Por la crecida del río Bermejo, ya hay familias aisladas y viviendas inundadas en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta - Chaco


Se agravó la situación en el norte del país debido al aumento de los niveles de agua. En tanto continúan los trabajos de asistencia por la crecida del rio Pilcomayo
La crecida del río Bermejo comenzó a afectar a los habitantes de las localidades del norte de Salta y de Chaco —al límite de Formosa—, donde se registraron las primeras viviendas afectadas por la inundación. Familias enteras se encuentran completamente aisladas, debido a los caminos intransitables; y hay viviendas inundadas y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alimentos.
Por estas horas, el panorama es especialmente crítico en localidades como Las Vertientes, Larguero y El Chañaral, donde el nivel del agua rodeó por completo los asentamientos. Las complicaciones también alcanzaron a la zona del Chaco salteño. Según detalló el portal El Caudillo, hay parajes que quedaron “encapsulados”, sin posibilidad de recibir ayuda terrestre, con cortes de luz y un colapso del suministro de agua; y que ha puesto a la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial de Chaco (SAMEEP) a efectuar tareas para que la crecida no afecte la potabilización de la Planta de El Pintado. “Son muchas acciones realizadas en poco tiempo mientras seguimos avanzando en otras para dejar en condiciones toda la infraestructura de la empresa y llegar con una mejor prestación a los usuarios”, detalló sobre los trabajos, el coordinador de la empresa.
Si bien la Comisión Regional del Bermejo (COREBE) señaló que hay zonas en donde los niveles del agua comenzaron a descender —los ríos en la cuenca alta, como el Grande de Tarija e Iruya-Pescado—, aún continúa la situación crítica en la cuenca del Río San Francisco. En esta área geográfica los valores han aumentado, de acuerdo a lo informado por El Tribuno. Desde el portal también precisaron que mientras Rivadavia Banda Norte permanece rodeada de agua sin registrar evacuados, en los últimos tramos de la Ruta Provincial 13 las comunidades de Banda Sur están completamente anegadas.
El intendente interventor de Morillo (Salta), Marcelo Córdova, explicó en diálogo con el mencionado medio, que los caminos están seriamente comprometidos, lo cual puede agravar cualquier emergencia. Además, informó que se espera la llegada de ayuda en los próximos días para comenzar la distribución de módulos de asistencia. “Estamos esperando que llegue el helicóptero esta semana que viene, y comenzamos a distribuir los bolsones focalizados”, dijo. Sin embargo, aclaró que se trata de ayuda limitada por cuestiones logísticas.
La situación alcanzó también a comunidades wichi como La Esperanza, San Felipe, El Cocal, El Breal y Campo Pañuelo, que se encuentran completamente rodeadas por las aguas del Bermejo.

Como continúa la situación del Pilcomayo
Hace un poco más de una semana, el caudal de agua del río se elevó a uno de sus niveles históricos más altos, poniendo en aprietos a los pobladores que debieron abandonar sus viviendas e incluso algunas comunidades, quedaron incomunicadas. El pico se registró el 18 de marzo pasado, con 7,14 metros.
Uno de los puntos más críticos era el paraje La Gracia, donde caminos y viviendas se encontraban anegados. En tanto, localidades como Santa Victoria Este, Misión La Paz y Monte Carmelo también padecían las consecuencias del desborde. La mayoría de las personas evacuadas pertenecía a comunidades sin acceso a alimentos ni agua potable, donde el corte de la ruta 54 —principal conexión terrestre con varias localidades— obligó a desplegar operativos con lanchas y gomones para distribuir ayuda. Así lo detalló el comisario Diego Bustos, jefe de la Policía en la región. “En dos gomones seguimos trasladando a personas que quedaron anegadas en algunos parajes”, sostuvo días atrás en declaraciones a la prensa.
Mario Mimessi, titular del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y la persona encargada de coordinar la ayuda humanitaria en la zona, señaló a la prensa que las tareas se realizaban minuto a minuto, no solo contra el río, sino también contra el clima.
En las zonas más comprometidas, los anillos de defensa que debían contener el avance del río habían sido desbordados, obligando a muchas familias a buscar refugio en zonas más elevadas. En algunos casos, los campos quedaron totalmente inundados, provocando la pérdida de bienes materiales y dejando a los pobladores sin posibilidad de abastecimiento.
A su vez, las autoridades sanitarias han advertido a los pobladores por enfermedades como el dengue o la leptospirosis, debido a la acumulación de aguas estancadas. Para prevenir contagios, el gobierno desplegó equipos de salud en las zonas afectadas, brindando atención médica y distribuyendo insumos sanitarios.
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Desesperación en poblaciones ribereñas ante el desborde del Pilcomayo

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La inundación también afectó a las poblaciones que se encuentran insertas en territorios donde hubo  grandes desmontes ubicados en la zona de Ballivián, en el departamento San Martín.
“Necesitamos urgente chalanas o gomones”. Este pedido de Amancio Martínez se elevó como exigencia a las autoridades de la provincia luego de que las comunidades de Misión La Paz (paraje que limita en la frontera con Paraguay, con la localidad de Pozo Hondo) quedaran aisladas por la llegada de las aguas del río Pilcomayo.
El miércoles último las autoridades habían anunciado la bajante de las aguas en la cuenca alta. El problema fue que, como se había indicado antes, los niveles del río en territorio argentino continuaban altos.
Ayer, la provincia informó que “los anillos del lado salteño están funcionando y se está trabajando para proteger a la comunidad. Actualmente en Misión La Paz se registran 6.30 metros y el comportamiento del río es variable”.
Se insistió en que si bien el cauce del río desciende, se registraron lluvias y un corte en la ruta provincial 54 entre La Estrella y Misión La Paz.
Por su parte, Martínez, quien es referente de la comunidad wichí Kilómetro 2 de Misión La Paz, contó anoche a Salta/12 que esta población junto a la de Kilómetro 1 y La Bolsa están aisladas desde la noche del miércoles por las crecidas del río.
En un video que se viralizó, Martínez mostró cómo las aguas del Pilcomayo habían anegado la ruta 54 y cruzar implicaba sortear la corriente con el agua llegando hasta la cintura. “Esta mañana quería cruzar pero no puedo porque es resbaloso y riesgoso y decidí volverme”, afirmó.
En esta circunstancia, “rogamos que no haya una emergencia en salud” porque no hay forma de salir a menos que sea por medio de gomones o chalanas que no tienen, dijo. Por eso pidió al Ministerio de Desarrollo Social que les provea de estos medios de transporte en la emergencia.
Martínez indicó que si bien la Policía Lacustre llegó con gomones, “no están cruzando a la gente” que quiere llegar a la comunidad. El transporte de pasajeros en colectivo que hace este recorrida deja a los viajeros en el punto donde el agua cortó la ruta, y para llegar a estas comunidades aisladas deben cruzar 200 metros en medio del agua. Pero los policías de la Lacustre “no cruzan a la gente porque dicen que no tienen combustible”, contó.
La preocupación no es solo por la posibilidad de una eventual urgencia de salud sino también por la provisión de comida. “Espero que los negocios aguanten y que podamos comprar”, manifestó. Y es que ante la crecida teme que haya un desabastecimiento, por lo que solicitó bolsones alimentarios para la asistencia.
Por su parte, Antonia Pérez desde la comunidad Santa María, contó que tras un corte de ruta en reclamo de asistencia lograron que la provincia les entregara bolsones. Contenían “un kilo de harina y un kilo de arroz y azúcar, leche en polvo y aceite nada más”, detalló.
Anoche Pérez seguía asustada porque persistían las lluvias y temían quedar aislados por completo dentro del anillo que los protege de las crecidas. Afirmó que hay familias que a raíz de la situación decidieron autoevacuarse.

Un desmonte que aísla
Las intensas lluvias registradas en el departamento San Martín afectaron a familias que viven en la zona del municipio de Ballivián, colonizada por los desmontes en la zona rural, y de Tartagal, ciudad cabecera del departamento.
Benjamín Roca, cacique en la comunidad wichí de La Corzuela, en Dragones (también del departamento San Martín), se comunicó con este diario para dar a conocer la situación que se vivía en Laguna Cuchuy, una de las poblaciones de Ballivián en donde estaba de visita y vió como las comunidades quedaron entrampadas en medio de la deforestación.
Desde hace tiempo se denuncia que en esta zona las cañadas rebalsan dejando aisladas a las familias cercanas y si no lo hacen, son los caminos los que quedan intransitables.
Roca sostuvo que en este caso no había llegado la asistencia alimentaria. En el mismo lugar, las comunidades indígenas coexisten con fincas que producen porotos. Las comunidades afirman que existe una suerte de acuerdo con los finqueros para que les den mercadería pero que se había incumplido.
Ante ello, decidieron frenar en el camino a uno de los contratistas de la finca para hacer el reclamo. Roca sostuvo que, de no tener respuesta de los bolsones, iban a evitar que cosechen la siembra.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, informó sobre la coordinación de un operativo aéreo para asistir a las familias aisladas por la crecida de cañadas en el municipio de Ballivián y del río, en Tartagal.
La directora General de Emergencia, Gabriela Locuratolo, detalló que en Ballivián se asistió a familias de los parajes; Corralito, Guamache, Providencia, El Cruce, Retiro, El Traslado, Zopota, Pescadito, San Francisco, Guachipas y El Escrito. Mientras que en Tartagal, se llevó ayuda a pobladores de los parajes El Paraíso, Paraje Arenales, Pozo Nuevo y Monteveo.
En total se entregaron más de 500 módulos alimentarios y los vuelos fueron coordinados con Aviación Civil. Se afirmó que la ayuda también habría llegado a Cuchuy.
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Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
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Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
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Movilización indígena contra los desmontes y desalojos

Fecha de Publicación: 27/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades originarias del norte provincial llegarán en una marcha este lunes hasta la Casa de Gobierno de Salta con reclamos que apuntan a las gestiones para protegerlos de los desalojos y los desmontes.
El peligro de los desalojos se acentuó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160. Con esta política, se abre la puerta a que las comunidades indígenas que disputan sus territorios con titulares particulares de las tierras puedan ser expulsadas a través de resoluciones judiciales.
“Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados y perseguidos por este gobierno nacional”, dijo a Salta/12 Tichil Mendoza, secretario y vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), al hacer referencia a la decisión tomada desde la gestión mileista.
Otra política que les preocupa es la que se aplicará a partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el 3 de enero pasado. La aprobación fue pese a las críticas de distintos sectores ambientalistas y referentes de comunidades originarias que insistieron en la falta de participación en el proceso de decisión del nuevo mapa en el que se define dónde se desmontará y dónde no.
Mendoza sostuvo que el gobierno provincial se apresta a autorizar el desmonte de más de 720 mil hectáreas, que posibilita el nuevo OTBN.
Las comunidades de la movilización esperan reunirse en el norte provincial con poblaciones originarias de Aguaray, Tartagal, la ruta 86 y la ruta 81, para llegar a la ciudad de Salta el lunes.

Problemas de siempre
El referente añadió que tienen muchos problemas en lo que respecta a los centros de Salud, profesionales médicos, medicamentos, falta de agua y situación laboral. “No hay respuesta alguna a esos temas o los de vivienda”, afirmó.
“Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
De hecho, se desconocía la muerte de dos infantes de Rivadavia Banda Norte, que fallecieron con dos semanas de diferencia en comunidades originarias ubicadas en ese municipio de Coronel Juan Solá o Morillo. En ambos casos, habían tenido atención médica anterior, pero se presume que falló el seguimiento sanitario.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
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Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
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Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

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Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
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Salta quiere aprobar el ordenamiento de bosques antes de fin de año

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Tras el anuncio del gobernador el proyecto fue ingresado a la Legislatura este jueves, con presentaciones incluidas. Comenzaría a ser tratado el martes en Diputados.
Con visible resistencia de sectores ambientalistas, el gobierno provincial dio luz verde para que desde la Legislatura de Salta apruebe antes de fin de año el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
“El lunes a la mañana se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y se estaría tratando el martes”, dijo a Salta/12 el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Baja, Néstor Parra, tras la reunión que mantuvo con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos.
El anuncio del envío del proyecto se hizo el miércoles último durante el acto de asunción de nuevas incorporaciones en el Gabinete provincial. “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, disparó el gobernador Gustavo Sáenz al hacer referencia a la normativa que enmarca el OTBN.
Al día siguiente el proyecto fue presentado en el Senado de la provincia, aunque su tratamiento comenzará por Diputados. Una de las dudas es qué sucederá con aquellos permisos de desmonte solicitados en el OTBN ya vencido (desde 2014) pero que aún está vigente. Según comunicó el Senado, la respuesta del ministro a esa consulta fue que “se respetará el derecho adquirido, dado que el proyecto no tiene efecto retroactivo”. Al menos 30 mil hectáreas están a la espera del permiso de desmonte.
Parra contó que tras la reunión de ayer con los presidentes de las distintas comisiones de Diputados, para el lunes se prevé presentar el nuevo proyecto de OTBN en Diputados, para que el martes sea tratado en la sesión habitual.
“Algunos preguntaron por qué tan de repente. El ministro explicaba que una vez aprobado pasan unos 120 días para trabajar con Nación y evaluar los proyectos. La idea es que el año que viene vayan cobrando (los fondos de bosques establecidos por la ley nacional) los proyectos. Si no, sería difícil que se pueda cobrar el reintegro”, afirmó.
Tras el tratamiento en Diputados el proyecto debe ser aprobado por el Senado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, Miguel Calabró, sostuvo que revisron el mapa. “Lo que me pareció interesante fue el tema de la habilitación predial”, dijo al destacar la metodología del equipo técnico asesor a cargo del OTBN. “Para mí, que estuvo mal vendido”, opinó. Sin embargo, afirmó que en esta comisión “no tenemos ningún apuro” en que el proyecto salga antes de fin de año, como quiere el gobierno.

Un verde hipotético
En un anexo al proyecto, los técnicos del equipo que elaboró esta propuesta de OTBN y que fue liderado por Lucas Seghezzo, del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), explicaron la incorporación de una nueva área que se redefine respecto de cómo se había realizado el OTBN anterior. Se trata de la "categoría transitoria de producción, conservación (APC, Área de Producción y Conservación) y determinación de la Categoría III (verde) como hipotética, sin una ubicación geográfica definida”.
En el nuevo mapa se dispone que se podrán desmontar 721.568 hectáreas. Ese es el único stock que se deberá definir sobre una superficie de 3.013.692 hectáreas, pintada en el mapa primero de marrón y ahora de un amarillo un poco más oscuro.
Según indica el informe, para permitir el desmonte en un área en particular, se deberá tomar como criterio la situación de la cuenca de cada región definida en el OTBN. Una vez agotados los permisos que suman las más de 700 mil hectáreas a desmontar, el resto, 2.292.125 hectáreas, quedarán automáticamente en amarillo. Y en total, dado que las zonas amarillas estrictas son 3.247.625 hectáreas, quedará un total de 5.539.750 hectáreas (73.48 por ciento del total de bosques nativos de la provincia), en amarillo.
Otro tema que se abordó fue el de los desmontes ilegales que realizan desde el momento que entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009. Al respecto, los técnicos afirmaron que la Autoridad Local de Aplicación (ALA), “cuenta con la identificación de los desmontes ilegales realizados detectados, y estas (superficies) deberán ser recuperadas y/o restauradas con anterioridad a la evaluación de cualquier nueva solicitud de intervención”. Añadieron que “en aquellos casos que se encuentren judicializados, la ALA no es quien decide sobre su destino y, eventualmente, la el Poder Judicial (es) quien determina qué hay que hacer en estos casos”.

Con quejas a la Justicia
Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, ratificron sus observaciones sobre el nuevo proyecto de OTBN.
Entre las críticas señalan que la superficie que se quiere autorizar para el desmonte es excesiva, teniendo presente que en Salta ya se desmontarons 714 mil hectáreas.
También se critica que el proyecto valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté, y para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
Otra crítica es sobre el nuevo color amarronado o amarillo oscuro que aparece en el mapa que, a entender de los ambientalistas, representa una forma de permitir la recategorización de las áreas que no se pueden desmontar.
Añadieron la exclusión de los Valles Calchaquíes dentro del OTBN. Al respecto, el equipo técnico explico a los legisladores que “dicha región no fue incorporada al OTBN aprobado en el año 2009" y aclararon que "por una cuestión de escala, estos bosques no pudieron ser incluidos en el análisis multicriterio y multiobjetivo descripto” del informe final del equipo técnico. Los ambientalistas sumaron que se dejó de lado la participación de comunidades que debieron haber sido consultadas.
Greenpeace por su parte advirtió que de avanzar con este Ordenamiento se harán presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demás asociaciones ambientalistas afirmaron que en la provincia podrían plantear una acción popular de inconstitucionalidad.
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Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
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El Ordenamiento de Bosques sería enviado a la Legislatura antes de fin de año

Fecha de Publicación: 28/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El actual Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está vencido desde 2014.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, dijo que en los próximos días se espera el dictamen final de las autoridades de Ambiente de la Nación a favor del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de la provincia, tras lo cual será finalmente enviado a las cámaras legislativas para su tratamiento. Se calcula que queda menos de un mes para terminar el período legislativo.
El proyecto, realizado por un equipo técnico, ya fue presentado públicamente a fines de 2022. Desde ese momento, asociaciones ambientalistas se manifestaron en contra de la creación de una nueva categoría de bosques que se identifica con el color marrón. Estas organizaciones recordaron que los colores establecidos por la Ley nacional son solo tres: rojo (bosques que deben conservarse), amarillo (en el que se puede producir bajo parámetros que prohíban el desmonte) y verde (que puede desmontarse).
Los técnicos, en tanto, explicaron que el marrón es un color dispuesto para permitir, en una superficie en donde conviven el amarillo y el verde, estudiar la posibilidad de delimitar en uno u otro color una superficie a desmontar. Sin embargo, aclararon que si una parte amarilla es convertida en verde, el resto de la superficie de una región definida (entre otros factores), por cuenca hidrográfica, se convierte en amarilla y no puede ser sometida a los desmontes.
Para los ambientalistas, esto implica una suerte de recategorización, modelo que fue cuestionado en 2011, cuando por decreto se dispuso que tierras que estaban en áreas rojas o amarillas fueran transformadas al verde.
Mientras, tras una reunión que mantuvo con la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el director nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo, el ministro De los Ríos afirmó que el proyecto de OTBN fue convalidado por las autoridades nacionales, dado que se incluyeron las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional.
Aclaró que el proyecto “emplea el concepto de Áreas de Producción y Conservación (APC), en el cual las superficies a transformar se calculan de acuerdo al criterio técnico y legal ‘Umbral de Cuencas Hidrográficas’, de acuerdo al modelo de tierras compartidas”. El gobierno provincial añadió que investigaciones recientes dan cuenta de que este modelo “protege de forma más eficiente la diversidad biológica y cultural de los agroecosistemas”.

La cuestión del consenso
Desde el gobierno provincial se afirmó que el proyecto del nuevo OTBN “tiene un enorme consenso, fruto de la participación de científicos de diversas instituciones y representantes de más de 120 organizaciones sociales”. Se recordó que se trabajó de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Sin embargo, las entidades ambientalistas criticaron el proceso y afirmaron que hubo comunidades campesinas que se quedaron sin participar de las reuniones para poner en común los criterios para el desarrollo. A ello sumaron que más de 720 mil hectáreas quedarán a merced de ser desmontadas.
Frente a las manifestaciones y críticas, el 23 de octubre pasado la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores se dirigió al ministro De los Ríos para trasladarle su “preocupación para con la actualización del OTBN”.
En una nota elevada al funcionario los senadores destacaron que la Comisión no contaba con el proyecto de actualización. “Sin embargo, recibimos numerosas notas y presentaciones de referentes en la materia, con una auténtica y válida aflicción, ya que al día de hoy solo se conocen los trascendidos mediáticos”.
“Pudimos constatar que los actores a los que necesariamente se les debe consultar y dar participación, conforme establecen las normas de aplicación, aun no fueron involucrados”, sostuvieron.
Sumaron la necesidad de dar “efectivo cumplimiento a lo establecido en relación a comunidades indígenas y campesinas, dotando a las mismas de seguridad jurídica a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura, más aún ante la posibilidad de que las áreas que habitan o son de su influencia vean modificadas las categorías de conservación”.
Ante ello solicitaron abrir el debate a los diferentes actores sociales para democratizar el acceso a la información.
“Se buscó apoyo en un gobierno nacional que es un negador serial de derechos humanos y ambientales”, dijo la titular de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, al manifestar su preocupación por la próxima llegada del proyecto de OTBN y aprobación en la Legislatura.
Por su parte, el investigador del CONICET y referente del proyecto del OTBN, Lucas Seghezzo, sostuvo que el trabajo para realizar el nuevo proyecto llevó años y cuenta con fundamentos científicos además de la participación de todos los grupos sociales. Afirmó que el nuevo proyecto reduce la deforestación esperada, aumenta zonas en rojo, protege las cuencas hidrográficas, y favorece a los pequeños y medianos productores.
Mientras, los grandes productores salteños ya fueron a la Legislatura a solicitar que el OTBN sea aprobado afirmando que mientras tanto, surgen obstáculos a la continuidad de la producción.
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Pidieron a la Legislatura rechazar el nuevo ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 14/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pese a las persistentes promesas de enviar la iniciativa para que sea aprobada en la Legislatura provincial, el gobierno demora su ingreso.
Las organizaciones ambientalistas Greenpece, Fundación Cebil y Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir solicitaron a los legisladores provinciales no aprobar la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta por entender que el procedimiento con el cual se realizó implica un retroceso en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Pese a los reiterados anuncios de envíos de la iniciativa al recinto legislativo, y de haberse presentado en diciembre del año pasado, el gobierno provincial no presentó todavía la propuesta en la Legislatura provincial para su tratamiento.
Entre otros puntos, las organzaciones ambientalistas cuestionaron que la nueva propuesta no defina qué sucederá con las tierras desmontadas de manera ilegal durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya sea por no estar autorizadas, o por haber sido autorizadas por un decreto que violaba la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Recordaron que las tierras desmontadas bajo la posibilidad del proceso de “recategorización”, “deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN”, y en todo caso, ser restauradas. Lo cual hasta el momento no sucedió.
Cuestionaron también que el nuevo ordenamiento permita el desmonte legal de 721.568 hectáreas, una superficie “sumamente excesiva”, aseguraron; más cuando la provincia ha tenido una alta tasa de deforestación en las últimas tres décadas.
Asimismo, afirmaron que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental, dado que permite el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías 1 (rojo) y 2 (amarillo), en las que no se puede desmontar. En este punto, sostuvieron que el mecanismo propuesto por el equipo técnico que realizó el nuevo OTBN es similar al “utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión”. “Se trata de una zonificación flexible (…), no determina claramente donde se puede y dónde no se puede desmontar”, advirtieron.
La nueva propuesta también habla de una zona de “color marrón”, que es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes. Las organizaciones ambientalistas entendieron que la propia existencia de esta categoría no incluida en la Ley de Bosques “puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y (que) no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.
Además, nuevamente la región de los Valles Calchaquíes queda sin categorizar, como sucede hasta la actualidad, “desconociendo los montes nativos de algarrobos, talas, chañares, y a las especies en peligro de extinción, como los ejemplares en cardones y los retamos”. Este desconocimiento de los bosques nativos “incrementa el desmonte indiscriminado, el avance del agronegocio y genera conflictos socioambientales con las distintas comunidades originarias que habitan el valle”, afirmaron.
Al permitir que algunos desmontes puedan hacerse sobre categorías que estén en rojo o amarillo, se promueve la “fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continas”, agregaron. También criticaron que se haya dejado fuera de la Ley la falta de relevamiento de los territorios indígenas y la falta de talleres interculturales que incluyeran a las comunidades en sus territorios.
Mientras se espera que la propuesta de OTBN obtenga estado parlamentario en Salta, surgió lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó y aprobó una propuesta de OTBN que tenía mucha resistencia. La Dirección de Bosques de la Nación ya observó la propuesta aprobada y sostuvo que cuenta con “graves deficiencias”, algunas de ellas parecidas a las objeciones que realizan los ambientalistas en Salta al nuevo OTBN.
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Impulsan un corredor biológico interurbano en la ciudad de Salta

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Con el proyecto "Ciudad de los pájaros" el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes. La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde se empezará la forestación de las plazas. Se proyecta su implementación por 10 años.
Desde Fundación Cebil empezarán a ejecutar un proyecto para crear el primer corredor biológico interurbano en la zona norte de la capital salteña, tomando como referencia el desplazamiento y necesidades de las aves presentes en la zona. Con "Ciudad de los pájaros", el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes.
La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde empezará la forestación de las plazas. El proyecto se presentó este sábado en la Feria de las Aves, que se realizó en el Parque del Bicentenario. Se proyecta su implementación en 10 años.
La coordinadora de programas de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, aseguró que el proyecto se sostiene en las bases del fortalecimiento de la conciencia ambiental y social. En este caso en particular, el corredor representa una fuerte articulación entre lo ambiental y el trabajo social, puesto que la “idea es trabajar, unir, hacer esa textura, volver a incorporar la mirada cultural de los pueblos originarios, que nos enseñan justamente a tener esa unidad, esa integración de lo social, de lo ancestral, de lo cultural, de lo ambiental, y de lo político y de lo ciudadano”, explicó Ardanaz.
Por esta razón el equipo que desarrollará el proyecto está conformado con integrantes de distintas disciplinas, incluyendo a egresados o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, en cuyo caso “les permite profundizar la formación académica que realizan en la universidad con un trabajo en territorio”, señaló Ardanaz. Fundación Cebil está presente en la provincia desde hace 15 años y articula con comunidades indígenas en proyectos de arte y la defensa de los bosques nativos.
El proyecto "Ciudad de los pájaros" nació durante la pandemia cuando el equipo de la Fundación estuvo en el edificio de la Ciudad Judicial de Salta, en el norte de la capital, por causas de defensa ambiental. Allí “observábamos de pronto a pájaros que morían en los patios internos del edificio de Ciudad Judicial, ya que se golpeaban contra las superficies vidriadas del edificio. Nos quedamos muy sorprendidos”, contó Ardanaz. La organización presentó reclamos a las autoridades del Poder Judicial, que tomó la demanda y la arquitecta del organismo empezó a trabajar en un proyecto para solucionarlo.
Por su parte, la Fundación empezó a estudiar por qué de pronto había tantos pájaros en ese lugar. Se determinó que el norte de la capital salteña se transformó en una gran zona migrante de aves, que va desde las reservas de San Lorenzo (a 15 kilómetros de la ciudad de Salta) hasta el río Mojotoro (a 57 kilómetros), dado que se trata de una “zona extraordinaria, donde todavía hay bastante biodiversidad, pero el impacto de la urbanización, un poco sin tener en cuenta eso, ha quitado mucho de esa diversidad”, planteó Ardanaz.
“Estamos observando con mucha claridad que hay una gran mortandad de pájaros, sobre todo el año pasado, donde el cambio climático se hizo muy evidente”, contó la ambientalista. Recordó que a mediados de 2022 se incendiaron al menos 100 mil hectáreas en la provincia, y a su entender “se hizo poco” desde el propio Ejecutivo provincial. “No se activaron los protocolos del fuego como correspondía. Falta mejorar muchísimo, y la emergencia hídrica y ambiental no es la debida”, denunció, y subrayó en este sentido que Salta tiene uno de los mayores índices de desmonte del país.
Es por eso que impulsar la creación de un primer corredor biológico permitirá “poner estas semillas de esperanza, de sensibilidad, de participación ciudadana y de conciencia social”, destacó la coordinadora de Cebil.

En qué consiste “Ciudad de los pájaros”
La coordinadora del programa Sabiduría Verde, Delfina López, que tiene a cargo el proyecto “Ciudad de los pájaros”, contó que el área de estudio será en un principio la zona de norte de la capital salteña. La prueba piloto se iniciará en el barrio El Huaico, que tiene detrás la reserva General Belgrano. “Será la primera conexión donde se iniciará la forestación con árboles nativos en las áreas verdes de El Huaico”, donde hay al menos 30 plazas que presentan distintos grados de falta de mantenimiento, explicó.
“La idea es hacer forestación de árboles nativos en acompañamiento de los vecinos, donde los niños y niñas se convertirán en guardianes de los árboles”, agregó. Para eso se trabajará de manera sostenida con las escuelas primarias de la zona; la primera es la escuela Bicentenario de la Batalla Argentina, de El Huaico, donde además se pintará un mural colectivo con temática ambiental.
El proyecto se desarrollará durante diez años y pretende sostener articulaciones con la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta. También, con el Parque del Bicentenario, las escuelas primarias de la zona, la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, y organizaciones de artistas y poetas de la provincia. Además, articulará con organizaciones ambientalistas, como Aves Salta Club de Observadores, junto a la administración de Parques Nacionales de la región NOA; la Red Comunitaria Zona Norte, el Poder Judicial y las reservas ecológicas de la zona.
La coordinación del proyecto recordó que Salta es la provincia de mayor biodiversidad y diversidad cultural de la Argentina, destacando que la biodiversidad posee un alto valor intrínseco interdependiente con las necesidades de los seres humanos y es la principal indicadora de la calidad de vida y sostenibilidad del desarrollo.
En ese marco, la coordinación resaltó que la zona norte de la ciudad de Salta, que tiene un acelerado crecimiento urbano, se ubica entre importantes cuencas hídricas y serranías representativas de la biodiversidad de los valles de transición y yungas. Además, alberga dos reservas biológicas, lagunas, el Parque del Bicentenario y dos campus universitarios. Por esto también demanda medidas urgentes para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad ambiental de sus habitantes.
En relación a las aves, la provincia atesora una amplia variedad de especies, algunas de las cuales son endémicas y únicas en la región. Las zonas urbanas son un problema para las aves, principalmente las migratorias, ya que sus áreas de alimentación y descanso son reducidas. La Fundación Cebil indicó que las construcciones urbanas representan obstáculos físicos que aumentan el riesgo de colisiones, entre muchos otros factores negativos para las aves. Por lo que “Ciudad de los Pájaros” es el primer corredor biológico interurbano para las aves migrantes, como indicadores garantes de la biodiversidad de la zona norte de la ciudad de Salta, donde se propone una intervención participativa, articulada y compleja, que permita mejorar la calidad de vida de una manera integral, uniendo la esfera social y biológica.
En tanto, el secretario general de Fundación Cebil, Iñaki Morón, que también es coordinador del programa Gestión Comunitaria, sostuvo que “sin la adhesión de la ciudadanía a cualquier tipo de proyecto que se pueda emprender por parte de cualquier sector de la sociedad, ese proyecto no es sustentable en el tiempo y no está realmente previsto como un bien común de largo plazo”. Añadió que por eso el proyecto del corredor “es un desafío de articulación institucional muy importante”.
Morón insistió en que es crucial que las organizaciones de la sociedad civil se vinculen al medio. “Creemos firmemente que ese trabajo comunitario, acercándonos a todas las personas para poder expandir la conciencia en la diversidad medioambiental y cultural, es elemental para estas cosas que estamos haciendo”, sostuvo.
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Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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