Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Prohibieron los loteos en las zonas incendiadas de Cafayate

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal QuePasaSalta
Provincia/Región: Salta


Luego del incendio forestal que puso en alerta a toda la provincia y arrasó importantes sectores de bosque nativo en Cafayate, la intendenta Rita Guevara firmó una resolución para impedir loteos, urbanizaciones y cambios en el uso del suelo de las zonas afectadas.
El incendio forestal registrado durante las últimas semanas en Cafayate no solo movilizó a brigadistas, bomberos y organismos de emergencia de toda la provincia, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de las tierras alcanzadas por el fuego.
En ese contexto, la intendenta Rita Guevara tomó una decisión que busca proteger los sectores afectados y evitar cualquier aprovechamiento económico de los terrenos incendiados.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, el municipio prohibió autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en el uso del suelo dentro de las áreas alcanzadas por el incendio.

Buscan evitar negocios sobre terrenos incendiados
La medida fue adoptada mientras la Justicia continúa investigando el origen del fuego y analiza si los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional.
El objetivo es impedir que un eventual delito ambiental termine beneficiando a quienes pretendan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre superficies degradadas por las llamas.
La resolución también ordena a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones abstenerse de otorgar permisos que contradigan las restricciones establecidas por la legislación nacional.

Crearán un registro especial
Otro de los puntos importantes de la normativa es la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales.
Este registro permitirá identificar, delimitar y proteger cada uno de los sectores dañados, además de solicitar a organismos provinciales y nacionales la georreferenciación técnica de las superficies alcanzadas por el fuego.

Proteger los bosques nativos
En los fundamentos de la resolución, la intendenta remarcó que la preservación de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su importancia ambiental, turística, paisajística y económica para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional establece el derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural.

La investigación sigue abierta
Mientras avanza la causa judicial para determinar qué provocó el incendio, la decisión del municipio busca garantizar que las tierras afectadas sean recuperadas ambientalmente y no puedan destinarse a desarrollos inmobiliarios mientras continúen vigentes las restricciones previstas por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
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Incendios en Cafayate: la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional 

Fecha de Publicación: 22/06/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Salta


La Justicia de Salta avanza en la investigación para esclarecer el origen de los incendios forestales que afectaron una amplia zona de bosque nativo en la localidad de Cafayate.
La causa se inició luego de una denuncia presentada por la Municipalidad local y busca establecer si los focos ígneos fueron consecuencia de una acción intencional o de otra circunstancia que aún permanece bajo análisis.
Los incendios, registrados a comienzos de junio, demandaron un importante despliegue de bomberos voluntarios, brigadistas provinciales y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Si bien las llamas fueron controladas tras varios días de trabajo, el daño ambiental y las sospechas sobre el origen del fuego derivaron en una investigación judicial que continúa sumando medidas de prueba.

La investigación judicial busca determinar cómo comenzó el fuego
La causa está a cargo de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien ordenó una serie de diligencias para reconstruir las circunstancias en las que se inició el incendio ocurrido el pasado 7 de junio en un inmueble rural perteneciente a la empresa Finca El Monte S.A. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 9 de junio por la intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara.
Entre las medidas dispuestas se encuentran la toma de declaraciones testimoniales a vecinos que aseguraron haber observado movimientos de personas en las inmediaciones del predio antes del inicio del fuego, además de entrevistas con responsables y trabajadores de la finca afectada.
La fiscalía también analiza distintos elementos periciales para determinar si existió intervención humana en el origen de las llamas.
La denuncia municipal sostiene que se trata del segundo incendio registrado en el mismo predio en menos de un mes, circunstancia que motivó el pedido de una investigación exhaustiva para establecer eventuales responsabilidades penales. Según trascendió, el municipio considera necesario esclarecer si hubo conductas dolosas o negligentes detrás de los focos registrados.
En los primeros relevamientos realizados sobre el terreno también surgieron indicios que son analizados por los investigadores, entre ellos la presencia de troncos cortados y otros elementos que podrían aportar información sobre las circunstancias previas al incendio.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que todavía no existen conclusiones definitivas y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

Más de 50 hectáreas afectadas y un amplio operativo para controlar las llamas
Mientras avanza la investigación judicial, también se dimensionan las consecuencias ambientales que dejó el incendio. De acuerdo con los informes oficiales y de los organismos que participaron del operativo, el fuego consumió más de 50 hectáreas de bosque nativo y requirió varios días de tareas ininterrumpidas para ser controlado.
En el combate participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cafayate, brigadistas de Defensa Civil, efectivos de la Policía de Salta, personal de la Secretaría de Ambiente provincial y equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que aportó un avión hidrante para apoyar las tareas aéreas cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron.
Las labores se vieron dificultadas por las fuertes ráfagas de viento, la vegetación seca y la compleja geografía del terreno, factores que favorecieron la rápida propagación del fuego.
Durante el operativo, una bombera sufrió quemaduras leves tras un cambio repentino en la dirección del viento, aunque posteriormente fue dada de alta y se informó que se encontraba fuera de peligro.
Una vez controladas las llamas, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento y monitoreo para evitar reactivaciones. Pese a ello, días después se registraron nuevos focos en sectores cercanos, lo que obligó a desplegar nuevamente recursos terrestres y aéreos para impedir que el incendio avanzara hacia áreas pobladas e infraestructura estratégica de la zona.
La investigación judicial continúa en desarrollo y, por el momento, no hay personas imputadas. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo es reunir la mayor cantidad posible de evidencia antes de determinar responsabilidades.
La causa busca establecer con precisión cómo se originó el incendio y si existió una conducta deliberada detrás de uno de los episodios ambientales más importantes registrados este año en los Valles Calchaquíes
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Otro derrame pone nuevamente en el foco a pozos petroleros sin abandono

Fecha de Publicación: 20/05/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Nicolas Arce, diputado de San Martín, hizo tomar muestras que analiza un laboratorio especializado de Tartagal. Afirmó que detrás de los pozos sin debido cierre hay una gran oportunidad de trabajo genuino.  
Fugas contaminantes de un yacimiento inactivo del área Aguaragüe, ubicado en la zona de yungas de Campamento Vespucio (General Mosconi), volvieron a poner en el centro de atención a los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte provincial. Muestras de suelo que Nicolás Arce, diputado del departamento San Martín, hizo tomar en el sitio afectado son analizadas por Yaculab, un laboratorio especializado con sede en Tartagal, para determinar la composición de las surgencias y su impacto en el ambiente.
El derrame, producido en las cercanías de los yacimientos de Lomitas y Tranquitas, fue advertido en momentos en que otro un pozo petrolero que estaba inactivo desde los años ochenta y empezó con fugas a mediados de 2023, el LO-X10, lleva casi tres años fuera de control en Lomas de Olmedo. Ese desastre tiene acciones en trámite por estragos sobre suelos, acuíferos, la flora, fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas, a 9 kilómetros de La Estrella (Pichanal).
En el área de Puesto Guardián otro pozo, el MDT-14, entró en violentas erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y causó daños semejantes. Ese pozo demandó seis años de complejas intervenciones con las que recién se lo pudo sellar en 2012, con un costo de 30 millones de dólares, afrontado por YPF.
En agosto de 1991, tras la privatización de la petrolera que perforó la mayoría de los pozos que esperan su abandono definitivo en Salta, el gobierno nacional adjudicó el área de Puesto Guardián a tres empresas privadas: EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield.
Ya con el dominio originario del área reasumido por la Provincia, mediante decretos y resoluciones se autorizó la cesión de los derechos de EPP a Tripetrol y Netherfield. En 2010, por decreto 3461, se perfeccionaron aquellos traspasos accionarios. En 2011, por decreto 4517, se autorizó a Netherfield a ceder su participación a Petrolera San José. Ese mismo año, por decreto 4982, la concesión de Petrolera San José y Tripetrol fue extendida.
En noviembre de 2012, por decreto 3533, el gobierno provincial autorizó a Tripetrol a ceder su 50% a President Petroleum, firma que en 2014 adquirió los derechos que seguían en manos de empresarios ecuatorianos y quedó como titular única de la concesión. President se presentó en concurso a fines de 2024 y fue declarada en quiebra en agosto de 2015.
Las afectaciones causadas por los derrames movieron acciones y demandas en las que los cuestionamientos no se circunscriben solo a la cadena de operadoras privadas que se desentendió de las responsabilidades técnicas y legales inherentes al pasivo ambiental, sino que se extienden también organismos competentes en materia de hidrocarburos, ambiente y justicia.
En abril último, el ministro de Producción, Ignacio Lupión, informó que se inició un relevamiento de los pozos que permanecen sin los sellados que la normativa define como abandono definitivo. El funcionario señaló que en distintas áreas hay cerca de 1.400 pozos petroleros de los que solo un medio centenar produce actualmente algo de crudo.
Detrás de esos números hay -como quedó reflejado con los pozos que se descontrolaron en Puesto Guardián y el que hoy presenta fugas en el área de Aguaragüe- verdaderas bombas de tiempo ambientales.
Arce, diputado tartagalense de la Libertad Avanza que presentó dos proyectos legislativos focalizados en esta crítica asignatura, señaló a El Tribuno que los derrames petroleros no son solamente un problema ambiental, sino también "un reflejo de años de falta de control, inversión y planificación. En el norte tenemos recursos, profesionales capacitados y mano de obra calificada, pero muchas veces falta decisión política para intervenir a tiempo", remarcó.
"Entendemos que estos pasivos ambientales no desaparecen solos. Necesitan monitoreo constante, abandono técnico adecuado de pozos y controles reales para evitar que los impactos sigan avanzando sobre el suelo, el agua y las comunidades", insistió.

"Una oportunidad grande de generar trabajo genuino"
El diputado Nicolas Arce subrayó que los pozos petroleros sin cierre definitivo, además de ser una gran preocupación, "también pueden transformarse en una oportunidad de trabajo genuino. Su abandono y saneamiento requiere apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras, mediciones y tareas técnicas que podrían generar decenas de puestos de trabajo directos e indirectos" en el norte provincial.
"El problema no es solamente el derrame. El problema es la falta de gestión para prevenirlo y para actuar después. Mientras no exista una política seria de control y remediación, vamos a seguir reaccionando tarde ante situaciones que deberían haberse evitado", advirtió, tras hacer notar que "la Provincia cobró en todo momento las regalías y no se ocupó de controlar y relevar a las empresas. Además, a los puestos de decisión en energía nunca los cubrió gente de la zona e idónea en el tema", planteó.
El diputado del departamento San Martín insistió que los cientos de pozos que esperan por su abandono definitivo no solo son una gran preocupación, sino también "una oportunidad grande de generar trabajo y con personal de la zona. En el departamento tenemos empresas como Producer, Servimax, Geocor, Tecmec, M&P, Geominera, Yaculab, Suministros y Talleres Norte, entre muchas otras, aptas y con sobrada expreriencia en el rubro", acotó Arce.
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Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta y pone en riesgo su biodiversidad

Fecha de Publicación: 01/04/2026
Fuente: Portal Ecoticias
Provincia/Región: Salta


Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta, en uno de los casos más evidentes de choque entre conservación y explotación de recursos.
Un plan de manejo aprobado y financiado nunca se ejecutó, mientras crece la presión minera sobre un ecosistema clave para la biodiversidad y el equilibrio hídrico.

Reserva Los Andes abandonada mientras avanza la minería de litio en Salta
El mayor espacio protegido de Salta carece de gestión efectiva mientras la extracción de litio avanza en un ecosistema clave y frágil.
Aunque de gran importancia, la reserva Los Andes, que abarca la mayor parte del territorio protegido de Salta, aún carece de un marco de gestión eficaz. Un plan formalmente aprobado permanece sin haberse puesto en práctica hasta la fecha, a pesar de la colaboración científica previa.
Esta inacción se evidencia en la escasez de personal y recursos. Un único guardaparques, sin el apoyo adecuado, supervisa más de catorce mil kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de varios países pequeños.

Un ecosistema clave en riesgo por la explotación de litio
La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en el noroeste de Argentina, es un entorno único donde salares, lagunas y arroyos funcionan como auténticos oasis en el desierto.
Estos ecosistemas dependen de un equilibrio hídrico extremadamente frágil, ya que el agua es un recurso escaso y esencial tanto para la biodiversidad como para las comunidades locales.
La extracción de litio, que requiere grandes cantidades de agua, supone una amenaza directa para este equilibrio, especialmente en una región donde las lagunas son más pequeñas y vulnerables que en otras zonas mineras cercanas.

Un área protegida sin gestión efectiva
A pesar de su importancia, la reserva —que representa el 80 % de la superficie protegida de la provincia de Salta— carece de un plan de manejo operativo.
El documento, elaborado entre 2017 y 2018 con participación científica, fue aprobado oficialmente pero nunca se implementó, quedando archivado sin ejecución real.
Esta falta de gestión se refleja en la escasez de recursos: solo un guardaparque sin medios suficientes debe vigilar una extensión de más de 14.000 km², mayor que países como Líbano o Montenegro.

El impacto sobre la biodiversidad y especies en peligro
La reserva alberga especies emblemáticas como flamencos andinos, vicuñas y aves endémicas, muchas de ellas en riesgo.
Los expertos advierten que la actividad minera ya está afectando a estas poblaciones. En algunos salares, las colonias reproductivas de flamencos han desaparecido o reducido drásticamente, pasando de cientos de nidos a apenas una decena.
Además, la presión humana asociada a la minería genera efectos indirectos, como la presencia de residuos y depredadores oportunistas, que agravan la situación de especies vulnerables.

Un equilibrio ecológico extremadamente frágil
Los salares funcionan como cuencas cerradas (endorreicas) donde cualquier alteración tiene efectos acumulativos.
Estos ecosistemas actúan como reguladores climáticos, captadores de carbono y soporte de complejas cadenas biológicas, desde microorganismos hasta aves y mamíferos.
Alterar su equilibrio hídrico puede desencadenar impactos irreversibles no solo a nivel local, sino también en el conjunto del sistema ambiental.

Un plan de manejo aprobado pero nunca ejecutado
El plan de gestión incluía medidas clave como la zonificación del territorio, con áreas de conservación estricta, uso limitado y explotación controlada.
También contemplaba mejoras para las comunidades locales, como acceso al agua, energías alternativas y apoyo a la producción ganadera sostenible.
A pesar de contar con financiación internacional, el proyecto nunca se llevó a la práctica, dejando sin protección efectiva a la reserva.

Fondos internacionales y falta de implementación
El plan fue financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de un programa de desarrollo sostenible.
Se estimaba una inversión de más de 4 millones de dólares para ejecutar unas 60 acciones en cinco años, muchas de ellas destinadas a mejorar la gestión ambiental y el bienestar local.
Sin embargo, pese a contar con recursos asignados, las autoridades no avanzaron en su implementación, lo que ha generado críticas sobre la gestión pública.

La presión minera avanza en un contexto de transición energética
El litio es un recurso estratégico para la transición energética global, lo que ha acelerado su explotación en regiones como Salta.
Sin embargo, expertos advierten que este modelo puede generar conflictos socioambientales, especialmente cuando se desarrolla en áreas sensibles y sin planificación adecuada.
La situación de la reserva Los Andes refleja el desafío de compatibilizar la demanda de minerales críticos con la protección de ecosistemas clave y comunidades locales.
El sitio alberga fauna emblemática como flamencos andinos, vicuñas y especies de aves únicas, muchas de ellas amenazadas. Los especialistas advierten que la actividad minera ya está afectando a la biodiversidad y que varias colonias reproductoras se están reduciendo drásticamente en algunos salares.
La presión humana vinculada a la extracción también genera daños indirectos, como la acumulación de residuos y la proliferación de depredadores oportunistas, lo que pone en mayor peligro a especies frágiles que ya luchan por sobrevivir en un entorno cambiante.
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El frágil latido de la selva en una caja: rescatan cinco monos y exponen el tráfico de fauna silvestre en Salta

Fecha de Publicación: 30/03/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El despliegue de Gendarmería Nacional en la zona de Puerto Chalanas permitió interceptar el tráfico ilegal de especies nativas y exóticas. Los ejemplares, pertenecientes a las familias de los caí y los tití, quedaron bajo custodia de una fundación especializada para iniciar su proceso de rehabilitación. 
En una escena que mezcla sorpresa, preocupación y una problemática que crece silenciosamente, un control de rutina en el norte salteño terminó con el hallazgo de cinco monos encerrados en una caja. El hecho, ocurrido en cercanías a Puerto Chalanas, no solo derivó en un procedimiento por infracción a la normativa vigente, sino que volvió a poner en evidencia una realidad poco visible: el tráfico y traslado ilegal de fauna silvestre en la región.
El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes patrullaban a pie la zona cuando detectaron a un hombre transportando una caja envuelta en cinta. La situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron proceder a un control. Al abrir el paquete, descubrieron en su interior a cinco ejemplares vivos de primates.
Se trataba de especies identificadas como Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix spp. (mono tití), dos tipos de monos ampliamente conocidos en Sudamérica, pero con características muy distintas entre sí. Los animales fueron inmediatamente resguardados, mientras que el involucrado fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.421 de Fauna Silvestre.

Qué es un mono caí y por qué es clave en el ecosistema
El mono caí, también conocido como capuchino negro, es una de las especies más inteligentes de América del Sur. Habita principalmente en zonas de selva y bosque, y en Argentina se lo encuentra en regiones como Misiones y sectores del norte.
Se caracteriza por su tamaño mediano, su pelaje oscuro y una gran capacidad de adaptación. Es un animal social, que vive en grupos y cumple un rol fundamental en el equilibrio ambiental, ya que ayuda a dispersar semillas y contribuye a la regeneración de los bosques.
Sin embargo, su inteligencia y comportamiento amigable lo convierten también en una víctima frecuente del tráfico ilegal. Muchas veces es capturado para ser vendido como mascota, una práctica que no solo está prohibida, sino que además implica graves consecuencias para su salud y supervivencia.

Qué es un mono tití y en qué se diferencia
A diferencia del caí, el mono tití (Callithrix spp.) es mucho más pequeño. Se trata de uno de los primates más diminutos del continente, con un tamaño que puede caber en la palma de una mano.
Tiene un pelaje suave, rostro expresivo y suele presentar mechones distintivos en las orejas. Su dieta es variada e incluye frutas, insectos y savia de árboles. Al igual que el caí, cumple funciones ecológicas importantes, pero su fragilidad lo hace aún más vulnerable fuera de su entorno natural.
Una de las principales diferencias entre ambos radica en su comportamiento y estructura social: mientras el caí es más robusto, adaptable y curioso, el tití es extremadamente sensible a los cambios ambientales y al estrés, lo que dificulta su supervivencia en cautiverio.

Un delito que crece en la frontera
El caso ocurrido en Orán no es aislado. En zonas de frontera como Aguas Blancas y alrededores, el traslado ilegal de animales es una problemática recurrente. Muchas veces, los ejemplares son capturados en su hábitat natural y transportados en condiciones precarias, lo que genera altos niveles de mortalidad incluso antes de llegar a destino.
La Ley de Fauna Silvestre prohíbe expresamente la captura, transporte y comercialización de especies sin autorización. Las penas incluyen sanciones económicas y causas judiciales, aunque especialistas advierten que el problema persiste por la alta demanda y la falta de conciencia.
En este caso, tomó intervención la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el traslado de los animales a la Fundación Protectora de Animales "Patitas en la Calle". Allí serán evaluados y sometidos a un proceso de recuperación con el objetivo de ser reinsertados en su hábitat natural.

El riesgo invisible detrás de una caja
Más allá del procedimiento puntual, el episodio deja al descubierto una cadena que comienza mucho antes del traslado: la extracción ilegal de animales de su entorno, la ruptura de sus grupos sociales y el daño irreversible que esto genera en los ecosistemas.
Los especialistas coinciden en que cada ejemplar rescatado representa apenas una parte de un problema mayor. Por cada animal que logra sobrevivir, muchos otros mueren durante la captura o el transporte.
En Salta, donde la biodiversidad es uno de los patrimonios naturales más valiosos, estos hechos reavivan sobre la necesidad de fortalecer controles, promover la educación ambiental y desalentar la compra de fauna silvestre.
Porque detrás de una simple caja, como la hallada en este operativo, no solo había cinco monos: había una historia de extracción ilegal y riesgo ambiental-
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Confirman otra vez una multa a empresarios que desmontaron

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2013 se encontró a personas en situación de esclavitud y un desmonte de 11 mil hectáreas que no estaba autorizado. Las tierras siguen en producción y el bosque no volvió a crecer.
La Cámara de Apelaciones salteña ratificó la multa impuesta a Juan José y Daniel Darío Karlen, que ya llevan 13 años sin pagar sanción ni restaurar bosque alguno, pese a las resoluciones de la administración de justicia.
La decisión de la Cámara fue ante el pedido de la fiscal de Tartagal Rosa Vélez Román, que desde 2020 viene pidiendo a la jueza de Tartagal Viviana Yance que multe a los acusados por haber incumplido con un plan de reforestación del campo desmontado sin autorización.
El desmonte ocurrió entre 2012 y 2013. Pero recién en 2013 un operativo de la ex AFIP (hoy ARCA) detectó el desmonte ilegal y a trabajadores en situación de esclavitud.
Recién en 2016 la Justicia accionó. Durante la gestión como fiscal del ahora juez de Corte Pablo López Viñals se había solicitado una multa de 171 millones de pesos.
Pero en una instancia de negociación se permitió a los Karlen presentar un plan de restauración que, sin embargo, nunca se cumplió. Por el contrario, y según las denuncias realizadas, se continuó cultivando la tierra deforestada y la venta de la producción obtenida.
Ya en 2024, cuando finalmente se determinó el incumplimiento, la fiscal Vélez Román solicitó que se aplique una multa diaria o astreintes por incumplimiento procesal. En ese entonces se pudo conocer que esa multa era de 68 millones de pesos. La jueza Viviana Yance hizo lugar e intimó a Juan y Daniel Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020, fecha desde la cual la fiscal reclamaba que se cumpla con el plan de restauración.
Los Karlen solicitaron la nulidad de la decisión y llegó a la Cámara de Apelaciones, la que rechazó este planteo con las firmas de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Araníbar.
“Si por lo menos le hubiesen hecho una clausura al campo, 13 años después tendría un monte”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, al hablar con este diario sobre la nueva decisión judicial. Indicó que en la misma zona donde se encuentra este desmonte, “hace tres años vimos una zona que se había desmontado hace 8 años. Y ahora el monte superaba los dos metros”, lo que indicaría que en el otro caso no se permite el crecimiento del monte.
Giardini analizó que, de haberse mantenido la multa de los 171 millones de pesos, hoy ese monto se traduciría en casi 50 mil millones de pesos.

En sintonía
El peligro de la demora judicial potencia el aval a los desmontes ya impulsado por el intento de modificar la Ley de Bosques Nativos.
Esa posibilidad radica en la firma del “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, enmarcado en el Pacto de Mayo, rubricado, entre otros, por el gobernador Gustavo Sáenz.
En el proyecto oficial se dispone que las únicas áreas sin desmontes sean las de categoría uno o roja. Y libera al sector amarillo para el desmonte. Hasta el momento la legislación se encuentra estancada por la oposición de distintos sectores que ven el peligro de continuar degradando el bosque nativo.
Greenpeace hizo esta advertencia en el marco del Día Internacional de los Bosques, que se conmemoró el 21 de marzo pasado.
La organización ambientalista denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40 por ciento respecto al año anterior.
Afirmó que el total de áreas desmontadas e incendiadas revela que la pérdida de bosques durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero se desmontaron 104.474 hectáreas; en el Chaco, 38.392 hectáreas; en Salta 34.067, hectáreas y en Formosa, 33.769 hectáreas.
“Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, sostiene el comunicado.
En su escrito ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que “frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes. De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10 por ciento de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”.
Indicó que esto será “una condena para el yaguareté, ya que provocará un marcado aumento de la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques que habita. También pondrá en serio riesgo a otras especies en peligro como el tatú carreta y el pecarí quimilero. Deben considerarse los impactos en la cultura y espiritualidad asociados al yaguareté, y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región (Wichí, Qom, Chorote, Tapiete, Guaraní, Mocoví, Chané, Pilagá, Nivaclé, entre otros)”.
Desde 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una oportunidad para concientizar sobre el importante papel que desempeñan los bosques en la sostenibilidad ambiental, la erradicación de la bpobreza y la seguridad alimentaria.
“Las leyes de Bosques y de Glaciares son herramientas fundamentales para proteger ecosistemas frágiles y vitales. Ambas normas se lograron tras varios años de lucha del movimiento socioambiental y debemos defenderlas”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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La Justicia ratificó actuaciones fiscales por desmontes y obras en el río Blanco 

Fecha de Publicación: 26/03/2026
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó conocimiento de dos fallos recientes relacionados a obras y desmontes en el Río Blanco.
En ambos casos, la Justicia respaldó las actuaciones de fiscalías del norte provincial. 
El primer fallo está relacionado con un desmonte ilegal de gran escala, en una causa involucra a Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen.
Según el expediente, el desmonte abarcó unas 11 mil hectáreas. En 2017, los demandados asumieron un compromiso voluntario de recomposición ambiental, con un plan que debía ejecutarse en toda la finca durante 30 años. Además, incluía a puesteros y comunidades de la zona.
Sin embargo, ante el incumplimiento, la fiscal civil de Tartagal, Rosa Graciela Vélez Román, solicitó sanciones económicas. El Juzgado de Primera Instancia, a cargo de la jueza Viviana Yance, hizo lugar al pedido. Luego, los imputados intentaron anular la medida.
No obstante, tanto el juzgado como la Sala Segunda rechazaron ese planteo y así quedó firme la multa por incumplimiento.

El caso del terraplén
El segundo caso se vincula a un conflicto en el río Blanco a raíz de la construcción de un terraplén. La obra atraviesa el cauce y se utiliza para el manejo de aguas del río Pescado, y está asociada a actividades agrícolas en la zona.
La fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, intervino en el acuerdo con empresas involucradas, entre las que se encuentran Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L., Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A.
El fallo judicial analizó el impacto ambiental de la obra, centrándose en garantizar el caudal ecológico de los ríos.
La jueza de primera instancia, María Eugenia Fernández de Ulivarri, estableció medidas precautorias y dispuso un caudal ecológico mínimo permanente para ambos ríos.
La decisión buscó evitar la interrupción del curso natural del agua, apoyándose en informes técnicos de organismos especializados.
Posteriormente, la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial confirmó la resolución, respaldando a la fiscalía norteña. 
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Pozo de Pichanal: sin avances con YPF, la Provincia releva más de 1.400 pozos petroleros

Fecha de Publicación: 13/03/2026
Fuente: Portal AiresOnline
Provincia/Región: Salta


El ministro de Producción y Minería de Salta informó que el Gobierno provincial mantiene gestiones con YPF para avanzar en una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el norte de la provincia.
El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, informó que el Gobierno provincial continúa trabajando para encontrar una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el departamento Orán.
En diálogo con Aries, el funcionario explicó que se mantienen conversaciones con YPF para que la empresa se haga cargo de la situación.
“Estamos en conversaciones con YPF para que se termine de hacer cargo de ese pozo”, afirmó.
El ministro recordó que el caso se complejizó luego de que la empresa President Petroleum, que operaba en la zona, se declarara en quiebra.
Lupión señaló que el problema representa un antecedente negativo para el desarrollo hidrocarburífero en la provincia, aunque aseguró que se continúa trabajando en gestiones para resolverlo.
Además, indicó que el Gobierno provincial inició un relevamiento de los pozos existentes en Salta. Según precisó, se estima que hay alrededor de 1.400 pozos, de los cuales actualmente solo 54 se encuentran en producción.
“Es un tema ambiental importante y hay que abordarlo con gestión”, concluyó
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Referentes wichi fueron a denunciar el desmonte y quedaron detenidos

Fecha de Publicación: 12/01/2026
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Salta


Marta Herrera y Leonardo Pantoja, referentes de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, provincia de Salta, se acercaron hasta el destacamento policial de Padre Lozano, un paraje cercano, para denunciar las amenazas de Claudio Ferrari y la tala ilegal del monte en territorio ancestral que lleva adelante este particular, que alambró terrenos que no le pertenecen de donde saca madera.
Luego de hacerlos esperar durante horas para tomar la acusación, cerca de las 23 horas del miércoles pasado, llegaron más policías desde Embarcación, ciudad cabecera del municipio, y detuvieron a ambas personas cumpliendo órdenes de la fiscal penal Gabriela Souto.
La acusación de la representante del Ministerio Público Fiscal provincial es por lesiones y amenazas en perjuicio del dueño de la finca con el que mantienen un conflicto territorial.
La referente indígena fue trasladada a Tartagal e incomunicada. Marta tiene 74 años y padece de hipertensión, insuficiencias cardíaca y renal -tiene sólo un riñón- y chagas. Las autoridades policiales le negaron la entrega de los medicamentos que precisa sin la prescripción médica; pero, cuando las recetas fueron provistas, tampoco se los dieron. Pantoja permanece en la misma condición, pero en Embarcación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un escrito ante la fiscal para solicitar la inmediata libertad de los referentes y calificó la detención como “arbitraria, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. En la tarde de este viernes 9 de enero, será la audiencia de imputación, y los abogados del organismo esperan que la fiscalía y el juez resuelvan la excarcelación de Marta y Leonardo “porque no hay motivos para que sigan detenidos”.
La presentación destaca el delicado estado de salud de Marta y afirma que se criminaliza a “personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino, en particular aquellas derivadas del Acuerdo de Escazú”.

Agroestafadores vs. comunidades
Para llevar adelante estas detenciones arbitrarias, la fiscal tomó como ciertas las denuncias por “denuncias leves” de Ferrari -a quien señalan con vínculos de parentesco con la funcionaria judicial-. Según relatan las comunidades, el empresario agropecuario avanzó sobre el territorio con extensos alambrados que restringen el acceso y profundizan el cercamiento de tierras ancestrales. La estrategia es: primero, el alambrado, luego, la tala y, finalmente, la expulsión territorial.
Desde hace meses, las mujeres wichí de Misión Chaqueña y Monte Carboncito sostienen acampes, reclamos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo del que se alimentan, del que obtienen los insumos para su medicina ancestral, algarroba para la harina, madera para artesanías y que es la base de la vida comunitaria. “No se trata solo de árboles. El desmonte no es progreso, es despojo”, sostienen. De concretarse la división de esta franja de territorio, perderían la comunicación intercomunitaria y el poco de monte nativo que les queda para sobrevivir.
Cerca de año nuevo, las comunidades decidieron voltear los postes del usurpador y cuando este apareció a violentarlos se produjo un entrevero, tras el que Ferrari se denunció como víctima de violencia y lesiones.
El abogado de la comunidad Juan Carlos Vera presentó un habeas corpus solicitando el fin de la privación de la libertad y señaló: “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”. También estas prerrogativas de las comunidades originarias están explicitados en el artículo 75, inciso 17, que reconoce “su preexistencia étnica y cultural, su identidad, su derecho a la tierra y propiedad comunitaria”.
La detención también fue denunciada por la Red Contra la Violencia Institucional de Salta con las firmas de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa, referentes sociales y estudiantiles.
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Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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Audiencias para degradar 40 mil hectáreas de monte

Fecha de Publicación: 16/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La mayoría de las convocatorias se hicieron después de la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En lo que va de este año la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para el “cambio de uso de suelo”, lo que implica la transformación o degradación del monte para fines productivos, en 40.577,07 hectáreas.
Así surge de las distintas convocatorias que se encuentran registradas en el Boletín Oficial de la provincia, y que involucran las hectáreas “netas a habilitar” y a las de “protección y reserva”, dado que ambas categorías forman parte de un mismo proyecto.
Un relevamiento realizado por Salta/12, encontró que 31.331,07 hectáreas involucradas en los proyectos están en audiencias que fueron convocadas después de la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), publicado en el Boletín Oficial el 11 de agosto pasado.
El 23 de junio, en tanto, se convocó a una audiencia para un Plan de Manejo Silvopastoril en 6.562 hectáreas netas a habilitar con 2.684 hectáreas de protección y reserva en la finca Los Dragones, ubicada en el departamento San Martín, en el norte salteño. En el área de influencia están incluidas diferentes comunidades originarias de la zona que limita con el departamento Rivadavia.
Otra finca donde hay un pedido de desmonte grande es Las 100 Leguas, en el departamento Anta, donde se solicitó el "cambio de uso de suelo" de 6.983,35 hectáreas netas, con 4.713,48 hectáreas "de protección y reserva". La audiencia está prevista para el 7 de noviembre próximo en el Centro Integral Tolloche, en Anta.
La Secretaría de Ambiente ya dijo que el nuevo OTBN no puede tener efecto retroactivo sobre los proyectos presentados administrativamente antes de la reglamentación y por ello no aplicaría para ninguna de las más de 40 mil hectáreas sobre las que hay audiencias públicas convocadas.

Desmontes en cuatro fincas
Por su parte, la asociación ambientalista Greenpeace documentó desmontes en cuatro fincas y denunció que estos en lo que va del año ya se deforestaron casi 11.000 hectáreas en la provincia. La mayor parte, está ubicada en Anta y Rivadavia.
“La deforestación es un ecocidio que provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Indicó que el recorrido en la provincia se acompañó con un monitoreo satelital que detectó la deforestación de 10.928 hectáreas entre enero y septiembre.
Recientemente la organización presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando que “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta representa un golpe devastador para los bosques y viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques 26.331, ya que: 1) permitirá desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; 2) valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; 3) habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; 4) provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y 5) porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas”.
También reiteró el cuestionamiento al hecho de que el nuevo OTBN cuente con una “zonificación flexible”, que no determina geográficamente dónde está prohibido desmontar.
Añadió que la posibilidad de deforestar más de 700.000 hectáreas mediante cupos a definirse por cuencas “inevitablemente provocará que los terratenientes aceleren el pedido de permisos de desmonte”. También recordó que con este y otro tipo de acciones que generan deforestación, el país incumple con un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030 firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021.
Asimismo, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya participaron más de 270.000 personas.
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