Elaboran el mapeo más exhaustivo realizado hasta ahora de los ecosistemas argentinos

Fecha de Publicación: 18/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional


El proyecto involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país. El producto será útil para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres argentinos.
Más de 50 especialistas de 25 institutos y universidades nacionales (investigadores y técnicos), que involucró a 15 unidades ejecutoras del CONICET distribuidas en todo el país, trabajaron de manera coordinada para describir y caracterizar 12 ecosistemas marinos, 66 acuáticos continentales y 55 terrestres a lo largo y ancho de Argentina.
Se trata de un proyecto solicitado por la Dirección de Biodiversidad de la Subsecretaría de Ambiente, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), en el marco de la elaboración del Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto también involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país.
“El resultado es un documento de referencia que cuenta con información organizada en formato de fichas para cada ecosistema, así como material suplementario (planillas con datos geográficos y ambientales y un sistema de información geográfica SIG). Consideramos que el producto obtenido representa un avance significativo para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas argentinos”, afirma Paulina Martinetto, una de las coordinadoras del trabajo e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET – UNMDP).
El sistema de información geográfica SIG “es una herramienta digital que une mapas con datos, es decir, que integra información para una determinada ubicación geográfica. Por ejemplo, en este trabajo, el sistema de información geográfica permite tener para cada ecosistema información mapeada de variables ambientales, áreas protegidas y la información geográfica correspondiente”, explica la científica del CONICET.

Mapeo y caracterización de ecosistemas argentinos
Más allá de la separación en los tres tipos de ecosistemas, la clasificación y descripción fue internamente lo más homogénea posible, y en el formato de una ficha para cada ecosistema. “Cada ficha incluye características geográficas (superficie total, posición geográfica y altitud o profundidad), ambientales (temperatura y precipitación para los terrestres y acuáticos continentales; temperatura superficial del mar y clorofila satelital para los marinos), de la flora y fauna, de conservación (áreas con algún grado de protección) y de uso y apropiación humanas (amenazas y servicios ecosistémicos)”, afirma el informe.
En la actualidad, este trabajo constituye el mapeo y la caracterización más completos y exhaustivos disponibles de los ecosistemas de la Argentina. Las iniciativas análogas disponibles estuvieron especialmente centradas en los ecosistemas terrestres. Todo el material elaborado fue diseñado para el uso por parte de gestores y cumple con la solicitud planteada por la CONADIBIO.
Se mapearon y caracterizaron con información satelital y otras fuentes 12 ecosistemas marinos, que abarcan el 100 por ciento del territorio marino nacional. En el caso de los ecosistemas terrestres, los nuevos mapas fueron elaborados a partir de literatura reciente, un modelo digital de elevación, conocimiento de campo y fotointerpretación experta. En el caso de los acuáticos continentales, los 66 ecosistemas fueron establecidos en base a trabajos recientes y la experiencia de expertos que participaron del proyecto.
El informe, titulado “Caracterización y mapeo de ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres de la Argentina”, detalla los principales servicios que brinda cada ecosistema. Por ejemplo, la albufera (laguna costera de agua salada) de Mar Chiquita, declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 1996, brinda servicios de aprovisionamiento como la pesca artesanal, además de regulación hídrica y climática, y valores culturales vinculados a la educación. El ecosistema del caldenal aporta alimento para el ganado, además de regulación hídrica, control de la erosión, y cumple funciones de soporte como la formación de suelo.
Dentro de los ecosistemas marinos, la plataforma magallánica brinda pesca artesanal e industrial, contribuye al secuestro de carbono, el control de la erosión costera y ofrece servicios culturales como recreación, ecoturismo, investigación científica y educación. Finalmente, ecosistemas acuáticos continentales, como las cuencas de los ríos San Juan y Mendoza, suministran agua dulce, energía hidroeléctrica y cultivos, intervienen en la regulación hídrica y generan oportunidades de recreación y ecoturismo.
“Por primera vez, Argentina cuenta con una base integrada y estandarizada sobre sus ecosistemas, construida de manera colaborativa por más de 50 especialistas de todo el país. Este logro ofrece una herramienta estratégica para conservar la biodiversidad, planificar el territorio y evaluar impactos ambientales a la vez que tiene utilidad en el ámbito educativo ilustrando la diversidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional”, indica Martinetto. Y concluye: “La experiencia de este trabajo demuestra la capacidad de la comunidad científica argentina para trabajar unida frente a grandes desafíos, y resalta el papel fundamental de las asociaciones científicas. En este caso, la AsAE tuvo un rol clave al reunir profesionales de distintas disciplinas y ecosistemas, enriqueciendo el proceso y garantizando un producto de alta calidad en tiempo récord”.
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Argentina se encamina a incumplir sus compromisos climáticos

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Un monitoreo colaborativo sobre 115 objetivos oficiales advierte que 9 de cada 10 compromisos climáticos del país ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente. El informe se presenta mientras la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacante. 
Argentina asumió numerosos compromisos climáticos en leyes, planes nacionales, estrategias y acuerdos internacionales, pero su nivel de implementación sigue siendo insuficiente frente a los plazos previstos. Así lo advierte un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas, que analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento.
El relevamiento forma parte de la segunda actualización del Observatorio Nacional de Acción Climática y compara la evolución de los compromisos respecto de la primera medición, realizada en agosto de 2025. 
Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.
La comparación entre actualizaciones confirma una tendencia negativa. De los 100 objetivos presentes en ambas mediciones, 36 cambiaron de categoría entre agosto de 2025 y julio de 2026. En total, 15 mejoraron y 21 pasaron a una categoría más desfavorable o permitieron confirmar una situación negativa que en 2025 no podía evaluarse por falta de información. Por cada dos objetivos que mejoran, casi tres empeoran. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año.
Los cumplimientos no ocurren donde hay mayor impacto climático
Los 13 objetivos en trayectoria positiva se concentran principalmente en el eje de Rendición y Transparencia, vinculado a la publicación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Informe Anual Ambiental y el seguimiento del compromiso de presentación del segundo Informe Bienal de Transparencia.
Son avances institucionales relevantes para la gobernanza climática, pero insuficientes para modificar la situación de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia. Sectores como bosques, transporte, residuos, emisiones y biodiversidad no tienen ningún objetivo cumplido.

El historial de plazos vencidos anticipa riesgos hacia 2030
De los 23 compromisos con fecha límite entre 2023 y 2025, solo 2 fueron cumplidos en el plazo previsto y otros 2 se cumplieron fuera de plazo. Los 19 restantes no fueron cumplidos o no cuentan aún con verificación definitiva. Si el criterio es el cumplimiento en tiempo y forma, 21 de 23 objetivos, el 91,3%, no alcanzaron ese estándar.
El dato es especialmente relevante porque dos tercios del universo monitoreado tiene como horizonte el año 2030. De los 115 objetivos evaluados, 76 vencen ese año. Dentro de ese grupo, 28 no registran avances, 26 cuentan con un avance leve, 7 ya fueron clasificados como imposible de cumplir en el plazo establecido y solo 3 alcanzaron la categoría cumplido. Faltan cuatro años para esa fecha y la gran mayoría de esos compromisos no está en trayectoria de cumplimiento.
El informe se presenta en un contexto de debilidad institucional para la política ambiental nacional. Al cierre de la actualización, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encontraba vacante, luego de la renuncia de Fernando Jorge Brom el 30 de junio de 2026. Esta situación se suma a un período de desjerarquización del área ambiental nacional y de reducción de capacidades institucionales para implementar y monitorear la política climática. 
La actualización también incorpora por primera vez una mirada sobre los Planes de Respuesta al Cambio Climático provinciales, exigidos por la Ley 27.520. Al cierre del informe, solo tres jurisdicciones contaban con planes convalidados: Jujuy, La Pampa y Misiones. 
El número global es preocupante, pero lo más relevante es la dirección. No estamos ante una foto estática de incumplimiento, sino ante un sistema que se aleja cada vez más de sus metas mientras el tiempo se acorta. El problema no es la falta de compromisos climáticos, sino la falta de implementación sostenida, de información pública y de capacidad institucional para cumplirlos . 
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Incendios: cuánta superficie pasa de natural a productiva o a urbana tras el paso del fuego

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Un informe a nivel nacional elaborado por el sitio Ruido releva los cambios registrados en el destino de tierras que resultaron afectadas por el fuego entre 2004 y 2014. Los detalles, las provincias con más impacto y lo que dejan los datos.
En los 10 años transcurridos entre 2004 y 2014, se quemaron en Argentina 21 millones de hectáreas por incendios forestales y rurales. De ese total, tres millones (el 13,9%) fueron áreas con cobertura natural (con bosques, arbustales, matorrales o pastizales) que se transformaron tras el paso del fuego en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial (relevadas en 2024).
Esa superficie de 3 millones de hectáreas equivalen a la de la provincia de Misiones, o a la de países como Bélgica, por ejemplo. Todo el mapa de la provincia de Córdoba suma, a los fines comparativos, 16 millones de hectáreas.
Las provincias con más cambios de uso de suelo en ese período fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe, en ese orden.
El dato muestra, al mismo tiempo, que la mayoría de los incendios no tienen relación directa con la quema que busca sumar áreas de cultivo. Y no se registran transformaciones de áreas ganadas a la urbanización en suelos quemados antes, al menos en el período analizado.
Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe que realizó el sitio periodístico el ruido.org, integrado por periodistas de diferentes provincias, y que entre sus principales fuentes toma datos de relevamiento de uso de suelo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En su trabajo, a cargo del periodista especializado en ciencia Lucas Viano, Ruido admite que “existe la creencia instalada de que la mayoría de los incendios en el país tienen la intención directa de destruir ecosistemas naturales para sembrar cultivos, hacer ganadería o expandir las manchas urbanas”.
Y expone: “Un análisis de datos satelitales muestra una realidad más matizada: la mayor parte del territorio afectado por los incendios no cambia de uso, pero el fuego aparece a la vez como un factor visible en la reconversión de millones de hectáreas de entornos naturales hacia la actividad productiva”.
La investigación, basada en el análisis de dos décadas de imágenes satelitales, revela que tres millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, tras ser alcanzadas por el fuego, se transformaron en tierras para uso rural productivo. Si bien son millones de hectáreas, sólo representan el 13,9% del total del área quemada analizada.
No obstante, especialistas consultados en el informe aseguran que las quemas funcionan como una herramienta para el manejo de los predios, complementaria al paso de topadoras o rolados. A su vez, la evidencia satelital muestra que algunos ecosistemas resisten determinados regímenes de fuego.
A nivel nacional, el estudio tomó como punto de partida la vegetación en 2003, analizó las 21,7 millones de hectáreas quemadas durante la década siguiente (2004–2014) y utilizó los datos de 2024 (el último año disponible) para establecer la comparación con el mapa actual.

Puesto en cifras
Las conclusiones a las que arriba la investigación precisa varios números:
- El 53,6% (11,6 millones de hectáreas quemadas) se mantuvo en el mismo estado de ecosistema natural tras los incendios.
- El 13,9% (3 millones de hectáreas) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales y pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial. El análisis no registró transformaciones hacia áreas urbanizadas.
- El 9,6% (2 millones de hectáreas) se transformó en otro tipo de ecosistema natural, lo que potencialmente implica un deterioro de la biodiversidad por degradación, afectación de flora y fauna, e impactos en el agua, el paisaje y la regulación climática.
- El 13,1% de la superficie afectada ya eran áreas productivas antes de quemarse.
- El 9,9% restante correspondió a cambios o permanencias que el análisis satelital no pudo clasificar.
“El desfase temporal de 10 años (entre 2014 y 2024) responde al interés de evaluar trayectorias post-fuego de mediano y largo plazo, priorizando cambios de cobertura relativamente consolidados por sobre respuestas inmediatas o transitorias”, señaló en el trabajo el especialista cordobés Nicolás Mari, técnico del Inta y autor del análisis.
“El fuego funciona como un acelerador de las transformaciones. Porque donde hubo fuego, el cambio de uso de suelo de áreas naturales a áreas productivas se multiplica por tres”, apunta Mari en el trabajo.

Por provincias
En el período analizado, Santiago del Estero fue la provincia con más superficie con vegetación natural quemada que luego se transformó en suelos productivos (1,1 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014 pasaron a ser campos con cultivos o ganadería en 2024)
En cantidad de hectáreas, aunque lejos, le siguen Salta (649 mil), Chaco (386 mil) y Formosa (206 mil)
Especialistas consultados marcan que en 2007 se registró un cambio, cuando se sancionó la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Un estudio del Inta determinó un incremento de al menos dos veces el número de incendios previo a la reglamentación de esa ley (entre 2009 y 2011), durante la etapa de transición que finalizó con la instrumentación legal en cada provincia.
“Hubo un impacto negativo en esos años la conservación de las superficies cubiertas por bosque nativo que fue contrario al objetivo de conservación enunciado por la ley”, señala el trabajo.
Mari explica para Ruido que el fuego es la herramienta más barata para eliminar cobertura vegetal y una práctica que se sostiene desde hace décadas. “Pero si la intención es establecer una actividad productiva a una escala empresarial, siempre van a utilizar maquinaria para hacer la transformación y el fuego es más una herramienta para manejar esos cambios”, apunta.

Córdoba en el mapa
Córdoba está atravesada por incendios todos los años. Si bien en el registro de 2004 a 2014 no presenta un porcentaje alto de superficie con cambio de uso de suelo tras el paso de fuego, para Mari es un ejemplo de cómo las llamas pueden impactar en los ecosistemas.
En el período analizado se quemaron en Córdoba 874 mil hectáreas y el 3,5% era vegetación natural que se transformó en suelos productivos, la mitad de la superficie se mantuvo con el mismo tipo de vegetación y un 13,7% se transformó en otro paisaje natural.
“Que no haya cambio no significa que no haya daño. El fuego siempre va a dejar un impacto. Una de esas consecuencias puede ser a nivel estructural: un bosque que se transforme en un arbustal; o funcional, con un bosque que tras el incendio siga siendo bosque pero ya no pueda albergar ciertas especies”, ejemplifica.
Esa degradación también afecta los servicios ecosistémicos, esto es, los beneficios para las personas como la retención del dióxido de carbono (el principal responsable del cambio climático) o la regulación hídrica (por impactos en ríos y arroyos).
“Otro problema que sucede en Córdoba tras el fuego es que hay un reemplazo de especies nativas por especies invasoras”, cita Mari para ese trabajo.
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Cambio climático, pérdida de biodiversidad, retrocesos y desigualdad social: en el mundial del Ambiente, Argentina pierde por goleada

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un informe de FARN indica que estos factores, sumados al desfinanciamiento del Gobierno y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos "tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia". Según datos oficiales, se perdieron 165.061 hectáreas de bosques en 2024.
En fútbol, la Argentina es una potencia a la que el resto de los equipos admira. Campeona, juego en equipo, calidad, solidaridad, estética, efectividad. Pero en otras áreas, nuestro país pierde por goleada. Y una de las principales es el ambiente.
Así lo alerta la Fundación Ambiente y Recursos Natutrales (FARN) que presentó el IAF 2026, un informe anual donde plasma un análisis riguroso del estado del ambiente en estas tierras. Afirman que este año, nuestro país no llega en las mejores condiciones: pérdida de biodiversidad, impactos severos del cambio climático, retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos «tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia«.
¿El desafío? «Jugar un partido en línea con los compromisos ambientales globales hacia el hito de 2030″. 

Argentina vs. Cambio Climático
Aunque Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2015 y construyó una arquitectura institucional relevante, el compromiso para conseguir la victoria se muestra debilitado: Argentina no cumplió con la obligación de presentar su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el  2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2022 el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético concentró aproximadamente el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%.
Más del 80% de la matriz energética primaria nacional continúa basada en combustibles fósiles.
«El VAR no deja lugar a dudas –indican con lenguaje mundialista–. El Emissions Gap Report 2025 ubica a la Argentina entre los países del G20 con menor probabilidad de cumplir sus compromisos climáticos para 2030«.

Argentina vs. Pérdida de Biodiversidad
Para este partido, tampoco llegamos de la mejor manera. Dentro de un contexto global marcado por las alteraciones en el uso de la tierra y una pérdida significativa de humedales —85% según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES)—  nuestro país transita este año con varios resultados adversos:
Argentina no cumplió con la obligación de presentar su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica que vencía en febrero de 2026 para contribuir a la evaluación mundial de progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad a 2030.
Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres representan solo el 13% del territorio continental, y las marinas apenas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, ambas muy por debajo del 30% que exige el Marco Mundial de Biodiversidad Kunning-Montreal.
La Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 55 áreas protegidas nacionales (18,48 millones de hectáreas), pero la designación formal resulta insuficiente sin una adecuada gestión del fuego, financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. El marcador sigue sumando goles en contra: para este 2026, el presupuesto destinado a la APN cae un 32,3% en términos reales con respecto al 2023.

Argentina vs. Degradación
Para el último partido del grupo, el panorama sigue siendo poco alentador para la Argentina. Los severos procesos de degradación de la tierra y desertificación están directamente vinculados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De forma puntual, la destrucción de bosques nativos acelera este fenómeno: a menor cubierta vegetal, mayor es la erosión del suelo por aguas y vientos, intensificando el deterioro y el desgaste de los nutrientes de la tierra.
Según Perspectiva Global de la Tierra, hasta un 40% de las tierras del planeta ya se encuentran degradadas y esto afecta directamente a más de 3200 millones de personas. Argentina juega en una cancha cada vez más difícil:
Cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación debido a la sobreexplotación de bienes naturales y sequías.
Entre 2022 y 2024, la Argentina continuó registrando una pérdida significativa de bosque nativo. Según datos oficiales, la pérdida anual fue de 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024.
Los incendios explicaron el 13% de la pérdida total de bosques en el período reciente.
La sequía histórica de 2023 generó fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola y afectó cultivos estratégicos en amplias regiones del país. A comienzos de 2026, la situación se repitió: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía.
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Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Neuquén


La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.

La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente US$ 6.000 millones en el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay 5 vertederos y 5 plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.

El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139 mil toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.

Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos mil habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50 mil personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla 2 de los 5 vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
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Polinizadores en caída libre: el umbral que el agronegocio no puede ignorar

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional publicado con participación de la UBA y publicado en Science, definió el hábitat mínimo que necesitan abejas y mariposas para sobrevivir. La agricultura argentina no lo alcanza.
Los polinizadores llevan décadas perdiendo terreno. Literalmente. Desde los años '60, con la irrupción de la revolución verde y el uso masivo de agroquímicos, abejas, abejorros y mariposas vienen cediendo espacio frente al avance de la agricultura intensiva, la urbanización y el cambio climático.
Pero hasta ahora faltaba algo concreto: un número. ¿Cuánto hábitat natural mínimo necesitan estos insectos para no desaparecer de los paisajes agrícolas? Un trabajo científico acaba de responder esa pregunta, y la respuesta incomoda.
Un estudio internacional al que la FAUBA aportó datos clave mostró que para proteger a las abejas, los abejorros y las mariposas se debería conservar entre 16 y 37 % del área en cada paisaje agrícola. En la Argentina se protege entre el 5 y 15 %, y no sería suficiente.
Tal como explica el investigador del CONICET Mariano Devoto, docente de Botánica General en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y publicado por Sobre la Tierra, "la tendencia continúa: en todo el mundo, la agricultura, el cambio global y la urbanización avanzan sobre áreas silvestres, reduciendo aún más los espacios que los polinizadores necesitan para alimentarse, nidificar o refugiarse".
Y las consecuencias de esa reducción se sienten directo en los rindes: frutales, hortalizas, girasol y café son algunos de los cultivos que dependen de la polinización para alcanzar su máximo potencial productivo.
Como señala Devoto, "el área que ocupan los cultivos que dependen de abejas, abejorros y otros insectos crece más rápido que la del resto. Necesitamos de la polinización cada vez más". Es decir: justo cuando más dependemos de los polinizadores, menos espacio les dejamos para existir. Una contradicción que el agronegocio global todavía no terminó de procesar.

Los números que la ciencia acaba de poner sobre la mesa
Un estudio publicado en septiembre de 2025 en la prestigiosa revista Science sintetizó 59 investigaciones de 19 países para establecer umbrales mínimos de hábitat seminatural en paisajes agrícolas. Los resultados son concretos y, para muchas regiones del mundo, alarmantes. Las mariposas son el grupo más sensible: necesitan al menos un 37 % de cobertura de hábitat seminatural para estar efectivamente protegidas. Los abejorros requieren un 18 %, y las abejas solitarias, un 16 %.
La FAUBA participó del estudio con datos clave. El investigador Mariano Devoto explicó que su grupo aportó los resultados de la tesis doctoral de Marcos Monasterolo, quien estudió el tema en zonas aledañas a la Estancia San Claudio, de la UBA, en la provincia de Buenos Aires. Un caso de ciencia local que alimentó conclusiones globales.
El propio Devoto advierte que los porcentajes hallados "representan pisos por debajo de los cuales las especies polinizadoras se extinguen localmente. Son bastante más altos que el 10 % que establece la Unión Europea como meta de conservación para 2030. La situación es muy preocupante". En otras palabras: la política de conservación más ambiciosa de Europa ni siquiera alcanza el umbral mínimo que la ciencia acaba de definir para las abejas.

Argentina: el campo que no conserva lo suficiente
El caso argentino es ilustrativo de lo que ocurre en buena parte del Sur Global. Según Devoto, en la Región Pampeana se conservaría entre 5 y 8 % de áreas naturales en paisajes agrícolas, y en otras partes del país, hasta un 15 %. A
un cuando estos valores no son elevados, es posible que sean insuficientes para muchos grupos de polinizadores. Los números hablan solos: la Pampa húmeda, motor del agronegocio argentino, opera con menos de la mitad del hábitat mínimo que las abejas necesitan para sobrevivir.
¿Qué significa esto en términos productivos? El propio investigador lo explica con lógica económica: "Si el rendimiento de un cultivo cae por no tener polinizadores, digamos, un diez o un veinte por ciento, el productor debe salir a alquilar colmenas. Ese costo es evitable manteniendo refugios silvestres. No requieren mucho manejo y brindan polinizadores gratuitos". La conservación, vista así, no es un gasto ambiental: es una inversión agronómica.
Devoto destaca que el gran desafío es lograr que la biodiversidad sea considerada como un insumo medible y valorable en términos económicos y sociales: "La tendencia actual es clara: estos aspectos vinculados a valorar la diversidad biológica adquieren muchísima importancia de la mano de la información que se está generando. No es una moda, es algo que llegó para quedarse". El mensaje para productores, contratistas y decisores de política agraria es directo: adaptarse ahora es más barato que remediar después.
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Del Riachuelo a Vaca Muerta: las compañías que acumulan denuncias ambientales y ahora temen la cárcel para sus CEOs

Fecha de Publicación: 20/04/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


El comportamiento ambiental de las empresas en Argentina está bajo una lupa más estricta que nunca. La crisis climática dejó de ser advertencia para convertirse en realidad cotidiana, y con ella llegó un cambio de reglas: el mercado y la sociedad civil exigen hoy una «licencia social para operar» que muchas compañías locales y multinacionales están perdiendo.
Los balances financieros positivos ya no alcanzan. En 2026, varios sectores concentran la mayor cantidad de denuncias y sanciones por su impacto en los ecosistemas argentinos, y el costo de ignorar esa realidad ya no es solo una multa, sino la exclusión comercial internacional y, en casos extremos, la cárcel para sus directivos, según detalló Economía Sustentable.

El sector agroquímico lidera el ranking de sanciones ambientales
La industria agroquímica encabeza el listado de conflictos legales por daño ambiental. El problema central: la gestión deficiente de envases de fitosanitarios.
La falta de un sistema eficiente de recuperación llevó a que toneladas de plásticos con restos de químicos peligrosos terminen quemados o enterrados. Las consecuencias: napas y suelos contaminados en zonas agrícolas.
Bayer (ex Monsanto) lidera históricamente los rankings de multas en la Provincia de Buenos Aires. En años recientes, las sanciones superaron los $130 millones por incumplimiento de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos.
Syngenta y Atanor también figuran en el top de las más sancionadas. Atanor enfrentó clausuras preventivas en su planta de San Nicolás tras confirmarse vertidos contaminantes que afectan directamente a comunidades locales.

Riachuelo: la herida abierta que involucra a 434 empresas contaminantes
El río Matanza-Riachuelo sigue siendo una de las cuencas más contaminadas del mundo. Son 64 km que actúan como límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desembocan en el Río de la Plata.
La cuenca concentra efluentes industriales y cloacales con altos niveles de metales pesados que afectan a más de cuatro millones de personas. A pesar de los planes de saneamiento de ACUMAR, el río sigue recibiendo desechos de cientos de establecimientos.
ACUMAR tiene identificadas al menos 434 empresas como agentes contaminantes vigentes en la cuenca. Incluyen frigoríficos, curtiembres, empresas químicas y metalúrgicas.
Informes recientes enumeran un listado de responsables directos de la situación socioambiental que denuncian los habitantes de la zona, según detalló Economía Sustentable.
La cadena de supermercados Coto CICSA continúa contaminando el Riachuelo, pese a tener un plan de adecuación presentado y en ejecución.
Sadesa S.A., curtiembre propiedad de Manuel Galperín (hermano del fundador de Mercado Libre), provee cuero a Nike y Adidas. Según ACUMAR, su planta en Villa Fiorito vierte plomo y cromo al barrio, a pesar de la presión vecinal.
STERICYCLE, multinacional de tratamiento de desechos médicos con sede en Illinois, enfrenta acusaciones por pago de coimas para obtener contratos. Hoy opera bajo el nombre TriEco, con incineradores en Villa Inflamable.
Shell (ahora Raizen) aparece denunciada por contaminación desde el aeropuerto de Ezeiza y desde su refinería en Dock Sud.
Klaukol-Sika, empresa canadiense de productos para construcción, vio frenada su actividad en La Matanza en 2022 por la Justicia Federal, tras verificarse contaminación de napas.
DOTA S.A., el grupo más grande de transporte de pasajeros del país, opera 182 de las 390 líneas de colectivo del AMBA. Sus terminales en Lomas de Zamora fueron registradas como focos de vertidos de hidrocarburos y residuos peligrosos sin tratamiento.

Minería y energía: el boom del litio trae nuevas denuncias
El sector minero-energético tiene su propio listado de empresas cuestionadas. Con el auge del litio y la expansión petrolera, las denuncias por falta de consulta previa y riesgo hídrico escalaron a nivel judicial.
Minera Alumbrera fue condenada por contaminación de suelos y aguas. El caso sentó precedente sobre responsabilidad corporativa en zonas de explotación minera.

Del castigo económico a la responsabilidad penal: el debate que divide al sector
Organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas advierten que mientras las multas sigan siendo costos pagables en comparación con las ganancias, el daño continuará.
Para muchas grandes corporaciones, una multa de millones de dólares es simplemente un gasto operativo. Si implementar tecnología limpia cuesta u$s100 millones, pero la multa por contaminar es de u$s10 millones, la lógica financiera dicta seguir contaminando.
Además, muchas empresas declaran quiebra o vacían activos tras un desastre ambiental, dejando al Estado la carga económica de la limpieza. En Argentina, las multas a veces quedan desfasadas por la inflación antes de ser cobradas.
La propuesta de criminalizar los delitos ambientales busca romper la barrera de la persona jurídica y responsabilizar a directorios y CEOs. Sus defensores aseguran que tiene un efecto disuasorio real: la amenaza de pérdida de libertad tiene un peso que el dinero no tiene.
A nivel internacional, existe un fuerte movimiento para que el «Ecocidio» sea reconocido como el quinto crimen contra la paz en la Corte Penal Internacional, al nivel de los crímenes de lesa humanidad, según detalló Economía Sustentable.

Las tres alternativas que ya aplica la justicia argentina
Más allá de la cárcel o el dinero, está surgiendo una tercera vía que parece la más efectiva:
- Reparación obligatoria: que la empresa no solo pague, sino que deba restaurar el ecosistema dañado a su estado original.
- Sanciones reputacionales: prohibición de contratar con el Estado o pérdida de certificaciones internacionales, golpeando el valor de las acciones.
- Monitoreo comunitario: permitir que las comunidades afectadas auditen las operaciones de forma permanente.
La tendencia global sugiere que las multas por sí solas fracasaron. Para frenar el daño se requiere un esquema híbrido: sanciones económicas punitivas, reparación obligatoria y, en casos de dolo o negligencia grave, responsabilidad penal.

La justicia argentina ya envía CEOs a prisión por contaminar
Contrario a la creencia popular, la justicia argentina ya está enviando directivos a prisión, aunque con matices importantes.
En los últimos años (2024-2026) se dictaron sentencias históricas que aplican la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos:
- Caso Ingenio La Corona (Tucumán, 2024): dos directivos condenados a tres años de prisión por vertido de vinaza que contaminó cursos de agua.
- Caso Ingenio La Florida (Santiago del Estero): penas de prisión a responsables corporativos por contaminación ambiental.
- Caso Vintage Oil (Mendoza): condenas a tres ingenieros y jefes de yacimiento por vuelco de agua de purga en cauces secos.
Si bien hay condenas, la mayoría son de ejecución condicional. El CEO declarado culpable tiene antecedentes penales, pero no pisa una celda salvo que reincida.
Los proyectos de ley (como el de Ecocidio) buscan elevar el piso de las penas a 5 o 15 años en casos irreversibles, lo que obligaría al cumplimiento efectivo.

El Efecto Bruselas: cómo Europa obliga a los jueces argentinos a ser más duros
En Argentina ya está sucediendo un fenómeno global conocido como el «Efecto Bruselas». Se trata de la presión internacional que no llega solo como pedido diplomático, sino como barrera comercial y legal infranqueable que obliga a los jueces locales a elevar la vara de las sanciones.
Tres motores están forzando a la justicia argentina a ser más severa:
1. La Cláusula Espejo y la Trazabilidad (EUDR): Con el Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación, las empresas argentinas que exportan soja, carne o madera deben demostrar con geolocalización que no dañaron ecosistemas desde diciembre de 2020.
Si un juez argentino es laxo y permite que una empresa desmonte ilegalmente, esa empresa queda fuera del mercado europeo. Los jueces ahora entienden que un fallo a favor del infractor condena comercialmente a la compañía a nivel global.
2. La Directiva de Debida Diligencia (CSDDD): Esta normativa europea obliga a las grandes empresas de la UE a responder legalmente por abusos ambientales cometidos por sus proveedores en el extranjero, incluida Argentina.
La directiva facilita que comunidades afectadas en Argentina demanden a la casa matriz en Europa. Ante el riesgo de que una corte europea intervenga, los jueces argentinos se ven presionados a actuar con celeridad para mantener la soberanía judicial.
3. El Mecanismo CBAM (Impuesto al Carbono): Penaliza las importaciones de acero, cemento o fertilizantes que no paguen un precio por sus emisiones en su país de origen.
Para que Argentina no pierda ese dinero en aduanas europeas, el país necesita fortalecer su propio mercado de carbono. Un juez que impone multas severas está ayudando a crear el precio al carbono que la UE exige para no cobrar impuestos en frontera.

Cómo reacciona el círculo rojo empresario ante el fin de la impunidad
Dentro del sector corporativo argentino, este cambio de paradigma genera la convivencia de dos realidades paralelas. La conciencia de que el escenario cambió es total, pero la resistencia interna se manifiesta como inercia operativa difícil de romper.
El sector privado se divide en tres grupos según su nivel de adaptación: las empresas exportadoras que se adaptaron por necesidad financiera, las PyMEs del mercado interno que resisten argumentando costos, y las grandes firmas que hacen greenwashing sin cambiar procesos productivos de fondo.
El Grupo de la Adaptación Forzada (Exportadores): Empresas del agro, minería y energía (YPF, Arcor, mineras de litio) son las más conscientes. Para ellas no es ética, sino supervivencia financiera.
Saben que si no cumplen estándares internacionales (como normas IFC del Banco Mundial), el costo del financiamiento se dispara o los fondos de inversión les cierran la ventanilla.
El Grupo de la Resistencia Tradicional (PyMEs e Industrias): Para empresas que no miran al mercado externo, la sustentabilidad se percibe como un lujo de país rico.
El argumento recurrente ante inspecciones: «Si me exigen esta planta de tratamiento, tengo que cerrar y echar a 50 empleados». Siguen apostando a que la justicia local cajonee expedientes o aplique multas que la inflación licuará.
El Sector de Greenwashing (Resistencia Pasiva): Es el grupo más peligroso. Crearon grandes departamentos de sustentabilidad y marketing verde, pero sus procesos de producción no cambiaron.
Utilizan cumplimiento de normas cosméticas para evitar auditorías profundas. Sin embargo, este modelo choca con la trazabilidad digital (satélites y blockchain), que hace mentir cada vez más difícil.
Las cámaras empresariales centran su resistencia en tres puntos: presión desigual (se persigue a la empresa formal mientras la contaminación informal queda impune), falta de incentivos (solo multas, sin créditos para reconversión), y jurisdicciones superpuestas (normativas municipales, provinciales y nacionales que se contradicen).
Para los analistas, el punto de inflexión es el relevo generacional. Los directivos que hoy promedian los 40 años tienen una visión del riesgo ambiental muy distinta a la de dueños de empresas de hace tres décadas.
Saben que una denuncia viralizada en redes sociales o una causa penal activa destruye el valor de la compañía más rápido que cualquier crisis económica.
Los empresarios argentinos saben que las multas baratas son un recuerdo del pasado. Sin embargo, todavía hay un grupo importante que intenta ganar tiempo, esperando que la institucionalidad argentina sea lo suficientemente lenta como para permitirles una última vuelta bajo el viejo modelo.
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Tráfico ilegal de vida silvestre: se estima que más de 135 especies son afectadas y al menos 20 están en peligro de extinción en Argentina

Fecha de Publicación: 15/04/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Cada año, miles de especies exóticas son capturadas en Argentina para ser comercializadas ilegalmente como mascotas, productos de artesanías, ornamentos, joyas, medicinas o para coleccionismo. 
Tan solo en febrero último, en la ciudad de Santa Fe, más de 500 animales silvestres fueron rescatados en un operativo vial sobre la Ruta 34, donde se interceptó un camión que viajaba de Santiago del Estero a Buenos Aires. El Gobierno provincial incautó 219 loros habladores, 146 tortugas terrestres y decenas de otras aves, que eran transportados en “condiciones precarias e incompatibles con su bienestar”.
Un operativo similar en Maipú, Mendoza, permitió rescatar decenas de aves silvestres. La mayoría eran “7 cuchillos”, principalmente machos adultos, una especie muy buscada para peleas clandestinas. En esa provincia, este ave registra una de las mayores presiones de caza y tráfico ilegal y encabeza la lista de animales más rescatados del comercio ilegal en la última década.
En Colón, Entre Ríos, el 6 de marzo fuerzas de seguridad provinciales allanaron un centro de tráfico ilegal de fauna, rescatando a una pareja de zorros y numerosas aves autóctonas, así como elementos de caza, cueros, trofeos, pieles y osamentas. Ese mismo mes, en Chaco, fueron rescatados 2 coatíes que eran ofrecidos para la venta en redes sociales, una modalidad cada vez más frecuente que amplía el alcance del comercio ilegal.
El año pasado en la ciudad de Corrientes, un operativo conjunto entre la Municipalidad, la Dirección de Recursos Naturales y la Policía permitió rescatar cerca de 100 aves exóticas y autóctonas que eran mantenidas en domicilios particulares de manera ilegal y sin las condiciones adecuadas.
La captura, tenencia, transporte y comercialización ilegal de animales silvestres está prohibida en nuestro país, según establece la Ley 22.421 desde 1981.
El comercio ilegal de vida silvestre también es un delito a nivel internacional. Se considera uno de los “crímenes organizados más grandes del mundo”, después del tráfico de drogas, la falsificación y la trata de personas, según la Interpol.
Además, representa una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y un riesgo sanitario, ya que los animales extraídos de su ambiente natural pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas.

Más de 135 especies silvestres son afectadas por el tráfico 
Argentina es un país clave en Sudamérica dentro del tráfico ilegal de vida silvestre: funciona como origen, tránsito y destino de estas redes, según organizaciones ambientales.
Según un informe publicado por la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, se estima que en nuestro país más de 135 especies son afectadas por el tráfico ilegal y al menos 20 de ellas están en peligro de extinción. 
Sin embargo, no existen datos precisos sobre la magnitud del problema. El propio informe advierte que, en un país federal con múltiples jurisdicciones, la limitada coordinación entre provincias y Nación, junto con deficiencias en la recolección de información y el carácter clandestino del delito, dificultan construir un panorama completo.
En diálogo con Chequeado, Carina Righi, coordinadora de Prevención del Tráfico de Vida Silvestre de WCS Argentina, señaló que las cifras disponibles “siempre van a subestimar la problemática”, ya que se basan en hallazgos y operativos, y no reflejan todo lo que ocurre. No obstante, destacó que en los últimos años “hay cada vez más controles” y operativos por parte de las fuerzas de seguridad.
Entre las especies más comercializadas hay aves, como el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; reptiles, como el lagarto overo y la tortuga terrestre; y mamíferos, como los monos caí y carayá, además de felinos, como el yaguareté. También se trafican plantas -como cactus y orquídeas- e incluso maderas.
Algunos animales son capturados y vendidos de forma informal en zonas rurales como carne de monte. Otros son trasladados a grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, que funcionan como centros de demanda de mascotas y animales de colección.
Desde allí se organiza la distribución hacia otras localidades y el contrabando a países vecinos y mercados internacionales, principalmente en América del Norte, Europa y Asia.

9 de cada 10 animales silvestres capturados mueren durante su traslado
Según datos compartidos por la ONG Aves Argentinas, WCS Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, se calcula que solo 1 de cada 10 animales capturados sobrevive por las condiciones en las que son transportados. De los que llegan a venderse, 10 de cada 100 se recuperan y solo el 5% logra regresar a su hábitat.
“El animal que termina estando en un hogar como mascota es un sobreviviente. El 90% ha muerto por el camino”, confirmó Righi a este medio.
Los mayores volúmenes de animales capturados son aves y reptiles “por la diversidad y por la facilidad del transporte y de supervivencia”, destacó. Sin embargo, dijo, “estos animales son extraídos en condiciones muy precarias, de mucho maltrato, y es muy poca la cantidad que sobrevive a toda esta cadena de tráfico”.

Los animales silvestres no pueden ser mascotas y su tenencia está prohibida
La tenencia de animales silvestres como mascotas es un fenómeno extendido a nivel global, muchas veces impulsado por la desinformación, advierte la Fundación Vida Silvestre.
Un caso frecuente es el de las tortugas terrestres, cuya venta y tenencia están prohibidas en Argentina. Lo mismo ocurre con otras especies como lagartos, monos, zorros y boas. 
“El animal doméstico es el de compañía, como el gato o el perro -y, en algunos casos, animales de granja-. Si se trata de otra especie, hay que informarse mejor”, explicó Carina Righi.
En el país, la fauna silvestre está protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, sancionada en 1981, que prohíbe la captura, el traslado, el comercio y la tenencia de animales silvestres, así como de sus productos y subproductos. A esto se suman normativas específicas en cada provincia.
Desde los organismos ambientales insisten en que los animales silvestres no son mascotas. “No debemos tenerlos como mascotas porque, además de ser ilegal, en la mayoría de los casos no conocemos su origen, que probablemente sea ilícito”, señaló Righi.
Para ayudar a combatir el tráfico, recomiendan no comprar ni capturar animales silvestres. Si se encuentra uno, es clave no retenerlo ni trasladarlo por cuenta propia y dar aviso a las autoridades.
En caso de que un animal haya sido mantenido como mascota, tampoco debe liberarse sin intervención oficial. Las autoridades advierten que estos ejemplares necesitan procesos de rehabilitación antes de volver a su hábitat.
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Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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Tierras en disputa: un mapa muestra que cerca de 13 millones de hectáreas del país se encuentran en manos extranjeras

Fecha de Publicación: 21/01/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Argentina es el octavo país del mundo en superficie y, por lo tanto, concentra una enorme diversidad de bienes naturales estratégicos. Desde 2011, la Ley de Tierras regula la propiedad rural extranjera y fija límites para proteger zonas sensibles.
Sin embargo, ese marco legal quedó en el centro del debate luego de que el gobierno de Javier Milei expresara su intención de reformarlo. Según la visión oficial, las restricciones actuales frenan inversiones en un contexto de crisis económica.
Mientras tanto, los datos muestran que unas 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. Aunque equivalen al 5% del territorio nacional, su distribución es desigual y genera alertas.

Un mapa que revela desequilibrios
Un mapa interactivo elaborado a partir de datos oficiales expone que en varios distritos la extranjerización supera el 50%. Estas áreas se concentran, sobre todo, cerca de la cordillera de los Andes y en zonas de frontera.
Si bien ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por ley, a escala departamental la situación cambia. Así, se evidencian focos de alta concentración en territorios ambientalmente frágiles.
Además, estos espacios suelen coincidir con reservas de agua dulce, minerales críticos y ecosistemas sensibles.

Patagonia y cordillera, en el centro del conflicto
Uno de los casos más visibles es Cushamen, en la Patagonia, donde el 23% de las tierras pertenece a extranjeros. Allí se ubica El Hoyo, afectado por incendios que arrasaron más de 13.000 hectáreas este verano.
En ese departamento se asientan grandes propietarios como el grupo Benetton, que concentra casi 900.000 hectáreas en la región. Esta presencia reaviva tensiones sociales y ambientales.
Otro punto crítico es Malargüe, en Mendoza, donde la extranjerización alcanza el 15% y crece el interés minero tras la aprobación de proyectos extractivos.

Fronteras y control del territorio
En el norte del país, especialmente cerca de Paraguay, también se detecta una fuerte presencia extranjera. Allí, la posesión de grandes extensiones facilita dinámicas difíciles de controlar.
Además, Estados Unidos lidera el ranking de hectáreas extranjeras en Argentina, seguido por Italia y España. Estas tierras se reparten en provincias clave como Mendoza, Neuquén y Corrientes. Así, el control del territorio aparece fragmentado y con escasa transparencia sobre los usos reales del suelo.

Cómo perjudica esto al país en el plano ambiental
La posible flexibilización de la Ley de Tierras podría agravar la presión sobre ecosistemas frágiles. Al facilitar la compra de tierras, se abre la puerta a actividades extractivas intensivas.
En consecuencia, glaciares, acuíferos y bosques nativos quedarían más expuestos a la degradación. Esto afectaría el abastecimiento de agua de millones de personas y la estabilidad climática regional.
Finalmente, la pérdida de control sobre territorios estratégicos debilita la planificación ambiental a largo plazo. Así, la discusión sobre inversiones se cruza con una pregunta central: quién decide el destino de los bienes naturales del país.
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Por el cambio climático global, el nivel del mar en Argentina sube más rápido desde 1965

Fecha de Publicación: 30/12/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y las universidades de Buenos Aires y La Plata analizaron más de cien años de registros. Por qué los resultados importan para la planificación de las playas y los puertos
El cambio climático que sufre todo el planeta ya dejó también su marca en la costa de la Argentina. Científicos confirmaron que el nivel promedio del mar aumenta de manera sostenida y que ese ritmo se aceleró con fuerza.
Los registros históricos muestran que en Buenos Aires y Puerto Quequén la velocidad de ese aumento del nivel del mar casi se duplicó después de 1965, de acuerdo con el estudio que se publicó en línea en la revista Continental Shelf Research.
La tendencia casi se duplicó en el período 1965-2023, señalaron los investigadores del Servicio de Hidrografía Naval, las facultades de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata que hicieron el estudio. Año tras año, el mar se eleva y ese cambio ya se observa en el litoral atlántico.
El trabajo fue realizado por Fernando Oreiro, Mónica Fiore, María de Azkue, María Canero, Luciano Banegas y Mariana Mora. 

El mar sube y puede impactar en la costa
El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros de los cambios en el clima global. Cuando sube, revela que los océanos se están expandiendo y que el hielo en diferentes partes del mundo se derrite. 
Medirlo permite anticipar riesgos para ciudades, actividades portuarias y playas. Durante mucho tiempo, la Argentina no contó registros largos y confiables sobre el nivel del mar.
Los científicos advirtieron que esa falta de datos dificultaba anticipar y planificar ante posibles riesgos costeros.
Por eso, el nuevo estudio se hizo para aportar una reconstrucción precisa y extensa, basada en datos históricos.
El equipo reunió series largas de los mareógrafos, que son instrumentos que miden la altura del mar respecto de un punto fijo en tierra.
Gracias a esa tecnología, pudieron observar cómo el mar varió durante más de cien años y comparar los cambios entre distintas regiones.
La meta fue reconstruir la historia del nivel del mar en 12 puntos clave de la costa argentina. También se buscó identificar si las subidas se explican por procesos globales, como el calentamiento del planeta, o por factores propios de cada zona.

Qué se descubrió
Los investigadores analizaron datos horarios recopilados por el Servicio de Hidrografía Naval y autoridades portuarias. Primero se calcularon promedios mensuales y luego anuales, para observar tendencias y eliminar el efecto de las estaciones.
Para asegurar la calidad de los datos, el equipo aplicó controles y validaciones cruzadas entre instrumentos y ubicaciones.
El ritmo de aumento del nivel del mar cambia según la región. Los valores van de 0,79 milímetros por año a 3,84 milímetros por año.
En Buenos Aires, la tendencia desde 1905 es de 1,70 milímetros por año. En Mar del Plata, desde 1961, la cifra alcanza 2,25 milímetros por año.
En las estaciones con más de un siglo de registros, como Buenos Aires y Puerto Quequén, el ascenso se aceleró después de 1965.
El informe detalló que la tendencia aumentó de 1,22 mm por año (antes de 1965) a 2,38 mm por año (después de 1965) en Buenos Aires.
Las diferencias entre regiones son claras. “Las regiones analizadas están influidas por dinámicas locales diferenciadas”, explicaron los científicos.
Los factores como la desembocadura de ríos, las tormentas y las corrientes marinas influyen en el comportamiento del mar en cada sector.
En el sur, estaciones como Ushuaia y Puerto Argentino muestran valores menores, aunque los datos recientes también marcan un aumento más claro que en el pasado.
“Los hallazgos confirman una tendencia sostenida al alza en el nivel del mar a lo largo de la costa argentina y aportan información crítica para la gestión de riesgos costeros”, afirmaron los investigadores. 
Como recomendación, el equipo pidió mantener y ampliar la red de mareógrafos, sumar mediciones del terreno y fomentar la colaboración entre las instituciones. Además, subrayaron la necesidad de que los datos sean abiertos y accesibles.
Mencionaron que faltan series largas de datos fuera de Buenos Aires y Puerto Quequén y la influencia de factores locales.
A pesar de esos desafíos, la investigación ofrece una base científica sólida para que autoridades y comunidades puedan tomar decisiones informadas frente al avance del mar.
En diálogo con Infobae, el doctor en oceanografía Martín Saraceno, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, opinó: “El estudio está bueno. El aumento del nivel del mar que calcularon es parecido al que se estima con datos de satélite para la región en otros trabajos”.
Para el experto, que no participó en el trabajo publicado en la revista Continental Shelf Research, “los resultados deberían utilizarse para planificar la gestión de los ambientes costeros del país”. 
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 En 40 años, Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosques nativos

Fecha de Publicación: 10/10/2025
Fuente: Portal ElResaltador
Provincia/Región: Nacional


Según un relevamiento de MapBiomas Argentina, la pérdida equivale a más de 3 veces la provincia de Misiones. En el país, aún se conservan 46,5 millones de hectáreas de bosques, pero existen muchas presiones sobre los ecosistemas.
Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 40 años, según el nuevo análisis de MapBiomas Argentina, difundido por la Fundación Vida Silvestre. El estudio recopila la evolución de la cobertura y uso del suelo entre 1985 y 2024, y muestra una reducción del 18% de la superficie boscosa original del país.
Del total perdido, el 89% corresponde a bosques cerrados, lo que equivale a más de tres veces la superficie de Misiones. Si bien Argentina aún conserva 46,5 millones de hectáreas de bosques, las presiones sobre estos ecosistemas continúan avanzando, principalmente por el cambio de uso del suelo hacia actividades agrícolas y urbanas.
«La pérdida de bosques en Argentina no representa solo un impacto ambiental, sino también una grave afectación a los servicios ecosistémicos esenciales que estos bosques brindan —como la regulación del clima, la provisión de agua y alimentos, y la conservación de la biodiversidad— que son fundamentales para la vida humana y la de innumerables especies» afirmó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. 
Según el informe, los bosques fueron la vegetación natural que más superficie perdió, mientras que la agricultura creció un 46%, con un aumento de 11,9 millones de hectáreas.

Provincias con mayor pérdida de vegetación natural
- Santiago del Estero (3,2 millones de hectáreas)
- Entre Ríos (2,0 millones de hectáreas)
- Salta (1,7 millones de hectáreas)
- Buenos Aires (1,7 millones de hectáreas)
- Chaco (1,2 millones de hectáreas)
- Córdoba (0,9 millones de hectáreas).  
“Los datos de MapBiomas son clave para planificar estrategias de conservación y desarrollo sostenible”, señaló Ana Eljall, coordinadora del proyecto MapBiomas, que integra una red de 23 instituciones argentinas entre las que se encuentran ONGs como Fundación Vida Silvestre, institutos del CONICET y universidades.
La iniciativa brinda una herramienta de acceso libre que permite visualizar e interactuar con mapas actualizados y precisos para saber qué, cómo y dónde cambió el uso y cobertura de nuestro suelo desde el año 1985 hasta la actualidad.
Por primera vez, el estudio sobre bosques nativos en Argentina incluyó un módulo sobre expansión urbana: entre 1985 y 2024, las áreas urbanizadas crecieron un 35% en todo el país. Las regiones pampeana y patagónica registraron los mayores incrementos, impulsadas por el crecimiento de ciudades intermedias y del área metropolitana de Buenos Aires.
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https://www.vidasilvestre.org.ar/?29780/lanzamiento-mapbiomas-coleccion2