Secuestraron casi 100 aves exóticas en cautiverio: las fotos 

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba


Los procedimientos se realizaron en cuatro viviendas de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Las especies permanecerán en la Reserva Tatú Carreta hasta poder ser liberadas.
Casi 100 aves exóticas en cautiverio fueron secuestradas tras distintos procedimientos que se realizaron en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.
Las especies fueron trasladadas hacia la Reserva Tatú Carreta, en la zona de Casa Grande, donde se rehabilitarán en cuarentena para luego, ser liberadas en su hábitat natural.
Los procedimientos se llevaron a cabo en cuatro domicilios de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Estuvieron a cargo de personal de Policía Ambiental y Patrulla Ambiental, informaron las fuentes.
Se secuestraron 94 aves de especies diferentes; así, se comprobó así la infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.
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Acueducto del río Paraná a Córdoba: en debate, la calidad del agua y el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Foro Ambiental Córdoba pide audiencias públicas y duda que el agua sea confiable y de calidad. Desde la Provincia indican que se cumplen las leyes y que se garantizará la potabilidad.
La asociación civil Foro Ambiental Córdoba reclama la evaluación de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública sobre el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, que transportará agua desde la cuenca del río Paraná. Esa obra se encuentra ya en la etapa 1, que es el tramo entre la santafesina Coronda y la cordobesa San Francisco.
Se trata de la megaobra que llevan adelante los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe, con financiación internacional, y que garantizaría el acceso de agua potable a 83 pueblos y ciudades de ambas provincias. En su etapa final, llegaría hasta la Capital de Córdoba.
El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Biprovincial.
El 11 de marzo, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó el “Aviso de Proyecto, etapa I Coronda-San Francisco en concordancia con la ley de Política Ambiental de Córdoba 10.208, anexo II”.
El informe, que tiene por objeto cumplir con el marco regulatorio provincial, sostiene, en la página 34, que “el sistema de provisión de agua de Córdoba se encuentra al límite de su capacidad, por lo que la posibilidad de traer agua desde una fuente confiable que asegura calidad y cantidad, como es el río Paraná, es de vital importancia para la calidad de vida de los pobladores.”
El Foro Ambiental, que cuestiona la obra desde su primera presentación en 2011, sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Sobre todo en cuanto a que se trata de “una fuente confiable que asegura calidad y cantidad” de agua.
“Es sabido que el río Paraná recibe aguas cargadas de agroquímicos por todos sus afluentes”, afirmó el biólogo Federico Kopta, presidente del Foro.
Como ejemplo, mencionó el estudio realizado por los investigadores Alicia Ronco y Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en la revista Enviromental Monitoring ad Assessment, que advierte altos niveles de glifosato y de su metabolito de degradación Ampa en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del Paraná, debido a la agricultura intensiva de la región.
También señaló otros trabajos realizados por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se evidenció presencia de agroquímicos en la cuenca hídrica.
“Lo lógico sería que se haga la evaluación del impacto ambiental para asegurarnos de que no estemos tomando agua con plaguicidas”, subrayó Kopta.

La respuesta de la Provincia
Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, dijo a La Voz que, por las características del proyecto, no requiere un estudio de impacto ambiental ni el trámite de audiencia pública según la ley 10.208.
“La norma establece las características sobre lo que se debe exigir al tener en cuenta una obra en la provincia. En este caso, al ser un acueducto se encuadra en aviso de proyecto”, aclaró Flores.
En el caso de la calidad del agua, la ministra remarcó que se monitoreará una vez que el acueducto esté en funcionamiento. “El mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) ”a los cuales nos atenemos”, expresó.
Agregó que una vez que se haga la distribución del recurso, el Ministerio tiene mecanismos de control, a través de la Policía Ambiental, tal como se monitorean las plantas potabilizadoras ya existentes en la provincia.

Contrapunto
En el aviso del proyecto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con la firma de Flores, encuadró la obra dentro de la ley de Política Ambiental Provincial 10.208 y en la ley 10.830.
El anexo II de la norma 10.208 incluye que los proyectos de gestión de agua, como acueductos y conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra, obligatoriamente están sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.
Es decir que la normativa se aplica sobre la obra y no sobre el tratamiento del agua ni sobre su distribución.
Pero Kopta planteó que encuadrarla en ese anexo es erróneo porque debería hacerse por el anexo I de la misma ley, en el punto 26. E insiste en que incluye la captación y tratamiento del agua, que aunque no esté en la provincia de Córdoba, sí es un recurso que terminarán bebiendo miles de cordobeses.
Ese punto –sostiene el Foro– requiere un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para evaluar la captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme a la ley 5589 del Código de Aguas de Córdoba.

Agua de la cuenca del río Tercero
Kopta –como lo plantearon varias organizaciones ambientalistas en los últimos años– insistió en que “lo más lógico y económico”, sería llevar al Gran Córdoba agua desde la cuenca del río Ctalamochita (o Tercero). “Incluso, nos parece adecuado hacerla desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, marcó.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) “son 90 kilómetros para conducirla, pero traerla del Paraná son casi 390 kilómetros”. Además, desde Santa Fe supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo.
Sobre esta discusión, el ingeniero Mariano Corral, del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó, en 2019, un estudio de alternativas de abastecimiento de agua. Y concluyó que ante las sequías esta fuente tiene comprometida su oferta hídrica y no alcanza a cubrir la demanda de las poblaciones que se pretende cubrir.
Corral expuso que, en cambio, la cuenca del Paraná es una de más grandes del mundo y aun ante un escenario de sequía no habría problemas de provisión desde esa fuente.
Otro planteamiento del Foro Ambiental es que el gasto energético será muy grande e implicará emisiones de dióxido de carbono en altas cantidades, lo que añade impactos ambientales.

Coronda-San Francisco al 40%
El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba se encuentra en el primer bloque de la etapa 1.
Se estima que el total de la obra beneficiará a 410 mil habitantes de ambas provincias.
La obra, cuyo contrato se firmó en 2023, se encuentra en un 40% de su etapa en el brazo Coronda-San Francisco, y con el llamado de licitación para dos bloques más. Aún no tiene fecha de finalización, y su evolución depende del financiamiento.
Este primer tramo cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Este tramo, que casi no toca territorio cordobés, es marcado como “el corazón de la obra” porque se realiza la toma de agua del río, la instalación de más de mil metros de cañerías que transportará el agua hasta la planta de tratamiento y otras obras.
Luego, faltará la etapa que recorra desde San Francisco al Gran Córdoba.
Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, dijo a La Voz que el acueducto es una obra estratégica ante el cambio climático.
“Viene a cubrir la demanda para los años de sequía en la provincia”, indicó.
El acueducto inyectará agua a la red existente de acueductos del este de Córdoba, en la zona de San Francisco. “Allí descomprime el 20% del agua para la provincia”, indicó.
Castelló recordó que el primer acueducto de Villa María a San Francisco es de la década de 1930. En esa zona del este provincial, al igual que en Santa Fe, el agua de napas contiene arsénico (cuya ingesta prolongada puede provocar enfermedades).
“Santa Fe ya tiene ejecutado un plan de acueductos con tomas sobre el Paraná. Este río tiene un caudal de 16 mil metros cúbicos por segundo, contra 10 metros cúbicos que tiene el Suquía, por ejemplo”, expresó.
Castelló agregó que ante cualquier contaminación su proceso de dilución es muy grande. “Haciendo bien las tomas y ejecutando bien las plantas de tratamientos no hay problemas con la calidad del agua potable”, explicó.
Mencionó que Santa Fe tiene varias plantas “y no presenta problemas en la calidad del agua potable”.
Castelló enfatizó que en Córdoba se generan muchos inconvenientes con el recurso cuando hay dos o tres años de precipitaciones por debajo de la media anual. “Eso es lo que viene a solucionar el acueducto”, finalizó.
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Proponen crear un programa para proteger a la fauna en Córdoba en rutas provinciales

Fecha de Publicación: 09/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Frente Cívico presentó un proyecto para prevenir accidentes con animales. Plantea estudios obligatorios, pasafaunas, radares y señalización en zonas críticas, con participación de municipios, expertos y ONG.
El bloque del Frente Cívico en la Legislatura de Córdoba presentó un proyecto de ley que busca crear el “Programa Provincial de Prevención de Colisiones con Fauna”. El objetivo es reducir los impactos que el tránsito vehicular tiene sobre animales silvestres y domésticos, tanto por razones ambientales como de seguridad vial.
La iniciativa parte de una problemática que suele pasar desapercibida: la gran cantidad de animales que mueren atropellados en rutas y caminos del país, incluyendo especies amenazadas.
“El tránsito vehicular en rutas no sólo es un problema de seguridad vial, sino también un problema ambiental. Hay un impacto silencioso, pero devastador, sobre muchas especies”, señalaron desde el bloque autor del proyecto.
Según datos de la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RedFauna), se calcula que mueren más de 15 animales por kilómetro por año en rutas argentinas.
En Córdoba, organizaciones ambientalistas han relevado atropellamientos de zorros, pumas, corzuelas, aves rapaces, serpientes y hasta de cóndores. En algunos tramos serranos o cercanos a áreas naturales, los incidentes son frecuentes y pueden representar un riesgo también para los conductores.
El proyecto establece que se deberá identificar y mapear las “zonas críticas” de atropellamientos, con base en relevamientos técnicos y denuncias ciudadanas. En esos sectores, el Ministerio de Infraestructura deberá instalar señalización específica, radares, reductores de velocidad, y construir pasos de fauna subterráneos o aéreos, según corresponda.
Además, todas las obras nuevas o de ampliación en rutas y caminos provinciales deberán contar con un estudio de impacto sobre la fauna, como condición previa a su aprobación. Esto incluiría tanto la traza como su entorno inmediato.

Consejo asesor
La propuesta incluye también la creación de un consejo asesor, integrado por representantes del Estado provincial, municipios, universidades, ONG y especialistas en biodiversidad, que tendrá la función de asesorar, monitorear y proponer medidas específicas para cada situación.
Desde el Frente Cívico indicaron que actualmente existen algunas acciones aisladas, como carteles preventivos o pequeños pasos de fauna en zonas puntuales, pero que no hay una política pública integral ni sostenida en el tiempo.
“La idea es que este programa se convierta en una política de Estado, con presupuesto y con participación técnica y social, porque no se trata sólo de conservar especies, sino también de prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre el desarrollo vial y los ecosistemas”, explicaron.
El proyecto fue ingresado y esperan que pueda ser tratado en las próximas semanas. Mientras tanto, desde organizaciones ambientalistas manifestaron su apoyo a la iniciativa y pidieron que se le dé tratamiento urgente.
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Histórico fallo ordena al Estado sanear la cuenca del lago San Roque

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación de Córdoba falló a favor de una acción de amparo ambiental colectivo impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) en 2022. En una decisión considerada un hito para la justicia ambiental argentina, el tribunal reconoció el grave daño ambiental en la cuenca del lago San Roque y ordenó al Estado provincial y a los gobiernos locales adoptar medidas urgentes, integrales y sostenidas para revertir la situación.
El fallo responsabiliza a las autoridades por acción y omisión ante la contaminación del recurso hídrico del que dependen más de un millón de personas. Además, obliga a la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, presentado por el Gobierno provincial durante el proceso judicial, al que deberá incorporarse una serie de precisiones en un plazo de 30 días.
Entre las medidas más relevantes, se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes, una fiscalización intensiva con sanciones por incumplimientos y una meta obligatoria de cobertura cloacal del 85% de la población de la cuenca en un máximo de ocho años. Esta última disposición acorta considerablemente los plazos inicialmente propuestos por el Ejecutivo, que proyectaban solo un 50% de cobertura en 15 años.
“Esta sentencia marca un antes y un después. Reconoce una crisis ambiental y sanitaria que afecta derechos fundamentales y exige respuestas urgentes, coordinadas y transparentes de las autoridades”, expresó Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps. La dirigente destacó, además, que el fallo “visibiliza el valor de la participación ciudadana” en la defensa del ambiente y la salud.
Aunque el fallo respeta la autonomía municipal, señala que la Provincia de Córdoba tiene un rol central y la responsabilidad última por la degradación del recurso hídrico. En consecuencia, deberá cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas para la construcción de redes cloacales, consideradas clave en el saneamiento de la cuenca.

Otros puntos centrales de la sentencia
- Reformulación del Plan en 30 días, con enfoque integral, transparente y participativo.
- Auditoría técnica obligatoria en seis meses, con evaluación de avances e indicadores.
- Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada, con información en tiempo real y espacio para aportes ciudadanos.
- Campaña sostenida de educación ambiental en toda la cuenca, con enfoque territorial.
- Participación directa de ciudadanía, organizaciones sociales y academia en la planificación y monitoreo del proceso.

Antecedentes y proceso judicial
La acción judicial fue presentada en noviembre de 2022 por Fundeps, luego de que estudios científicos y documentación histórica dieran cuenta de la crítica situación ambiental del lago San Roque. La organización ya había alertado en 2021 sobre el estado de las principales cuencas hídricas de Córdoba, publicando un informe diagnóstico con las causas de la contaminación y sus consecuencias en el ambiente, la salud y la biodiversidad.
Durante el proceso judicial, Fundeps aportó informes técnicos y científicos que respaldaron el reclamo, y subrayó la necesidad de una intervención estatal urgente. La Cámara actuó con “diligencia y compromiso ambiental y social”, señalaron desde la fundación.
“El saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y garantice el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua”, concluyeron desde Fundeps, que se comprometió a continuar monitoreando el cumplimiento de la sentencia.
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La Provincia presentó el Portal de Gestión de Biodiversidad de Córdoba

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: Gobierno de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia y promover una gestión más transparente y participativa, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, presentó el Portal de Gestión de Biodiversidad de Córdoba.
Se trata de una plataforma interactiva que ofrece acceso a datos estadísticos para la toma de decisiones del Estado provincial y, a su vez, brinda información, recursos y herramientas esenciales a ciudadanos, investigadores y gestores ambientales.
El portal permite acceder a tableros dinámicos de gestión, infografías, gráficos interactivos y formularios internos, que sistematizan la información generada por los distintos programas y subprogramas del Plan Integral de Restauración Ecológica (PIRE).
Entre ellos, se destaca por ejemplo la iniciativa Más Flora Cordobesa, que en su sección ofrece información detallada sobre cada jornada de forestación, la cantidad de árboles plantados y las localidades donde se desarrollaron las acciones, entre otros datos.
En el caso del programa Pulmones Verdes, incluye un tablero con la cantidad de áreas protegidas bajo este programa, superficie total y su geolocalización en la provincia.
La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, destacó la importancia de contar con herramientas de gobierno abierto, porque permite “mejorar la toma de decisiones y promover la participación ciudadana, fomentando la colaboración entre organismos, investigadores y la sociedad».
Y agregó: «Este portal es una muestra concreta de cómo la tecnología puede potenciar una gestión ambiental más democrática y transparente”.
Además, la plataforma permite la inscripción a programas específicos, facilitando la participación ciudadana y la articulación con municipios, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
También incluye un mapa de la provincia donde se registran todas las acciones realizadas y muestra el alcance que tuvieron las iniciativas implementadas durante este primer año de gestión, con presencia territorial en distintos puntos de la provincia.
La presentación de la plataforma estuvo encabezada por la ministra de Ambiente y participaron: el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco; la directora general de Viveros Provinciales, Susana Zandri; representantes de la empresa Ciampagna Gabriela Capdevilla, encargada del desarrollo del portal; además de funcionarios municipales, representantes de universidades, Centros de Rescate, institutos de investigación del CONICET y organizaciones ambientalistas.

El acceso al Portal está disponible a través del siguiente link:
https://portal-de-aplicaciones-mayec.hub.arcgis.com/
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Liberaron dos cóndores con rastreador satelital en Córdoba

Fecha de Publicación: 03/04/2025
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba

Los ejemplares atravesaron un proceso de rehabilitación en la Reserva y Centro de Rescate Tatú Carreta. La liberación tuvo lugar en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.
En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Policía Ambiental, el establecimiento Tatú Carreta y Administración de Parques Nacionales, se llevó a cabo la liberación de dos hembras de cóndor andino en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Se trata de “un hecho que representa un hito fundamental en la conservación de esta emblemática especie en la región”, según expresaron las autoridades provinciales.
Los ejemplares, identificados como Rosita y Pocha en alusión al lugar donde fueron encontradas, atravesaron un proceso de rehabilitación en la Reserva y Centro de Rescate Tatú Carreta, en la localidad de Casa Grande.

Rastreadores satelitales
A partir de este trabajo académico, los investigadores pretenden conocer el comportamiento de esta especie en las sierras del centro del país.
Los rastreadores satelitales permiten obtener información detallada sobre el desplazamiento, rutas de vuelo, velocidad, altitud, sitios de descanso y zonas en las que se abastece de alimento
La implementación de estos dispositivos GPS posibilita un monitoreo constante de los cóndores en su hábitat, proporcionando datos valiosos que permite tomar decisiones y pensar acciones que apuntan a la conservación tanto de la especie como de sus hábitats.
Cabe recordar que, en diciembre pasado, se liberó “Carlita”, la primer cóndor juvenil con un rastreador satelital, lo que marcó un precedente en la provincia de Córdoba.
Gracias a la información recabada, se pudo conocer que desde su liberación se ha desplazado por un área de aproximadamente 2.500 km², y pudo integrarse a un grupo de cóndores adaptando su vuelo a mayores distancias y altitudes.
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Presentan denuncia penal contra la empresa Dracma por sobrevuelo ilegal de helicóptero en la Quebrada del Condorito

Fecha de Publicación: 21/03/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Lo hizo la Administración de Parques Nacionales. La firma dijo que la aeronave ya no es suya. Ambientalistas exigen sanciones y medidas concretas para evitar futuros incidentes.
Agrupaciones ambientalistas denunciaron que este fin de semana un helicóptero de una empresa privada sobrevoló de manera irregular el Parque Nacional Quebrada del Condorito, provocando un grave impacto ambiental en la fauna local.
El hecho, ocurrido alrededor de las 13.30 del sábado pasado, fue registrado en video por el guía de montaña Martín Ávila, quien documentó cómo el aparato perturbó a más de 30 cóndores que se encontraban en la zona conocida como “El baño del cóndor”, un área de descanso y acicalamiento para estas aves.
La aeronave estaba identificada con el logo de la firma Dracma S.A., pero desde la empresa expresaron a este medio que ese aparato ya no corresponde a la firma.
Frente a este hecho, la Administración de Parques Nacionales (APN) presentó este martes una denuncia penal contra la empresa Dracma, para que se investigue la posible comisión de un delito ambiental.

Vuelo ilegal
El sobrevuelo no autorizado generó un estrés innecesario en los cóndores, obligándolos a abandonar el lugar, y afectó también a otras especies de la fauna local. Las imágenes del incidente fueron difundidas por la Fundación Mil Aves, que calificó el suceso como “gravísimo” y exigió respuestas a las autoridades competentes.
Ante las denuncias, la consultora Dracma S.A. dijo en diálogo con La Voz que el helicóptero involucrado ya no es propiedad de la empresa.
“Estamos al tanto de la lamentable situación. Nos gustaría aclarar que ese helicóptero ya no pertenece a nuestra empresa desde el año pasado, por ende no estaban en dicho vuelo ni directivos ni personal de Dracma. Repudiamos el actuar imprudente, alterando el hábitat del área protegida”, señalaron desde la empresa.
Además, explicaron que el logo de la compañía permaneció en la aeronave por fines comerciales y que no tuvieron contacto con las autoridades del Parque. “No hemos hablado con nadie del Parque. Estamos a disposición para cualquier aclaración al respecto”, agregaron.
Por su parte, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), se refirió al hecho y destacó que el sobrevuelo de helicópteros en áreas protegidas está prohibido por ley.
“No se puede volar en esas áreas, está prohibido por la ley de Parques Nacionales, salvo cuando se trate de casos de emergencia. Apenas tomamos noticia del caso, actuamos conforme a la ley y realizamos la correspondiente denuncia penal”, afirmó Larsen en diálogo con La Voz.
Además, respecto a la declaración de la empresa Dracma, señaló: “Será parte de la investigación judicial. La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) tiene todos los registros de las aeronaves. Será cuestión de que el fiscal pida esa información”.

Denuncia judicial
La APN presentó una denuncia penal ante la Justicia por el hecho, en la que se detalla que el helicóptero –identificado como LV_BSV– sobrevoló a baja altura en el área protegida, violando las normativas establecidas en el Código Aeronáutico y en la Ley de Parques Nacionales.
La denuncia, presentada por Natalia Noemí Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la APN, señala que el sobrevuelo no autorizado generó un grave impacto en la fauna, especialmente en los cóndores, que se encuentran en estado de conservación vulnerable.
También se solicitó la inhabilitación del piloto del helicóptero, que no obstante aún no fue identificado.
Esta conducta está tipificada en el artículo 222 del Código Aeronáutico, que establece penas de prisión de 6 meses a 4 años para quienes conduzcan aeronaves sobre zonas prohibidas.
Respecto a la denuncia penal, desde Dracma indicaron: “No estamos notificados al respecto de esa demanda. Llegado el caso nos ponemos a disposición de la justicia para cualquier aclaración”.
En tanto, la Fundación Mil Aves, emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente la acción y responsabilizó a Dracma por violar las normativas que protegen el área, administrada por la APN. Además, solicitó al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia y a la APN que utilicen todas las herramientas legales disponibles para sancionar a los responsables.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito es un área protegida de gran importancia ecológica, especialmente por ser hábitat de una de las mayores concentraciones de cóndores en las sierras de Córdoba. La irrupción del helicóptero no solo afectó a las aves, sino que también arruinó la experiencia de los visitantes que se encontraban en el lugar.
Las autoridades de Ambiente de Córdoba dijeron que “no es un tema de jurisdicción provincial” y que tenpían entendido que ya había actuado la Adiministración de Parque Nacionales.
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Tráfico ilegal y mascotismo de fauna silvestre, una problemática que no da tregua en Córdoba

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Pese a los controles, allanamientos y rescates, estos delitos siguen siendo una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la provincia. Las aves son las principales especies secuestrados en los operativos.
El tráfico ilegal y el mascotismo de fauna silvestre son dos facetas de una problemática constante en Córdoba que afecta a numerosas especies autóctonas y perjudica la biodiversidad regional. Esto también ocurre con especies exóticas, ya sea por provenir de otras provincias, de otros países o incluso continentes.
Evidencia de ello son los periódicos casos de animales rescatados luego de procedimientos policiales y el reciente avistaje de un ciervo axis o moteado avistado por la zona de los barrios Pueyrredón y General Paz. Totalmente desorientado, el animal falleció antes de que efectivos de la Patrulla Ambiental llegaran.
Por denuncias, procedimientos de control o allanamientos todos los años son decomisados y recuperados cientos de aves, mamíferos o reptiles. Mientras que algunos pueden ser liberados y regresar a su hábitat natural, otros deben permanecer en cautiverio por el resto de su vida.
Uno de los centros de rescate de fauna silvestre más grandes del interior del país es el que pertenece al Parque de la Biodiversidad, dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Allí se trabaja trabaja diariamente en el rescate, rehabilitación y cuidado de animales que llegan a través de operativos contra la tenencia o comercialización ilegal. También se reciben muchos ejemplares lastimados, golpeados o desnutridos por otras causas.
A este centro llegaron 306 animales en 2023, de lo cuales se liberó a 78. Ese número se elevó a casi el doble en 2024, con 581 ejemplares recibidos, pero la buena noticia es que pudo liberarse a casi la mitad (275). En lo que va de 2025 llegaron 97 animales y se liberaron 24. En cuanto a las especies, el mayor porcentaje de ejemplares rescatados en cada año fueron aves.
“Aunque hay más educación, la cantidad de animales que ingresan no baja sino que se mantiene en el tiempo. Además, cada vez sorprende más el tipo de especies que aparecen. Notamos que el gran ingreso se debe también a que hay más controles y más conciencia de la gente que hace las denuncias”, dijo a La Voz Constanza Capocasa bióloga y directora del Parque de la Biodiversidad.
Allí reciben mamíferos, reptiles, invertebrados y hasta peces, pero predominan las aves que son las que más sufren la comercialización ilegal. Al estar atravesada por múltiples rutas y ubicarse en el centro del país, Córdoba es una zona de paso para los traficantes, por lo que a este centro llegan animales de todas las provincias.
Una vez allí atraviesan un período de cuarentena donde se los atiende sanitariamente pero también desde lo comportamental. Sin son dados de alta o considerados aptos en ambos aspectos, se los libera. El proceso para hacerlo implicará mayores esfuerzos si no son animales nativos de Córdoba.
“Nuestro trabajo apunta a poder conservar las poblaciones naturales y a vincularnos de otra manera con los animales y el ambiente de cara al futuro. No somos sus dueños y no debemos tratarlos como cosas sino convivir y respetarlos porque muchas especies se extinguen debido a esto”, agregó Capocasa.

Allanamientos y rescates
El centro de rescate trabaja en vínculo directo con la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental, las reparticiones encargadas de hacerles llegar los ejemplares secuestrados en los allanamientos o controles de rutina.
En el período comprendido entre 2019 y 2024 la Policia Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, realizó en la provincia de Córdoba 1.648 procedimientos relacionados con la fauna silvestre. En total se secuestraron 9.962 ejemplares y se liberaron 3.731.
Haciendo el desglose por año, los operativos efectuados fueron 169 en 2019, 196 en 2020, 350 en 2021, 293 en 2022, 292, en 2023 y 348 en 2024. En cuanto a ejemplares secuestrados hubo 923 en 2019, 1.592 en 2020, 1.818 en 2021, 1.823 en 2022, 2.201 en 2023 y 1.605 en 2024. Sobre las liberaciones se hicieron 285 en 2019, 638 en 2020, 617 en 2021, 657 en 2022, 731 en 2023 y 803 en 2024.
“Casi el 90% de los animales son pájaros paseiformes, de plumaje colorido o de canto llamativo, lo que los hace atractivos para tenerlos en cautiverio. También tenemos un porcentaje de mamíferos y otro de reptiles”, explicó Adrián Rinaudo, Secretario de Policía Ambiental.
Los operativos se realizan en base a las zonas donde se detecta que puede haber fauna silvestre. Una de las vías de conocimiento es a través de las denuncias, sobre todo anónimas, y otra por los controles de ruta, para lo cual cuentan con una brigada canina de detección de fauna en tránsito, algo con lo que no cuenta ninguna otra provincia del país.
También trabajan intentando dar con los traficantes de fauna a través de la web y redes sociales, donde muchas personas los contactan para comprar ejemplares. Aquí se produce sobre todo el tráfico de especies exóticas y son los grupos de Telegram los medios favoritos para estos objetivos.
“Nosotros teníamos la idea de que Córdoba era un lugar de paso de la fauna silvestre que venía desde el norte, el litoral o el oeste y cruzaba para Buenos Aires. Pero ahora estamos viendo que hay tráfico en la provincia, hacemos procedimientos con secuestros grandes donde podemos encontrar hasta 80 aves en un domicilio”, suma Rinaudo.
En este punto también coincide Jorge Suárez, jefe de la División Patrulla Ambiental, que depende de la Policía de Córdoba. “El tráfico ilegal ha crecido exponencialmente. Córdoba era un lugar de paso de fauna y ahora es un lugar de adquisición sobre todo de autóctonos. También ha crecido el mascotismo de animaes silvestres y cada vez hay más operativos de rescate en viviendas”, afirmó.
En la Ciudad de Córdoba la Patrulla intervino en 18 allanamientos durante 2024 y en seis en lo que va de 2025. Secuestraron 83 animales el año pasado y 45 en los últimos dos meses. Se trató en su mayoría de aves, pero también se rescataron marsupiales, ofidios, zorros y reptiles.
“La mayoría de rescates en la zona urbana son de aves rapaces como caranchos, chimangos, o jotes que se encuentaran en lugares donde hay edificios. Los caranchos y chimangos son controladores de roedores y se encuentran en temporada de tormentas o vientos fuertes porque caen y se lesionan. Los jotes aparecen dentro de los departamentos en esta época porque estan saliendo las crías”, describió.
Y cerró: “pero la problemática constante el año pasado han sido los zorros. Esto tiene mucho que ver también con la higiene y la empatía con estos animales. La gente todavía no entiende que dándoles de comer los están sacando de su estado salvaje porque ya saben dónde conseguir comida constantemente”.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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La Justicia de Córdoba avaló un amparo ambiental contra 18 municipios

Fecha de Publicación: 06/01/2025
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


El amparo presentado por la Fundación AMB SAL CONS LAB exige la remediación de los basurales a cielo abierto en varias localidades.
La Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba ha declarado el carácter colectivo del amparo ambiental presentado por la Fundación AMB SAL CONS LAB para la Protección del Ambiente, la Salud, el Consumo y las Prácticas Laborales. La demanda fue interpuesta contra una veintena de municipios y comunas de la provincia, entre ellos Jesús María, Colonia Caroya, Estación General Paz, Villa El Totoral, y otras localidades del interior de Córdoba.
El tribunal resolvió que la acción se encuadra dentro de la categoría de amparo ambiental y dispuso que se registre como un proceso colectivo. El principal reclamo de la fundación es el cese del daño ambiental provocado por los basurales a cielo abierto que se encuentran en las distintas jurisdicciones demandadas. Además, la organización solicitó que se presenten planes de remediación y tratamiento de residuos sólidos urbanos para abordar este problema.
Otro de los puntos clave de la demanda es la petición de que se declare la inconstitucionalidad de aquellas ordenanzas municipales que contravengan las normativas legales nacionales, provinciales e internacionales en materia ambiental.
La causa, identificada como “Fundación AMBSAL CONS LAC para la Protección del Ambiente, Salud, Consumo y las Prácticas Laborales c/Municipalidad de Jesús María y otros – Amparo Ambiental”, continúa avanzando en el sistema judicial en busca de una solución a la crisis de gestión de residuos en la región.
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Biocombustibles: abren la primera estación de servicio para el público en general en Córdoba capital

Fecha de Publicación: 11/12/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Ofrecerá al público en general, biodiésel (B20) y bioetanol (E17), además de los combustibles tradicionales.
El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, dejaron inaugurada la primera estación de servicio de biocombustibles para el público en general, ubicada en la intersección de Rancagua y Capdevila.
Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de biocombustibles y bioenergías, en colaboración con la empresa Wico, que expenderá biocombustibles dentro del ejido municipal.

Qué biocombustible ofrecerá la nueva estación de servicio
Esta nueva instalación ofrecerá al público en general, biodiésel (B20) y bioetanol (E17), además de los combustibles tradicionales. Se trata de los biocombustibles que la Provincia y Municipalidad actualmente utilizan en el programa de migración de vehículos de flota pública.
B20 (gasoil con 20% de biodiesel) y E17 (nafta con 17% de bioetanol) son combustibles diseñados por la provincia con mayor contenido de biocombustibles, de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial N° 10.721, que promueve la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía.
La estación de servicio fue adquirida por WICO y remodelada para alinearse con los estándares de calidad y sostenibilidad que caracterizan a la empresa. Además de su ubicación estratégica, su infraestructura permite atender la creciente demanda de biocombustibles por parte de empresas públicas como EPEC, Caminos de las Sierras, Lotería de la Provincia, CORMECOR, TAMSE y COyS y otros actores del sector público y privado; y desde hoy disponible para todos los cordobeses.
Cabe subrayar que la empresa adquiere biocombustibles de productores cordobeses como ACA BIO, PROMAIZ, MAIZ ENERGÍA, BIO 4, AFEMA y Green Diésel, promoviendo empleo y fortaleciendo la economía provincial.
Es importante señalar que la carga de estos biocombustibles no requiere ninguna modificación en el motor del vehículo y, tal como se emplea en la flota provincial y municipal, es posible que sea utilizado por todos los sectores de consumo.

Cómo funcionará la estación de servicios
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, explicó: “Cuando se realiza una carga en cualquier estación de servicio del país, hay un corte obligatorio establecido por la Secretaría de Energía de la Nación. Al cargar 100 litros de nafta, en realidad se están comprando 12 litros de bioetanol, de los cuales 6 son producidos en base a bioetanol de maíz, y los otros 6 en base a bioetanol de caña de azúcar”.
Además, indicó que más del 75% de ese maíz se va al puerto de Rosario y se exporta como grano sin generar empleos ni motorizar inversiones.
“Al producir bioetanol a partir del maíz, se requiere procesamiento, inversión y generación de empleo, entonces en lugar de vender los 100 litros con 12 de bioetanol, acá en Córdoba lo estamos vendiendo con 17″, se explayó el funcionario.
López recordó que “el gobernador Llaryora es un firme defensor y propulsor de la bioeconomía y de los biocombustibles a nivel nacional, empujando la sanción de una nueva ley que Argentina lamentablemente todavía no tiene”.
En tanto, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, valoró la expansión de los biocombustibles en la provincia y remarcó la importancia de apostar al desarrollo en equilibrio con el cuidado ambiental.
“Este tipo de iniciativas privadas además de fomentar el uso de energías que generan menos emisiones de gases efecto invernadero son apuestas locales que generan empleo, por eso es un orgullo para nosotros como Gobierno poder acompañar y poner en valor este tipo de iniciativas”, dijo Flores.
Por su parte, el presidente de WICO, Fernando Riccomi, sostuvo que esto se puede llevar adelante “porque Córdoba tiene esta iniciativa como política de Estado. Esto no se puede hacer si hay una cuestión espasmódica. Una petrolera necesita una estandarización y un tiempo largo para que las cosas transcurran”.
“Córdoba se puso esto al hombro, viene empujándolo hace un largo tiempo y acelerando el proceso para que se profundice. Nosotros estamos para invertir, somos una empresa argentina y la provincia de Córdoba quiere avanzar, entonces estamos con Córdoba para avanzar”, enfatizó Riccomi.
En el acto estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; el secretario de Transición Energética de la Provincia de Córdoba, Pablo Gabutti; el director Provincial de Biocombustibles y Bioenergias, Mariano Santillán.

Antecedentes
Pasaron casi dos años de la inauguración de la primera estación de servicios con biocombustibles, ubicada en Sagrada Familia y Costanera de la ciudad de Cordoba, diseñada para la venta de combustibles líquidos, gaseosos y biocombustibles.
La segunda estación, en calle Isabel la Católica, contribuyó a profundizar la estrategia a través de más puntos de carga para vehículos oficiales.
Actualmente, los cortes de B20 y E17 suministrados abastecen a más de 2 mil vehículos de flotas provinciales, municipales y del sector privado sin necesidad de realizar modificaciones mecánicas en los motores. Estos combustibles son dispensados exclusivamente en estaciones especialmente habilitadas para su distribución.
Este año más unidades de la flota provincial comenzaron a utilizar biocombustibles, siendo el último ejemplo la transición energética que llevan a cabo los vehículos del Ministerio de Seguridad.
Actualmente se llevan consumidos más de 5 millones de litros y las estimaciones de dióxido de carbón equivalente reducido asciende a más 1.8 millones de kilogramos.
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Ambiente y Economía obtuvo una gran asignación para 2025

Fecha de Publicación: 29/11/2024
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Se detallaron los recursos asignados para los programas de las cinco secretarías, la Autoridad de Cuencas, y Policía Ambiental
La ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, María Victoria Flores, presentó el presupuesto 2025 para esas áreas durante una reunión de comisiones en la Legislatura cordobesa. El monto destinado al funcionamiento del Ministerio alcanzó $ 1.830.278.000, según informó Flores.
En esta reunión participaron también funcionarios clave, incluyendo a los secretarios de Ambiente, Economía Circular, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Flores destacó la relevancia de contar con un ministerio enfocado en la protección del ambiente, afirmando que “la inversión en políticas ambientales es fundamental para el futuro de nuestra provincia”.
En total, el Fondo de Asistencia Ambiental de Cuencas dispuso de $4.129.773.000, con el fin de implementar programas de reducción y remediación ambiental en colaboración con gobiernos locales y comunidades regionales.
El programa de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas recibió un presupuesto de $845.600.000 para iniciativas de conservación y restauración, mientras que la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde previó $1.614.478.000 para la gestión sostenible de residuos y la educación en economía circular. Entre los programas que se financiarán se encuentran “Composta”, “Hacelo girar” y “Fortalecimiento de cooperativas de reciclado”, entre otras.
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Reconocen como monumentos naturales la fauna y flora autóctonas de Córdoba

Fecha de Publicación: 27/11/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad una modificación a la Ley 6.964 de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de mejorar la conservación de las especies en peligro de extinción, y de esta manera reconocer como monumentos naturales tanto a la flora como a la fauna autóctonas.
La reforma fue impulsada por los legisladores Abraham Galo (Hacemos por Córdoba) y Brenda Austin (UCR) para reforzar la defensa de la biodiversidad y modifica los artículos 33, 34, 35 y 36 del capítulo “Monumentos Naturales Provinciales” para ampliar el concepto e incluir a las especies que están en riesgo de desaparecer.
De esta manera incorpora como eje central un inciso referido a “cosas, especies vivas de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico”, aspecto que está sin regular en la ley vigente. Es decir, que amplia el concepto para que no se refiera meramente a “cosas” sino también que alcance a los animales y a las plantas.
“La modificación permite cambiar esa definición y se puede declarar monumento a un sitio, a una planta o a un animal”, aclaró Austin a La Voz.
Y remarcó el trabajo mancomunado con las organizaciones, quienes señalaban desde hace un tiempo que “Córdoba no contaba con un marco de protección para resguardar a los animales y a las plantas que están en peligro de extinción o que tienen un valor icónico para la provincia. Muchas son endémicas”.
Por ejemplo, se puede declarar monumento natural al aguará guazú, especie que está en peligro de extinción. Pero también a otras como el guanaco, el carpincho, el tapetí, el oso melero, el pecarí de collar, entre otras. Además, aves como el loro hablador, el rey del bosque y el águila coronada, entre otros.
“Con la declaración de monumentos se ofrecen una serie de esquemas protectorios contra el mascotismo, la caza ilegal y los incendios forestales que destruyen sus hábitats”, remarcó la legisladora.
Y sumó: “Es un paso en un conjunto de transformaciones que tiene que dar Córdoba para custodiar nuestros recursos naturales”.

Un gran paso
La iniciativa contó con el respaldo de Fundación Mil Aves, la reserva Tatú Carreta, Fundación Natura, y equipos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Nos parece muy importante que se de esta ampliación. Muchas de las especies que llegan a la reserva están en peligro de extinción”, expresó María Ahumada, de la reserva Tatú Carreta.
A la vez, recordó que en 2020, desde la reserva iniciaron un pedido para declarar al aguará guazú como monumento natural, algo que ya se dio en otras provincias del país, como por ejemplo Santa Fe.
“Hicimos una campaña para juntar firmas y nos dimos con que la actual legislación no contemplaba, para el caso de la provincia de Córdoba, la inclusión de especies de fauna y flora”, sostuvo, y confió que con la modificación el aguará guazú pueda convertirse en monumento natural.
“Esperamos la materialización de la real conservación, además de programas y recursos de la Provincia de Córdoba para llevarlos a cabo”, indicó la legisladora.

¿Qué son los monumentos naturales?
En las tipologías de conservación (reservas, parques, entre otros), los monumentos naturales son regiones, objetos, especies vivas de animales o plantas que tienen un valor histórico, estético o científico, y se les otorga protección absoluta.
En Argentina, por ejemplo, son monumentos naturales autóctonos: la ballena franco austral, el huemul, la taruca (ciervo) y el yaguareté.
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Bioasfalto, la innovación vial derivada del biodiesel que cubre baches con menos costos y más sustentabilidad

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Córdoba


Es un material revolucionario sobre infraestructura que ya se emplea en reparaciones y tiene proyección internacional. Lo implementa la provincia de Córdoba, en colaboración con el sector privado y la universidad.
El bioasfalto, un innovador compuesto derivado del biodisel, el biocombustible que se mezcla con el gasoil de petróleo, ya se utiliza en bacheos y reparaciones y representa una solución más sostenible y rentable para desafíos de infraestructura.
Ya se está implementando en Córdoba, como plan del gobierno provincial desarrollado en conjunto con una empresa privada y la Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de Córdoba,
Por ahora, el bioasfalto se aplica en obras viales de pequeña y mediana escala, con la intención de homologarlo para obras a gran escala.
Este desarrollo, que comenzó a emplearse hace pocos años, podría convertirse en una alternativa viable a los sistemas tradicionales utilizados en infraestructura vial.
La característica principal del bioasfalto es que reemplaza el uso de hidrocarburos por biodiesel, lo que lo convierte en un material más amigable con el ambiente.

El bioasfalto es una alternativa innovadora
El bioasfalto no solo es ecológico, sino que también simplifica el proceso de aplicación, ya que no requiere tanto despliegue de maquinaria pesada como los sistemas convencionales.
Este producto ya se utiliza en trabajos de bacheo y reparación de carpetas asfálticas en varios municipios, entre ellos la Municipalidad de Córdoba, que adquirió 20 mil toneladas.
Afema, la empresa que lidera este desarrollo, lleva años investigando y perfeccionando el uso de bioasfalto.
“Cada paso fue muy positivo, lo que hizo que hoy tengamos confianza en el producto”, explicó Daniel de la Rubia, jefe de laboratorio de Afema.
La empresa además puso en marcha una mini planta de producción de biodiesel a principios de 2024, financiada por la Provincia para incentivar la transición energética en sectores estratégicos como la industria y la construcción.
El compuesto no solo se está utilizando a nivel local, sino que también comenzó a exportarse a países vecinos como Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Mientras tanto, la Provincia y Afema trabajan en la homologación del producto para permitir su uso a gran escala, apuntando a transformar el panorama de las obras viales en la región y reducir el impacto ambiental del sector.

Una opción ecológica para reducir la huella de carbono
El ministerio de Infraestructura de Córdoba, la empresa Afema y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC firmaron un convenio para avanzar en la homologación del bioasfalto, una mezcla más amigable con el ambiente al estar elaborada con biodiesel.
Como parte del acuerdo, se realizaron pruebas en un tramo de la ruta E 57, donde se alternaron biomezcla y asfalto tradicional, cubriendo aproximadamente 1.000 metros.
Los investigadores analizarán el rendimiento de ambos compuestos durante un año para comparar su desempeño.
La biomezcla presenta ventajas operativas frente al asfalto tradicional, ya que puede ser aplicada con cuadrillas más pequeñas y no requiere el uso intensivo de maquinaria pesada.
A diferencia del asfalto en caliente, que exige plantas cercanas y afecta el tránsito urbano por su despliegue, el bioasfalto es ideal para zonas urbanas o rurales con infraestructuras limitadas.
Esta alternativa promete simplificar la logística de las obras, con menor interrupción de la vida cotidiana y menos requerimientos técnicos.
El uso de bioasfalto no solo trae beneficios logísticos, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente.
Al utilizar biodiesel en su elaboración, se reduce un 27% el uso de asfalto a base de petróleo, y disminuye así las emisiones de gases de efecto invernadero.
El proceso, además, se lleva a cabo a temperaturas más bajas, lo que reduce la emisión de vapores nocivos.
Esta innovación representa un avance significativo hacia la construcción de infraestructuras más sostenibles y alineadas con la lucha contra el cambio climático.

Del laboratorio a la ruta
Lucas Crespi, responsable del Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), explicó que las pruebas de bioasfalto en la ruta E 57 forman parte de un proyecto multidisciplinario.
Durante el proceso, los investigadores tomarán muestras a lo largo de tres meses para analizar el desempeño de las biomezclas en comparación con el asfalto tradicional.
“Es un proyecto que abarca aspectos ambientales, químicos, estructurales y viales”, detalló Crespi. Y resaltó la innovación en el uso del bioasfalto como carpeta de desgaste.
Crespi subrayó que, si bien el bioasfalto ya se emplea en bacheos, su aplicación como pavimento es novedosa en la región.
“La bibliografía muestra resultados alentadores, pero el desafío ahora es usarlo como superficie de rodamiento. Las expectativas son altas”, afirmó.
El objetivo es validar este compuesto en Córdoba, una provincia que busca posicionarse a la vanguardia en la implementación de materiales más sostenibles en infraestructura vial.

Una experiencia sin precedentes en la región
El uso de bioasfalto en obras viales no tiene antecedentes en la región, lo que sitúa a Córdoba en una posición de liderazgo en la adopción de tecnologías innovadoras.
Este proyecto se enmarca en la creciente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las obras públicas, objetivo central en la lucha contra el cambio climático.
La implementación exitosa del bioasfalto podría marcar un cambio de paradigma en la construcción vial en Argentina.
La empresa que encabeza el proyecto también se destaca por su planta de producción de biodiesel en Villa Retiro. Con una capacidad de 6.000 litros diarios, esta planta abastece tanto las obras viales como su propia flota de maquinaria.
Desarrollada por la firma Power Bio de Villa María, la planta puede generar soluciones locales para reducir la dependencia de combustibles fósiles en la obra pública.

Políticas públicas que fomentan la innovación
De la Rubia destacó el papel clave del estado provincial en el desarrollo de este proyecto, mencionando que el marco regulatorio y los incentivos a los biocombustibles fueron fundamentales para su implementación. “Las políticas de fomento han sido clave para alentar este proyecto”, señaló.
Se refirió a las facilidades fiscales y al financiamiento ofrecido por la provincia de Córdoba, lo que permitió que la empresa avance con firmeza en la producción de bioasfalto.
Córdoba cuenta con un sólido marco regulatorio para el impulso de biocombustibles, entre ellos la Ley 10.721 que promueve el uso de energías más limpias en la obra pública.
Además, existen beneficios fiscales, como la exención de Ingresos Brutos y la reducción de tasas para vehículos que utilicen biocombustible.
A esto se suma la línea de créditos Dale BIO de Bancor, que financia proyectos de infraestructura vinculados a la producción y uso de biocombustibles, facilitando así la transición hacia una economía más sostenible.
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La versión cordobesa del RIGI: una norma hecha para impactar en el ambiente y delegar superpoderes

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba


Con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, la Legislatura adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que tendrá alto impacto ambiental. La oposición cuestionó la falta de debate sobre los alcances y tildó la delegación de facultades como un “cheque en blanco”.
La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la adhesión a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, y ahora sancionado en Córdoba con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. La versión local incorporó “beneficios extras” para Córdoba con el objetivo de atraer más capitales, según argumentó el oficialismo.
El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -que ingresó 24 horas antes- se salteó el debate en comisiones y fue tratado sobre tablas pese a los reclamos opositores. Al final de la noche del miércoles, con una protesta de sectores socio ambientales afuera de la Unicameral, el PJ logró reunir los votos y darle vía libre al RIGI en la provincia.

Pero, qué es el RIGI
La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.
Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero.
Entre los sectores a los que apunta el RIGI, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado).

Superpoderes al Ejecutivo provincial
“Hay actores del entramado productivo que no fueron escuchados, donde sabemos que también hay muchos temores porque son sectores -como el caso de las pymes- que podrían verse perjudicados por incentivos dirigidos a actores que pueden entrar en una suerte de competencia desleal con productores locales”, dice a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) sobre la falta de debate en comisión del proyecto oficialista que además, en su artículo tres, delega facultades al Gobernador para determinar quiénes serán los beneficiarios de los “millonarios incentivos” para invertir.
Para Austin, no puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa y cuya decisión “quede en manos de una sola persona”.
“El gobernador puede determinar la ampliación de los beneficios del RIGI sin siquiera establecer un límite a las categorías o actividades que puede llegar a alcanzar o cuáles son esos tipos de beneficios que podrían obtenerse”, cuestiona la legisladora provincial y agrega que “una pregunta muy atinada” que se hizo en la sesión del miércoles fue “cuánto vale esa firma” ante tanto poder delegado para otorgar beneficios a grandes inversores.
“Creemos que esa era una de las razones más fuertes por las que gran parte de la oposición votó en contra. Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el RIGI en Córdoba”, explica Austin y añade que esto va a poner en riesgo a los actores que hoy representan el gran empleador de la provincia que son las pymes, que dan más del 80% de la mano de obra de Córdoba.
Tras la adhesión al RIGI con una versión local, para la referente de la UCR ahora se abre un nuevo capitulo que tiene que ver con cómo se reglamentará y cómo se controlará dicha normativa: “Estamos pensando alternativas para que este superpoder en manos del Gobernador sea estrictamente controlado, algo que tampoco está en el proyecto aprobado y que por lo menos la Legislatura de los ciudadanos tengamos derecho a saber a quiénes les van a estar otorgando estos beneficios”.

El artículo 165 y la vulneración de leyes ambientales
“Nosotros somos muy críticos con lo que implica en términos de entrega porque hasta los propios empresarios a nivel nacional estaban sorprendidos de la generosidad de todo lo que se ofrece el RIGI, prácticamente sin nada a cambio, porque estas inversiones tienen pocos condicionamientos”, dice a este medio la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, uno de los espacios más críticos con la normativa y que forma parte de la campaña plurinacional en contra del RIGI y su impacto en los recursos nacionales.
Echeverría indica que la legislación a la que adhirió Córdoba plantea que la utilización de divisas se liberan completamente en el tercer año y por lo tanto, los inversores “se pueden llevar todo y no dejar nada acá”. En los primeros años, la inversión puede llegar solo al 40% y podría en algunos casos reducir al 20% por lo que “ni siquiera van a ser dólares que van a ingresar rápido”, dice la legisladora y agrega: “Todo esto también con beneficios por 30 años con lo que significa eso”.
Por otro lado, entre las mayores críticas sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 de la ley que establece que las “grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país”, por tanto, “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido”, tanto a nivel nacional, provincial o municipal “será nula, de nulidad absoluta e insanable”, y la Justicia competente deberá, en forma inmediata impedir su aplicación.
“Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, destaca Echeverría y puntualiza que el discurso del oficialismo “por lo bajo dice que acá no hay litio ni petróleo y que entonces no afectaría el medioambiente, pero hablan incluso de una planta de "biojet" para aviones, donde ya sabemos que toda la producción de biocombustibles implica a la ampliación de las fronteras agropecuarias, el uso de agroquímicos, desmontes, y demás”.
“Otra de las cosas que plantean es la producción de cal para la industria del cobre, lo cual significa dinamitar las sierras. Y también los tipos de emprendimientos turísticos como un parque acuático -como ya se venía diciendo-, en la zona de Paravachasca que sufre estrés hídrico y ponerle un parque acuático, es complejo”, agrega Echeverría.
Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. “La ley no habla de sanciones a la violación de normas protectoras porque justamente el artículo 165 va para el lado contrario, es un entrega de soberanía completa porque las condiciones son realmente complejas”, plantea Echeverría.

Judicialización del RIGI
“Lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice porque no se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, dice el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam). “En el caso del RIGI, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas”, plantea.
En la misma línea de cuestionamientos, Montenegro indica que cualquier proyecto que entre en la norma del RIGI será provisto de una serie de inmunidades para los daños ambientales, es decir que la propia definición el RIGI lo que hace es institucionalizar inversiones de alto impacto ambiental sin consecuencias legales a quienes hagan ese tipo de impacto negativo ambiental.
“Sin eufemismos, el RIGI es una normal hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del 4% de la superficie original del bosque nativo”, puntualiza el biólogo y agrega que en cuanto al cuidado ambiental, “la gestión Llaryora continúa en la misma línea que el gobierno anterior, solo que con más utilización de pintura verde”. Para Montenegro, “el RIGI entra perfectamente en ese esquema porque tanto la gestión de Schiaretti como la de la Llaryora, directamente no entienden lo que es biodiversidad, y esto es clave porque es el principal problema ambiental de la provincia”.
El biólogo explica que si una provincia no tiene suficiente ambiente con biodiversidad, el funcionamiento de las cuencas hídricas, la regeneración de suelo, la resistencia al cambio climático, todo eso se ve dificultado: “Lamentablemente el RIGI no deja de ser una herramienta de alto impacto en lo ambiental e ingresa a una provincia donde no se protegen en términos generales el ambiente ni la biodiversidad. Es por ello, que no se puede aprobar el proyecto de estas características”.
A nivel local, para Montero, el RIGI vulnera la Ley 7343 que es la primera legislación de ambiente de Córdoba, sancionada hace casi 40 años y que tiene por objetivo la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial. “El RIGI destroza todo lo que a partir de entonces, y pese a los gobierno, se fue agregando”, dice y agrega: “La insensatez con que está hecha la norma sobre el RIGI hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”.
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La Provincia lanzó un plan de restauración ecológica en el que se invertirán $ 100 millones

Fecha de Publicación: 18/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Los fondos se destinarán a 11 viveros productores de flora nativa y a dos centros de rescate de fauna silvestre. La iniciativa apunta a conservar lo que se encuentra en buen estado, reforestar con flora nativa los ambientes dañados y controlar especies exóticas invasoras.
En un acto desarrollado en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario y encabezado por el gobernador Martín Llaryora, la Provincia de Córdoba lanzó este martes el “Plan Integral de Restauración Ecológica” (Pire). El conjunto de medidas y políticas públicas ambientales se enfoca en conservar los ambientes sanos de la provincia y en reconstruir aquellos que se encuentran dañados.
Según destacaron, los principales fundamentos de la iniciativa son dos. Por un lado, las “soluciones basadas en la naturaleza”, esto es, el impulso de acciones que favorezcan la propia capacidad de la naturaleza de regenerarse en condiciones adversas. Por el otro, la “identidad cordobesa” tomando a la flora y fauna autóctonas como una manera de representarnos dando cuenta de nuestra cultura e historia.
Los tres ejes de acción del Pire son: conservar aquellos ambientes que se encuentran en buen estado, reforestar a través de la reintroducción de vegetación nativa en los ambientes deteriorados para fomentar su restauración, y controlar con acciones aquellos agentes de la propia naturaleza que perjudican a los ecosistemas, como las especies exóticas e invasoras de flora y fauna.
Para llevar adelante estas acciones, el Gobierno de Córdoba destinará unos $ 100 millones para impulsar distintos proyectos de restauración con recursos que provienen del Plan de Remediación Ambiental Posfuego anunciado con anterioridad por el gobernador Llaryora.
En el lanzamiento estuvieron presentes guardaparques, referentes de instituciones ligadas a la conservación, legisladores e intendentes de varias localidades, a quienes el subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Miguel Magnasco, explicó los detalles del programa.
Entre los principios rectores del mismo, Magnasco remarcó el “hacer con otros”, “generar empleo verde” y la “producción de conocimiento científico y datos para la toma decisiones públicas”. Sobre el primer principio, subrayó el trabajo en conjunto con otras 150 organizaciones, empresas y productores dedicadas a temas ambientales.
Respecto del segundo, expresó: “Los empleos verdes se suelen asociar con los residuos sólidos urbanos, pero hay una gran potencialidad para nuevas fuentes de trabajo en torno a la biodiversidad de Córdoba. Las forestaciones, los seguimientos de supervivencia de esas forestaciones, la producción de flora nativa y el control de especies invasoras forman una amplia gama de empleos verdes que pueden crearse”.
En relación al último principio, Magnasco resaltó que las acciones en el marco del plan están siendo estudiadas para obtener datos que permitan saber si las decisiones tomadas tienen impacto y también ayuden a quienes los releven en sus cargos, proporcionando una “hoja de ruta clara” por dónde continuar avanzando en la materia.
Durante la presentación, Llaryora reafirmó el compromiso de “defender el planeta y generar acciones que bajen el calentamiento global”, además de agregar que defender nuestra fauna y flora es “defender la cultura cordobesa”.
“No se trata solo de plata, sino de liderazgos”, dijo, e instó a los presentes a seguir trabajando “para concientizar a la comunidad y a los líderes que conducen cada uno de nuestros pueblos y ciudades, ya que con ellos podemos hacer que esta transformación escale”.
A su turno, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, sostuvo que este programa es una nueva oportunidad, pero también una decisión política de pensar a Córdoba como una “provincia verde”.
“No nos da igual tener cualquier tipo de ambiente. Y esto no va en contra de ser una provincia que se desarrolla y genera empleo, sino que estamos para buscar un punto de equilibrio. No hay otra provincia del país con una política dispuesta claramente a trabajar contra el cambio climático y la restauración ecológica”, afirmó la funcionaria.

Un impulso para los proyectos de restauración
En el marco del evento y como parte de la inversión de fondos para la producción de flora nativa y la mejora en las capacidades del cuidado de la fauna, se hizo una entrega simbólica de dinero a 11 viveros productores de flora nativa y a dos centros de rescate de fauna silvestre.
En el primer caso, se trató de cinco viveros de alta producción que recibieron $ 10 millones cada uno y seis de media producción a los que se les entregaron $ 5 millones a cada uno. En cuanto a los centros de rescate, “Proyecto Carayá” recibió $ 10 millones para su plan de prevención y evacuación ante incendios, mientras que la “Reserva Tatú Carreta” obtuvo $ 3 millones para ejemplares de fauna rehabilitados de lesiones ocasionadas por el fuego.
“En un contexto de un país que está tan mal, que sigamos avanzando en esto nos parece fantástico y nos da mucha esperanza. Este dinero lo vamos a usar exclusivamente para evitar que los animales vuelvan a estar en riesgo: abrir caminos, contar con reservas de agua, todo lo que nos ayude a evitar que el fuego haga evacuar y estresar a los animales”, dijo a La Voz Alejandra Juárez, fundadora de Proyecto Carayá.
Desde “Jardineros sin fronteras” explicaron que estos fondos significan un aporte clave en un momento económico complejo que les ayudará a seguir construyendo fuentes de trabajo para los cordobeses. “Vamos a construir un nuevo vivero donde van a trabajar entre 10 y 15 personas que estarán destinadas a la producción de plantas nativas, las cuales son nuestro insumo básico”, comentó Lucia Arzamendia, integrante de la organización.
Por su parte, Ignacio Ricci, uno de los fundadores de la fábrica de árboles “Baum”, aseguró que el apoyo económico es un gran reconocimiento y que les permitirá una ampliación de su unidad productiva, la cual oportunamente se encuentra en proceso de mudanza.
“Las empresas de triple impacto como nosotros no estamos bien vistas. Siempre se considera primero al sector público o a las ONGs. Este apoyo es importante porque implica empezar a romper una frontera en la que el Estado genere incentivos para la producción de árboles. Hay mucho crédito para la industria dura, pero para la verde no y nosotros también necesitamos fondos para ampliar nuestras unidades productivas y abastecer el mercado”, explicó Ricci.
Entre otras organizaciones de producción de flora nativa que recibieron apoyo económico podemos mencionar a los viveros “Autóctonas de Córdoba”, “El Churrinche“, “Forestando Córdoba” y a las fundaciones “Manos que tejen bosques”, “Garabato Cuna de Nativas” y “La Lucena”.
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