Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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Entidades del campo le plantearon al Gobierno su preocupación por una norma europea sobre deforestación

Fecha de Publicación: 22/02/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Ruralistas e industriales se reunieron con funcionarios nacionales, que se comprometieron al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con los países del viejo continente.
Veinte entidades del agro le manifestaron al Gobierno nacional su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado el 31 de mayo de 2023.
La mencionada disposición, a la que se oponen desde la agroindustria argentina, es relativa a la comercialización en el mercado de la Unión Europea (UE) y a la exportación desde el viejo continente de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR, por sus siglas en inglés).
En ese marco, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, donde las instituciones del agro expresaron su preocupación.
Durante el encuentro, los representantes del agro les entregaron a los funcionarios un documento en el que se detallan los argumentos del rechazo al EUDR.
“Finalmente, las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino, al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino. Se acordó mantener una mesa de trabajo de seguimiento de esas negociaciones”, informaron.
“Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina, afectando nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”, enfatizaron los ruralistas por medio de un comunicado.
En este sentido, se detallaron puntos donde se plantea la interpretación sobre el alcance de determinados artículos del EUDR.
Asimismo, se solicitó que no haya inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de otros productos. Más allá de esta posición, en caso de que la acción de “no aplicación” solicitada no prospere o se demore en el tiempo, se acompañó con una serie de pedidos de modificación al EUDR, con el objetivo “de reducir el impacto comercial negativo para la Argentina”, según indicaron.
En forma paralela, muchas de las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado frente a los demás países competidores, que ya están definiendo sus respuestas al EUDR. sin que esto pueda interpretarse como un acto de conformidad del reglamento, aclararon.
Entre las entidades que participaron se encuentran la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).
También firmaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
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Filmaron fumigaciones con un dron a metros de una vivienda

Fecha de Publicación: 19/02/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Sucedió este domingo en El Marquesado. Advierten por la consecuencias de este nuevo tipo de fumigación y remarcaron los incumplimientos de los controles.
Las tecnologías para aumentar la productividad de la agricultura intensiva avanzan, pero en algunos casos lo hacen en contra de la legislación vigente: al menos así lo denunció un vecino de El Marquesado en las últimas horas, al registrar la aplicación de agroquímicos con un dron a metros de su vivienda, es decir, incumpliendo la normativa vigente y cuyo acatamiento debe ser corroborado por la Municipalidad.
Desde septiembre de 2014, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense –ratificada en 2019–, en Mar del Plata se mantienen suspendidos los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 aprobada en 2013 que permitían fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
En este caso, este domingo desde la Asamblea Paren de Fumigarnos dieron a conocer un video grabado por un vecino de El Marquesado donde se ve cómo un dron preparado para pulverización aplicó agroquímicos sobre un campo ubicado a pocos metros de la vivienda, con todo lo que implica hacerlo de manera aérea por su deriva a los terrenos lindantes.
“Seguramente están echando algún herbicida para volver a sembrar y justo el viento viene de ahí. Así que estamos acá con mi sobrino respirando el veneno que tira esta gente en la puerta de mi casa, que antes pasaban con el mosquito”, relató el vecino que grabó el video.
Desde el espacio asambleario, al respecto, consideraron que este tipo de aplicaciones “podrían convertirse en una tendencia del agronegocio”, con tecnologías con posibilidad de cubrir 16 hectáreas por hora. No obstante, advirtieron que en el caso de las aplicaciones aéreas las restricciones vigentes son mayores: el decreto 499/91 del gobierno provincial establece un límite de 2 kilómetros de las áreas pobladas.
No es la primera fumigación registrada en lo que va del año a metros de viviendas, en incumplimiento de la manda judicial que impide hacerlo a menos de un kilómetro de poblados: en enero, vecinos de El Boquerón, denunciaron públicamente las aplicaciones de un frutillar, ante lo cual formularon una denuncia ante Policía Ecológica y en la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad.
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En tres décadas, La Pampa duplicó el uso de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 10/02/2025
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


Según el INTA en Argentina se consumen 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de otros fitosanitarios, consignando que la participación de La Pampa es del 6,4% del país. De allí se deriva que aquí se utilizan 37,1 mill/lts de agroquímicos (14,7 millones de herbicidas y 22,4 millones de otros fitosanitarios).
El agroquímico es una sustancia usada en el campo para proteger cultivos de plagas, malezas y otras enfermedades para mejor productividad del suelo. Son pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes conocidos como fitosanitarios.
Hay tres multinacionales que las manejan para soja, maíz, trigo, cebada y girasol siendo el segundo agronegocio en importancia. Aquí lo comercializan 173 veterinarias rurales, 18 cooperativas y 8 franquicias en un área tratada de 2.504.111 ha. en la fina y la gruesa.
En el país se desechan 17.000 toneladas de polietileno en envases y en La Pampa 1.100 toneladas Los organismos encargados de registrar agroquímicos (Senasa y Anmat) cuentan con un registro de plaguicidas domisanitarios y agroquímicos clasificados según toxicidad según la clasificación de la OMS que los admite como de venta libre o de uso profesional. Para el Senasa el 42% consumido son herbicidas; 23% pesticidas; 20% fungicidas y 15% restante otros productos fitosanitarios (acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etcétera).
Según Fertilizar, el sector agrícola del país demandará en esta cosecha 6.551.300 toneladas de fertilizantes, 4.488.000 nitrogenados; 1.337.156 fosfatados y otras 684.500 toneladas. En La Pampa la explosión en la demanda de fertilizantes comenzó con maíz y soja para derivar en los cereales de verano e invierno. Pasamos de 15 millones de litros en 1989 a 37 millones de agroquímicos en la campaña anterior.
Un gran negocio de multinacionales que capturan 80% del negocio que factura en el país US$ 4 mil millones con un mapa global de 3 megaempresas: Bayer-Monsanto; Dow (se separó de Dow- Dupont) y ChemChina (absorbió a Syngenta) con el 56% del mercado mundial.

Envases y CAT
El uso de agroquímicos para la producción agrícola genera una gran cantidad de envases vacíos (38 millones en el país y 1,8 millones en La Pampa) que, si no se manejan en forma adecuada, pueden significar un impacto ambiental significativo. Esto pasa porque contienen residuos químicos que contaminan suelos, aguas superficiales y subterráneas, poniendo en peligro la salud humana y los ecosistemas.
En La Pampa se usan, como se explicó, por campaña alrededor de 1,8 millones de envases de fitosanitarios (a un promedio de 20 litros por envase). Años atrás el gobierno pampeano prohibió la comercialización de agroquímicos intimando a la Fundación Campo Limpio, integrada por Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) para poner a funcionar tres Centros de Acopios Transitorio (CAT) que se habían prometido establecer para manejo y tratamiento de los envases vacíos de agroquímicos y trazabilidad de bidones, dispuesto por la ley Nacional N° 27.279, de Productos Fitosanitarios. En febrero de 2025 la mayoría de los registrantes están agrupados en la Asociación Civil Campo Limpio y en la actualidad funcionan cinco centros ubicados geográficamente en las localidades de Alta Italia, Gral. Pico, Colonia Barón, Catriló y Rolón.
La clave aquí, además de otras obligaciones sanitarias y administrativas de las empresas, es el llamado “triple lavado” o “lavado a presión”, donde los productores deben purificar exhaustivamente los envases para eliminar los restos de productos químicos. Estos envases son clasificados como envases tipo A. Aquellos que por sus características no pueden ser lavados, son clasificados como envases tipo B.
En 2023 el INTA presentó un informe en donde analiza el rol de los productos fitosanitarios de síntesis química en las producciones agropecuarias. Bajo este marco, el relevamiento resalta que es posible “incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”. De igual manera, el informe confirma que “la agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios (también conocidos como agroquímicos) sin poner en riesgo el
volumen y la calidad de la producción”. Además en un informe del INTA del año anterior se desprende según la especialista Jorgelina Montoya (coordinadora del proyecto estructural gestión sostenible de fitosanitarios y especialista del INTA Anguil, La Pampa) que “sin el uso de fitosanitarios las pérdidas en manos de las plagas serían significativas”.

Distribución espacial
De acuerdo a los datos del informe del INTA sobre agroquímicos y de acuerdo al porcentual de la superficie cultivada departamental puede inferirse que la superficie tratada en La Pampa con agroquímicos crece a pasos geométricos. Solo en plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas) las áreas tratadas superaron los 2,1 millones de hectáreas y con fertilizantes (urea, superfosfato triple y fosfato diamónico) y 300 mil hectáreas más con otros agentes.
En la anterior campaña (2022/23) los ejidos rurales con mayor utilización en la cantidad de plaguicidas sería el departamento Maracó (General Pico con 95.700 hectáreas), Chapaleufu (Intendente Alvear con 83.250 y Larroudé con 66.230), Catriló con 57.128, Colonia Barón con 55.300, Agustoni 53.300, Vértiz con 46.721, Ingeniero Luiggi con 43.611, Quemú Quemú con 42.900, Ceballos con 35.221 y Lonquimay con 33.120 hectáreas. En el mix de utilización de herbicidas de verano e invierno lidera Pico con 48.256 en verano y 11.230 hectáreas en invierno, seguida por Catriló con 29.630 hectáreas de verano y 11.321 de invierno. En insecticidas, Pico y Larroudé son las que más lo utilizan con 48.922 y 47.200 hectáreas tratadas respectivamente, precedida por Intendente Alvear con 33.000.
En fungicidas, Ceballos está al frente con 3.680 hectáreas, seguida por Luiggi con 3.420 y Alvear con 3.020 hectáreas. En superficies mejoradas con fertilizantes Alvear tiene 11.123 hectáreas, Pico con 9.921, Lonquimay 7.923, Falucho 6.303 y Ceballos con 6.121. En Urea granulada han hecho punta Pico, Alvear, Agustoni y Lonquimay con 12.200, 9.621 y 7.174 hectáreas respectivamente. En Superfosfato triple las localidades con mayor tasa de utilización son Ceballos, Santa Teresa y Sarah con 921, 720 y 544 respectivamente. En cambio con fosfato diamónico, Falucho detenta 6.226 hectáreas, seguida de Alvear y Macachín con 5.879 y 3.266 hectáreas.
Aquí se utilizan productos químicos habituales, como urea, carbonato de potasio, cloruro de manganeso, cloruro de amonio, urea metileno, cloruro de calcio anhidro y cloruro de zinc. La expectativas de un mejor clima en la campaña actual después de las lluvias casi con seguridad traerá aparejado aumentos en la siembra de semillas, por tanto más compras de herbicidas a base de glifosato con envíos de abonos nitrogenados y potásicos junto a abonos fosfatados al igual que productos químicos orgánicos y fungicidas.
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El gobierno nacional aprobó en 2024 la cifra más alta de transgénicos de las últimas tres décadas

Fecha de Publicación: 04/02/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El año pasado la Secretaría de Agricultura autorizó 25 productos biotecnológicos. Es la cuarta parte del total aprobado desde 1997, es decir, la más alta en 30 años. La otra cara: el freno las políticas agroalimentarias y la concentración del mercado.
El primer año de gobierno de Javier Milei será recordado como un año récord en la aprobación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En el mismo lapso fue desmantelada la mayor parte de las políticas agroalimentarias que impulsaba el Estado.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca perdió el rango de ministerio desde que asumió Milei y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según un comunicado el año pasado se autorizaron 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos. La cifra “representa un hito histórico ya que constituye el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en los últimos 28 años”.
El elocuente número de autorizaciones superó al alcanzado en 2018, con la aprobación de 16 OGM bajo la presidencia de Mauricio Macri. El dato se basó en la aceleración de los trámites de evaluación y registro. De este modo, los funcionarios libertarios avalaron la aprobación comercial de 19 microorganismos modificados como levaduras para la producción de bioetanol y vacunas biotecnológicas para porcinos y aves; y seis cultivos genéticamente modificados (dos para soja y cuatro para maíz).

Menos para muchos, más para unos pocos
La contracara de este “récord” fue el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y de protección a los consumidores, con una creciente concentración del mercado de alimentos en unas pocas compañías agroexportadoras.
Según un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, en 2024 se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, incluyendo la interrupción del histórico programa Pro Huerta, que por más de 30 años se ocupó de la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos. Además, “la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar del SENASA y el virtual vaciamiento del INTA (con despido de profesionales y venta de su edificio histórico en el barrio porteño de Palermo), debilitaron las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la agricultura familiar, campesina e indígena en la provisión de alimentos saludables.
De acuerdo al trabajo, titulado “Rascar la Olla. El desmantelamiento de las políticas agroalimentarias durante el gobierno de Milei”, “el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Las caídas más significativas se observaron en bebidas (26%), lácteos (12%), carnes (9%), frutas y verduras (7%), y productos de almacén (6%).
Entre noviembre y julio de 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128% y Argentina lideró el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial.
En ese período, “preparar un guiso se volvió un 151% más caro. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio de 2024, era posible preparar un 27% menos de porciones. Y tomar una taza de mate cocido con leche y pan implicó un incremento del 147% en el gasto (solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período).

Un modelo de transición justa
Durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza se congelaron iniciativas para promover los mercados de cercanía como la Ley de Góndolas, y se eliminaron programas de educación alimentaria y nutricional y de asistencia a comedores comunitarios.
Al mismo tiempo, “las grandes empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos un 4.900%”, destaca el trabajo del CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo. Estas ganancias se verán reforzadas en 2025 con la baja de retenciones a las agroexportadoras.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) conformada por organizaciones de pequeños productores, cooperativas y comunidades campesinas como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (FONAF), denunciaron el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias y el vaciamiento de organismos y programas fundamentales.
Al mismo tiempo, destacaron el rol de la agroecología y la agricultura familiar, campesina e indígena como un modelo sostenible. “La producción agroecológica reduce los costos entre 60% y 70%, lo que permite a las familias productoras disponer de mayor capital para mejorar sus unidades productivas o invertir en infraestructura”, destacó el productor de la UTT y referente del Consultorio Técnico Popular (CoTePo), Juan Amador, durante el primer Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, realizado en noviembre de 2024.
En tiempos de crisis climática y socioambiental, el acceso a alimentos sanos producidos localmente es a la vez un desafío y una oportunidad de generar empleo y valor económico, social y ambiental.
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Crisis climática golpea al campo: impacto en la producción agrícola

Fecha de Publicación: 01/02/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático está generando desafíos significativos para la agricultura argentina, un sector clave en la economía del país.
Las alteraciones en los patrones de precipitación y las temperaturas extremas están afectando la producción de cultivos esenciales como la soja, el maíz y el trigo.

Impacto en los cultivos
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de soja y maíz en la campaña 2024/25 se ha reducido en un millón de toneladas debido a la escasez de lluvias y las altas temperaturas. La nueva estimación sitúa la cosecha de soja en 49,6 millones de toneladas y la de maíz en 49 millones.
Estas condiciones climáticas adversas, especialmente en regiones como el Núcleo Sur y el Centro-Este de Entre Ríos, han disminuido el rendimiento potencial de estos cultivos.

Variabilidad climática y desafíos logísticos
La variabilidad climática también ha provocado fluctuaciones en los niveles de los ríos, afectando la logística de exportación. Por ejemplo, los bajos niveles del río Paraná han obligado a los buques cerealeros a reducir su carga en aproximadamente un 15%, incrementando los costos y tiempos de transporte.

Medidas y adaptaciones necesarias
Frente a estos desafíos, es crucial que el sector agrícola argentino adopte prácticas sostenibles y resilientes. La diversificación de cultivos, la implementación de sistemas de riego eficientes y el desarrollo de variedades resistentes a sequías y altas temperaturas son algunas de las estrategias recomendadas.
Además, es esencial que las políticas públicas apoyen estas iniciativas, fomentando la inversión en investigación y desarrollo, y ofreciendo incentivos para prácticas agrícolas sostenibles.
La colaboración entre productores, instituciones y el gobierno será determinante para mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la sostenibilidad de la agricultura argentina en el futuro.
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Oscilaciones extremas y cada vez más frecuentes del Río Paraná: impacto del cambio climático y otros factores

Fecha de Publicación: 09/01/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La crisis climática y los cambios en el uso del suelo para la expansión de la frontera agropecuaria y el desarrollo inmobiliario, parecen cambiar, la morfología del territorio. Cómo afecta al río Paraná y sus constantes oscilaciones.
El brusco descenso en los niveles del río Paraná, se da en el marco de una oscilación que muchos especialistas comienzan a evaluar como periódica producto del cambio climático que es crucial en esta variabilidad, ya que hace pocas semanas, se podía observar un notable aumento.
Dichas oscilaciones, comienzan a afectar al ecosistema, la biodiversidad y el hábitat de miles de especies que alberga el Río Paraná, ya que cada vez es más común, atravesar momentos de ascensos y descensos extremos provocados por sequías prolongadas, así como lluvias intensas.
Ejemplo de ello, es que el gran río del Litoral argentino alcanzó en 2021, sus más bajos niveles de agua del último medio siglo y, para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná.
Para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de caudales mínimos, pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de su cuenca, lo que ayuda a acentuar la variabilidad de los patrones de lluvias y temperaturas en toda la región.

“Noqueado” por la bajante
El río Paraná, nacido en Brasil y criado en tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo.
Un gigante fluvial que estuvo más de dos años “noqueado” por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que secó lagunas y riachos, y dejó al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundación.
Según un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Delta medio del río tenía a mediados de 2021, una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.

Reducción
Desde mediados de 2024, las precipitaciones han estado por debajo de lo normal, lo que provocó la reducción del canal del río, alcanzando niveles alarmantemente bajos en varios puertos, como el de nuestra ciudad. Este proceso, se atribuye a la falta de lluvias en las cuencas que alimentan el río, un fenómeno exacerbado por el calentamiento global y la desertificación.
De este modo, el cambio climático juega un papel crucial en este fenómeno. Esta situación de emergencia hídrica es una de las manifestaciones de ello, donde la deforestación y el uso intensivo de la tierra han reducido la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular el clima.

Uso del suelo
Como trasfondo, aparece el cambio del uso del suelo como explicación principal para entender al menos en parte, las razones por las cuáles el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado: lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las dos últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensificado que cambió, tal vez para siempre, la morfología del territorio.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años.
En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco). El territorio primigenio del Paraná ya no es, ni será, lo que era, un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad de recuperación y resiliencia del gran río.

Hacia los extremos
Si se miran proyecciones hidrológicas, en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio, sostienen los especialistas.
Sin embargo, esa proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes.
Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos, según advierten científicos que trabajan en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático.
 
Hacia una nueva “normalidad” hidrológica
Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.
“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que hubo fue una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, tuvo lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo, desde hace por lo menos dos años”, graficaba el ingeniero hidráulico a finales de 2021.
A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo de 2021, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.
“En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático
Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.
El “boom” de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), hizo que regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina, fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.
Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.
 
Capacidad del terreno
Por su parte, las sequías prolongadas, como las que atravesó el Paraná hace algunos meses, se deben a factores como la deforestación y los cambios en el uso del suelo en las áreas cercanas al río, esto provoca la pérdida de vegetación que reduce la capacidad del terreno para retener humedad y regular el ciclo del agua.
Este fenómeno no solo afecta la cantidad de agua que llega, sino que también provoca la pérdida de humedales, que funcionan como esponjas naturales, regulando el flujo de agua y proporcionando refugio y alimento a miles de especies.
Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

Cambios ecosistémicos
“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.
Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Depuración
Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.
La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.
Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

Desbarrancamientos
También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río.
“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.

Panorama
Los estudios sugieren que el río Paraná está experimentando un aumento en la variabilidad extrema de su caudal. A pesar de que, el caudal medio podría no mostrar cambios significativos, se espera que los extremos, tanto mínimos como máximos, se vuelvan más pronunciados.
Esto implica que las bajantes podrían ser más severas y frecuentes, lo que afectaría gravemente a la biodiversidad y a las actividades económicas que dependen del río, como la pesca o la agricultura.
Además, la interacción entre fenómenos climáticos como El Niño y La Niña también influye en esta variabilidad, complicando aún más las predicciones sobre el caudal del Paraná.
Estas condiciones, se deben a alteraciones en los patrones climáticos que dificultan la gestión hídrica y alertan sobre la necesidad de crear estrategias para mitigar los efectos que estos cambios pueden producir y las consecuencias posibles que afectarán a las poblaciones costeras y las especies que viven en el río.
Los expertos advierten que estas condiciones extremas serán cada vez más comunes y requieren una atención urgente por parte de toda la población.
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“Cosmética”: vuelve la polémica por la reglamentación de una ley de agroquímicos en La Pampa

Fecha de Publicación: 09/12/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Pampa


Luego de la controversia inicial, los productores recibieron del gobierno provincial un nuevo documento y, por el contenido, analizan rechazarlo
Tras la polémica que se generó en La Pampa por el avance de la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020, el gobierno de Sergio Ziliotto accedió a modificar algunos puntos. Pero habría disconformidad con los cambios que los productores consideran más de “cosmética”. Por esa razón analizarían no validarlos. Para los productores la reglamentación inicial dejaba afuera de producción 200.000 hectáreas debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos.
En noviembre pasado, los productores recibieron de parte del Ministerio de Producción de La Pampa, que conduce Fernanda González y estaba a cargo del armado del borrador de un decreto reglamentario, un documento que contemplaba algunas enmiendas. Estos cambios, de acuerdo con los productores, no habrían sido tomados y ahora habrían llegado a un acuerdo para “rechazarlos”. A los productores les dieron 15 días, que vencen el 11 del actual, para responder a esos cambios. “Es peor que el borrador original”, precisó una fuente.
El borrador anterior que circuló tenía exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto. Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
Los productores habían cuestionado que la ley desconocía los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs). Resaltaron entonces que esta “atenta contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y provincial”. Y agregaron que “criminaliza la actividad agropecuaria e impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa”.
Desde el Consejo Consultor, que integran entidades del agro, venían trabajando desde antes de 2020 para actualizar la ley en la materia en base con los desafíos que tienen los productores. Esta entidad se reunió con González para impedir el avance de la oficialización. Días después se realizó una reunión con Ziliotto y la Mesa de Enlace local en completo hermetismo, donde se gestó un principio de acuerdo para rever los puntos más cuestionados de la reglamentación y la ley. Esto se convirtió en un paso para los productores, quienes hasta ese momento se habían encontrado con la negativa de ser escuchados. En el gobierno provincial les insistieron en que “no es posible modificar la ley”, por eso dejaron la puerta abierta a rever la reglamentación.

Correcciones
En el primer capítulo sobre el control de plagas, se desprendía: “Autorizase toda realización de aplicaciones urbanas y/o rurales de control de plagas que sea declarada por el Estado Provincial o Nacional de interés epidemiológico o de sanidad productiva, debiendo dar aviso con una antelación no menor a 72 horas hábiles de la realización de la práctica a la Comisión Interdisciplinaria”. De acuerdo con el nuevo borrador, la antelación quedaría fuera del reglamento.
Sobre las “práctica e investigación”, señala: “Autorizase la realización de toda práctica experimental de investigación que involucre a los institutos educativos, instituciones técnicas, científicas y tecnológicas públicas, nacionales y/o provinciales, que requiera el uso de plaguicidas y demás productos por la Ley N° 3288. A los fines de efectuar esta práctica, se dictarán los Protocolos Específicos los que serán avalados por la Autoridad de Aplicación competente, debiendo contar con profesional debidamente registrado, el representante de la institución y dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida”.
Según las correcciones se habría dejado fuera la decisión de “realizar esta práctica con profesional debidamente registrado; el representante de la institución, deberá dar aviso de los productos a utilizar, actividades en las que se aplicará y toda otra información que sea requerida por las autoridades de aplicación, conforme al sistema único de trazabilidad”.
Fue reemplazado el artículo N° 3 sobre el pago de las tasas de inscripción, registros y la retribución de servicios que preste la administración pública. En su defecto, se creó el de “trazabilidad”.
“Créase la plataforma digital que permita implementar el sistema único de trazabilidad del uso de los plaguicidas rurales y urbanos en el marco del presente Decreto Reglamentario. Para su funcionamiento solo se vinculará con la información que surja del Registro Provincial de Producción Agropecuaria (REPAGRO), de la Dirección General de Catastro y de toda otra que permita la mejora continua conforme los cambios tecnológicos. No se contemplará investigación relacionada con aspectos impositivos. La Autoridad de Aplicación competente determinará por norma complementaria su denominación, funcionalidades y forma de implementación”, dice.
Siguen estando las “tasas correspondientes” del fabricante y del expendedor y distribuidor. Así también se continúa con la exigencia de “la copia de la receta de compra para la entrega, venta o comercialización de los productos. En ese sentido, se mantiene la obligatoriedad de “archivar por un plazo de dos años, la copia, en versión digital o en formato papel, de la receta de compra de plaguicidas y demás productos de uso rural que le sea entregada”; así como el “remito, receta de compra y receta rural, en versión digital o en formato papel, las que se encontrarán a disposición de la autoridad de aplicación ante cualquier requerimiento”. Además, en vez de “declarar”, se deberá “informar” al profesional interviniente la compra de plaguicidas fuera del territorio provincial con los remitos correspondientes”.
Fueron modificadas también las facultades de verificación y de fiscalización oficial y se señala: “Ingresar e inspeccionar en días y horas hábiles, los locales donde se ejerzan las actividades reguladas en la ley salvo en la parte destinada a domicilio privado; pudiendo examinar y exigir la exhibición de la documentación pertinente, requerir información, nombrar depositarios de productos, proceder al secuestro de los elementos probatorios de la presunta infracción, citar y hacer comparecer a las personas que se considere procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Asimismo, se podrá inspeccionar las maquinarias y/o los inmuebles a los efectos de verificar el correcto cumplimiento de la ley 3.288 y/o el presente decreto reglamentario y/o normas complementarias”.
Por otra parte, agregaron que, “en caso de impedirse el ingreso de los inspectores a cualquiera de los inmuebles o maquinarias conforme inciso b), se podrá solicitar al juez competente autorización de registro prevista en el artículo 175 del Código Penal de la provincia de La Pampa, de domicilios privados y de los establecimientos/locales”.
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Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
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Un productor fue condenado a solo 3 años de cárcel por la muerte de un niño al que intoxicó con agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: LT7
Provincia/Región: Corrientes


El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia dictada en el 2023 por el Tribunal de Goya confirmando la condena de tres años de prisión al hombre. Se trata de Oscar Antonio Candussi que fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del niño de 4 años, José Carlos "Kily" Rivero.
En la Sentencia N°254, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y por la querella, confirmando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal con asiento en la II Circunscripción Judicial que condenó al productor agropecuario a la pena de tres años de prisión por el delito de homicidio culposo en su modalidad de omisión impropia previsto y pena en el art. 84 del Código Penal, en calidad de autor material (arts. 40, 41 y 45 del Código Penal).
La sentencia dictada por el Tribunal de Goya en el 2023 coincidió con el pedido del fiscal de juicio, Guillermo Barry. Durante el juicio, dicho Tribunal consideró que las pruebas demostraron que Candussi había realizado fumigaciones con pesticidas en su plantación de tomates, que se encontraba a una distancia de apenas 15 metros de la casa del niño de cuatro años que sufrió la intoxicación que le costó  la vida.

Recursos de la defensa y querella
El abogado defensor de Candussi presentó un recurso de casación en el que cuestionó la sentencia condenatoria, señalando errores y arbitrariedades en la aplicación de la ley y en la valoración de las pruebas.  Sostuvo que "la causa de la muerte del menor no fue analizada ni valorada científicamente por el fiscal ni por el Tribunal".
También destacó la falta de pruebas materiales que vinculen a su cliente con el uso de agroquímicos organofosforados, alegando que "ni la inspección policial ni el acta del Ministerio de Producción encontraron evidencia de estos productos en la finca de mi defendido". Agregó que los fertilizantes hallados no representan riesgo tóxico y que eran aplicados mediante riego por goteo.
Por su parte, la querella solicitó recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual. Argumentó que los hechos acreditados en el juicio configuran el delito de homicidio simple con dolo eventual (art. 79 del Código Penal), y no homicidio culposo por omisión impropia, como se resolvió en la instancia anterior.
En este sentido, el querellante sostuvo que Candussi actuó con plena conciencia del riesgo que implicaban sus acciones y aceptó las posibles consecuencias. Según el recurso, "Candussi tenía pleno conocimiento de que generaba un peligro desaprobado, pero aun así, actuó y continuó durante varios meses realizando la conducta desaprobada, sometiendo a la víctima a un riesgo que, en este caso concreto, llevó a su muerte".
El querellante solicitó que, en caso de recalificar los hechos, se aplique una pena de 14 años de prisión. Justificó este pedido en la necesidad de proporcionalidad con la gravedad del delito y en las características del acusado. "La pena debe adecuarse al injusto cometido y a la peligrosidad delictiva", afirmó, añadiendo que Candussi "nunca estuvo detenido y su conducta antisocial causó la muerte de un niño".

Dictamen Fiscal: Rechazo al recurso y reafirmación de la pena solicitada
El fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, emitió su dictamen tras analizar en profundidad el fallo impugnado y los argumentos presentados por las partes. De acuerdo con el artículo 501 en función del artículo 489 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público concluyó que el recurso de casación presentado por la defensa debía ser rechazado. En cambio, el dictamen coincide con la postura de la querella, considerándose que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia debe mantenerse en cuanto a la calificación del delito y la pena aplicada.
El fiscal solicitó que se reafirme la condena por homicidio simple con dolo eventual, conforme al artículo 79 del Código Penal, y que se impongan al imputado 14 años de prisión, la pena solicitada en los alegatos finales de la querella. La decisión subraya la validez de la argumentación y el análisis de la evidencia realizada en la primera instancia, destacando que los elementos probatorios fueron suficientes para acreditar la culpabilidad del acusado.

Conclusiones y argumentos del doctor Chain
En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain, subrayó que el hecho bajo examen afecta derechos fundamentales que trascienden lo individual y pertenecen a la esfera colectiva, señalando la relevancia del derecho a un ambiente sano como un derecho humano de incidencia colectiva. Este derecho, enfatizó, "ha sido reconocido tanto a nivel internacional como nacional".
El doctor Chain también repasó el marco jurídico nacional, haciendo referencia a la incorporación del derecho ambiental en la Constitución Nacional en 1994, dentro del capítulo de "Nuevos derechos y garantías". Según esta reforma, todos los habitantes tienen derecho a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
En cuanto a los hechos del caso, Chain concluyó que la sentencia cuestionada es sólida, razonada y responde adecuadamente a los planteos presentados por las partes. Resaltó que "la sentencia se basta a sí misma", destacando que se acreditaron el hecho, la autoría y responsabilidad del imputado, así como la calificación legal y la pena aplicable.
En su conclusión, el magistrado fue categórico al rechazar los recursos presentados, argumentando que estos no aportaron elementos nuevos y solo reiteraron agravios ya analizados por el tribunal sentenciante. "No se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la sentencia; más bien se trata de una reedición de argumentos que ya fueron solventemente respondidos", concluyó.
Dicha fundamentación fue acompañada por los ministros; doctor Eduardo Panseri, doctor Guillermo Horacio Semhan, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y doctor Fernando Augusto Niz.
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Alerta: el desmonte en el norte argentino supera las 100.000 hectáreas en lo que va de 2024

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Nacional


La deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas. Los estados del norte están en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes.
El monitoreo satelital de Greenpeace detectó que se deforestaron 103.816 hectáreas en el norte del país durante los primeros 10 meses del año. La situación más grave se da en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y octubre de 2024 la deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas, el equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Los estados del norte entran en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes
Uno de los desmontes más extensos es el que está realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, en una finca ubicada cerca de Nueva Esperanza, al norte de Santiago del Estero, en la cual ya se arrasaron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos con fines ganaderos.
La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperamos que convoque pronto a la audiencia pública que anunció sobre esta causa”, señaló Cruz.
En 2019 Greenpeace realizó una presentación ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en el Gran Chaco argentino y por violar lo establecido en la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado la Corte declaró su competencia en la causa.
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Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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Prueban que la mezcla de agroquímicos produce un nuevo compuesto más tóxico que la suma de las sustancias individuales

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional liderado por investigaciones argentinos analizó el efecto de ocho pesticidas sobre el río Salado y concluyó que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
“En Argentina es el primer trabajo –y probablemente en el mundo también- con una explicación sobre la toxicidad de las mezclas: algo que se debate en todo el mundo. Porque todas las reglamentaciones del uso de estas sustancias están hechas en forma individual, pero no se usan en forma individual”, explica Rafael Lajmanovich, investigador principal del Conicet y profesor titular en la cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), uno de los autores de un estudio interdisciplinario internacional que muestra que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
El trabajo –titulado “Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado”- fue publicado este martes en la revista académica británica Drug and Chemital Toxicology. Junto con Lajmanovich investigaron Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, German Lener, Carlos Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti y Paola Peltzer, de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas y de Ingeniería Química de la UNL, del Conicet, de Físico-Química de la Universidad Nacional de Córdoba y del Bremen Center for Computational Materials Science de Alemania.
“Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas”, alerta el documento.

Cóctel de pesticidas y agroquímicos
El artículo se basa en una experimentación de laboratorio, pero sobre elementos tomados de un escenario real. Una mezcla de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola. En esa zona este mismo equipo de investigación ya había probado –y publicado en la prestigiosa revista Science of the Total Environment- que los sábalos de esta cuenca santafesina son los más contaminados del planeta en su tipo, con nueve biocidas.
“Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente”, advierten los investigadores. “El hecho de que el cóctel tienda a formar una nueva entidad molecular justifica evaluar su efecto tóxico en su conjunto, y no como la suma de los compuestos individuales con los que se compara”.
La toxicidad del cóctel de ocho pesticidas se evaluó sobre larvas del sapo común sudamericano. “La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas”, enumeran las y los autores.

Contaminación y crisis climática
“Los límites se manejan sobre sustancias individuales, pero la fauna está expuesta a múltiples residuos. Esto viene a echar un poco de luz sobre esto”, remarca Lajmanovich. Uno de los aspectos novedosos del trabajo es que a través de la química computacional se comprobó que esas moléculas tienden a juntarse y formar otro compuesto desconocido. “Tienden a aglomerarse y formar una especie de nuevo tóxico más poderosos que cada uno de esos productos individualmente”, detalló el investigador.
“Ante la mortandad de fauna y peces que ocurren seguido, desde el Estado se habla de causas naturales. Se trata de minimizar los más que conocidos problemas de contaminación. Este trabajo tiene un componente que simula el estrés ambiental. El clima en el planeta está cambiando: hay una sinergia entre lo que se contamina y las crisis climáticas. Es el mensaje de este trabajo: se abordó también someter a esos organismos, que a su vez están expuestos a plaguicidas, a estrés ambiental. Demuestra que el efecto es catastrófico”, alerta.
El estudio se realizó sobre larvas de sapos que comparten el hábitat con peces y otros organismos acuáticos, cuya muerte masiva “se está convirtiendo en un fenómeno común en las zonas central y norte del territorio argentino donde se desarrolla la agroindustria”. En un entorno cada vez más sometido al ‘estrés ambiental’ que aumenta, “la presencia de factores adicionales como la exposición a la mezcla de pesticidas podría perjudicar los mecanismos relacionados con el estrés y resultaría en un mayor impacto respecto a los factores de estrés comunes a los que se enfrenta la fauna acuática como la sequía”.
“Esta evaluación inédita, que combina métodos biológicos y de simulación computacional, resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas reales de pesticidas y subraya la necesidad de no relativizar sus efectos en la mortalidad masiva de la fauna acuática, como ocurre frecuentemente en los peces del río Salado y en varias regiones agrícolas”, instan los autores, en un trabajo que es sólo el primer paso.
Como plantean en el artículo, se necesita conocer y regular más: “Se requieren más estudios para comprender mejor los efectos de los cócteles y sus implicaciones ecológicas, así como para discernir la variabilidad de la respuesta en otras condiciones de exposición, proporciones de pesticidas y formulaciones comerciales, y el impacto de las mezclas de pesticidas en niveles ecológicos más altos. Esto debería ir acompañado de medidas precautorias regulatorias para proteger el medio ambiente y sus poblaciones”.
La investigación, que busca visibilizar y advertir, está dedicada a Damián Marino, científico y químico ambiental “pionero en el estudio de plaguicidas en ambientes y luchador incansable en las causas socioambientales de protección de pobladores y escuelas rurales afectadas por fumigaciones indiscriminadas”. Marino falleció en diciembre pasado, a los 46 años.
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