Oscilaciones extremas y cada vez más frecuentes del Río Paraná: impacto del cambio climático y otros factores

Fecha de Publicación: 09/01/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La crisis climática y los cambios en el uso del suelo para la expansión de la frontera agropecuaria y el desarrollo inmobiliario, parecen cambiar, la morfología del territorio. Cómo afecta al río Paraná y sus constantes oscilaciones.
El brusco descenso en los niveles del río Paraná, se da en el marco de una oscilación que muchos especialistas comienzan a evaluar como periódica producto del cambio climático que es crucial en esta variabilidad, ya que hace pocas semanas, se podía observar un notable aumento.
Dichas oscilaciones, comienzan a afectar al ecosistema, la biodiversidad y el hábitat de miles de especies que alberga el Río Paraná, ya que cada vez es más común, atravesar momentos de ascensos y descensos extremos provocados por sequías prolongadas, así como lluvias intensas.
Ejemplo de ello, es que el gran río del Litoral argentino alcanzó en 2021, sus más bajos niveles de agua del último medio siglo y, para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná.
Para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de caudales mínimos, pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de su cuenca, lo que ayuda a acentuar la variabilidad de los patrones de lluvias y temperaturas en toda la región.

“Noqueado” por la bajante
El río Paraná, nacido en Brasil y criado en tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo.
Un gigante fluvial que estuvo más de dos años “noqueado” por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que secó lagunas y riachos, y dejó al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundación.
Según un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Delta medio del río tenía a mediados de 2021, una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.

Reducción
Desde mediados de 2024, las precipitaciones han estado por debajo de lo normal, lo que provocó la reducción del canal del río, alcanzando niveles alarmantemente bajos en varios puertos, como el de nuestra ciudad. Este proceso, se atribuye a la falta de lluvias en las cuencas que alimentan el río, un fenómeno exacerbado por el calentamiento global y la desertificación.
De este modo, el cambio climático juega un papel crucial en este fenómeno. Esta situación de emergencia hídrica es una de las manifestaciones de ello, donde la deforestación y el uso intensivo de la tierra han reducido la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular el clima.

Uso del suelo
Como trasfondo, aparece el cambio del uso del suelo como explicación principal para entender al menos en parte, las razones por las cuáles el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado: lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las dos últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensificado que cambió, tal vez para siempre, la morfología del territorio.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años.
En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco). El territorio primigenio del Paraná ya no es, ni será, lo que era, un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad de recuperación y resiliencia del gran río.

Hacia los extremos
Si se miran proyecciones hidrológicas, en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio, sostienen los especialistas.
Sin embargo, esa proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes.
Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos, según advierten científicos que trabajan en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático.
 
Hacia una nueva “normalidad” hidrológica
Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.
“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que hubo fue una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, tuvo lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo, desde hace por lo menos dos años”, graficaba el ingeniero hidráulico a finales de 2021.
A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo de 2021, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.
“En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático
Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.
El “boom” de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), hizo que regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina, fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.
Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.
 
Capacidad del terreno
Por su parte, las sequías prolongadas, como las que atravesó el Paraná hace algunos meses, se deben a factores como la deforestación y los cambios en el uso del suelo en las áreas cercanas al río, esto provoca la pérdida de vegetación que reduce la capacidad del terreno para retener humedad y regular el ciclo del agua.
Este fenómeno no solo afecta la cantidad de agua que llega, sino que también provoca la pérdida de humedales, que funcionan como esponjas naturales, regulando el flujo de agua y proporcionando refugio y alimento a miles de especies.
Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

Cambios ecosistémicos
“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.
Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Depuración
Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.
La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.
Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

Desbarrancamientos
También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río.
“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.

Panorama
Los estudios sugieren que el río Paraná está experimentando un aumento en la variabilidad extrema de su caudal. A pesar de que, el caudal medio podría no mostrar cambios significativos, se espera que los extremos, tanto mínimos como máximos, se vuelvan más pronunciados.
Esto implica que las bajantes podrían ser más severas y frecuentes, lo que afectaría gravemente a la biodiversidad y a las actividades económicas que dependen del río, como la pesca o la agricultura.
Además, la interacción entre fenómenos climáticos como El Niño y La Niña también influye en esta variabilidad, complicando aún más las predicciones sobre el caudal del Paraná.
Estas condiciones, se deben a alteraciones en los patrones climáticos que dificultan la gestión hídrica y alertan sobre la necesidad de crear estrategias para mitigar los efectos que estos cambios pueden producir y las consecuencias posibles que afectarán a las poblaciones costeras y las especies que viven en el río.
Los expertos advierten que estas condiciones extremas serán cada vez más comunes y requieren una atención urgente por parte de toda la población.
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Científicos argentinos advirtieron sobre la alta toxicidad de las explotaciones de litio

Fecha de Publicación: 12/03/2024
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional


Publicaron el primer estudio realizado en Argentina sobre el impacto ambiental de la extracción del metal estrella en el mundo para la fabricación de baterías eléctricas.
Científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) demostraron que la exposición a concentraciones de litio (Li), acumuladas en el ambientalmente, causa una alta toxicidad en renacuajos de anfibios. El trabajo, que es el primero en el país y fue publicado en una de las más prestigiosas revistas del mundo científico, señala como una auténtica “bomba de tiempo” a la contaminación que deriva de la explotación del mineral en el llamado “Triángulo del Litio”, conformado por salares ubicados en la Puna, en jurisdicciones de Argentina, Chile y Bolivia.
El equipo conformado por los investigadores Ana Paola Peltzer, Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, Maria Simoniello, Germán Lener y Rafael Lajmanovich publicaron el trabajo “Caracterización ecotoxicológica del litio como ‘bomba de tiempo’ en sistemas acuáticos: renacuajos del sapo sudamericano Rhinella arenarum (Hensel, 1867) como organismos modelo”.
Las conclusiones del estudio fueron publicadas por Toxics, una de las revistas científicas internacionales más prestigiosas, con sede en Suiza. Esta publicación es revisada por pares y da acceso abierto sobre los aspectos de los productos químicos y materiales tóxicos. “Que esa revista publicara el trabajo le da un gran aval académico. Pero, además, pasó por un estricto referato integrado por cinco revisores internacionales, una condición que se dio por primera vez en trabajos que presentamos desde este equipo", señaló Lajmanovich a La Capital.
“En el laboratorio estamos muy relacionados con los temas del impacto del extractivismo y este era sin dudas un caso extremo, junto al resto de la minería. Si bien no es similar a los casos que más trabajamos, la agricultura industrial, es una cuestión parecida que implica zonas, ecosistemas o regiones de sacrificio ambiental”, explicó el investigador y profundizó: “Después de estas actividades queda tierra arrasada y contaminada, con serios perjuicios a la fauna, la flora y los habitantes”.
El científico contó que se interesaron sobre el impacto del litio en el ambiente luego de conocer las primeras investigaciones que se realizaron sobre las poblaciones de flamencos. “De ese modo fuimos entrando en tema y, sobre todas las cosas, advertimos que no había nada estudiado”, explicó y aclaró que había algo sobre el tema del litio, pero muy poco. “Si uno busca, por ejemplo, sobre el glifosato, encuentra investigaciones en todo el mundo, pero como la explotación de litio se da en zonas determinadas, estamos sobre algo mucho más local”, dijo.
“Encontramos algo estudiado en Brasil, pero nuestra intención era trabajar sobre nuestro territorio y especialmente con las especies que se distribuyen en el llamado ‘Triángulo del litio’”, aclaró y añadió que “hay una especie que tenemos también en nuestra zona, el sapo argentino o sapo grande (rhinella arenarum), que además se distribuye en toda Sudamérica. Por esa razón se usó como bioindicador de los efectos que tienen cuando son sometidos a concentraciones de litio ambientalmente relevantes”.
“Esto quiere decir que estas condiciones se irán dando en todos estos ambientes por los procesos de contaminación que ya están ocurriendo en los sitios de extracción de minerales”, detalló el científico.

Alteraciones en el ADN
Para los trabajos de investigación realizados en laboratorio, el equipo utilizó organismos centinela o bioindicadores. “Los efectos que encontramos, más allá de la mortalidad, indica las alteraciones inmediatas que van a tener en los ambientes contaminados con litio y tienen efectos subletales como genotoxicidad -influye directamente en el ADN de los organismos-, impactos fisiológicos muy importantes y también hormonales. Estos serían efectos crónicos o subcrónicos a las exposiciones de concentraciones de litio que se registran en el ambiente”, dijo.
Al paso del desarrollo de la industria se espera que se incrementen los lugares en los que exista contaminación por litio. "Estaríamos en el comienzo de algo que se avecina en el futuro", explicó.
"Desde nuestro laboratorio no realizamos evaluaciones sobre cómo es la contaminación -continuó- pero suponemos que a esta altura no existen datos de lugares contaminados con litio. Lo que se puede afirmar, es que las proyecciones de la producción van a terminar los entornos en los que se explota, como pasó con otras industrias mineras".
"Como en todos los comienzos, el argumento es que 'no hay datos', pero eso es ahora. Seguramente cuando comenzaron a utilizar cianuro en las minas de oro tampoco tenían datos, pero luego alguien dio alguna voz de alarma y la desestimaron y posteriormente se dio la contaminación", afirmó Lajmanovich y añadió que “nos sorprendió la toxicidad porque es alta por tratarse de una cuestión natural. No estamos hablando de un producto químico sintético, que por lo general tienen mayor toxicidad, sino que es un simple metal. En general, cuando uno hace las primeras pruebas, avanza en la medida en que encuentra valores tóxicos y acá, como se detalla en el trabajo, fueron bastante altos".
Si bien los hallazgos estaban relacionados con la toxicidad de otros organismos, algunos de los efectos crónicos que hallamos no estaban tipificados. "Esto indica que habría que tener extremo cuidado con la contaminación de estas explotaciones, que por más cuidado que tengan en su desarrollo, en algún momento terminarán contaminando", remarcó.

Paisajes inhóspitos
Esta situación se suma al problema que denuncian las comunidades originarias en los lugares en los que se instalan las plantas de extracción de litio, relacionado a las altas demandas de agua potable para el proceso, lo que perjudica el normal abastecimiento de los pobladores. "Estas condiciones generarían, con el paso de los años, espacios inhóspitos por la contaminación y ausencia de agua. Sin agua no hay vida, por lo que en unos 50 años estaríamos ante uno de los peores escenarios".
"Esto cumplirá con las características de las famosas zonas de sacrificio. Generarán divisas por un tiempo determinado hasta que solamente quedará todo el ambiente destruido. Así se comportan estas mega industrias que, como langostas, se van a otra parte a destruir el planeta", anunció Lajmanovich y consideró que las familias relacionadas con esas empresas no se van a quedar allí. “Ellos tienen sus familias en sus países de orígenes y el día que todo se termine se irán. Como ocurrió con La Forestal en Santa Fe, quedarán los edificios obsoletos y con tecnología que quizás, ya no sirva para nada", dijo.
Para el equipo de trabajo, el logro fue considerado muy importante debido al tipo de problemática abordado y la emergencia para Argentina y los países limítrofes afectados por esta clase de producción. "Esperamos que este estudio sirva de puntapié inicial para que otros colegas sigan investigando. Se construye así, ahora pueden sumarse otros trabajos, sobre todo con otras especies como las aves que estarán entre las más afectadas, peces y anfibios en peligro de extinción", detalló.

Greenwhashing
"Cuando se recorren las páginas web de estas empresas, en general, hablan mucho de sustentabilidad o dan nota de que monitorean el ambiente. Sin embargo, eso no se observa en la práctica porque no existen trabajos que hablen sobre la toxicidad ni proyecciones sobre las posibles contaminaciones a los ecosistemas o datos por el estilo".
El paper publicado por Toxics refrenda que el Acuerdo Regional de Escazú “está aprobado en Argentina y, considerando que la salud ecológica es un tema que concierne a todo lo que está dentro del ambiente (visión ecocéntrica), no se permiten aportes públicos y científicos a las decisiones y gestión ambiental por parte de los gobiernos actuales. Esta nueva revolución energética verde, que creó una alta demanda global de litio, un contaminante de creciente preocupación en los sistemas acuáticos, es probablemente una futura “bomba de tiempo”.
"No entiendo bien quién da los avales ambientales, pero se supone que estas empresas los necesitan para instalarse", resaltó Lajmanovich y, sobre el final, contó que el trabajo del equipo de investigación “fue dedicado al Tercer Malón de la Paz y a los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy que representan la voz de aquellos que luchan contra el extractivismo que agota el agua y fractura etnoculturas en sus tierras ancestrales robadas, sin ninguna acción democrática ni perspectiva de una ecovisión de la naturaleza”.
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Creció la cantidad de residuos industriales que se producen en el país: el 93% se descarta de forma errónea

Fecha de Publicación: 15/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


En 2023, el país generó 18,2 millones de toneladas, siete más que un año antes, pero su tratamiento no creció en igual proporción. Multas bajas y falta de legislación, desinsentivan las inversiones en ese área.
En 2023, en la Argentina, más de 400.000 empresas produjeron más de 18,2 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, de los cuales casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Son datos del informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su Observatorio de Residuos Peligrosos, y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La mala gestión de los residuos industriales agrava los problemas ambientales, como consecuencia de la contaminación del agua, del aire y de la tierra.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera, entre otras cosas, el calentamiento global que estamos viviendo”, evaluó a la presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (CATRIES), Claudia Kalinec.
CATRIES y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) fueron las dos organizaciones que aportaron los datos para la elaboración del informe de las universidades.

Qué reveló el estudio
De acuerdo con el informe, en el último año, en la Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, es decir, unas 1.293.820 toneladas.
Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, y solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021-abril 2022), en el país se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total se había tratado el 9,6%, equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explicó Kalinec. Según dijo, “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, consideró pidió “sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos”. “Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”, reclamó.

Qué proponen como solución
Como promotores de esta situación, tanto CATRIES como CAITPA apuntan, por un lado, a “la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental” como “factores clave”, pero también a la necesidad de actualización del monto de las multas, que desincentiva inversiones para el tratamiento de residuos industriales.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro, y son quienes deberían controlar el cumplimiento de la normativa”, dijo Kalinec.
Ambas cámaras promueven el avance de un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados, que reclaman que sea tratada por el Senado antes de fin de año, para que no pierda estado parlamentario.
“Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa”, señalaron las cámaras en un comunicado conjunto.
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¿Qué ha hecho Argentina para combatir el cambio climático?

Fecha de Publicación: 09/08/2023
Fuente: Portal notaalpie.com.ar
Provincia/Región: Nacional


El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ¿Cuánto dinero se invertirá en materia ambiental?
Frente al enorme desafío mundial de tomar acciones ante el cambio climático, Argentina presentó en la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27) un plan de acción. En ese sentido, la presentación realizada en Egipto, contiene un conjunto de medidas e instrumentos a ser implementadas desde diciembre del 2022 hasta el año 2030.
Con el objeto de llevar adelante buenas prácticas sustentables y eficientes, el desafío mundial es limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Allí, es donde aparecen medidas que se adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables.
El calentamiento global es un tema de agenda que mantiene en vilo a todo el mundo. Con un plan al 2030, el compromiso de todos los países para tomar acciones concretas demuestra el interés y el miedo frente a los sucesos que vienen apareciendo.
Desprendimientos en la Antártida, calores extremos, sequías y heladas extremas son algunas de las consecuencias que viene atravesando la naturaleza. Desde Nota al Pie analizaremos la inversión que nuestro país propuso en su plan frente al calentamiento global.
En el caso de Argentina, la presentación estuvo a cargo del Presidente Alberto Fernández. En ese contexto, se presentó el “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030” que expresa la necesidad del país de hacer frente a los desafíos ambientales.
Es por ello que reconoce la necesidad de transitar hacia una economía más verde y sostenible. Por esta Razón, se estableció una serie de objetivos claros y ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los próximos años.

El desafío argentino frente al cambio climático
El plan que presentó nuestro país para cumplimentar con la Ley 27520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, tiene varias aristas.
Entre ellas se destacan las medidas de adaptación (para prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático) y, las medidas de mitigación (orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono).
De la misma forma, también se contemplan acciones de pérdidas y daños (costos residuales que no pueden ser evitados por las vías de la adaptación y mitigación).
Cada acción tiene un marco metodológico que comprende una serie de procesos planificados con el fin de lograr el objetivo al 2030. En ese sentido, Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2 en el año 2030.
Bajo la misma línea, para llevar a cabo el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) se dividió en seis medidas estratégicas.
Entre ellas se encuentra la de conservación de la biodiversidad y bienes comunes; gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques; movilidad sostenible; territorios sostenibles y resilientes; transición energética y transición productiva.
Si bien cada acción concreta tiene un costo determinado ¿Cuánto le costará a la Argentina poner en práctica las medidas contra el cambio climático?

El precio del cambio climático
Con las seis medidas estratégicas mencionadas anteriormente, es necesario que las mismas se financien. En ese sentido, el costo para llevar a cabo las 169 medidas dentro de las seis líneas estratégicas es de un total de 296.594, 25 millones de dólares.
Para la línea de “Conservación de la biodiversidad y bienes comunes” se destinará un total de USD 26.062,10 millones. La misma estará orientado a fortalecer y ampliar programas en el marco de políticas públicas vigentes. También, se crearán o ampliarán áreas protegidas como también se abordarán las amenazas como incendios, invasiones biológicas y degradación de tierras.
La línea de “Gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques” tendrá como objetivo la restauración de bosques, la prevención de incendios en bosques nativos y el fomento de prácticas productivas sostenibles.
También, el objetivo será potenciar el consumo de bioinsumos de origen agropecuario, fortalecer organizaciones productivas y crear un registro de productores para la regularización de la tierra, entre otras. Para ello, se destinará un total de USD 6.991,09 Millones.
En cuanto a la “Movilidad sostenible”, la tarea se centrará en el compromiso de sectores públicos como privados. Allí, dichos actores tendrán la tarea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad. Para ello, se destinará un total de USD 43.747,49 millones.
De la misma manera, “Territorios sostenibles y resilientes” tendrá una inversión total de USD 117.745,96 Millones. Dentro de los costos se contempla el desarrollo de herramientas e infraestructuras para ciudades.
También, se mejorará la gestión de recursos hídricos, se fortalecerá la planificación del territorio y se consolidarán viviendas sostenibles.

Hacia una transición energética contra el calentamiento global
La Fundación Ambiente y Recursos naturales lanzó un comunicado sobre el calentamiento global y el desafío argentino. La co-coordinadora del área de Política Climática de la fundación, Catalina Gonda advirtió que “En un contexto global de crisis climática que requiere una verdadera transición en dirección contraria […] resulta incierto cómo la expansión de la frontera hidrocarburífera se inserta en una verdadera transformación integral del sector energético”.
“Es la primera vez que un plan nacional vinculado al cambio climático reconoce la importancia de la agroecología, desde sus múltiples dimensiones, para la transformación y resiliencia de los agro ecosistemas extensivos e intensivos”, afirmó Jazmín Rocco Predassi, co-coordinadora del área de Política Climática.
Por otro lado, una de las metas de adaptación que tiene el país es la de construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
Ahora bien, para el desarrollo y el cumplimiento de las medidas, los fondos derivan, en su mayor parte, del tesoro nacional. Esto permitirá ejecutar los planes y los programas de asistencia y apoyo.
Si bien el mundo se está adaptando a nuevas medidas sustentables para combatir el cambio climático, Argentina se propuso varias metas para llegar al 2030. Si bien, el financiamiento no solo proveerá de Tesoro también se maneja la posibilidad de pedir un financiamiento internacional.
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Desertificación, glaciares y más: los informes de la AGN sobre problemáticas ambientales

Fecha de Publicación: 06/06/2023
Fuente: Portal elauditor.info
Provincia/Región: Nacional


La AGN juega un papel central en el análisis y seguimiento del uso de recursos públicos y preservación de riquezas naturales. ¿Qué dicen algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre las problemáticas vinculadas al medioambiente?
El cuidado del ambiente es una prioridad de las agendas mundiales y en Argentina no es la excepción. Como organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un rol fundamental. ¿Por qué es tan importante que la AGN se involucre en estas cuestiones? Porque es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión estatal, también en lo vinculado a la sustentabilidad y la preservación de riquezas naturales.
Desertificación, glaciares, energías renovables, pasivos ambientales, bosques nativos, saneamiento del Riachuelo son algunos de los temas que el organismo consideró para sus informes. Estos estudios permitieron identificar deficiencias y puntos a mejorar. Si bien siempre hubo un compromiso de parte del organismo con la gestión ambiental, en 2001 se creó un área específica para esa labor que es el Departamento de Control de Gestión Ambiental (DCGA).

Desertificación
Una de las grandes preocupaciones en materia ambiental es la desertificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El estudio se centró en la gestión desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, y el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
La auditoría encontró “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. Según el informe, las acciones no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
Hallaron que no impulsó una nueva legislación sobre suelos y desertificación, y que el presupuesto y recursos humanos son insuficientes para la efectiva implementación del programa. Entre los factores ajenos al programa, señalaron la situación del ASPO por COVID-19 que obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.

Parques nacionales
Otro aspecto analizado por la AGN es la gestión de los Parques Nacionales. La Auditoría evalúa la eficacia de las políticas y medidas implementadas para su protección, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos de conservación y se minimicen los impactos negativos en espacios naturales que albergan un patrimonio invaluable.
A mediados de 2021, el organismo de control aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se habían resuelto ocho.
Entre las observaciones realizadas se detalló que no se encontró personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados y que en muchas ocasiones el control y vigilancia o acciones ante emergencias ambientales son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo.
La AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.

Sobre la cuenca Matanza - Riachuelo
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitía una sentencia que fue pionero en materia de recomposición y prevención del daño ambiental: el fallo “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros” mediante el cual se obligó al Estado a desarrollar un plan para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de la causa, la AGN tuvo un accionar clave en el aporte de pruebas.
El informe de la Auditoría daba cuenta que el 65,9% de los hogares de la Cuenca no tenía acceso a los servicios de cloacas, y afirmaba que las principales fuentes de contaminación eran los vertidos cloacales e industriales (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel e hidrocarburos y sus derivados) y la falta de una gestión adecuada de los residuos.
Desde entonces, cada año la Auditoría realiza un estudio de gestión y de seguimiento de las tareas que Acumar realiza en la Cuenca. El último fue aprobado en abril de este año sobre el desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.

Glaciares
En lo referente a glaciares, la Auditoría ha realizado informes para evaluar la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Estos análisis son fundamentales para asegurar que se cumplan las medidas de protección necesarias y evitar el deterioro de estos ecosistemas únicos.
En 2018, aprobó un informe en el que se concluyó que existe una “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares de la zona oeste del país y, por eso, se está ante un “riesgo potencial catastrófico”. El organismo de control encendió las alarmas luego de analizar la labor del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los auditores explicaron que cuando los lagos se desbordan “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.

Pasivos ambientales
La AGN examinó la gestión de la Secretaría de Minería en materia de manejo de los Pasivos Ambientales Mineros. Observó fallas en el fortalecimiento de la administración y en la estandarización de marcos normativos. Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente" en el cumplimiento de objetivos.

Bosques nativos
Sobre la preservación de bosques nativos, la Auditoría General de la Nación realizó varios informes y la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos para su protección.
El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización.

Energías renovables
En función del cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, la AGN analizó la gestión de la Secretaría de Energía. El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.
Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.

¿Qué se audita en 2023?
Según el Programa de Acción Anual de la AGN presentado ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, este año la AGN realiza el estudio de la gestión de la Administración de Parques Nacionales sobre el Parque Nacional Campos del Tuyú, Mburucuyá, Talampaya; las acciones en función de la calidad del aire impulsadas por el Ministerio; el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos; la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
También forman parte del listado la gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos; la producción sustentable. contingencias y pasivos ambientales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos; la gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad, comunidad wichí, Salta; y el relevamiento de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
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Desmontes e incendios en el norte. La pérdida de bosques nativos superaría las 200.000 hectáreas en 2022

Fecha de Publicación: 13/02/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un informe de seguimiento de Greenpeace Argentina y se acerca a los datos preliminares del Ministerio de Ambiente de la Nación; la extensión dañada equivale a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires
Con los desmontes y los incendios que el año pasado arrasaron bosques nativos protegidos en el norte, el país habría perdido más de 200.000 hectáreas de esos ecosistemas de alto valor en biodiversidad y equilibro ambiental, de acuerdo con un informe de Greenpeace Argentina.
Eso equivale a una superficie 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, según advierten desde la ONG, y sucede a 15 años de la sanción de la ley que garantiza su conservación y limita su uso.
Mientras que los incendios avanzaron sobre unas 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los desmontes para el corrimiento de la frontera agropecuaria lo hicieron sobre 112.545 hectáreas en zonas protegidas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, que concentran la mayor parte (75%) de la deforestación en el territorio nacional.
“Si sumáramos el área afectada por incendios, preliminarmente se podría estimar que la pérdida de bosques por desmontes e incendios en el norte del país en 2022 superará las 200.000 hectáreas. Esto, si finalmente el dato oficial de los incendios se termina de confirmar con un ajuste de cuánto corresponde a bosques, pastizales y humedales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Coincidencias
Para el informe de este año, la organización recurrió a los datos del SNMF, a ajustar de acuerdo con la posibilidad o no de recuperación, pero que ya indican que gran parte de la zona incendiada es casi todo bosque ­–95.000 hectáreas en Salta y 25.000 en Jujuy en la selva de yungas–. Esto lo combinó con el análisis anual de los datos de desmonte generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, con imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Aun cuando la estimación de Greenpeace Argentina de 112.545 hectáreas perdidas es un 6,5% mayor que el valor preliminar para 2022 de 105.616 hectáreas que está analizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la cartera a cargo de Juan Cabandié indicaron: “Los valores de superficie de pérdida de bosque nativo en las provincias incluidas en el análisis [de Greenpeace Argentina] son similares a las obtenidas por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) que gestiona este ministerio”.
A la vez, agregaron: “Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la Ley N°26.331 [de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos] y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”.
La norma, de 2007, delega en las provincias la clasificación de sus bosques nativos, de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental y en tres categorías (roja, amarilla y verde) si se puede o no desmontar o modificar de alguna manera y, si es así, si se debe recuperar. Este ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) tienen que actualizarlo cada cinco años. De acuerdo con ese OTBN, en la mayoría de las zonas forestales (80%) de todo el país está prohibido el desmonte (categoría roja y amarilla).

Concentrados
El 75% de los desmontes para ampliar la frontera agropecuaria se concentra en las cuatro provincias del norte bajo monitoreo. “Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios”, precisa Greenpeace Argentina.
En los últimos 30 años, el seguimiento indica que se perdieron 8.000.000 de hectáreas de bosques. “La Argentina se encuentra en emergencia forestal”, ya había alertado Giardini en diálogo con LA NACIÓN hace cuatro años.
En el nuevo informe, que está disponible acá, los mapas, acompañados de fotografías, ubican la pérdida acumulada el año pasado: fueron 38.492 hectáreas en Santiago del Estero, 36.159 en Chaco, 22.664 en Formosa y 15.230 en Salta. En tanto, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fueron, respectivamente: 33.427, 32.442, 24.204 y 15.543. “Los datos finales de la superficie de pérdida de bosque nativo en 2022 -aclararon desde la cartera ambiental- surgirán del monitoreo anual que realiza la Dirección Nacional de Bosques, cuya metodología se aplica desde 1998 y permite la comparación entre años, que se encuentra en desarrollo”.
Los datos oficiales para el monitoreo de la pérdida de bosque nativo, según se explicó, surgen del SAT a través del procesamiento automatizado de imágenes satelitales cada 15 días que se obtienen de las misiones Sentinel y el Landsat 8. Las alertas generadas se validan y cruzan con los registros de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que se define por ley y registros nacionales.
“Se generan reportes que son enviados a cada provincia con las alertas y el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación (si estaba autorizado o no, instrumento que autoriza el desmonte, número de expediente y medidas a tomar en caso de los eventos ilegales, entre otros datos)”, se detalló sobre cómo se controla la implementación de la norma que protege un ecosistema de alto valor para el país.

En riesgo
“En nuestros bosques nativos, hay varias especies en peligro en extinción y el equilibrio ambiental tiene que ver con el equilibrio de las especies. Cuando se pierde una, aparecen desequilibrios en el ecosistema y el bosque, como tal, es frágil. Hay alimentos, madera, medicinas que provienen de ahí y lo estamos destruyendo”, dijo Giardini, que recorrió las áreas deforestadas.
Recordó, a la vez, que la destrucción de los bosques contribuye con la crisis climática. “La Argentina está entre los países con niveles más altos de deforestación”, indicó. Además, estos ecosistemas funcionan como “esponjas naturales”, lo que ayuda a la regulación hídrica con la protección del suelo. Citó un estudio del INTA que demostró que una hectárea de bosque chaqueño absorbe 10 veces más lluvia que una hectárea con soja.
¿Se puede recuperar un área de bosque deforestada? Sí, de acuerdo con Giardini. Si no se interviene en el corto plazo, según continuó, el suelo sin nutrientes y expuesto a la erosión por el sol o la lluvia (hídrica) o la salinización, ya es difícil de recuperar.
“El bosque es más que árboles –insistió en diálogo con LA NACIÓN–. Es una conjunción también de plantas y arbustos en convivencia de una enorme variedad de especies animales. Su destrucción puede subir 2°C la temperatura local, más allá de la crisis climática global.”

Cuánto dinero se asigna a proteger los bosques
$6237 millones fue la asignación presupuestaria en 2022 a la Ley N°26.331. En 2019, había sido de $596 millones
$6944 millones en concepto de fondos y bienes es lo que la Nación le transfirió a las provincias este año. En 2019, había sido $264 millones
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15 años de la Ley de Bosques: ¿cuál es el balance desde su sanción?

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Nacional


La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007 y Fundación Vida Silvestre hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007, luego de un largo proceso legislativo y un fuerte consenso social, con el objetivo de frenar la deforestación creciente, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos de nuestro país.
Hoy, 15 años después, Fundación Vida Silvestre Argentina hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
"Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.

Ver Infografías-fichas por provincias
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