Transición energética en Argentina: en manos del mercado y con un Estado ausente

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Sin un plan, Argentina avanza con una transición energética en manos del mercado, beneficiada por los signos de recuperación económica y moldeada por la ausencia del Estado.
A pesar de que en Argentina hay una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético bajo la órbita del Ministerio de Economía, hasta la fecha no existe ningún plan en ejecución para llegar a dicha transición. El gobierno libertario de Javier Milei decidió apartarse de la dirección que las administraciones anteriores desarrollaron y prefirió dejar la expansión de las energías renovables en las manos invisibles del mercado.
Esto no quiere decir que antes de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, la transición energética caminara a pasos agigantados. El país viene arrastrando un estancamiento de por lo menos siete años.
Tampoco significa que fuera impulsada por empresas del Estado… ni siquiera nacionales.
A nivel mundial, el desarrollo de las renovables, en especial las no convencionales como la eólica y la solar, se ha visto marcado por una fuerte dinámica comercial internacional. Y en especial para los países de América Latina y el Caribe, la importación de ciertos componentes clave es aún imposible de evitar.
En este marco, hasta hace menos de dos décadas era impensable un desarrollo expansivo de las renovables en la región hasta que llegó una rotunda caída en los precios, en particular de la energía solar.
América Latina empezó un proceso desde lo económico, pero también desde lo legal, para prepararse para estas distintas transiciones que, dependiendo de cada contexto, tomaron formas diferentes… Argentina incluida.
A partir de 2015 se desarrollaron en el país políticas como las tres jornadas de RenovAr, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que impulsaron un sustancioso crecimiento de la matriz eléctrica en el país bajo el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía.
Programas como el del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, también dieron pie a los acuerdos privados para el desarrollo de fuentes como la eólica y solar.
En un año (2015) la matriz renovable pasó de 2 % a 5,6 %. Sin embargo, para el país sudamericano, esto duró poco. Según el propio régimen, para este año el país debería tener 20 % de potencia renovable instalada, no obstante, ha habido un estancamiento que a rastras tocó 14,5 % a mediados del año pasado, según información del Ministerio de Economía.
El desorden macroeconómico, sumado a la alta tasa de inflación, provocó un efecto dominó en todo tipo de importaciones. Los programas que el macrismo había desarrollado quedaron estériles ante el contexto económico. Esta situación se desdibujó aún más durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023).
A pesar de que, durante aquel gobierno, se elaboró el Plan Nacional de Transición Energética -que punteaba ambiciosos objetivos para la mitigación de emisiones y contemplaba derechos laborales, justicia y sustentabilidad- y el Ren MDI -una jornada de licitaciones para instalar 600 megavatios renovables-, la implementación de estos proyectos siguió viéndose moldeada por el contexto económico argentino y después por el cambio de gobierno.
Actualmente, la situación parece estar invirtiendose. Las condiciones macroeconómicas y fiscales muestran signos de mejora, lo que puede potenciar este recambio, sin embargo, el Estado no está dispuesto a ordenarlo.
“En principio llevamos un año del gobierno de Milei y no hay un plan energético. El plan anterior era de diagnóstico y declamativo, porque no era vinculante. Pero por ahora, esta administración tampoco da muestras más allá del estandarte de Vaca Muerta como el futuro del desarrollo”, explica Ignacio Sabbatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet-Flacso especializado en transición energética.
Si bien desde el Ministerio de Economía no quisieron hablar del tema, Mariela Beljansky, que hasta diciembre fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético del gobierno libertario, reveló que se planteó un “cambio de mirada”.
En términos sencillos, lo que buscó la funcionaria fue mejorar las condiciones para que los mercados asociados a la transición energética se desarrollen en el territorio. Todo con la menor intervención estatal posible.
“No es el Estado quien se comprometió con el Acuerdo de París, sino la República Argentina, y la República somos todos, tanto el sector público como el privado. Nosotros pretendíamos generar instrumentos para que todos cumplamos con nuestros compromisos”, explicó Beljansky.
Ella aclara que no sabe con certeza si esta perspectiva se mantiene hasta hoy, pues no tiene contacto con Antonio Milanese, quien la sustituyó. Se trató de contactar tanto a este funcionario, así como a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que trabaja este tema en coordinación con la oficina dirigida hoy por Milanese. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Tanto Sabbatella como expertos regionales consultados, coincidieron en que, a pesar de no haber un plan, rgentina sigue avanzando aunque no con el potencial máximo. Y esto se debe a distintas variables políticas y económicas que no solo moldean la velocidad de la transición, sino también la forma que toma.

Una transición energética sin Estado
Si hablamos de la transición energética argentina en términos amplios, Sabbatella identifica dos grandes cuellos de botella: las condiciones macroeconómicas y fiscales, y el transporte de la energía eléctrica. Un problema de mercado y otro técnico-industrial.
El primero ha sido determinante en el desarrollo general del país, y es también una de las razones de la popularidad del gobierno de Milei. Y a pesar del negacionismo climático y la falta de prioridad de estos temas desde el oficialismo, para la transición energética, el mercado también es clave.
Hace dos años, en un pódcast llamado “Diálogos para la transición energética”, Sabbatella explicó que se vivía un “momento histórico de la explosión de la transición a nivel mundial coincidente con una grave escasez de dólares en la Argentina”.
Esa escasez, sumado a la altísima tasa de inflación que vino después y que llegó a un pico interanual de 215 %, limitó las posibles inversiones para expandir las renovables. Era difícil conjuntar fondos para aquel desarrollo y la importación de componentes era casi imposible de concretar.
“Esto no es menor, pero no es la única variable que explica el retraso de la transición energética y el desarrollo de renovables”, añade.
Sabbatella se refiere también a los subsidios a la electricidad que durante la administración libertaria se recortaron sustancialmente para los sectores residenciales, y en el caso de la industria, las pequeñas y medianas empresas, se eliminaron.
Esto explicaría que el sector que en el último año invirtió más para un recambio a energía solar y eólica fue el industrial -sin descartar los parques que se integraron al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi).
Son varios los proyectos solares y eólicos -el último registro cuenta 3,2 gigavatios instalados– que se han anunciado hasta el inicio de este año, algunos bajo el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
Ese esquema propone exenciones impositivas, regulatorias y arancelarias por 30 años con la condición de hacer inversiones superiores a los 200 millones de dólares y dirigidas a estas industrias:  la agrícola, la de infraestructura, la forestal, la minera, la de gas y petróleo, la siderúrgica, la de energía y la de tecnología.
A pesar de que hay alrededor de seis proyectos renovables bajo este esquema -entre los aprobados y los que se anunciaron como potenciales-, las propuestas más grandes están vinculadas a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencionales que se ubica en la región de la Patagonia.
“Hay proyectos off-grid (fuera de la red) como los de la minería, que van a ser un gran demandante energético y muchas empresas buscan descarbonizarse. La minería de cobre demanda mucha energía y ya hay anuncios de posible desarrollo de renovables para reducir el consumo de fósiles y el costo también”, describe Sabbatella.
Y añade: “Acá muchos de los procesos son de abajo hacia arriba porque hay empresas comprometidas con transicionar o porque hay todo un mercado internacional”.
Abajo hacia arriba, quiere decir, según Sabbatella, así como para el director del programa de transiciones energéticas y clima del Diálogo Interamericano, y exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco, una transición energética impulsada por los usuarios y no por el Estado como organismo planificador.
Carlos Salgado, especialista energético regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ve central el desarrollo de planes estatales, no solo para organizar la transición energética de forma justa, sino que también para potenciar las propias inversiones extranjeras.
“En el mundo, el año pasado, las renovables recibieron el doble de inversión que la industria fósil. Sin embargo, en América Latina esto no fue igual y aquí veo dos grandes razones: el riesgo político y el impacto al desarrollo que significa la inversión”, destaca el experto.
“Tenemos que hacer un derisking (reducción de riesgos) en la región, y por supuesto en la Argentina. Y una de las primeras herramientas que se me ocurren es la de desarrollar políticas de estabilidad para que los inversores puedan poner su dinero allí”, añade Salgado.
En el caso argentino, esas políticas de estabilidad no están necesariamente dirigidas a la promoción de renovables no convencionales. Tampoco existen regímenes de promoción específicos a pesar de los proyectos que permanecen dormidos en el legislativo Congreso Nacional, como el régimen de promoción al hidrógeno verde.
El segundo factor que destaca Salgado se vincula con el planeamiento energético a nivel territorial, pero también con un análisis sobre las poblaciones en donde estos proyectos se instalan.
“En ese sentido nosotros siempre promovemos pensar en el impacto social, de género y en la biodiversidad que los parques solares o eólicos pueden provocar”, aclara y advierte que, sin el Estado presente, estas consideraciones pueden no ser tomadas en cuenta.

El desarrollo de renovables con leyes fosilizadas
Blanco reconoce que esto es más que relevante. Sin embargo, también advierte que «si vos no tenés una planeación y tenés un marco de leyes enfocado a las leyes fósiles, el libre mercado no permite desrrolar las renovables.
Este punto es clave, pues las renovables, aún siendo más competitivas que antes, se despliegan en un país cuyas leyes de promoción siguen inclinándose hacia los combustibles fósiles.
Esto queda en evidencia en los anuncios del gobierno vinculados a la energía, en los subsidios y desregulaciones al mercado gasífero que aún prevalecen e, incluso, en los informes trimestrales de coyuntura energética que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético expide, y cuyos datos corresponden, en su gran mayoría, a los combustibles fósiles.
“Si planificas, tendrías una optimización de la asignación de recursos. Y es que el marco habilitante fue diseñado para un mundo fósil. Hoy el mercado no termina asignando de forma eficiente los recursos”, señala Blanco.
Salgado resalta que los países de la región que han podido transicionar más rápido son, sin duda,  los que no tienen yacimientos hidrocarburíferos en sus territorios.
“Uruguay tenía que diversificarse porque importaba mucha energía. Sin embargo, que un país sea productor petrolero no excluye que sea una potencia en renovables. Mira a Brasil”, plantea el experto.
Si bien Argentina está apostando mucho más al gas natural, combustible fósil que es considerado por algunos como “de transición”, reconoce que no hay una vinculación entre el crecimiento de este sector y el renovable.
En esa línea, Juan Ignacio Arroyo, economista, asesor y comunicador argentino especializado en la transición energética, propone ver a YPF, la empresa estatal petrolera, como un potencial impulsor de políticas para la transición energética, y a esto no se refiere la participación en la producción de gas que tiene esta industria, sino a la inversión que ha hecho y puede hacer en el desarrollo de renovables.
“YPF Luz es un gran ejemplo de esto, también Y-TEC, pero si la empresa se corre, esto se deja a decisión de los privados”, advierte el economista.
En 2023, Sabbatella escribió un artículo científico titulado “Transición energética: el cuadrilema argentino”, que retoma el planteamiento del Consejo Mundial de Energía sobre los retos energéticos contemporáneos.
Este organismo categoriza a la seguridad y equidad energética, y a la sostenibilidad ambiental como las tres variables a equilibrar para el desarrollo de los nuevos esquemas energéticos.
Sin embargo, Sabbatella aclara que, para los países del Sur global como Argentina, la capacidad técnica-industrial es un cuarto factor necesario a considerar.
Entonces, la posibilidad de que un país genere nueva infraestructura se vuelve fundamental para poder moldear el tipo de transición energética que necesita.
Antiguas industrias podrían jugar un rol, como lo plantea Arroyo con YPF, o también otras como las metalúrgicas.
En este caso en particular, Sabbatella trae a colación la reciente venta de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), una empresa estatal que producía infraestructura para la producción de hidrocarburos, pero también de renovables.
“En términos de capacidad industrial, el cierre de Impsa da cuenta de lo poco estratégico que el gobierno contempla  este tipo de vectores para el desarrollo de un plan energético”, concluye el sociólogo.
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Atanor: a un año de la explosión de la planta de atrazina, los vecinos insisten en el pedido de traslado

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Portal PrensaLibreSN
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves a las 17.00 Hs. vecinos de la planta Atanor, volverán a manifestarse para recordar que su pedido de traslado de la firma no cesa, a concentración será a la intersección de Rivadavia y Ponce de León.
A propósito de esta convocatoria que se da a un año de la explosión de la planta de atrazina, Prensa Libre SN dialogó con Gabriel Godoy, uno de los vecinos y convocantes a la manifestación. Aquel fue “un incidente químico” que “formó una nube tremenda de cianuro que invadió varios barrios de la ciudad, algunos en forma directa y otros luego a través de la nube que se sucedió debido a esta gran gran explosión”. El entrevistado recordó que “barrio Los Fresnos, por varias cuadras, amaneció lleno de polvillo blanco de cianuro, el cual produjo muchas afecciones a la salud, mucha gente se tuvo que asistir médicamente en el hospital, eso quedó todo comprobado”.
El abogado recuerda que a partir de aquella explosión se produjo “la clausura de la empresa completa y en particular de esta parte que fabricaba o producía Atrazina, que es un pesticida muy utilizado actualmente”. Por otra parte, pidió no olvidar que los vecinos y organismos defensores del medioambiente, más puntualmente FOMEA, previo al incidente ya habían iniciado una “causa judicial con el patrocinio del doctor Fabián Maggi. Dentro de esta causa se introdujo una cautelar y la jueza hizo lugar, clausurando la planta de Atrazina y la empresa”. Esto, como es de publico conocimiento para la mayoría de los nicoleños, duró algún tiempo hasta que la Justicia permitió la reapertura de Atanor sin que funcione el sector de Arazina.
“Nuestro pedido de que se reubique la empresa es porque lo que está pasando actualmente es terrible, muchos días los vecinos de Barrio de los Fresnos seguimos padeciendo los olores fuertes a químicos que provienen claramente de la empresa Atanor”, afirmó Godoy y a ello agregó: “vemos la cantidad de camiones que ingresan, muchos de ellos siguen pasando por nuestros barrios y con productos altamente tóxicos, productos químicos que nosotros vamos identificando y vamos llevando en planilla para que sirvan de testigo, de prueba de lo que está sucediendo en esta empresa”.
Casi para cerrar, el entrevistado remarcó que “en el mismo marco de la causa se van sucediendo situaciones que nos van poniendo en conocimiento de la peligrosidad de los elementos que tienen ahí adentro, en la causa surgió que tienen un tanque de 5.000 litros de amoníaco” afirmó. “El amoníaco sería mucho peor que la atrazina, porque si una nube de amoníaco nos sorprende durmiendo prácticamente no vamos a poder salir de nuestra pieza porque es muy potente en cuanto a su peligrosidad. Si el amoníaco ingresa a nuestras casas nos va a afeccionar, nos va a matar dentro de nuestra vivienda”.
Los vecinos “creemos que ese tipo de situaciones de peligrosidad extrema deben hacerse en otro lado. No se pueden hacer acá a metros de los barrios aduciendo una preexistencia que realmente no les da derecho a ellos a tener ese tipo de elementos tan cerca , porque primero que no tienen una preexistencia y segundo que no les da derecho a ponernos en tanto riesgo potencial”, aseguró Godoy.
Para cerrar, insistió, “esta empresa se debe trasladar, se debe reubicar a una zona donde se puede instalar con las debidas condiciones y lo más lejos posible de nuestros barrios”.
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Argentina vive un bum petrolero, con luces y también con sombras

Fecha de Publicación: 15/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Desde hace unos tres años, los argentinos escuchan casi todos los meses noticias de que la producción petrolera bate nuevos récords. Hacia el futuro, se proyecta que el país podría convertirse en un importante proveedor mundial de la que sigue siendo la fuente de energía más buscada.
Las que se presentan como novedades ilusionantes para una economía que vive una crisis profunda desde hace al menos 12 años -con caída del producto interno bruto (PIB) por persona, empeoramiento de la distribución del ingreso y aumento de la pobreza- generan, sin embargo, muchísimas dudas.
Se cuestiona desde la distribución de los beneficios económicos y el acceso a  la energía de la población, al impacto ambiental y social de la expansión y el virtual abandono de los objetivos y compromisos climáticos por parte del país.
La llamada cuenca neuquina, en el sudoeste del país, es epicentro de una expansión de la actividad petrolera que sectores de la academia y organizaciones ambientales y sociales califican como demasiado agresiva.
“En los últimos 10 años empezó a meterse la exploración en la zona agrícola. Desde 2012 se construyeron 3300 puestos (pozos) petroleros, de los cuales 440 se hicieron en 2024. Para 2025 hay más de 500 pozos planeados”, dijo a IPS el investigador Agustín González.
González es ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene sedes en Neuquén y Río Negro, dos de las provincias de la cuenca en la Patagonia argentina por la que se extiende la formación geológica Vaca Muerta.
Este yacimiento, que generó la ilusión de políticos y empresarios argentinos en 2011, cuando la Administración Energética de Estados Unidos lo clasificó como una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo de esquisto, está finalmente comenzando a dar frutos, a veces a costa de otros sectores.
Los hidrocarburos de esquisto se extraen mediante una técnica llamada fractura hidráulica –o fracking, en inglés- y González advierte que su uso masivo está causando fuertes impactos en una zona tradicionalmente agrícola, conocida por su producción de frutas de alta calidad.

Impacto sobre comunidades locales
“El fracking es extremadamente violento. Utiliza 30 000 litros de agua por cada pozo, que es mezclada con más de 60 sustancias químicas y bombas de gran potencia para fracturar la roca. No tiene nada que ver con la actividad petrolera convencional”, explicó.
“El fracking afecta todos los usos del suelo cercanos. Cuando se hace al lado de un río, de una finca agrícola o de un centro poblado, lo pone en riesgo”, agregó González, quien forma parte de un grupo de investigación conjunta sobre el impacto ambiental y social de Vaca Muerta de la Universidad del Comahue y el sueco Instituto Ambiental de Estocolmo.
“El desarrollo del fracking debe equilibrarse con la protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la equidad social, estableciendo un marco regulatorio sólido que evite daños irreversibles en los ecosistemas, zonas agrícolas y las comunidades locales”, advierte un trabajo publicado en diciembre pasado por ese grupo de investigadores
No parece, sin embargo, el momento más propicio para  hablar de estos temas en Argentina, donde el presidente ultraderechista Javier Milei, convirtió el Ministerio de Ambiente en una dependencia menor bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y ha rechazado por completo no solo la agenda climática sino también el fortalecimiento del rol del Estado como regulador de las actividades productivas e industriales.
“El gobierno ha desfinanciado el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) y directamente cerró el de energía distribuida”, dijo a IPS Matías Cena Trebucq, economista de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
El especialista agregó que “si en los gobiernos anteriores había una discutida apuesta al gas natural como combustible de la transición energética, ahora directamente el gobierno de Milei pone todo en los combustibles fósiles y eliminó cualquier referencia  a un camino hacia energías limpias”.
El legislativo Congreso argentino sancionó en 2015 una ley que fijó el objetivo de que 20 % del consumo interno de electricidad provenga de fuentes renovables en diciembre de 2025. En 2024 el rubro creció, por proyectos antiguos que entraron en funcionamiento, y alcanzó 15% de la generación, pero difícilmente seguirá creciendo sin apoyo estatal.

Balance positivo
Gracias a la tendencia de los últimos años, Argentina logró en 2024, por primera vez en 13 años, un resultado positivo de la balanza comercial energética, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en 5668 millones de dólares.
Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3 % el año pasado con respecto al anterior y alcanzaron 9677 millones de dólares, que representan 12,1 % de las exportaciones totales del país, según datos oficiales.
La gran explicación de estos números está en la expansión del fracking en Vaca Muerta, que aportó 54,9 % de toda la producción de petróleo y 50,1 % del gas a nivel nacional. Durante el mes de diciembre último, solo en Vaca Muerta se produjeron 446 900 barriles de crudo (de 159 litros), 27 % más que en el mismo mes de 2023.
La producción convencional de petróleo y gas, en cambio, no deja de caer, por el agotamiento de la cuenca del golfo de San Jorge, en la provincia patagónica de Chubut, que tradicionalmente fue la principal zona petrolera del país.
El total de producción de 2024 fue de 256 268 454 barriles de petróleo, 11 % más que en 2023. Van cuatro años consecutivos de crecimiento, pero solo impulsado por el petróleo no convencional de Vaca Muerta.
Debido al potencial de esa formación geológica, distintos estudios que circulan en el sector sostienen que Argentina va camino a alcanzar los 30 000 millones de dólares anuales de exportaciones de petróleo en 2030 y a colocarse en el mapa mundial como un proveedor.
“La industria petrolera argentina ha avanzado en los últimos 15 años, independientemente de los gobiernos”, dijo a IPS Gerardo Rabinovich, vicepresidente del no gubernamental Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, enfocado en el estudio de políticas públicas en la materia.
Añadió que “hoy se están recogiendo los beneficios, el sector va a seguir creciendo y es posible que el objetivo de los 30 000 millones de dólares de exportaciones se alcance antes de 2030”.
“En 2022 teníamos un déficit de la balanza energética de 4000 millones de dólares y pasamos en 2024 a un superávit de más de 5000. Eso es muy importante para Argentina”, agregó
De todas maneras, el propio Rabinovich apunta que la contracara de esta realidad es que, debido al brutal ajuste de las cuentas públicas realizado por el gobierno de Milei, la demanda interna de gasolina y de diesel fueron 6,5 % y  5 % menores que en 2024, según informe del IAE.
“El gobierno de Milei se planteó liberalizar completamente la actividad petrolera, deplazar al Estado y llevar al plano local los precios globales”, dice a IPS Fernando Cabrera Christiansen, investigador del Observatorio Petrolero Sur, organización que impulsa una producción y consumo de energía más justo y sostenible.
Cabrera apuntó desde la ciudad de Neuquén, donde vive, que el crecimiento de la producción petrolera argentina no genera ni un mayor bienestar de una población mayoritariamente empobrecida y ni siquiera que la energía sea más barata localmente.
Subrayó, en ese sentido, que si bien en la última década llegaron a Neuquén inversiones por más de 40 000 millones de dólares, según datos de la provincial Subsecretaría de Energía, monto que no recibió ningún otro territorio, los índices sociales son tan alarmantes como los del resto del país.
“La provincia usa las regalías petroleras para pagar sueldos públicos y otros gastos corrientes. No alcanza para hacer obras de infraestructura ni para dar beneficios sociales. Y los niveles de pobreza en Neuquén son parecidos a los nacionales”, concluyó.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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Contaminación del Paraná: advierten que los buques se quedan sin serenos

Fecha de Publicación: 26/02/2025
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El Litoral repasó días atrás que un derrame de hidrocarburos en Fray Luis Beltrán obligó a paralizar la planta potabilizadora. Y que hubo una respuesta oficial a un pedido de informes del Senado. Ahora se señala un nuevo riesgo para la zona portuaria.
"Tan solo tres de los últimos 60 buques contrataron un sereno" en el movimiento portuario de Timbúes, en el departamento San Lorenzo, desde que está vigente un decreto del gobierno nacional que desreguló distintos aspectos de la navegación fluvial y convirtió en opcional para cada firma la contratación de ese personal en tierra.
El dato es parte de las advertencias que formuló el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) respecto del nuevo marco de exigencias (menores) para los barcos de ultramar que surcan el río Paraná, contenido en el decreto 37/25 del presidente de la Nación Javier Milei, que también tiene las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Excluir a los serenos de buque tiene consecuencias", expresó el legislador en un escrito, que aquí El Litoral reproduce parcialmente y comenta. El envío del representante por San Lorenzo llegó luego de que este medio publicara la respuesta que recibió el Senado de Santa Fe a un pedido de informes suyo, que solicitó precisiones sobre un derrame de petróleo de un buque del transporte de granos llamado "Princesa María", con bandera de las Islas Marshall.

Proyecto y preocupación
"El 19 de septiembre pasado, ingresé en la Cámara de Senadores un pedido de informes por un hecho gravísimo que ocurrió en el río Paraná, en el Puerto de Vicentin de la ciudad de San Lorenzo", señala Traferri y sigue: "ese proyecto, votado por unanimidad, requería información sobre el derrame de hidrocarburos producido por el buque granelero de bandera de las Islas Marshall, llamado "Princesa María", que obligó a detener la producción de agua potable para la Ciudad de Fray Luis Beltrán".
"Más allá de la respuesta que llega ahora desde el gobierno provincial, me parece que es necesario llamar la atención sobre otro aspecto que puede hacer que este tipo de incidentes se repita cada vez más", dice el senador que va luego directo al punto que lo preocupa: ¿Quién cumple ahora la función que hasta ahora tenían lo serenos de buques?. El detalle no es menor porque en el derrame de líquidos oleosos en el sur santafesino no hubo aviso al servicio municipal de agua potable. Nadie advirtió de la mancha viscosa que apareció en la superficie del río, junto al buque: fueron los empleados de la planta potabilizadora los que dieron la voz de alerta al notar que flotaban hidrocarburos en el agua cruda en las primeras piletas de tratamiento ya dentro del establecimiento potabilizador. (De todos modos, para cuando sucedió ese incidente, en septiembre de 2024 aún regía la obligación de contratar serenos de buques).
Traferri manifestó su preocupación por "la decisión del gobierno nacional de quitar la obligatoriedad de contratar serenos de buque" y aseguró que tan solo en el puerto de Timbúes en el departamento que representa sobre 60 barcos solo 3 los contrataron desde que está vigente el reciente decreto mencionado.
"Esta acción del gobierno nacional seguramente terminará con la exclusión de esta figura, ya que los barcos buscarán ahorrarse el costo de su contratación (monto exiguo para los presupuestos que manejan), prescindiendo de los serenos. Pero el impacto será grande. Porque ellos son los encargados de detectar y denunciar eventuales derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico", subraya.
"Entonces, por un lado, se afecta las fuentes laborales de muchísimas personas, principalmente en nuestra región. Y, por otro, nuestro río, ese gran recurso natural que tenemos, queda a merced de ser contaminado como en este caso. Y se facilitan otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico", afirma.
De inmediato concluye: "Vamos a trabajar para que el gobierno nacional revierta esta decisión, porque estamos convencidos de la necesidad de cuidar los empleos y el ambiente. Y sería bueno que el gobierno provincial acompañe este reclamo".

Nueva normativa
El primer artículo del decreto señalado aprueba el "Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" o Reginave que está anexado a la norma dictada por la Casa Rosada. Dice que la autoridad de aplicación es la como antes la Prefectura Naval Argentina, que queda autorizada a establecer "normas operativas y complementarias" y "celebrar los acuerdos que hagan posible los servicios reglamentarios y de certificación de buques, de conformidad con las disposiciones y recomendaciones establecidas por la Organización Marítima Internacional , en el marco de lo dispuesto por el "Código para las Organizaciones Reconocidas".
A continuación, en el artículo cuarto se sustituye la Sección 2 del Capítulo II del Título II del Anexo "Reglamentación del Régimen de la Seguridad Portuaria" del Decreto N°890 del 25 de abril del 1980 por el siguiente: "Sección 2 - De los serenos de buques: Funciones".
Desde fines de enero consisten en "la vigilancia general de los buques amarrados en puerto, como asimismo de la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas". En el ítem siguiente se crea el título "Libertad de los buques de tomar serenos" y añade: "La contratación de serenos por parte de toda embarcación será opcional".
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Avalan el agravamiento de los cargos por contaminación en el predio de Comarsa

Fecha de Publicación: 15/02/2025
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías Gustavo Ravizzoli aceptó la reformulación de cargos realizada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y, de ese modo, avaló el agravamiento de la acusación por contaminación y administración fraudulenta contra dos ejecutivos y un empleado de la empresa Comarsa.
El magistrado también hizo lugar a otros planteos del titular de la fiscalía de Delitos Ambientales para mantener embargos por U$D 7 millones y para extender por seis meses el plazo de investigación.
La resolución se confirmó hoy, 48 horas después de que la fiscalía realizara los planteos durante una audiencia de reformulación de cargos.
Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Durante la audiencia en la que se reformularon los cargos, Breide Obeid  explicó que el avance de la investigación permitió sumar hechos a la acusación inicial por contaminación peligrosa en perjuicio de la Salud Pública contra los imputados, por el vertido sobre el suelo de residuos petroleros sin tratamiento. El fiscal jefe aclaró que, si bien no se modificaba la figura legal, los cambios en los hechos atribuidos tienen que ver con que se pudo constatar que la empresa avanzó por fuera del predio que tenía habilitado utilizar.
La acusación es por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal). La segunda parte de la acusación tiene que ver con haber simulado ganancias para distribuir dividendos y obtener ventajas patrimoniales, y en este caso también hubo cambios: se modificaron los niveles de participación, con J.M.L como autor y los dos imputados restantes como partícipes necesarios.
Todos los planteos realizados por la fiscalía y avalados por el juez tuvieron el acompañamiento de las querellas particulares, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.
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Dos empresarios azucareros tucumanos deberán afrontar una reparación económica por daño ambiental

Fecha de Publicación: 14/02/2025
Fuente: Portal ElTucumano
Provincia/Región: Tucumán


Casación hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal, que durante el juicio, había solicitado medidas de reparación contra los empresarios condenados "por haber vertido efluentes industriales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en cursos de agua".
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un pedido de reparación de daño solicitado por el Ministerio Público Fiscal en una causa en la que dos empresarios azucareros tucumanos fueron condenados por contaminación ambiental con residuos peligrosos. Los jueces anularon el punto de la sentencia condenatoria donde se desestimaba esta medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio y, de esta manera, resolvieron reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que determine el monto indemnizatorio.
De esa forma, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques hicieron lugar al recurso formulado por el fiscal general subrogante Pablo Camuña y sostenido en la instancia por el fiscal general Javier De Luca.
Según informa el sitio Fiscales, el 12 de mayo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó a penas de 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de 100.000 pesos a los empresarios azucareros Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep por contaminación con residuos peligrosos mientras estaban a cargo del ingenio La Trinidad. El fallo hizo lugar de manera parcial a lo solicitado durante el debate por el fiscal general subrogante Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, quienes habían requerido penas mayores y de cumplimiento efectivo y medidas de reparación de daño para los acusados, por haber vertido efluentes industriales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca Salí-Dulce, con incidencia en la provincia de Santiago del Estero.
Los jueces del tribunal no hicieron lugar a la medida de reparación de daño solicitada por el MPF por un monto de 100 millones de pesos, ni tampoco al pedido de que se investigue al entonces secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, Alfredo Montalbán, que declaró como testigo en la causa, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Esta fue la tercera vez que el Ministerio Público Fiscal requirió condena en este caso, luego de dos sentencias absolutorias -dictadas por el mismo tribunal con conformaciones distintas- que fueron revocadas y anuladas en 2016 y 2019 por la Cámara Federal de Casación Penal. Según la fiscalía, no había antecedente en la jurisdicción de un juicio que haya tenido que realizarse tres veces.
Al presentar su recurso de casación, Camuña sostuvo que el fallo del TOCF contenía “una defectuosa consideración de extremos conducentes para la correcta solución de la pretensión reparatoria, pues carece de motivación y fundamentación suficientes al haber omitido arbitrariamente dar tratamiento a argumentos jurídicos oportunamente esgrimidos, pruebas regularmente incorporadas al proceso, y al haber incurrido en una notable contradicción con las consideraciones sobre la comprobación de extremos fácticos conducentes a condenar a ambos imputados, pero a la vez rechazar la adjudicación de una responsabilidad de reparación del daño causado”.
La fiscalía calificó como contradictorio al fallo del tribunal, al argumentar que la reparación del daño es obligatoria en casos donde se compruebe su producción, sin que sea necesaria la determinación de la existencia de víctimas concretas para su implementación. Así, resaltó que la sentencia admitió que los imputados generaron un daño ambiental susceptible de ser reparado, y que la decisión compromete la responsabilidad internacional de Argentina en la materia al no priorizar la necesidad de reparar el daño ambiental y restaurar el equilibrio ecológico.
A su vez, Camuña sostuvo que el argumento empleado por el tribunal para rechazar su pedido, relativo a la existencia de un expediente que tramita ante la Corte Suprema de Justicia y que atañe al saneamiento de la cuenca Salí-Dulce, es falso debido a que no hay prueba producida de mejoras en los procesos industriales durante el tiempo en que los acusados dirigieron la empresa que explotaba el ingenio La Trinidad. Además, tanto los imputados como el ingenio de mención no son parte de esa causa.
Por ello, solicitó se revoque parcialmente la sentencia y se establezca la reparación del daño ambiental causado en los términos en que había sido solicitada. Estos planteos fueron respaldados por el fiscal de cámara De Luca en su intervención.
Con un voto unánime, los jueces de la Sala I hicieron lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal al considerar que la resolución del tribunal “es portadora de vicios que resienten su motivación y la descalifican como acto jurisdiccional válido”. Así, destacaron que luego de la reforma constitucional de 1994, el Estado Argentino sancionó la Ley 25675 de política ambiental nacional (conocida como Ley General del Ambiente), que establece entre sus artículos la reparación del perjuicio.
Además, destacaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el reconocimiento del estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental, configuran “la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
De acuerdo al fallo, la mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a la población en su conjunto, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y por ese mismo motivo la protección estatal al medio ambiente, conduce a que sean adoptadas “todas aquellas acciones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales sino, también, de las futuras y, dentro de ese deber debe garantizarse no sólo el juzgamiento de las acciones desplegadas en contra del derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano sino, además, velar por la reparación del daño causado en la medida en que sea posible”.
Por estos motivos, los jueces Petrone, Barroetaveña y Mahiques resolvieron reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que, determinen el monto indemnizatorio, el que, en la medida de una solución razonable, deberá atender la entidad y actualidad del daño ambiental causado, las circunstancias personales de los imputados y el tiempo prolongado de duración del proceso.
Además, también rechazaron los argumentos de la defensa de los imputados respecto a la violación del principio de “non bis in idem” (de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho) al señalar que en ninguna de las dos etapas anteriores se había dictado sentencia firme. Tampoco hicieron lugar al reclamo de la violación de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable al entender que la duración del proceso estaba justificada por la complejidad del caso y sus circunstancias.
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Un informe técnico confirma altos niveles de contaminación en suelo y agua de una petroquímica de Taselli

Fecha de Publicación: 11/02/2025
Fuente: Portal LaPolíticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La contaminación del acuífero subterráneo y del suelo es a 5 kilómetros de Rosario, junto con la afectación de la costa del río. El caso contra el empresario sigue en litigio.
El perturbador espectáculo de un brazo del riachuelo teñido de un rojo intenso, que se presume es efecto de un hecho de contaminación industrial en un área densamente poblada, tiene una analogía muy fuerte en Rosario. Es a raíz del daño ambiental que sí está probado en Capitán Bermúdez, a cinco kilómetros al norte de la ciudad, ocasionado hace casi una década por una petroquímica de uno de los empresarios más fuertes de Argentina.
A diferencia de lo que se verificó esta semana en el riachuelo, en los terrenos de Capitán Bermúdez el daño casi no se ofrece a los ojos. Pero uno de los últimos informes técnicos que encargó el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que no trascendió públicamente, constata niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
Los especialistas señalan que sustancias de cloro u organoclorados altamente tóxicos están próximos a las napas del Acuífero Pampeano y que también migraron a inmediaciones del lecho del Paraná desde donde se incorporan al caudal del río. Un segundo acuífero, el Puelche, también puede estar afectado.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de la UTN de San Nicolás. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, "se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado". Esto ocurre en el predio de 23 hectáreas de Petroquímica Bermúdez que son linderas al río.
Se tomaron extracciones de siete pozos. En tres de ellos se advierten valores extremos de contaminación (los denominan Gamexane, Río y Tricloroetileno). Al excavar el pozo Tricloroetileno se encontraron valores altos de ese elemento, tetracloruro de carbono y cloroformo, que se incrementan desde los 60 centímetros de profundidad hasta los 16 metros.
El asesor ambiental de la firma Petroquímica Capitán Bermúdez presentó una propuesta de remediación para las aguas subterráneas contaminadas en enero de 2024 de parte de la empresa HSE Ingeniería, que previó la construcción de perforaciones de testeo para el bombeo en napas. Eso supone una red de extracción de agua subterránea donde se hayan detectados niveles de toxicidad. El agua extraída según proponen será tratada antes de su descarga ya que el procedimiento, dicen en la propuesta, producirá emisiones atmosféricas del aireador y descarga de efluentes tratados al alcantarillado público.

Cal carburo
Un escrito del 5 de agosto del año pasado incluido en ese mismo expediente al que tuvo acceso LPO "acredita la contaminación de los recursos de agua subterránea y suelo de la empresa Capitán Bermúdez y la potencial afectación de la costa del río (Paraná) lindera a la empresa con cal de carburo". Luego se confirma "la contaminación de la costa del río (de acceso público) con cal de carburo de idéntica composición que la que se encuentra dentro del predio de la empresa, producto de los procesos productivos de la misma en el pasado". En la foja 1427 de ese expediente "se notifica al representante técnico la contaminación de la costa del río con cal carburo y su obligación de evaluar el pasivo y presentar un plan de remediación.
Poco antes, el 18 de junio de 2024, se hace referencia en el mismo documento público a las muestras tomadas en la ribera del río Paraná, a la detección de cal de carburo que "con un espesor variable cubre aproximadamente unos 150 meteros de la costa del río lindera al predio de Petroquímica Capitán Bermúdez.
"La presencia y magnitud del residuo en la costa del río, lugar de acceso público e inclusive poblado en las cercanías del hallazgo, constituye una afectación del suelo potencialmente peligrosa para la salud humana y la flora y fauna naturales, dado el pH extremo del material", indica el informe técnico, que adjunta fotos donde se advierte con claridad un residuo blanquecino en la orilla de la barranca del río. El perito recomienda un estudio más profundo "que permita cuantificar el daño y riesgo identificados, a fin de diseñar una remediación y prevenir mayores perjuicios".

El pleito y las tierras
El punto es qué dispondrá el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro en relación a las tierras que detenta la empresa todavía controlada por Taselli. Si le da aval al plan de remediación de la empresa o avanza en la perspectiva propuesta en el caso penal por los fiscales que pasa por fijar multas multimillonarias y recuperar para la provincia las 23 hectáreas con daño ambiental constatado.
La responsabilidad penal que llevó a imputación a Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos se determinó después de que la Fiscalía de Estado de Santa Fe constatara que Petroquímica Bermúdez operaba desde 2015 en instalaciones deterioradas, no patas para la manipulación de químicos. Las inspecciones manifestaron falta de mantenimiento en accesorias, cañerías y tanques de almacenamiento. Hubo derrame de sustancias peligrosas, emisiones corroboradas de gas cloro, presencia de residuos peligrosos mal tratados y bombonas contenedoras de químicos rotas a la intemperie y sus fluidos derramados. En esos recipientes se guardaban sustancias como benceno, amianto y mercurio.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y negocios agropecuarios. Fue representado al ser imputado por Mariano Cuneo Libarona hasta el día en que asumió como actual ministro de Justicia de la Nación.
La causa penal abierta por orden del ex gobernador Miguel Lifschitz tuvo una resolución favorable a Taselli a fin de 2024 cuando la Corte Suprema de Santa Fe, en votación que debió ser desempatada por un conjuez, resolvió que por este caso al empresario ya lo habían juzgado. Para los fiscales del caso más todos los juzgados inferiores la cosa juzgada que invoca la Corte Suprema para beneficiar a Taselli fue una trampa gigantesca.
Se dio cuando el anterior fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que afrontará por otros motivos un juicio por corrupción, ordenó repentinamente al fiscal que investigaba el daño ambiental cerrar el caso y concederle a Taselli un criterio de oportunidad, con lo que el caso fue al archivo y el empresario no recibió sanción. Este caso está actualmente discutido ante la Corte Suprema de la Nación. Justamente Cuneo Libarona sostenía que su cliente no debía ir a proceso porque sería en ese caso juzgado dos veces. Es el criterio que prevaleció, tras un empate 3 a 3 entre sus ministros, en el máximo tribunal santafesino. El juzgado de primera instancia y tres miembros de la Cámara Penal por unanimidad aseguraban lo contrario.
Mientras el caso se dirime penalmente la cuestión es cómo accionará la provincia de Santa Fe con las tierras envenenadas durante la gestión de la empresa. En las audiencias preliminares contra Taselli uno de sus acusadores se preguntaba más allá de la disputada causa penal. "Qué va a hacer Santa Fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar?"
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El arroyo Sarandí se tiñó de rojo y los vecinos creen que es por desechos industriales

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
 En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.
Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.
Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”. 

Más Información:

Tiempo Argentino. Alarma por el arroyo Sarandí, que amaneció teñido de rojo y con olores nauseabundos
El arroyo Sarandí amaneció teñido de rojo y tanto el color como el olor nauseabundo llamó la atención de las y los vecinos de Avellaneda, que apuntan contra empresas de la zona por arrojar desechos industriales al agua. Un viejo problema de la zona que tuvo su pico de contaminación en el Riachuelo. El Gobierno provincial ordenó tomar muestras para analizarlas.

Clarín. La historia del arroyo que se tiñó de rojo: contaminación y sospechas de sabotaje por la mancha que alertó a los vecinos
La impactante imagen del arroyo Sarandí teñido de un rojo intenso que sorprendió a los vecinos de Avellaneda aún no tiene una explicación certera. Aunque la mancha que quedó registrada en videos y redes sociales se disipó, las autoridades que tienen jurisdicción sobre cauces hídricos y control ambiental no pudieron determinar el origen del fenómeno. Y la escena pone en agenda la contaminación de este y otras cuencas en el Gran Buenos Aires.
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Mendoza busca convertirse en la nueva meca de la minería y el petróleo

Fecha de Publicación: 06/02/2025
Fuente: Portal CiudadanoNews
Provincia/Región: Mendoza


En diálogo con Círculo Político, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria.
La Provincia redobla esfuerzos para atraer inversores y optimizar su producción hidrocarburífera y minera. Con la exploración en Vaca Muerta y la apuesta por la eficiencia operativa, el sector busca consolidarse como un pilar económico clave.
En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM 91.7, Ciudadano.News y Twitch Ciudadano), el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini, destacó la transformación que está atravesando la industria. "Lo que está pasando es una reconversión de la industria a nivel nacional, donde el foco de los inversores globales está migrando a lo no convencional. Esta inversión ya no tiene el mismo riesgo que antes, es más segura y tiene un menor tiempo de repago", señaló.
La provincia sigue apostando al petróleo convencional, pero el objetivo es aumentar la eficiencia. "YPF sigue siendo el mayor productor de petróleo en la provincia, pero declina en un promedio del 9% anual. En cambio, hay operadores más pequeños que pierden solo entre el 3 y el 5% por año. Buscamos una reconversión hacia operadores más eficientes que extiendan la vida útil de los yacimientos", explicó el funcionario.

Regalías y producción: el desafío económico
En cuanto al impacto en las regalías, Sánchez Bandini explicó que el modelo de Mendoza no busca aumentarlas directamente, sino incentivarlas mediante una mayor producción. "Nosotros queremos que haya más inversores, que haya más trabajo y que si trabajan más eficientemente, podamos producir más. Hoy las regalías representan el 10% de los ingresos de la provincia, pero en los últimos 25 años han llegado a ser hasta el 20%", detalló.

Avances concretos en exploración
La exploración en la región mendocina de Vaca Muerta avanza con tres frentes clave:
Paso Bardas Norte y Aguada Negra: YPF ya pidió el pase al segundo período exploratorio.
Payúno Este: actualmente concesionado a Aconcagua, con capacidad para alcanzar horizontes no convencionales.
Clúster Sur: zona colindante a Paso de Bardas y Aguada Negra, con interés de la firma Quintana.
En paralelo, se adjudicará una licitación para un estudio técnico de Vaca Muerta mendocina, lo que facilitará nuevas inversiones.

Foro de inversión y nuevos jugadores
En el marco del Foro de Inversiones, que se realizará el 6 y 7 de marzo, Mendoza expondrá sus proyectos en energía, hidrocarburos y minería. "Estamos poniendo mucho foco en la inversión privada, tanto en minería, como en hidrocarburos y energía. Emiratos Árabes, Canadá y Australia han mostrado interés, y vamos en ese camino", aseguró Sánchez Bandini.

Potasio Río Colorado y energía renovable
El proyecto de Potasio Río Colorado sigue en marcha, con controles sobre la inversión comprometida por Minera Aguilar. "Hemos dado una prórroga por problemas en la importación de equipos, pero los plazos se están cumpliendo. El objetivo es producir 1,5 millones de toneladas, frente a los 4,5 millones que originalmente planeaba Vale", afirmó el subsecretario.
Sobre energía renovable, aseguró que el Gobierno mantiene su interés en proyectos fotovoltaicos y en la expansión de la infraestructura eléctrica, clave para el desarrollo minero e hidrocarburífero.

Desafíos logísticos y empleo local
Una de las críticas recurrentes es la preferencia por trabajadores neuquinos en el sector mendocino de Vaca Muerta. "No es una cuestión de origen, sino de logística y costos. Para una empresa, contratar en Neuquén es más fácil que buscar trabajadores de Malargüe, que está a seis horas de ripio. Sin embargo, las operadoras tienen el compromiso de priorizar a mendocinos", aseguró.
En cuanto a la metalmecánica local, indicó que "se prioriza el compre mendocino siempre y cuando sea competitivo. El trabajador mendocino es altamente valorado, pero el mercado exige eficiencia y costos adecuados".
Mendoza está en plena transformación para consolidarse como un polo estratégico en energía, petróleo y minería. La clave estará en atraer inversión privada, optimizar la producción y fortalecer el desarrollo local, con el desafío de mejorar la competitividad y la infraestructura.
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Los fiscales de Rosario advierten que irán a la CIDH si queda impune el daño ambiental de la Petroquímica Bermúdez

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La piden a la Corte que rechace el fallo santafesino que avaló una salida alternativa a Taselli. Es un caso donde se contaminaron 23 hectáreas con cloro y donde están implicados funcionarios públicos.
Fiscales de Rosario apelaron una resolución que consagró la impunidad para los acusados de una gravísima contaminación con químicos de un predio industrial de 23 hectáreas a cinco kilómetros de la ciudad.
El planteo hace foco en el derrame de cloro en los terrenos de la empresa que manejaba el poderoso empresario Sergio Taselli. La Corte Suprema de Santa Fe lo acaba de eximir de responsabilidad penal con un fallo dividido y controvertido en extremo. Contra eso va el pedido de los fiscales al máximo tribunal argentino que tiene en sus manos la última palabra sobre el caso.
Es un asunto sensible y estratégico para la provincia de Santa Fe, en tanto implica un envenenamiento del ambiente en una zona densamente poblada, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar. Después del fallo que perdonó a Taselli no hubo pronunciamiento de la provincia sobre qué pasará con esas tierras cuya contaminación está probada por pericias oficiales.
Esta tragedia ambiental entrelaza factores de poder, decisiones judiciales oscuras y sospechas manifiestas de corrupción institucional. Taselli que consiguió eludir sanciones pese al derrame constatado de cloro en su firma Petoquímica Capitán Bermúdez fue representado por Mariano Cúneo Libarona hasta el día que asumió el Ministerio de Justicia de la Nación. También estaban imputados los directivos Máximo Taselli y Matías Gallegos.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.

Problema ambiental
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El entonces fiscal regional de Rosario Serjal, acusado de corrupción en otras causas, de manera polémica ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar al empresario un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. Fue por cuatro votos a tres y con la convocatoria de un conjuez para desempatar, que votó a favor de la pretroquímica, sin notificación a la fiscalía que pedía anular esa decisión.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina le piden a la Corte Nacional que rechace lo actuado por el superior tribunal santafesino porque la resolución que dictó afecta los derechos del medio ambiente como derecho humano fundamental, deja impunes a personas que provocaron graves daños al ecosistema y anticipa que concurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo no se impugna.
El caso también tiene pendiente un juicio colateral, ahora interrumpido, contra funcionarios públicos. El 22 de agosto de 2017, por instrucción del ex gobernador Miguel Lifschitz, el fiscal de Estado provincial Pablo Saccone había denunciado a Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos por los delitos de adulteración o envenenamiento dolosos mediante la Utilización de Residuos Peligrosos. El 21 de diciembre de 2018 la Fiscalía de Estado, a cargo de Gustavo Luzzini, presentó ante el Ministerio Público de la Acusación un acuerdo transaccional y conciliatorio que los tres directivos de la empresa. Luzzini manifestaba allí, en acuerdo con los defensores de los empresarios, su expreso consentimiento para considerar extinguida la acción penal.
En audiencia los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que era imposible no sospechar que la salida propuesta por el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal no fuera un hecho turbio ya que el delito de la empresa y sus consecuencias medioambientales estaban probados. Y no hubo ninguna explicación de por qué se renunciaba a una pena ni tampoco la obligada convocatoria a las víctimas del daño ambiental para prestar acuerdo a esa inesperada salida.
Tanto el ex fiscal de Estado adjunto Luzzini como el ex fiscal regional Serjal están actualmente acusados y esperan juicio por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento agravado y omisión de persecución. El trámite está suspendido hasta que la Corte Nacional se pronuncie sobre el tema de fondo.
En 2020 Patricio Serjal renunció a su cargo de fiscal regional de Rosario empujado por el escándalo del cobro de coimas para evitar la persecución al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti. En ese momento se sometieron a revisión algunas decisiones de Serjal consideradas inexplicables. Una de ellas su orden al fiscal Juan Carlos Ledesma de que renunciara a perseguir a los directivos de Petroquímica. Cuando el caso se llevó frente al juez Andrés Gazza este consideró que los valores de contaminación en petroquímica nunca se le mostraron al juez Juan José Tutau que aceptó la salida alternativa para los acusados.
Al mostrar las constancias verificadas del daño ambiental, dijo Gazza: "Estos son los valores que nunca se le expusieron al juez Tutau en la audiencia, estos son los valores que entiende el tribunal que son atentatorios del interés público, estos son los valores que no pueden pasar sin atención de un magistrado al que se le presente un pedido, ya sea de aplicación de un criterio de oportunidad o para declarar abstracta la cuestión penal evitando así la persecución de la conducta, siendo el producto de un convenio entre partes, no podemos obviar que están en juego bienes jurídicos colectivos, supraindividuales y entiende este magistrado que su protección es algo en lo que el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido."

El desempate
Sin embargo la Corte Suprema de Santa Fe lo hizo con los votos de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y el conjuez Fernando Gentile Bersano. Votaron en contra Roberto Falistocco, Mario Netri y Daniel Erbetta. El argumento de la apretada mayoría era que el asunto ya estaba juzgado. La minoría señaló que el fin del caso estaba totalmente viciado, era inmotivado, apartado de la normativa vigente y sin ninguna fundamentación. En las audiencias Schiappa Pietra y Edery señalaron que lo único que podría explicarlo con lógica a lo que no tenía ninguna era un acto de corrupción.
En la apelación, Caterina y Schiappa Pietra dijeron que la salida que objetaron ante la Corte Nacional consagra la impunidad en un caso que beneficia a poderosos empresarios sin explicar por qué razón jurídica lo hace. Y remarcaron cómo el supremo santafesino lo hizo contra un juez de primera instancia y tres camaristas que por unanimidad sí explicaron con argumentos cómo el perdón otorgado a Taselli y sus directivos no tenía asidero jurídico. En este último caso en audiencias que duraron dos días enteros.
Para la posición que cuestiona el fallo de la Corte, es insostenible decir que a Taselli se lo juzgará dos veces si sigue el caso. Porque no hubo primera: la primera vez al poderoso empresario lo perdonaron de una manera injustificada y sospechosa, con una salida espuria y gravemente viciada, como remarcó en su voto el ministro Daniel Erbetta, validando lo que habían dicho antes juez y camaristas.
Más allá del desenlace del caso jurídico queda en pie algo que para la comunidad es relevante: qué hará el gobierno santafesino con las 23 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico, en el hinterland portuario de donde salen a ultramar la mayoría de las cargas del complejo oleaginoso argentino, que están según peritos diversos seriamente contaminadas.
Entretanto, el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini también esperan juicio. Este último fue acusado por los fiscales del caso en audiencia preliminar el 4 de septiembre del año pasado por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por prestar conformidad a la salida de Taselli, cuando tenía una orden del exgobernador Lifschitz para ir a fondo contra la empresa y sus responsables por el daño ambiental contra Santa Fe.
Los defensores que continúan la línea de Cuneo Libarona aducen que tampoco a estos funcionarios se los puede perseguir porque el fallo de la Corte santafesina extingue la causa por completo. Al revés, los fiscales aducen que el caso no está cerrado y que la imputación a Serjal y Luzzini es una causa autónoma, que podría generarles condenas de 5 y 4 años de prisión efectiva respectivamente.
Para los fiscales Caterina y Schiappa Pietra, que la Corte Nacional avale la decisión de la Corte provincial implicará un espaldarazo a una decisión sin fundamentación, denegar justicia para un caso de contaminación que atenta contra la tutela efectiva a las víctimas, los habitantes de la zona de Capitán Bermúdez sobre los que se constataron daños a la salud.
La Corte nacional tiene pendiente hace tres años, junto a esta reciente elevación, otro caso de gran debate público en Rosario. Se trata de del planteo de inconstitucionalidad al artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar penalmente a un legislador si no se lo despoja de sus fueros. Fue iniciado por el caso del senador Armando Traferri, quien por años no pudo ser llevado a audiencia, aunque hace meses compareció por primera vez, tras ser reelecto en su banca, por acceder a que el cuerpo lo despoje de esa provisoria inmunidad.
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Polémica por la licitación de la hidrovía Paraguay Paraná

Fecha de Publicación: 03/02/2025
Fuente: Pefil
Provincia/Región: Nacional - Litoral Argentino


Hay disputa entre dos empresas. que volverán a la Justicia tras el rechazo de su primera presentación.  
A pocas semanas de que se abra la licitación para el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hay disputa entre dos empresas. que volverán a la Justicia tras el rechazo de su primera presentación.
Se trata de las empresas Dredging International (Deme) y Rohde Nielsen, que habían denunciado irregularidades en el pliego. Sin embargo, se estima que por lo menos tres empresas presentarán ofertas el 12 de febrero, lo que permitiría validar la licitación y determinar el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La vía navegable es crucial para la exportación de granos desde Argentina, representando más del 80% de la producción exportable del sector. El gobierno de Javier Milei asegura que la licitación avanzará sin modificaciones y que el 12 de febrero se conocerán los oferentes para la concesión del dragado y mantenimiento de la vía.
Según informó Noticias Argentinas, Deme y Rohde Nielsen argumentan que los requisitos favorecen a Jan de Nul, actual concesionaria desde 1995, que podría obtener un nuevo contrato por 30 años. Estas empresas planean apelar el fallo judicial que desestimó su solicitud de suspensión del proceso.
Por su parte, la empresa neerlandesa Boskalis cuestiona que el gobierno busque beneficiar a Jan de Nul para saldar una deuda de unos 80 millones de dólares con la Administración General de Puertos (AGP).
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Caza & Safari: investigan lo que podría ser el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina que llega hasta Bolivia

Fecha de Publicación: 30/01/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La Justicia allanó una empresa en la que encontró miles de partes de animales convertidas en trofeos de caza, además de animales vivos. En Bolivia también se abrió una investigación por el biocidio de al menos cinco yaguaretés. Presiones, poder político y económico, detrás del caso documentado por Mongabay Latam.
Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.
“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.
En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.
Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita
La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.
En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.
“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.
También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.
Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.
La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina
El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.
Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.
La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.
Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.
Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.
Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.
Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna
Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.
“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.
Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.
La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.
Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.
Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional
En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.
Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.
Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.
“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.
El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso
Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.
Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.
Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.
Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.
Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.
El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.
“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.
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