Proponen una Ley de Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis del sector

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: Portal Pescare
Provincia/Región: Nacional


 Un proyecto de ley propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis económica, social y productiva del sector. Incluye incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema obligatorio de trazabilidad. 
Un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear la Ley de Emergencia Pesquera Nacional por el término de 24 meses, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, social, ambiental y productiva que atraviesa el sector. La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, haciendo foco en las provincias marítimas y fluviales de mayor volumen extractivo e industrialización. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Entre sus objetivos, la iniciativa busca recuperar la sustentabilidad económica del sector, fortalecer el empleo, modernizar la industria, garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También promueve la expansión de los mercados internacionales y el incremento del consumo interno de productos del mar y de río.
Durante el período de emergencia, el proyecto prevé la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten directamente en la pesca y la acuicultura. Asimismo, se propone la creación del Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con recursos provenientes de multas por pesca ilegal, aportes provinciales, fondos del presupuesto nacional, asistencia internacional y donaciones.
En paralelo, se pondrá en marcha un régimen de incentivos fiscales para empresas que inviertan en innovación, reconversión productiva y sostenibilidad. Además, se creará un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
Una de las medidas centrales del texto es la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), con validación técnica a cargo del INIDEP y en línea con estándares de la FAO. Las empresas que exportan deberán adaptarse al sistema en el plazo de un año, mientras que las que operan en el mercado interno tendrán un plazo de tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía deberán diseñar estrategias de diversificación y apertura de mercados internacionales, mientras que el Ministerio de Salud y el de Agricultura impulsarán campañas de promoción del consumo local de pescado como alimento saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación de la ley, en coordinación con organismos como el INIDEP, el SENASA y el Consejo Federal Pesquero. A los 18 meses de entrada en vigencia, deberá presentar un informe de evaluación de impacto al Congreso, incluyendo la evolución de indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para la continuidad o ajuste de las medidas
Finalmente, se establece la creación de un portal público y gratuito donde se difunda información sobre la ejecución del FOFOSPE, beneficiarios de incentivos fiscales y el avance en materia de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma.
Un exceso de legislación asfixiante, una autoridad de control que opera desde la ignorancia más absoluta de la dinámica real de la actividad, y una propuesta que, lejos de ofrecer soluciones tangibles, se limita a maquillar el problema con fórmulas vacías. En el fondo, no se trata de avanzar, sino de aparentar que se hace algo, mientras el núcleo del conflicto permanece intacto, erosionando cada día más la legitimidad y la eficacia del sistema. Este proyecto, de avanzar, no soluciona ni la forma ni el fondo de la cuestión.
.

Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación

Fecha de Publicación: 10/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas. 
A través de un decreto, el Gobierno modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.
El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. Según confirmó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias. 
Ante las críticas de los sectores ambientalistas, el oficialismo aseguró que exigirá informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Las regulaciones actuales contemplan multas, suspensiones y el cese definitivo de la actividad.
En una reunión entre el Ministerio de Economía, encargado de proponer la medida, la secretaria de Energia, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energia y Mineria, Daniel Gonzalez, y de los equipos técnico de la Casa Rosada, confirmaron que estudian nuevas medidas para promover las inversiones. 
Las modificaciones de esta disposición ya habían sido impulsadas en las primeras versiones de la ley de Bases. El Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por no tener apoyo legislativo.
En su momento, la iniciativa provocó advertencias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo” y expresó que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. 

Explotación en la zona periglaciar
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, fallo en el que marcaba que la responsabilidad en su protección es compartida entre Nación y las provincias. La norma establece la obligación de realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial. 
También establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta fundamental para la recopilación de información y el monitoreo de estos cuerpos de hielo. Al mismo tiempo, estuvo involucrada en disputas relacionadas con la megaminería y sectores que limitan la protección de los glaciares para permitir la actividad minera.
Así, el Gobierno nacional, bajo el argumento de promover y “cuidar las inversiones extranjeras” busca modificar la norma. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker. 
Las zonas periglaciares son zonas montañosas con suelos congelados. “Son clave porque ahí se conserva mucha agua”, comunicó Becker. "En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más", informó.
"El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más", concluyó. 
.

Cambio climático: 130 industrias de Mendoza deberán medir su nivel de contaminación

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


En un registro oficial informarán el volumen de emisión de gases efecto invernadero y un plan para reducirlos. Incentivos para moderar el cambio climático
Desde ahora, las industrias de Mendoza que emitan gases efecto invernadero deberán inscribirse en un Registro Provincial de Emisiones. Así lo decidió el Gobierno, en función de pautas de ONU en materia de cambio climático y contaminación.
La decisión se da en el marco del Programa Provincial Integral de Emisión de Gases Efecto Invernadero, creado por el decreto 748 este año. Las empresas tienen plazo hasta setiembre próximo para registrar emisiones durante el año 2023.
Según indicó a Diario UNO Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería, "de las 20 mil empresas que hay en la provincia, vamos a empezar por 130 industrias con chimeneas que son grandes generadores de gases".
Si bien el nuevo Registro inicia con industrias, no son los únicos actores económicos alcanzados. Para el ministerio de Energía es la primera etapa de un plan para mitigar la emisión de gases efecto invernadero como fin último.

Efecto invernadero: qué busca el control a industrias
"Se creó con el objeto de establecer un marco regulatorio para cuantificación, reporte y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito provincial", señala la resolución del director de Transición Energética, Ángel De Cicco.
Entre los grandes generadores, cementeras y también petroleras son parte del universo a alcanzar con la medida cuya autoridad de aplicación es el área de Transición Energética provincial.
Según trascendió, el objetivo es darle trazabilidad a la emisión de gases. Y, en definitiva, lograr que las empresas presenten su propio plan de reducción de la contaminación a partir de la presentación de reportes anuales. Sin embargo, representan un 30% de los 18 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) que se generan en Mendoza.
Al respecto, Sánchez Bandini puntualizó que "al contrario de lo que se supone, el grueso de las emisiones que contribuyen al cambio climático pasan por el transporte y los residenciales. Por eso es importante monitorearlas y reducirlas".

La postura de Mendoza frente a la ONU y el Acuerdo de París
En definitiva, ya está en marcha la primera etapa, la de la medición del nivel de contaminación.
Luego, en una segunda instancia, vendrán los beneficios que se puedan otorgar a los "cumplidores", que el Gobierno aún no define y van desde incentivos fiscales hasta el acceso a los mercados financieros a través de los llamados "bonos verdes".
Toda una decisión del Ejecutivo mendocino en tiempos en que el gobierno nacional, con el presidente Javier Milei al frente, niega, o al menos relativiza, los efectos del cambio climático.
De hecho, en febrero Milei criticó el Acuerdo de París impulsado por la ONU. Y calificó de "fraude ambientalista" el pacto firmado por los países a favor de encarar acciones para detener la contaminación y el calentamiento global.
¿Una eventual salida de Argentina del Acuerdo de París implicaría un cambio en la política ambientalista de la provincia? ¿O aún así Mendoza seguiría adelante? "Sin lugar a dudas, estamos convencidos de que este es el camino. Más allá de la decisión que tome el Estado nacional en ese sentido", resaltó Sánchez Bandini.
.

Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
.

El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
.

Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
.

Más torres, menos fruta. La mutación del Alto Valle

Fecha de Publicación: 22/05/2025
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro


El Alto Valle del Río Negro es una de las principales regiones frutícolas de la Argentina. En la última década, en la zona también creció la producción de hidrocarburos de la mano del megaproyecto Vaca Muerta. Un trabajo hecho en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó el cambio en el área destinada a cada actividad en la localidad patagónica de Allen, como caso testigo de la región.
Según se desprende de ese estudio, entre 2010 y 2020, la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%. En parte, la transformación se dio por las políticas públicas incentivaron al sector energético mucho más que al alimentario.
“El Alto Valle del Río Negro y es una importante zona frutícola. Aporta al empleo de la región y a las exportaciones nacionales”, comentó Juan Ignacio Azpitarte, licenciado en Economía y Administración Agrarias de la FAUBA. «Sin embargo -agregó- hoy la actividad está atravesando una crisis estructural. Disminuyeron la superficie y la cantidad de explotaciones dedicadas a producir peras y manzanas. Cayeron sus precios internacionales, sus exportaciones, su rentabilidad”, subrayó.
Azpitarte aseguró: “Además, en la última década, la actividad hidrocarburífera creció en la región como parte del megaproyecto Vaca Muerta. Se comenzaron a extraer hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking”.

¿El sector energético está desplazando al frutícola?
Para saberlo, Juan analizó cuánto cambió la superficie destinada a cada actividad entre los años 2010 y 2020. “Me enfoqué en Allen, una localidad del Alto Valle, donde hay una gran interacción entre la fruticultura y la extracción de hidrocarburos”.
En el trabajo se detectó un descenso de la fruticultura: de 6.545 a 4.870 hectáreas, una disminución del 25,6%. Al mismo tiempo, el área destinada a extraer hidrocarburos creció de 42 a 114 hectáreas; un aumento del 178%. “De estas 72 hectáreas nuevas, 33 eran tierras frutícolas y 21 eran frutales abandonadas o con otras actividades agropecuarias”.
“Esto nos hizo pensar que la crisis frutícola y otros factores influyeron en el cambio en el uso del suelo de la zona, además del crecimiento de Vaca Muerta”, reflexionó Azpitarte. Por eso, también decidió estudiar el rol del Estado respecto de ambos sectores.

Torres de perforación entre campos frutícolas
María Marta Di Paola, docente de la FAUBA y directora del trabajo de Azpitarte, resaltó que las políticas públicas destinadas al sector energético fueron más estructurales y constantes en el tiempo, y generaron condiciones favorables para su desarrollo. “En cambio, las dirigidas al sector frutícola fueron de corto plazo y reactivas a la emergencia agropecuaria, y no lograron frenar su retroceso”.
La docente advirtió que observaron un modelo de desarrollo desigual en el que se prioriza la producción de energía por sobre la de alimentos. “Esto está reconfigurando el territorio del Alto Valle del Río Negro, su economía y sus relaciones sociales”.
“Hace años que estudio la transformación de la Argentina como un polo energético a partir del avance de Vaca Muerta —dijo Di Paola—. Es muy impresionante ver las torres de fracking entre campos frutícolas. Nuestro trabajo abarca desde el 2010 hasta el 2020, ya que en 2013 se firmó el acuerdo YPF-Chevron que dio entrada a la técnica del fracking en la Argentina”.

Microfracturas, grandes cambios
El fracking se utiliza para extraer hidrocarburos no convencionales; es decir, gas y petróleo atrapados en rocas impermeables o semipermeables, de difícil acceso. La técnica consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales, e inyectar cantidades grandes de agua, químicos y arena a presión para generar microfracturas.
Junto con otros docentes y estudiantes de la FAUBA, Di Paola investiga los diversos impactos de la expansión de la extracción de hidrocarburos en la fruticultura del Alto Valle. “El objetivo del proyecto es responder si el fracking está desplazando a la producción frutícola”.
Para cerrar, indicó que van a evaluar si la tendencia que observaron continuó en los últimos cinco años, además de otros impactos del sector energético en el alimentario. “En su rentabilidad, en el empleo que genera y en sus condiciones ambientales. En cómo lo viven los habitantes de ese territorio”.
.

Gases de efecto invernadero en la industria hidrocarburífera: Chubut a la vanguardia de la normativa ambiental

Fecha de Publicación: 21/05/2025
Fuente: Portal ChubutLine
Provincia/Región: Patagonia


Chubut y otras tres provincias han comenzado a impulsar nuevas regulaciones relacionadas a los límites de emisiones en la Argentina debido a la dificultad para arribar a una legislación nacional uniforme en materia de protección ambiental para las actividades del sector hidrocarburífero.
Pese a que en noviembre de 2023 se creó el “Programa nacional de medición y reducción de las emisiones fugitivas derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos” , a la fecha esa Resolución N° 970/23 dictada por el Secretaría de Energía no fue reglamentada y el proyecto de ley citado no ha merecido tratamiento en el Congreso
En el interín, varias provincias hidrocarburíferas han dictado regulación específica que, si bien tienen en común el objetivo de protección ambiental y reducción de emisiones, difieren en el tipo de gases cuya medición, cuantificación y/o reducción se exige; en los sujetos obligados; así como en las acciones, planes y/o programas que se les exige a las empresas.

Regulaciones en Chubut y Rio Negro
El puntapié inicial lo dio la provincia de Río Negro mediante el dictado de la Ley N° 5733 (19/7/24) aplicable a las empresas petroleras que prorroguen sus concesiones en la provincia. Se exige el compromiso de planificar a mediano plazo adecuaciones de las instalaciones e implementación de medidas para reducir las emisiones GEI de forma progresiva e incorporar tecnologías de CCUS (Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono). Las concesionarias deberán adoptar criterios de reducción de emisiones e incluir en los Estudios de Impacto Ambiental, la evaluación de la huella de carbono, justificando la elección con relación a la alternativa de menor valor de huella de carbono. Asimismo, en los Informes de Monitoreo Anual Ambiental o Monitoreo Anual de Obras y Tareas deberá considerarse la cuantificación de inventario de gases de efecto invernadero (GEI), la cual se realizará conforme a lo establecido en la norma IRAM 14064.
Por su parte, en septiembre de 2024 la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut dictó la Resolución N° 58/2024 (23/9/24), que regula las emisiones de metanoprovenientes de la actividad hidrocarburífera. Establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación y reducción de emisiones de metano provenientes de las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
La norma exige la presentación de varios planes y programas, entre ellos un Plan Anual de Gestión de Emisiones de Metano, un Programa de Detección y Reparación de Fugas, un Plan de monitoreo anual y un Plan de acción para recambio de equipos.
Posteriormenta la provincia de Neuquén creó por Resolución N°  285/25 de la Secretaría de Ambiente (21/2/25) el “Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Hidrocarburífero”.  Por medio del cuál exige a las empresas petroleras informar las emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso y contar con un registro de lo que emiten. Son sujetos obligados las empresas que realicen exploración, explotación, transporte, almacenamiento, procesamiento, y/o industrialización de hidrocarburos en la provincia.
Finalmente, días pasados la provincia de Mendoza creó mediante el Decreto N° 758/25 (15/4/25) el “Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”.  El mismo establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación, medición, reporte, verificación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en actividades relacionadas con las grandes industrias, entre las cuales se encuentra la actividad hidrocarburífera. Los sujetos obligados deberán cuantificar las emisiones de gases que produzcan anualmente y declararlo ante la autoridad de aplicación, quien podrá establecer límites de intensidad de emisiones a cumplir para los años 2030, 2040 y 2050 y programas de reducción y compensación de emisiones.
Si bien algunas de las regulaciones referenciadas fueron dictadas con posterioridad al dictado del Decreto N° 1057/24 (reglamentario del 163 de la Ley 27.742), todas ellas han incursionado en aspectos que el artículo 2° del Anexo III del citado decreto establece como uno de los temas a ser regulados de manera uniforme y armónica entre Nación y provincias: … f) emisión de gases de efecto invernadero asociada a la actividad (Descarbonización).
A la vista de estas nuevas normas provinciales, se pone nuevamente en evidencia la dificultad en arribar a una legislación uniforme en materia de protección ambiental de las actividades hidrocarburíferas, desafío respecto del cual se comentó en la nota publicada en este medio en diciembre de 2024.

Por Verónica Tito - Abogada, magister en Gestión de la Energía y consultora en Regulación Energética, Transición y Sustentabilidad
.

“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
.

Regulaciones ambientales: los ingenios tucumanos se someten a una inspección

Fecha de Publicación: 12/05/2025
Fuente: Portal TucumanNoticias
Provincia/Región: Tucumán


Los operativos de control son realizados por técnicos de la Secretaría de Producción, afectados a la Subsecretaría de Medio Ambiente. También intervienen representantes de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
La Secretaría de Producción de Tucumán ha dado a conocer recientemente que la Subsecretaría de Medio Ambiente ha completado de manera satisfactoria el cronograma de auditorías ambientales en todos los ingenios de la provincia. Este esfuerzo tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y asegurar que el inicio de la zafra se realice en condiciones óptimas.
Las auditorías comenzaron en el mes de febrero y se centraron en evaluar el estado de mantenimiento de las plantas industriales, además de supervisar todas las etapas del proceso de producción de azúcar y destilación de alcohol. Durante las visitas, se trabajó en colaboración con representantes de cada empresa, lo que permitió implementar medidas preventivas y dejar asentadas en actas las observaciones técnicas realizadas.
El subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, participó en estas inspecciones junto a directivos, inspectores y equipos técnicos de las diversas direcciones que conforman la subsecretaría. Entre ellas se incluyen Protección Ambiental (DiPra), Fiscalización Ambiental (DFA), Programa de Reconversión Industrial (PRI), Monitoreo y Laboratorio Ambiental (SubDiMLA) y Recursos Hídricos (DRH). Cada área se encargó de evaluar el cumplimiento de las normativas específicas de su competencia, verificando aspectos clave como los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, la correcta ejecución de los planes de gestión de vinaza, así como el uso adecuado del recurso hídrico y el estado de los registros obligatorios.
Las inspecciones se enmarcan dentro del Acta Acuerdo firmada en 2011 entre la Secretaría de Ambiente de la Nación y los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, cuyo objetivo es reducir la contaminación en la cuenca Salí-Dulce. En este contexto, se promueven metas como “ceniza cero”, “vinaza cero” y la maximización de la recuperación del agua utilizada en el lavado de caña, en caso de que esta se aplique.
Al finalizar cada auditoría, se confeccionaron actas firmadas por todas las partes involucradas, las cuales contienen el registro de cumplimiento y las recomendaciones pertinentes. Estos documentos, junto con otros registros, constituyen los informes que se presentan de manera trimestral ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, esta labor se articula con las inspecciones tripartitas que se desarrollan en el marco del convenio entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente de la Nación, con el fin de mitigar la contaminación en la cuenca mencionada.
En el recorrido de las auditorías, también participó el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, quien realizó una visita específica a la planta del Ingenio La Florida. Cabe resaltar que el equipo técnico de la Subsecretaría tiene previsto continuar con las tareas de fiscalización a lo largo de toda la campaña azucarera, asegurando así el monitoreo y la supervisión necesaria para el cumplimiento de las normativas ambientales.
.

Brandsen les dijo no a las termoeléctricas

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


Con una votación ajustada y un concejal ausente por haber sido amenazado, se defendió el derecho a un ambiente sano. Los vecinos festejan, pero están alerta: las empresas podrían instalarse cerca.
El Concejo Deliberante de Brandsen rechazó en la última instancia la instalación de dos termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2. Afuera del edificio, vecinos autoconvocados --organizados bajo el nombre Vecinos Unidos por Brandsen-- festejaron cantando "el pueblo unido jamás será vencido".
"Lloramos, gritamos, nos abrazamos, cantamos el himno. Fue muy emotivo, nos sensibilizó y nos esperanzó muchísimo", contó con la voz entrecortada Natalia Sánchez, una de las vecinas que siguieron la sesión desde la transmisión en la plaza frente al Concejo atrás lde as vallas. Sólo a dos de los Vecinos Unidos les permitieron entrar al recinto.
Si bien el 3 de abril el Concejo había votado la instalación de este tipo de industrias categoría tres --"peligrosas" para el ambiente y la salud, según la ley provincial--, en la semana estaba programada una sesión en la que se trataría el último punto: la desafectación del suelo. Es decir, el cambio de rural a industrial de esta categoría.
El cambio en el Código Urbano era el último tema que tenía que tratar la sesión. "Cuando llega a ese punto, el número 20, nos enteramos, por alguien que está dentro del recinto, que se intenta pasar a comisión", dijo Sánchez, pero en línea con las intenciones del intendente Fernando Raitelli --quien apoyó el proyecto--, se votó ese día. Sin embargo, con 7 votos negativos, 5 positivos y una abstención, se rechazó el cambio y se detuvo --por ahora-- la instalación de las empresas en la zona.
De todas formas, los vecinos autoconvocados confirmaron que siguen en alerta y que comenzaron a trascender "rumores de que estas empresas contaminantes se podrían instalar cruzando la autopista a menos de 1 kilómetro de distancia de donde se pretendían instalar: en vez de en Brandsen, en La Plata", declaró Sánchez en diálogo con Página/12.

Un acuífero limpio
La instalación en el distrito lindero --por las características de las centrales termoeléctricas-- seguiría afectando a cuatro partidos bonaerenses: Berazategui, Brandsen, Florencio Varela y La Plata. La contaminación del aire se extiende a 30 kilómetros, pero en el proyecto las empresas querían desechar las aguas residuales del enfriamiento de las turbinas en el arroyo San Luis --parte de la cuenca Samborombón y perteneciente al acuífero Puelche--, contaminando también el agua y un humedal declarado.
El agua sería contaminada por aceites y diversos minerales --entre ellos, arsénico-- y se trasladaría a las napas. "Con esta contaminación no vamos a poder darles agua a los animales, a los perros. No vamos a poder bañarnos porque es altamente tóxico lo que desprenden", expuso con miedo Pedro, otro de los manifestantes antes de que se rechazara la iniciativa.
Aunque las personas no consuman agua de la red, al contaminar las napas también se afecta la gran producción frutihortícola de la zona, que constituye uno de los cordones más importantes para la alimentación del país. Si se llegasen a contaminar el agua de riego y la tierra donde crecen los alimentos, las personas también recibirían la contaminación directamente.
Los únicos informes de impacto ambiental para el proyecto fueron realizados por las empresas. "El avance de emprendimientos industriales de gran escala en las cercanías de tejidos urbanos plantea serios desafíos para las comunidades locales. Aunque estas iniciativas suelen presentarse como oportunidades de desarrollo, muchas veces se instalan sin una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos sobre el entorno y la población", aseguró a Página/12 Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Según la organización vecinal, en los informes las empresas dicen que estarían habilitadas a extraer 7 millones de litros de agua por día del acuífero. Esto afectaría la presión del agua en la zona. Según la especialista ambiental, se debe "evaluar la factibilidad ambiental y social de cada proyecto, considerando no sólo su impacto individual, sino el efecto combinado con otros emprendimientos cercanos".

Trabas legislativas
El predio sigue perteneciendo a las empresas de energía partícipes del proyecto, pero por un año no podrían volver a presentar la iniciativa de instalación. "Mientras ellos sean los dueños nosotros estamos alerta. Sabemos que este año el proyecto perdió estatus parlamentario, pero podrían volver a presentarse. Rescatamos de toda esta situación horrible que tuvimos que vivir y que todavía estamos atravesando que lo que ganamos es el lazo comunitario, vecinal. Estamos agradecidos desde ese punto de vista porque esto nos ha unido como nunca antes", destacó Sánchez.
"Cuando nos organizamos con respeto y convicción, tenemos un poder inmenso. Si el pueblo no las quiere, no se pueden instalar", declaró Vecinos Unidos por Brandsen. A la vez se solidarizaron con el concejal kicillofista Lucas Bronicardi que antes de la primera sesión donde se iba a desafectar el uso del suelo --que fue suspendida por problemas técnicos-- fue amenazado para votar a favor de las empresas.
"Ninguna amenaza puede torcer la voluntad de quien actúa con conciencia y compromiso democrático. Lo que vivió no puede naturalizarse. En democracia, no hay lugar para el miedo ni para la violencia. Repudiamos enérgicamente cualquier intento de intimidación. Nos parece deplorable que se utilicen técnicas de presión y amedrentamiento para torcer la voluntad de los representantes del pueblo", sostuvo la organización.
MSU Energy y SCC Power --las empresas impulsoras del proyecto-- habían sido clausuradas poco tiempo atrás de la zona de Pilar y Escobar por los graves problemas de salud que provocaban en sus comunidades. Las termoeléctricas emiten contaminantes atmosféricos --material particulado, óxidos de nitrógeno, benceno y formaldehído-- equivalentes a trabajar en una mina de carbón sin protección o fumar varios cigarrillos a diario.

Un día simbólico
El Concejo de Brandsen rechazó la desafectación del suelo durante el Día de la Tierra. Sobre esta fecha, Rossi Serra declaró: "tiene que ser un punto de inflexión. La ciencia ya advirtió las consecuencias de no actuar, ahora le toca a los gobiernos estar a la altura y tomar decisiones valientes. No hay más tiempo que perder". Desde el rechazo, Brandsen empezó este camino y sus vecinos se unieron para seguir defendiendo la calidad ambiental del futuro.
.

Vecinos rechazan la instalación de una termoeléctrica en distrito K y hay polémica

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Portal ProviciaNoticias
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ejecutivo local busca un cambio de uso de suelo para permitir la instalación de dos centrales en un predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49.
A pesar del operativo policial, mas de 300 personas se concentraron para rechazar la modificación del Código Urbano para poder instalar la planta termoeléctrica en ruta 2, a cargo de la empresa SCC Power, que ya tuvo que cerrar una planta en Pilar por el rechazo de los vecinos.
En una sesión polémica y con acalorado debate, se rechazó el cambio aunque desde la municipalidad señalaron a este portal que "aún falta más diálogo".
Vale recordar que los vecinos de Brandsen se manifiestan contra la instalación de la planta termoeléctrica en ruta 2, pero también buscan concientizar sobre los problemas de salud de las personas pero también sobre el daño que provocaría en el ecosistema.
La iniciativa de la termoelectrica en manos de la empresa SCC Powe la impulsa el intendente Fernando Raitelli (La Cámpora-FdT). Lo extraño, para mucho en el distrito, es que sabiendo que otro intendente kirchnerista, Federico Achaval, de Pilar, rechazó la instalación de la termoelectrica por las denuncias y reclamos de sus vecinos, no se explica por qué Raitelli inciste con la radicación de esa empresa en su comuna.
El arco opositor dennció que la polémica empresa funciona con el permiso del gobierno de Axel Kicillof, que, sostienen, en vez de controlar que no contamine ni perjudique la salud de los vecios ni proteja el medi ambiente, perite que se instalen en sitios de distritos que no son aptos.
La diputada provincial del PTS Laura Cano participó de la movilización, rechazó la instaación de la termoelectrica y manifestó que "si tenés que llenar de policías el Concejo es porque van a atacar al pueblo. Quieren cambiar el código urbano a favor de termoeléctricas contaminantes. La población lo rechaza. Desde Alerta Roja y el PTS acompañamos a la comunidad y nos sumamos a su lucha", afirmó.
PROVINCIA NOTICIAS consultó a la municipalidad cuál será la postura del jefe comunal Fernando Ritelli pero no obtuvo respuestas.
.

Entre Ríos activa mecanismo de consulta en la CARU por planta de hidrógeno en Paysandú

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerriano expresó su preocupación por la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos, entre ellos hidrógeno verde, en Paysandú, Uruguay.
Ante esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio decidió activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional creado por Argentina y Uruguay en los años 70 para regular las actividades sobre el curso de agua compartido.
“He instruido a las áreas correspondientes para iniciar las gestiones necesarias a fin de activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la CARU”, anunció Frigerio.
El gobernador ya había manifestado semanas atrás su preocupación durante una reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien le transmitió el malestar de los entrerrianos. Según el mandatario provincial, la planta podría afectar el ecosistema regional y la actividad turística, especialmente en ciudades ribereñas como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El caso remite al histórico conflicto bilateral que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de la entonces empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, que derivó en años de tensión diplomática, cortes de rutas y protestas en el puente internacional.
En este nuevo escenario, la representante argentina en la CARU, Ingrid Jetter, confirmó que ya se solicitó formalmente información sobre el proyecto a las autoridades uruguayas. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró Jetter tras reunirse con Frigerio.
Desde el gobierno entrerriano insisten en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales previstos para este tipo de emprendimientos sobre un recurso natural compartido. Además, advierten que la falta de información oficial genera incertidumbre en la población.
Mientras tanto, el tema comenzó a escalar tanto en medios argentinos como uruguayos, y ya ocupa espacio en portales nacionales como Infobae y El País de Montevideo. La CARU deberá ahora evaluar el alcance ambiental del emprendimiento y garantizar el cumplimiento del Estatuto, que establece que cualquier obra sobre el río debe ser comunicada previamente al otro país si puede causar perjuicio sensible.
.

Primer caso en el mundo: una provincia contrató un inédito seguro para cuidar a su “Rey de la Selva”

Fecha de Publicación: 12/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Misiones


Junto a Río Uruguay Seguros, Misiones diseñó una póliza que compensará a quienes el yaguareté mate vacas, cerdos u otros animales; buscan evitar la caza de represalia y no tendrá costo para los productores
En un trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONGs conservacionistas, el gobierno de esta provincia y la empresa Río Uruguay Seguros diseñaron y lanzaron una póliza que protegerá al yaguareté de uno de los mayores riesgos que afronta esta especie en peligro de extinción. El seguro no tiene costo para el productor.
El yaguareté es el felino más grande de América y considerado el “Rey de la Selva” con su lugar al tope de la cadena alimenticia, como el mayor predador. Hoy se calcula que quedan 250 yaguaretés en la Argentina, entre la selva de las Yungas (Salta y Jujuy), la Selva Misionera y el Gran Chaco (formado por Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Menos de la mitad de esa población (unos 90) se encuentra distribuidos por los distintos manchones de selva en Misiones, preservada por parques provinciales, áreas protegidas y el Parque Nacional Iguazú.
Como el principal peligro de extinción es la llamada caza de represalia, que se da cuando un productor mata a un felino porque atacó su ganado, se viene trabajando hace casi un año para diseñar esta solución a ese problema.

Cómo funciona
El seguro funciona de la siguiente forma: si un productor comprueba daños materiales en su hacienda hechos por un yaguareté, llama a la aseguradora e inmediatamente acude un perito para verificar los daños y realizar una compensación económica a ese productor, además de activar otros mecanismos preventivos a futuro.
“Los daños los determinará el perito, pueden ser cuatro vacas, dos chanchos. La compensación económica está dada de acuerdo a lo que se coma el yaguareté, si te come una vaca, depende de lo que pesaba, lo mismo con un chancho o una oveja”, explicó a LA NACION Emilce Errubidarte, directora administrativa del Ministerio del Agro y quien lideró el equipo que trabajó casi un año en diseñar este seguro, junto al Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMIBio) y al Ministerio de Ecología.
Inicialmente se implementará el seguro para el área de Andresito, en el nordeste de la provincia y lindante con el Parque Nacional Iguazú, donde se produjeron los mayores ataques de yaguaretés a ganado en los últimos meses. El plan comprende luego abarcar toda la provincia y, eventualmente, “exportar” el modelo a la selva de las Yungas, al Chaco y también a otros países.
Como también estuvieron atacando y matando perros, se estableció un valor fijo para este caso en particular, mientras que para el resto se determina el valor de mercado del animal. Un dato: si el que ataca es un puma, ahí no hay cobertura del seguro, sino que se activan otros mecanismos de compensación contemplados en la Ley de Grandes Felinos, una norma provincial que reglamentó ciertas compensaciones, también a través del Ministerio del Agro.
“Antes la gente no denunciaba y sigue sin denunciar y a través de las ONGs de conservación pedimos que los productores notifiquen así activamos los mecanismos”, explicó Errubidarte. “Nos parece una iniciativa muy interesante esta prueba, y se espera que la gente también empiece a implementar medidas para facilitar la coexistencia, creando un camino que permita aliviar la tensión de la caza por represalia del yaguareté”, dijo Karina Schiaffino, especialista en áreas protegidas de la Fundación Vida Silvestre.
Durante la presentación del nuevo seguro en la Casa de Gobierno se destacó que esta es la primera vez a nivel mundial que se implementa una solución así para la preservación de una especie como el yaguareté.
“Hoy estamos lanzando el primer seguro del mundo diseñado específicamente para fomentar la convivencia entre uno de los motores productivos de la provincia y uno de sus animales emblemáticos: el yaguareté”, expresó Marcelo Borré, coordinador de Proyectos de Seguros Inclusivos, del programa de PNUD de la ONU.
“Este seguro cuida y protege nuestra biodiversidad, al mismo tiempo que garantiza la producción. Es un verdadero sello misionero: demuestra que se puede hacer política pública con enfoque ecosistémico", dijo el ministro del Agro, Facundo Sartori. En el lanzamiento estuvo también el presidente de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Godoy.
“El seguro no solo protege patrimonios, sino que cuida lo que nos hace únicos como región. Nos permite acompañar a los productores y a la vez financiar activamente la protección de la biodiversidad”, explicó Godoy, presidente ejecutivo de RUS. Consultado sobre el valor de la prima, que afrontará el gobierno de Misiones (se destacó que no tiene costo para el productor), Errubidarte explicó que “se trata de un monto simbólico”.
Según un cálculo del Ministerio del Agro, cada yaguareté tiene un valor ecosistémico equivalente a 1700 millones de pesos, citando un cálculo realizado por la Administración de Parques Nacionales. “El yaguareté es el rey de la selva, es el mayor predador y eso lo pone en una situación de bastante fragilidad porque cualquier desequilibrio por debajo de la cadena le impacta. Es una especie clave e indicador de la buena salud del ambiente, si está el yaguareté es un indicador de que la selva está en buenas condiciones porque hay animales que le sirven de alimento”, explicó a LA NACION Emiliano Salvador, de la Fundación Vida Silvestre. “A su vez tiene un valor cultural inmenso, en la cultura misionera, originaria y en los pueblos donde habitó, en Buenos Aires la localidad de Tigre se llama así por referencia al yaguareté, ni hablar en Chaco o Jujuy”, agregó Salvador.
Misiones tiene 22 parques provinciales. Dos monumentos naturales, dos Reservas Naturales Culturales, cinco Reservas de Usos Múltiples (acá se puede desarrollar cierta producción) y 12 Parques Naturales Municipales. En 2018 creó el Ministerio de Cambio Climático con el fin de obtener compensaciones económicas por preservar el monte y la selva.
Misiones sacó el cultivo de soja y también puso un límite al avance de la frontera forestal que ya no puede avanzar sobre el bosque nativo. Hoy busca cuantificar el costo económico de estas restricciones, concientizar y buscar compensaciones económicas a cambio de los servicios ecosistémicos que ofrece. En tanto, tras un trabajo de casi tres años, la provincia está a punto de emitir sus primeros bonos de carbono, por un valor que se estima le reportaría entre 50 y 70 millones de dólares, por las acciones de preservación que le permitieron mitigar gases de efecto invernadero entre 2017 y 2022. La certificadora internacional Verra ya tiene establecidos los montos y la provincia contrató a la trader Mercuria para vender estos instrumentos. En los años 90, Misiones creó el Ministerio de Ecología, que ejerce el poder de policía sobre las áreas selváticas tanto públicas como privadas.
.

«Tierra arrasada» en el cerro Chapelco: la denuncia del gobierno de Neuquén contra el empresario

Fecha de Publicación: 05/04/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén

La fiscalía de Estado de Neuquén pidió que se investigue a Juan Cruz Adrogué, presidente de Nieves del Chapelco SA, por daños. Qué se encontró en los allanamientos.
La provincia de Neuquén pidió que se investigue si el presidente de Nieves del Chapelco SA, Juan Cruz Adrogué, está realizando un «desmantelamiento» del centro de esquí de San Martín de los Andes con el objetivo de «dejar tierra arrasada ante la inminente finalización de la concesión». El contrato vencerá el lunes 7 de abril y el gobierno de Rolando Figueroa ya abrió un proceso de licitación para buscar una nueva empresa.
La denuncia que presentó en los últimos días de marzo el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, es por «daño con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones».
Allí describió una serie de irregularidades y supuestos actos intencionales del empresario para retirar o destruir bienes del complejo de esquí cerro Chapelco. Esa causa recayó en la fiscalía de San Martín de los Andes a cargo de Hernán Scordo.
En paralelo, hay otro legajo abierto en la fiscalía de Delitos Ambientales que conduce Maximiliano Breide Obeid por daño ambiental contra Nieves del Chapelco SA por la tala de árboles lenga en una zona identificada como amarilla en la ley de Bosques.
El legajo por daño ambiental involucra a la empresa mientras que el de daño es contra su presidente.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el martes se presentó un abogado de San Martín de los Andes en representación de la empresa y de Adrogué, a quien le dieron acceso al legajo. Hay una cautelar vigente para que Nieves del Chapelco SA cese toda actividad de desmonte, desmantelamiento y retiro de bienes del cerro.

Los daños denunciados en el cerro Chapelco
La denuncia que presentó el fiscal de Estado planteó que el empresario está «menoscabando, mediante desmantelamiento y destrucción, el patrimonio provincial confiado». Y describió entre los bienes retirados:
    carpas
    magic carpets
    equipos de esquí
    plaqueta de funcionamiento de aerosillas
    aerosillas
    equipamiento informático
    maquinarias y bienes de uso (pisa pistas, cañones de nieve, camión, camioneta, motos de nieve, 350 uniformes de personal, motor de telecabina)
También planteó que se «ha destruido e inutilizado el medio de arrastre ‘lift del puente’ de conexión con pradera del puma, dañado el sistema de comunicación interno entre los distintos puntos de la montaña -comprendiendo el cableado- afectando el servicio de comunicación de emergencias, dañado el sistema eléctrico a partir del desmantelamiento del mismo, dejando puentes de cables de manera visible con posible riesgo de incendio».
Y denunció el retiro de los módulos sanitarios ubicados en la base y en las cotas 1600 y 1700, «dejando expuestas en superficie la cañería cloacal, sin fajas de seguridad ni medidas que eviten un posible riesgo al ambiente y la fauna».
Raúl Gaitán cuestionó que las confiterías «no se encuentran en estado de mantenimiento», sin que funcione el sistema de calefacción y sin gas.

Los resultados de los allanamientos en el cerro Chapelco
El allanamiento ordenado por la fiscalía en el complejo de Chapelco se hizo con dos objetivos: verificar los eventuales daños denunciados y notificar de la medida cautelar a la empresa.
Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que, en el procedimiento, se pudo constatar el desmonte y tala de árboles lenga, así como algunos daños sobre el cableado, pero que «en principio no se advirtieron» los otros daños denunciados.
Sí se realizó un relevamiento de todos los bienes encontrados en el complejo para dejar ese inventario como futuro «resguardo» para la Provincia.
Nieves del Chapelco SA había contestado el martes pasado que el gobierno había encarado una campaña «de difamación» contra la empresa y calificó de «falsa, inexacta y/o maliciosa» la información difundida.
En cambio, Gaitán había pedido en su denuncia que se dilucide si la intención del empresario «no es desapoderar definitivamente a la provincia de esos bienes, en una posible voluntad de dejar ‘tierra arrasada’ ante la inminente finalización de la concesión».
El contrato entre la Provincia y Nieves del Chapelco SA vence el lunes 7 y ya hay en marcha una nueva licitación a la que la empresa podría presentarse junto con otras que quieran quedarse con la concesión por 25 años. Los sobres con las ofertas para administrar unas 1.880 hectáreas del centro de esquí de San Martín de los Andes se abrirán el 28 de abril.
.

YPF se va de Santa Cruz y le paga u$s 335 millones por "pasivos ambientales"

Fecha de Publicación: 05/04/2025
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Cruz


La petrolera se irá de todos los yacimientos convencionales. Lo que le quedaba en Santa Cruz se lo transferirá a una empresa provincial. El entendimiento fue firmado por ambas partes
Después de 80 años de operación, YPF -la mayor empresa argentina-se va de Santa Cruz.
La compañía alcanzó un acuerdo con el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Cederá las áreas que aún estaba operando a Fomicruz, la empresa petrolera de Santa Cruz. Y además, le pagará u$s 335 millones "por el pasivo ambiental" generado en casi 80 años de operación.
El acuerdo de desvinculación fue firmado por Horacio Marín, presidente de YPF, y Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
YPF decidió que no hará más explotación de petróleo y gas convencional y sólo se dedicará a "no convencional", con casi todo el foco en Vaca Muerta.
La petrolera de mayoría estatal ya vendió varias operaciones convencionales distintos operadores y, en el caso de Santa Cruz, lo que le queda será transferido a Fomicruz.
Se firmó un "memorandum de entendimiento" entre las partes. "YPF cede a Fomicruz varias áreas para llevar adelante el proceso licitatorio que buscará nuevas empresas interesadas en explotar esos yacimientos", informaron.
Además., "elaborará un plan de saneamiento ambiental y se transferirán unos u$s 335 millones a Santa Cruz en concepto de compensación y resarcimiento económico.
"En un hecho inédito, nunca visto en el país, la operadora YPF se retira, pero se hace cargo del pasivo ambiental que ha generado en los años de operación en yacimientos de la provincia de Santa Cruz", sostuvo Vidal.
El mandatario recalcó que "su provincia tiene una nueva posibilidad de fortalecer una de sus principales actividades económicas y potenciar a algunos sectores con este ingreso de fondos de u$s 335 millones".
Horacio Marín, titular de YPF, complementó: "Este acuerdo es lo mejor para YPF, para Santa Cruz y para Argentina".
Intendentes, legisladores y representantes de sindicatos acompañaron a Vidal en la firma de este traspaso.
.

Transición energética en Argentina: en manos del mercado y con un Estado ausente

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Sin un plan, Argentina avanza con una transición energética en manos del mercado, beneficiada por los signos de recuperación económica y moldeada por la ausencia del Estado.
A pesar de que en Argentina hay una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético bajo la órbita del Ministerio de Economía, hasta la fecha no existe ningún plan en ejecución para llegar a dicha transición. El gobierno libertario de Javier Milei decidió apartarse de la dirección que las administraciones anteriores desarrollaron y prefirió dejar la expansión de las energías renovables en las manos invisibles del mercado.
Esto no quiere decir que antes de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, la transición energética caminara a pasos agigantados. El país viene arrastrando un estancamiento de por lo menos siete años.
Tampoco significa que fuera impulsada por empresas del Estado… ni siquiera nacionales.
A nivel mundial, el desarrollo de las renovables, en especial las no convencionales como la eólica y la solar, se ha visto marcado por una fuerte dinámica comercial internacional. Y en especial para los países de América Latina y el Caribe, la importación de ciertos componentes clave es aún imposible de evitar.
En este marco, hasta hace menos de dos décadas era impensable un desarrollo expansivo de las renovables en la región hasta que llegó una rotunda caída en los precios, en particular de la energía solar.
América Latina empezó un proceso desde lo económico, pero también desde lo legal, para prepararse para estas distintas transiciones que, dependiendo de cada contexto, tomaron formas diferentes… Argentina incluida.
A partir de 2015 se desarrollaron en el país políticas como las tres jornadas de RenovAr, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que impulsaron un sustancioso crecimiento de la matriz eléctrica en el país bajo el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía.
Programas como el del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, también dieron pie a los acuerdos privados para el desarrollo de fuentes como la eólica y solar.
En un año (2015) la matriz renovable pasó de 2 % a 5,6 %. Sin embargo, para el país sudamericano, esto duró poco. Según el propio régimen, para este año el país debería tener 20 % de potencia renovable instalada, no obstante, ha habido un estancamiento que a rastras tocó 14,5 % a mediados del año pasado, según información del Ministerio de Economía.
El desorden macroeconómico, sumado a la alta tasa de inflación, provocó un efecto dominó en todo tipo de importaciones. Los programas que el macrismo había desarrollado quedaron estériles ante el contexto económico. Esta situación se desdibujó aún más durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023).
A pesar de que, durante aquel gobierno, se elaboró el Plan Nacional de Transición Energética -que punteaba ambiciosos objetivos para la mitigación de emisiones y contemplaba derechos laborales, justicia y sustentabilidad- y el Ren MDI -una jornada de licitaciones para instalar 600 megavatios renovables-, la implementación de estos proyectos siguió viéndose moldeada por el contexto económico argentino y después por el cambio de gobierno.
Actualmente, la situación parece estar invirtiendose. Las condiciones macroeconómicas y fiscales muestran signos de mejora, lo que puede potenciar este recambio, sin embargo, el Estado no está dispuesto a ordenarlo.
“En principio llevamos un año del gobierno de Milei y no hay un plan energético. El plan anterior era de diagnóstico y declamativo, porque no era vinculante. Pero por ahora, esta administración tampoco da muestras más allá del estandarte de Vaca Muerta como el futuro del desarrollo”, explica Ignacio Sabbatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet-Flacso especializado en transición energética.
Si bien desde el Ministerio de Economía no quisieron hablar del tema, Mariela Beljansky, que hasta diciembre fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético del gobierno libertario, reveló que se planteó un “cambio de mirada”.
En términos sencillos, lo que buscó la funcionaria fue mejorar las condiciones para que los mercados asociados a la transición energética se desarrollen en el territorio. Todo con la menor intervención estatal posible.
“No es el Estado quien se comprometió con el Acuerdo de París, sino la República Argentina, y la República somos todos, tanto el sector público como el privado. Nosotros pretendíamos generar instrumentos para que todos cumplamos con nuestros compromisos”, explicó Beljansky.
Ella aclara que no sabe con certeza si esta perspectiva se mantiene hasta hoy, pues no tiene contacto con Antonio Milanese, quien la sustituyó. Se trató de contactar tanto a este funcionario, así como a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que trabaja este tema en coordinación con la oficina dirigida hoy por Milanese. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Tanto Sabbatella como expertos regionales consultados, coincidieron en que, a pesar de no haber un plan, rgentina sigue avanzando aunque no con el potencial máximo. Y esto se debe a distintas variables políticas y económicas que no solo moldean la velocidad de la transición, sino también la forma que toma.

Una transición energética sin Estado
Si hablamos de la transición energética argentina en términos amplios, Sabbatella identifica dos grandes cuellos de botella: las condiciones macroeconómicas y fiscales, y el transporte de la energía eléctrica. Un problema de mercado y otro técnico-industrial.
El primero ha sido determinante en el desarrollo general del país, y es también una de las razones de la popularidad del gobierno de Milei. Y a pesar del negacionismo climático y la falta de prioridad de estos temas desde el oficialismo, para la transición energética, el mercado también es clave.
Hace dos años, en un pódcast llamado “Diálogos para la transición energética”, Sabbatella explicó que se vivía un “momento histórico de la explosión de la transición a nivel mundial coincidente con una grave escasez de dólares en la Argentina”.
Esa escasez, sumado a la altísima tasa de inflación que vino después y que llegó a un pico interanual de 215 %, limitó las posibles inversiones para expandir las renovables. Era difícil conjuntar fondos para aquel desarrollo y la importación de componentes era casi imposible de concretar.
“Esto no es menor, pero no es la única variable que explica el retraso de la transición energética y el desarrollo de renovables”, añade.
Sabbatella se refiere también a los subsidios a la electricidad que durante la administración libertaria se recortaron sustancialmente para los sectores residenciales, y en el caso de la industria, las pequeñas y medianas empresas, se eliminaron.
Esto explicaría que el sector que en el último año invirtió más para un recambio a energía solar y eólica fue el industrial -sin descartar los parques que se integraron al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi).
Son varios los proyectos solares y eólicos -el último registro cuenta 3,2 gigavatios instalados– que se han anunciado hasta el inicio de este año, algunos bajo el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
Ese esquema propone exenciones impositivas, regulatorias y arancelarias por 30 años con la condición de hacer inversiones superiores a los 200 millones de dólares y dirigidas a estas industrias:  la agrícola, la de infraestructura, la forestal, la minera, la de gas y petróleo, la siderúrgica, la de energía y la de tecnología.
A pesar de que hay alrededor de seis proyectos renovables bajo este esquema -entre los aprobados y los que se anunciaron como potenciales-, las propuestas más grandes están vinculadas a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencionales que se ubica en la región de la Patagonia.
“Hay proyectos off-grid (fuera de la red) como los de la minería, que van a ser un gran demandante energético y muchas empresas buscan descarbonizarse. La minería de cobre demanda mucha energía y ya hay anuncios de posible desarrollo de renovables para reducir el consumo de fósiles y el costo también”, describe Sabbatella.
Y añade: “Acá muchos de los procesos son de abajo hacia arriba porque hay empresas comprometidas con transicionar o porque hay todo un mercado internacional”.
Abajo hacia arriba, quiere decir, según Sabbatella, así como para el director del programa de transiciones energéticas y clima del Diálogo Interamericano, y exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco, una transición energética impulsada por los usuarios y no por el Estado como organismo planificador.
Carlos Salgado, especialista energético regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ve central el desarrollo de planes estatales, no solo para organizar la transición energética de forma justa, sino que también para potenciar las propias inversiones extranjeras.
“En el mundo, el año pasado, las renovables recibieron el doble de inversión que la industria fósil. Sin embargo, en América Latina esto no fue igual y aquí veo dos grandes razones: el riesgo político y el impacto al desarrollo que significa la inversión”, destaca el experto.
“Tenemos que hacer un derisking (reducción de riesgos) en la región, y por supuesto en la Argentina. Y una de las primeras herramientas que se me ocurren es la de desarrollar políticas de estabilidad para que los inversores puedan poner su dinero allí”, añade Salgado.
En el caso argentino, esas políticas de estabilidad no están necesariamente dirigidas a la promoción de renovables no convencionales. Tampoco existen regímenes de promoción específicos a pesar de los proyectos que permanecen dormidos en el legislativo Congreso Nacional, como el régimen de promoción al hidrógeno verde.
El segundo factor que destaca Salgado se vincula con el planeamiento energético a nivel territorial, pero también con un análisis sobre las poblaciones en donde estos proyectos se instalan.
“En ese sentido nosotros siempre promovemos pensar en el impacto social, de género y en la biodiversidad que los parques solares o eólicos pueden provocar”, aclara y advierte que, sin el Estado presente, estas consideraciones pueden no ser tomadas en cuenta.

El desarrollo de renovables con leyes fosilizadas
Blanco reconoce que esto es más que relevante. Sin embargo, también advierte que «si vos no tenés una planeación y tenés un marco de leyes enfocado a las leyes fósiles, el libre mercado no permite desrrolar las renovables.
Este punto es clave, pues las renovables, aún siendo más competitivas que antes, se despliegan en un país cuyas leyes de promoción siguen inclinándose hacia los combustibles fósiles.
Esto queda en evidencia en los anuncios del gobierno vinculados a la energía, en los subsidios y desregulaciones al mercado gasífero que aún prevalecen e, incluso, en los informes trimestrales de coyuntura energética que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético expide, y cuyos datos corresponden, en su gran mayoría, a los combustibles fósiles.
“Si planificas, tendrías una optimización de la asignación de recursos. Y es que el marco habilitante fue diseñado para un mundo fósil. Hoy el mercado no termina asignando de forma eficiente los recursos”, señala Blanco.
Salgado resalta que los países de la región que han podido transicionar más rápido son, sin duda,  los que no tienen yacimientos hidrocarburíferos en sus territorios.
“Uruguay tenía que diversificarse porque importaba mucha energía. Sin embargo, que un país sea productor petrolero no excluye que sea una potencia en renovables. Mira a Brasil”, plantea el experto.
Si bien Argentina está apostando mucho más al gas natural, combustible fósil que es considerado por algunos como “de transición”, reconoce que no hay una vinculación entre el crecimiento de este sector y el renovable.
En esa línea, Juan Ignacio Arroyo, economista, asesor y comunicador argentino especializado en la transición energética, propone ver a YPF, la empresa estatal petrolera, como un potencial impulsor de políticas para la transición energética, y a esto no se refiere la participación en la producción de gas que tiene esta industria, sino a la inversión que ha hecho y puede hacer en el desarrollo de renovables.
“YPF Luz es un gran ejemplo de esto, también Y-TEC, pero si la empresa se corre, esto se deja a decisión de los privados”, advierte el economista.
En 2023, Sabbatella escribió un artículo científico titulado “Transición energética: el cuadrilema argentino”, que retoma el planteamiento del Consejo Mundial de Energía sobre los retos energéticos contemporáneos.
Este organismo categoriza a la seguridad y equidad energética, y a la sostenibilidad ambiental como las tres variables a equilibrar para el desarrollo de los nuevos esquemas energéticos.
Sin embargo, Sabbatella aclara que, para los países del Sur global como Argentina, la capacidad técnica-industrial es un cuarto factor necesario a considerar.
Entonces, la posibilidad de que un país genere nueva infraestructura se vuelve fundamental para poder moldear el tipo de transición energética que necesita.
Antiguas industrias podrían jugar un rol, como lo plantea Arroyo con YPF, o también otras como las metalúrgicas.
En este caso en particular, Sabbatella trae a colación la reciente venta de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), una empresa estatal que producía infraestructura para la producción de hidrocarburos, pero también de renovables.
“En términos de capacidad industrial, el cierre de Impsa da cuenta de lo poco estratégico que el gobierno contempla  este tipo de vectores para el desarrollo de un plan energético”, concluye el sociólogo.
.