Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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Prueban que la mezcla de agroquímicos produce un nuevo compuesto más tóxico que la suma de las sustancias individuales

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional liderado por investigaciones argentinos analizó el efecto de ocho pesticidas sobre el río Salado y concluyó que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
“En Argentina es el primer trabajo –y probablemente en el mundo también- con una explicación sobre la toxicidad de las mezclas: algo que se debate en todo el mundo. Porque todas las reglamentaciones del uso de estas sustancias están hechas en forma individual, pero no se usan en forma individual”, explica Rafael Lajmanovich, investigador principal del Conicet y profesor titular en la cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), uno de los autores de un estudio interdisciplinario internacional que muestra que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
El trabajo –titulado “Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado”- fue publicado este martes en la revista académica británica Drug and Chemital Toxicology. Junto con Lajmanovich investigaron Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, German Lener, Carlos Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti y Paola Peltzer, de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas y de Ingeniería Química de la UNL, del Conicet, de Físico-Química de la Universidad Nacional de Córdoba y del Bremen Center for Computational Materials Science de Alemania.
“Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas”, alerta el documento.

Cóctel de pesticidas y agroquímicos
El artículo se basa en una experimentación de laboratorio, pero sobre elementos tomados de un escenario real. Una mezcla de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola. En esa zona este mismo equipo de investigación ya había probado –y publicado en la prestigiosa revista Science of the Total Environment- que los sábalos de esta cuenca santafesina son los más contaminados del planeta en su tipo, con nueve biocidas.
“Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente”, advierten los investigadores. “El hecho de que el cóctel tienda a formar una nueva entidad molecular justifica evaluar su efecto tóxico en su conjunto, y no como la suma de los compuestos individuales con los que se compara”.
La toxicidad del cóctel de ocho pesticidas se evaluó sobre larvas del sapo común sudamericano. “La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas”, enumeran las y los autores.

Contaminación y crisis climática
“Los límites se manejan sobre sustancias individuales, pero la fauna está expuesta a múltiples residuos. Esto viene a echar un poco de luz sobre esto”, remarca Lajmanovich. Uno de los aspectos novedosos del trabajo es que a través de la química computacional se comprobó que esas moléculas tienden a juntarse y formar otro compuesto desconocido. “Tienden a aglomerarse y formar una especie de nuevo tóxico más poderosos que cada uno de esos productos individualmente”, detalló el investigador.
“Ante la mortandad de fauna y peces que ocurren seguido, desde el Estado se habla de causas naturales. Se trata de minimizar los más que conocidos problemas de contaminación. Este trabajo tiene un componente que simula el estrés ambiental. El clima en el planeta está cambiando: hay una sinergia entre lo que se contamina y las crisis climáticas. Es el mensaje de este trabajo: se abordó también someter a esos organismos, que a su vez están expuestos a plaguicidas, a estrés ambiental. Demuestra que el efecto es catastrófico”, alerta.
El estudio se realizó sobre larvas de sapos que comparten el hábitat con peces y otros organismos acuáticos, cuya muerte masiva “se está convirtiendo en un fenómeno común en las zonas central y norte del territorio argentino donde se desarrolla la agroindustria”. En un entorno cada vez más sometido al ‘estrés ambiental’ que aumenta, “la presencia de factores adicionales como la exposición a la mezcla de pesticidas podría perjudicar los mecanismos relacionados con el estrés y resultaría en un mayor impacto respecto a los factores de estrés comunes a los que se enfrenta la fauna acuática como la sequía”.
“Esta evaluación inédita, que combina métodos biológicos y de simulación computacional, resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas reales de pesticidas y subraya la necesidad de no relativizar sus efectos en la mortalidad masiva de la fauna acuática, como ocurre frecuentemente en los peces del río Salado y en varias regiones agrícolas”, instan los autores, en un trabajo que es sólo el primer paso.
Como plantean en el artículo, se necesita conocer y regular más: “Se requieren más estudios para comprender mejor los efectos de los cócteles y sus implicaciones ecológicas, así como para discernir la variabilidad de la respuesta en otras condiciones de exposición, proporciones de pesticidas y formulaciones comerciales, y el impacto de las mezclas de pesticidas en niveles ecológicos más altos. Esto debería ir acompañado de medidas precautorias regulatorias para proteger el medio ambiente y sus poblaciones”.
La investigación, que busca visibilizar y advertir, está dedicada a Damián Marino, científico y químico ambiental “pionero en el estudio de plaguicidas en ambientes y luchador incansable en las causas socioambientales de protección de pobladores y escuelas rurales afectadas por fumigaciones indiscriminadas”. Marino falleció en diciembre pasado, a los 46 años.
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El Palomar: la lluvia habría causado la “contaminación difusa”

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las autoridades descartaron vinaza o cachaza y consideran que podría haberse tratado de arrastre de fertilizantes o pesticidas
La contaminación de las aguas que afectaron a la localidad santiagueña de El Palomar se habría debido a compuestos fenólicos en el canal del este, originados en arrastre de productos pesticidas causado por las intensas lluvias de comienzos de mes. Las autoridades ambientales de Tucumán se reunieron el miércoles pasado con el defensor del Pueblo de Santiago del Estero en el marco del Comité de Cuenca, y entregaron los informes de las áreas técnicas tucumanas, mientras se espera que las de Santiago tengan listas las suyas.
Según informó el diario “El Liberal”, participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez, el secretario del Agua, Sergio Saltz y por Tucumán, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach. En conferencia de prensa, Suárez enfatizó el valor del espacio de diálogo en el marco del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Sali-Dulce e informó que ambas partes actuaron con el programa de Monitoreo Permanente y Alerta Temprana, y que en su caso los informes han sido puestos a consideración de la Justicia Federal, que investiga esta supuesta contaminación.
El secretario Eduardo Castro señaló que apenas se supo lo que había ocurrido en El Palomar, llevaron los equipos de monitoreo de calidad de agua “a los distintos lugares donde venía agua rojiza y nauseabunda. Pudimos comprobar que no era vinaza. Fue una contaminación difusa; los análisis detectaron la presencia de compuestos fenólicos”. El subsecretario de medio Ambiente, Moreno Majnach, añadió que también se descartó que fuese vinaza y que las áreas técnicas están analizando los compuestos fenólicos. “Pueden ser de la naturaleza, un fertilizante, un pesticida. En este caso, por las precipitaciones de la provincia podríamos hablar de contaminación difusa”.
Por su parte, Sergio Saltz, el secretario del Agua de Santiago, recordó que hace 10 años se tuvo la misma situación en El Palomar, con lo cual la gente quedó bastante sensible por lo que “se activaron todos los mecanismos”. Indicó que en Tucumán llovieron 150 milímetros en lugares puntuales. “Esto último es importante tener claro porque eso genera escurrimientos”. “Cuando hay precipitaciones importantes genera escurrimientos en los canales y puede tener y tiene de hecho arrastres. Los niveles de concentración que hemos encontrado no nos daban vinaza específicamente, pero sí avanzamos con algunos compuestos que nos pueden indicar presencia de algún otro tipo de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, como son compuestos fenólicos”.
Añadió Saltz que “lo que tenemos que tener claro es que no hubo ruptura de los almacenamientos de vinaza y creemos la hipótesis más probable es que hubo un escurrimiento de los campos y por la cantidad de precipitaciones. Obviamente, por una cuestión de pendientes naturales de escurrimiento, van hacia El Arenal”.

Sospechas descartadas
Cabe recordar que en el primer momento, las autoridades santiagueñas expresaron sospechas de que podía tratarse de contaminación producida por un ingenio y observaron que el único que estaba cerca es La Florida. Pero no hubo acusación y el abogado de la firma Los Balcanes, Eduardo Rothe, dijo el 17 de octubre a LA GACETA que “el fenómeno materia de investigación no tuvo su origen en una disposición de los efluentes que se generan en la actividad industrial del Ingenio Florida”. Añadió que “esto es algo muy fácil de constatar, recorriendo aguas arriba los canales desde El Palomar hasta el ingenio. La tranquilidad y certeza de la empresa al respecto se fundamenta en que desde septiembre de 2012 el 100% de la vinaza que genera su destilería se transporta entubada por un vinazoducto a una planta de elaboración de fertilizantes, emplazada en un lugar que no tiene comunicación alguna con el Canal del Este”. Dijo, además, que no se arroja ningún otro efluente al canal. “Lo que ratifico es que bajo ningún punto de vista se trató de efluentes ilícitamente dispuestos por el ingenio La Florida”.
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El campo vs ecologistas: Repercusiones de la media sanción de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: Portal APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


Este miércoles Diputados aprobó la Ley de Fitosanitarios. El recinto estuvo rodeado de un fuerte cordón policial, teniendo en cuenta que sectores rurales y ambientalistas se hicieron presentes para mostrar su respaldo y rechazo al proyecto. Hubo abucheos de parte de los ecologistas.
En los palcos de la derecha del recinto en la planta baja se encontraba la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), mientras que en el balcón del primer piso se ubicaban los grupos ecologistas y la izquierda. De quienes se soponían a la Ley solo se encontraron 30 personas dentro de la Cámara con la justificación de que el edificio tiene peligro de derrumbe.
Mientras el Presidente de la Comisión de Ambiente, Juan Rossi, explicaba los pormenores de la iniciativa la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, observaba atentamente y hacía muecas de disgusto al escuchar la exposición del legislador. Al finalizar Burgos dijo: “Te olvidaste de las personas que fallecieron por los agrotóxicos”.
Cabe destacar que el representante de la izquierda irrumpió varias veces en la sesión y segundos antes de la votación de la ley exclamó: “Ya están hasta las manos, le están dando la espalda al pueblo”.
Cuando comenzó la votación de cada artículo, Rossi pidió la modificación del capítulo 4, artículo 76, inciso B referido a la aplicación de agroquímicos en las zonas de amortiguación y Burgos interceptó: “¿Y eso contempla el glifosato que es cancerígeno?”. El dirigente también señaló que “van a llover haber amparos en la justicia” y aseguró: “Eso es igual a la legislación actual”.
“Votan por el cáncer infantil, ustedes están manchados”, exclamó Burgos y tildó de hipócritas a los diputados que votaron a favor y llevaban puesto un lazo rosado como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama que es en el mes de octubre.

“Se habilitó un modelo de agronegocio irrisorio”
Una vez obtenida la sanción de los medios, esta Agencia dialogó con el representante del MST y dijo: “Es un día muy triste para Entre Ríos porque se habilitó un modelo de agronegocio que va a permitir la fumigación a 10 metros de distancia”. Calificó al proyecto aprobado como “irrisorio” y justificó: “No existe en ninguna legislación del país una ley como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados”.
“Las consecuencias del agronegocio las vemos desde hace más de 20 años, son las enfermedades de la población, la concentración de la tierra y de la producción y también las sanitarias”, explicó Burgos y afirmó que “Iosper no sabe cómo hacerle frente a los nuevos casos de cáncer que hay por mes en la provincia y esta Cámara votó esa ley sin ningún presupuesto para salud”.
Ante la sanción de los medios, el dirigente llamó a movilizar al Senado para que la ley no sea sancionada y pidió a los legisladores que “empiecen a discutir la traducción agroecológica para que pesen más las necesidades sociales y no las ganancias de un sector concentrado”.

“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive”
Por su parte el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, dijo a esta Agencia que “este proyecto es algo que venimos esperando hace bastante, festejamos enormemente tener la media sanción de una ley que se veía discutiendo hace mucho tiempo en varios aspectos y entendemos que incluye a todas las voces”.  
“Tener una normativa vigente nos da la tranquilidad a los productores, habrá que ver cómo sigue en el Senado y esperamos que la ley se trate de la misma manera”, señaló el representante del campo.
Además Martiarena recapituló que hubo un proyecto anterior que se presentó en 2022, perdió estado parlamentario y no se pudo llevar adelante.
“Entre medio se conformó la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que tuvo mucho que ver en el articulado del proyecto, es algo que realmente funciona y ahí están asentadas más de 27 entidades del sector productivo”, explicó el presidente de la Federación.
“Todos los incluidos en esta discusión tenemos un rol importante, el sector productivo desde capacitar, generar la docencia y hacer bien las cosas; el Estado en todos sus estamentos, festejo que sean los más cercanos los que controlen porque son los que conocen el territorio”.
Martianera también destacó la importancia del trabajo mancomunado y la necesidad de que se sancione a quien no cumpla la Ley.
Esta Agencia consultó al representante del campo sobre su postura sobre la agroecología y respondió: “El 70% de la producción agrícola en Entre Ríos es en base a arrendamientos, habría que tratar otros temas antes de plantear un modelo agroecológico, tampoco estoy radicalmente en contra porque hay cuestiones que todo productor puede ir tomando para mejorar su producción”.
“En el último tiempo hubo una concientización del sector productivo en cuanto al uso de agroquímicos que hacen a un mejoramiento y a un rendimiento económico a la vida del campo”, contó Martiarena.
“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive y entiendo que estas nuevas prácticas, o viejas porque estaban escritas hace mucho tiempo, pueden ayudar a mejorar alguna cuestión pero no estamos preparados en la materia productiva y no dan lo que se necesita para abastecer a mercados y particulares”, consideró el presidente de la Federación Agraria.

“Muchas personas e instituciones aportaron”
Por su parte el diputado Rossi mostró conformidad con el trabajo que se realizó en la comisión que preside: “Muchas personas e instituciones de toda la provincia aportaron para que esta ley se apruebe, les quiero agradecer y a la decisión del Gobernador, Rogelio Frigerio, que nos acompañó políticamente y nos permitió avanzar con esta legislación”.
“Siempre priorizando la salud humana, cuidando el ambiente y su biodiversidad y también la producción agropecuaria porque queremos que los pequeños y medianos productores sigan viviendo en los campos”, señaló el presidente de la Comisión de Ambiente.
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La combinación de agroquímicos aumenta la mortalidad y malformaciones en especies acuáticas

Fecha de Publicación: 18/10/2024
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Nacional


La degradación de los ecosistemas producto de una sostenida contaminación proveniente de la acción humana, parece haberse no solo enquistado en la médula productiva, sino profundizado de manera sistemática con el paso de distintos gobiernos que no han disimulado su desinterés por la salud socioambiental.
Controles que gozan de una ineficiencia absoluta, multas que no redimen el daño originado, complicidades y un vendaval de excusas banas, trasuntan un camino que deja ver un horizonte cada vez más oscuro. El desprecio a todo lo relacionado con lo climático y ambiental, entre muchas otras cosas, por parte del ejecutivo nacional, deja ver que el agravamiento de la crisis socioambiental es un hecho.
El modelo de producción imperante no duda en hacer crecer un pasivo ambiental que amenaza con dar la estocada final a una biodiversidad que viene siendo acorralada desde 1996 con el ingreso de los transgénicos y su paquete tecnológico a esta parte. El panorama es desolador, de una proyección catastrófica, sin embargo, un grupo de científicos conscientes sigue adelante con investigaciones que buscan poner en relieve la necesidad de ponerle fin a un daño irremediable.
Un reciente estudio científico interdisciplinario internacional, liderado por investigadores de la FBCB y FIQ (UNL) y el CONICET, con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de la UNC y el Bremen Center for Computational Materials Science de Bremen, Alemania, ha logrado un avance pionero en el área de la ecotoxicología.
Por primera vez a nivel mundial, se ha demostrado mediante el uso de indicadores biológicos y química computacional, que las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado. Dicho de manera simple, la mezcla de estas sustancias produce un nuevo compuesto tóxico (xenobiótico) que es aún más tóxico que las sustancias por separado.
 ¿Y por qué esto resulta importante? Estas sustancias están presentes en varias cuencas (ríos y arroyos) de la región Pampeana y el Litoral Mesopotámica y son producto de la actividad agrícola intensiva en sus alrededores, que involucran principalmente a los cultivos transgénicos de soja, maíz y trigo. Incluso se ha detectado la presencia de estas mezclas en valores récords en peces como el sábalo en el río Salado de Santa Fe.
El trabajo señala la importancia de comenzar a considerar los efectos sinérgicos de las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas presentes en los ecosistemas con el fin de evaluar la ecotoxicidad de los mismos. En resumen, “se combinan la contaminación con mezclas de agrotóxicos con las crisis climáticas, como sequías y bajantes extremas, agravando la mortalidad de la fauna acuática, en especial de peces. Esto supone un riesgo adicional para las comunidades ribereñas que dependen de la pesca para su subsistencia. “
Quiénes llevaron adelante este vital estudio, no dudaron en compartir su estoico y revolucionario trabajo a la memoria de quién dedicó su vida en pos de la ciencia digna. “Dedicado a la memoria del Dr. Damián Marino, CONICET-UNLP, destacado científico y químico ambiental precursor en el estudio de la contaminación por agrotóxicos en Argentina y luchador incansable en las causas socio-ambientales y especialmente de las escuelas rurales afectadas por las fumigaciones.”

Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado, Argentina
Las comunidades acuáticas están cada vez más expuestas a mezclas complejas de contaminantes, principalmente pesticidas, debido al impacto de la actividad agrícola. El objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad de un cóctel de ocho pesticidas sobre larvas del sapo común sudamericano Rinella arenarum. El cóctel representa una mezcla realista de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola.
Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional, indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente. Los efectos del cóctel se evaluaron en larvas de desarrollo temprano y premetamórficas, a concentraciones factibles encontradas en escenarios reales.
La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas. Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas.
Participaron del estudio científico: Ana P. Cuzziol Boccioni, Rafael C. Lajmanovich, Andrés M. Attademo, Germán Lener, Carlos R. Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti & Paola M. Peltzer.
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Sequía e inundaciones: entre el cambio climático y la incidencia de las prácticas agrícolas

Fecha de Publicación: 14/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Las inundaciones y sequías son cada vez más extremas y frecuentes no solo por las lluvias o su escasez, sino por el tipo de agricultura que se pone en práctica, explica el agrónomo e investigador Esteban Jobbagy.
En las últimas tres décadas, en la Argentina se triplicó el área de cultivos, y los rendimientos por hectárea crecieron un 60%. Sin embargo, esta expansión agrícola, que se hizo desplazando bosques y pastizales naturales, está generando impactos impensados en los ecosistemas, acelerando y profundizando la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los fenómenos climáticos extremos.
“Hoy se está extendiendo la agricultura hacia tierras cada vez más secas. Y lo que ocurre es que lugares que nunca se inundaban ahora lo hacen. Esto resulta en una salinización de los suelos”, advirtió el ingeniero agrónomo Esteban Jobbagy, director del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad Nacional de San Luis. “Es como una maceta a la que no regamos nunca y de pronto la llenamos de agua. Al irse, la superficie queda blanca. Esto sucede porque mientras está la tierra seca, las sales suben por capilaridad”, explicó el docente e investigador del Conicet, quien fue el orador de apertura del IX Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia (Copuci), realizado del 2 al 4 de octubre en la sede de la universidad puntana.
El científico y divulgador se refirió a un fenómeno llamativo y poco estudiado: el nacimiento de ríos nuevos, por una combinación de lluvias y brotes de agua subterránea, lo cual, genera inundaciones y aluviones de barro. Y sostuvo que si bien hay un componente en la dinámica de las inundaciones que está vinculado al clima; señalar al Cambio Climático como su causa principal es un error.

El efecto «mate» y los mitos sobre el agua
Las inundaciones son cada vez más frecuentes no solo por las lluvias sino por el tipo de agricultura que hacemos. “Una de las cosas que descubrimos es que el tipo de plantas que sembramos y la profundidad de sus raíces influyen mucho. Reemplazamos pastizales naturales con raíces profundas, por soja que tiene raíces más cortas. Esto genera un efecto parecido a cebar un mate con la bombilla muy arriba. Queda con agua en el fondo, y la próxima vez que vertemos agua, rebalsa”, explicó.
Por otro lado, el científico y divulgador comentó que existen muchos mitos respecto del agua, y uno de ellos es sobre su escasez. “En Argentina el principal problema no es la cantidad, sino la calidad del agua, que en zonas muy extensas del país contiene arsénico. Esto ocurre porque nuestra llanura está hecha de polvo y ceniza volcánica. Y esa ceniza volcánica tiene arsénico, que al contaminar el agua genera problemas de salud a largo plazo”, señaló.
Jobbagy también destacó que mientras en casi todo el mundo el mayor factor de contaminación es el exceso de fertilizantes, en Argentina el problema es el exceso de herbicidas, que, de forma similar a lo que ocurre con los antibióticos, generan resistencia. “Somos campeones mundiales en aplicación de herbicidas, y lo que ocurre es que van apareciendo malezas que obligan a usar productos más fuertes. Esto provoca la contaminación de suelos, aire y agua más allá de su zona de aplicación, con consecuencias en la salud que son cada vez más denunciadas y estudiadas.
Finalmente, remarcó que un mito muy común es culpar a la lluvia por los desbordes de los ríos y las inundaciones, sin tomar en cuenta que estos fenómenos tienen un componente clave que es el mal uso de la tierra. “Esto es una buena y mala noticia a la vez. Es mala porque tenemos más culpa de la que quisiéramos admitir. Pero es buena porque hay cosas que podemos hacer para remediarlo”.
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Piden elevar a juicio a cuatro acusados por utilizar agroquímicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


Cuatro personas fueron procesadas por fumigar zonas semiurbanas con herbicidas peligrosos para la salud y el ambiente, desobediendo una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita zonas de exclusión.
La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, solicitó elevar a juicio a cuatro personas procesadas por el delito de contaminación ambiental con agroquímicos con residuos calificados como peligrosos.
Los acusados fueron implicados por fumigar con herbicidas peligrosos para la salud zonas semiurbanas de Pergamino cercanas a viviendas, una escuela y un jardín de infantes, desacatando una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita áreas de exclusión.
Uno de los hechos investigados ocurrió en un campo ubicado a diez kilómetros de la localidad. Un camión fumigador esparció los agroquímicos desobediendo la prohibición de dicha actividad establecida por la ordenanza N° 8126, sancionada tres años atrás por el Concejo Deliberante local. Un vecino grabó el suceso y advirtió a las autoridades, ya que la aplicación de las sustancias se llevó a cabo a metros de la Escuela N°19 y del Jardín de Infantes N° 920, mientras sus estudiantes estaban dentro del establecimiento.
Los estudios de laboratorio y análisis del suelo arrojaron que las sustancias utilizadas eran enumeradas en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, como el glifosato, que fue categorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probablemente carcinógeno para humanos. También se descubrieron herbicidas cuyo uso podría envenenar, adulterar o contaminar la salud y el ambiente.
El otro caso tuvo lugar en Juan Manuel de Rosario 3500 de la localidad de Francisco Ayersa y fue denunciado telefónicamente por un vecino. En esa ocasión, se detectó la aplicación de agroquímicos tóxicos en un campo donde se cultivaba soja, en un área lindera a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Tras la investigación, se determinó que no hubo aviso previo a la Municipalidad.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, indagó a los acusados y ordenó su procesamiento al considerarlos responsables, unificando las causas por su cercanía temporal.
"Si bien no existen dudas de que el delito en cuestión es de peligro, se consuma cuando la acción entraña un peligro para la salud de las personas; circunstancias que se pudieron determinar en esta investigación en virtud de los residuos peligrosos arrojados por los imputados en los campos señalados dentro de las zonas prohibidas, por existir poblados y establecimientos educativos" señaló Di Lello.
El magistrado también señaló que los hechos fueron constatados con evidencia documental y pericial así como con los testimonios de profesionales y especialistas en la materia, "lo que determina que todos los extremos se ven confirmados".
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Prometen que en seis meses los trámites para registrar un nuevo agroquímico podrán realizarse íntegramente por Internet

Fecha de Publicación: 19/09/2024
Fuente: Portal Bichos de Campo    
Provincia/Región: Nacional


El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de la Resolución 1095/2024 publicada en la Boletín Oficial, se comprometió a que dentro de seis meses las autorizaciones de nuevos agroquímicos y biológicos podrán tramitarse por completo a través de la plataforma oficial en internet a partir de seis meses, es decir desde mediados de marzo de 2025.
“Atento al proceso de simplificación que el mencionado Servicio Nacional se encuentra llevando adelante, resulta menester actualizar los procedimientos establecidos en razón de mejorar la operatividad interna del Organismo, ello en pos de lograr la eliminación y simplificación de normas a fin de brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas”, dijo con pompa innecesaria el Senasa, subiéndose a la ola de ofrecer a posibilidad de realizar cada vez más trámites a sus usuarios a distancia y no de modo presencial en oficinas que en muchos casos huelen a naftalina.
De todos modos, hay que desconfiar. El Senasa ya había anunciado una digitalización parecida en febrero de este año.
En el caso de agroquímicos y biológicos, respecto de cuyas aprobaciones hay muchísimas quejas de los usuarios por demoras, favoritismos y hasta corrupción, el Senasa dice en la nueva resolución que “los procedimientos administrativos para la obtención de una autorización reglada se deberán tramitar íntegramente en formato digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”.
El presidente de Senasa, Pablo Cortese, en concreto determinó que los trámites vinculados a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos en el Senasa deberán a partir de ahora realizarse por Internet. Eso será de inmediato para las gestiones vinculadas a los trámites de “Registro”, “Titularidad” y “Modificaciones” de permisos.
En el caso de nuevas “Autorizaciones”, el Senasa aclaró que “se incorporarán a la plataforma SIG-TRÁMITES dentro de los 180 días a partir de la vigencia del presente acto administrativo”. Por eso debería estar habilitada esta posibilidad a partir de marzo de 2025.
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Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.

La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.

Cambio climático y de los ecosistemas   
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.

Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.

Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
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“Plato Fumigado”: un ranking sobre los alimentos contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos sistematizaron una serie de datos oficiales del Senasa que dan cuenta de la ausencia de inocuidad de los vegetales.
La agroindustria concentrada y el andamiaje estatal que hacen prevalecer una producción intensiva de alimentos por sobre la agroecológica y campesina impactan directamente en la calidad de los vegetales que se comercializan, y así lo deja reflejado un nuevo informe del relevamiento denominado “Plato Fumigado”, donde además de elaborar un ranking con los alimentos más contaminados con agroquímicos, plantean propuestas para su abordaje ante los riesgos de la exposición directa e indirecta a esos cócteles de principios activos.
El informe elaborado por la Fundación Cauces y Naturaleza de Derechos partió de una solicitud de acceso a la información pública presentado en febrero de 2024 al Senasa para conocer los resultados de sus relevamientos realizados al menos entre 2020 y 2024 en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha): es decir, tiene como fuentes los datos producidos por el propio Estado.
Sin embargo, finalmente solo accedieron de manera limitada a los datos entre 2020 y 2022, aunque aseguran que tras el anuncio de la publicación de su informe, el Senasa decidió dar a acceso universal a los datos de 2023 en la página web.
¿En qué constaba el Plan Creha? En el análisis de los residuos de 54 alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especias aromáticas) comercializados en Argentina, en los cuales hubo 6.191 detecciones de agroquímicos. Basados en esos datos, por tercera vez se presentó el informe autogestivo “Plato Fumigado” que se realiza desde 2017 por parte de la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos.
Desde los colectivos que sistematizaron la información señalan que el objetivo del informe es hacer accesibles los resultados de los controles del Senasa para concientizar sobre los riesgos y de la evidente ausencia de inocuidad alimentaria en el consumo de alimentos producidos bajo la agricultura y ganadería intensivas.

Algunos datos relevados en el informe
El informe consta de más de un centenar de páginas con datos sistematizados, pero también analizados en torno a los relevamientos del Senasa concretados en los últimos años en alimentos vegetales inspeccionados en todo el país.
Entre los datos publicados, por ejemplo, se encuentra el ranking de vegetales con mayor cantidad de agroquímicos. Y ese listado lo encabeza la pera con 34, seguido por manzana (31), naranja (30), banana (30), tomate (29), uva (27), palta (26), mandarina (25), limón (24) y pimiento (23).
Y según regiones, en la “Buenos Aires Sur” el alimento con mayor cantidad de agroquímicos fue la naranja con 11 químicos diferentes, mientras que en “Buenos Aires Norte” fue la mandarina (14) y en la región Metropolitana los morrones (8).
¿Qué agroquímicos se hallaron en los alimentos? En el informe dieron a conocer el hallazgo de 83 principios activos tales como el herbicida 2.4D, el insecticida Acetamiprid, el herbicida glifosato (el más utilizado, con 423 fórmulas comerciales), o el fungicida Benomil, algunos de los cuales son cancerígenos y/o alteradores hormonales o inhibidores de colinesterasas que permiten un correcto funcionamiento del sistema nervioso, y por lo tanto considerados pesticidas altamente peligrosos.
Concretamente, de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos relevados, 46% fueron insecticidas, 41% fungicidas, 10% herbicidas y 3% tipo coayuvantes. Un dato particular al respecto, además, fue que poco más de la mitad están prohibidos en la Unión Europea y un número similar son considerados cancerígenos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.
La gravedad de la situación radica, por ejemplo, en que se trata de alimentos con nutrientes necesarios para una alimentación saludable y, como consecuencia, su acceso resulta un derecho pero también un problema de salud pública, considerando la calidad de los vegetales.
Así, como parte de “Plato Fumigado”, decidieron cruzar las recomendaciones alimentarias realizadas por organismos internacionales con los resultados relevados por el Senasa, enfocados solo en los vegetales. Por ejemplo, mientras se recomienda el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, en los 39 alimentos pertenecientes a esa categoría se hallaron 73 agroquímicos.
Al hablar de legumbres, cereales, papa, pan y pastas cuya recomendación es el consumo de medio plato diario, se encontraron con 30. Un número similar de contaminantes (26) se halló entre aceites, frutas secas y semillas.
Pero lo más esencial en el mapa de recomendaciones alimentarias es el agua, que lejos está de escapar de la contaminación con agroquímicos y sostienen que distintos relevamientos suelen encontrar 20 principios activos en promedio. Tal como sucedió en el territorios periurbanos de Mar del Plata donde no llega la red municipal, desde el informe aseguran que “hay una omisión muy grave por parte del Estado de monitorear y controlar la presencia de agrotóxicos en el agua de consumo humano”.

Los impactos en la salud
Desde el informe advierten por lo impactos comprobados en la salud a partir de la exposición o consumo directo o indirecto a este tipo de sustancias utilizadas para proteger los cultivos -y, en consecuencia, las ganancias de grandes producciones intensivas- de insectos, hierbas u hongos. Así, discriminaron cuáles de los hallados son cancerígenos, cuáles son alteradores hormonales y cuáles inhiben las colinesterasas.
Por ejemplo, entre mujeres afirman que la evidencia científica vincula la exposición a múltiples casos de cáncer de mama, ovario y útero, como también endometriosis, muerte embrionaria precoz, malformaciones, pubertad precoz o hiperactividad. Entre hombres, en tanto, cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, disminución del nivel de testosterona o disminución de esperma.
Frente a esta situación, enfatizaron en la importancia no solo del monitoreo estatal sino también en el peso de proyectos determinantes como lo es el Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que también tuvo voluntarios en Mar del Plata hasta que el INTA decidió apartarse del mismo.
Pero también, como alternativa, resulta necesario un fomento de las producciones agroecológicas campesinas que además de ser fuente laboral para miles de familias, están azotadas no solo por la falta de apoyo gubernamental por no representar una ganancia estatal en términos de divisas, sino también por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos, factores que minan la posibilidad de producir alimentos sanos libres de agroquímicos.
“Consideramos que la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de derechos humanos: derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, de los consumidores y consumidoras, y muy principalmente los derechos de la niñez. Para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”, concluyeron.
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Causa ATANOR: la firma no tiene los permisos de habilitación del Ministerio de Ambiente de la Provincia por no presentar la documentación necesaria.

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: Prensa Libre SN
Provincia/Región: Buenos Aires


Para determinar si se reabrirá o no en el lugar en el que hoy se emplaza, la Justicia aguarda que el CONICET lleve adelante una evaluación de riesgo ambiental que demandaría, al menos, seis meses.
En el marco de la medida cautelar que tiene paralizado el funcionamiento de la empresa ATANOR, al menos, hasta completar una serie de medidas que llevará adelante el CONICET, Prensa Libre SN pudo acceder al detalle de los pasos pendientes, los cuales arrojarán un informe que determinará si es posible o no la reapertura. Aunque esto llevaría alrededor de 6 meses, según informaron a este medio desde la parte demandante.
Los pasos a seguir:
1. Relevamiento de información especifica disponible.
2. Auditoria in situ.
3. Actualización de la información de producción.
4. Actualización de la información de cumplimiento de normativa.
5. Análisis critico de la información, diagnostico preliminar.
6. Relevamiento impacto en vecinos.
7. Modelado de la disposición de emisiones desde fuentes fijas. Discusión técnica de red de monitoreo diseñada. Informe parcial.
8. Determinar plaguicidas y otros compuestos asociados en aire (MP y MPS), suelos y agua subterránea.
9. Discusión técnica con directivos y personal de la planta.
10. Conclusiones, propuestas.
Según lo que arroje dicho análisis, la justicia dispondrá o no la reapertura de ATANOR en el mismo lugar en el que hoy se emplaza.
Recordemos que hace pocos días, la propia jueza Bancalari fue la encargada de difundir un comunicado en el que dejó claro que “la función judicial es preservar la salud de la población y el medio ambiente”. Asimismo, durante la ultima audiencia celebrada entre las partes el ultimo viernes se desprendió que la empresa no cuenta con los permisos de habilitación necesarios expedidos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia por falta de presentación de documentación.
De este ultimo encuentro formal en el ámbito judicial participaron, agentes de justicia, representantes del CONICET, los abogados de ATANOR y de FOMEA, personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, el subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense, representantes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
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El gobierno de Milei acelera la aprobación de transgénicos

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En los nueve meses que lleva su mandato se aprobaron cuatro eventos de semillas genéticamente modificadas, y van casi 80 en los últimos 25 años. Así se profundiza el extractivismo, la concentración económica y el vertido de agrotóxicos.
Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.
Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.
“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya!
“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Una historia que no es nueva
La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60% de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.
Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.
Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.
“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (RIGI), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.

La carrera por la desregulación
La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa 2 en 2001 (1 por año). Con Nestor Kirchner, 4 (1 por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (3 por año); En el gobierno de Macri 25 (6 por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron 4 en los 8 primeros meses, lo que da una proyección de 7 por año.
Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y BASF) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.
“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el RIGI, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de FECOFE e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.
Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.

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¿Qué pasa en el INTA?

El organismo transita una etapa de indefiniciones e incógnitas sobre su futuro, en medio de acusaciones de censura y el polémico cierre del programa Pro Huerta. Los pequeños productores y la agricultura familiar totalmente afuera del radar.
La primera versión de la Ley Bases tenía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dentro de los organismos que podían ser disueltos e intervenidos por decisión del Poder Ejecutivo. Entre las debilidades parlamentarias del Gobierno, las presiones de la oposición, la resistencia de sus trabajadores y la advertencias de buena parte de la comunidad agraria, el INTA quedó dentro de una lista de 20 organismos descentralizados que no podrán ser fusionados ni cerrados. Así transcurrieron los primeros meses durante la presidencia de Javier Milei: en medio de un ajuste fiscal drástico, el INTA zafó de los peores destinos, pero su futuro sigue siendo una incógnita con algunos indicios alarmantes, especialmente por el deterioro y la fragilización del del vínculo con los pequeños productores de todo el país.
La conducción del INTA fue uno de los casilleros que Milei tenía previsto cubrir desde que asumió. A diferencia de otras áreas, que siguen con cargos estratégicos sin designación, el INTA fue rápidamente cubierto. En la presidencia del organismo fue nombrado el cordobés Juan Cruz Molina Hafford, un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice es María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.
Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del INTA y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.

Censura recargada que viene de antes
Tanto el presidente como la vice del INTA se preservan en el perfil bajo. Prefieren que el organismo transite en el mejor segundo plano posible. Sin embargo, las críticas han sacado del silencio la situación actual del INTA. A mediados de julio, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, grabó un video donde se hacía eco de una denuncia sobre presunta censura dentro del organismo. «Es cercenar los derechos democraticos, es oscurantismo y terrapanismo en materia agropecuaria. La sustenabilibidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace más de 200 años Manuel Belgrano hablaba de la sustentablidad y cuidar los suelos. Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas, ponen en peligro al conjunto de la producción. Podran intentar prohibir las palabras pero con eso no resuelven nada», dijo el funcionario.
La conducción salió a desmentirlo, pero según confiaron desde adentro del organismo la censura de determinadas palabras se ha profundizado. Todas aquellas que puedan tener «una connotación política», deben ser suplantadas. Los voceros del INTA lo siguen negando y dicen que es un disparate pero varias fuentes internas aseguraron a Tiempo Rural que no se puede usar la palabra «agrotóxicos» en las investigaciones. Tampoco cambio climatico, sustentabilidad de genero, ni nada vinculado a la agenda 2030. «Cómo el país no quiere reconocer el cambio climático, nos perdemos grandes posibilidades de financiamiento que estan disponibles y que no podemos tomar porque está prohibido», contó un funcionario que no puede sumar ninguna de esas palabras en los documentos oficiales.
Los investigadores no son ingenuos, siguen adelante con sus trabajos y buscan sortear los costados más burdos de la censura, pero esas directivas tienen correlatos concretos. «Detrás está el prejuicio de que se está atacando al sistema tradicional de plagicidas y que sólo visualizamos la agroecología. Eso es falso. El mundo va a hacia eso y las pruebas están en la información que está disponible, pero no se conoce», detalló la fuente. «Si se hicieran públicos todos los informes diarios del laboratorio del Mercado Central, muchos se podrían encontrar con sorpresas, pero eso esta prohibido discutirlo», lamentó el especialista consultado. Adentro del INTA no olvidan que los intentos para forzar el lenguaje y extirpar palabras también sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Los golpes a la agricultura familiar
A partir del año 2001 en el INTA hubo intentos para revalorizar el rol de la agricultura familiar. Se crearon cinco institutos que eran parte de una herramienta de extensión que buscaba atender al pequeño productor capitalizado. De los cinco  institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, sólo quedaron tres dedicados a la Región Pampeana, la Patagonia y el NOA.
Pero el recorte que más impacto tuvo es el cierre del Programa PRO Huerta, que promovía semillas y huertas colectivas y también una estrategia para vender los excedentes en las ferias. Durante la gestión de Cambiemos intentaron cerrar todos los IPAF sin éxito. En su lugar borraron el programa Cambio Rural, que reunía a 20.000 ´productores.
El PRO Huerta sobrevivió en la gestión Cambiemos y durante la gestión de Fernández casi desaparece. Con la gestión libertaria finalmente lo cerraron y de ese modo desaparecieron las herramientas para los pequeños productores que podía promover el INTA.
El cierre se aplicó en marzo y originó 43 despidos. Molina Hafford tenía la posibilidad de renover el convenio con el ministerio de Capital Humano para continuar con el programa, pero el titular del INTA nunca avanzó con el trámite y así le dio el tiro de gracia.
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