sigue vigente. Entre los presentes se destacaron la diputada provincial Lorena Arrozogaray, concejales de Gualeguaychú, funcionarios municipales y el abogado Osvaldo Fernández, actual integrante del gobierno provincial.
Una postal llamativa de la jornada fue la aparición de una pancarta con la imagen del Papa Francisco en la trinchera de Arroyo Verde, donde los manifestantes depositaron flores como símbolo de su compromiso con el cuidado de "la casa común".
Sobre la Ruta 136, la movilización estuvo acompañada por un  operativo de seguridad: efectivos de la Policía de Entre Ríos y de Gendarmería Nacional montaron un control en el óvalo del puente internacional, impidiendo que la caravana accediera a la estructura del puente.
Tras el acto, se produjo una desconcentración paulatina, aunque muchos ambientalistas permanecieron en Arroyo Verde, donde se siguió denunciando la contaminación del río Uruguay y las emisiones atmosféricas de la pastera. Además, se lanzaron duras críticas hacia los gobiernos de ambos países y hacia la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a la que acusan de "mirar para otro lado".
Desde la organización se mostraron satisfechos con la convocatoria, sobre todo teniendo en cuenta que la realización del Superclásico entre Boca y River coincidía en horario y podía afectar la concurrencia. "El compromiso de la gente sigue firme, más allá de todo", señalaron.
Así, Gualeguaychú volvió a hacer oír su reclamo, reafirmando que la lucha en defensa del medio ambiente sigue tan viva como hace más de dos décadas.
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“Necesitamos más gente que se sume a luchar porque es muy difícil seguir”

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


A días de la vigésima primera marcha al puente internacional contra las pasteras en el Río Uruguay, Martín Alazard, uno de los referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, dialogó con EL ARGENTINO y realizó un fuerte llamado a la comunidad.
El domingo 27 de abril se concretará una nueva caravana hacia el puente Internacional General San Martín. Esta tradicional manifestación, que comenzó como una resistencia popular ante la instalación de la pastera Botnia en la costa uruguaya, se ha convertido en un símbolo de la lucha ambiental de la región. Sin embargo, el presente muestra una postal muy distinta a la de los primeros años y requiere del “compromiso de otros que tomen la posta”, reconoce Alazard en diálogo con EL ARGENTINO.
La invitación es a partir de las 15 horas, donde se concentrarán en el paraje Arroyo Verde, y luego se irá en caravana hacia el Puente General San Martín. “Es la vigésima primera marcha hacia el puente, contra Botnia. Como todos los años, venimos batallando por resistirnos a la contaminación”, reafirmó Alazard.
Y advirtió: “Se suman hoy en día muchos otros factores de contaminación que no podemos pasar por alto, como los agroquímicos o las futuras plantas aprobadas, como el caso del hidrógeno verde en la costa uruguaya, frente a Paysandú y Fray Bentos”.
El asambleísta denunció que estas plantas ya cuentan con financiamiento aprobado, y alertó sobre los peligros de nuevas industrias con impactos aún inciertos: “Fray Bentos ya tiene otorgado un préstamo de 20 millones de euros para la construcción”.

Fugas, derrames y falta de control
Alazard enumeró múltiples episodios de contaminación protagonizados por UPM (ex Botnia), incluyendo fugas de soda cáustica, derrames de ácido sulfúrico y fallas en el puerto de carga. “Esto no pasa en Europa, pasa acá. Porque somos, lamentablemente, el fondo del mundo. Donde dejan la contaminación y se llevan la pasta producida para hacer papel”.
Denunció además la falta de controles efectivos y la existencia de convenios de confidencialidad entre Uruguay y las empresas: “No vamos a conocer nunca la realidad de esto, van a aumentar los procesos, la producción y seguirán contaminando. La Cancillería se rasga las vestiduras diciendo que no ha sido informada, pero ¿cómo no va a ser informada si las plantas ya están aprobadas?”, cuestionó.
Tras los episodios de derrames conocidos en el último tiempo, diputados provinciales y dirigentes han realizado pedidos de informes. Sin embargo, no hay resultados claros. “¿Dónde están las respuestas?, hicieron pedido de informes, pero, ¿dónde están los informes? No existen. Necesitamos autoridades que se pongan los pantalones largos y den respuestas claras. Entiendo que se pidan informes por parte de legisladores y diputados, pero que pasa después de eso… No tenemos nada concreto, y la contaminación sigue presente en nuestra región”.
Según el asambleísta, la pasividad institucional contribuye a un escenario desolador: “Botnia ya marcó la cancha. Acá no pueden venir a tomar muestras sin avisar. Es lo mismo que decir: ‘el domingo te allano por drogas’, y te preparás”.
Asimismo, fue categórico al señalar que “seguimos luchando y peleando sin tener respuesta. La única respuesta es que toda la población siga unida, siga gritando: no queremos contaminación”.

Arroyo Verde, con un presente desalentador
Consultado por el estado actual del histórico paraje Arroyo Verde, Alazard fue contundente: “Se robaron todo, hasta las ventanas. Sacaron la guardia policial. El paraje histórico y cultural de Arroyo Verde, nombrado por ley provincial, está prácticamente dejado de la mano de Dios. Antes iban chicos a conocer y recibir una charla y clases. Hoy es otro el panorama. Hay denuncias reiteradas por los robos, pero no hemos podido hacer nada más, lamentablemente. Se robaron hasta los inodoros”.
A pesar de los recientes reconocimientos del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, el referente remarcó: “Había un proyecto de concretar un edificio en el lugar, pero hoy es imposible, mucho más con el freno a la obra pública, es difícil pensar en una mejora en el espacio. Sin embargo, necesitamos que se sume gente, que tomen la posta de la causa. Nosotros estamos grandes, y tenemos muchos años de lucha encima”, resumió el asambleísta.

Convocatoria abierta
Finalmente, Martín Alazard convocó a toda la comunidad a sumarse a la marcha del domingo: “Queremos vivir en un ambiente limpio, sano, por la salud de todos, sin banderías políticas ni económicas. Por eso pedimos que todos se sumen a la caravana, por la vida, por un agua limpia, por un aire puro”, concluyó.
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El campo quiere tener una participación activa en la reglamentación de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Portal APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


Dirigentes y productores entrerrianos de la Federación Agraria Argentina se reunieron y destacaron la necesidad de formar parte del debate que se dará para reglamentar la ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia. “Somos los principales actores de esta ley y debemos asegurarnos alcanzar la mejor reglamentación posible”, afirmaron.
En la localidad de El Solar (departamento La Paz) se realizó la reunión de la Filial El Solar de la Federación Agraria Argentina que fue presidida por su titular, José María Varangot, y contó con la participación de Matías Martiarena (Director de la FAA Entre Ríos) y Daniel Rodríguez (Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia).
En el encuentro se analizaron distintos aspectos de la Ley de Fitosanitarios y su reglamentación, cuyo tratamiento se iniciaría la próxima semana.
Los productores y los dirigentes de la filial coincidieron en que “resulta imprescindible estar permanentemente informados y actualizados sobre el avance de la reglamentación, los temas a debatir y los inconvenientes que se presenten, entre otros puntos”.
En este sentido, el titular de la filial, José Varangot, opinó: “Debemos participar porque los productores somos los principales actores en esta ley y tenemos que asegurarnos el  alcanzar  la mejor reglamentación posible. Caso contrario, estaríamos echando por la borda mucho esfuerzo puesto al servicio de la confección y aprobación de la ley”.
Cabe recordar que la ley fue sancionada en diciembre del año pasado y promulgada en el mes de enero.
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Entre Ríos activa mecanismo de consulta en la CARU por planta de hidrógeno en Paysandú

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerriano expresó su preocupación por la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos, entre ellos hidrógeno verde, en Paysandú, Uruguay.
Ante esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio decidió activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional creado por Argentina y Uruguay en los años 70 para regular las actividades sobre el curso de agua compartido.
“He instruido a las áreas correspondientes para iniciar las gestiones necesarias a fin de activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la CARU”, anunció Frigerio.
El gobernador ya había manifestado semanas atrás su preocupación durante una reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien le transmitió el malestar de los entrerrianos. Según el mandatario provincial, la planta podría afectar el ecosistema regional y la actividad turística, especialmente en ciudades ribereñas como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El caso remite al histórico conflicto bilateral que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de la entonces empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, que derivó en años de tensión diplomática, cortes de rutas y protestas en el puente internacional.
En este nuevo escenario, la representante argentina en la CARU, Ingrid Jetter, confirmó que ya se solicitó formalmente información sobre el proyecto a las autoridades uruguayas. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró Jetter tras reunirse con Frigerio.
Desde el gobierno entrerriano insisten en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales previstos para este tipo de emprendimientos sobre un recurso natural compartido. Además, advierten que la falta de información oficial genera incertidumbre en la población.
Mientras tanto, el tema comenzó a escalar tanto en medios argentinos como uruguayos, y ya ocupa espacio en portales nacionales como Infobae y El País de Montevideo. La CARU deberá ahora evaluar el alcance ambiental del emprendimiento y garantizar el cumplimiento del Estatuto, que establece que cualquier obra sobre el río debe ser comunicada previamente al otro país si puede causar perjuicio sensible.
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ONG denuncia “brutal desmonte de selva en galería” para construir un camping

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), advirtió sobre un “desastre ambiental”, ante el “brutal desmonte de selva en galería para construir un camping en zona administrada por Codesal”.
“Brutal desmonte de selva en galería”. Desde la ONG dieron cuenta que se cortaron varios árboles autóctonos de la selva, algunos de más de 80 años. “El camping pertenece al sindicato STIA y se ubica en zona administrada por la CODESAL próxima a la Tortuga Alegre”.
En este sentido, dieron cuenta que “cientos de árboles autóctonos y arbustos recientemente cortados con motosierra o arrancados de raíz que dieron lugar a amplias picadas abiertas en la selva en galería del río Uruguay es el tristísimo espectáculo que ofrece hoy el denominado camping Pesca perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) en zona administrada por la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), en proximidades del paraje La Tortuga Alegre”.
Sobre las especies afectadas mencionaron que hay “guayabos colorados, coronillos, ubajay, canelones, palos cruz, guayabos blancos, palos amarillos, yerbas de bugre, sarandíes negros, chalchales y espinillos son tan solo algunos de los cientos de árboles talados para la construcción del camping. Entre ellos, hay ejemplares de más de 80 años con troncos de más de 50 cm. de diámetro. Muchos de los troncos fueron apilados para su utilización como leña”.
Finalmente, desde CEYDAS expresaron que “lo más indignante de este polémico desmonte es que en la cartelería de ingreso al camping figura el logo de CODESAL, entidad que administra el polo turístico de Salto Grande”.
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Piden pasafaunas en la ruta que une Rosario y Victoria para evitar que los animales sean atropellados

Fecha de Publicación: 09/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Decenas de organizaciones ambientalistas elevaron un pedido a la Secretaría de Transporte nacional para que el nuevo concesionario de esa traza sume sistemas similares a los que ya funcionan en Misiones
La Ruta Nacional 174 que une a Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos) tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses. A cambio de explotar esa traza, deberá realizar diversas obras de mantenimiento, según se desprende del pliego que dio a conocer Vialidad Nacional en una audiencia pública desarrollada a principios de marzo en la ciudad entrerriana. Sin embargo, decenas de organizaciones ambientalistas piden que se incluya, entre las obligaciones del nuevo concesionario, la instalación de pasafaunas que contribuyan a disminuir las muertes por atropellamientos de animales que se dan sobre esa ruta que atraviesa buena parte de los humedales del Delta del Paraná.
Se necesita con urgencia que el pedido de las organizaciones sea atendido por el secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta, ya que la actual concesión vence el próximo martes y todavía no se definió este punto mencionado por el que reclaman más de 70 organizaciones.
La solución sería que se replique la experiencia de Misiones. En diversas rutas de esa provincia se instalaron puentes y túneles para que la fauna pueda seguir movilizándose sin verse afectada por el paso de autos.
Tal vez el pasafaunas más conocido sea el “ecoducto”, un puente con vegetación selvática que se extiende sobre la Ruta Nacional 101 en Misiones. Pero el pedido es tal vez más simple, ya que la idea principal para el ecosistema de humedales es el desarrollo de túneles por debajo de la traza.

Túneles adaptados
“Los pasafaunas se pueden adaptar a los territorios y a los animales que viven en ellos”, explicó a TN Franco Peruggino, referente del refugio MundoAparte de Rosario, que vio pasar por sus instalaciones decenas de animales atropellados en esa ruta que llegan para ser rehabilitados en el mejor de los casos.
Y agregó: “Proponemos que sean túneles que se camuflen con vegetación natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. De esta manera, pasarían por abajo de la ruta y no buscarían hacerlo por arriba de la calzada”.
El referente del refugio fue uno de los presentes en la audiencia pública de principios de marzo, en la que presentaron el plan, brindaron detalles a las autoridades con informes adjuntos e incluso les facilitaron un mapa en el que marcaron puntos críticos donde podrían emplazarse los pasafaunas.
Peruggino resaltó que la empresa que gane la licitación tendrá derecho a la concesión de la traza por los próximos 30 años y es por eso la urgencia de que se incluya este punto entre las obligaciones que contraiga la nueva firma. No quieren que vuelva a pasar un período tan largo para discutir la cuestión: “Quisiéramos que entre las obras que deben hacer incluyan los pasafaunas. Y que instalen, al menos, uno por año”.

Buenos resultados en Misiones
La idea que buscan replicar en la Ruta Nacional 174 tiene su origen en las trazas de Misiones. Los primeros pasafaunas datan de la década de 1990, aunque se siguen instalando hasta hoy.
Para analizar si los animales hacían uso de las estructuras se llevaron a cabo diversas investigaciones con cámaras trampa y los resultados fueron positivos, detalló a TN el biólogo Diego Varela, que forma parte del Instituto de Biología Subtropical del Conicet en Puerto Iguazú.
“A medida que pasan los años, tuvimos muy buenos resultados de especies que van utilizando los pasos de fauna a medida que la vegetación en torno a esas estructuras se va recuperando”, explicó quien, además, es presidente del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba). Y sumó que no sólo hay más especies que lo usan, sino que, además, aumenta la tasa de uso de los pasafaunas.
Otra de las estructuras que dieron sus frutos fueron las alcantarillas. En nada se parecen a las clásicas estructuras que existen en las ciudades, sino que se trata de ductos desarrollados hace unos 50 años y que se hicieron para el drenaje de agua en una de las rutas que pasa por el Parque Nacional Iguazú. En ese sentido, Varela aseguró que encontraron que varios animales las usaron también como pasafaunas: “Registramos cruces de yaguaretés, osos hormigueros y de ocelotes, que son especies amenazadas”.

Seguridad vial
Si bien la conservación de la fauna es uno de los puntos principales de la instalación de los pasafaunas, el biólogo destacó que la seguridad vial es un factor fundamental a la hora de pensar incorporar este tipo de estructuras en rutas que atraviesan ecosistemas con mucha presencia de animales.
Sobre todo, hizo hincapié en los graves perjuicios que pueden ocasionarse a partir del cruce accidental entre un automovilista y un animal grande: “Atropellar a animales grandes, como por ejemplo los carpinchos, puede convertirse en un accidente muy serio con heridos o muertos. El trabajo sobre la interacción de la fauna silvestre en rutas va más allá de la conservación de especies”.
“Los pasafaunas que se instalan en países de primer mundo derivan de cuestiones vinculadas a la seguridad vial”, añadió.

Mapeo nacional
Actualmente, no hay datos certeros sobre la cantidad de atropellamientos de fauna que se dan en las rutas de Argentina.
Para intentar llenar ese vacío, Varela coordina, junto a otros especialistas, la iniciativa de ciencia ciudadana denominada Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada. Se trata de un sitio que se nutre a partir de la colaboración de personas que registran y cargan en un mapa colaborativo casos de atropellamientos de fauna en rutas de todo el país.
La premisa del proyecto, contó el biólogo, es “visualizar el problema a nivel nacional y poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Mientras más datos tengamos, podremos generar mejores recomendaciones para mitigar el impacto de los atropellamientos sobre la fauna”.
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