Ordenamiento territorial: Luz verde para nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: Portal CuartoPoderSalta.com.ar
Provincia/Región: Salta


Con sólo 3 votos en contra, el senado provincial aprobó el pasado jueves el nuevo mapa de ordenamiento territorial que habilita el desmonte de 700 mil hectáreas. Fuertes observaciones y controversias en torno al apoyo que obtuvo el proyecto.
A días de finalizar el año, el senado dio sanción definitiva al proyecto oficial para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos. Las modificaciones se aprobaron por mayoría, con los votos negativos de los senadores Walter Wayar, del departamento Cachi; Manuel Pailler, del San Martín, y Miguel Calabró, de La Caldera.
El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de la ONG protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.

Observaciones
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I–rojo, II–amarillo).
Por otra parte, resulta grave que, durante la gestión anterior, el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas. Las mismas fueron consideradas ilegales tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación. A pesar de ello, las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I–rojo y II–amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.
Al permitir algunos desmontes en las actuales Categorías I–rojo y II–amarillo, la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques.
La Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Otro aspecto a destacar es que no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

**************

Alerta en los bosques salteños

Fecha de Publicación: 25/12/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Salta


La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación; el mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.

¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete, pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.

Por Noemí Cruz
.