Proponen derogar normas que garantizan derechos de comunidades indígenas sobre tierras

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.
El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.
La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.

INAI
En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el INAI reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.
De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.
Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.
A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.

Mendoza
Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el INAI emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.
El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.

Activos
El ex gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y ex senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del INAI para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el INAI era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del INAI
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.
Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.

Río Negro
El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
 “Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.
Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), la Administración de Milei planifica eliminar el INAI.
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La Cámara Federal de La PLata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los camaristas fallaron a favor del "amparo colectivo" del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --que impugnaron la norma que consideran lesiva para la soberanía nacional-- por tratarse de "una asociación de quienes debieron empuñar las armas en su defensa". Además de considerar que no existieron causas "excepcionales" que justificaran la necesidad y la urgencia del Decreto. El fallo solo puede ser apelado ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y que habilitó durante su vigencia la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera. Los camaristas resolvieron a favor del “amparo colectivo” presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense, que en principio había sido aceptado por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial y que tras la misma el magistrado Alberto Recondo rechazó al negar la representación “colectiva” de los ex combatientes. En atención al alcance colectivo de la resolución de amparo, la Cámara ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que el fallo solo puede ser apelable ante el Máximo Tribunal.
En su presentación de amparo ante la Justicia Federal bonaerense, el CEMIM sostuvo que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Amparo colectivo
Los camaristas –que tomaron la apelación relizada por los ex combatientes de Malvinas-- dijeron que la decisión (de Recondo) que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. Tras repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema, Vallefín y Lemos Arias agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En su extensa decisión, el Tribunal de apelación dedicó un apartado final de conclusiones donde reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. Por lo que ordenó que la causa sea nuevamente inscripta (como lo había realizado el juez Kreplak) en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.

Inconstitucionalidad
El Tribunal analizó los requisitos constitucionales del DNU que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –-constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas-- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Los camaristas agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Por lo que expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Que además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. Y que el decreto no se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del Máximo Tribunal.
Tras plasmar los fundamentos en la resolución, los camaristas concluyeron que el CECIM se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Razones por la cuales la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en cuánto a la derogación de la Ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
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Denuncian a Javier Milei en Córdoba por derogar la Ley de Tierras: "Muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento"

Fecha de Publicación: 18/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La presentación quedó radicada en la Justicia federal de la provincia, y fue realizada por un profesor de UNC con el patrocinio legal de un ex juez.
El presidente Javier Milei sumó en las últimas horas una nueva presentación judicial por la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023, que ayer rechazó el Senado. El mandatario fue denunciado en la Justicia Federal de Córdoba, ya que su decisión, plantearon, es violatoria de tratados y convenios internacionales.
La presentación fue ante la Fiscalía de Turno, y la firmó Raúl Montenegro, docente de la Universidad Nacional de esa provincia. El denunciante planteó en su presentación que la derogación permitiría la venta ilimitada de bosques nativos, glaciares y yacimientos minerales, entre otros, a personas y corporaciones extranjeras, lo cual contraviene normativas ambientales y de consulta a comunidades indígenas.
Todo ello, violatorio del Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas.
La aludida ley ponía un límite del 15% a la compra de tierras por manos extranjeras. Ese porcentaje era a nivel del territorio nacional, provincial y departamental, con equivalencias fijadas en cada provincia, lo que lo tornaba en términos de hectáreas y productividad.

Qué dice la denuncia
Para los denunciantes, esa situación pone al presidente ante la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Por eso pidió a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no el asesor Federico Stuzenegger y otros consultores, "y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley".
No es la primera vez que surge un cuestionamiento contra la derogación de la Ley de Tierras. Hace algunas semanas, por ejemplo, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) pidió que se declare inconstitucional de la normativa. Incluso, el Poder Judicial llegó a suspender la derogación de la ley, pero otro tribunal suspendió la cautelar que lo disponía.
"Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos", planteó el denunciante en la presentación.

Ministros, denunciados
La presentación no sólo apunta al presidente. También aparecen entre los denunciados el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los ministros y ministras Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Andrés Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Antonio Russo (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Guillermo José Ferraro (ex Infraestructura y Sandra Pettovello (Capital Humano).
En la presentación, el denunciante calificó como "salvaje e insensata" a la "política de destrucción" de organismos estatales que se dedicaban al control de las actividades explotadas por empresas privadas.
"Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta la Argentina",
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La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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DNU de Milei: la Justicia tratará una demanda contra la derogación de la Ley de Tierras

Fecha de Publicación: 16/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de excombatientes de Malvinas inició una acción legal contra el decretazo presidencial que libera la venta de tierras a extranjeros. El tema se tratará en enero.
El mega DNU del presidente Javier Milei sumó otro revés judicial: la Cámara Federal de La Plata habilitó la feria judicial de verano para tratar una acción de excombatientes de Malvinas contra el decretazo del Gobierno que deroga la denominada Ley de Tierras y, en tanto, libera prácticamente todas las limitaciones para que capitales extranjeros puedan comprar tierras en la Argentina, incluso en zonas de frontera. El tema deberá tratarse este mes.
El pedido de habilitación de la feria judicial había sido presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), con el objetivo de que se tratara con urgencia la acción de amparo deducida -con medida cautelar con el objeto de que se ‘declare la inconstitucionalidad e insanable nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023’".
Al derogar la Ley 26.737 de "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, los demandantes sostienen que el artículo mencionado “pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.
En un primer momento, el pedido de habilitar la feria judicial había sido rechazada en primera instancia, donde se señaló que no existía una urgencia en tratar el tema antes de que se reiniciara la actividad judicial. En ese entonces, los jueces indicaron que la puesta en vigencia de la nueva normativa “no constituye diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes”.
Así, con la revisión y el fallo de la Cámara Federal de La Plata, se corrigió ese criterio. “Habida cuenta la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable, corresponde que se habilite la feria judicial”, sostuvieron los jueces Carlos Vallefín y Jorge Di Lorenzo.
La resolución aclara que “lo aquí decidido, claro está, no implica pronunciamiento alguno sobre el asunto planteado, sino sólo respecto del pedido de habilitación de feria judicial”. En tanto, la cuestión de fondo planteada por los excombatientes deberá ser tratada durante el mes de enero.
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Ley de Tierras: qué establece la norma que deroga Javier Milei con el DNU

Fecha de Publicación: 22/12/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei, incluyó la derogación de la llamada Ley de Tierras, en rigor, Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que fuera promulgada en diciembre de 2011 y desde entonces resistida por las inmobiliarias rurales.
La norma establece un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual es determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el articulo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.
Asimismo, fija en el quince por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas. Estas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado.
La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a dicha ley a través del decreto 820/2016. Entre los puntos más relevantes, aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que en forma directa o indirecta formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social y establece una presunción de extranjería en caso de que una persona extranjera sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.
También obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó, además, facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.
Por otra parte, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas tendrán permitido adquirir una una extensión equivalente aunque supere el límite de 1.000 hectáreas que fija la norma.
La Ley de Tierras ha sido cuestionada desde hace años por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que argumentan que a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.
Previo a la asunción de Milei, la CAIR le solicitó al candidato electo que derogue la Ley de Tierras o bien que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales. Lo consideran como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por eso, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.
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Sangre en el monte de Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 14/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El avance del agronegocio no se detiene en Santiago del Estero y brinda otra muestra de violencia extrema: un fallecido y al menos tres heridos de bala. El matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala se alterna en el poder desde 2005, con políticas que apoyan el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre campesinos y pueblos indígenas.
El avance del desmonte, la avaricia de las empresas y la inacción del gobierno provincial convierten a Santiago del Estero en escenario frecuente de conflictos por la tierra. El martes pasado hubo un muerto y tres heridos de bala cuando un grupo de vecinos del departamento Figueroa —en el centro oeste santiagueño— se acercó a hablar con quien manejaba una máquina abriendo picadas (caminos) en el monte natural de algarrobos, vinales y chañares de la zona.
La situación, que era de diálogo entre los lugareños que defienden el territorio y los lugareños que trabajan para la empresa, terminó en un tiroteo cuando Edgardo Ledesma (el jefe del personal a cargo de las máquinas) llegó fuertemente armado e increpó a quienes pedían que se retiren las máquinas. El saldo de esa situación fue la muerte del propio Ledesma y tres heridos con bala de plomo. Por los hechos, que se están investigando, hay varios detenidos. La situación se produjo en San Roque, uno de los once parajes rurales de Figueroa.
Durante esta semana, quienes viven en el lugar y se oponen al avance del desmonte, recibieron amenazas de todo tipo. Desde el lugar donde ocurrió el conflicto, las familias piden presencial del Estado para resguardar su integridad.
Para llegar al paraje San Roque desde la capital de Santiago del Estero hay que viajar hacia el este 115 kilómetros, con destino a la localidad de Bandera Bajada, ubicada sobre la Ruta Provincial 2. Al costado del camino los cactus conviven con los algarrobos, que muchas veces crecen enroscados en sus troncos. El monte santiagueño es pura vida, aún con el calor, en tierras blancas o rojizas.
En Bandera Bajada hay que desviar por un camino de ripio y andar otros 50 kilómetros monte adentro, pasando por el dique Figueroa, construido sobre el río Salado. En 2011, con esa obra —inaugurada por el actual gobernador Gerardo Zamora— se anunció el abastecimiento de agua para las familias campesinas de la zona. Pero la promesa quedó estancada: hoy sólo sirve para el riego de los campos de grandes terratenientes. En la profundidad de la noche la ruta sólo se ilumina cuando pasa, de vez en cuando, algún auto o alguna moto. A los costados, sólo se ve la densidad del monte virgen.
Al llegar a la casa de una de las familias que participaron de los hechos del martes se percibe el temor. En la oscuridad se habla bajito, giran los mates y el repaso de lo ocurrido. Las personas que trabajan para los empresarios son vecinos del lugar y en cualquier momento alguien puede llegar a continuar lo que empezó en la semana. La luz de la casa ilumina la ronda y hay que esforzarse por adivinar en las penumbras la construcción de madera, el techo de paja, el patio de tierra.
Una mujer, que pide que no se cite su nombre por temor a las represalias, afirma: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias”. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte". Y la mujer agrega: "Esto ya ha pasado antes, era obvio que iba a ocurrir de nuevo".
En el departamento Figueroa viven desde hace varias generaciones cien familias agricultoras y crianceras, sobre todo de caprinos. En los últimos años comenzaron a organizarse en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). También allí hay comunidades del Pueblo Tonokoté, cuyas tierras figuran dentro del relevamiento de tierras indígenas previsto por la Ley 26.160. La prórroga de esa ley impide el desalojo de las familias originarias. Sin embargo, empresas como Concept Nature Management S.A avanza con sus máquinas, con el aval del Gobierno y una red de cómplices locales que se encargan de conseguir los papeles de titularidad de las tierras para poder apropiarse de ellas.
Concept Nature está formada por socios argentinos y alemanes. En su propio sitio web anuncian que su objetivo es “desarrollar proyectos forestales y silvo-pastoriles en Argentina”. La firma opera en el sur de Misiones y en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. En los hechos, pretende “reforestar” campos que ya están forestados, alambrar los campos y —en ese proceso— dejar sin su fuente de sustento a las familias que habitan en el lugar. Pero sin un nexo local, la entrada al territorio no es posible.
En ese punto es donde comienzan a trabajar personas como Edgardo Ledesma o Carlos Budán. Son “intermediarios” que se ocupan de rastrear a los anteriores dueños de los terrenos y comprarles los títulos de propiedad, que a su vez venden a firmas locales (como Santiago S.A. o Figueroa S.A.). Con esos papeles, los empresarios buscan legitimar su acción de desalojo de familias que hace cincuenta o cien años que habitan el lugar de manera pacífica, produciendo en el lugar y a las que el Estado no da respuestas para garantizarles las escrituras que les reconozcan formalmente sus derechos.
Pero además de ese artilugio legal, también apelan a la fuerza. Los lugareños contaron a este medio que el requisito para trabajar para las empresas intermediarias es “usar armas para defender los campos ante las comunidades”.
Las familias denunciaron en varias oportunidades ante la comisaría de Bandera Bajada que hay máquinas trabajando en los territorios indígenas. Sin embargo, esas denuncias —según ellas mismas comprobaron— nunca llegaron a la Fiscalía de Santiago del Estero. Señalan la responsabilidad del Gobierno en “dejar hacer”. El Comité de Emergencia, creado por el gobierno de Zamora para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras, brilla por su ausencia.
En 2009 se organizó la comunidad Tonokoté de Santiago del Estero. El relevamiento de sus tierras llevó doce años y se contaron 37.000 mil hectáreas (parte de ellas, ubicadas en el departamento Figueroa). Si bien se hizo el relevamiento, no hay una política estatal de protección ante los privados. En todo caso, el Estado llega con represión. En 2022, la Policía de Santiago del Estero reprimió un corte de ruta que realizaban familias de esa comunidad en Bandera Bajada (departamento Figueroa).
Angélica Serrano, de la comunidad Tonokoté, cuenta: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Tengo 45 años, soy nacida y criada aquí y aquí quiero morir, en mi comunidad. Produciendo y también transmitiendo nuestras luchas cotidianas”.
Sobre lo ocurrido en los últimos días en la comunidad de San Roque, Serrano recuerda que ese territorio es parte del relevamiento territorial indígena: “Este territorio también está relevado y hoy están peleando por su territorio, pero hay una empresa intentando despojarlos. Así ocurrió lo del martes, donde hubo un enfrentamiento entre los empleados de la empresa con los hermanos de las comunidades”.
Serrano afirma: “No queremos llegar a eso, queremos que el Estado reconozca el territorio para poder vivir y producir tranquilos nuestros alimentos, transmitiendo nuestros saberes y cuidando el monte, las plantas naturales, las hierbas medicinales, la miel silvestre y los animales que están en peligro de extinción”.
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El entramado empresario, judicial y político que le regaló Lago Escondido al inglés Joe Lewis

Fecha de Publicación: 04/09/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro


La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ejército de abogados de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, logró esta semana que el Poder Judicial de Río Negro rechazara la apertura de un camino corto y accesible al Lago Escondido, y ordenara que el único ingreso posible será a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, cuya travesía insume entre tres y cuatro días.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de apenas tres votos y la abstención de dos conjuezas, puso fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura de un acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.
El fallo lleva la firma de la jueza Cecilia Criado y los jueces Ricardo Apcarián y Sergio Barotto (ambos rechazaron apartarse pese a evidencias que cuestionaban su imparcialidad). Solo votaron tres porque sorpresivamente se abstuvieron las dos conjuezas María Ignazi y Sandra Filipuzzi, quienes fueron designadas para reemplazar a los magistrados Liliana Piccinini y Sergio Ceci, que aceptaron las recusaciones en su contra.
Formalmente, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de septiembre 2022, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino como lo había pedido a través de un amparo la exsenadora Magdalena Odarda, en 2005.
Desde el inicio de la causa, los sucesivos Gobiernos de Pablo Verani, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras acompañaron todas las apelaciones y recursos judiciales de la multinacional inglesa, e incluso llevaron a la provincia a presentarse sola cuando la corporación no objetaba alguna resolución. Todo para impedir el acceso público al lago.
El camino que la Corte rionegrina obliga a transitar en adelante como único acceso posible al Lago Escondido es un despropósito absoluto. Se trata de un recorrido de 33 kilómetros a través de la Cordillera de los Andes, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas y con tramos de bosque cerrado y sumamente frondoso.
Semejante trayecto solo puede ser afrontado por personas relativamente jóvenes, resistentes y bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y un magnífico estado físico que le permita sortear una travesía tan peligrosa a lo largo de por lo menos tres o cuatro días con sus noches.
A quienes logren surcar la Cordillera, al final del camino los aguarda una diminuta playa de piedras, cercada por riscos y con varios metros de juncos que se interponen con el agua. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión, ahora cobijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Lejos de estar clausurado, el reclamo por el acceso libre al Lago Escondido pasará a las instancias federales e internacionales. La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No dejaremos de denunciar la responsabilidad penal y política de los involucrados”, anticipó Odarda, quien definió al fallo como “anti-derechos”.
Prometió además que buscará iniciar el juicio político contra los jueces y juezas del STJ, además del procurador general de la provincia, “por el delito de traición a la Patria, al ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia e integridad”.
Desde que se instaló en la Cordillera rionegrina en 1996, la corporación británica Hidden lake ignora cotidianamente la Ley argentina. Viola la Ley de Seguridad de Fronteras, que impide a empresas o ciudadanos extranjeros poseer tierras en zonas limítrofes, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro dictaminaron en conjunto que la compañía había adquirido de manera fraudulenta las 20 mil hectáreas que rodean al lago.
La Inspección General de Justicia reveló que la corporación Hidden Lake es una empresa fantasma, una cáscara vacía para ocultar negociados personales de su propietario, y pidió a la Justicia su disolución y la expropiación de todos sus bienes. Hidden Lake es una firma subsidiaria de la multinacional Tavistok, propiedad de Joe Lewis, quien reside ahora en Nueva York pero bajo libertad condicional porque semanas atrás debió pagar una fianza de 300 millones de dólares para evitar el encarcelamiento por 18 cargos de fraude financiero en su contra, mientras que en Londres el ministerio público le abrió procesos de investigación por operaciones irregulares con criptomonedas y presunta evasión impositiva y lavado de dinero en los pases de jugadores del club de fútbol Tottenham Hotspur, del que es mayor accionista.
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La impactante fianza que pagó Joe Lewis, dueño de Lago Escondido, tras su detención

Fecha de Publicación: 27/07/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


El empresario, quien afronta cerca de 19 cargos en su contra, fue liberado luego de ser arrestado esta mañana en Nueva York. Sin embargo, deberá permanecer en los Estados Unidos. Los detalles.
Joe Lewis, el magnate británico y propietario de la estancia Lago Escondido, a orillas del lago de igual nombre, en Río Negro, fue detenido esta mañana en Nueva York en el contexto de una causa por abuso y tráfico de información privilegiada. Finalmente, y tras pagar una millonaria fianza, recuperó la libertad.
En su declaración ante la Justicia estadounidense, el magnate dijo no ser culpable de los delitos por los cuales es investigado.
El empresario de 86 años, radicado en las Bahamas, está acusado de «orquestar un esquema desvergonzado» de tráfico de información privilegiada. Así lo definió el propio fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. Por la investigación también fueran detenidas otras dos personas.
«Los acusados fueron arrestados esta mañana y serán presentados (ante el tribunal) más tarde hoy«, había anunciado Williams en un comunicado esta mañana.
Finalmente, el Lewis quedó en libertad tras consignar una fianza de 300 millones de dólares, la cual quedó asegurada con un yate y una aeronave, bienes que un fiscal aseguró tienen un valor aproximado de 300 millones.
Pese a ser liberado, Lewis deberá permanecer en Estados Unidos.

Por qué está detenido Joe Lewis: qué dice la fiscalía
Los fiscales alegan que entre 2013 y 2021 años Lewis «abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos.«
«Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro«, explicó Williams.
La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por «fraude bursátil». Por estas horas, Lewis enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave.
Según el fiscal, Lewis habría proporcionado esta información como un medio para remunerar a sus empleados o para ofrecer regalos a amigos o conquistas, calificando el esquema como «corrupción corporativa clásica» y «trampa«.
Los otros dos acusados, Patrick O’Connor y Bryan Waugh, son dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, según la Fiscalía. Ambos se declararon no culpables tras una audiencia en la corte federal en Manhattan. Salieron libres tras consignar sendas fianzas de 250.000 dólares.

Joe Lewis fue detenido en Nueva York: qué dijo su abogado
En un comunicado difundido por correo, David Zornow, el abogado de Lewis, apuntó contra el gobierno norteamericano, al que responsabilizó de cometer un «error atroz de juicio«, y calificó al magnate británico como «un hombre de 86 años de impecable integridad y logros prodigiosos«.
Anticipó además que su cliente arribará a Estados Unidos «voluntariamente» para responder a «estos cargos mal concebidos». «Lo defenderemos enérgicamente en los tribunales», agregó el letrado.

Joe Lewis detenido en Nueva York: sus antecedentes
El propietario del equipo de fútbol Tottenham Hotspur, entre otras inversiones, ya había sido acusado por haber pasado de 2019 a 2021 información material no pública acerca de algunas compañías, y entre 2013 y 2018, por haber conspirado para defraudar a la compañía Mirati, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y a inversores.
En tanto que en Argentina, su propiedad a orillas del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, generó diversos conflictos, ya que impide hasta la actualidad el acceso público a ese espejo de agua, ubicado en cercanías del límite internacional con Chile.
Además, la estancia quedó en medio de la polémica a fines del año pasado luego de que se descubriera que jueces federales, fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un grupo autodenominado «Los huemules», se hospedaran allí por una invitación del Grupo Clarín.
Ese viaje originó una causa por presuntas dádivas, que luego de tramitar originalmente en Bariloche, llegó a los tribunales de Comodoro Py, en donde continúa su tratamiento.
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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Revés judicial para Joe Lewis: ordenan reabrir el camino de acceso a Lago Escondido

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013. Río Negro tiene tres meses para garantizar que el empresario inglés permita el paso por lo que considera su propiedad.
La justicia de Bariloche ratificó este lunes 12 de septiembre un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, en disputa judicial con el empresario inglés Joe Lewis.
Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia, consignó la agencia Télam.
El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel).
Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013.
En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía haberse conocido a principios de junio.
Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía "decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días".

La polémica en Lago Escondido
En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.
El expediente está caratulado como "Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia".
Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.
Desde hace años se realiza la llamada 'Marcha de la Soberanía', que reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos para practicar allí deportes náuticos, entre otras actividades.
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La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de una funcionaria del Ministerio de Agricultura

Fecha de Publicación: 09/09/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero


Deolinda Carrizo es directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, e interviene en un reclamo contra un desalojo.
En un hecho insólito, la justicia de Santiago del Estero dictó una orden de detención por “usurpación” contra la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, Deolinda Carrizo, cuando se encontraba desarrollando sus funciones en el marco de un conflicto territorial en un paraje rural de esa provincia.
La resolución fue firmada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, contra Carrizo y ocho integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), acusados de interferir en una orden de desalojo —que denunciaron arbitrario y amañado— de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, en el departamento Moreno, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial, cerca del límite con Chaco.
“Que se haya enviado la orden de detención de mi persona como funcionaria nacional no tiene ninguna explicación: es una forma más del Poder Judicial para atropellar y embestir los derechos de las familias campesinas”, consideró Carrizo, en diálogo con Página/12. Organizaciones de derechos humanos y de la economía popular, entre ellas el CELS, la APDH y la UTEP, repudiaron “enérgicamente la criminalización y el pedido de detención” contra Carrizo. “Exigimos que se garantice su libertad plena”, dijo a este diario Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.
Este lunes, la abogada del Mocase, María José Venancio, presentó un pedido de eximición de prisión en relación a Carrizo y los demás acusados de “usupación”. Todavía no se dictó, dijo por la tarde a este diario.
“Me hice presente en el lugar como funcionaria del Estado nacional para garantizar los derechos de una familia campesina, indígena y de la agricultura familiar, que en ese momento estaba atravesando un pedido de desalojo, para solidarizarme, como en muchos otros casos a los que hemos estado acompañando”, contó Carrizo desde Santiago del Estero.
A nivel nacional, precisó, han llegado a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena más de 180 casos, en los que están interviniendo, como en este último del paraje El Urunday, “para que la justicia pueda escuchar y que contemple el derecho a la tierra —de las familias afectadas— que es el único lugar donde viven, es su arraigo, su modo de vida, donde desarrollan el trabajo diario, producen y reproducen la vida campesina, indígena y de la agricultura familiar”, explicó la funcionaria. Y advirtió que “no es un hecho aislado” que haya órdenes de detenciones en contextos de pedidos de desalojo en la provincia de Santiago del Estero. Carrizo forma parte del Mocase. Vive en la localidad de Quimili, en Santiago del Estero, a 200 kilómetros de la capital provincial.
“En Argentina miles de comunidades campesinas e indígenas, que habitan y trabajan su tierra desde hace décadas, viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas de sus tierras. Esta amenaza latente se traduce en hostigamientos y acciones violentas —que pueden incluir prácticas como el envenenamiento de animales, o los incendios intencionales—, con frecuencia con complicidad del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad”, advirtió Miguens. Y añadió: “En lugar de criminalizar a quienes defienden a las comunidades que viven y trabajan la tierra desde hace décadas, de una manera más respetuosa del medio ambiente, el Estado debe reconocerlos como poseedores y garantizar su derecho a la tierra”.
La abogada del Mocase dio detalles del operativo que derivó en la orden de detención contra Carrizo y los demás integrantes del movimiento, entre ellos miembros de la familia intimada a desalojar unas 212 hectáreas. El procedimiento tuvo lugar el viernes 26 de agosto, en horas de la mañana, cuando “la policía de la provincia al mando del oficial de justicia Moreno Scillia, procedió a desalojar de su territorio a la familia de Carlos Esteban Medina, en el paraje El Urunday de la localidad de Roversi, departamento Moreno”, informó.
En el lugar viven Medina con su compañera Mirta Belizán, y sus hijos Lucas, de 22 años, Mauro, de 20, Cristian, de 17, Julián, de 13 y una nieta, de 6 años. “Toda la familia trabaja en el campo, en la cría de animales: más de 60 vacas, 300 gallinas, más de 20 chanchos, pavos, patos, gallinas. Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del Mocase, no se abandonó el territorio”, explicó Venancio. Señaló también que la orden de desalojo salió del Colegio de Jueces Civiles N° 1, de la ciudad de Santiago del Estero, en cumplimiento de una sentencia en el marco del “expediente N° 685736 – año 2020, autos 'Ríos Guillermo Marcelino c/Medina Carlos Esteban s/Desalojo – Sumario' ”.
En diálogo con este diario, indicó que el proceso judicial comenzó a partir de una demanda de homologación de convenio con pedido de desalojo iniciada por Guillermo Marcelino Ríos, “en base a dos convenios suscriptos el día 12 de febrero de 2019 en la escribanía Gómez Terzano (Registro Notarial N° 16) de Santiago del Estero, uno de comodato, siendo Ríos el comodante y Medina el comodatario, y otro de desocupación.
En estos instrumentos se establece que Ríos entrega en comodato el inmueble a Medina por un plazo de 12 meses y que este se compromete a desocuparlo vencido el mismo, es decir, en febrero de 2020”. Ríos solo aduce tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital de Santiago del Estero y no volvió a vivir en el lugar, y que actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”, dijo la abogada. Medina alega que no sabía qué firmaba, que Ríos le dijo que era a fin de que un empresario (de apellido Parra) con quien tenía conflicto la familia, los deje de molestar. Medina, apunta Venancio, tiene una discapacidad visual parcial y hasta segundo grado de educación formal. Ríos, por otra parte, “nunca acreditó ser titular o poseedor del inmueble que reclama”, agregó. La Justicia nunca realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina.
En ese contexto, Carrizo junto a integrantes del Mocase se hicieron presentes en el lugar, para denunciar “una vez más el avasallamiento del Poder Judicial sobre los derechos de las familias campesinas.
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Venta de Costa Salguero y Punta Carrasco: ¿democracia ambiental o negocios inmobiliarios?

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: La Noticia Web
Provincia/Región: Capital Federal


Proponen 8 hectáreas de parque, 3 de playa y un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no dicen es que el resto será vendido para emprendimientos de lujo sacrificando este borde costero verde y público.
En los últimos días amanecimos con la feliz noticia que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires convalidó la iniciativa popular que propone un parque público en Costa Salguero y Punta Carrasco y confirmó que nuestra propuesta ciudadana cuenta con 53.709 firmas. Por eso, ahora la Legislatura deberá darle tratamiento a lo que propusimos los vecinos.
Ante la necesidad de dar respuesta a cuestiones ambientales, efectos del calentamiento global en zonas costeras, cuestiones de accesibilidad al espacio público y al contacto con el medio natural, política portuaria y aeroportuaria desde la ciudadanía hemos venido debatiendo estos temas, al menos que yo recuerde, desde 1990 y propiciando la recuperación de la costa como espacio verde y público. Así lo consagramos en 1996 en la Constitución de la Ciudad.
En el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad instituimos:”…Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación….” y que “En su carácter de corribereña …, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas…” que “Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas…”.
Por su parte la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, aún vigente, dice en su art. 9, sobre Espacios públicos: “c) 4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas” y en “6. a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera”; “d) Preservar con carácter de patrimonio natural e impulsar el uso público de los tramos costeros que aún conserven características naturales” y “e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”.
Como legisladora entre el 2010 y el 2014 me opuse a la privatización de espacios públicos y a la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Luego conformamos desde 2015 diferentes movimientos vecinales desde donde articulamos la resistencia a estos procesos. Desde allí participamos en todas las audiencias públicas, judicializamos muchos casos con variados éxitos y fracasos y organizamos marchas, movilizaciones, abrazos y eventos públicos y callejeros de lo más variados.
Recordemos además que después de varias décadas de proyectos frustrados para recuperar la relación con el río, uno de la Fundación Ciudad había contando con el apoyo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires -que integramos cientos de organizaciones de la sociedad civil- y que alcanzó el consenso para llegar a la Legislatura el 6 de mayo de 2020- aunque nunca logramos que se tratara-. Efectivamente al vencerse las cuestionadas, ilegales e irrisorias concesiones del Costa Salguero y Punta Carrasco éramos muchas las voces ciudadanas planteando la recuperación costera y la creación de un gran parque verde y público.
A pesar de nuestras movilizaciones, Larreta envió a la Legislatura un proyecto para hacer todo lo contrario. Participamos en una audiencia pública donde la mayoría abrumadora de los 7500 participantes inscriptos/as nos manifestamos en contra. El Ejecutivo y su domesticada Legislatura siguieron adelante. Por ello el rechazo de distintos sectores de la ciudadanía nos llevó a hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular. Y, el 9 de noviembre de 2021, organizaciones sociales, políticas, ecologistas, de DDHH y agrupaciones profesionales presentamos ante la Legislatura un proyecto que logramos fuera apoyado por un total de 53.709 firmas. A través del mismo, solicitamos la derogación de la ley que habilita la venta de Costa Salguero, y la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en los predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Como la transformación extractivista en la Ciudad no para, el 5 de diciembre de 2021, su mayoría parlamentaria  aprobó la segunda lectura de la ley (Ley 6289) permitiendo construir torres en esos predios sin escuchar el clamor popular en contrario.
Después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. La iniciativa popular cumplió con el procedimiento (“Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”) y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta ciudadana. No pueden seguir ignorando lo que dijimos en las calles y en las movilizaciones.
Paradójicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la misma tarde en la que el TSJ dictaba su resolución se sacaba fotos y subía a sus redes sociales lo que cínicamente llamen el “Plan integral de transformación y recuperación de la costa de la Ciudad para volver a disfrutar el río”. En su estilo disneyficado (donde “lo falso es real”) y gracias a su comunicación prestidigitadora, nos muestran que proponen 8 hectáreas de parque en Costa Salguero con un paseo de usos mixtos (lo que quiere decir que será un patio de comidas y shopping), 3 hectáreas  de playa y cierran con el chantaje moral de un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no muestran es que todo el conjunto en debate es de 63 hectáreas. Y que lo que no dicen es que el resto va a ser vendido para hacer torres y emprendimientos de lujo sacrificando la voluntad popular que defiende como un bien común este borde costero para que todo sea parque verde y público.
Una vez más la ciudadanía en defensa del ambiente y el Buen Vivir urbano ponemos en jaque a la democracia representativa cómplice del extractivismo urbano. Como ocurrió en Mendoza y en Chubut donde el pueblo salió a las calles sin grieta para enfrentar decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo contrarias a su voluntad y que generaban graves e irreversibles daños ambientales. El poder político debió volver atrás sobre sus pasos y revertir sus malas decisiones acorralado por la participación ciudadana.
Debería suponerse que la consagración constitucional de la democracia participativa en nuestra Ciudad debiera evitar que se generen esos conflictos. Sin embargo no es así. De nada valen los textos constitucionales y legales, si la política no se somete a sus reglas. Pero un resorte de reaseguro viene en nuestra ayuda: la iniciativa popular.
A pesar de los escollos que la reglamentación de esta ley plantea que lo han hecho de difícil e infrecuente práctica, en esta oportunidad logramos que funcione. Es la primera vez que se llegan a lograr las firmas suficientes y que el TSJ las convalida. Es un acontecimiento histórico para la participación directa. Ello no hubiera sido posible sin organización política. Un sector de la política escuchó el clamor ciudadano, se sensibilizó y se puso al frente del reclamo. Como debe ser.
Cuando la política escucha avanzamos. Cuando la política se cierra sobre si misma -sean cuales sean sus intereses o motivaciones- y se aparta de la voluntad soberana se quiebra hasta la esencia de la democracia. En estas tensiones estamos.
En la Ciudad, las señales de Larreta y sus acólitos no son buenas. Parecen seguir adelante con su plan privatizador, a pesar de nuestra iniciativa popular, edulcorándonos la venta que se viene marketineando como parque los patios traseros e intersticios de sus edificios de élite. De nuestra capacidad de movilización ciudadana y popular durante este año en el que deben tratar nuestra iniciativa dependerá si podemos torcer el rumbo y ganar la pulseada a los sectores del extractivismo inmobiliario.
En el ámbito nacional son aun pocos los buenos ejemplos de la política que asumen en serio la agenda ambiental y la democracia participativa. Algunos/as han comenzado a aceptar que deben deconstruirse, salir del modelo del falso “progreso” en base a un supuesto “desarrollo” depredador y empiezan a bosquejar algunas acciones para un desarrollo sustentable y sostenible.
Desde el ecofeminismo seguiremos construyendo conciencia ciudadana y apostando a cambiar la política para que escuche, como lo hicimos y logramos con la agenda de género.
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