Pidieron a la Legislatura rechazar el nuevo ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 14/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pese a las persistentes promesas de enviar la iniciativa para que sea aprobada en la Legislatura provincial, el gobierno demora su ingreso.
Las organizaciones ambientalistas Greenpece, Fundación Cebil y Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir solicitaron a los legisladores provinciales no aprobar la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta por entender que el procedimiento con el cual se realizó implica un retroceso en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Pese a los reiterados anuncios de envíos de la iniciativa al recinto legislativo, y de haberse presentado en diciembre del año pasado, el gobierno provincial no presentó todavía la propuesta en la Legislatura provincial para su tratamiento.
Entre otros puntos, las organzaciones ambientalistas cuestionaron que la nueva propuesta no defina qué sucederá con las tierras desmontadas de manera ilegal durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya sea por no estar autorizadas, o por haber sido autorizadas por un decreto que violaba la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Recordaron que las tierras desmontadas bajo la posibilidad del proceso de “recategorización”, “deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN”, y en todo caso, ser restauradas. Lo cual hasta el momento no sucedió.
Cuestionaron también que el nuevo ordenamiento permita el desmonte legal de 721.568 hectáreas, una superficie “sumamente excesiva”, aseguraron; más cuando la provincia ha tenido una alta tasa de deforestación en las últimas tres décadas.
Asimismo, afirmaron que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental, dado que permite el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías 1 (rojo) y 2 (amarillo), en las que no se puede desmontar. En este punto, sostuvieron que el mecanismo propuesto por el equipo técnico que realizó el nuevo OTBN es similar al “utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión”. “Se trata de una zonificación flexible (…), no determina claramente donde se puede y dónde no se puede desmontar”, advirtieron.
La nueva propuesta también habla de una zona de “color marrón”, que es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes. Las organizaciones ambientalistas entendieron que la propia existencia de esta categoría no incluida en la Ley de Bosques “puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y (que) no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.
Además, nuevamente la región de los Valles Calchaquíes queda sin categorizar, como sucede hasta la actualidad, “desconociendo los montes nativos de algarrobos, talas, chañares, y a las especies en peligro de extinción, como los ejemplares en cardones y los retamos”. Este desconocimiento de los bosques nativos “incrementa el desmonte indiscriminado, el avance del agronegocio y genera conflictos socioambientales con las distintas comunidades originarias que habitan el valle”, afirmaron.
Al permitir que algunos desmontes puedan hacerse sobre categorías que estén en rojo o amarillo, se promueve la “fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continas”, agregaron. También criticaron que se haya dejado fuera de la Ley la falta de relevamiento de los territorios indígenas y la falta de talleres interculturales que incluyeran a las comunidades en sus territorios.
Mientras se espera que la propuesta de OTBN obtenga estado parlamentario en Salta, surgió lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó y aprobó una propuesta de OTBN que tenía mucha resistencia. La Dirección de Bosques de la Nación ya observó la propuesta aprobada y sostuvo que cuenta con “graves deficiencias”, algunas de ellas parecidas a las objeciones que realizan los ambientalistas en Salta al nuevo OTBN.
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Impulsan un corredor biológico interurbano en la ciudad de Salta

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Con el proyecto "Ciudad de los pájaros" el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes. La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde se empezará la forestación de las plazas. Se proyecta su implementación por 10 años.
Desde Fundación Cebil empezarán a ejecutar un proyecto para crear el primer corredor biológico interurbano en la zona norte de la capital salteña, tomando como referencia el desplazamiento y necesidades de las aves presentes en la zona. Con "Ciudad de los pájaros", el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes.
La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde empezará la forestación de las plazas. El proyecto se presentó este sábado en la Feria de las Aves, que se realizó en el Parque del Bicentenario. Se proyecta su implementación en 10 años.
La coordinadora de programas de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, aseguró que el proyecto se sostiene en las bases del fortalecimiento de la conciencia ambiental y social. En este caso en particular, el corredor representa una fuerte articulación entre lo ambiental y el trabajo social, puesto que la “idea es trabajar, unir, hacer esa textura, volver a incorporar la mirada cultural de los pueblos originarios, que nos enseñan justamente a tener esa unidad, esa integración de lo social, de lo ancestral, de lo cultural, de lo ambiental, y de lo político y de lo ciudadano”, explicó Ardanaz.
Por esta razón el equipo que desarrollará el proyecto está conformado con integrantes de distintas disciplinas, incluyendo a egresados o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, en cuyo caso “les permite profundizar la formación académica que realizan en la universidad con un trabajo en territorio”, señaló Ardanaz. Fundación Cebil está presente en la provincia desde hace 15 años y articula con comunidades indígenas en proyectos de arte y la defensa de los bosques nativos.
El proyecto "Ciudad de los pájaros" nació durante la pandemia cuando el equipo de la Fundación estuvo en el edificio de la Ciudad Judicial de Salta, en el norte de la capital, por causas de defensa ambiental. Allí “observábamos de pronto a pájaros que morían en los patios internos del edificio de Ciudad Judicial, ya que se golpeaban contra las superficies vidriadas del edificio. Nos quedamos muy sorprendidos”, contó Ardanaz. La organización presentó reclamos a las autoridades del Poder Judicial, que tomó la demanda y la arquitecta del organismo empezó a trabajar en un proyecto para solucionarlo.
Por su parte, la Fundación empezó a estudiar por qué de pronto había tantos pájaros en ese lugar. Se determinó que el norte de la capital salteña se transformó en una gran zona migrante de aves, que va desde las reservas de San Lorenzo (a 15 kilómetros de la ciudad de Salta) hasta el río Mojotoro (a 57 kilómetros), dado que se trata de una “zona extraordinaria, donde todavía hay bastante biodiversidad, pero el impacto de la urbanización, un poco sin tener en cuenta eso, ha quitado mucho de esa diversidad”, planteó Ardanaz.
“Estamos observando con mucha claridad que hay una gran mortandad de pájaros, sobre todo el año pasado, donde el cambio climático se hizo muy evidente”, contó la ambientalista. Recordó que a mediados de 2022 se incendiaron al menos 100 mil hectáreas en la provincia, y a su entender “se hizo poco” desde el propio Ejecutivo provincial. “No se activaron los protocolos del fuego como correspondía. Falta mejorar muchísimo, y la emergencia hídrica y ambiental no es la debida”, denunció, y subrayó en este sentido que Salta tiene uno de los mayores índices de desmonte del país.
Es por eso que impulsar la creación de un primer corredor biológico permitirá “poner estas semillas de esperanza, de sensibilidad, de participación ciudadana y de conciencia social”, destacó la coordinadora de Cebil.

En qué consiste “Ciudad de los pájaros”
La coordinadora del programa Sabiduría Verde, Delfina López, que tiene a cargo el proyecto “Ciudad de los pájaros”, contó que el área de estudio será en un principio la zona de norte de la capital salteña. La prueba piloto se iniciará en el barrio El Huaico, que tiene detrás la reserva General Belgrano. “Será la primera conexión donde se iniciará la forestación con árboles nativos en las áreas verdes de El Huaico”, donde hay al menos 30 plazas que presentan distintos grados de falta de mantenimiento, explicó.
“La idea es hacer forestación de árboles nativos en acompañamiento de los vecinos, donde los niños y niñas se convertirán en guardianes de los árboles”, agregó. Para eso se trabajará de manera sostenida con las escuelas primarias de la zona; la primera es la escuela Bicentenario de la Batalla Argentina, de El Huaico, donde además se pintará un mural colectivo con temática ambiental.
El proyecto se desarrollará durante diez años y pretende sostener articulaciones con la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta. También, con el Parque del Bicentenario, las escuelas primarias de la zona, la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, y organizaciones de artistas y poetas de la provincia. Además, articulará con organizaciones ambientalistas, como Aves Salta Club de Observadores, junto a la administración de Parques Nacionales de la región NOA; la Red Comunitaria Zona Norte, el Poder Judicial y las reservas ecológicas de la zona.
La coordinación del proyecto recordó que Salta es la provincia de mayor biodiversidad y diversidad cultural de la Argentina, destacando que la biodiversidad posee un alto valor intrínseco interdependiente con las necesidades de los seres humanos y es la principal indicadora de la calidad de vida y sostenibilidad del desarrollo.
En ese marco, la coordinación resaltó que la zona norte de la ciudad de Salta, que tiene un acelerado crecimiento urbano, se ubica entre importantes cuencas hídricas y serranías representativas de la biodiversidad de los valles de transición y yungas. Además, alberga dos reservas biológicas, lagunas, el Parque del Bicentenario y dos campus universitarios. Por esto también demanda medidas urgentes para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad ambiental de sus habitantes.
En relación a las aves, la provincia atesora una amplia variedad de especies, algunas de las cuales son endémicas y únicas en la región. Las zonas urbanas son un problema para las aves, principalmente las migratorias, ya que sus áreas de alimentación y descanso son reducidas. La Fundación Cebil indicó que las construcciones urbanas representan obstáculos físicos que aumentan el riesgo de colisiones, entre muchos otros factores negativos para las aves. Por lo que “Ciudad de los Pájaros” es el primer corredor biológico interurbano para las aves migrantes, como indicadores garantes de la biodiversidad de la zona norte de la ciudad de Salta, donde se propone una intervención participativa, articulada y compleja, que permita mejorar la calidad de vida de una manera integral, uniendo la esfera social y biológica.
En tanto, el secretario general de Fundación Cebil, Iñaki Morón, que también es coordinador del programa Gestión Comunitaria, sostuvo que “sin la adhesión de la ciudadanía a cualquier tipo de proyecto que se pueda emprender por parte de cualquier sector de la sociedad, ese proyecto no es sustentable en el tiempo y no está realmente previsto como un bien común de largo plazo”. Añadió que por eso el proyecto del corredor “es un desafío de articulación institucional muy importante”.
Morón insistió en que es crucial que las organizaciones de la sociedad civil se vinculen al medio. “Creemos firmemente que ese trabajo comunitario, acercándonos a todas las personas para poder expandir la conciencia en la diversidad medioambiental y cultural, es elemental para estas cosas que estamos haciendo”, sostuvo.
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Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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Amenazan con denuncias si se aprueba el nuevo OTBN tal como está

Fecha de Publicación: 08/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El mapa indica qué bosques se pueden desmontar y cuáles no. Pero debe pasar por la Legislatura.
Ante la inminente llegada del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a la Legislatura provincial, distintas organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el actual mapa va en contra de los principios que rigen la Ley de Bosques para la defensa del ambiente. Entre los firmantes, adhieren la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación entre Mujeres y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Del otro lado, a título personal, uno de los técnicos que participó de la elaboración del informe del nuevo OTBN respondió a los cuestionamientos, y esta nota pretende poder reflejar ambas posiciones.
En un escrito elevado al gobernador Gustavo Sáenz, las organizaciones afirmaron que el mapa propuesto extiende la posibilidad de desmontar 721.568 hectáreas. Sumaron que el desmonte de áreas que fueron recategorizadas (que en el mapa anterior habían sido catalogadas como lugares donde no se podía desmontar, pero el gobierno autorizó su deforestación con decretos que infrigieron la ley) generó una situación en la que los responsables de esa deforestación quedan en impunidad premiando así “conductas ilegales y de mala fe, de modo desigualitario y contrario a derecho”.
Afirmaron que las hectáreas desmontadas con esta estrategia podrían quedar como de “bajo valor de conservación”. Es decir que quedarían en la categoría 3 o verde en el OTBN. El mapa define la categoría 1 con el color rojo, de alto valor de conservación, y la 2 con el amarillo (con un grado de conservación menor al rojo pero que tampoco permite el desmonte), mientras que la categoría 3, verde, es para las áreas donde se puede desmontar.
Las organizaciones también criticaron que se haya instaurado una categoría marrón en el nuevo OTBN de la provincia, la cual permite que un posible desmonte se haga en las zonas que comparten el amarillo y verde, con un límite equis de hectáreas a desmontar. “La categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques”, advirtieron en la carta.
Por último, cuestionaron la metodología de participación para trazar el nuevo mapa dado que sostuvieron “el procedimiento” fue “llevado a cabo de manera irregular, sin seguir los pasos establecidos por la Ley”. Entre otras falencias, señalaron que se dejó sin participación a organizaciones territoriales y comunidades originarias.
“En caso de avanzarse en el proceso del modo en que se lo viene haciendo, formulamos expresa reserva de presentar las denuncias correspondientes como de ejercitar la Acción Popular de Inconstitucionalidad prevista por el artículo 92 de la Constitución de Salta”, avisaron finalmente.

La respuesta de un técnico
Lucas Seghezzo, integrante del Consejo Técnico Asesor a cargo del informe y la metodología propuesta en el nuevo OTBN, respondió a título personal a las diversas críticas. “La participación pública estuvo siempre promovida”, afirmó en un escrito que hizo llegar a Salta/12.
Al comparar con el OTBN vigente actualmente (que se aprobó en 2009 y sigue en vigencia pese a que venció en 2014), sostuvo que en el nuevo mapa propuesto se redujo “el área potencial de verde (Categoría III, bajo valor de conservación)”, y se aumentó el área roja. “El área de zonas verdes del nuevo mapa propuesto representa sólo el 9,57 por ciento de la superficie total de bosques nativos de la provincia de Salta. Esta es la máxima superficie desmontable a futuro, lo cual no implica necesariamente que deba ser desmontada de manera obligatoria”, indicó.
Respecto de las áreas que fueron recategorizadas, afirmó que “cualquiera sea el resultado de las acciones administrativas o judiciales en curso, el nuevo mapa propuesto resta las tierras desmontadas de manera ilegal o irregular de las áreas verdes propuestas, lo cual es la mejor manera de evitar su legitimación o convalidación actual o futura. O sea que, en el peor de los casos, estos desmontes ilegales o irregulares no agregarán áreas verdes por encima de las técnicamente viables”.
Al responder sobre el agreado del color marrón, explicó que el “área transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC)", si bien no está incluida en la ley nacional, tampoco está explícitamente prohibido “establecer mecanismos adecuados para optimizar la distribución de zonas verdes si eso redunda en beneficios ambientales, sociales o productivos”, por lo que sostuvo, entienden que el área definida permitirá un “avance significativo”, en la planificación y gestión de bosques”.
“Es importante destacar que todas las zonas en las que existe información fehaciente de la presencia de especies amenazadas u otros valores biológicos sobresalientes ya fueron clasificadas como rojas, algo que no se había hecho con el mismo detalle y la misma precisión en el mapa anterior”, afirmó.
“Esta falsedad roza la difamación”, afirmó asimismo al responder que no es cierto que no se haya dado participación a campesinos e indígenas, dado que hubo talleres participativos en donde interactuaron referentes de las comunidades. Afirmó que incluso se revaloriza su participación ante la presentación de cualquier proyecto productivo.
“Las críticas de cualquier organización o institución interesada en la protección de los bosques nativos son siempre bienvenidas. Sin embargo, la nota presentada contiene errores, inconsistencias y preconceptos que pueden atribuirse a una lectura superficial o descontextualizada del Informe Final del Equipo Técnico”, aseguró Seghezzo. Sumó a sus consideraciones que rechazar un mapa que es innovador e inclusivo, posibilita que se siga aceptando un OTBN “mal hecho y obsoleto” (el trazado en 2009), que “sólo beneficia a un número pequeño de grandes productores y perjudica al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que viven y trabajan en los bosques nativos”.
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Salta prepara la autorización de 26 mil hectáreas de desmonte

Fecha de Publicación: 15/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización ambientalista también afirmó que la nueva propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos viola la normativa nacional.
La organización ambientalista Greenpeace denunció que desde diciembre último el gobierno provincial convocó a audiencias públicas por pedidos de 30 fincas para desmontar un total de 25.916 hectáreas. El trámite está a poco tiempo de concluir con una autorización de la Secretaría de Ambiente de Salta para que las topadoras hagan su trabajo.
La denuncia de Greenpeace se condice con lo ya manifestado a Salta/12 por el secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, quien afirmó que para este año se habían desmontes sobre 20 mil hectáreas, pedidos que esperan su autorización.
“El gobierno de(l gobernador Gustavo) Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad”, indicó la ambientalista.
Asimismo, recordó que en 2022, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, el país firmó un compromiso de Deforestación Cero para 2030. "Las provincias deberían ir en esa dirección”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Entre las empresas y empresarios que obtendrán permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes SA, SILHER SRL, Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico SA, Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar.
Cuando Salta/12 consultó a Aldazábal, el funcionario afirmó que se restarán las superficies autorizadas para el desmonte de las casi 700 mil hectáreas que permite la nueva propuesta del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que aún no fue elevada a la Legislatura provincial para su tratamiento.

Críticas al Ordenamiento
Además, Greenpeace advirtió que la propuesta de actualización del Ordenamiento de Bosques del gobierno provincial viola la Ley Nacional de Bosques y permitirá la deforestación de 720.000 hectáreas.
En enero de este año, la organización ecologista envió al gobierno provincial un documento señalando varios puntos de la propuesta de actualización de OTBN que considera violatorios de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre las observaciones detallaron que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva, que valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración. Además, permite autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos, fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron previamente consultadas las comunidades indígenas.
“Esperamos que el gobierno y la Legislatura provincial no avancen con la aprobación de este nuevo ordenamiento territorial que es claramente violatorio de la Ley de Bosques. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De aprobarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Según datos oficiales, desde la sanción a fines de 2007 de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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Ley de bosques: envían el nuevo mapa a la Legislatura

Fecha de Publicación: 13/06/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La retrasada revisión del ordenamiento territorial de Salta fue concluida. Es inminente su tratamiento en el Senado. Se incluyeron categorías de protección.
El nuevo mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta ya fue confeccionado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, según pudo averiguar El Tribuno de distintas fuentes oficiales. En estos días se le dará ingreso al Senado provincial para que inicie su derrotero de aprobación en la Legislatura. Así, terminaría el último paso para cumplir con una parte de lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), vigente en Salta desde 2009, cuyo OTBN nunca pasó por una revisión a pesar de que esto tuvo que hacerse cada cinco años. El incumplimiento derivó en una virtual paralización de cualquier proyecto productivo incluido en ciertas zonas protegidas por esta ley, con todo lo que eso significa para una de las provincias más pobres del país.
"Estamos terminando con ciertos ajustes jurídicos que tienen que ver con el texto puntual del proyecto de ley y lo vamos a mandar a consideración de los salteños, los diputados y senadores en los próximos días", ratificó ayer el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de los Ríos.

"Producir conservando"
"Estamos convencidos que el nuevo ordenamiento territorial nos va a permitir producir conservando, pero producir mucho más, donde la ciencia y las nuevas tecnologías demuestran que se puede generar ganadería bajo monte, que se puede intervenir un bosque sin que eso signifique desmonte ni impacto ambiental negativo", agregó el funcionario en una entrevista con Radio Salta.
Lo cierto es que llegar a un nuevo mapa local de la ley de bosques fue una verdadera hazaña del Gobierno, por los diferentes intereses supuestamente contrapuestos que puede afectar un ordenamiento territorial, tanto a los sectores conservacionistas (del medio ambiente), como a los productivos y a los residentes de la áreas protegidas. La mirada que primó en las autoridades fue la de tratar de llegar a un equilibrio y evitar la falsa dicotomía entre producción y conservación ambiental.
Esa tarea llevó tres años y no dejó a todos conformes. Organizaciones empresariales agrarias pusieron reparos al igual que ambientalistas, a pesar de que fueron consultados y sus opiniones resultaron vinculantes.

Las categorías del mapa
De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, se establecieron nuevas categorías en el nuevo mapa que pinta a la provincia de distintos colores (en el actual vigente son tres: rojo, amarillo y verde). La categoría roja, que prohíbe cualquier intervención, abarca 1.308.243 hectáreas de bosques. La amarilla, dónde se puede producir, pero sin desmontes contiene 3.321.789 ha. La categoría verde, donde se puede desmontar y producir comprende unas 700.000 ha.
Hay una categoría nueva, la marrón, que suma 2.928.531 hectáreas, que son áreas de "protección- conservación" donde el desmonte "estaría regulado según el potencial de transformación de las cuencas de agua", explicó una fuente técnica de Medio Ambiente. Es decir, se permitiría desmontar siempre que no se afecten las fuentes proveedoras de agua. Finalmente, se incluye una categoría "urbana", de 30.209 ha. y una superficie de 12.158 ha de cuerpos de agua.
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En Salinas Grandes, una porción de la Puna resiste el desembarco de la minería del litio

Fecha de Publicación: 11/06/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Jujuy - Salta
 

En el territorio que se extiende alrededor de la cuenca de este gran salar que comparten las provincia de Salta y Jujuy, un bloque de comunidades logró frenar durante los últimos 14 años gran parte del avance de las mineras que pretenden extraer el “oro blanco”. La oposición al litio unió a las poblaciones kollas y demostró que están dispuestas a defender el ambiente que habitan.
Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración.  
Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. elDiarioAR viajó a la región junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un recorrido por algunas de las comunidades que habitan alrededor del salar financiado por la ONG ambientalista.
A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la minería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.
En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras twittear sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales.
Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.
Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.
El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

El salar  
Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no sólo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.
El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día de por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.
Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.
Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un “regalo del Padre celestial”. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.
Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.
El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. Pulso Ambiental se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.
Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.363 metros sobre el nivel del mar.
“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han demostrado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, afirmó.
“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.
En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.
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Multan por $68M a una finca por incumplir con una reforestación

Fecha de Publicación: 10/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aún resta conocer qué sucederá con la multa de 171 millones de pesos impulsada en 2016 desde la Procuración General de la Provincia.
A siete años de la firma de un acuerdo de reforestación que incumplió recurrentemente, la Justicia salteña impuso una multa de casi 68 millones de pesos a Juan José Karlen, quien debía recomponer un ambiente donde había demostado 11 mil hectáreas, casi equivalente a la superficie de la ciudad de Salta, que tiene 12 mil hectáreas.
La multa dispuesta por la jueza Viviana Yance, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), fue en respuesta a un pedido de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez.
Esta decisión es en relación a un desmonte que desde 2012 venían denunciando campesinos e indígenas del departamento San Martín. Las denuncias no encontraron eco en aquel momento, incluso la Secretaría de Ambiente de la provincia hasta llegó a negar la existencia de las topadoras.
Pero en abril de 2013 la propia AFIP comprobó que el desmonte de 11 mil hectáreas era real. Fue en el marco de una inspección en la que encontró a personas en situación de trabajo esclavo.
Recién ante la evidencia se impulsaron acciones. En 2016 la Procuración General de la Provincia, entonces a cargo de Pablo López Viñals, pidió que se le aplicara a Karlen una multa de 171.413.473 pesos.
El finquero pidió una conciliación en la que consiguió un acuerdo judicial para restaurar el bosque nativo. Sin embargo, nunca cumplió este compromiso. Hubo reiteradas instancias para tratar de avanzar en la remediación ambiental, y reiteradas conciliaciones sin que se cumplieran tampoco estos otros acuerdos para tratar de reparar el monte destruído.
Denuncias de lugareños de Dragones (pueblo ubicado en el límite de los departamentos Rivadavia y San Martín) dieron cuenta de que en esos años en que las tierras debían restaurarse seguían siendo explotadas con diversas producciones. La finca nunca fue clausurada.

Incumplimiento sistemático
“El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años”, explicó ayer la Procuración General al recordar la fecha en la cual el bosque debía comenzar a ser reforestado. Los estudios que en ese momento se hicieron determinaban que antes del desmonte se había clasificado a la superficie en un estado “bueno”.
Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.
Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.
“Desde entonces, la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables”, indicó la Fiscalía.
La fiscal requirió la multa por incumplimiento que finalmente fue consentida por el Juzgado, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Desde ese momento los procedimientos judiciales se continuaron recurrentemente.
Finalmente, el pasado 30 de mayo la jueza Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la firma a cumplir cabalmente con su resolución del 3 de noviembre de 2020 sin éxito, "corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen". Y ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por $67.920.000,00 en contra de la demandada.

“No se da una buena señal”
El desmonte de Karlen es uno de los casos emblemáticos que mencionó la asociación ambientalista Greenpeace para pedir que el desmonte sea categorizado como un delito penal. Pero el proyecto de ley nunca prosperó y quedó sin estado parlamentario.
“No se da una buena señal”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, más aún cuando en el Día del Ambiente (que se conmemoró ayer), surge que se otorga una multa por incumplimiento, 103 millones de pesos menos que la multa que se había impulsado originalmente por desmontar. Si bien la actual es por los incumplimientos al acuerdo aceptado.
En mayo de 2017, López Viñals (ahora juez de la Corte salteña) hablaba de que la demanda millonaria contra Karlen “había entrado en una etapa decisiva”, ante los incumplimientos. Al tomar el dato entre abril de aquel año y abril de 2024, los registros indican que la inflación acumulada fue de 5.250 por ciento. Según ese índice, la actualización llevaría la multa a casi 9 mil millones de pesos.
“Lo importante es la restauración y que vuelva el bosque”, añadió Giardini al recordar que siempre se apuntó contra las multas porque el costo del incumplimiento también se incorpora en el costo de los desmontes.
“Todos estos años se llenaron los bolsillos”, al continuar con la producción en las tierras cuando “las deberían haber restaurado”, cuestionó el coordinador. Sostuvo que para ello es preciso que se clausure la finca de una vez por todas. “Es uno de los desmontes ilegales más grandes de los últimos años y le van a aplicar una multa menor a la original”, insistió en la crítica.
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Autorizarán 20 mil hectáreas de desmonte

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Las superficies serán restadas de las más de 700 mil que se podrían deforestar según el proyecto de actualización del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que aún no pasó por la Legislatura provincial.
Cerca de 15 audiencias públicas fueron convocadas desde diciembre del año pasado a esta parte, para desmontar unas 20 mil hectáreas aproximadamente. Aunque los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se llevaron en el marco del ya vencido Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), serán autorizadas.
Así lo adelantó a Salta/12 el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, al ser consultado por las constantes publicaciones informando de audiencias públicas en el Boletín Oficial.
El funcionario explicó que la superficie que quedará autorizada para el paso de las topadoras se restará de las 721.568 hectáreas que quedaron en el área verde (de baja conservación) del nuevo OTBN que está todavía en proyecto, dado que aun no ha sido tratado por la Legislatura Pprovincial y, por lo tanto, no está vigente.
“En el caso de Chaco hubo un amparo porque el ordenamiento estaba vencido y la Corte dijo que sigue vigente hasta que lo reemplace otro”, contestó el funcionario al ser consultado por la validez del OTBN que venció en 2014, y que ya lleva una década sin ser actualizado.
Las resoluciones que autorizan los desmontes “van a ir saliendo”, dijo Aldazábal y sostuvo que el proyecto de nuevo OTBN, que fue realizado por un equipo técnico nombrado para tal fin, espera ingresar a la Legislatura en los próximos días.
“No nos meteríamos en áreas que están en rojo o amarillo”, que son las zonas donde no puede haber desmonte, afirmó. Sin embargo, el nuevo proyecto de OTBN habla de un amarillo “potencial” o “amarronado”. Esta zona puede permitir el desmonte condicionando la cantidad de tierras productivas en un área.
Por ejemplo, si en una cuenca hay 50 hectáreas en categoría verde y 100 hectáreas de amarillo potencial (suele suceder que hay menos verde siempre) y se piden desmontar 50 hectáreas, automáticamente las 50 hectáreas que están en verde (en esa misma cuenca) pasarán a ser amarillo estricto y no podrán ser transformadas. Y como se agotó el stock de tierras en verde ya en esa zona no se podrá desmontar dado que todo el amarillo potencial pasa a ser amarillo estricto.

Una deuda actualizada
Ayer se conoció que el gobernador Gustavo Sáenz informó mediante nota a la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Aldazábal afirmó que se trabajó en la actualización de la deuda que viene desde que se aprobó la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, hasta hoy y que de acuerdo a esa actualización, sería de 28 mil millones de pesos.
Esto incluye la deuda que calculó el gobierno provincial desde la vigencia de la Ley en 2008 hasta ahora. Y el cálculo se hizo según lo establecido por la normativa, que prevé que “las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) ‘no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional’”.
“Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su OTBN para financiar el cumplimiento de la ley”, indica el comunicado oficial.
Añade que siendo Salta “la provincia con la mayor biodiversidad y la mayor proporción de bosques de todo el país, la falta de financiamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley 26.331”
Con estos argumentos, el gobernador solicitó "iniciar las conversaciones para solicitar la regularización en la asignación de los fondos que por Ley corresponden a nuestra provincia”.
Uno de los reclamos siempre firmes entre las provincias (entre ellas Salta), que de una manera u otra lograron zanjar algunos cumplimientos de la Ley de Bosques, es que la Nación (sin importar la gestión de que se trate) siempre decidió discrecionalmente el otorgamiento de los fondos sin seguir lo establecido en la Ley.
Aldazábal afirmó que se hizo un cotejo de esos montos y los que deberían haberse otorgado, con aquellos que en su momento denunció la Fundación Vida Silvestre, y por ello se entiende que la deuda que acumula la Nación por estos fondos es de 28 mil millones de pesos.
“La ley no condiciona los fondos a tener el ordenamiento vigente”, aclaró el secretario ante la falta de actualización del OTBN. Y afirmó que desde la Nación “nunca se mandó el 100 por ciento de lo que correspondía. A lo sumo se dio el 18 por ciento”.
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Denuncian que en Salta se desmontaron más de 8 mil hectáreas en 2023

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La extensión de enfermedades, como el dengue, a todo el país es vista como una de las consecuencias.
En 2023 se deforestaron más de 8 mil hectáreas en Salta, sin que hasta el momento se conozca el proyecto provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que está vencido desde 2014.
Aunque el proyecto ya fue elevado por el equipo técnics a cargo, se desconoce si se elevó a no a la Legislatura Pprovincial, en donde debe ser aprobado por ley. En el medio, desde el año pasado y de forma ininterrumpida, se siguen realizando audiencias por pedidos de permisos de desmontes en distintos lugares de la provincia.
En este contexto, las denuncias por la continuidad de la actividad deforestadora vinieron de la mano de Greenpeace, que advirtió que en 24 años, en toda la Argentina se desmontó una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
Mientras, durante todo 2023 el desmonte “en el norte de Argentina alcanzó las 126.149 hectáreas (Chaco, 57.343 hectáreas; Santiago del Estero, 42.871 hectáreas, Formosa, 17.409 hectáreas y Salta, 8.526 hectáreas)”. La organización ambientalista explicó que la detección de esta actividad se hizo por comparación de las imágenes satelitales para el monitoreo de desmontes que tiene a su cargo.
“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que empeorarán si no actuamos rápido. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las enfermedades, se advierte que una de las que se extendió en el país (y que en el norte es endémica desde hace décadas) es el dengue.
Giardini analizó que “es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Es hora de penalizar la destrucción de los bosques”, agregó.
Los datos revelan que la pérdida de bosques en el norte del país en 2023 fue superior a la del año anterior (cuando se desmontaron 118.805 hectáreas). En la provincia del Chaco, la totalidad de los desmontes durante el año pasado fue ilegal, dado que rige una suspensión establecida por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, por la falta de actualización de su OTBN. Mientras que en Santiago del Estero el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en lugares donde no está permitido.
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclamó una vez más la penalización de los desmontes y los incendios forestales, “para que haya prisión efectiva a quien destruya nuestros bosques nativos”. Y anunció que seguirá alerta ante posibles nuevos intentos de modificar la Ley de Bosques.
“Es muy preocupante que desde el gobierno nacional hayan intentado flexibilizar la Ley de Bosques y que, en la misma línea, los gobiernos de Salta y Chaco están promoviendo que las actualizaciones de sus leyes provinciales sean más permisivas a los desmontes. No podemos seguir perdiendo bosques”, afirmó Giardini.
Una vez más la ONG cuestionó los métodos del OTBN propuesto por el equipo técnico, afirmando que permitirá que zonas que deberían ser conservadas sean desmontadas.
Greenpeace recordó que con la participación de más de 260.000 argentinos de todo el país, el año pasado realizó una consulta popular durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente: el 99 por ciento votó por el sí.
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En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
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Estudian los efectos de un área protegida en la recuperación de tres especies de interés pesquero

Fecha de Publicación: 05/01/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Salta


El trabajo realizado por especialistas del CONICET analiza el rol del Parque Nacional El Rey (Salta) en la protección de poblaciones de peces atractivas para la actividad turística.
Un grupo de especialistas del CONICET analizaron los efectos de la protección del Parque Nacional El Rey sobre las poblaciones del dorado (Salminus brasiliensis), el sábalo (Prochilodus lineatus) y la boga (Megaleporinus spp.), tres especies de interés pesquero.
El trabajo se desarrolló en el río Popayán (dentro y en los límites del Parque Nacional), parte cuenca del río Bermejito, y fue encabezado por Alejo Irigoyen, investigador madrynense del  Consejo en el Centro para el Estudios de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET). Junto a él trabajaron Gastón Trobbiani y Agustín De Wysiecki, del mismo Instituto; Gastón Aguilera, Guillermo Terán y Baltasar Bugeau, de la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, CONICET-FML);  Felipe Alonso, del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO, CONICET-UNSa), y Miguel Casalinuovo, fallecido el 16 de julio de 2022.
“El trabajo surgió por iniciativa de Felipe Alonso, que es un ictiólogo salteño, y un grupo de trabajo del CONICET en Tucumán. La idea era llevar nuestra especialidad, que es la estimación de abundancia y tamaño de peces en el mar con métodos no destructivos de observación, a los ríos de la selva yungueña de Salta, que tienen agua clara”, explicó Alejo Irigoyen.
El método utilizado por los científicos del CESIMAR consiste en un ‘censo visual’, que ya llevan practicando en el mar hace unos 20 años, mediante buceo: “Se hacen transectas donde uno cuenta y estima el tamaño de los peces en un área determinada, entonces, se sabe cuántos hay y de qué tamaño”, completó el especialista.
En julio de 2022 se realizaron censos visuales de dorados, bogas y sábalos en pozones de tres áreas distintas: un área protegida sin actividad de furtivismo registrada, un área protegida con actividad de furtivismo registrada y un área desprotegida con actividad de furtivismo registrada. En cada pozón se registró la abundancia de cada especie, profundidad máxima y el largo del mismo.
El análisis de datos indicó que la abundancia de las tres especies fue menor en áreas con furtivismo o desprotegidas, que en la zona protegida sin furtivismo, representando una disminución de un 74% en dorados, 58% en bogas  y 45% en sábalos, mientras que el tamaño de los dorados fue mucho mayor en el área protegida.
“Gracias a un trabajo mancomunado con los guardaparques nacionales, registramos una situación muy buena dentro de un sector del parque, donde encontramos hembras de dorado gran tamaño, que posiblemente sostengan toda la población, y, por otro lado, una situación hacia afuera de explotación de pesca recreativa y también furtiva, donde las poblaciones están muy deprimidas. Hay un contraste brutal desde los límites del parque nacional hacia arriba o hacia abajo, que es donde accede la gente a pescar”.
Según indican los autores, las especies y los hábitats de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del mundo. En este contexto, las áreas protegidas (AP) son una herramienta clásica para proteger tanto a los ecosistemas y especies como al patrimonio natural y cultural que contienen. Sin embargo, en áreas continentales, las AP se establecen mayormente sobre valores de conservación terrestres, mientras que la protección de ambientes acuáticos y de peces es casual.
Con estos datos sobre la mesa, los autores aseguran que el manejo de las especies de estudio y dentro y fuera del Parque Nacional El Rey representa un desafío, dadas las dimensiones reducidas del sector de río donde se encuentran bien conservadas las poblaciones de peces, sobre todo de adultos reproductores de dorados. Si se lograra evitar el furtivismo, este factor propiciaría la recuperación rápida de, al menos, los sectores del río estudiados.
La situación actual, además del pasivo ambiental y el riesgo de contar con poblaciones en baja densidad y pocos reproductores, se puede considerar como un pasivo social dada la actividad económica que podría generar la actividad de pesca recreativa.
“Algo que tiene el dorado, por ejemplo, es que es una especie que mueve muchísimo turismo extranjero, muchas empresas se dedican a traer gente a pescar dorado, es una economía emergente. Entonces hablamos no solo del cuidado del patrimonio natural y cultural que es esta especie, sino que también son economías muy rentables y que ayudan a la gente del lugar si se hacen adecuadamente”.
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Avanza la ley para aprobar el acuerdo por Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Jujuy


El Senado otorgó media sanción al proyecto que envió el Ejecutivo provincial y ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
En la última sesión del año el Senado otorgó media sanción a la ley que envió el Ejecutivo para aprobar el acuerdo interprovincial que rubricaron los Gobiernos de Salta y Jujuy para la gestión integral de la cuenca hídrica en la zona minera de Salinas Grandes.
El aval que dio el Senado y que también hará lo propio en el próximo período ordinario la Cámara de Diputados avala el Decreto 714 a través del cual el Gobierno de Salta aprobó el acuerdo interprovincial para la gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes y documentación al Estado Nacional, también a las provincias de Salta y Jujuy, sobre concesiones para la explotación de litio y borato en estas salinas.
De esta manera se respondió a un amparo ambiental que presentaron comunidades de pueblos originarios en resguardo de derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.
A través del convenio, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, acordaron la creación de una comisión interjurisdiccional para la gestión ambiental integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
La integrarán autoridades de ambas provincias en materia ambiental, en asuntos hídricos, minería y comunidades indígenas. Esta comisión encomendará la realización de estudios hidrogeológicos con la finalidad de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología y capacidad.
Además, arbitrará mecanismos para la relación de una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región y analizará la legislación existente que rige la exploración y explotación de la actividad minera y propondrá eventuales modificaciones a los fines de armonizar el marco normativo;
El Decreto 714 fue emitido por el Gobierno de Salta en cumplimiento de las facultades que confieren los artículos 140 y 144 de la Constitución de la Provincia y lo dispuesto en la Ley 8171 del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado y que fue modificada por su similar 8274.
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Aguas del Norte deberá atenuar el vertido de desechos al Arenales

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La Justicia le ordenó presentar un plan de contingencia urgente en las próximas 48 horas hábiles.
En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Aguas del Norte que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo de 2018 y cese inmediatamente el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales.
Para la semana que viene deberá presentar además, en un plazo de 48 horas hábiles, un Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica por el brote de salmonella que existe en la ciudad de Salta. Mientras, la empresa sostuvo que la obra final que impediría el vuelco del fluido, recién se finalizaría en 2025.
La audiencia se convocó por un pedido que elevó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, luego de una resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), que el lunes último confirmó que una finca de hortalizas ubicada en el camino a La Isla había realizado una toma ilegal sobre el lecho del río, a solo 20 metros del vertido del líquido cloacal.

Más letreros
Por pedido de la Unidad Fiscal, Colombo también ordenó al municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el 15 de enero.
Esta disposición se reitera pues ya desde 2018 se había ordenado su ejecución en la resolución de un amparo presentado por vecinas y vecinos de la ribera del Arenales. Este amparo se presentó en 2011, luego de que por una inundación y la crecida del río, vecinas y vecinos perdieran la totalidad de sus pertenencias. Ya en aquel momento se alertaba sobre los efectos nocivos en la población a causa de la contaminación.
También se resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Aguas del Norte pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del río Arenales debido a la contaminación existente, por cualquier medio de difusión masiva.

Vigilancia
El juez Colombo también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de la Provincia y la Municipalidad. Esto implica verificar el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por productores ribereños del río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.
El fallo dispone que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta deberá de manera urgente controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Una situación conocida
En la decisión del juez se recordó que el Ministerio Público Fiscal viene advirtiendo desde 2022 sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales. El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.
La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ya el primero de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Pidió nuevamente que se haga una audiencia pública y requirió la colocación por parte de Aguas del Norte de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud.
Como no se resolvió su pedido, el 20 de diciembre el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia urgente, que finalmente se hizo el viernes último.
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