ACUMAR endurece sanciones por infracciones ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispuso modificaciones al régimen de fiscalización y sanciones, con multas más severas para incumplimientos en la presentación de información, falsificación de documentos y construcción de sistemas de control de vertidos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) modificó el régimen de fiscalización, control y sanciones aplicables en el área de la Cuenca, mediante la Resolución 203/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. El organismo dispuso un endurecimiento de las multas y la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la eficacia del control ambiental en la zona.
Entre las principales modificaciones se incorporan como infracciones la falsedad de los datos o documentación presentada y la falta de empadronamiento, que podrán ser imputadas directamente por los inspectores en las actas de fiscalización. Además, se establece un plazo de intimación en los casos de información falsa, con sanciones agravadas en caso de incumplimiento.
La norma también eleva las sanciones para los establecimientos que no construyan o adecúen la Cámara de Toma de Muestra y Medición de Caudales, considerada esencial para identificar un único punto de vertido. ACUMAR señaló que la ausencia de este sistema representa una omisión grave que obstaculiza el control ambiental en la cuenca desde hace 17 años.
Asimismo, se modifican los montos de las multas vinculadas a la falta de presentación de información, informes de avance, planes de adecuación y documentación técnica ambiental, y se reincorporan sanciones específicas para el incumplimiento parcial o total de esos planes. También se introducen cambios en los plazos y modalidades de pago de las multas, con beneficios por cancelación temprana y la posibilidad de pago en cuotas.
La resolución simplifica las etapas intermedias en los procedimientos sancionatorios, sin alterar el derecho de defensa, y regula cuestiones que antes no estaban especificadas, como la reincidencia, la prescripción y el cálculo de intereses en los certificados de deuda.
La medida, firmada por el presidente de ACUMAR, Lucas Figueras, entrará en vigencia a partir de mañana.
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El RIGI bajo la lupa: un informe advierte sobre el altísimo consumo de agua de San Jorge y el fracking

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: El Editor Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


El Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó las implicancias del RIGI y los riesgos sociales, ambientales y económicos de San Jorge.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, piedra angular de la Ley de Bases del gobierno nacional, se vendió como el salvavidas para una Argentina en crisis. Sin embargo, un riguroso análisis del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) titulado “RIGI, ¿una vía al desarrollo o a la dependencia?” pinta un cuadro muy distinto: el de una herramienta desesperada para obtener dólares rápidos, que hipoteca la soberanía, los recursos naturales y el futuro de provincias como Mendoza, jaqueada por una emergencia hídrica histórica.
El informe fue presentado este martes en la sala Talampaya del Cricyt (Conicet) de mano de sus autores, Lautaro Breitman Pacheco (sociólogo y miembro del INCIHUSA), Gabriel Olmedo (economista del CIEC), Eliana Canafoglia (socióloga, INCIHUSA) y Gustavo García Zanotti (economista, SEC).

Un régimen a medida del capital extranjero
Sancionado en junio de 2024, el RIGI no es un simple paquete de incentivos. Es una reforma estructural que redefine la relación entre el Estado y el capital. Está destinado a proyectos de más de USD 200 millones en sectores extractivos –minería, petróleo, gas– e infraestructura, que reciben beneficios sin precedentes.
El informe del CIEC los detalla con precisión. Estabilidad fiscal por 30 años, exención de retenciones e impuestos a la importación, y una ventaja cambiaria clave: la “Autorización a liquidar divisas generadas por exportaciones por fuera del mercado de cambios argentino”. En criollo, las empresas pueden quedarse con los dólares que generen, en un país donde la falta de divisas es una enfermedad crónica. Pero la cláusula más polémica, el Artículo 193, les garantiza acceso prioritario a los “insumos” necesarios para exportar, incluso sobre las necesidades de la población.
La contrapartida exigida a estos gigantes corporativos es, a todas luces, inexistente. “Argentina no recibe, en contrapartida, ninguno de estos beneficios estructurales”, concluye el informe. No se negocia transferencia tecnológica, encadenamientos productivos sólidos ni empleo de calidad masivo. La promesa de desarrollo se esfuma frente a una realidad de concesiones unilaterales.

Una verdad incómoda: el RIGI como mecanismo de liquidez para la deuda
¿Por qué un país aceptaría un trato tan aparentemente desventajoso? El informe no duda: la urgencia por dólares supera cualquier plan de desarrollo de largo plazo. “Su función central es generar una entrada inmediata de dólares, durante la fase inicial de inversión de proyectos extractivos”, afirma el texto. El plazo perentorio para ejecutar el 40% de la inversión en dos años delata la ansiedad.
Este para qué conduce inevitablemente al por qué. La respuesta, según el análisis, yace en “la estructura de dependencia que impone la deuda externa”.
 El RIGI, en esta lógica, es la pieza final de un engranaje perverso: se promueven actividades que aseguren un ingreso rápido de dólares –la extracción intensiva– en un contexto de fuga sistemática de capitales. “Este ciclo de endeudamiento, ajuste y saqueo no solo erosiona la democracia sino que convierte el ‘desarrollo’ en una excusa para profundizar la dependencia”, advierte el CIEC.

Mendoza, la adhesión al RIGI y el proyecto San Jorge
Para Mendoza, la adhesión al RIGI no es una abstracción. La provincia es un blanco perfecto: tiene presión por desarrollar Vaca Muerta en el sur y una larga historia de intentos por imponer la megaminería metalífera en el centro y norte, contra la cual la sociedad se levantó con la Ley 7722.
El informe alerta sobre una confluencia crítica: proyectos altamente demandantes de agua en una provincia que se seca. “Estamos atravesando una profundización del estrés hídrico para la provincia, y los escenarios proyectados prevén que esto se acentúe”, señala el documento, citando la dramática reducción de los glaciares, que “funcionan como una reserva de agua natural” clave, y el aumento de la evapotranspiración.
“Las empresas adheridas al régimen accederían al agua en igualdad de condiciones que las personas que la necesitan para vivir”, algo que “tiene un enorme potencial de conflicto”, indica el documento.
 El caso del proyecto megaminero San Jorge en Uspallata es emblemático. Según el informe, su Estudio de Impacto Ambiental se basa en datos hídricos de hace 15 años, “cuando las condiciones hídricas de la región eran significativamente más favorables”. El fracking, por su parte, requiere millones de litros de agua por pozo, inyectados con químicos en zonas cercanas a ríos vitales como el Salado o el Colorado.

Balance a un año de régimen de beneficios
A un año de su implementación, el RIGI es un fiasco hasta en sus propios términos, señalan los expertos. Solo 15 proyectos presentados, muchos de ellos ya en marcha antes de la ley, que solo recibieron beneficios extras. La generación de empleo prometida es ínfima: “24 veces más empleos perdidos de los que el RIGI promete generar” a nivel nacional desde el cambio de gobierno.
El informe indica que para las provincias que, como San Juan o Catamarca apostaron hace décadas por la megaminería con un régimen similar, el resultado es claro: pobreza por encima de la media nacional, aportes fiscales marginales y empleo escaso. “En ninguno de estos casos la minería se tradujo en beneficios sociales para estas provincias”, sentencia el informe. Neuquén, aunque con mejores números gracias a Vaca Muerta, aún tiene un tercio de su población en la pobreza y un altísimo costo ambiental.
La conclusión del CIEC suena a advertencia final: “Proteger [los bienes comunes] no es un capricho ni un lujo: es una responsabilidad ética, política e histórica”.
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Cambió la fuente de contaminación del Riachuelo y la nueva estrategia para limpiarlo más rápido

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


"En mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, prometía María Julia Alsogaray en 1993 al frente de la Secretaría de Recursos Naturales. Más de tres décadas después, esa meta parece tan lejana como entonces, pero se hicieron y avanzan acciones concretas para continuar recuperando el río y devolverlo a los vecinos. Sin embargo, el problema más profundo no flota en la superficie: hoy el 80 % de la contaminación del Riachuelo proviene de los efluentes cloacales.
Durante años, la imagen del Riachuelo estuvo ligada casi exclusivamente a los desechos industriales, aunque ese tipo de contaminación representa apenas el 20 % del total. El foco principal está en otra parte: la falta histórica de infraestructura cloacal, los pozos ciegos mal gestionados y los sistemas colapsados que siguen arrojando residuos directamente al río, sobre todo en municipios del Gran Buenos Aires.
Para revertir esto, el Gobierno nacional anunció la finalización del Sistema Riachuelo, una obra monumental que no se hacía desde hace más de 70 años y que incluye un gran colector paralelo al cauce y una planta de tratamiento sobre el Río de la Plata, que permite mejorar el servicio a 4,5 millones de personas y sumar a 1,5 millones más a la red.
El anuncio generó cruces políticos: mientras desde Nación se adjudican haberla terminado, referentes de la gestión anterior aseguraron que la obra ya estaba finalizada y solo restaban detalles para ponerla en marcha.
Más allá de las disputas, lo cierto es que esta infraestructura busca atacar el principal foco actual de contaminación del Riachuelo; los efluentes cloacales.
Desde que en 2010 la Ciudad puso en marcha el plan de saneamiento del Riachuelo como parte de la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), se retiraron 5.000 mil toneladas de basura.
A 16 años del fallo histórico que ordenó (al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires) a restablecer el daño ambiental producido en la Cuenca Matanza-Riachuelo, como también su saneamiento, hace unos meses la Corte Suprema de la Nación puso fin a la supervisión del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo. Aunque la limpieza debe continuar.
"El espejo de agua volvió a tener flora y fauna. La idea fue que el vecino pueda acercarse al Riachuelo, a Caminito, a La Boca, y revalorizar toda esa zona. Hoy se puede estar: no hay más ese olor nauseabundo”, explicó a Clarín Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
El Riachuelo atraviesa nueve comunas porteñas y, en su tramo dentro de la Ciudad, bordea espacios icónicos como la Vuelta de Rocha, a metros de Caminito, donde miles de vecinos y turistas circulan cada semana.
Mientras tanto, el desafío no es solo limpiar, sino evitar que se siga ensuciando. “Lamentablemente va a seguir… El problema no es lo que sacamos, sino que la gente siga tirando”, dijo Baistrocchi.
Pese a eso, el avance es visible: hace un año se recuperó una parte de la navegabilidad. “No podías entrar, hoy podés. De hecho, hay una empresa que llega hasta Caminito, viene de Puerto Madero y conecta los dos puntos. Si no hubiéramos hecho ese saneamiento, eso no podría haber ocurrido”, explicó el funcionario.

"Lamentablemente, compartimos este cauce con la provincia de Buenos Aires"
La limpieza del Riachuelo es una deuda histórica. En La Boca, el gobierno asegura que las reuniones con los vecinos son frecuentes y que el reclamo por mejorar la zona de Caminito y su entorno fluvial lleva años. “El pedido del Riachuelo, más allá del fallo que nos obligó a ponerlo en agenda, era un reclamo que nos sostenía como gobierno”, explicó.
Sin embargo, el trabajo diario convive con una dificultad: la tensa relación con la Provincia de Buenos Aires, con quien la Ciudad comparte el cauce del río. “Lamentablemente, compartimos con la Provincia de Buenos Aires este cauce, donde no se realiza este trabajo tan ferviente”, dijo Baistrocchi.
La Ciudad insiste en que realiza campañas de educación ambiental, refuerza la infraestructura con contenedores diferenciados y se enfoca en el manejo de los residuos. Pero, admiten, que no pueden controlar lo que pasa del otro lado.

Para limpiar más rápido
Hasta hace poco, la limpieza del Riachuelo en Vuelta de Rocha se hacía con dos catamaranes chicos, que podían cargar hasta 500 kilos de residuos por vez y tenían que frenar para descargarlos. Pero ahora, la Ciudad sumó una nueva embarcación mucho más potente, fabricada enteramente en Argentina, que puede cargar hasta 2.000 kilos sin parar y acelera el ritmo de limpieza en una de las zonas más visibles del sur porteño.
Este nuevo catamarán ya reemplazó a uno de los viejos, y hay planes para sumar otro más en un futuro. “En realidad, ya tenemos una, estamos agregando una segunda y la chica estamos pensando en reflotarla", detallo Baistrocchi.
"La primer ventaja es la eficiencia porque usa menos combustible para ir y venir y nos permite clasificar más rápido la basura que va al CEAMSE y la basura que se recicla", explicó el funcionario.
El dato no es menor: cada mes se retiran del Riachuelo entre 60 y 120 toneladas de basura. Y todo esto, según explicaron desde el Gobierno porteño, se hizo dentro de la licitación ya vigente. “No le costó a la Ciudad más plata, porque lo que se hizo fue optimizar dentro de la licitación”, aseguraron.
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“De grave a catastrófico”: el retroceso de los glaciares argentinos 

Fecha de Publicación: 11/08/2025
Fuente: Nota al Pie
Provincia/Región: Nacional

En el marco del 28° Congreso Nacional del Agua, se dio a conocer que Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en tres décadas. Los especialistas enfatizaron en la necesidad de garantizar políticas para su protección a largo plazo.
De acuerdo al 28° Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en los últimos 30 años. El deterioro, explicaron, se relaciona directamente con el calentamiento global y el avance del sector minero.
Los glaciares andinos del país, que en la actualidad ocupan 5.800 kilómetros cuadrados, son los afectados. Según el Inventario Nacional de Glaciares presentado en el marco del Congreso, estos tuvieron una aceleración de pérdida llamativa en los últimos 10 años a raíz del calentamiento global y la actividad de la minería.
Los glaciares, localizados al oeste del país y distribuidos a lo largo de 3.500 kilómetros en la cordillera de los Andes, y en 12 provincias que contienen 39 cuencas hídricas, constituyen la reserva de agua dulce más importante de la Argentina, y el recurso que permite desarrollar múltiples actividades económicas como la agricultura y el turismo, entre otras.
Estos datos fueron compartidos por especialistas en el CONAGUA, organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, junto al Consejo Federal de Inversiones, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente (CIIAAA) como socios institucionales.
Los glaciares y otras crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos, porque aportan volúmenes significativos de agua de deshielo y contribuyen a minimizar el impacto de las sequías en las actividades socioeconómicas.
En el encuentro, la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, señaló que la situación de los glaciares en la Argentina es muy grave, a raíz de la pérdida constante de masas de hielo en 8.484 kilómetros cuadrados, de los 16.968 glaciares identificados, incluidos los 2.715 kilómetros cuadrados de los 890 glaciares de las Islas Georgias y Sandwich del Sur.

La advertencia de los especialistas
En este contexto, Koen Verbist, especialista en glaciares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco (UNESCO), recordó que este 2025 fue declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares a raíz de que la situación está virando de “estado grave, a catastrófico”.
En esa línea enfatizó que “el 70% del agua dulce de todo el planeta está en los glaciares”. Frente a ello mencionó que la UNESCO decidió impulsar “el Decenio de Acción para las Ciencias Criosféricas entre 2025 y 2034”.
En ese sentido se planificaron acciones para avanzar en la investigación científica, para crear conciencia sobre esta problemática, y para garantizar programas políticos a largo plazo con compromiso financiero de todos los Estados.
Respecto a nuestro país, el especialista recordó que “Argentina fue el primer país en tener una Ley de Glaciares que lo protege, y un modelo de control que hay que imitar”.
Por su parte, Rodolfo Iturraspe, especialista en tema Glaciares de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e ingeniero en Recursos Hídricos, precisó que en América Latina existen unos 47 mil glaciares que cubren una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados.
“Es importante el monitoreo y cuidado de estas superficies, porque la experiencia de los glaciares tropicales ubicados en México, Perú, Ecuador y Boliva han perdido casi el 60% de su superficie desde 1962 hasta 2021”, destacó Iturraspe. “En México están a punto de su desaparición, ya que sólo ocupan 0,5 kilómetros cuadrados, Perú perdió 387 glaciares y en Bolivia, desapareció el único que existía”, advirtió el especialista.
Iturraspe alertó que en la Argentina “este proceso de extinción de los glaciares ya está en marcha”, y como ejemplo citó el caso del Ventisquero Negro de Cerro Tronador, que dio lugar a la aparición de un nuevo lago entre 1990 y 2021. “Estos procesos deben ser monitoreados en forma constante, porque involucran a 36 cuencas hídricas de una extensión de un millón de kilómetros cuadrados que contienen, a 1.800 localidades, en las que viven 7 millones de personas”, sostuvo.
En tanto, Leandro Gómez, coordinador de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que “la problemática de la pérdida de superficie en los glaciares se relaciona directamente con el calentamiento global y la actividad minera”. “Si bien la actividad minera está prohibida, en los últimos años se registra un avance de ese sector para comenzar a explorar en zonas de glaciares”, denunció y agregó que a ello se le suma “un negacionismo del calentamiento global que afecta la situación”.
“La mirada economicista identifica como un obstáculo la defensa del Medio Ambiente, a lo que se suma las amenazas de reformar la Ley de Glaciares a través de un decreto para fomentar la actividad minera”, afirmó Gómez.

Más Información:

Tiempo Argentino. Grave: Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en los últimos 30 años
Se debe al impacto del calentamiento global y la minería. Koen Verbist, especialista en glaciares de la Unesco, alertó que la situación está virando “de grave a catastrófica”.
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Advierten que los humedales son indispensables para filtrar la contaminación del Paraná

Fecha de Publicación: 08/08/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El sistema depura los contaminantes derivados de las actividades humanas. Pero su capacidad no es infinita, es más eficiente y barato conservarlo que repararlo después
La contaminación es hoy uno de los grandes problemas ecológicos del planeta y la cuenca del río Paraná no está exento: recibe todos los efluentes cloacales de las ciudades asentadas sobre sus orillas, residuos químicos de la industria y del sector agropecuario que afectan la calidad de sus aguas. Ante esto, la naturaleza tiene una solución que funciona sin costo: el macrosistema de humedales del corredor fluvial Paraná que actúa como un filtro natural para retener y depurar las partículas contaminantes.
Así lo advierte un trabajo de la Fundación Humedales/ Wetlands International denominado "Riñones del planeta. Humedales: los depuradores naturales del agua" presentado esta semana.
“El Paraná, con su caudal promedio de16 mil metros cúbicos por segundo, tiene un alto potencial de dilución, y los humedales de su llanura de inundación fluvial suman numerosos procesos fisicoquímicos que contribuyen a la depuración de los contaminantes del agua. Pero ese potencial no es infinito y los niveles de contaminación en algunas de sus cuencas asociadas son altamente alarmantes”, advirtió Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/ Wetlands International.

Humedales, “riñones” de la naturaleza
Los humedales tienen una capacidad natural para depurar el agua a través de procesos físicos, químicos y biológicos que facilitan la retención, transformación y eliminación de contaminantes y exceso de nutrientes: por eso, el delta del Paraná actúa como filtro o “riñón” natural del agua de la Cuenca del Plata, la segunda más grande de Sudamérica.
Según Jezabel Primost, doctora en Ciencias Exactas y autora del trabajo, dentro del bello paisaje de los humedales del Paraná “ocurren procesos poco valorados que mejoran la vida humana como la depuración natural del agua. Estos ecosistemas son filtros vivos, máquinas naturales que procesan sustancias continuamente de manera gratuita y perfecta. Para hacerlo, deben estar en buen estado”.
Gastón Fulquet, coordinador regional del programa Corredor Azul de Fundación Humedales/Wetlands International, destacó que “conservar la conectividad entre el río y sus humedales asociados es fundamental para la salud ecosistémica y también para la salud de las personas, que usamos y disponemos de esas aguas”.
“Así como los bosques son considerados los pulmones del planeta, los humedales son los riñones, órganos a los que sólo les prestamos atención cuando empiezan a fallar”, detalló Boscarol.

Contaminantes en el Paraná
La contaminación es un problema global que escaló a niveles preocupantes. Los casi 30 millones de personas que habitan en torno a la Cuenca del Plata en Brasil, Paraguay y Argentina dependen de esa agua para consumo humano y usos productivos.
Sin embargo, las principales ciudades costeras del Paraná no cuentan con plantas de tratamiento de efluentes cloacales y en la mayoría de los casos las vuelcan al río después de un simple filtrado. Los agroquímicos utilizados en el campo, los residuos industriales e hidrocarburos, así como los plásticos y microplásticos también terminan en el río. Además las cenizas de los incendios en las Islas y sus humedales, además de contaminar el aire dejan la materia orgánica convertida en cenizas que se suman a los contaminantes que recibe el agua.
Una publicación reciente de Rafael Lajmanovich, científico del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, demostró que la cuenca del arroyo entrerriano Las Conchas, afluente del Paraná, aloja niveles críticos de contaminación por vertidos de contaminantes agroindustriales. “La concentración más alta de glifosato en América del Sur se detectó en los sedimentos de este arroyo, lo que destaca las graves consecuencias ambientales de la escorrentía agrícola en la región”, dice la investigación.
La aparición frecuente de algas con cianobacterias en la cuenca es otro ejemplo de contaminación, más evidente en períodos de déficit hídrico: “Cuando las bajantes coinciden con altas temperaturas y con el exceso de materia orgánica que les sirve de nutrientes, se producen floraciones de cianobacterias, reconocibles por la proliferación de algas verde esmeralda, que son neurotóxicas y altamente nocivas para la salud, detalló Fulquet.

Una solución basada en la naturaleza
La depuración natural del agua que ocurre en los humedales es una función de la naturaleza que contribuye al bienestar humano. Pero esta capacidad no es infinita y su buen funcionamiento depende del estado de conservación y capacidad de resiliencia frente a acciones humanas.
El costo de dañar esa función natural y reemplazarla con procedimientos artificiales es elevado ya que las plantas de depuración usan procesos de decantación y/o filtración, y agregan químicos para su potabilización. “El esfuerzo y costo de la depuración artificial es proporcional a la calidad del agua que ingresa a la toma. Los humedales contribuyen a que estos costos sean menores”, argumentó Boscarol.
El trabajo de la Fundación Humedales/Wetlands International contribuye a un mejor conocimiento y conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. “Es una herramienta con base científica y lenguaje accesible que invita a una reflexión sobre el papel fundamental que cumplen los humedales”, concluyó la autora.
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Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.
El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.
En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».
«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias
Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.
Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos
El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.
Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.
Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas
Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».
También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado
Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».
Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización
Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».
El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»
Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».
Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».
Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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La privatización silenciosa del agua en Mendoza: cómo Elsztain controla un recurso vital

Fecha de Publicación: 11/07/2025
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Mendoza


En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación de Mendoza, bajo la supervisión de Sergio Marinelli, autorizó la perforación de nueve pozos en la Subcuenca El Carrizal, una zona previamente declarada en restricción hídrica. Entre los beneficiarios se encuentra Eduardo Elsztain, presidente de CRESUD S.A., quien recibió autorización para cinco de estos pozos, destinados a regar 424 hectáreas en la localidad de Agrelo, en el departamento de Luján de Cuyo.
La decisión ha generado alarma entre las Asambleas por el Agua de Mendoza, que denuncian una privatización encubierta del recurso hídrico. La zona afectada ya presenta vulnerabilidades debido a pasivos ambientales históricos, como los generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo.
Además de su influencia en el sector agrícola, Elsztain ha diversificado sus inversiones hacia la minería. A través de su empresa IFIS Ltd, adquirió una participación significativa en Argenta Silver, que posee el proyecto de plata El Quevar en Salta. Esta inversión, que asciende a 5 millones de dólares canadienses, le otorga aproximadamente el 12,7% de la compañía y representación en su Consejo de Administración.
Asimismo, Elsztain se convirtió en el mayor accionista de Challenger Gold, empresa australiana encargada del proyecto aurífero Hualilán en San Juan, con una inversión de 6,6 millones de dólares. Estas acciones refuerzan su presencia en el sector minero argentino, un área que considera de alto potencial de crecimiento.
El vínculo de Elsztain con el presidente Javier Milei es estrecho. No solo ha expresado su apoyo públicamente, sino que también lo alojó en su hotel durante la campaña presidencial y lo acompañó en actividades religiosas. Esta cercanía ha sido interpretada por críticos como un indicio de que las decisiones gubernamentales favorecen los intereses de grandes empresarios en detrimento del bien común.
Mendoza, con su clima árido y semiárido, depende del agua proveniente principalmente del deshielo de los Andes, que alimenta cuencas fundamentales como el río Mendoza y sus afluentes. La Subcuenca El Carrizal, donde se habilitaron los pozos en restricción, es solo una parte del delicado sistema hídrico provincial. Otros cursos de agua en riesgo incluyen:
- Río Mendoza: Fuente vital para el consumo urbano y la agricultura; su acuífero asociado sufre sobreexplotación y contaminación.
- Río Tunuyán: Relevante para la irrigación del Valle de Uco, también muestra signos de estrés hídrico por la extracción excesiva.
- Río Diamante: Fundamental para el sur provincial, presenta conflictos por la distribución del agua entre agricultura, industria y poblaciones locales.
La autorización para perforar en zonas con restricción contradice informes técnicos y científicos que aconsejan la conservación estricta de estos acuíferos para evitar su colapso irreversible. Sin embargo, el Departamento General de Irrigación, controlado políticamente, justifica estas decisiones alegando que existen volúmenes remanentes que se pueden distribuir.
El control político de la administración provincial ha facilitado una concentración inédita de poder en torno al acceso al agua, con decisiones que favorecen a grupos empresariales poderosos y cercanos al gobierno. Esta situación genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo productivo y la equidad en el acceso a un recurso esencial para la vida.
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El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Químicos advierten sobre la grave contaminación en aguas bonaerenses y exigen controles

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


El Consejo Profesional de Química advirtió sobre la grave contaminación del agua en la Provincia y exigió controles al Estado por los daños ambientales y sanitarios irreversibles.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el alarmante estado de contaminación que presentan distintos cursos de agua en territorio bonaerense, muchos de los cuales desembocan en el Río de La Plata. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente” derivados de esta problemática.
Desde el organismo señalaron que las causas de esta situación crítica están vinculadas a la “falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados”, apuntando directamente a la ausencia de fiscalización sobre los sectores industrial, agropecuario y sobre las empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos y efluentes cloacales.
Como ejemplo del deterioro ambiental, el Consejo de Química mencionó la presencia de “altos niveles de metales pesados y productos fitosanitarios en las aguas del Río de La Plata”, así como casos emblemáticos como el arroyo Sarandí “teñido de rojo”, las manchas de aguas servidas en el puerto de San Pedro, y los desechos cloacales arrojados al río en la localidad de Berisso, donde acusaron a la empresa estatal ABSA de no realizar ningún tipo de tratamiento.
“Estos casos son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho de la población a un ambiente sano”, denunciaron desde la institución, y sostuvieron que tales situaciones se producen en un contexto de “libre hacer” promovido por la falta de aplicación de normativas y sanciones por parte del Estado provincial.
Frente a este panorama, el Consejo Profesional de Química reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 7020, que exige la matriculación obligatoria de todo el personal que manipule productos químicos y establece un marco normativo de seguridad e higiene. Según remarcaron, esta legislación es clave para garantizar prácticas responsables en todos los sectores involucrados.
Finalmente, la entidad instó al gobierno bonaerense a tomar medidas urgentes. “Es imprescindible que, a través del Ministerio de Ambiente y demás organismos competentes, se apliquen políticas que garanticen que las actividades industriales y empresariales se desarrollen bajo el cumplimiento ineludible de la Ley y los protocolos sanitarios y ambientales vigentes”, concluyeron.
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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Acueducto del río Paraná a Córdoba: en debate, la calidad del agua y el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Foro Ambiental Córdoba pide audiencias públicas y duda que el agua sea confiable y de calidad. Desde la Provincia indican que se cumplen las leyes y que se garantizará la potabilidad.
La asociación civil Foro Ambiental Córdoba reclama la evaluación de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública sobre el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, que transportará agua desde la cuenca del río Paraná. Esa obra se encuentra ya en la etapa 1, que es el tramo entre la santafesina Coronda y la cordobesa San Francisco.
Se trata de la megaobra que llevan adelante los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe, con financiación internacional, y que garantizaría el acceso de agua potable a 83 pueblos y ciudades de ambas provincias. En su etapa final, llegaría hasta la Capital de Córdoba.
El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Biprovincial.
El 11 de marzo, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó el “Aviso de Proyecto, etapa I Coronda-San Francisco en concordancia con la ley de Política Ambiental de Córdoba 10.208, anexo II”.
El informe, que tiene por objeto cumplir con el marco regulatorio provincial, sostiene, en la página 34, que “el sistema de provisión de agua de Córdoba se encuentra al límite de su capacidad, por lo que la posibilidad de traer agua desde una fuente confiable que asegura calidad y cantidad, como es el río Paraná, es de vital importancia para la calidad de vida de los pobladores.”
El Foro Ambiental, que cuestiona la obra desde su primera presentación en 2011, sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Sobre todo en cuanto a que se trata de “una fuente confiable que asegura calidad y cantidad” de agua.
“Es sabido que el río Paraná recibe aguas cargadas de agroquímicos por todos sus afluentes”, afirmó el biólogo Federico Kopta, presidente del Foro.
Como ejemplo, mencionó el estudio realizado por los investigadores Alicia Ronco y Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en la revista Enviromental Monitoring ad Assessment, que advierte altos niveles de glifosato y de su metabolito de degradación Ampa en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del Paraná, debido a la agricultura intensiva de la región.
También señaló otros trabajos realizados por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se evidenció presencia de agroquímicos en la cuenca hídrica.
“Lo lógico sería que se haga la evaluación del impacto ambiental para asegurarnos de que no estemos tomando agua con plaguicidas”, subrayó Kopta.

La respuesta de la Provincia
Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, dijo a La Voz que, por las características del proyecto, no requiere un estudio de impacto ambiental ni el trámite de audiencia pública según la ley 10.208.
“La norma establece las características sobre lo que se debe exigir al tener en cuenta una obra en la provincia. En este caso, al ser un acueducto se encuadra en aviso de proyecto”, aclaró Flores.
En el caso de la calidad del agua, la ministra remarcó que se monitoreará una vez que el acueducto esté en funcionamiento. “El mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) ”a los cuales nos atenemos”, expresó.
Agregó que una vez que se haga la distribución del recurso, el Ministerio tiene mecanismos de control, a través de la Policía Ambiental, tal como se monitorean las plantas potabilizadoras ya existentes en la provincia.

Contrapunto
En el aviso del proyecto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con la firma de Flores, encuadró la obra dentro de la ley de Política Ambiental Provincial 10.208 y en la ley 10.830.
El anexo II de la norma 10.208 incluye que los proyectos de gestión de agua, como acueductos y conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra, obligatoriamente están sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.
Es decir que la normativa se aplica sobre la obra y no sobre el tratamiento del agua ni sobre su distribución.
Pero Kopta planteó que encuadrarla en ese anexo es erróneo porque debería hacerse por el anexo I de la misma ley, en el punto 26. E insiste en que incluye la captación y tratamiento del agua, que aunque no esté en la provincia de Córdoba, sí es un recurso que terminarán bebiendo miles de cordobeses.
Ese punto –sostiene el Foro– requiere un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para evaluar la captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme a la ley 5589 del Código de Aguas de Córdoba.

Agua de la cuenca del río Tercero
Kopta –como lo plantearon varias organizaciones ambientalistas en los últimos años– insistió en que “lo más lógico y económico”, sería llevar al Gran Córdoba agua desde la cuenca del río Ctalamochita (o Tercero). “Incluso, nos parece adecuado hacerla desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, marcó.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) “son 90 kilómetros para conducirla, pero traerla del Paraná son casi 390 kilómetros”. Además, desde Santa Fe supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo.
Sobre esta discusión, el ingeniero Mariano Corral, del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó, en 2019, un estudio de alternativas de abastecimiento de agua. Y concluyó que ante las sequías esta fuente tiene comprometida su oferta hídrica y no alcanza a cubrir la demanda de las poblaciones que se pretende cubrir.
Corral expuso que, en cambio, la cuenca del Paraná es una de más grandes del mundo y aun ante un escenario de sequía no habría problemas de provisión desde esa fuente.
Otro planteamiento del Foro Ambiental es que el gasto energético será muy grande e implicará emisiones de dióxido de carbono en altas cantidades, lo que añade impactos ambientales.

Coronda-San Francisco al 40%
El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba se encuentra en el primer bloque de la etapa 1.
Se estima que el total de la obra beneficiará a 410 mil habitantes de ambas provincias.
La obra, cuyo contrato se firmó en 2023, se encuentra en un 40% de su etapa en el brazo Coronda-San Francisco, y con el llamado de licitación para dos bloques más. Aún no tiene fecha de finalización, y su evolución depende del financiamiento.
Este primer tramo cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Este tramo, que casi no toca territorio cordobés, es marcado como “el corazón de la obra” porque se realiza la toma de agua del río, la instalación de más de mil metros de cañerías que transportará el agua hasta la planta de tratamiento y otras obras.
Luego, faltará la etapa que recorra desde San Francisco al Gran Córdoba.
Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, dijo a La Voz que el acueducto es una obra estratégica ante el cambio climático.
“Viene a cubrir la demanda para los años de sequía en la provincia”, indicó.
El acueducto inyectará agua a la red existente de acueductos del este de Córdoba, en la zona de San Francisco. “Allí descomprime el 20% del agua para la provincia”, indicó.
Castelló recordó que el primer acueducto de Villa María a San Francisco es de la década de 1930. En esa zona del este provincial, al igual que en Santa Fe, el agua de napas contiene arsénico (cuya ingesta prolongada puede provocar enfermedades).
“Santa Fe ya tiene ejecutado un plan de acueductos con tomas sobre el Paraná. Este río tiene un caudal de 16 mil metros cúbicos por segundo, contra 10 metros cúbicos que tiene el Suquía, por ejemplo”, expresó.
Castelló agregó que ante cualquier contaminación su proceso de dilución es muy grande. “Haciendo bien las tomas y ejecutando bien las plantas de tratamientos no hay problemas con la calidad del agua potable”, explicó.
Mencionó que Santa Fe tiene varias plantas “y no presenta problemas en la calidad del agua potable”.
Castelló enfatizó que en Córdoba se generan muchos inconvenientes con el recurso cuando hay dos o tres años de precipitaciones por debajo de la media anual. “Eso es lo que viene a solucionar el acueducto”, finalizó.
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