Minería de litio, al RIGI

Fecha de Publicación: 07/06/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El Gobierno nacional aprobó un proyecto minero para la explotación de litio en la provincia de Salta con una inversión de 2.744 millones de dólares bajo la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto es titularidad de la empresa Rincón Mining, está localizado en el Salar de Rincón, departamento Los Andes, en la provincia de Salta, y abarca una extensión de 84.687 hectáreas.
La minería de litio ya venía creciendo, sin la iniciativa del RIGI, y Salta es una de las provincias que mayor cantidad de inversiones tiene debido a su alta concentración del mineral, y por detrás se ubican Catamarca y San Juan. El "Proyecto Rincón" tiene como objetivo principal la producción de 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, utilizando tecnología de extracción directa. A diferencia del método tradicional, que requiere grandes piscinas de evaporación y muchos meses de espera, esta tecnología utiliza procesos químicos y físicos o combinados para separar selectivamente el litio directamente de la salmuera y devolver el resto de los minerales y el agua al salar.
El proyecto se suma a la lista de las iniciativas ya aceptadas: YPF – Parque solar “El Quemado” en Mendoza con una inversión 211 millones de dólares; Oleoducto Vaca Muerta Sur – YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, en Neuquén y Río Negro; y Southern Energy (barco de licuefacción) - PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar en el Golfo de San Matías, por un total de 2.900 millones de dólares.
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Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato. 
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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Campesinos denuncian mortandad de animales por derrame de hidrocarburos

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pequeños productores sostienen que un pozo petrolero que operaba la empresa President Petroleum emana gases tóxicos, contamina las napas y está matando a animales domésticos y fauna y flora silvestre. Las denuncias datan de 2023 pero el alerta se disparó ahora porque el pozo se agrandó y despide mayor cantidad de hidrocarburos acompañados de un intenso ruido como de trueno.
Productores ganaderos de la finca El Estanque, en Lomas de Olmedo, a casi 70 kilómetros de la localidad de Pichanal en el norte de la provincia de Salta denuncian el daño ambiental y económico que viene provocando el derrame de petróleo y gases tóxicos que emanan de un pozo abandonado por la empresa President Petróleum SA.
La denuncia fue difundida por Greenpeace, que puso de resalto el daño ambiental que está provocando este derrame.
Si bien las emanaciones datan de 2018 y en 2023 se abrió una boca que expulsa hidrocarburos, la situación se agravó el pasado 19 de mayo porque "reventó" el pozo conocido como "Olmedo 10", de donde están emergiendo más líquido y gases con una fuerza que provoca un ruido como de trueno, lo que causa temor en los habitantes cercanos, quienes reclaman la intervención urgente de las áreas de Minería y Energía de la provincia.
Los pequeños productores cuya finca está siendo afectada por este derrame vienen denunciando formalmente este daño desde agosto del 2023, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas de remediación.
El productor Aureliano Reyes, que hace 40 años reside en esa zona, hizo constar en su denuncia que por 2018 se intensificó el olor a gas en la zona. En agosto de 2023 se abrieron cráteres que emanaban un líquido blanco acompañado de un fuerte ruido similar a una garrafa abierta. En esa época comenzaron a morir animales.
Reyes difundió un video en el que muestra como se enciende el líquido semejante a gas oil que vomitó una vaca que murió luego de agonizar 15 minutos. Ese animal había bebido poco antes, por eso los productores aseguran que el pozo está contaminando las napas.
Según aseguraron los campesinos, ya murieron unos 350 animales vacunos, además de otros animales domésticos como caballos, y fauna silvestre como zorros y aves de toda clase.
President Petroleum es subsidiaria de la empresa británica President Energy, que está instalada en Salta en en lugar conocido como "Dos Puntitas”, en el paraje La Estrella.
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Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
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Por la crecida del río Bermejo, ya hay familias aisladas y viviendas inundadas en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta - Chaco


Se agravó la situación en el norte del país debido al aumento de los niveles de agua. En tanto continúan los trabajos de asistencia por la crecida del rio Pilcomayo
La crecida del río Bermejo comenzó a afectar a los habitantes de las localidades del norte de Salta y de Chaco —al límite de Formosa—, donde se registraron las primeras viviendas afectadas por la inundación. Familias enteras se encuentran completamente aisladas, debido a los caminos intransitables; y hay viviendas inundadas y sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alimentos.
Por estas horas, el panorama es especialmente crítico en localidades como Las Vertientes, Larguero y El Chañaral, donde el nivel del agua rodeó por completo los asentamientos. Las complicaciones también alcanzaron a la zona del Chaco salteño. Según detalló el portal El Caudillo, hay parajes que quedaron “encapsulados”, sin posibilidad de recibir ayuda terrestre, con cortes de luz y un colapso del suministro de agua; y que ha puesto a la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial de Chaco (SAMEEP) a efectuar tareas para que la crecida no afecte la potabilización de la Planta de El Pintado. “Son muchas acciones realizadas en poco tiempo mientras seguimos avanzando en otras para dejar en condiciones toda la infraestructura de la empresa y llegar con una mejor prestación a los usuarios”, detalló sobre los trabajos, el coordinador de la empresa.
Si bien la Comisión Regional del Bermejo (COREBE) señaló que hay zonas en donde los niveles del agua comenzaron a descender —los ríos en la cuenca alta, como el Grande de Tarija e Iruya-Pescado—, aún continúa la situación crítica en la cuenca del Río San Francisco. En esta área geográfica los valores han aumentado, de acuerdo a lo informado por El Tribuno. Desde el portal también precisaron que mientras Rivadavia Banda Norte permanece rodeada de agua sin registrar evacuados, en los últimos tramos de la Ruta Provincial 13 las comunidades de Banda Sur están completamente anegadas.
El intendente interventor de Morillo (Salta), Marcelo Córdova, explicó en diálogo con el mencionado medio, que los caminos están seriamente comprometidos, lo cual puede agravar cualquier emergencia. Además, informó que se espera la llegada de ayuda en los próximos días para comenzar la distribución de módulos de asistencia. “Estamos esperando que llegue el helicóptero esta semana que viene, y comenzamos a distribuir los bolsones focalizados”, dijo. Sin embargo, aclaró que se trata de ayuda limitada por cuestiones logísticas.
La situación alcanzó también a comunidades wichi como La Esperanza, San Felipe, El Cocal, El Breal y Campo Pañuelo, que se encuentran completamente rodeadas por las aguas del Bermejo.

Como continúa la situación del Pilcomayo
Hace un poco más de una semana, el caudal de agua del río se elevó a uno de sus niveles históricos más altos, poniendo en aprietos a los pobladores que debieron abandonar sus viviendas e incluso algunas comunidades, quedaron incomunicadas. El pico se registró el 18 de marzo pasado, con 7,14 metros.
Uno de los puntos más críticos era el paraje La Gracia, donde caminos y viviendas se encontraban anegados. En tanto, localidades como Santa Victoria Este, Misión La Paz y Monte Carmelo también padecían las consecuencias del desborde. La mayoría de las personas evacuadas pertenecía a comunidades sin acceso a alimentos ni agua potable, donde el corte de la ruta 54 —principal conexión terrestre con varias localidades— obligó a desplegar operativos con lanchas y gomones para distribuir ayuda. Así lo detalló el comisario Diego Bustos, jefe de la Policía en la región. “En dos gomones seguimos trasladando a personas que quedaron anegadas en algunos parajes”, sostuvo días atrás en declaraciones a la prensa.
Mario Mimessi, titular del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y la persona encargada de coordinar la ayuda humanitaria en la zona, señaló a la prensa que las tareas se realizaban minuto a minuto, no solo contra el río, sino también contra el clima.
En las zonas más comprometidas, los anillos de defensa que debían contener el avance del río habían sido desbordados, obligando a muchas familias a buscar refugio en zonas más elevadas. En algunos casos, los campos quedaron totalmente inundados, provocando la pérdida de bienes materiales y dejando a los pobladores sin posibilidad de abastecimiento.
A su vez, las autoridades sanitarias han advertido a los pobladores por enfermedades como el dengue o la leptospirosis, debido a la acumulación de aguas estancadas. Para prevenir contagios, el gobierno desplegó equipos de salud en las zonas afectadas, brindando atención médica y distribuyendo insumos sanitarios.
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Desesperación en poblaciones ribereñas ante el desborde del Pilcomayo

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La inundación también afectó a las poblaciones que se encuentran insertas en territorios donde hubo  grandes desmontes ubicados en la zona de Ballivián, en el departamento San Martín.
“Necesitamos urgente chalanas o gomones”. Este pedido de Amancio Martínez se elevó como exigencia a las autoridades de la provincia luego de que las comunidades de Misión La Paz (paraje que limita en la frontera con Paraguay, con la localidad de Pozo Hondo) quedaran aisladas por la llegada de las aguas del río Pilcomayo.
El miércoles último las autoridades habían anunciado la bajante de las aguas en la cuenca alta. El problema fue que, como se había indicado antes, los niveles del río en territorio argentino continuaban altos.
Ayer, la provincia informó que “los anillos del lado salteño están funcionando y se está trabajando para proteger a la comunidad. Actualmente en Misión La Paz se registran 6.30 metros y el comportamiento del río es variable”.
Se insistió en que si bien el cauce del río desciende, se registraron lluvias y un corte en la ruta provincial 54 entre La Estrella y Misión La Paz.
Por su parte, Martínez, quien es referente de la comunidad wichí Kilómetro 2 de Misión La Paz, contó anoche a Salta/12 que esta población junto a la de Kilómetro 1 y La Bolsa están aisladas desde la noche del miércoles por las crecidas del río.
En un video que se viralizó, Martínez mostró cómo las aguas del Pilcomayo habían anegado la ruta 54 y cruzar implicaba sortear la corriente con el agua llegando hasta la cintura. “Esta mañana quería cruzar pero no puedo porque es resbaloso y riesgoso y decidí volverme”, afirmó.
En esta circunstancia, “rogamos que no haya una emergencia en salud” porque no hay forma de salir a menos que sea por medio de gomones o chalanas que no tienen, dijo. Por eso pidió al Ministerio de Desarrollo Social que les provea de estos medios de transporte en la emergencia.
Martínez indicó que si bien la Policía Lacustre llegó con gomones, “no están cruzando a la gente” que quiere llegar a la comunidad. El transporte de pasajeros en colectivo que hace este recorrida deja a los viajeros en el punto donde el agua cortó la ruta, y para llegar a estas comunidades aisladas deben cruzar 200 metros en medio del agua. Pero los policías de la Lacustre “no cruzan a la gente porque dicen que no tienen combustible”, contó.
La preocupación no es solo por la posibilidad de una eventual urgencia de salud sino también por la provisión de comida. “Espero que los negocios aguanten y que podamos comprar”, manifestó. Y es que ante la crecida teme que haya un desabastecimiento, por lo que solicitó bolsones alimentarios para la asistencia.
Por su parte, Antonia Pérez desde la comunidad Santa María, contó que tras un corte de ruta en reclamo de asistencia lograron que la provincia les entregara bolsones. Contenían “un kilo de harina y un kilo de arroz y azúcar, leche en polvo y aceite nada más”, detalló.
Anoche Pérez seguía asustada porque persistían las lluvias y temían quedar aislados por completo dentro del anillo que los protege de las crecidas. Afirmó que hay familias que a raíz de la situación decidieron autoevacuarse.

Un desmonte que aísla
Las intensas lluvias registradas en el departamento San Martín afectaron a familias que viven en la zona del municipio de Ballivián, colonizada por los desmontes en la zona rural, y de Tartagal, ciudad cabecera del departamento.
Benjamín Roca, cacique en la comunidad wichí de La Corzuela, en Dragones (también del departamento San Martín), se comunicó con este diario para dar a conocer la situación que se vivía en Laguna Cuchuy, una de las poblaciones de Ballivián en donde estaba de visita y vió como las comunidades quedaron entrampadas en medio de la deforestación.
Desde hace tiempo se denuncia que en esta zona las cañadas rebalsan dejando aisladas a las familias cercanas y si no lo hacen, son los caminos los que quedan intransitables.
Roca sostuvo que en este caso no había llegado la asistencia alimentaria. En el mismo lugar, las comunidades indígenas coexisten con fincas que producen porotos. Las comunidades afirman que existe una suerte de acuerdo con los finqueros para que les den mercadería pero que se había incumplido.
Ante ello, decidieron frenar en el camino a uno de los contratistas de la finca para hacer el reclamo. Roca sostuvo que, de no tener respuesta de los bolsones, iban a evitar que cosechen la siembra.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, informó sobre la coordinación de un operativo aéreo para asistir a las familias aisladas por la crecida de cañadas en el municipio de Ballivián y del río, en Tartagal.
La directora General de Emergencia, Gabriela Locuratolo, detalló que en Ballivián se asistió a familias de los parajes; Corralito, Guamache, Providencia, El Cruce, Retiro, El Traslado, Zopota, Pescadito, San Francisco, Guachipas y El Escrito. Mientras que en Tartagal, se llevó ayuda a pobladores de los parajes El Paraíso, Paraje Arenales, Pozo Nuevo y Monteveo.
En total se entregaron más de 500 módulos alimentarios y los vuelos fueron coordinados con Aviación Civil. Se afirmó que la ayuda también habría llegado a Cuchuy.
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Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
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Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
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Movilización indígena contra los desmontes y desalojos

Fecha de Publicación: 27/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades originarias del norte provincial llegarán en una marcha este lunes hasta la Casa de Gobierno de Salta con reclamos que apuntan a las gestiones para protegerlos de los desalojos y los desmontes.
El peligro de los desalojos se acentuó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160. Con esta política, se abre la puerta a que las comunidades indígenas que disputan sus territorios con titulares particulares de las tierras puedan ser expulsadas a través de resoluciones judiciales.
“Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados y perseguidos por este gobierno nacional”, dijo a Salta/12 Tichil Mendoza, secretario y vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), al hacer referencia a la decisión tomada desde la gestión mileista.
Otra política que les preocupa es la que se aplicará a partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el 3 de enero pasado. La aprobación fue pese a las críticas de distintos sectores ambientalistas y referentes de comunidades originarias que insistieron en la falta de participación en el proceso de decisión del nuevo mapa en el que se define dónde se desmontará y dónde no.
Mendoza sostuvo que el gobierno provincial se apresta a autorizar el desmonte de más de 720 mil hectáreas, que posibilita el nuevo OTBN.
Las comunidades de la movilización esperan reunirse en el norte provincial con poblaciones originarias de Aguaray, Tartagal, la ruta 86 y la ruta 81, para llegar a la ciudad de Salta el lunes.

Problemas de siempre
El referente añadió que tienen muchos problemas en lo que respecta a los centros de Salud, profesionales médicos, medicamentos, falta de agua y situación laboral. “No hay respuesta alguna a esos temas o los de vivienda”, afirmó.
“Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
De hecho, se desconocía la muerte de dos infantes de Rivadavia Banda Norte, que fallecieron con dos semanas de diferencia en comunidades originarias ubicadas en ese municipio de Coronel Juan Solá o Morillo. En ambos casos, habían tenido atención médica anterior, pero se presume que falló el seguimiento sanitario.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
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Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
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Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

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Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
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Salta quiere aprobar el ordenamiento de bosques antes de fin de año

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Tras el anuncio del gobernador el proyecto fue ingresado a la Legislatura este jueves, con presentaciones incluidas. Comenzaría a ser tratado el martes en Diputados.
Con visible resistencia de sectores ambientalistas, el gobierno provincial dio luz verde para que desde la Legislatura de Salta apruebe antes de fin de año el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
“El lunes a la mañana se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y se estaría tratando el martes”, dijo a Salta/12 el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Baja, Néstor Parra, tras la reunión que mantuvo con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos.
El anuncio del envío del proyecto se hizo el miércoles último durante el acto de asunción de nuevas incorporaciones en el Gabinete provincial. “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, disparó el gobernador Gustavo Sáenz al hacer referencia a la normativa que enmarca el OTBN.
Al día siguiente el proyecto fue presentado en el Senado de la provincia, aunque su tratamiento comenzará por Diputados. Una de las dudas es qué sucederá con aquellos permisos de desmonte solicitados en el OTBN ya vencido (desde 2014) pero que aún está vigente. Según comunicó el Senado, la respuesta del ministro a esa consulta fue que “se respetará el derecho adquirido, dado que el proyecto no tiene efecto retroactivo”. Al menos 30 mil hectáreas están a la espera del permiso de desmonte.
Parra contó que tras la reunión de ayer con los presidentes de las distintas comisiones de Diputados, para el lunes se prevé presentar el nuevo proyecto de OTBN en Diputados, para que el martes sea tratado en la sesión habitual.
“Algunos preguntaron por qué tan de repente. El ministro explicaba que una vez aprobado pasan unos 120 días para trabajar con Nación y evaluar los proyectos. La idea es que el año que viene vayan cobrando (los fondos de bosques establecidos por la ley nacional) los proyectos. Si no, sería difícil que se pueda cobrar el reintegro”, afirmó.
Tras el tratamiento en Diputados el proyecto debe ser aprobado por el Senado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, Miguel Calabró, sostuvo que revisron el mapa. “Lo que me pareció interesante fue el tema de la habilitación predial”, dijo al destacar la metodología del equipo técnico asesor a cargo del OTBN. “Para mí, que estuvo mal vendido”, opinó. Sin embargo, afirmó que en esta comisión “no tenemos ningún apuro” en que el proyecto salga antes de fin de año, como quiere el gobierno.

Un verde hipotético
En un anexo al proyecto, los técnicos del equipo que elaboró esta propuesta de OTBN y que fue liderado por Lucas Seghezzo, del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), explicaron la incorporación de una nueva área que se redefine respecto de cómo se había realizado el OTBN anterior. Se trata de la "categoría transitoria de producción, conservación (APC, Área de Producción y Conservación) y determinación de la Categoría III (verde) como hipotética, sin una ubicación geográfica definida”.
En el nuevo mapa se dispone que se podrán desmontar 721.568 hectáreas. Ese es el único stock que se deberá definir sobre una superficie de 3.013.692 hectáreas, pintada en el mapa primero de marrón y ahora de un amarillo un poco más oscuro.
Según indica el informe, para permitir el desmonte en un área en particular, se deberá tomar como criterio la situación de la cuenca de cada región definida en el OTBN. Una vez agotados los permisos que suman las más de 700 mil hectáreas a desmontar, el resto, 2.292.125 hectáreas, quedarán automáticamente en amarillo. Y en total, dado que las zonas amarillas estrictas son 3.247.625 hectáreas, quedará un total de 5.539.750 hectáreas (73.48 por ciento del total de bosques nativos de la provincia), en amarillo.
Otro tema que se abordó fue el de los desmontes ilegales que realizan desde el momento que entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009. Al respecto, los técnicos afirmaron que la Autoridad Local de Aplicación (ALA), “cuenta con la identificación de los desmontes ilegales realizados detectados, y estas (superficies) deberán ser recuperadas y/o restauradas con anterioridad a la evaluación de cualquier nueva solicitud de intervención”. Añadieron que “en aquellos casos que se encuentren judicializados, la ALA no es quien decide sobre su destino y, eventualmente, la el Poder Judicial (es) quien determina qué hay que hacer en estos casos”.

Con quejas a la Justicia
Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, ratificron sus observaciones sobre el nuevo proyecto de OTBN.
Entre las críticas señalan que la superficie que se quiere autorizar para el desmonte es excesiva, teniendo presente que en Salta ya se desmontarons 714 mil hectáreas.
También se critica que el proyecto valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté, y para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
Otra crítica es sobre el nuevo color amarronado o amarillo oscuro que aparece en el mapa que, a entender de los ambientalistas, representa una forma de permitir la recategorización de las áreas que no se pueden desmontar.
Añadieron la exclusión de los Valles Calchaquíes dentro del OTBN. Al respecto, el equipo técnico explico a los legisladores que “dicha región no fue incorporada al OTBN aprobado en el año 2009" y aclararon que "por una cuestión de escala, estos bosques no pudieron ser incluidos en el análisis multicriterio y multiobjetivo descripto” del informe final del equipo técnico. Los ambientalistas sumaron que se dejó de lado la participación de comunidades que debieron haber sido consultadas.
Greenpeace por su parte advirtió que de avanzar con este Ordenamiento se harán presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demás asociaciones ambientalistas afirmaron que en la provincia podrían plantear una acción popular de inconstitucionalidad.
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Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
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