Preocupación en el norte: se intensifican los incendios forestales en Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 09/10/2025
Fuente: Portal TendendiaDeNoticias
Provincia/Región: NOA


Equipos especializados del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabajan para contener los focos ígneos que afectan las zonas de Hipólito Yrigoyen y Orán. Las provincias del norte intensifican los operativos terrestres y aéreos ante el avance del fuego.
Tras varios días de incendios forestales en el norte de Salta, se desplegaron nuevos recursos humanos y técnicos para contener las llamas que avanzan entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50. En el operativo participan brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), enviados desde Misiones y San Luis, junto a personal de la Dirección General de Defensa Civil Salta, encabezada por Gonzalo Rodríguez.
Los equipos de la Brigada NEA, con base en Apóstoles (Misiones), y de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, trabajan coordinadamente en tareas de control y enfriamiento del terreno. Además, el Gobierno de Saltainformó que se utilizan máquinas topadoras para abrir caminos y detener el avance del fuego en zonas de difícil acceso.
El operativo terrestre se refuerza con apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves, una de ellas hidrante y otra destinada a reconocimiento aéreo. Estas acciones permiten monitorear el comportamiento del fuego y optimizar los esfuerzos para su extinción. Paralelamente, la Subsecretaría de Defensa Civil pidió a la población evitar fogatas, quema de basura o pastizales y descartar colillas de cigarrillos, prácticas que podrían generar nuevos focos. Ante cualquier emergencia, se solicita reportar los incendios al Sistema de Emergencia 911.
En Jujuy, la situación también genera preocupación. Según datos de los Bomberos de la Provincia, en un solo día se llegaron a registrar entre 15 y 20 focos ígneos, principalmente en la zona del Ramal y en Perico. En la capital, San Salvador de Jujuy, los incendios se concentran en terrenos baldíos y márgenes del río, donde vecinos realizan quemas sin tomar precauciones. El oficial inspector Mauro Cortez advirtió que muchos incendios surgen por exceso de confianza de la gente al no contar con agua para controlarlos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo hasta el 4 de octubre una advertencia por peligro extremo y muy alto de incendios forestales, especialmente durante el fin de semana, cuando todo el territorio jujeño estuvo bajo alerta roja.
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Un plan oficial pone en duda la incidencia de nuevos desmontes sobre el hábital del yaguareté 

Fecha de Publicación: 08/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas prevé acciones conjuntas de distintas organizaciones y las provincias de Salta y Jujuy con el objetivo de aumentar la cantidad de ejemplares en la región, seriamente afectada por la actividad humana. 
A través de la resolución 635, la Secretaría de Ambiente de la provincia aprobó el Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas. El contenido de este Plan, publicado en el Boletín Oficial, genera dudas respecto de la incidencia que puedan tener las autorizaciones de desmontes o de planes de manejo de ganado bajo monte que propone el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El Plan establece la meta y las acciones para llegar a ella, con un plazo de 5 años y una revisión posterior respecto de lo actuado en ese tiempo. Su base surge del “Plan de conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas”, de 2015, a cargo de Pablo Perovic, cuyo alcance fue de 5 años. En el mismo Plan se incluye el Estatuto para el Funcionamiento de la Subcomisión Yungueña para la conservación del yaguareté (SYCY).
El Plan original se revisó en 2022, y según el análisis realizado, el cumplimiento de distintos indicadores variaba entre un 4 y un 77 por ciento. “Las que menos se cumplieron son las estrategias de acción respecto del fortalecimiento del sistema legal y de control relacionado tanto al yaguareté como a sus presas”, indica el trabajo publicado.
Otra de las observaciones fueron el escaso financiamiento para ejecución del plan, la gestión insuficiente y l necesidad de mayor compromiso para la búsqueda y asignación de recursos. A ello añadieron que los “cambios de autoridades y prioridades políticas impidieron la continuidad”.
En el diagnóstico se sostiene la necesidad de “no modificar los AEC (Atributos Ecológicos Clave) del yaguareté y sus indicadores”.
El reciente OTBN pone en potencial posibilidad de deforestación más de 700 mil hectáreas, y en otras 5 millones permite realizar el llamado Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), que es la cría de ganado bajo monte.
Este diario pudo conocer que el gobierno salteño ya comenzó a convocar a audiencias públicas para el cambio de uso de suelos. 
Especialistas indicaron que “el problema del OTBN en Salta es que resigna mucha de la conectividad ecológica entre las Yungas y el Chaco como un eje prioritario de conservación”. Sostuvieron que “al no contemplar los posibles corredores de bosques (…), se termina resignando a que poblaciones de especies amenazadas, como el yaguareté, queden aisladas en bloques fragmentados de bosque. Esta desconexión no solo aumenta el riesgo de extinción local por pérdida de flujo génico y reducción del área vital disponible, sino que también compromete la viabilidad a largo plazo de las poblaciones en ambas ecorregiones”.
Es así que entendieron que, en lugar de ser una herramienta estratégica para garantizar la integridad ecológica del paisaje, el nuevo OTBN “termina consolidando un modelo de conservación fragmentada que contradice los objetivos de preservar la funcionalidad de los ecosistemas y asegurar la supervivencia de especies de gran valor ecológico y cultural”.
No obstante, afirmaron que la aprobación de este Plan en el que se espera el trabajo conjunto de Salta y Jujuy y organismos nacionales como la Administración de Parques Nacionales (APN), “es alentador”, dado que “genera un compromiso de trabajo por la especie”.
El nuevo ordenamiento ya se encuentra cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en un recurso de amparo presentado por la organización ambientalista Greenpeace que apunta a conservar el hábitat en el que se desarrolla la especie, que se encuentra en peligro de extinción.

Menos de 100 ejemplares
El diagnóstico del Plan indica la existencia de una “situación preocupante para la especie, evaluada a través de 8 atributos ecológicos clave (AEC) del yaguareté”.
Se estima que el hábitat de la especie en las Yungas argentinas cubre 1.259.256 hectáreas, con un total de 1.812.958 hectáreas identificadas como hábitat potencial disponible.
“Con base a estimaciones probabilísticas de densidad, se calculó una abundancia de entre 48 y 94 individuos en las Yungas argentinas”, se sostiene en el diagnóstico, en el que se advierte que son valores “aproximados” y “podrían carecer de rigor estadístico, por lo que se recomienda precaución en su uso hasta que nuevos estudios los corroboran”.
Las principales amenazas incluyen la transformación del uso de suelo, la construcción y operación de infraestructuras lineales, los incendios, la caza asociada a la actividad ganadera y la falta de una visión sistémica en la gestión de la especie y su hábitat.
Añade que del análisis surge que los atributos ecológicos clave del yaguareté “se encuentran deteriorados o degradados (62 por ciento)". Y señala: "La perspectiva a futuro depende de la implementación más efectiva de las acciones de conservación, que pueden incrementar las condiciones actuales en un 70 por ciento. De no implementarse, podrían bajar a un 25 por ciento (muy degradado)”.
El diagnóstico destaca que la especie hoy está extinguida en Tucumán y Catamarca, por lo que el área de ocupación actual en las Yungas se restringe a Jujuy y Salta. “A pesar de la drástica reducción poblacional de la especie, la población de las yungas argentinas fue identificada como una unidad de conservación de jaguares, y considerada entre las de mayor prioridad de conservación”, agrega. 

Desmontes, incendios e infraestructura
El Plan indica que entre 2006 y 2011 se desmontaron 47.920 hectáreas de Yungas en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, mientras que en la actualidad más de 700 mil hectáreas de Yungas se han transformado. “Particularmente son preocupantes los desmontes en las áreas de contacto de las yungas con bosques chaqueños que han disminuido notablemente la conectividad entre estas dos ecorregiones en Argentina”.
Añade que, si bien bajó la cantidad de desmontes desde la existencia de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, continúa el “escaso control por parte del Estado”. “El desmonte no planificado se realiza sin considerar la existencia de corredores biológicos que permitan el desplazamiento y ciclos de vida de la fauna silvestre. La pérdida del hábitat boscoso afecta de manera directa al yaguareté porque elimina su hábitat y el de sus presas, aumenta la fragmentación del bosque, el riesgo de caza y atropellamientos”, sostiene. 
La pérdida del hábitat “provocó el aislamiento reciente entre las poblaciones del yaguareté en las Yungas y Chaco, y se encuentra próximo, si es que ya no ocurrió, a generar la fragmentación de la misma población yungueña en la provincia en la porción de Orán-Iruya y las Serranías de Tartagal”.
En cuanto a la Infraestructura, añade que, en las Yungas “es muy importante la red de canales para el traslado del agua para riego de cultivos”. El recurso que surge de áreas protegidas se destina “al riego de cultivos en gran parte por privados”. La cuestión es que la red de canales “de extensas longitudes interrumpe la continuidad del bosque, actuando como una barrera que afecta el desplazamiento de algunas especies y como una trampa mortal cuando caen en ellos, por intentar cruzar o utilizarlos como abrevadero”.
El diagnóstico apunta a la cacería, dado que en la ecorregión la actividad ganadera es realizada extensivamente o “bajo monte”, incluso dentro de áreas protegidas. Como consecuencia, es frecuente la depredación del ganado por parte del yaguareté, “lo que trae aparejado la persecución y la cacería del felino, tanto en represalia por las pérdidas económicas generadas, como también realizada de manera preventiva o por miedo, dado que la ven como una amenaza para sus vidas”. 
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Greenpeace vuelve a la Corte Suprema para reclamar por la deforestación en Salta: su polémico ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Salta


Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace volvió a reclamar contra la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia. La organización se presentó otra vez ante el máximo tribunal para cuestionar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En esta oportunidad, la asociación ambientalista incorporó como hecho nuevo la reglamentación de la polémica norma recientemente aprobada por el gobierno de Gustavo Sáenz.
Se trata de la segunda vez que Greenpeace impugna el nuevo ordenamiento salteño. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo Provincial promulgó la ley, la organización ya había presentado cuestionamientos.
Ahora, tras conocerse la reglamentación de esta normativa, la ONG reforzó su postura denunciando lo que considera «un golpe devastador para los bosques«.

Principales cuestionamientos a la nueva normativa salteña
Según Greenpeace, la actualización del OTBN de Salta viola disposiciones de la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En particular, se denuncia que el nuevo ordenamiento habilitaría desmontes en aproximadamente 720 mil hectáreas de zonas anteriormente protegidas.
Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que es casi idéntica a toda la superficie deforestada en la provincia en los últimos 15 años (714.052 hectáreas), según datos oficiales.
Además, la normativa convalidaría desmontes ilegales ya ejecutados sin exigir tareas de restauración ambiental.

Deforestación en Salta: los primeros pasos que alarman
La amenaza no es solo una proyección a futuro, sino que el primer paso ya está en marcha. El gobierno de Sáenz ya convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes inmediatos en 30 fincas que suman 25.916 hectáreas.
«El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad», afirmó al respecto poco meses atrás la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además, la activista remarcó un punto clave: «Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las provincias deberían ir en esa dirección».
Según la entidad, entre las empresas y empresarios beneficiados con permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.

La categoría «amarillo oscuro»: flexibilización cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la categoría «amarillo oscuro«. Esta categoría permite la movilidad de zonas productivas condicionada por porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica.
Para Greenpeace, esta clasificación representa un «verde encubierto» que posibilita «deforestar donde hasta hoy no se puede».
La organización señala que estas categorías transitorias no están contempladas en la Ley 26.331. Esto implica una zonificación flexible sin determinar geográficamente dónde está permitido o prohibido deforestar con precisión.
La categoría amarilla abarca un total de 5.528.753 hectáreas donde el gobierno de Salta promueve el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), también denominado sistema silvopastoril. Esta metodología implica la cría de ganado bajo cobertura forestal.
Greenpeace advierte que este sistema funcionó históricamente como desmonte selectivo en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Esto contraviene lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
La organización considera que estos antecedentes demuestran que la práctica derivará inevitablemente en deforestación progresiva.

Deforestación en el norte argentino: su impacto en la conservación del yaguareté
Además de los desmontes, la asociación también alerta sobre la fragmentación territorial que afectaría a grandes mamíferos amenazados, particularmente al yaguareté.
Es que el área afectada por la nueva normativa coincide en gran medida con la zona identificada por científicos como crítica para la conservación del yaguareté.
Greenpeace concluye que la deforestación, degradación y fragmentación del hábitat resultantes de la aplicación del nuevo OTBN pondrán en serio riesgo la supervivencia de esta especie emblemática.
Otro aspecto criticado es la falta de consulta previa a las comunidades originarias, proceso que debería haberse realizado según la legislación vigente.
Por eso, la nueva presentación de Greenpeace ante la Corte Suprema se enmarca en un amparo judicial destinado a proteger el hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción.
La causa involucra no solo a Salta, sino también a otres tres provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, las cuatro con mayor cantidad de desmontes en los últimos años.
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Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal 

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas. 
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial. 
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.

Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.
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Reglamentaron el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Salta
Provincia/Región: Página 12


El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, aclaró que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) podrá ser autorizado en las áreas amarillas.
La reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), enmarcado en la Ley 8483, fue oficializada este miércoles al ser publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 00509 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de José Alejandro Aldazábal.
Pese a estar en amarillo o mediano valor de conservación, hay 5.539.750 hectáreas en esa zona que podrán ser explotadas bajo el sistema silvopastoril o de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), “sistemas productivos que pueden realizarse en zonas amarillas estrictas”, indica el informe final presentado por el equipo técnico a cargo del Proceso de Revisión de OTBN. Con la resolución también queda en firme la posibilidad de presentar proyectos productivos para 721.568 hectáreas en el área verde o de bajo valor de conservación. 
“Esto le va a permitir a la provincia empezar a activar aquellos proyectos que estaban parados o aquellos campos que podían presentar algún proyecto y aun no lo estaban haciendo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Salteña (SRS), Alfredo Figueroa.
El empresario indicó que ven con buenos ojos el camino a seguir y ahora queda por ver si la herramienta del manejo silvopastoril o MBGI resulta como lo indica la teoría. “Queremos que estas herramientas como la ganadería, logren el desarrollo sustentable al interior de la provincia”, afirmó y agregó la necesidad de generar trabajo en el sector.
La posibilidad de añadir el manejo de bosques con ganadería integrada a los montes salteños es coincidente con el llamamiento del gobernador Gustavo Sáenz quien convocó a “llenar la provincia de vacas” en su discurso en la Sociedad Rural Salteña.
El desarrollo del sistema silvopastoril sobre estas zonas implica quitar arbustos y limpiar el terreno para que el ganado pueda andar por el monte, sin voltear los árboles como sucede con el desmonte.
Esta presunta solución productiva sobre las áreas amarillas, donde no se indicó un límite de hectáreas para la cría de ganado mediante el sistema silvopastoril genera preocupación porque se teme que no haya un adecuado monitoreo sobre los proyectos.
Un ejemplo es lo que sucedió con las llamadas “cortinas forestales” que separaban los desmontes, y que en los papeles iban a formar el 40 por ciento de las reservas de vegetación que debían dejar las deforestaciones. Con el tiempo, esas áreas de reservas desaparecieron.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó que el manejo silvopastoril “violaría la Ley Nacional de Bosques Nativos porque en zona amarilla no se puede desmontar”.
“El MBGI permite desmontar 10 por ciento del campo para pasturas”, recordó. Añadió que “el desarbustado, si es intensivo, puede ser considerado un desmonte. En la teoría es una cosa. En la práctica se ve que dejan algunos árboles en pie, y el resto pasturas, eso no es un bosque, es una plaza”.
En el mismo sentido recordó que en provincias como Santiago del Estero o el Chaco, en donde hace años se instrumenta el manejo de bosques con ganadería, aunque el supuesto intento fue dejar más vegetación en pie, “lo marcamos como área deforestada porque de hecho desde la misma imagen satelital se nota que no queda ningún bosque. El bosque es mucho más que árboles”, añadió.

Dos audiencias el mismo día
Ayer se publicaron en el Boletín Oficial dos convocatorias a audiencias públicas referidas a la gestión de bosques, ambas en superficies ubicadas en la jurisdicción del departamento Anta.
La primera solicita el “cambio de uso de suelo con fines de agroganadeería en una superficie de 1.798.10 hectáreas netas a habilitar” con un poco más de 1.206 hectáreas “de protección y reserva”. El pedido de desmonte en la Finca San Javier es de “Julio Argentino San Millán (representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño), Marcelo Tomás León, Francisco José Vidal y Jorge Horacio Beraza”. La audiencia será el 26 de septiembre a las 10 en el Centro Integral de Tolloche.
Otro pedido es sobre la Finca Los Hermanos, que solicita un cambio de uso de suelo para agricultura en 336,16 hectáreas netas, con 156,56 hectáreas de protección. En este caso, los solicitantes son Ramiro y Esteban Maíquez. El día de la audiencia será el mismo viernes 26 de septiembre a las 11.30 en el mismo Centro Integral de la localidad de Tolloche.
Los expedientes son anteriores a la promulgación de la ley que enmarca el OTBN actual. Y aunque se regirán por el ordenamiento viejo, Aldazábal explicó que son propuestas productivas que pueden ser compatibles con las zonas en las que se puede desmontar según las superficies definidas por el nuevo OTBN.
El funcionario afirmó que esta compatibilidad se tendrá en cuenta en la decisión respecto de otros proyectos de desmonte que se rigen por el viejo ordenamiento. 
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Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana en Salinas Grandes, Salta, registran el primer TICCA de Argentina

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Salta


Diez comunidades indígenas de la Red Torna Lickana logran que su territorio sea registrado como un «Territorio de Vida» en una plataforma global, un reconocimiento a su rol esencial en la conservación de la naturaleza, por su gestión y protección de los humedales altoandinos.
El 27 de junio pasado se incorporó al Registro TICCA el primer territorio de Argentina: el Territorio de Vida donde habitan las comunidades de la Red Torna Lickana, ubicado en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Salta.
Los TICCA son Territorios y Áreas conservadas por Pueblos y Comunidades Indígenas, también conocido como “Territorio de Vida”. Se trata de un espacio donde existe una conexión estrecha y profunda entre un pueblo indígena o comunidad local y su entorno, arraigada en la historia, la identidad cultural, la espiritualidad y las formas de vida que aseguran su bienestar material e inmaterial, y quienes, a través de sus sistemas de gobernanza y gestión del ambiente, contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza. 
Estos territorios se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza.  Son ellas quienes establecen las normas sobre el uso y cuidado del territorio a partir de conocimientos tradicionales y de gestión y gobernanza. Los TICCA se destacan, además, por su contribución significativa a la conservación de la naturaleza, mediante la preservación y el uso sustentable de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes.
Dentro del Territorio de Vida de la Red Torna Lickana, una red de 10 comunidades originarias se encuentran los humedales altoandinos, conformados por salares, lagunas, vegas y bofedales. Estos ecosistemas tienen múltiples contribuciones para las comunidades indígenas son espacios sagrados, de sustento y de continuidad cultural, con los que las comunidades indígenas mantienen relaciones profundas, respetuosas y arraigadas a su identidad desde tiempos ancestrales. Estos humedales albergan una biodiversidad única, son fundamentales para la regulación del agua y desempeñan un rol clave en la adaptación al cambio climático. Su conservación es necesaria no sólo para garantizar los derechos de las comunidades que los habitan y cuidan, sino también por su papel esencial en el equilibrio ecológico y en el sostenimiento de todas las formas de vida que crecen y se desarrollan en este territorio.
Según el análisis global publicado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Consorcio TICCA en el informe Territorios de Vida,  se estima que los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren más del 20% de la tierra y hacen importantes aportes a las redes globales de conservación. Sin embargo, aún existe una importante falta de datos. El Registro TICCA busca documentar estos territorios y ya cuenta con 313 casos reportados a nivel mundial. Hasta ahora, ninguno provenía de la Argentina. La incorporación del territorio de la Red Torna Lickana como un TICCA – Territorio de Vida – marca un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, y en la visibilización de sus aportes fundamentales a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Es también una experiencia ejemplar hacia el fortalecimiento de formas de gobernanza propias, basadas en el respeto, la reciprocidad y el vínculo profundo con los territorios que habitan y sostienen desde hace generaciones.

¿Dónde está ubicado el TICCA y cuáles son las comunidades que forman parte?
La Red Torna Lickana —que significa “Nuestra Tierra”— es una red de comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Atacama, conformada por 10 comunidades originarias que integran el TICCA: Casa Colorada, Cerro Negro, Cobres, Corralito, Esquina de Guardia, Incahuasi, Matancillas, Raíces Andinas, Rangel y Tipan.
Este Territorio de Vida se encuentra en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, dentro de la región del Altiplano conocida como Puna, abarca los departamentos de La Poma y Los Andes, y forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se extiende entre las provincias de Salta y Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el registro?
El Registro TICCA es una plataforma gestionada por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y gobernada por un comité directo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio TICCA, la UICN, el Programa para los Pueblos de los Bosques, la Fundación Kenono (Nagalandia, India), la Cooperativa Snowchange (Finlandia) y Amazon Frontlines.
La inclusión del territorio de la Red Torna Lickana en el Registro TICCA fue el resultado de un proceso sostenido de trabajo comunitario y articulación colectiva. Más allá de su visibilidad internacional, este camino tuvo un enorme valor interno. Desde 2022, las comunidades indígenas que integran esta Red mantuvieron encuentros e intercambios para impulsar la iniciativa, reuniéndose en talleres donde reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, su biodiversidad, la memoria, historia e identidad, y sobre las amenazas —históricas y actuales— que ponen en riesgo la continuidad de todas las formas de vida que existen en el TICCA.
Los datos requeridos por el Registro fueron preparados por la Red Torna Lickana, y contaron con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el marco del  programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales/Wetlands International y de Pan para el Mundo/Brot für die Welt. A través de esta documentación, las comunidades reafirman su rol como custodias del territorio y comparten, desde su propia perspectiva, conocimientos, prácticas y formas de gobernanza ancladas en su historia y cosmovisión.

¿Qué potencial tiene para las comunidades de esta red y para otras?
La incorporación en la base de datos del Registro TICCA representa una herramienta valiosa para visibilizar el vínculo de la Red Torna Lickana con el territorio, su identidad y sus propias formas de gobernanza. Este acto no solo implica dejar constancia internacional de su presencia y relación con el lugar que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales, sino también situarse dentro de una red global de pueblos indígenas y comunidades locales que conservan la naturaleza desde prácticas culturales, espirituales y sociales profundamente arraigadas, para construir alianzas e intercambiar experiencias, así como posicionar su rol clave en la cuidado y equilibrio de la Pachamama (naturaleza), que incluye territorios, humedales y biodiversidad. En un contexto de crecientes presiones sobre los territorios, como el avance de la actividad extractiva del litio en la región, contar con este reconocimiento simbólico y político refuerza su legitimidad frente a actores externos. Esto contribuye a visibilizar y valorar sus formas de vida, sus conocimientos, usos y relación con el territorio. 
En definitiva, registrar su territorio como un TICCA – Territorio de Vida – no es un acto simbólico aislado, sino una estrategia concreta para proyectar su presencia territorial, consolidar su autodeterminación y continuar defendiendo sus formas de vida en comunidad desde su propia cosmovisión.

Reacciones de la comunidad y especialistas que acompañaron el proceso de registro

Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, Salta.
“Las comunidades de la Red Torna Lickana decidimos avanzar en el proceso de registro de este TICCA con el objetivo de mantener los valores culturales y espirituales, preservar nuestra historia, incentivar a los jóvenes para permanecer en la zona, fortalecer el proceso de defensa de nuestros derechos sobre el territorio y la vida comunitaria.” 

Laura Castillo, coordinadora del Programa de Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
“El registro del territorio de vida de la Red Torna Lickana visibiliza el rol central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales para la transición energética global. El reconocimiento refleja su conexión profunda con el territorio, y el rol esencial de sus saberes para la protección de la naturaleza, en línea con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad. La reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también destacó la importancia de los saberes, conocimientos y cosmovisiones indígenas para abordar de manera justa y eficaz la crisis climática y ecosistémica, en pleno respeto a los derechos humanos y los límites planetarios.”

Román Baigún, coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, de Wetlands International
“Creemos que el reconocimiento como ‘Territorio de vida’ por parte de la ONU a la Red Torna Lickana contribuye a la conservación de los humedales altoandinos. No alcanzan las áreas protegidas para proteger a estos frágiles ecosistemas, son las comunidades con su profunda conexión con la naturaleza quienes vuelven más efectiva la conservación.” 

Christof Wünsch, jefe del Departamento de América del Sur, Brot für die Welt
“Nos complace mucho que las comunidades indígenas de la Red Torna Lickana estén registradas ahora como TICCA. Esperamos que, de esta manera, se reconozcan y respeten sus derechos y su contribución a la protección del frágil medio ambiente de la región y a la diversidad cultural.”
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Minería de litio, al RIGI

Fecha de Publicación: 07/06/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El Gobierno nacional aprobó un proyecto minero para la explotación de litio en la provincia de Salta con una inversión de 2.744 millones de dólares bajo la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto es titularidad de la empresa Rincón Mining, está localizado en el Salar de Rincón, departamento Los Andes, en la provincia de Salta, y abarca una extensión de 84.687 hectáreas.
La minería de litio ya venía creciendo, sin la iniciativa del RIGI, y Salta es una de las provincias que mayor cantidad de inversiones tiene debido a su alta concentración del mineral, y por detrás se ubican Catamarca y San Juan. El "Proyecto Rincón" tiene como objetivo principal la producción de 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, utilizando tecnología de extracción directa. A diferencia del método tradicional, que requiere grandes piscinas de evaporación y muchos meses de espera, esta tecnología utiliza procesos químicos y físicos o combinados para separar selectivamente el litio directamente de la salmuera y devolver el resto de los minerales y el agua al salar.
El proyecto se suma a la lista de las iniciativas ya aceptadas: YPF – Parque solar “El Quemado” en Mendoza con una inversión 211 millones de dólares; Oleoducto Vaca Muerta Sur – YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, en Neuquén y Río Negro; y Southern Energy (barco de licuefacción) - PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar en el Golfo de San Matías, por un total de 2.900 millones de dólares.
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Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato. 
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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Campesinos denuncian mortandad de animales por derrame de hidrocarburos

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pequeños productores sostienen que un pozo petrolero que operaba la empresa President Petroleum emana gases tóxicos, contamina las napas y está matando a animales domésticos y fauna y flora silvestre. Las denuncias datan de 2023 pero el alerta se disparó ahora porque el pozo se agrandó y despide mayor cantidad de hidrocarburos acompañados de un intenso ruido como de trueno.
Productores ganaderos de la finca El Estanque, en Lomas de Olmedo, a casi 70 kilómetros de la localidad de Pichanal en el norte de la provincia de Salta denuncian el daño ambiental y económico que viene provocando el derrame de petróleo y gases tóxicos que emanan de un pozo abandonado por la empresa President Petróleum SA.
La denuncia fue difundida por Greenpeace, que puso de resalto el daño ambiental que está provocando este derrame.
Si bien las emanaciones datan de 2018 y en 2023 se abrió una boca que expulsa hidrocarburos, la situación se agravó el pasado 19 de mayo porque "reventó" el pozo conocido como "Olmedo 10", de donde están emergiendo más líquido y gases con una fuerza que provoca un ruido como de trueno, lo que causa temor en los habitantes cercanos, quienes reclaman la intervención urgente de las áreas de Minería y Energía de la provincia.
Los pequeños productores cuya finca está siendo afectada por este derrame vienen denunciando formalmente este daño desde agosto del 2023, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas de remediación.
El productor Aureliano Reyes, que hace 40 años reside en esa zona, hizo constar en su denuncia que por 2018 se intensificó el olor a gas en la zona. En agosto de 2023 se abrieron cráteres que emanaban un líquido blanco acompañado de un fuerte ruido similar a una garrafa abierta. En esa época comenzaron a morir animales.
Reyes difundió un video en el que muestra como se enciende el líquido semejante a gas oil que vomitó una vaca que murió luego de agonizar 15 minutos. Ese animal había bebido poco antes, por eso los productores aseguran que el pozo está contaminando las napas.
Según aseguraron los campesinos, ya murieron unos 350 animales vacunos, además de otros animales domésticos como caballos, y fauna silvestre como zorros y aves de toda clase.
President Petroleum es subsidiaria de la empresa británica President Energy, que está instalada en Salta en en lugar conocido como "Dos Puntitas”, en el paraje La Estrella.
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Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
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Por la crecida del río Bermejo, ya hay familias aisladas y viviendas inundadas en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta - Chaco


Se agravó la situación en el norte del país debido al aumento de los niveles de agua. En tanto continúan los trabajos de asistencia por la crecida del rio Pilcomayo
La crecida del río Bermejo comenzó a afectar a los habitantes de las localidades del norte de Salta y de Chaco —al límite de Formosa—, donde se registraron las primeras viviendas afectadas por la inundación. Familias enteras se encuentran completamente aisladas, debido a los caminos intransitables; y hay viviendas inundadas y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alimentos.
Por estas horas, el panorama es especialmente crítico en localidades como Las Vertientes, Larguero y El Chañaral, donde el nivel del agua rodeó por completo los asentamientos. Las complicaciones también alcanzaron a la zona del Chaco salteño. Según detalló el portal El Caudillo, hay parajes que quedaron “encapsulados”, sin posibilidad de recibir ayuda terrestre, con cortes de luz y un colapso del suministro de agua; y que ha puesto a la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial de Chaco (SAMEEP) a efectuar tareas para que la crecida no afecte la potabilización de la Planta de El Pintado. “Son muchas acciones realizadas en poco tiempo mientras seguimos avanzando en otras para dejar en condiciones toda la infraestructura de la empresa y llegar con una mejor prestación a los usuarios”, detalló sobre los trabajos, el coordinador de la empresa.
Si bien la Comisión Regional del Bermejo (COREBE) señaló que hay zonas en donde los niveles del agua comenzaron a descender —los ríos en la cuenca alta, como el Grande de Tarija e Iruya-Pescado—, aún continúa la situación crítica en la cuenca del Río San Francisco. En esta área geográfica los valores han aumentado, de acuerdo a lo informado por El Tribuno. Desde el portal también precisaron que mientras Rivadavia Banda Norte permanece rodeada de agua sin registrar evacuados, en los últimos tramos de la Ruta Provincial 13 las comunidades de Banda Sur están completamente anegadas.
El intendente interventor de Morillo (Salta), Marcelo Córdova, explicó en diálogo con el mencionado medio, que los caminos están seriamente comprometidos, lo cual puede agravar cualquier emergencia. Además, informó que se espera la llegada de ayuda en los próximos días para comenzar la distribución de módulos de asistencia. “Estamos esperando que llegue el helicóptero esta semana que viene, y comenzamos a distribuir los bolsones focalizados”, dijo. Sin embargo, aclaró que se trata de ayuda limitada por cuestiones logísticas.
La situación alcanzó también a comunidades wichi como La Esperanza, San Felipe, El Cocal, El Breal y Campo Pañuelo, que se encuentran completamente rodeadas por las aguas del Bermejo.

Como continúa la situación del Pilcomayo
Hace un poco más de una semana, el caudal de agua del río se elevó a uno de sus niveles históricos más altos, poniendo en aprietos a los pobladores que debieron abandonar sus viviendas e incluso algunas comunidades, quedaron incomunicadas. El pico se registró el 18 de marzo pasado, con 7,14 metros.
Uno de los puntos más críticos era el paraje La Gracia, donde caminos y viviendas se encontraban anegados. En tanto, localidades como Santa Victoria Este, Misión La Paz y Monte Carmelo también padecían las consecuencias del desborde. La mayoría de las personas evacuadas pertenecía a comunidades sin acceso a alimentos ni agua potable, donde el corte de la ruta 54 —principal conexión terrestre con varias localidades— obligó a desplegar operativos con lanchas y gomones para distribuir ayuda. Así lo detalló el comisario Diego Bustos, jefe de la Policía en la región. “En dos gomones seguimos trasladando a personas que quedaron anegadas en algunos parajes”, sostuvo días atrás en declaraciones a la prensa.
Mario Mimessi, titular del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y la persona encargada de coordinar la ayuda humanitaria en la zona, señaló a la prensa que las tareas se realizaban minuto a minuto, no solo contra el río, sino también contra el clima.
En las zonas más comprometidas, los anillos de defensa que debían contener el avance del río habían sido desbordados, obligando a muchas familias a buscar refugio en zonas más elevadas. En algunos casos, los campos quedaron totalmente inundados, provocando la pérdida de bienes materiales y dejando a los pobladores sin posibilidad de abastecimiento.
A su vez, las autoridades sanitarias han advertido a los pobladores por enfermedades como el dengue o la leptospirosis, debido a la acumulación de aguas estancadas. Para prevenir contagios, el gobierno desplegó equipos de salud en las zonas afectadas, brindando atención médica y distribuyendo insumos sanitarios.
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Desesperación en poblaciones ribereñas ante el desborde del Pilcomayo

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La inundación también afectó a las poblaciones que se encuentran insertas en territorios donde hubo  grandes desmontes ubicados en la zona de Ballivián, en el departamento San Martín.
“Necesitamos urgente chalanas o gomones”. Este pedido de Amancio Martínez se elevó como exigencia a las autoridades de la provincia luego de que las comunidades de Misión La Paz (paraje que limita en la frontera con Paraguay, con la localidad de Pozo Hondo) quedaran aisladas por la llegada de las aguas del río Pilcomayo.
El miércoles último las autoridades habían anunciado la bajante de las aguas en la cuenca alta. El problema fue que, como se había indicado antes, los niveles del río en territorio argentino continuaban altos.
Ayer, la provincia informó que “los anillos del lado salteño están funcionando y se está trabajando para proteger a la comunidad. Actualmente en Misión La Paz se registran 6.30 metros y el comportamiento del río es variable”.
Se insistió en que si bien el cauce del río desciende, se registraron lluvias y un corte en la ruta provincial 54 entre La Estrella y Misión La Paz.
Por su parte, Martínez, quien es referente de la comunidad wichí Kilómetro 2 de Misión La Paz, contó anoche a Salta/12 que esta población junto a la de Kilómetro 1 y La Bolsa están aisladas desde la noche del miércoles por las crecidas del río.
En un video que se viralizó, Martínez mostró cómo las aguas del Pilcomayo habían anegado la ruta 54 y cruzar implicaba sortear la corriente con el agua llegando hasta la cintura. “Esta mañana quería cruzar pero no puedo porque es resbaloso y riesgoso y decidí volverme”, afirmó.
En esta circunstancia, “rogamos que no haya una emergencia en salud” porque no hay forma de salir a menos que sea por medio de gomones o chalanas que no tienen, dijo. Por eso pidió al Ministerio de Desarrollo Social que les provea de estos medios de transporte en la emergencia.
Martínez indicó que si bien la Policía Lacustre llegó con gomones, “no están cruzando a la gente” que quiere llegar a la comunidad. El transporte de pasajeros en colectivo que hace este recorrida deja a los viajeros en el punto donde el agua cortó la ruta, y para llegar a estas comunidades aisladas deben cruzar 200 metros en medio del agua. Pero los policías de la Lacustre “no cruzan a la gente porque dicen que no tienen combustible”, contó.
La preocupación no es solo por la posibilidad de una eventual urgencia de salud sino también por la provisión de comida. “Espero que los negocios aguanten y que podamos comprar”, manifestó. Y es que ante la crecida teme que haya un desabastecimiento, por lo que solicitó bolsones alimentarios para la asistencia.
Por su parte, Antonia Pérez desde la comunidad Santa María, contó que tras un corte de ruta en reclamo de asistencia lograron que la provincia les entregara bolsones. Contenían “un kilo de harina y un kilo de arroz y azúcar, leche en polvo y aceite nada más”, detalló.
Anoche Pérez seguía asustada porque persistían las lluvias y temían quedar aislados por completo dentro del anillo que los protege de las crecidas. Afirmó que hay familias que a raíz de la situación decidieron autoevacuarse.

Un desmonte que aísla
Las intensas lluvias registradas en el departamento San Martín afectaron a familias que viven en la zona del municipio de Ballivián, colonizada por los desmontes en la zona rural, y de Tartagal, ciudad cabecera del departamento.
Benjamín Roca, cacique en la comunidad wichí de La Corzuela, en Dragones (también del departamento San Martín), se comunicó con este diario para dar a conocer la situación que se vivía en Laguna Cuchuy, una de las poblaciones de Ballivián en donde estaba de visita y vió como las comunidades quedaron entrampadas en medio de la deforestación.
Desde hace tiempo se denuncia que en esta zona las cañadas rebalsan dejando aisladas a las familias cercanas y si no lo hacen, son los caminos los que quedan intransitables.
Roca sostuvo que en este caso no había llegado la asistencia alimentaria. En el mismo lugar, las comunidades indígenas coexisten con fincas que producen porotos. Las comunidades afirman que existe una suerte de acuerdo con los finqueros para que les den mercadería pero que se había incumplido.
Ante ello, decidieron frenar en el camino a uno de los contratistas de la finca para hacer el reclamo. Roca sostuvo que, de no tener respuesta de los bolsones, iban a evitar que cosechen la siembra.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, informó sobre la coordinación de un operativo aéreo para asistir a las familias aisladas por la crecida de cañadas en el municipio de Ballivián y del río, en Tartagal.
La directora General de Emergencia, Gabriela Locuratolo, detalló que en Ballivián se asistió a familias de los parajes; Corralito, Guamache, Providencia, El Cruce, Retiro, El Traslado, Zopota, Pescadito, San Francisco, Guachipas y El Escrito. Mientras que en Tartagal, se llevó ayuda a pobladores de los parajes El Paraíso, Paraje Arenales, Pozo Nuevo y Monteveo.
En total se entregaron más de 500 módulos alimentarios y los vuelos fueron coordinados con Aviación Civil. Se afirmó que la ayuda también habría llegado a Cuchuy.
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Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
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Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
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