Mendoza. Informe cuestiona el RIGI en proyectos
El RIGI bajo la lupa: un informe advierte sobre el altísimo consumo de agua de San Jorge y el fracking
Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: El Editor Mendoza
Provincia/Región: Mendoza
El Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó las implicancias del RIGI y los riesgos sociales, ambientales y económicos de San Jorge.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, piedra angular de la Ley de Bases del gobierno nacional, se vendió como el salvavidas para una Argentina en crisis. Sin embargo, un riguroso análisis del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) titulado “RIGI, ¿una vía al desarrollo o a la dependencia?” pinta un cuadro muy distinto: el de una herramienta desesperada para obtener dólares rápidos, que hipoteca la soberanía, los recursos naturales y el futuro de provincias como Mendoza, jaqueada por una emergencia hídrica histórica.
El informe fue presentado este martes en la sala Talampaya del Cricyt (Conicet) de mano de sus autores, Lautaro Breitman Pacheco (sociólogo y miembro del INCIHUSA), Gabriel Olmedo (economista del CIEC), Eliana Canafoglia (socióloga, INCIHUSA) y Gustavo García Zanotti (economista, SEC).
Un régimen a medida del capital extranjero
Sancionado en junio de 2024, el RIGI no es un simple paquete de incentivos. Es una reforma estructural que redefine la relación entre el Estado y el capital. Está destinado a proyectos de más de USD 200 millones en sectores extractivos –minería, petróleo, gas– e infraestructura, que reciben beneficios sin precedentes.
El informe del CIEC los detalla con precisión. Estabilidad fiscal por 30 años, exención de retenciones e impuestos a la importación, y una ventaja cambiaria clave: la “Autorización a liquidar divisas generadas por exportaciones por fuera del mercado de cambios argentino”. En criollo, las empresas pueden quedarse con los dólares que generen, en un país donde la falta de divisas es una enfermedad crónica. Pero la cláusula más polémica, el Artículo 193, les garantiza acceso prioritario a los “insumos” necesarios para exportar, incluso sobre las necesidades de la población.
La contrapartida exigida a estos gigantes corporativos es, a todas luces, inexistente. “Argentina no recibe, en contrapartida, ninguno de estos beneficios estructurales”, concluye el informe. No se negocia transferencia tecnológica, encadenamientos productivos sólidos ni empleo de calidad masivo. La promesa de desarrollo se esfuma frente a una realidad de concesiones unilaterales.
Una verdad incómoda: el RIGI como mecanismo de liquidez para la deuda
¿Por qué un país aceptaría un trato tan aparentemente desventajoso? El informe no duda: la urgencia por dólares supera cualquier plan de desarrollo de largo plazo. “Su función central es generar una entrada inmediata de dólares, durante la fase inicial de inversión de proyectos extractivos”, afirma el texto. El plazo perentorio para ejecutar el 40% de la inversión en dos años delata la ansiedad.
Este para qué conduce inevitablemente al por qué. La respuesta, según el análisis, yace en “la estructura de dependencia que impone la deuda externa”.
El RIGI, en esta lógica, es la pieza final de un engranaje perverso: se promueven actividades que aseguren un ingreso rápido de dólares –la extracción intensiva– en un contexto de fuga sistemática de capitales. “Este ciclo de endeudamiento, ajuste y saqueo no solo erosiona la democracia sino que convierte el ‘desarrollo’ en una excusa para profundizar la dependencia”, advierte el CIEC.
Mendoza, la adhesión al RIGI y el proyecto San Jorge
Para Mendoza, la adhesión al RIGI no es una abstracción. La provincia es un blanco perfecto: tiene presión por desarrollar Vaca Muerta en el sur y una larga historia de intentos por imponer la megaminería metalífera en el centro y norte, contra la cual la sociedad se levantó con la Ley 7722.
El informe alerta sobre una confluencia crítica: proyectos altamente demandantes de agua en una provincia que se seca. “Estamos atravesando una profundización del estrés hídrico para la provincia, y los escenarios proyectados prevén que esto se acentúe”, señala el documento, citando la dramática reducción de los glaciares, que “funcionan como una reserva de agua natural” clave, y el aumento de la evapotranspiración.
“Las empresas adheridas al régimen accederían al agua en igualdad de condiciones que las personas que la necesitan para vivir”, algo que “tiene un enorme potencial de conflicto”, indica el documento.
El caso del proyecto megaminero San Jorge en Uspallata es emblemático. Según el informe, su Estudio de Impacto Ambiental se basa en datos hídricos de hace 15 años, “cuando las condiciones hídricas de la región eran significativamente más favorables”. El fracking, por su parte, requiere millones de litros de agua por pozo, inyectados con químicos en zonas cercanas a ríos vitales como el Salado o el Colorado.
Balance a un año de régimen de beneficios
A un año de su implementación, el RIGI es un fiasco hasta en sus propios términos, señalan los expertos. Solo 15 proyectos presentados, muchos de ellos ya en marcha antes de la ley, que solo recibieron beneficios extras. La generación de empleo prometida es ínfima: “24 veces más empleos perdidos de los que el RIGI promete generar” a nivel nacional desde el cambio de gobierno.
El informe indica que para las provincias que, como San Juan o Catamarca apostaron hace décadas por la megaminería con un régimen similar, el resultado es claro: pobreza por encima de la media nacional, aportes fiscales marginales y empleo escaso. “En ninguno de estos casos la minería se tradujo en beneficios sociales para estas provincias”, sentencia el informe. Neuquén, aunque con mejores números gracias a Vaca Muerta, aún tiene un tercio de su población en la pobreza y un altísimo costo ambiental.
La conclusión del CIEC suena a advertencia final: “Proteger [los bienes comunes] no es un capricho ni un lujo: es una responsabilidad ética, política e histórica”.
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Como llegamos a tener solo 20 yaguaretés en el Gran Chaco
Destrucción de su hábitat y cacería: así la Argentina quedó con menos de 20 yaguaretés en el Gran Chaco
Fecha de Publicación: 14/08/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Es el felino más grande de América pero en el país está en peligro crítico de extinción. Esta semana llega a juicio la matanza de un ejemplar en Formosa.
En marzo del año pasado, gracias a una cámara trampa (una cámara de video oculta entre los árboles que registra la actividad de la fauna) de la organización Proyecto Yaguareté, se detectó un nuevo ejemplar de yaguareté en Formosa. La noticia fue una alegría entre los conservacionistas porque se estima que apenas quedan 20 yaguaretés en el Gran Chaco argentino y menos de 250 en todo el país.
En julio, ese mismo animal fue cazado y carneado en Estanislao del Campo. Ni siquiera se le había llegado a poner nombre, algo tradicional en estos casos y en donde se suele pedir ayuda a la comunidad. Las imágenes de su piel y su cuerpo despellejado fueron exhibidas en redes sociales por los cuatro hombres que lo hicieron.
Este miércoles comienza el juicio contra esas personas (tres con prisión preventiva) en algo que tanto la organización querellante Red Yaguareté, como Parques Nacionales esperan que sea un proceso ejemplificador.
Se cree que los hombres cazaron al animal porque se comió o atacó su ganado. Esa es una de las razones por las que el yaguareté, monumento natural de la Argentina, está en peligro crítico de extinción, particularmente en el Gran Chaco. ¿Por qué quedan solo 20 ejemplares en esa región?
La caza, uno de los principales factores de desaparición de los yaguareté
“La principal causa de extinción del yaguareté en todo el continente es la caza por represalia a sus depredaciones a animales domésticos (vacas, caballos, cerdos y perros, entre otros). También tiene alto impacto la caza de esparcimiento oportunista, es decir, personas que buscan cazar otras especies como pecaríes o venados y al cruzarse con un yaguareté, aprovechan la ocasión y lo matan. Y en algunas regiones, la caza por temor sobresale. Esto es lo que ocurre mayormente en nuestra región chaqueña”, explicó a TN Nicolás Lodeiro Ocampo, Director Ejecutivo de la Red Yaguareté.
Fuentes consultadas por TN refirieron además que hay diversas partes del yaguareté que se trafican de manera ilegal. Entre ellas, mencionaron la piel, los huesos (para elaborar vino, utilizado como remedio en China y que originalmente se hacía con partes de tigres hasta su prohibición a principios de la década de 1990) y los colmillos (su tenencia marca una suerte de estatus en China y otros países de Asia).
Si bien no hay datos precisos sobre cuántos yaguaretés hubo en el pasado en la región o incluso en la Argentina, hay algunas pistas. “Hay un relato muy difundido de los hermanos Leach que en 1889 navegaron un tramo del río Bermejo, donde está actualmente el Parque Nacional El impenetrable, y describen haber visto no menos de veintisiete tigres en tres días”, explicó el experto.
Según el biólogo y naturalista Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX salían anualmente para Europa, solo del puerto de Buenos Aires, 2000 cueros de yaguareté.
Pero lo cierto es que desde hace décadas este animal, que antes llegaba en su distribución hasta el norte de la Patagonia, está arrinconado en tres áreas en el país: las yungas jujeñas (120-150 ejemplares), la zona chaqueña (20 ejemplares) y la selva misionera (70-90 animales).
Ver el Informe Completo
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Impactante retroceso de los glaciares argentinos
“De grave a catastrófico”: el retroceso de los glaciares argentinos
Fecha de Publicación: 11/08/2025
Fuente: Nota al Pie
Provincia/Región: Nacional
En el marco del 28° Congreso Nacional del Agua, se dio a conocer que Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en tres décadas. Los especialistas enfatizaron en la necesidad de garantizar políticas para su protección a largo plazo.
De acuerdo al 28° Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en los últimos 30 años. El deterioro, explicaron, se relaciona directamente con el calentamiento global y el avance del sector minero.
Los glaciares andinos del país, que en la actualidad ocupan 5.800 kilómetros cuadrados, son los afectados. Según el Inventario Nacional de Glaciares presentado en el marco del Congreso, estos tuvieron una aceleración de pérdida llamativa en los últimos 10 años a raíz del calentamiento global y la actividad de la minería.
Los glaciares, localizados al oeste del país y distribuidos a lo largo de 3.500 kilómetros en la cordillera de los Andes, y en 12 provincias que contienen 39 cuencas hídricas, constituyen la reserva de agua dulce más importante de la Argentina, y el recurso que permite desarrollar múltiples actividades económicas como la agricultura y el turismo, entre otras.
Estos datos fueron compartidos por especialistas en el CONAGUA, organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, junto al Consejo Federal de Inversiones, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente (CIIAAA) como socios institucionales.
Los glaciares y otras crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos, porque aportan volúmenes significativos de agua de deshielo y contribuyen a minimizar el impacto de las sequías en las actividades socioeconómicas.
En el encuentro, la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, señaló que la situación de los glaciares en la Argentina es muy grave, a raíz de la pérdida constante de masas de hielo en 8.484 kilómetros cuadrados, de los 16.968 glaciares identificados, incluidos los 2.715 kilómetros cuadrados de los 890 glaciares de las Islas Georgias y Sandwich del Sur.
La advertencia de los especialistas
En este contexto, Koen Verbist, especialista en glaciares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco (UNESCO), recordó que este 2025 fue declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares a raíz de que la situación está virando de “estado grave, a catastrófico”.
En esa línea enfatizó que “el 70% del agua dulce de todo el planeta está en los glaciares”. Frente a ello mencionó que la UNESCO decidió impulsar “el Decenio de Acción para las Ciencias Criosféricas entre 2025 y 2034”.
En ese sentido se planificaron acciones para avanzar en la investigación científica, para crear conciencia sobre esta problemática, y para garantizar programas políticos a largo plazo con compromiso financiero de todos los Estados.
Respecto a nuestro país, el especialista recordó que “Argentina fue el primer país en tener una Ley de Glaciares que lo protege, y un modelo de control que hay que imitar”.
Por su parte, Rodolfo Iturraspe, especialista en tema Glaciares de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e ingeniero en Recursos Hídricos, precisó que en América Latina existen unos 47 mil glaciares que cubren una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados.
“Es importante el monitoreo y cuidado de estas superficies, porque la experiencia de los glaciares tropicales ubicados en México, Perú, Ecuador y Boliva han perdido casi el 60% de su superficie desde 1962 hasta 2021”, destacó Iturraspe. “En México están a punto de su desaparición, ya que sólo ocupan 0,5 kilómetros cuadrados, Perú perdió 387 glaciares y en Bolivia, desapareció el único que existía”, advirtió el especialista.
Iturraspe alertó que en la Argentina “este proceso de extinción de los glaciares ya está en marcha”, y como ejemplo citó el caso del Ventisquero Negro de Cerro Tronador, que dio lugar a la aparición de un nuevo lago entre 1990 y 2021. “Estos procesos deben ser monitoreados en forma constante, porque involucran a 36 cuencas hídricas de una extensión de un millón de kilómetros cuadrados que contienen, a 1.800 localidades, en las que viven 7 millones de personas”, sostuvo.
En tanto, Leandro Gómez, coordinador de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que “la problemática de la pérdida de superficie en los glaciares se relaciona directamente con el calentamiento global y la actividad minera”. “Si bien la actividad minera está prohibida, en los últimos años se registra un avance de ese sector para comenzar a explorar en zonas de glaciares”, denunció y agregó que a ello se le suma “un negacionismo del calentamiento global que afecta la situación”.
“La mirada economicista identifica como un obstáculo la defensa del Medio Ambiente, a lo que se suma las amenazas de reformar la Ley de Glaciares a través de un decreto para fomentar la actividad minera”, afirmó Gómez.
Más Información:
Tiempo Argentino. Grave: Argentina perdió el 42% de su superficie de glaciares en los últimos 30 años
Se debe al impacto del calentamiento global y la minería. Koen Verbist, especialista en glaciares de la Unesco, alertó que la situación está virando “de grave a catastrófica”.
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Agrotóxicos. Controles en el agua. Escuelas Fumigadas
Fecha de Publicación: 14/04/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas usados actualmente no están contemplados en los controles del agua potable. El Estado reconoce la necesidad de regularlos, pero lleva casi dos décadas sin avanzar en una norma concreta, de acuerdo con este trabajo de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.
Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?
En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.
En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.
Crónica de una (no) regulación anunciada
En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.
Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.
El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país.
Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes.
Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.
La historia
En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas.
Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país.
Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.
El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.
También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente.
Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.
Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.
Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.
En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.
Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.
Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l.
En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.
La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”.
Estado de situación 2025
En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento.
En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).
Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid.
Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.
De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.
Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.
Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.
En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio.
En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.
El que busca, encuentra
Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.
Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).
En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”.
“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio.
De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.
Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.
El agua en las escuelas
Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.
El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.
Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.
Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.
Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.
Política de Estado
El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.
Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.
También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.
“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.
Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”.
En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.
La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.
“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.
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Escuelas fumigadas: estos son los niveles de agroquímicos detectados en el agua potable que toman los niños
La UDI de elDiarioAR informó cómo los plaguicidas usados actualmente no están contemplados en los controles del agua potable. El Estado reconoce la necesidad de regularlos, pero lleva casi dos décadas sin avanzar en una norma concreta. Los resultados de análisis del agua en las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires aportan datos urgentes ante el vacío que dejan las autoridades.
La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios.
Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva.
De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.
El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.
Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.
Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.
En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.
Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.
En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.
Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”
La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“.
Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente.
Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra
Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia.
En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.
El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias.
Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.
En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable.
Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).
Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino.
La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.
Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.
Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”.
Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.
El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires.
“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.
En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”.
Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.
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El Paraná 'noqueado' ´por las oscilaciones
Oscilaciones extremas y cada vez más frecuentes del Río Paraná: impacto del cambio climático y otros factores
Fecha de Publicación: 09/01/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino
La crisis climática y los cambios en el uso del suelo para la expansión de la frontera agropecuaria y el desarrollo inmobiliario, parecen cambiar, la morfología del territorio. Cómo afecta al río Paraná y sus constantes oscilaciones.
El brusco descenso en los niveles del río Paraná, se da en el marco de una oscilación que muchos especialistas comienzan a evaluar como periódica producto del cambio climático que es crucial en esta variabilidad, ya que hace pocas semanas, se podía observar un notable aumento.
Dichas oscilaciones, comienzan a afectar al ecosistema, la biodiversidad y el hábitat de miles de especies que alberga el Río Paraná, ya que cada vez es más común, atravesar momentos de ascensos y descensos extremos provocados por sequías prolongadas, así como lluvias intensas.
Ejemplo de ello, es que el gran río del Litoral argentino alcanzó en 2021, sus más bajos niveles de agua del último medio siglo y, para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná.
Para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de caudales mínimos, pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de su cuenca, lo que ayuda a acentuar la variabilidad de los patrones de lluvias y temperaturas en toda la región.
“Noqueado” por la bajante
El río Paraná, nacido en Brasil y criado en tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo.
Un gigante fluvial que estuvo más de dos años “noqueado” por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que secó lagunas y riachos, y dejó al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundación.
Según un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Delta medio del río tenía a mediados de 2021, una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.
Reducción
Desde mediados de 2024, las precipitaciones han estado por debajo de lo normal, lo que provocó la reducción del canal del río, alcanzando niveles alarmantemente bajos en varios puertos, como el de nuestra ciudad. Este proceso, se atribuye a la falta de lluvias en las cuencas que alimentan el río, un fenómeno exacerbado por el calentamiento global y la desertificación.
De este modo, el cambio climático juega un papel crucial en este fenómeno. Esta situación de emergencia hídrica es una de las manifestaciones de ello, donde la deforestación y el uso intensivo de la tierra han reducido la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular el clima.
Uso del suelo
Como trasfondo, aparece el cambio del uso del suelo como explicación principal para entender al menos en parte, las razones por las cuáles el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado: lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las dos últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensificado que cambió, tal vez para siempre, la morfología del territorio.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años.
En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco). El territorio primigenio del Paraná ya no es, ni será, lo que era, un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad de recuperación y resiliencia del gran río.
Hacia los extremos
Si se miran proyecciones hidrológicas, en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio, sostienen los especialistas.
Sin embargo, esa proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes.
Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos, según advierten científicos que trabajan en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático.
Hacia una nueva “normalidad” hidrológica
Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.
“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que hubo fue una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, tuvo lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo, desde hace por lo menos dos años”, graficaba el ingeniero hidráulico a finales de 2021.
A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo de 2021, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.
“En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.
De la deforestación al cambio climático
Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.
El “boom” de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), hizo que regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina, fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.
Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.
Capacidad del terreno
Por su parte, las sequías prolongadas, como las que atravesó el Paraná hace algunos meses, se deben a factores como la deforestación y los cambios en el uso del suelo en las áreas cercanas al río, esto provoca la pérdida de vegetación que reduce la capacidad del terreno para retener humedad y regular el ciclo del agua.
Este fenómeno no solo afecta la cantidad de agua que llega, sino que también provoca la pérdida de humedales, que funcionan como esponjas naturales, regulando el flujo de agua y proporcionando refugio y alimento a miles de especies.
Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.
Cambios ecosistémicos
“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.
Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.
Depuración
Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.
La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.
Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.
Desbarrancamientos
También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río.
“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.
Panorama
Los estudios sugieren que el río Paraná está experimentando un aumento en la variabilidad extrema de su caudal. A pesar de que, el caudal medio podría no mostrar cambios significativos, se espera que los extremos, tanto mínimos como máximos, se vuelvan más pronunciados.
Esto implica que las bajantes podrían ser más severas y frecuentes, lo que afectaría gravemente a la biodiversidad y a las actividades económicas que dependen del río, como la pesca o la agricultura.
Además, la interacción entre fenómenos climáticos como El Niño y La Niña también influye en esta variabilidad, complicando aún más las predicciones sobre el caudal del Paraná.
Estas condiciones, se deben a alteraciones en los patrones climáticos que dificultan la gestión hídrica y alertan sobre la necesidad de crear estrategias para mitigar los efectos que estos cambios pueden producir y las consecuencias posibles que afectarán a las poblaciones costeras y las especies que viven en el río.
Los expertos advierten que estas condiciones extremas serán cada vez más comunes y requieren una atención urgente por parte de toda la población.
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Dan a conocer la toxicidad de las explotaciones de litio
Científicos argentinos advirtieron sobre la alta toxicidad de las explotaciones de litio
Fecha de Publicación: 12/03/2024
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Publicaron el primer estudio realizado en Argentina sobre el impacto ambiental de la extracción del metal estrella en el mundo para la fabricación de baterías eléctricas.
Científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) demostraron que la exposición a concentraciones de litio (Li), acumuladas en el ambientalmente, causa una alta toxicidad en renacuajos de anfibios. El trabajo, que es el primero en el país y fue publicado en una de las más prestigiosas revistas del mundo científico, señala como una auténtica “bomba de tiempo” a la contaminación que deriva de la explotación del mineral en el llamado “Triángulo del Litio”, conformado por salares ubicados en la Puna, en jurisdicciones de Argentina, Chile y Bolivia.
El equipo conformado por los investigadores Ana Paola Peltzer, Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, Maria Simoniello, Germán Lener y Rafael Lajmanovich publicaron el trabajo “Caracterización ecotoxicológica del litio como ‘bomba de tiempo’ en sistemas acuáticos: renacuajos del sapo sudamericano Rhinella arenarum (Hensel, 1867) como organismos modelo”.
Las conclusiones del estudio fueron publicadas por Toxics, una de las revistas científicas internacionales más prestigiosas, con sede en Suiza. Esta publicación es revisada por pares y da acceso abierto sobre los aspectos de los productos químicos y materiales tóxicos. “Que esa revista publicara el trabajo le da un gran aval académico. Pero, además, pasó por un estricto referato integrado por cinco revisores internacionales, una condición que se dio por primera vez en trabajos que presentamos desde este equipo", señaló Lajmanovich a La Capital.
“En el laboratorio estamos muy relacionados con los temas del impacto del extractivismo y este era sin dudas un caso extremo, junto al resto de la minería. Si bien no es similar a los casos que más trabajamos, la agricultura industrial, es una cuestión parecida que implica zonas, ecosistemas o regiones de sacrificio ambiental”, explicó el investigador y profundizó: “Después de estas actividades queda tierra arrasada y contaminada, con serios perjuicios a la fauna, la flora y los habitantes”.
El científico contó que se interesaron sobre el impacto del litio en el ambiente luego de conocer las primeras investigaciones que se realizaron sobre las poblaciones de flamencos. “De ese modo fuimos entrando en tema y, sobre todas las cosas, advertimos que no había nada estudiado”, explicó y aclaró que había algo sobre el tema del litio, pero muy poco. “Si uno busca, por ejemplo, sobre el glifosato, encuentra investigaciones en todo el mundo, pero como la explotación de litio se da en zonas determinadas, estamos sobre algo mucho más local”, dijo.
“Encontramos algo estudiado en Brasil, pero nuestra intención era trabajar sobre nuestro territorio y especialmente con las especies que se distribuyen en el llamado ‘Triángulo del litio’”, aclaró y añadió que “hay una especie que tenemos también en nuestra zona, el sapo argentino o sapo grande (rhinella arenarum), que además se distribuye en toda Sudamérica. Por esa razón se usó como bioindicador de los efectos que tienen cuando son sometidos a concentraciones de litio ambientalmente relevantes”.
“Esto quiere decir que estas condiciones se irán dando en todos estos ambientes por los procesos de contaminación que ya están ocurriendo en los sitios de extracción de minerales”, detalló el científico.
Alteraciones en el ADN
Para los trabajos de investigación realizados en laboratorio, el equipo utilizó organismos centinela o bioindicadores. “Los efectos que encontramos, más allá de la mortalidad, indica las alteraciones inmediatas que van a tener en los ambientes contaminados con litio y tienen efectos subletales como genotoxicidad -influye directamente en el ADN de los organismos-, impactos fisiológicos muy importantes y también hormonales. Estos serían efectos crónicos o subcrónicos a las exposiciones de concentraciones de litio que se registran en el ambiente”, dijo.
Al paso del desarrollo de la industria se espera que se incrementen los lugares en los que exista contaminación por litio. "Estaríamos en el comienzo de algo que se avecina en el futuro", explicó.
"Desde nuestro laboratorio no realizamos evaluaciones sobre cómo es la contaminación -continuó- pero suponemos que a esta altura no existen datos de lugares contaminados con litio. Lo que se puede afirmar, es que las proyecciones de la producción van a terminar los entornos en los que se explota, como pasó con otras industrias mineras".
"Como en todos los comienzos, el argumento es que 'no hay datos', pero eso es ahora. Seguramente cuando comenzaron a utilizar cianuro en las minas de oro tampoco tenían datos, pero luego alguien dio alguna voz de alarma y la desestimaron y posteriormente se dio la contaminación", afirmó Lajmanovich y añadió que “nos sorprendió la toxicidad porque es alta por tratarse de una cuestión natural. No estamos hablando de un producto químico sintético, que por lo general tienen mayor toxicidad, sino que es un simple metal. En general, cuando uno hace las primeras pruebas, avanza en la medida en que encuentra valores tóxicos y acá, como se detalla en el trabajo, fueron bastante altos".
Si bien los hallazgos estaban relacionados con la toxicidad de otros organismos, algunos de los efectos crónicos que hallamos no estaban tipificados. "Esto indica que habría que tener extremo cuidado con la contaminación de estas explotaciones, que por más cuidado que tengan en su desarrollo, en algún momento terminarán contaminando", remarcó.
Paisajes inhóspitos
Esta situación se suma al problema que denuncian las comunidades originarias en los lugares en los que se instalan las plantas de extracción de litio, relacionado a las altas demandas de agua potable para el proceso, lo que perjudica el normal abastecimiento de los pobladores. "Estas condiciones generarían, con el paso de los años, espacios inhóspitos por la contaminación y ausencia de agua. Sin agua no hay vida, por lo que en unos 50 años estaríamos ante uno de los peores escenarios".
"Esto cumplirá con las características de las famosas zonas de sacrificio. Generarán divisas por un tiempo determinado hasta que solamente quedará todo el ambiente destruido. Así se comportan estas mega industrias que, como langostas, se van a otra parte a destruir el planeta", anunció Lajmanovich y consideró que las familias relacionadas con esas empresas no se van a quedar allí. “Ellos tienen sus familias en sus países de orígenes y el día que todo se termine se irán. Como ocurrió con La Forestal en Santa Fe, quedarán los edificios obsoletos y con tecnología que quizás, ya no sirva para nada", dijo.
Para el equipo de trabajo, el logro fue considerado muy importante debido al tipo de problemática abordado y la emergencia para Argentina y los países limítrofes afectados por esta clase de producción. "Esperamos que este estudio sirva de puntapié inicial para que otros colegas sigan investigando. Se construye así, ahora pueden sumarse otros trabajos, sobre todo con otras especies como las aves que estarán entre las más afectadas, peces y anfibios en peligro de extinción", detalló.
Greenwhashing
"Cuando se recorren las páginas web de estas empresas, en general, hablan mucho de sustentabilidad o dan nota de que monitorean el ambiente. Sin embargo, eso no se observa en la práctica porque no existen trabajos que hablen sobre la toxicidad ni proyecciones sobre las posibles contaminaciones a los ecosistemas o datos por el estilo".
El paper publicado por Toxics refrenda que el Acuerdo Regional de Escazú “está aprobado en Argentina y, considerando que la salud ecológica es un tema que concierne a todo lo que está dentro del ambiente (visión ecocéntrica), no se permiten aportes públicos y científicos a las decisiones y gestión ambiental por parte de los gobiernos actuales. Esta nueva revolución energética verde, que creó una alta demanda global de litio, un contaminante de creciente preocupación en los sistemas acuáticos, es probablemente una futura “bomba de tiempo”.
"No entiendo bien quién da los avales ambientales, pero se supone que estas empresas los necesitan para instalarse", resaltó Lajmanovich y, sobre el final, contó que el trabajo del equipo de investigación “fue dedicado al Tercer Malón de la Paz y a los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy que representan la voz de aquellos que luchan contra el extractivismo que agota el agua y fractura etnoculturas en sus tierras ancestrales robadas, sin ninguna acción democrática ni perspectiva de una ecovisión de la naturaleza”.
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Crecen los residuos industriales y su es tratamiento pésimo
Creció la cantidad de residuos industriales que se producen en el país: el 93% se descarta de forma errónea
Fecha de Publicación: 15/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
En 2023, el país generó 18,2 millones de toneladas, siete más que un año antes, pero su tratamiento no creció en igual proporción. Multas bajas y falta de legislación, desinsentivan las inversiones en ese área.
En 2023, en la Argentina, más de 400.000 empresas produjeron más de 18,2 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, de los cuales casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Son datos del informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su Observatorio de Residuos Peligrosos, y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La mala gestión de los residuos industriales agrava los problemas ambientales, como consecuencia de la contaminación del agua, del aire y de la tierra.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera, entre otras cosas, el calentamiento global que estamos viviendo”, evaluó a la presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (CATRIES), Claudia Kalinec.
CATRIES y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) fueron las dos organizaciones que aportaron los datos para la elaboración del informe de las universidades.
Qué reveló el estudio
De acuerdo con el informe, en el último año, en la Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, es decir, unas 1.293.820 toneladas.
Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, y solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021-abril 2022), en el país se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total se había tratado el 9,6%, equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explicó Kalinec. Según dijo, “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, consideró pidió “sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos”. “Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”, reclamó.
Qué proponen como solución
Como promotores de esta situación, tanto CATRIES como CAITPA apuntan, por un lado, a “la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental” como “factores clave”, pero también a la necesidad de actualización del monto de las multas, que desincentiva inversiones para el tratamiento de residuos industriales.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro, y son quienes deberían controlar el cumplimiento de la normativa”, dijo Kalinec.
Ambas cámaras promueven el avance de un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados, que reclaman que sea tratada por el Senado antes de fin de año, para que no pierda estado parlamentario.
“Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa”, señalaron las cámaras en un comunicado conjunto.
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¿Qué ha hecho Argentina para combatir el cambio climático?
¿Qué ha hecho Argentina para combatir el cambio climático?
Fecha de Publicación: 09/08/2023
Fuente: Portal notaalpie.com.ar
Provincia/Región: Nacional
El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación busca limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ¿Cuánto dinero se invertirá en materia ambiental?
Frente al enorme desafío mundial de tomar acciones ante el cambio climático, Argentina presentó en la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27) un plan de acción. En ese sentido, la presentación realizada en Egipto, contiene un conjunto de medidas e instrumentos a ser implementadas desde diciembre del 2022 hasta el año 2030.
Con el objeto de llevar adelante buenas prácticas sustentables y eficientes, el desafío mundial es limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Allí, es donde aparecen medidas que se adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables.
El calentamiento global es un tema de agenda que mantiene en vilo a todo el mundo. Con un plan al 2030, el compromiso de todos los países para tomar acciones concretas demuestra el interés y el miedo frente a los sucesos que vienen apareciendo.
Desprendimientos en la Antártida, calores extremos, sequías y heladas extremas son algunas de las consecuencias que viene atravesando la naturaleza. Desde Nota al Pie analizaremos la inversión que nuestro país propuso en su plan frente al calentamiento global.
En el caso de Argentina, la presentación estuvo a cargo del Presidente Alberto Fernández. En ese contexto, se presentó el “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030” que expresa la necesidad del país de hacer frente a los desafíos ambientales.
Es por ello que reconoce la necesidad de transitar hacia una economía más verde y sostenible. Por esta Razón, se estableció una serie de objetivos claros y ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los próximos años.
El desafío argentino frente al cambio climático
El plan que presentó nuestro país para cumplimentar con la Ley 27520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, tiene varias aristas.
Entre ellas se destacan las medidas de adaptación (para prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático) y, las medidas de mitigación (orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono).
De la misma forma, también se contemplan acciones de pérdidas y daños (costos residuales que no pueden ser evitados por las vías de la adaptación y mitigación).
Cada acción tiene un marco metodológico que comprende una serie de procesos planificados con el fin de lograr el objetivo al 2030. En ese sentido, Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2 en el año 2030.
Bajo la misma línea, para llevar a cabo el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) se dividió en seis medidas estratégicas.
Entre ellas se encuentra la de conservación de la biodiversidad y bienes comunes; gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques; movilidad sostenible; territorios sostenibles y resilientes; transición energética y transición productiva.
Si bien cada acción concreta tiene un costo determinado ¿Cuánto le costará a la Argentina poner en práctica las medidas contra el cambio climático?
El precio del cambio climático
Con las seis medidas estratégicas mencionadas anteriormente, es necesario que las mismas se financien. En ese sentido, el costo para llevar a cabo las 169 medidas dentro de las seis líneas estratégicas es de un total de 296.594, 25 millones de dólares.
Para la línea de “Conservación de la biodiversidad y bienes comunes” se destinará un total de USD 26.062,10 millones. La misma estará orientado a fortalecer y ampliar programas en el marco de políticas públicas vigentes. También, se crearán o ampliarán áreas protegidas como también se abordarán las amenazas como incendios, invasiones biológicas y degradación de tierras.
La línea de “Gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques” tendrá como objetivo la restauración de bosques, la prevención de incendios en bosques nativos y el fomento de prácticas productivas sostenibles.
También, el objetivo será potenciar el consumo de bioinsumos de origen agropecuario, fortalecer organizaciones productivas y crear un registro de productores para la regularización de la tierra, entre otras. Para ello, se destinará un total de USD 6.991,09 Millones.
En cuanto a la “Movilidad sostenible”, la tarea se centrará en el compromiso de sectores públicos como privados. Allí, dichos actores tendrán la tarea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad. Para ello, se destinará un total de USD 43.747,49 millones.
De la misma manera, “Territorios sostenibles y resilientes” tendrá una inversión total de USD 117.745,96 Millones. Dentro de los costos se contempla el desarrollo de herramientas e infraestructuras para ciudades.
También, se mejorará la gestión de recursos hídricos, se fortalecerá la planificación del territorio y se consolidarán viviendas sostenibles.
Hacia una transición energética contra el calentamiento global
La Fundación Ambiente y Recursos naturales lanzó un comunicado sobre el calentamiento global y el desafío argentino. La co-coordinadora del área de Política Climática de la fundación, Catalina Gonda advirtió que “En un contexto global de crisis climática que requiere una verdadera transición en dirección contraria […] resulta incierto cómo la expansión de la frontera hidrocarburífera se inserta en una verdadera transformación integral del sector energético”.
“Es la primera vez que un plan nacional vinculado al cambio climático reconoce la importancia de la agroecología, desde sus múltiples dimensiones, para la transformación y resiliencia de los agro ecosistemas extensivos e intensivos”, afirmó Jazmín Rocco Predassi, co-coordinadora del área de Política Climática.
Por otro lado, una de las metas de adaptación que tiene el país es la de construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
Ahora bien, para el desarrollo y el cumplimiento de las medidas, los fondos derivan, en su mayor parte, del tesoro nacional. Esto permitirá ejecutar los planes y los programas de asistencia y apoyo.
Si bien el mundo se está adaptando a nuevas medidas sustentables para combatir el cambio climático, Argentina se propuso varias metas para llegar al 2030. Si bien, el financiamiento no solo proveerá de Tesoro también se maneja la posibilidad de pedir un financiamiento internacional.
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Informes de la AGN sobre problemáticas ambientales
Desertificación, glaciares y más: los informes de la AGN sobre problemáticas ambientales
Fecha de Publicación: 06/06/2023
Fuente: Portal elauditor.info
Provincia/Región: Nacional
La AGN juega un papel central en el análisis y seguimiento del uso de recursos públicos y preservación de riquezas naturales. ¿Qué dicen algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre las problemáticas vinculadas al medioambiente?
El cuidado del ambiente es una prioridad de las agendas mundiales y en Argentina no es la excepción. Como organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un rol fundamental. ¿Por qué es tan importante que la AGN se involucre en estas cuestiones? Porque es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión estatal, también en lo vinculado a la sustentabilidad y la preservación de riquezas naturales.
Desertificación, glaciares, energías renovables, pasivos ambientales, bosques nativos, saneamiento del Riachuelo son algunos de los temas que el organismo consideró para sus informes. Estos estudios permitieron identificar deficiencias y puntos a mejorar. Si bien siempre hubo un compromiso de parte del organismo con la gestión ambiental, en 2001 se creó un área específica para esa labor que es el Departamento de Control de Gestión Ambiental (DCGA).
Desertificación
Una de las grandes preocupaciones en materia ambiental es la desertificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El estudio se centró en la gestión desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, y el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
La auditoría encontró “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. Según el informe, las acciones no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
Hallaron que no impulsó una nueva legislación sobre suelos y desertificación, y que el presupuesto y recursos humanos son insuficientes para la efectiva implementación del programa. Entre los factores ajenos al programa, señalaron la situación del ASPO por COVID-19 que obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.
Parques nacionales
Otro aspecto analizado por la AGN es la gestión de los Parques Nacionales. La Auditoría evalúa la eficacia de las políticas y medidas implementadas para su protección, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos de conservación y se minimicen los impactos negativos en espacios naturales que albergan un patrimonio invaluable.
A mediados de 2021, el organismo de control aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se habían resuelto ocho.
Entre las observaciones realizadas se detalló que no se encontró personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados y que en muchas ocasiones el control y vigilancia o acciones ante emergencias ambientales son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo.
La AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.
Sobre la cuenca Matanza - Riachuelo
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitía una sentencia que fue pionero en materia de recomposición y prevención del daño ambiental: el fallo “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros” mediante el cual se obligó al Estado a desarrollar un plan para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de la causa, la AGN tuvo un accionar clave en el aporte de pruebas.
El informe de la Auditoría daba cuenta que el 65,9% de los hogares de la Cuenca no tenía acceso a los servicios de cloacas, y afirmaba que las principales fuentes de contaminación eran los vertidos cloacales e industriales (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel e hidrocarburos y sus derivados) y la falta de una gestión adecuada de los residuos.
Desde entonces, cada año la Auditoría realiza un estudio de gestión y de seguimiento de las tareas que Acumar realiza en la Cuenca. El último fue aprobado en abril de este año sobre el desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.
Glaciares
En lo referente a glaciares, la Auditoría ha realizado informes para evaluar la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Estos análisis son fundamentales para asegurar que se cumplan las medidas de protección necesarias y evitar el deterioro de estos ecosistemas únicos.
En 2018, aprobó un informe en el que se concluyó que existe una “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares de la zona oeste del país y, por eso, se está ante un “riesgo potencial catastrófico”. El organismo de control encendió las alarmas luego de analizar la labor del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los auditores explicaron que cuando los lagos se desbordan “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.
Pasivos ambientales
La AGN examinó la gestión de la Secretaría de Minería en materia de manejo de los Pasivos Ambientales Mineros. Observó fallas en el fortalecimiento de la administración y en la estandarización de marcos normativos. Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente" en el cumplimiento de objetivos.
Bosques nativos
Sobre la preservación de bosques nativos, la Auditoría General de la Nación realizó varios informes y la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos para su protección.
El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización.
Energías renovables
En función del cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, la AGN analizó la gestión de la Secretaría de Energía. El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.
Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.
¿Qué se audita en 2023?
Según el Programa de Acción Anual de la AGN presentado ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, este año la AGN realiza el estudio de la gestión de la Administración de Parques Nacionales sobre el Parque Nacional Campos del Tuyú, Mburucuyá, Talampaya; las acciones en función de la calidad del aire impulsadas por el Ministerio; el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos; la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
También forman parte del listado la gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos; la producción sustentable. contingencias y pasivos ambientales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos; la gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad, comunidad wichí, Salta; y el relevamiento de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
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