Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Doce empresas concentran más de 1,1 millones de hectáreas del Chaco salteño

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Salta muestra que la mayoría de los grandes compradores de tierras son nacionales y advierte que el problema central es la concentración, el cambio de uso del suelo y la desprotección de comunidades indígenas y criollas.

En medio del debate nacional por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un investigador salteño propone correr el foco. Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, están en manos de apenas 12 empresas. Y la mayoría de quienes compran grandes extensiones no son extranjeros.
Los datos surgen del análisis de las grandes transacciones de tierras que realizó Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Venencia está adscripto a la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e integra el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). También forma parte del equipo técnico regional de Land Matrix para América Latina y el Caribe, una iniciativa que registra las grandes operaciones de tierras en el mundo.

Una tierra cada vez más concentrada
El Chaco salteño abarca unos 7 millones de hectáreas, y alrededor del 80% es hoy propiedad privada. El resto se reparte entre comunidades indígenas, lotes fiscales, áreas protegidas y parques nacionales.
Desde el año 2000, Land Matrix registró en la región 122 grandes transacciones, de 200 hectáreas o más, ya sean compraventas, arrendamientos o concesiones a privados. En conjunto involucraron más de 1,7 millones de hectáreas: el 47% se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde sobre todo a la actividad petrolera.
La distribución es profundamente desigual. El 10% de los adquirentes concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% con menos tierra apenas reúne el 0,3%. Un solo comprador acumula unas 300.000 hectáreas, parte de ellas concesionadas por la propia provincia para la explotación agrícola en Salta Forestal.

Más allá de los extranjeros
El 64% de los grandes adquirentes son nacionales, una proporción cercana a la del conjunto del país, donde llega al 67%. Le sigue China, con el 12% de las adquisiciones, sobre todo para explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, la presencia extranjera se desdibuja porque muchas empresas cotizan en bolsa y operan a través de fondos de inversión integrados por personas de distintas nacionalidades.
"La extranjerización de tierra es un tema importante", reconoció Venencia. Aun así, planteó que el debate también debe incluir el acaparamiento, un concepto que abarca la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que esos cambios generan en los territorios.

Comunidades sin títulos y sin protección
La dimensión que más preocupa al investigador es la de las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan y trabajan esas tierras desde hace generaciones, en muchos casos sin títulos de propiedad. Los registros de Land Matrix identifican niveles potencialmente altos de conflictividad donde las grandes transacciones se superponen con esos territorios. Para Venencia, la consecuencia principal es "la falta de una tenencia de la tierra segura".
Ese escenario se agravó con la caída de varias protecciones legales. El 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de comunidades campesinas prevista en la ley provincial 7.658, y la Legislatura no la renovó. A nivel nacional, el Gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que había permitido relevar los territorios comunitarios, aunque solo alrededor de la mitad de las comunidades de Salta llegó a ser relevada. A eso se sumó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que según el investigador abre la puerta a los desalojos sin importar la nacionalidad del inversor.

El monte y el desarrollo que no llegó
Una de las consecuencias más visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Sobre la ruta nacional 86, donde el derecho indígena fue reconocido, los desmontes continúan, en algunos casos con autorizaciones cuestionadas. Y hay situaciones en las que el acceso al agua se convierte en moneda de cambio para que las comunidades no se opongan a la tala.
Venencia vinculó ese proceso con la expansión agrícola y ganadera iniciada a comienzos de los 2000, impulsada por la soja transgénica, que prometía desarrollo para la región. "Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza", advirtió, y mencionó también los casos de desnutrición infantil en comunidades indígenas.
Para el investigador, la pregunta no es solo quién se queda con la tierra, sino para qué se usa y si quienes viven allí podrán quedarse.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, Diario Página|12, Portal Gente de Salta

Arrasaron más de 3.300 hectáreas de bosques en Salta y avanzan sobre territorios de comunidades wichí

Topadoras con cadenas destruyen desde agosto bosque nativo en tres fincas cercanas a Tartagal, al punto de llegar a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Greenpeace y organizaciones wichí denuncian que un cambio reciente en el ordenamiento territorial de Salta habilitó el avance sobre tierras reconocidas como de ocupación ancestral indígena.

Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas desde principios de agosto en el área rural de Tartagal, al norte de Salta, en un desmonte que afecta directamente a tres comunidades wichí y que, según Greenpeace, pone en riesgo el sustento de otras siete más. La organización documentó con fotos y video a dos topadoras que, mediante inmensas cadenas, destruyen el bosque y el territorio de comunidades sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de la ciudad.

Tres fincas, tres empresas
Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: "Tonono", de Martín Morales; "Alcoba", de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y "Caraguatá", de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Las máquinas, a metros de las casas
En la zona de Finca Tonono, las máquinas con cadenas llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. "Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas", señaló Cruz. Los habitantes lograron evitar que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque el lugar sigue amenazado: "esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar", sostuvo Cruz. Según la referente de Greenpeace, Desdelsur lleva desmontadas más de 27.000 hectáreas en los últimos años en la zona.

Un cambio normativo que abrió la puerta
Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como "zona amarilla" dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una clasificación que impedía avanzar con el desmonte. Pero a fines de 2024 hubo una reforma a ese ordenamiento por la cual esos sectores pasaron a la categoría "amarillo oscuro", que sí permite cambios en el uso del suelo. Según un informe previo de Greenpeace, la aprobación del nuevo ordenamiento habilitó en total la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia, una cifra que la organización ya denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que viola la Ley Nacional de Bosques. Cruz advirtió además sobre el alcance futuro de la norma: "con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año". Según el relevamiento satelital de la organización, en los primeros seis meses de 2026 ya se habían desmontado 11.960 hectáreas en la provincia, el doble que en el mismo período del año anterior.

Territorios reconocidos, pero no respetados
Cruz calificó de ilegítimo el avance sobre estos territorios por tratarse de comunidades que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): "esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen". Entre las comunidades que la organización identifica como afectadas por el nuevo ordenamiento en la zona están Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.

Denuncias sin respuesta
Las comunidades presentaron denuncias ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Según relató Cruz, el propio fiscal de Tartagal informó que debía intervenir la Policía, pero el operativo no se concretó por falta de combustible para los vehículos. "Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes", afirmó. La organización lanzó además una convocatoria para sumarse a la "República de los Siete Bosques", una plataforma que busca construir una comunidad protectora de los bosques frente a distintas amenazas, con inscripción abierta en sietebosques.org.

Un patrón que se repite en el norte del país
La organización recordó que Argentina todavía está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, y cuestionó en ese marco los intentos de flexibilizar aún más la Ley de Bosques a nivel nacional. "Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos", sostuvo Cruz. Un informe anterior de la organización, de principios de 2025, ya había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte argentino durante 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco: el 75% de esa superficie correspondió a Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, con 149.649 hectáreas deforestadas, equivalentes a unos 210.000 campos de fútbol.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: El Diario AR, Nuevo Diario de Salta

Exigen que YPF intervenga para frenar la fuga tóxica en Lomas de Olmedo

La situación del pozo petrolero LO X-10, abandonado por su operadora privada en el norte salteño, se agrava con una fuga constante de gases tóxicos que ya requeriría una inversión de al menos 12 millones de dólares, mientras la Fiscalía de Estado intensifica gestiones para que YPF intervenga en la remediación.

La situación del pozo petrolero LO X-10, ubicado en la zona de Lomas de Olmedo, en jurisdicción de Pichanal, en el norte de la provincia de Salta, continúa agravándose ante la fuga constante de gases tóxicos y fluidos, y un pasivo ambiental que ningún sector institucional logró resolver hasta ahora. El pozo emana de forma continua gases compuestos en un 95% por dióxido de carbono y un 5% por metano, un daño estructural que se originó tras una explosión y el posterior colapso del pozo, y que dejó sin efecto los intentos de control directo sobre la boca original del yacimiento.

Una empresa en quiebra y un vacío operativo
El pozo fue operado desde 2023 por la empresa privada President Petroleum S.A., que finalmente se declaró en quiebra y abandonó el lugar sin completar las tareas de remediación exigidas. En diciembre de 2025, el Gobierno de Salta dictó el Decreto 826/25, que declaró la caducidad de la concesión y recuperó para la provincia el manejo del área, traspasando las competencias operativas a REMSa, una empresa energética local con participación estatal, mientras se define un nuevo llamado a licitación. Pese a esa intervención formal, la contaminación continuó expandiéndose: Greenpeace documentó en la zona un bosque nativo severamente afectado, con unas 20 hectáreas secas y sin vida en el perímetro del pozo, además de riesgos de explosión e incendio por la acumulación de hidrocarburos.

El costo de la solución técnica
Según advirtió el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, los informes más recientes confirman que la solución definitiva ya no admite intervenciones superficiales y demandará una inversión estimada en al menos 12 millones de dólares. Los especialistas consultados determinaron que la única vía técnica viable es una perforación lateral, conocida como side track, una maniobra compleja que requiere maquinaria de última generación, personal altamente especializado en control de reventones y una logística de magnitud internacional de la que la provincia no dispone por sus propios medios. La contaminación afecta también a pobladores y puesteros rurales de parajes cercanos, como La Estrella, que debieron abandonar sus tierras ante la dificultad para respirar en la zona.

Una discusión sobre responsabilidades
Frente a la imposibilidad financiera de la provincia para afrontar una erogación de esa magnitud, algo que el propio Ejecutivo salteño reconoció en su momento, la Fiscalía de Estado intensificó las gestiones para lograr que YPF intervenga de manera directa en los trabajos de remediación. El planteo se sustenta en que el pozo forma parte del tendido histórico originalmente perforado por la petrolera de bandera durante su operación en la cuenca hidrocarburífera norte del país, lo que abre una discusión legal sobre responsabilidades compartidas. Según el principio de responsabilidad solidaria previsto en la Ley General del Ambiente, cuando se produce un daño de estas características, todas las empresas que participaron en la cadena de explotación del yacimiento -serían al menos seis, según especialistas que siguen el caso- pasan a ser corresponsables, junto con los gobiernos provincial y nacional. Mientras continúan las discusiones sobre jurisdicciones y expedientes entre los distintos organismos involucrados, la situación ambiental en Lomas de Olmedo permanece sin una solución definitiva, en un caso que organizaciones ambientales ya describieron como uno de los pasivos petroleros más graves y prolongados del norte argentino.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: El Tintero de Salta, iProfesional, Cadena 3

La comunidad alerta sobre el riesgo de erosión, pérdida de biodiversidad y alteración de los ríos de montaña que alimentan el sur salteño


Estudios sobre ecología de montaña y dinámica de cuencas analizan el rechazo social a los proyectos de exploración minera en las cabeceras de selva.

Un relevamiento sobre el avance de la frontera extractiva en el noroeste argentino analiza la histórica resistencia comunitaria en el departamento de Metán frente a la pretensión de ejecutar proyectos de minería metalífera a cielo abierto en medio de las Yungas. La movilización de asambleas socioambientales, productores agrícolas y vecinos autoconvocados reeditó los planteos que detuvieron iniciativas similares dos décadas atrás. El reclamo central radica en la vulnerabilidad de la selva de montaña, un bioma que cumple un rol fundamental en la captación de nubes, el control de la escorrentía superficial y la provisión de agua dulce para el consumo de miles de personas y el riego de la cuenca productiva circundante.

Desmonte de laderas, pérdida de la capa orgánica y riesgo hidrogeológico
La instalación de infraestructura extractiva en ecosistemas de montaña altera de forma irreversible la dinámica biogeoquímica del suelo selvático. La remoción del tapiz vegetal y del horizonte orgánico en pendientes pronunciadas elimina la capacidad de retención de humedad, disparando procesos masivos de erosión hídrica y deslaves durante la temporada de lluvias intensas. La pérdida de esta vegetación riparia y de altitud destruye los nichos ecológicos de especies endémicas y reduce el caudal base de las vertientes que alimentan los ríos locales. A esto se suma el riesgo potencial de contaminación por efluentes industriales en zonas con alta conectividad hidrológica superficial y subterránea, amenazando la potabilidad del recurso a escala regional.
Impactos ecológicos directos proyectados en el ecosistema de las Yungas:
- Alteración del balance hídrico regional: Pérdida de la función de "bosque esponja" encargada de interceptar y regular las lluvias de montaña.
- Erosión acelerada y deslaves: Desestabilización de las laderas por voladuras y apertura de huellas de exploración.
- Fragmentación de corredores biológicos: Pérdida de continuidad en el hábitat de grandes mamíferos y carnívoros como el yaguareté y el puma.

Monitoreo ambiental y fragilidad del bioma de montaña
Investigaciones elaboradas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre la biodiversidad de las Yungas subrayan la altísima sensibilidad de estos bosques nublados frente a cambios en el uso del suelo. Los relevamientos de los equipos científicos señalan que las nacientes de cuenca en los cordones orientales de los Andes deben ser preservadas como reservorios estratégicos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, desaconsejando la ejecución de actividades industriales de alto impacto en zonas de recarga hídrica.

Defensa del territorio y sustentabilidad regional
La contundencia de la respuesta social en Metán reafirma la prioridad comunitaria de proteger la integridad del ecosistema de las Yungas por sobre los modelos de extracción intensiva. Consolidar la protección de las cuencas de montaña y potenciar actividades productivas sostenibles, como la agroecología y el turismo de naturaleza, se presenta como la única alternativa para garantizar la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico del sur salteño a largo plazo.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Salta 
Fuentes originales consultadas: Cuarto Poder, Página/12, El Tribuno de Salta
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Reportes nacionales confirman la grave contaminación por la emanación ininterrumpida de fluidos y gases en Salta


Informes de la red de emisoras patagónicas amplifican la denuncia sobre el pasivo hidrocarburífero en el departamento General San Martín, exigiendo la intervención del Estado Nacional.

La grave crisis socioambiental desatada en la provincia de Salta por la emanación incontrolada de fluidos tóxicos y gases combustibles desde un pozo petrolero abandonado ha tomado dimensión nacional tras ser ratificada y difundida por la red federal de medios Radio 3 Cadena Patagonia. La cobertura confirma las denuncias presentadas por pobladores rurales y comunidades originarias del departamento General San Martín, quienes constatan la presencia ininterrumpida de líquidos salobres impregnados de hidrocarburos pesados que discurren a cielo abierto sobre terrenos agrícolas y cauces de agua Somera. La difusión del caso por cadenas informativas de otras regiones productoras de hidrocarburos —como la cuenca golfo San Jorge y Neuquén— refleja una preocupación generalizada por la proliferación de pozos "huérfanos" que quedan sin sellado definitivo tras la finalización de los contratos de concesión o la retirada de las empresas operadoras.

Infiltración profunda, corrosión y riesgo sanitario latente
El diagnóstico técnico del incidente en el norte salteño evidencia el colapso estructural del encamisado metálico de la perforación debido a décadas de corrosión galvánica y falta de mantenimiento preventivo. Al fallar el sistema de aislamiento, la alta presión de los yacimientos profundos empuja hacia la superficie una mezcla peligrosa de agua de formación cargada de metales pesados (como plomo, cadmio y arsénico), fenoles y gas metano mezclado con sulfuro de hidrógeno. Este efluente no solo inutiliza la capa arable del suelo para cualquier uso agropecuario, sino que representa un riesgo inminente de contaminación irreversible sobre los acuíferos subterráneos de donde se abastecen las poblaciones locales, además del peligro constante de explosión o incendios en la vegetación nativa por la acumulación de gases volátiles.
Para desglosar los vectores de riesgo ecológico y los vacíos de control institucional identificados en esta emergencia hidrocarburífera, se destacan los siguientes puntos:
- Infiltración de metales pesados en acuíferos de consumo: Riesgo de bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica y en las fuentes de agua potable rural.
- Falta de fondos de garantía para pasivos ambientales: Inexistencia o insuficiencia de avales financieros exigidos a las petroleras para cubrir los costos de remediación tras el cese de operaciones.
- Exposición continuada a gases tóxicos: Afecciones respiratorias y dermatológicas reportadas por pobladores expuestos a las emanaciones de sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Exigencia de un plan federal de sellado de pozos inactivos
La reiteración de estas denuncias a través de medios nacionales ha motivado que legisladores y organizaciones del tercer sector soliciten a la Secretaría de Energía de la Nación y a las autoridades ambientales provinciales la elaboración urgente de un Inventario Nacional de Pozos Abandonados e Inactivos. La iniciativa busca identificar las perforaciones en estado crítico dentro del territorio argentino para ejecutar de forma prioritaria las obras de ingeniería de taponamiento hermético (plugging and abandonment), financiadas mediante la ejecución de seguros ambientales o fondos de reparación creados a partir de cánones de la propia industria hidrocarburífera.

Remediar el pasado para proteger el futuro del agua
El caso del pozo emisor en Salta ratifica la urgencia de establecer políticas de estado inflexibles en materia de pasivos ambientales en la Argentina. La explotación de los recursos recursos energéticos del subsuelo no puede realizarse a expensas de la salud humana, la pureza de las fuentes hídricas y la integridad de los territorios rurales.


Fecha de Publicación: 11/09/2026
Provincia/Región: Salta 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, TN (Todo Noticias), Secretaría de Energía de la Nación, Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta
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Alerta socioambiental en el Gran Chaco por el avance incesante de la deforestación y la pérdida de biodiversidad

Informes regionales de fiscalización ambiental y reportes periodísticos exponen la fragilidad del bioma chaqueño ante la persistencia de cambios no autorizados en el uso del suelo y el impacto en las comunidades.


La ecorregión del Gran Chaco Salteño y su entramado socioambiental contiguo enfrentan una situación crítica marcada por el desmonte sistemático, la fragmentación del hábitat nativo y la pérdida irrecuperable de bienes comunes naturales. Según coberturas especializadas difundidas por el diario Nuevo Diario de Salta y agencias de noticias del Norte Grande argentino, el avance continuo de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos de alto valor de conservación continúa operando bajo modalidades ilegales o amparadas en recategorizaciones territoriales cuestionadas por la justicia federal. La tala indiscriminada no solo vulnera la estructura biológica de especies arbóreas autóctonas como el quebracho y el algarrobo, sino que desencadena un severo impacto social sobre las comunidades campesinas y los pueblos originarios que dependen de la recolección, la apicultura y la caza para su subsistencia diaria.

Impactos hidrológicos, suelo y erosión de la biodiversidad
El Gran Chaco representa el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur y el mayor bosque seco continuo del continente. La eliminación acelerada de la cobertura vegetal nativa altera de manera directa el balance hídrico de la cuenca del Río Juramento-Salado y el Río Bermejo. Sin la intercepción foliar ni el entramado radicular de los árboles autóctonos, los suelos sufren un proceso severo de compactación y salinización, incrementando drásticamente el riesgo de inundaciones devastadoras durante la estación de lluvias y acelerando la desertificación en los periodos de sequía estival. Asimismo, la destrucción de estos corredores biológicos acorrala a grandes mamíferos en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero gigante, empujándolos al aislamiento genético y a la desaparición local.
Para desglosar los ejes prioritarios sobre la problemática del desmonte en la región chaqueña, se destacan los siguientes eches estructurales:
- Inobservancia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): Desmonte de parcelas clasificadas en Categoría I (Rojo) y II (Amarillo) donde la ley prohíbe de forma estricta el cambio de uso de suelo.
- Vulneración de derechos comunitarios e indígenas: Falta de titulación comunitaria y avance de la maquinaria agrícola sobre territorios ancestrales habitados por comunidades Wichí, Qom y familias criollas.
- Pérdida del servicio de captura de carbono: La quema y posterior despeje de biomasa libera miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, anulando la capacidad de mitigación climática de la región.

Exigencia de controles, multas efectivas y restitución de bosques
Asambleas socioambientales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos exigen de manera urgente a las autoridades provinciales y nacionales un endurecimiento real de los controles de fiscalización en territorio. Una de las demandas centrales apunta a la tipificación del delito penal ambiental por deforestación ilegal, dado que las multas administrativas vigentes suelen ser absorbidas por las empresas agrícolas como un costo operativo más dentro de la inversión del proyecto. Asimismo, se demanda la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de desmonte vigentes hasta tanto se consolide un proceso de participación ciudadana vinculante y se implemente un plan de restauración ecológica obligatoria para los predios ilegalmente talados.

Defender el Chaco para la resiliencia climática del norte argentino
Preservar el Gran Chaco no constituye únicamente un imperativo biológico, sino un requisito estratégico para la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la estabilidad climática de todo el Norte Grande. Detener la topadora y promover modelos productivos sostenibles —como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y el desarrollo de economías forestales no maderables— resulta indispensable para garantizar la permanencia digna de las comunidades rurales en su territorio. Garantizar la intangibilidad del bosque nativo es el único camino para asegurar un futuro de equidad socioambiental en la región.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes originales consultadas: Nuevo Diario de Salta, Agencia Télam, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
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Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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