Mal olor y alumnos descompuestos: polémica por una planta de residuos al lado de una escuela de Quilmes 

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Estalló en las últimas horas la polémica en Quilmes por una planta de tratamiento de residuos administrada por la municipalidad y que fue denunciada públicamente por alumnos de una reconocida escuela técnica de la zona que aseguraron haberse descompuesto producto de los olores y gases generados en la planta. Los vecinos del área ribereña se quejan también por la contaminación generada por el predio Ecoparque, el nombre con que la gestión de Mayra Mendoza bautizó al predio.
La cuestión salió a flote por la denuncia de los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº7 "Taller Regional Quilmes", más conocida en esa ciudad como IMPA, realizaron en las últimas horas: reiteradas descomposturas sufridas por varios de ellos, resultado de los olores y los gases emanados del "Ecoparque". Así es como se conoce al predio de 15 hectáreas en el que funciona una planta de tratamiento de residuos de la municipalidad.
"El basural se encuentra a 100 metros de donde está el comedor de mil alumnos", se quejó Mario, el padre de un alumno de la IMPA, institución dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que la inauguró en 1957. Otros padres se quejaron porque varios alumnos tuvieron que ser retirados de la escuela por mareos y náuseas generados por los olores nauseabundos que emanan las cuantiosas toneladas de residuos que se procesan en la planta.
Gisela, otra madre, sumó su queja. "Nos enteramos por un grupo de padres y madres, donde una de las madres dijo que iría a retirar a su hijo porque se sentía mal por los fuertes olores", sostuvo en un informe de "Telenoche". "No le prestamos atención hasta que fueron cada vez más chicos, y cuando averiguamos acerca del Ecoparque vimos que recibiría casi 16 mil toneladas de basura domiciliaria".
Mario, padre de otro alumno, añadió: "¡A cien metros del comedor de los alumnos! Hay mil alumnos que estudian todo el año a cien metros de donde están tratando basura".
El predio Ecoparque fue inaugurado por el municipio de Quilmes bajo la gestión de Mayra Mendoza. Recibió habilitaciones parciales en distintas ocasiones, como en 2023, cuando más del 90 % de las instalaciones estaban en condiciones de comenzar a operar. Es una obra que la jefa comunal se arroga con orgullo. "Construimos el complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes porque nos comprometimos a lograr una ciudad más limpia y sustentable. Estos espacios no solo mejoran la gestión de residuos, sino que también generan trabajo y conciencia ambiental", dijo en marzo pasado la intendenta, que se encuentra en su segunda etapa al frente del municipio.
Juan Cabandié, exministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, arengó en 2024: "Conocé el nuevo EcoParque en Quilmes. Un Estado presente, que le mejora la vida a la gente". Su ministerio anunció el 3 de julio de 2020 la "Licitación pública nacional N°1 01/2020": "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los licitantes a presentar una oferta para el diseño, construcción y operación de complejo socioambiental Ecoparque Quilmes, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR".
La obra de diseño y construcción de la planta se llevó a cabo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por más de 456 millones de pesos y otros 1,4 millones de dólares adjudicados a una unión transitoria de empresas que se ocupó de erigir el Ecoparque. La intención del municipio quilmeño era, en principio, que la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento amainara la cantidad de basurales y microbasurales a cielo abierto que funcionaban y siguen funcionando en el partido.
"No tiene nada ni de 'eco' ni de 'parque'. Es en realidad un basural municipal instalado al lado de un colegio. Los olores nauseabundos que emanan de la transferencia de basura están perjudicando la salud de los alumnos, profesores y trabajadores de la escuela", denuncia un reel creado por la cuenta @impapadres, que además varios vecinos de la zona ribereña de Quilmes compartieron en las redes sociales. En especial los del barrio El Fortín, uno humilde que configura, con sus pocas manzanas, la última traza de la costa norte de la ciudad.
"Desde hace un mes no podemos entrar al predio por el agua acumulada desde que llovió. No podemos ni jugar ni entrenar", se quejó Ezequiel, un joven vecino, ante las cámaras por la anegación de la cancha del club El Fortín. En el informe televisivo se veía que varias calles de los alrededores acumulaban centímetros de agua. Por eso también apuntan contra la obra.
"Esta es la cuarta inundación, y esto no ocurría antes. Esto comenzó cuando se inauguró el Ecoparque, porque para construirlo elevaron el terreno cuatro metros. Esto no es agua, estos son fluidos que quedan del tratamiento de la basura", continuó.
Los padres de los alumnos de la IMPA emitieron un comunicado para notificar al ministro de Defensa, Luis Petri, de quien depende la Fuerza Aérea (de la que depende, a su vez, la escuela quilmeña), sobre la situación: "No al 'ecobasural', no a los olores nauseabundos en el aula, no a los gases tóxicos de la basura, no a las ratas invadiendo la escuela".
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Preocupa en Bigand el aumento de casos de cáncer y apuntan contra los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Los vecinos de la localidad del departamento de Caseros presentaron una nota para que se lleven a cabo estudios ambientales, alarmados por los diagnósticos en mujeres jóvenes
En los últimos meses, la comunidad de Bigand encendió sus alarmas ante el aumento de casos de mujeres jóvenes que padecían tumores o cáncer, algunos de ellos con desenlaces fatales. Preocupados por la situación, vecinos impulsaron un pedido de informe al gobierno provincial para que analice la situación que, según manifiestan, se debe a factores ambientales de contaminación por agroquímicos. En ese marco, recibieron a especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para interiorizarse en el tema.
A través del Samco local, el pasado 6 de mayo los vecinos elevaron la nota al Área de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe tras registrar “numerosos casos de fallecimiento por cáncer, de mujeres jóvenes (de entre 30 y 50 años), así como también un aumento significativo de diagnósticos asociados a enfermedades tumorales”. Exponiendo datos de un informe epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR en 2013, solicitaron una evaluación “imprescindible e inmediata" sobre los “elementos medioambientales” que rodean a la comunidad y la adquisición de un tomógrafo que permita diagnósticos tempranos para el centro de salud de la comuna.
 Tomando conocimiento del tema, el gobierno provincial respondió mediante la Agencia de Control del Cáncer y confirmó a La Capital que “se procederá a analizar los datos disponibles en los registros provinciales para brindarles información validada sobre los indicadores epidemiológicos de Bigand vinculados al cáncer”.

Una movida de todo Bigand
Bigand es un pueblo tranquilo y ordenado, de casas bajas, con unos 7 mil habitantes y con una economía que tracciona en torno a una gran empresa alimenticia. Desde los bomberos hasta los comerciantes, todo el pueblo se enlistó detrás del pedido de informe.
El jefe comunal Alejandro Ruggieri, que concluye su mandato en junio, junto a los candidatos en las próximas elecciones, se unieron en el reclamo y participaron de la jornada que Damián Verzeñassi, director de Salud Socioambiental de la UNR, encabezó en el cuartel de Bomberos Voluntarios el pasado 16 de mayo a la cual asistieron un centenar de personas. “Nos alarmamos. Generaba mucha angustia que otra atraviese una enfermedad agresiva, terrible a nivel psicológico y físico”, contó a La Capital Bárbara Perucci, vecina del pueblo y firmante del petitorio.
En este marco, en Bigand comenzó a fortalecerse el grupo Unidas por una buena causa, un grupo de pacientes oncológicos que desde 2023 se reúne para acompañarse en el camino del tratamiento. “El director del Samco nos abrió las puertas ante la demanda que teníamos, nos interiorizamos y recordamos que tenemos el antecedente del campamento sanitario que hizo la UNR en 2013”, agregó Perucci.
La situación, para Perucci, “se agravó y queremos que se identifiquen los factores” por lo que presentaron la nota en el Samco local. La mujer también advirtió que, al notificarse del pedido, otras comunidades, como Bombal y Alcorta, se contactaron con el grupo de Bigand. “Estamos muy cerca todas y según el informe de la UNR es una de las zonas más expuestas a este tipo de factores ambientales, es decir, agroquímicos”, planteó.

Qué dice el informe de la UNR
En 2012, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, a través del Instituto de Salud Socioambiental, realizó un campamento sanitario en Bigand, una tarea que realizó en otras localidades hasta 2019. Luego por cuestiones de gestión, el programa se discontinuó.
En aquella oportunidad, el conjunto de los 40 campamentos determinó que en los pueblos donde al menos el 90% de la población vive a menos de 1.000 metros de lugares donde se utilizan agroquímicos “aumenta 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer entre los 15 y 44 años, y que las mujeres tienen un 60% más de posibilidades de enfermarse de cáncer respecto de la media nacional”, aseguró el propio Verzeñassi a La Capital.
Según los datos recabados por el instituto, esos resultados se debían a un modelo de producción instalado en 1996 en el que se incorporan organismos transgénicos y agroquímicos, estimulantes para algunos tipos de cánceres. “Esto es una forma de expresar con nuestros cuerpos el daño del modelo productivo”, dijo Verzeñassi, y agregó que estas comunidades “están expuestas un 1.100% más a estos venenos, que antes no se usaban”.
Por otro lado, Verzeñassi hipotetizó que las mujeres sean más propensas a tener cáncer por la alteración más rápida del sistema endocrino que manifiestan naturalmente. Esto se debe a que los agroquímicos generan una alteración endocrina que fomentan la aparición de células cancerígenas.

Cambiar las formas de producción
Verzeñassi, que pensó que se iba a encontrar con una reunión en una sala, habló ante un cuartel de bomberos que desbordaba de vecinos e instó a pensar políticas públicas que acompañen a los productores de nuestra región a un proceso de transición que permita seguir trabajando la tierra “sin poner en riesgo la salud de los vecinos”.
“No estamos pidiendo que dejen de producir, estamos diciendo que hay que producir sin veneno y eso es posible y necesario”, planteó el experto.
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Se expande la contaminación del agua con hidrocarburos en una zona clave de Mendoza

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El acuífero que está bajo la refinería de Luján está contaminado con hidrocarburos. El lago subterráneo se expande y abarca a zonas productivas. La mega obra que se ejecuta en "modo oculto".
La calle Bajo Las Cumbres está en una zona privilegiada. La recorren turistas de todo el mundo para ver y disfrutar. Paisajes, buenos vinos y cordillera, en el corazón de Luján de Cuyo. Enfrente de la entrada a Bodega Séptima un hombre acomoda bidones de agua potable. “Casi todas las semanas traen el agua para tomar porque la otra no se puede usar”, dice. Ya es casi como una rutina, pues saben que no pueden tomar agua de red por el potencial riesgo para la salud y por eso una petrolera los abastece. Algo similar ocurre en las fincas del lugar y las que están en las calles Costa Flores, todas las que rodean a la refinería y ahora también en calle Cobos: el acuífero está contaminado por productos derivados de los combustibles que se producen a pocos kilómetros, en la refinería de la empresa petrolera YPF.
El origen de esa contaminación está en los enormes tanques de almacenamiento de combustibles del Complejo Industrial y en el poliducto, un sector desde donde se envían combustibles a medio país. Las filtraciones a las napas ocurrieron durante un tiempo extenso, pero incierto. La tierra tiene memoria y lo que no se veía en ese momento, se siente hoy: un enorme lago subterráneo de 10 kilómetros de extensión formado por agua contaminada con hidrocarburos. No hay certezas del volumen de contaminantes y esa realidad inquieta. Los primeros registros datan de los años 90, pero se tardó décadas en el reconocimiento y se perdió tiempo en el inicio el proceso de remediación. En ese recorrido hubo ocultamiento de información y negación.
En la zona más cercana a la destilería se mantiene una pluma de casi 3 kilómetros de extensión que tiene benceno, un hidrocarburo altamente peligroso para la salud. La “mancha” subterránea más grande se generó por el derrame de “MTBE”; un compuesto hediondo que se usaba en la producción de naftas y que se filtró por un tiempo prolongado al acuífero sin que nadie lo advirtiera. En los últimos años generó alerta la expansión hacia el Sur y el Este de la pluma de contaminación, con riesgo de abarcar más superficie de la prevista originalmente.
Para tratar de sanear el acuífero se ejecutó un plan de tres etapas que quedó chico. Ahora, debido a la expansión de la contaminación, recalcularon el esquema y el sistema para “limpiar” el acuífero incluye una mega obra con acueductos y una enorme planta de tratamiento para extraer el agua, limpiarla y reinyectarla. La obra está en ejecución y aunque es visible en plena Ruta 7, las razones se mantienen casi en secreto. Ni los vecinos de la zona conocen para qué se usarán los enormes caños que se instalan alrededor de la refinería y el corredor internacional.

Lago subterráneo
El Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC) es la segunda refinería de petróleo más grande de Argentina, detrás de la ubicada en La Plata. Allí llega el petróleo de todo Mendoza y se producen combustibles para 14 provincias. Incluso está en proceso de ampliación para poder procesar más petróleo de Vaca Muerta y el foco está en el gasoil con bajo contenido de azufre.
La zona industrial está montada a la vera del Río Mendoza y sobre la subcuenca El carrizal, uno de los acuíferos más sensibles e importantes del oasis norte. Es ese margen derecho del Río Mendoza, donde están algunos de los emprendimientos turísticos y productivos más relevantes de la Provincia, ya había dificultades por la carencia de agua y está vigente una restricción para perforaciones.  Se trata de un acuífero libre, que está a unos 120 metros de profundidad. En los alrededores hay decenas de fincas y bodegas premium de distinta escala que tienen problemas por el riesgo ambiental.
Los informes de auditoría, a los que accedió MDZ, ya alertaban sobre un aumento en la concentración de contaminantes desde el año 2019 y, luego, una expansión hacia el Sur y el Este de la refinería. Incluso el cese de la crisis hídrica generó, creen, un escenario distinto. Con ese alerta, se plantearon los escenarios futuros sin intervención. En todos los casos la contaminación avanzaría hacia el Este y el Sur, con magnitudes distintas según la cantidad de agua. En los años "ricos" o húmedos, el riesgo sería mayor.
Esos informes alertan por la necesidad de mejorar el esquema de saneamiento “en atención al aumento en la concentración de MTBE de los pozos y la evidencia de la dirección del flujo hacia el sur y hacia el este”. No solo se hallaron rastros con mayor concentración de contaminantes y una pluma más extendida, sino también de combustibles. “Debido a la detección de FLNA (fase líquida no acuosa, es decir combustibles) la empresa YPF deberá presentar metodología de interpretación, frecuencia y análisis de los datos de FLNA reportados por el laboratorio asignado para el análisis de muestras del monitoreo”, dice uno de los documentos fechados en octubre del 2024.
El volumen de agua impactada aún no está mensurado, pero se estima con cálculos matemáticos. Hubo alertas por posibles nuevas fuentes de contaminación y así se advirtió en uno de los informes de auditoría realizados por el INA. La empresa aseguró que no hay fuentes nuevas de contaminación. Desde el Departamento General de Irrigación aseguran que hubo "falsos positivos" en cuanto a los picos de concentración de sustancias descubiertos, pero en sus informes se advierte sobre la expansión de la mancha.
Pero además hubo hechos no informados que generan desconfianza. Al trazar hipótesis sobre uno de los picos de contaminación descubiertos en los muestreos (donde se halló combustible en el acuífero), YPF reconoció que ocurrieron incidentes ambientales no informados. Uno de ellos fue, por ejemplo, el vuelco de 44 mil litros de gasoil en la zona de tanques, que permearon al acuífero. Ese incidente no fue informado nunca por YPF, que lo mantuvo en secreto a pesar del daño ambiental. En el mismo reconocimiento posterior se informó que el pretil de contención, es decir el tanque, no estaba impermeabilizado. Por la falta de comunicación del incidente el Departamento General de irrigación le impuso una multa de solo 603 mil pesos.
No fue el único. El año pasado se detectó una anomalía en el agua que surgía de la planta de descontaminación del agua. El agua que surge luego del proceso debe estar limpia de MTBE, pero en un análisis de rutina realizados el 11 y 12 de julio del 2024 se detectaron contaminantes. YPF tampoco informó de esa anomalía aún cuando está obligado a hacerlo y por eso se impuso una multa de un millón de pesos, que por la escala de la empresa es casi testimonial desde el punto de vista monetario.  

Una obra en modo incógnito
Quienes transitan por la ruta 7 que va hacia Potrerillos y Chile pueden ver una enorme obra en ejecución. Zanjas, caños de gran envergadura y máquinas trabajando. A pesar del despliegue, no hay indicaciones acerca de qué se trata. El entramado de cañerías de 26 pulgadas se mete entre las fincas, los barrios y la refinería. Los mismos vecinos no fueron informados de las razones de esos trabajos, a pesar de que los caños pasan por la puerta de su casa. Esa red es parte del enorme plan para intentar contener y remediar la contaminación en el lugar.  
El plan es extraer agua a través de 7 pozos nuevos, filtrarla en la planta industrial y reinyectarla al acuífero a través de 14 pozos que estarán ubicados en una extensa línea de contención. Esa barrera estará a lo largo de calle Cobos, en el Sur Este, y en el límite Este del barrio Costa Flores.
El sistema de acueductos está en ejecución. El Ministerio de Ambiente catalogó a la obra como de bajo impacto y por eso solo se hizo un "aviso de proyecto" porque se consideraron los trabajos civiles, pero no el proceso de saneamiento del agua contaminada. Por eso no se informó a la comunidad, ni se publicaron los datos de los estudios de impacto ambiental.
La intención es "empujar" el agua contaminada desde el Este al Oeste para contener el avance y, al mismo tiempo, extraer el agua con hidrocarburos para limpiarla en la futura planta ampliada. No hay datos sobre el impacto que puede tener en el acuífero general ese despliegue, aunque existe la obligación de mantener el balance hídrico de una de las zonas más sensibles.
Hasta hoy había tres formas de saneamiento. La primera barrera hidráulica la compone una batería de pozos que extrae agua de la periferia de la refinería y es tratada en esa planta industrial. Ese recurso es usado dentro del propio complejo industrial. La tercera barrera hidráulica está formada por otros pozos extractores ubicados en las fincas. Y la planta "Fambén" es donde se procesa agua extraída para descontaminar y luego inyectar. Además, las fincas y bodegas afectadas tuvieron que dejar de usar los pozos habituales, que fueron reemplazados por otros de mayor profundidad.
La planta de "limpieza" del agua  puede procesar 800 metros cúbicos por hora. Pero el modelo de saneamiento quedó chico y deberá ser ampliado para  procesar hasta 2800 metros cúbicos de agua por hora. Es casi el mismo volumen de agua que produce la planta Alto Godoy para abastecer al Gran Mendoza. En el plan presentado por YPF hay varias hipótesis que incluso dependen de variables climáticas y ambientales. Es que, por ejemplo, cuando hay años hídricos ricos, como ocurrió en la última temporada, el acuífero se recarga y la pluma se expande.
La dilación tiene una cadena de responsabilidades que quedó registrado en expedientes judiciales en los que hubo acuerdos económicos para evitar imputaciones.
Cuando surgieron las alertas YPF era controlada por la petrolera española Repsol. Hubo dos coincidencias. La primera finca que se vio afectada es propiedad de Codorniú, empresa vitivinícola que también es de capitales españoles y explota Bodega Séptima. El abandono del cuidado del ambiente en ese proceso productivo coincide temporalmente con lo que ocurría con la extracción de petróleo en áreas como Barrancas, que arrastraban cientos de pasivos ambientales que la propia Repsol, como dueña de YPF, dejó y que fueron inventariados en las prórrogas de concesiones posteriores y aún no terminan de sanearse.
Esa afectación al agua está tipificada como delito de contaminación por residuos peligrosos y las causas judiciales que se iniciaron tuvieron varios vaivenes en los que estuvieron en la mira judicial varios directivos de YPF y los responsables del Departamento General de Irrigación. Pero además hay presuntas víctimas con problemas severos de salud en los barrios aledaños al complejo industrial. En esa periferia hay tres barrios, dos escuelas y población dispersa. La petrolera estatal tuvo que indemnizar a 5 personas que tienen leucemia y que sus casos estaban en pleno análisis judicial para establecer alguna relación de causalidad con la contaminación.
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¿A dónde van los líquidos de tu baño y tu cocina? Advierten sobre un déficit ambiental poco conocido, pero preocupante

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Más del 72% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan correctamente; impacto en la naturaleza y la salud
Casi toda el agua que pasa por algún tipo de alcantarillado en la Argentina no recibirá el tratamiento adecuado. En otras palabras, los líquidos provenientes de nuestras duchas, bidets, inodoros, bachas de cocina, lavarropas y algunas industrias llegarán a plantas de tratamiento, pero muchos de los patógenos, químicos y metales pesados caerán sobre ríos y lagos. Sitios en donde, de forma directa o indirecta, puede existir contacto con la gente.
Las razones son varias. Puede ser porque los sistemas encargados de tratar la contaminación están desgastados por el tiempo, porque no hay operarios capacitados o porque faltan componentes esenciales para depurar esos 2019 millones de metros cúbicos de agua que 21,4 millones de argentinos expulsan cada año por la red cloacal. Lo certero, según especialistas consultados por LA NACION, es que el contacto humano con esta agua puede representar una verdadera amenaza para la salud.
Datos obtenidos mediante un estudio de 2023, elaborado por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, mostraron que de las 600 plantas de tratamiento que hay identificadas en todo el país eran 376 las que trataban la mayor parte del agua residual de ciudades de más de 10.000 habitantes. De esas, solo el 27,6% del caudal era tratado adecuadamente, ya sea categorizadas en el relevamiento como buenas o, algunas, como regulares. El resto operaba con inconvenientes (en las categorías regular o mala), o bien estaban en reparación o construcción. Según Emiliano Aguerreberry, el especialista en saneamiento y agua potable que coordinó la investigación, el panorama no varió mucho desde entonces hasta la actualidad. A esto se suman situaciones más alarmantes, como las ciudades que nunca tuvieron plantas de tratamiento.
Tal es el caso de Rosario, Santa Fe o Reconquista, en la provincia de Santa Fe y a orillas del río Paraná. Así lo confirmó a LA NACION el secretario de Agua y Saneamiento provincial, Leonel Marmirolli, que admitió que esas, como otras poblaciones de varias provincias que se instalan en la ribera, carecen de plantas para tratar sus desechos.
“En estos sitios las aguas residuales se van al río. En el caso de las industrias hay un pretratamiento, pero para lo demás, no”, describió el funcionario. Aunque afirmó que se cumplen las normas provinciales, especialistas en saneamiento ven con preocupación el escenario de Rosario y otras ciudades: “No cumplen las normas de vuelco, porque no están filtrando nada”, respondieron.
Según el reporte publicado hace dos años que usa datos de 2019 y 2020, las provincias con más problemas son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. “No es porque tengan un problema mayor a otras provincias, sino que son las que más plantas tienen”, explicó Aguerreberry, que aún se desempeña como asesor de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Amenaza a la salud
La mayor parte de las aguas residuales mal tratadas que pasan por algún sistema de drenaje provienen de los desagües residenciales. En números, un 84% de la población argentina vive en ciudades de más de 10.000 habitantes y el 61,7% dispone de red cloacal. En esa agua puede aparecer de todo. “No son solo excreciones lo que llega a las plantas, hay preservativos y toallas femeninas”, describió Aguerreberry.
El agua residual, entonces, puede ser un riesgo para la salud por la cantidad de patógenos y químicos que puede contener. Según Francisco Dadic, médico y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna y toxicología, el contacto con agua contaminada puede provocar efectos agudos y/o crónicos. Dijo a LA NACION que el efecto depende de la concentración y el tipo de contaminante. “El agua puede tener metales pesados como plomo, arsénico, manganeso, cromo y cobre, que son cancerígenos. También puede estar contaminada con microorganismos. Los más convencionales son la Escherichia coli y Shigella. Estas bacterias están vinculadas a la gastroenterocolitis”, detalló.
Tanto Dadic como Aguerreberry resaltaron las consecuencias ambientales que pueden derivar de las fallas en el tratamiento de aguas residuales y que, a la vez, se vinculan a la salud humana. Pensemos que la mayor parte del agua que se desecha de las ciudades, sea tratada o no, desemboca en ríos. “Mucha gente usa el agua de ríos para regar plantas como lechugas, o pesca ahí mismo. Esa agua es compartida por la población de toda la cuenca. Incluso se puede convertir un problema interjurisdiccional. Vos estás liberando una cantidad de patógenos muy grande”, planteó Aguerreberry.

Las provincias más problemáticas
Según el Censo Nacional de 2022, los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe suman poco más de la mitad del total del país. En promedio, poco más de la mitad de ellos tienen una red de desagüe. También allí se concentran más de la mitad de las plantas procesadoras: en total, para 2020 se contaron 184, de las cuales 87 funcionaban mal.
Aguerreberry explicó que muchas plantas no operan por ausencia de presupuesto: “Muchas veces no hay personal, o el que tienen carece de formación. Entonces deja de haber mantenimiento. Después de un tiempo es más barato abandonarlas”. En otros casos faltan componentes esenciales, como los ecualizadores, que son parecidos a un tanque de concreto en el que se contiene el agua residual y ayuda a que el resto del sistema de tratamiento no se sobrecargue. Para la ingeniera ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Ruth Rodríguez, este aparato es el corazón de cualquier planta que trata residuos industriales y que, en su mayoría, no desembocan en ninguna red cloacal.

Cantidad de plantas a rehabilitar por provincia
“Hace 19 años que trabajo en la temática y hemos determinado de que más de 80% de las plantas no funcionan porque no tienen ecualizador”, explicó Rodríguez durante la presentación de un reporte regional de la Feria Internacional para Agua, Alcantarillado, Drenaje y Soluciones para Recuperación de Residuos (IFAT) en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.
Quizás el caso que a los expertos consultados les llama más la atención es el de Santa Fe. No necesariamente por los problemas que aún persisten dentro de sus plantas de tratamiento, sino también por los sitios en donde no hay procesamiento alguno. Marmirolli, el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, explicó que al menos 42,5% de la población vive en sitios donde el agua no se trata. Como se dijo, muchas de estas personas residen en ciudades como Rosario, Santa Fe y Reconquista; el saneamiento de esa agua, como la de otras 12 localidades, es responsabilidad de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA (ASSA). Según Marmirolli, diez de estas localidades tienen plantas e incluso han implementado cobros a los usuarios para mejorar el mantenimiento de las mismas; sin embargo, el desarrollo de nuevas plantas es algo que no han logrado concretar.
Marmirolli advirtió que la construcción de plantas en estas ciudades está en los planes, pero no ha sido posible por falta de presupuesto. “La Nación no ha dado dinero para varias obras que se habían empezado antes. La gobernación está financiando todo ahora, pero no es suficiente. Ahora estamos buscando fondos internacionales, en especial para las ciudades que no tienen ningún tipo de tratamiento”, explicó. Además, dijo que la provincia está trabajando en la expansión de la red de drenaje en las ciudades que no administra ASSA e indicó que el agua que pase a través de esa nueva red llegará a plantas que operan de manera óptima.
Por su parte, Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de Córdoba, respondió que lo que el reporte nacional de 2023 expone es una fotografía del pasado. “En los últimos ocho años se hizo mucho saneamiento. Había muchas plantas que estaban sobrepasadas. Implementamos un plan para rehabilitar la capital, tenemos una planta de primer nivel de barros activados [que tienen mayor capacidad de tratamiento], es una planta que funciona hace tres años”, sostuvo.
Como esta obra, Castelló desglosó varios proyectos que se han ejecutado en distintas partes de la provincia. Aseguró que el 80% del territorio tiene plantas de tratamiento e infraestructura central. “La red cloacal es lo que estamos tratando de expandir”, advirtió, y añadió que desde 2023 están recibiendo financiamiento del OPEC Fund for International Development. El monto ejecutado por la organización de estados petroleros es de 23.340 millones de dólares y restan 36.660 millones, según información oficial.
Finalmente, la provincia de Buenos Aires es quizás el caso más complejo. “Entre la concentración poblacional y la falta de planeamiento urbano, esta provincia siempre es un problema”, ponderó un especialista en saneamiento. Según el Plan Estratégico de Infraestructura 2020-2024 bonaerense, un 63,6% de la población allí tiene red cloacal. Y de las 122 plantas de tratamiento que registró el estudio nacional, 52 funcionaban mal. LA NACION intentó contactarse con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense sin éxito.

¿Y el agua que consumen los porteños?
Según la información del reporte, varias de las provincias con las que la ciudad de Buenos Aires comparte afluentes tienen, en mayor o menor medida, deficiencias para tratar sus aguas residuales. También –como se dijo– hay casos más graves, como los de Rosario, Santa Fe y otras ciudades del litoral, en las que no hay ningún tipo de tratamiento.
A esto se suma el vertido de residuos industriales que, en muchos casos, se arrojan de forma clandestina a ríos y arroyos. Tal es el caso del arroyo Sarandí, que el 6 de febrero pasado se tiñó de un rojo vivo por pigmentos vinculados a industrias de curtiembres, alimenticias, textiles y farmacéuticas.
Así surge otro interrogante: si el agua cruda que se recolecta del Río de la Plata y del Paraná de las Palmas puede potabilizarse correctamente. Ante la consulta, Alejandro Barrio, director técnico y de Desarrollo Tecnológico en AySA, afirmó que no hay ninguna razón para alarmarse.
Barrio confirmó la contaminación de varios de los ríos cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las tres tomas de agua que AySA tiene para el abastecimiento de la Capital están lejos de confluir con los tramos contaminados. “En el caso del Río de la Plata, son los primeros 500 metros la zona contaminada y nuestras tomas están a un kilómetro y medio. La calidad es buena desde la toma y luego hacemos todo el proceso de potabilización”, detalló.
Además, explicó que la empresa realiza un monitoreo constante de la calidad de agua desde la toma, hasta el transporte y suministro a los consumidores. “Mucha gente se queja del sabor a cloro que puede tener el agua, pero ese es un sello para asegurarnos que no queda ningún patógeno allí. Además, ese sabor desaparece. Tan solo hay que dejarla una noche en la heladera”, concluyó.
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Exigen control sobre frutas y verduras en Rosario ante la detección excesiva de agroquímicos

Fecha de Publicación: 18/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En 2023 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Senasa debía extremar los controles sobre los alimentos en la zona, pero aún no se cumple en su totalidad
Un abogado, acompañado por el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reclamó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) controle y evalúe de forma eficiente y eficaz los químicos de las frutas y verduras que se venden en los mercados de Rosario, desde donde distribuyen los alimentos a los comercios de la ciudad y alrededores.
Hace casi 10 años, el abogado rosarino Enrique Zárate comprobó que las frutas y verduras que se consumían en Rosario estaban contaminados con plaguicidas y otros agrotóxicos perjudiciales para la salud. Esa prueba sirvió para hacer una presentación judicial para que el Senasa se haga cargo de evaluar los alimentos y dejar un registro público.
Días atrás, Zárate presentó ante la Justicia un pedido explicito para que se lleven adelante los controles y las publicaciones correspondientes. "La información que ofrece el Senasa es deficitaria y deja de lado algunos elementos que deben ser considerados", explicó el letrado a La Capital.

Reforzar los análisis
Esta semana fue el propio Zárate que solicitó una revisión de las mediciones que el Senasa desarrolla. El abogado explica que se utilizó cromatografía líquida (HPLC), considerada menos precisa que la cromatografía de gases (GC-MS) para la detección de plaguicidas, esto deriva a un margen de error de un 50%. Además, en los ocho estudios que se realizaron en los últimos 120 días no se analizó ni frutas en cantidad ni cereales, a pesar de su importancia en la dieta diaria.
En concreto en la última medición se tomaron muestras de papa, zanahoria, zapallo, pimiento y tomate (la única fruta) sin detectar plaguicidas en ninguna de las muestras. Ante esta situación, Zárate se plantó y puso en duda esos resultados, ya que se habían detectado estos agroquímicos, algunos prohibidos, en visitas anteriores. Además, puso como ejemplo los mercados de Tucumán donde se encontraron residuos de plaguicidas en varios productos, como pimiento, tomate y zanahoria, incluyendo Acetamiprid, Tebuconazole, Imidacloprid, entre otros.
En otro orden, Zárate citó a las muestras realizadas por la provincia de Santa Fe, las cuales mostraron un 37% de desviaciones de uso, es decir, presencia de plaguicidas no permitidos o en concentraciones inadecuadas en zanahoria o zapallito, por ejemplo.

Cuándo se presentó el reclamo judicial
El periplo por la Justicia federal comenzó en 2016. Presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, finalmente la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que avaló en 2023 el reclamo de Zárate dando lugar a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley General de Ambiente N° 25.675, que garantizan el derecho de toda persona a un ambiente sano y el acceso a información sobre la calidad de los productos alimenticios. Sin embargo, casi siete años después, La Capital recorrió la web oficial del Senasa sin encontrar informes referidos al tema.
“Acá un organismo estatal estuvo litigando, como varias otras áreas del Estado, para no hacer lo que tiene que hacer. Si pusieran esa energía en hacer los controles, los resultados serían diferentes”, explicó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que acompaña de cerca el reclamo del abogado denunciante.
La Justicia resolvió que, a través de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal del Senasa, se realicen seis inspecciones y 24 monitoreos anuales sobre frutas, verduras, hortalizas de tráfico federal que se comercializan en el Mercado de Productores de Rosario y en el Mercado de Concentración de Fisherton. En este sentido, instó al organismo estatal a coordinar esfuerzos con autoridades provinciales y municipales para realizar las evaluaciones y minimizar la presencia de contaminantes en los alimentos.
Además, la jueza federal Sylvia Aramberri exigió garantías para el acceso a la información, según la ley N° 27.275, obligando al Senasa a publicar los resultados de los relevamientos para dar conocimiento a la comunidad.

Controles en frutas y verduras
A pesar de que Senasa aseguró realizar informes del estado de los alimentos en relación con químicos, la Justicia evaluó que se trataban de trabajos insuficientes. Bajo esta mirada, uno de los puntos más relevantes del fallo fue la inclusión del glifosato en los monitoreos, una cuestión la dependencia del Estado intentó evitar alegando que su uso se concentra en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo y no en hortalizas. Sin embargo, la jueza consideró que su presencia debía ser analizada en las muestras tomadas en los mercados rosarinos.
De Bueno destacó que la importancia de la sentencia recae en reconocer las pruebas, “las mismas que mostraban que los alimentos que consumen todos los rosarinos estaban excedidos en cantidad de químicos y de hidroquímicos”. En esta línea, reconoció: “Es importante que los ciudadanos podamos consumir estos alimentos libres de cualquier químico contaminante”.
El Área de Política Ambiental de la UNR se puso a la par de Zárate para “poder hacer efectiva la sentencia” y De Bueno exigió una Justicia especialista en temas ambientales. “El problema que tiene el derecho ambiental principalmente es la eficacia de los fallos de la Corte, que se dictan y muchas veces quedan en la letra del fallo y es difícil llevarlo a la práctica”, reclamó.
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Filmaron fumigaciones con un dron a metros de una vivienda

Fecha de Publicación: 19/02/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Sucedió este domingo en El Marquesado. Advierten por la consecuencias de este nuevo tipo de fumigación y remarcaron los incumplimientos de los controles.
Las tecnologías para aumentar la productividad de la agricultura intensiva avanzan, pero en algunos casos lo hacen en contra de la legislación vigente: al menos así lo denunció un vecino de El Marquesado en las últimas horas, al registrar la aplicación de agroquímicos con un dron a metros de su vivienda, es decir, incumpliendo la normativa vigente y cuyo acatamiento debe ser corroborado por la Municipalidad.
Desde septiembre de 2014, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense –ratificada en 2019–, en Mar del Plata se mantienen suspendidos los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 aprobada en 2013 que permitían fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
En este caso, este domingo desde la Asamblea Paren de Fumigarnos dieron a conocer un video grabado por un vecino de El Marquesado donde se ve cómo un dron preparado para pulverización aplicó agroquímicos sobre un campo ubicado a pocos metros de la vivienda, con todo lo que implica hacerlo de manera aérea por su deriva a los terrenos lindantes.
“Seguramente están echando algún herbicida para volver a sembrar y justo el viento viene de ahí. Así que estamos acá con mi sobrino respirando el veneno que tira esta gente en la puerta de mi casa, que antes pasaban con el mosquito”, relató el vecino que grabó el video.
Desde el espacio asambleario, al respecto, consideraron que este tipo de aplicaciones “podrían convertirse en una tendencia del agronegocio”, con tecnologías con posibilidad de cubrir 16 hectáreas por hora. No obstante, advirtieron que en el caso de las aplicaciones aéreas las restricciones vigentes son mayores: el decreto 499/91 del gobierno provincial establece un límite de 2 kilómetros de las áreas pobladas.
No es la primera fumigación registrada en lo que va del año a metros de viviendas, en incumplimiento de la manda judicial que impide hacerlo a menos de un kilómetro de poblados: en enero, vecinos de El Boquerón, denunciaron públicamente las aplicaciones de un frutillar, ante lo cual formularon una denuncia ante Policía Ecológica y en la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.
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