Biodiversidad: un estudio de la FAUBA detectó efectos nocivos de los agroquímicos en las abejas

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: Portal InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Según la investigación realizada a campo, muchas abejas pierden sus sentidos, defensas y capacidad de aprender y comunicarse, cuando viajan a polinizar plantas y cultivos, y consumen de manera accidental agroquímicos.
La polinización es fundamental para mantener los rindes agrícolas: el 33% de los cultivos depende de ella. Sin embargo, en los agrosistemas, los polinizadores enfrentan un peligro: la exposición constante a agroquímicos.
La gran pregunta a menudo difícil de contestar es qué daños producen estos compuestos. Para intentar contestarla, se realizó un estudio pionero de la FCEyN-UBA, la FAUBA y otras instituciones, en condiciones reales de campo.
La conclusión a la que llegaron es que las aplicaciones provocaron en abejas melíferas fallas sensoriales, dificultades para aprender y comunicarse, y alteraciones en genes esenciales para su vida social. Una presión invisible que compromete la sustentabilidad del agro.

Los riesgos de los agroquímicos para las abejas
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Cuando las abejas melíferas —Apis mellifera— polinizan los cultivos, entran en contacto con estos productos y los llevan a la colmena, donde los transmiten por contacto o por el alimento. El glifosato es especialmente riesgoso: como no las ahuyenta, los daños son potencialmente mayores”, dijo Jorge Zavala, docente de Zoología en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
Zavala, quien también es investigador del CONICET, señaló que en investigaciones previas realizadas en el Laboratorio de Insectos Sociales (FCEyN) por el grupo que lidera Walter Farina se comprobó que los agroquímicos dañan las capacidades sensoriales de las abejas, necesarias para recolectar alimento.
También modifican el funcionamiento de genes vinculados al cerebro, al sistema inmune y a proteínas detoxificadoras.
Para estudiar estos efectos en condiciones de campo, el equipo de investigación instaló colmenas en tres lotes con distintos cultivos en la Ea. San Claudio (FAUBA), al O de Buenos Aires. Allí monitoreó a las abejas antes y después de la floración y de las aplicaciones de agroquímicos.
“Usamos trampas de polen para identificar qué flora habían visitado —cultivos o plantas silvestres— y para detectar residuos químicos”, comentó.

Impacto en las colmenas
Ivana Macri, profesional del INTA y primera autora del trabajo publicado en la revista científica One Earth, resaltó que el experimento detectó los mismos efectos que en laboratorio.
Los agroquímicos impactaron en las colmenas a varias escalas, desde la genética hasta el comportamiento.
“Comprobamos que todos los efectos se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando se altera un gen vinculado a funciones cerebrales, termina afectando el comportamiento individual y reduciendo la eficiencia de recolección de alimento”, puntualizó Ivana, quien también es investigadora en el instituto IFIBYNE (CONICET-UBA).
 Macri aseguró que los fitosanitarios afectaron genes relacionados con la vida social de A. mellifera. “Les complicó desde la higiene hasta la reproducción, poniendo en jaque la supervivencia de la colonia. También redujo su capacidad de aprender y de transmitir información a las compañeras”, amplió
“Las abejas expuestas a la toxicidad fueron menos capaces de asociar los olores de las flores con recompensas en polen y néctar, y menos sensibles a los azúcares. Estos son problemas graves cuando la diversidad floral es baja —cuando florecen los cultivos— porque al final del día recolectan menos alimento, afectando la nutrición de la colonia”, explicó al medio Sobre la Tierra de la Fauba.
En este sentido, Ivana remarcó que también se registró una caída en la cantidad, la calidad y la diversidad de los recursos alimenticios después de la floración de los cultivos. Esto potenció aún más la reducción de las capacidades sensoriales y cognitivas de las abejas.

Completar el rompecabezas
Jorge Zavala, coautor del trabajo, se refirió a los mensajes que surgen del estudio. “Mi conclusión principal es que, al verse afectada la posibilidad de transmitir la información entre las recolectoras, de orientarse y todo lo que comenté antes, es inevitable que a largo plazo resulte comprometida la polinización en general y, en última instancia, la producción de los cultivos”, advirtió.
“Nuestro trabajo se destacó por abordar un sistema real muy complejo en el que, sin embargo, pudimos identificar un patrón consistente desde el nivel de cultivo hasta la expresión génica, pasando por la colmena, los individuos, el comportamiento y el alimento. Todas las escalas mostraron alteraciones relacionadas entre sí”, afirmó.
Macri, por su parte, adelantó nuevos aspectos a estudiar. “Queremos seguir trabajando a campo, donde se puede ver concretamente qué pasa. Por ejemplo, nos interesa profundizar en las respuestas de A. mellifera a los agroquímicos según las diferentes edades y tareas en la colmena. Y tratar de determinar en qué etapa del desarrollo son más vulnerables”.
Por otra parte, sostienen que otro desafío será entender cómo los agroquímicos alteran la flora intestinal de las abejas —esencial para su inmunidad y nutrición—, y descubrir los mecanismos moleculares detrás de los síntomas que se observan.
“En este sistema complejo, las bacterias juegan un rol cada vez más importante y nos parece fundamental esclarecerlo”, concluyó la investigadora.
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Argentina le reclamó a la Unión Europea por la calificación sobre deforestación

Fecha de Publicación: 03/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno le pidió al bloque del Viejo Continente que se vuelva a catalogar al país con “riesgo bajo” luego de ser removido a “estándar”. 
Argentina le reclamó de manera formal a la Unión Europea (UE) por la calificación unilateral sobre deforestación, lo cual despertó las críticas del sector agroindustrial.
El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea (CE), en el marco de su Reglamento de Deforestación (2023/1115) calificó a la Argentina como país de riesgo “estándar” de deforestación.
La Secretaría de Agricultura y la Cancillería comunicaron su rechazo formal a la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. 
Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
“El gobierno argentino manifesta su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de riesgo bajo”, según comunicó este viernes la secretaría de Agricultura.
En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han trabajado “en forma conjunta y constructiva” con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros del viejo continente y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del reglamento.
En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”, según informaron oficialmente.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, anunciado el 6 de diciembre de 2024, no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, describieron desde la cartera agropecuaria.
Finalmente, la Argentina reiteró que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa “una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, argumentaron.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
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Medio ambiente: reclaman una implementación más flexible de la Ley de Bosques en el norte de Santa Fe

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Portal AireDeSantaFe
Provincia/Región: Santa Fe


En Las Gamas, funcionarios y productores expusieron la necesidad de adecuar la normativa a las condiciones locales. Plantearon cambios que permitan compatibilizar la producción con la conservación del ambiente.
Durante una jornada de capacitación sobre la Ley de Bosques, en el Centro Operativo Las Gamas, volvió a plantearse el condicionamiento para los establecimientos del departamento Vera que implica la normativa y la necesidad de adaptar su implementación para estimular la economía en el norte de Santa Fe.
    
El desafío de equilibrar producción y medio ambiente en el norte de Santa Fe
El miércoles 23 de abril, la actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
La actividad contó con la presencia de Germán Falo, subdirector de Bosques y Áreas Protegidas; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería; Facundo Méndez, director de Ganadería; el diputado Sergio Rojas; el asesor técnico Facundo Ferraris y la intendente de Vera, Paula Mitre.
En ese contexto, Mántaras volvió a poner foco en la aplicación de la Ley 26.331, como había hecho el año pasado durante la exposición rural de Vera, cuando planteó que la actividad en la zona está “restringida por la aplicación de una Ley de Bosques que debe ser reformulada especialmente para esta zona”.
La actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
Ahora, sostuvo que con más de una década en vigencia es “un momento para revisar qué implicancias y qué alcances ha tenido en la provincia”. Consideró que al ser “pensada desde Buenos Aires”, la norma no contempla “la idiosincrasia, cómo es el ambiente y cómo es el interior productivo”.
Por esto, dijo que entre las carteras de Producción y Medio Ambiente tienen la responsabilidad de “anclar esas leyes, a veces abstractas, que terminan siendo una complicación para un ciudadano del interior productivo, de zonas boscosas, de zona de montes, para hacerlas aplicables, si no, son letra muerta”.

La importancia de adaptar las normativas ambientales al modelo ganadero de Vera
Al momento de trazar un diagnóstico, el funcionario aseguró que actualmente “es una ley de escasa aplicación en la provincia de Santa Fe, más con un perfil sancionatorio y con pocos planes de manejo”. Por lo tanto, para extender la implementación e incrementar los planes de manejo se requiere “hacer foco en el sujeto; no hacer tanto foco en el ambiente sino cómo una persona puede vivir y realizarse en ese ambiente y para poder realizarse necesita producir”.
Mántaras agregó que, a raíz de inconvenientes operativos en la aplicación, “habría que repensar algunos términos”. También señaló la necesidad de “cambiar el enfoque”, porque el productor percibe que la Ley es persecutoria y lo trata “como un delincuente”.
De todas formas aclaró que “inclusive con sus defectos” es un marco legal que, si se trabaja en conjunto con todos los actores, “nos da herramientas para generar actividad productiva en un ambiente natural”.

Cómo impacta la Ley de Bosques en la ganadería de Vera y su economía regional
Por su parte, Sebastián Volkart, vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, también remarcó que al sancionarla “no se tuvo en cuenta la idiosincrasia de la gente que desde siempre trabajó en el monte produciendo leña y carbón”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar y por lo tanto, su actividad está muy condicionada, siendo marginal o prácticamente nula”, agregó.
Aclaró también que “en esta zona no se percibe el avance agrícola porque en la cuña boscosa nadie desmonta para sembrar soja, dado que es una zona básicamente ganadera”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar", dijo Sebastián Volkart.
Consideró que “reuniones como la de Las Gamas son importantes porque asesoran sobre el plan de manejo, pero siempre hemos sido críticos de la ley vigente por cuanto los fondos nacionales no contemplan el lucro cesante de las superficies que no se pueden explotar”.
En esta línea sumó el agravante de que “la Ley 26.331 es sancionatoria en su aplicación porque, en cierta medida, provoca la descapitalización de los productores del departamento Vera, teniendo en cuenta el detalle de que somos segundos productores de carne a nivel provincial”.
A tal efecto se manifestó a favor de trabajar coordinadamente con las distintas áreas con el fin de articular la tarea que involucre a productores e instituciones para adecuar el manejo del bosque con ganadería integral incorporando prácticas innovadoras.
Por último, el dirigente ruralista consideró importante contar con referentes territoriales que actúen en función de la realidad y el potencial productivo que ofrecen los campos de la Cuña Boscosa.
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Nuevo intento para prohibir las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios Sabrina Sabat, diputada del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
Con un proyecto de Ley, Sabrina Sabat diputada provincial del bloque dialoguista, y que preside la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, buscará el consenso de los bloques para poder sancionar la iniciativa y que no se pueda fumigar en los terrenos lindantes a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, sostuvo la legisladora del bloque dialoguista en la Legislatura.
En un contexto donde muchas escuelas de la Provincia conviven a diario con la aplicación de productos fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas, el proyecto busca establecer criterios claros que garanticen la seguridad ambiental. “La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, sostuvo la diputada. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Además, prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, subrayó Sabat. Y agregó: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
Vale remarcar que en el mes de enero la Resolución 246 firmada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018 fue prorrogada. La norma busca regular el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca entró en vigencia.
El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 para prorrogar desde el 8 de enero “y por el término de doscientos diez días” la suspensión de la normativa en cuestión.
Según se argumentó en ese momento la decisión se tomó por la “necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.
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El campo quiere tener una participación activa en la reglamentación de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Portal APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


Dirigentes y productores entrerrianos de la Federación Agraria Argentina se reunieron y destacaron la necesidad de formar parte del debate que se dará para reglamentar la ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia. “Somos los principales actores de esta ley y debemos asegurarnos alcanzar la mejor reglamentación posible”, afirmaron.
En la localidad de El Solar (departamento La Paz) se realizó la reunión de la Filial El Solar de la Federación Agraria Argentina que fue presidida por su titular, José María Varangot, y contó con la participación de Matías Martiarena (Director de la FAA Entre Ríos) y Daniel Rodríguez (Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia).
En el encuentro se analizaron distintos aspectos de la Ley de Fitosanitarios y su reglamentación, cuyo tratamiento se iniciaría la próxima semana.
Los productores y los dirigentes de la filial coincidieron en que “resulta imprescindible estar permanentemente informados y actualizados sobre el avance de la reglamentación, los temas a debatir y los inconvenientes que se presenten, entre otros puntos”.
En este sentido, el titular de la filial, José Varangot, opinó: “Debemos participar porque los productores somos los principales actores en esta ley y tenemos que asegurarnos el  alcanzar  la mejor reglamentación posible. Caso contrario, estaríamos echando por la borda mucho esfuerzo puesto al servicio de la confección y aprobación de la ley”.
Cabe recordar que la ley fue sancionada en diciembre del año pasado y promulgada en el mes de enero.
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