Golfo Nuevo: cuatro pesqueras, ante la Justicia
Imputan hoy a responsables de cuatro pesqueras de Puerto Madryn por contaminar el Golfo Nuevo
La Fiscalía de Puerto Madryn especializada en delitos ambientales abre este lunes la investigación por descargas de efluentes que, según la acusación, superaron ampliamente los límites legales durante 2016 y 2017.
Cuatro empresas pesqueras de Puerto Madryn quedan desde hoy en el centro de una causa penal por la contaminación del Golfo Nuevo. Este lunes, a las 12, la jueza penal Patricia Asaro encabezará la audiencia en la que la Fiscalía formalizará la apertura de la investigación contra cuatro responsables de las áreas ambientales de Red Chamber, Estrella Patagónica, Conarpesa y Congeladores Patagónicos. Están acusados de haber volcado al mar efluentes líquidos con niveles de contaminantes que superaban los límites de la normativa provincial.
La acusación estará a cargo de la fiscal Cecilia Pistará, de la agencia del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn especializada en delitos ambientales, que encabeza el fiscal jefe Álex Williams. En esta instancia, los imputados conocerán los hechos que se les atribuyen y la calificación legal propuesta. Se trata de una etapa inicial del proceso: ninguno de ellos fue juzgado y rige el principio de inocencia.
Qué sostiene la Fiscalía
Según la hipótesis fiscal, durante 2016 y 2017 las cuatro plantas descargaron en el Golfo Nuevo efluentes que no cumplían los parámetros fijados por las normas provinciales. Las muestras, tomadas dentro de cada establecimiento, habrían arrojado valores de demanda química de oxígeno y de bacterias coliformes fecales “ampliamente superiores al máximo permitido por ley”, según la descripción del Ministerio Público.
La demanda química de oxígeno mide cuánto oxígeno se necesita para degradar la materia orgánica y otros compuestos presentes en el agua. Un valor elevado indica una carga contaminante que, al llegar al mar, consume el oxígeno disponible para la vida acuática. Los coliformes fecales, en tanto, son indicadores bacteriológicos de contaminación y de posible riesgo sanitario para quienes usan las costas.
La calificación provisoria es contaminación ambiental, como delito continuado y en calidad de coautores. Esa figura implica que, para la acusación, no se trató de un episodio aislado sino de una conducta que se repitió en el tiempo.
Una causa que llega casi diez años después
Los hechos investigados ocurrieron hace casi una década. El expediente se tramitó primero en el fuero federal y luego fue remitido a la Justicia provincial, que ahora retoma la investigación con esta audiencia. La información difundida antes de la jornada no precisó qué dio origen a la causa ni qué penas podrían corresponder si el caso llegara a juicio. Esos aspectos podrían conocerse a partir de la presentación de la fiscal.
El tiempo transcurrido es uno de los puntos que probablemente estarán en discusión, tanto por la reconstrucción de la prueba como por los planteos que puedan hacer las defensas. Para las organizaciones y vecinos que siguen la situación del golfo, en cambio, el caso pone en foco el control de los efluentes del parque industrial pesquero durante esos años.
Conarpesa, con otro juicio en curso
Una de las firmas mencionadas, Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), enfrenta en paralelo otro proceso por un hecho distinto. Desde el 5 de noviembre se desarrolla en Puerto Madryn un segundo juicio oral contra dos de sus empleados por el caño que, según la acusación, volcaba en febrero de 2023 efluentes sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En ese debate, un investigador del CENPAT-CONICET declaró que las muestras superaban los límites del decreto provincial 1540/16, con más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica frente a un máximo de 50. El primer juicio había terminado en absolución en 2025, pero el Superior Tribunal de Justicia de Chubut lo anuló y ordenó repetirlo. Ese proceso todavía no tiene sentencia.
Un golfo bajo presión
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur y sostiene buena parte del turismo de la región. Su forma semicerrada hace que la renovación del agua sea lenta, por lo que las descargas sostenidas pueden tener un efecto acumulativo sobre el ecosistema.
No es la única señal de alerta. Un estudio reciente de investigadores del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, publicado en la revista Marine Pollution Bulletin, detectó residuos de 49 agroquímicos en bivalvos del golfo. La actividad pesquera es central para la economía de Puerto Madryn y de Chubut. La audiencia de este lunes vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre ese motor productivo y la protección de un ambiente marino único.
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal ADNSUR, Canal 12 Web, Portal La Tecla Patagonia, Diario El Chubut
Detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo
Científicos detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo, una zona casi sin agricultura
Un estudio del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham halló residuos de plaguicidas en todas las muestras de mejillones, cholgas, almejas y vieiras analizadas frente a Puerto Madryn, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina.
Un estudio científico detectó 49 agroquímicos distintos en moluscos bivalvos del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, en Chubut, una zona donde no desemboca ningún río y donde la actividad agrícola es mínima. El trabajo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, encontró residuos de al menos un plaguicida en todas las muestras analizadas, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina desde hace años.
La investigación fue publicada en la revista científica Marine Pollution Bulletin con el título en inglés Occurrence and concentration of agricultural phytosanitary residues in bivalve mollusks collected from Golfo Nuevo, Argentina. Sus autores son Camila Ayelén Frydman, Cintia Natalia Gonzalez, Natalia Pesquero, María Juana Ruiz, Elena Susana Barbieri, Marina Valeria Mozgovoj y Diego Sebastián Cristos. Según los investigadores, se trata de la primera línea de base sistemática sobre la presencia de estos compuestos en bivalvos del golfo.
Residuos en todas las muestras
El equipo analizó 87 bivalvos, entre ellos mejillones, cholgas, almejas y vieiras, recolectados en tres sitios del golfo entre 2021 y 2023. Se buscaron 57 fitosanitarios de uso habitual, y 49 de ellos fueron detectados al menos una vez. Los herbicidas fueron el grupo más frecuente y el que presentó las concentraciones más altas, seguidos por los fungicidas y, en menor medida, por los insecticidas.
Dos compuestos aparecieron en el 100% de las muestras: el fungicida carbendazim y el insecticida diclorvós, este último prohibido en la Argentina desde 2018. El imidacloprid, un insecticida prohibido en la Unión Europea, se encontró en el 92% de los casos. También se detectaron paraquat, vetado en Europa desde 2007, y clorpirifós, prohibido en el país desde 2023. En total, 26 de los 49 plaguicidas hallados figuran en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN).
En cuanto a las concentraciones, 28 compuestos superaron los 10 microgramos por kilo de tejido, un valor genérico que la Unión Europea utiliza como límite máximo de residuos por defecto. Los autores aclararon que lo emplearon solo como referencia comparativa, porque no existen límites específicos para bivalvos. El herbicida carfentrazona-etil fue el que registró los niveles más elevados, con un promedio cercano a los 1.900 microgramos por kilo y valores máximos superiores a 4.100.
Cómo llegan al mar
El hallazgo resulta llamativo por el lugar. El Golfo Nuevo no recibe aportes de ríos, y en Chubut la agricultura ocupa menos del 1% de la superficie provincial. Por eso, los investigadores plantean dos vías posibles. Una es la escorrentía superficial desde áreas cultivadas, que podría incluir efluentes vinculados a la actividad industrial cercana. La otra es la deposición atmosférica: los plaguicidas pueden evaporarse o ser arrastrados por el viento junto con el polvo desde zonas de producción lejanas y depositarse luego sobre el mar.
El estudio, de todos modos, no logró determinar cuál es el origen concreto de los compuestos.
¿Hay riesgo para quienes los consumen?
Los científicos advierten que todavía no se sabe si esas concentraciones representan un riesgo concreto para la salud humana, y que no existen límites específicos con los cuales compararlas. Los bivalvos funcionan como centinelas de la contaminación porque filtran grandes volúmenes de agua y acumulan sustancias, pero su presencia en los tejidos no demuestra por sí sola un peligro para los consumidores. Los investigadores también señalan que otras especies que se alimentan de ellos, como cangrejos y pulpos, podrían acumular residuos, algo que todavía no fue analizado.
Un vacío de control
El trabajo expone además un vacío en los controles. La Secretaría de Pesca de Chubut monitorea todos los meses las biotoxinas asociadas a la marea roja, pero no analiza la presencia de agroquímicos. La normativa nacional, a través de la Resolución 829/2006 de la entonces Secretaría de Agricultura, contempla compuestos organohalogenados, pero el monitoreo queda en manos de las provincias.
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral y sostiene actividades de pesca artesanal y maricultura. El estudio se suma a otras alertas sobre la llegada de contaminantes a ecosistemas considerados prístinos, y refuerza el debate sobre el uso masivo de agroquímicos en el país, donde se emplean decenas de sustancias que están prohibidas en otras partes del mundo.
Provincia/Región: Chubut - Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Mongabay; INTA; CONICET; Universidad Nacional de Hurlingham
La Justicia frenó el saneamiento urgente de Ar Zinc
Revocan la orden de sanear Ar Zinc, con 800.000 toneladas de residuos tóxicos junto al Paraná
La Cámara Penal de Rosario dejó sin efecto la cautelar que obligaba a la empresa a estabilizar la barranca y contener la jarosita acumulada en su ex planta de Fray Luis Beltrán, y derivó la definición de plazos al juez civil del amparo ambiental.
La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó la orden judicial que obligaba a la empresa Ar Zinc a estabilizar la barranca y contener los residuos tóxicos acumulados en su antigua planta de Fray Luis Beltrán, en el Gran Rosario. En el predio, ubicado entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, permanecen unas 800.000 toneladas de jarosita, un residuo del procesamiento del zinc con metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. El fallo deja sin plazos fijos una remediación que vecinos, fiscales y especialistas consideran urgente.
La decisión fue firmada por el camarista Javier Beltramone, que revocó en forma íntegra la resolución dictada a fines de septiembre por el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia. Esa medida cautelar ordenaba a la empresa iniciar de inmediato los trabajos para estabilizar la barranca sobre el Paraná, contener los depósitos de jarosita, instalar un cerramiento perimetral para impedir el acceso al predio y completar las obras en un plazo máximo de ocho meses, con informes de avance cada quince días.
Una cuestión de competencia
Según el fallo, la Justicia penal no tiene competencia para fijar cronogramas técnicos ni definir soluciones de ingeniería ambiental. Beltramone señaló que esas decisiones corresponden al juez civil que tramita un amparo ambiental iniciado en 2020, con la intervención técnica del Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de la Secretaría de Recursos Hídricos. El camarista también tuvo en cuenta que la empresa presentó contratos de obra con un plazo estimado de once meses.
El fallo aclara, sin embargo, que la decisión no libera a la compañía de sus obligaciones ambientales. Lo que cambia es quién debe fijar las órdenes y los plazos: ya no el fuero penal, sino el juez civil del amparo, a partir de los criterios técnicos que defina la autoridad ambiental provincial.
Una montaña tóxica junto al Paraná
La planta de Fray Luis Beltrán funcionó durante décadas como el principal complejo de producción de zinc electrolítico del país y también fabricaba ácido sulfúrico. El grupo suizo Glencore fue su propietario desde 2005 hasta el cierre definitivo, en 2016, cuando unos 400 trabajadores quedaron sin empleo. En 2021, el predio de unas 50 hectáreas pasó a manos de Integra Capital, un grupo liderado por el empresario José Luis Manzano. El municipio de Fray Luis Beltrán y la parte querellante sostienen que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria por el pasivo ambiental.
La jarosita es un subproducto del proceso de obtención del zinc que concentra metales pesados. Según los especialistas, parte de esos contaminantes se filtra hacia las napas subterráneas y drena hacia el río Paraná, del que se abastecen de agua potable millones de personas en la región.
El riesgo de la barranca
La principal preocupación es la estabilidad de la barranca, sobre la que se asienta parte de las instalaciones. La fiscalía advirtió que un derrumbe podría arrastrar el material contaminado directamente al río, un escenario que se vuelve más probable con las lluvias intensas previstas para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.
Por eso, la orden revocada exigía como primer paso el apuntalamiento urgente de la barranca, y le daba a la empresa diez días para informar si optaría por retirar el material o por tratarlo y contenerlo en el lugar, y quince días para presentar la documentación técnica y los profesionales responsables. Con la revocación, esos plazos quedaron sin efecto hasta que el juez civil defina un nuevo cronograma.
Un pasivo que se arrastra
El caso de Ar Zinc es uno de los pasivos ambientales industriales más graves del corredor del Gran Rosario, una franja sobre el Paraná que concentra puertos, plantas químicas y agroindustriales. A diez años del cierre de la planta, los residuos siguen en el predio y la remediación todavía no tiene una fecha cierta de finalización.
La discusión de fondo excede el expediente judicial. Mientras las autoridades y los tribunales definen quién debe ordenar los trabajos, cómo hacerlos y en qué plazos, las 800.000 toneladas de jarosita continúan a orillas de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, en una zona expuesta a crecidas y lluvias extremas. El desafío ahora es que la definición de competencias no se traduzca en nuevas demoras.
Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario La Capital
Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países
La Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países y 35 son altamente peligrosos
Un relevamiento revela que el uso de plaguicidas en el país se multiplicó más de dieciséis veces entre 1990 y 2022, mientras la regulación nacional avanza hacia la flexibilización de los registros y los controles.
En los campos argentinos se utilizan 167 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, y 35 de ellos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo revela una investigación periodística especializada que cruzó los principios activos autorizados en el país con las prohibiciones vigentes en el resto del mundo.
Entre las sustancias de uso habitual en la Argentina figuran el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina, aplicadas sobre todo en cereales y oleaginosas, pero también en el tabaco y la horticultura. Los productos son comercializados por grandes compañías del sector, entre ellas Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.
Un consumo que se multiplicó por dieciséis
El dato más contundente es el del crecimiento del uso. Según la investigación, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas aplicados en el país pasó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros por año, es decir, se multiplicó más de dieciséis veces. En el mismo período, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció un 117% y la producción un 269%, lo que muestra que el consumo de agroquímicos aumentó a un ritmo muy superior al de la propia actividad agrícola.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en el trabajo estima que en unos 36 millones de hectáreas se aplican cada año alrededor de 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de distintos fitosanitarios.
Qué es un plaguicida altamente peligroso
El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la FAO y la OMS en 2013, define a los PAP como aquellos productos que presentan “niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico” para la salud o el ambiente, según los sistemas internacionales de clasificación. El mismo código prevé que los países consideren prohibir su importación, distribución, venta y compra cuando las medidas para reducir los riesgos no resulten suficientes.
La Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por su sigla en inglés), una coalición internacional de organizaciones, propone criterios todavía más amplios: incluye entre los PAP a las sustancias con toxicidad fatal por inhalación, las que pueden provocar daños irreversibles, las que actúan como disruptores endocrinos, las altamente persistentes o bioacumulables y las que resultan muy tóxicas para las abejas y los organismos acuáticos.
El problema se agrava por la cercanía de los cultivos a escuelas, barrios y pueblos rurales, donde los casos de exposición a las fumigaciones derivaron en reclamos vecinales y demandas judiciales en distintas provincias.
Una regulación que va en sentido contrario
La advertencia llega en un contexto de flexibilización normativa. En junio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que creó un nuevo Registro Nacional de Productos Fitosanitarios con inscripciones por tiempo indefinido. La norma permite que los establecimientos que elaboran, importan o exportan estos productos funcionen con una declaración jurada y control posterior, y que los fitosanitarios aprobados en una lista de países considerados equivalentes, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios europeos, ingresen al mercado local mediante un trámite simplificado.
Además, en 2025 se debatió en el Congreso un proyecto de ley que, según denunció Greenpeace, reemplazaba el término agrotóxicos por fitosanitarios y fijaba distancias mínimas de aplicación de 10 metros para las pulverizaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Para la organización, se trataba de una regresión frente a los 1.000 metros de resguardo que fijaron diversos fallos judiciales y ordenanzas locales, como la del municipio bonaerense de Campana.
La paradoja de los países que prohíben y exportan
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Diversas organizaciones vienen denunciando desde hace años el doble estándar de algunos países que prohíben ciertos plaguicidas en su territorio pero permiten que sus empresas los fabriquen y los exporten hacia naciones del Sur Global, donde los controles suelen ser más débiles.
Frente a este escenario, los especialistas y las organizaciones ambientales reclaman avanzar hacia una reducción progresiva del uso de agrotóxicos, eliminar primero los más peligrosos, reforzar el monitoreo independiente sobre el agua, el suelo y los alimentos, y promover una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.
Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Agencia Tierra Viva; Portal Bichos de Campo; FAO; OMS; INTA; SENASA
Inició el nuevo juicio a Conarpesa
Juicio a Conarpesa: testigos describen el caño que volcaba efluentes pesqueros en el Golfo Nuevo
En el nuevo juicio por presunta contaminación en Puerto Madryn, que se hace después de que el Superior Tribunal de Chubut anulara la absolución, declararon funcionarios, un investigador del CONICET y un perito informático sobre el vertido de efluentes sin tratar de 2023.
El nuevo juicio por presunta contaminación ambiental contra dos empleados de la pesquera Conarpesa sumó en Puerto Madryn testimonios clave sobre el caño que, según la acusación, volcaba efluentes industriales sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En la segunda audiencia del debate, un exfuncionario municipal, un funcionario provincial, un investigador del CONICET y un perito informático describieron el hallazgo de la conexión, el resultado de los análisis y los mensajes que forman parte de la prueba.
Los acusados son la responsable del área ambiental de la empresa y el encargado del sistema de tratamiento de efluentes, imputados como presuntos coautores del delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El juicio se desarrolla ante la jueza Yamila Flores, en un tribunal unipersonal, con la acusación a cargo del fiscal jefe Alex Williams. En la primera jornada, ambos imputados negaron haber dispuesto una conexión clandestina.
Un juicio que vuelve a empezar
Es la segunda vez que el caso llega a juicio oral. En el primer debate, realizado en 2025, la Fiscalía había pedido penas de tres años y seis meses y de tres años y tres meses de prisión, pero la jueza Patricia Reyes absolvió a los dos acusados. En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló por unanimidad esa absolución por deficiencias jurídicas en la sentencia y ordenó un nuevo juicio con otro juez. El debate comenzó el 5 de noviembre.
La empresa involucrada es Continental Armadores de Pesca S.A. (Conarpesa), una exportadora de langostinos con planta en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn, alejado del área urbana y junto a una playa de acantilados.
El caño en la playa
Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2023, cuando denuncias públicas y el video de un vecino alertaron sobre un vertido en la costa del Golfo Nuevo. El líquido, de color naranja o rosado intenso y fuerte olor, salía de una cañería que desembocaba en la playa y que, según la investigación, provenía de la pesquera. Para la Fiscalía, los responsables conocían ese conducto de desvío y lo utilizaron hasta que la presencia judicial y policial obligó a interrumpir el vertido.
Facundo Ursino, quien durante nueve años fue secretario de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn, describió el hallazgo de un caño de PVC que llevaba el líquido por gravedad hacia la costa. Explicó que elevó un informe técnico y que, tras el monitoreo municipal, esa coloración no volvió a registrarse.
Jonatan Ueberfeld, hoy director general de Logística de la Secretaría de Ambiente provincial, relató que siguieron el recorrido aguas arriba. En las cámaras de otras dos plantas encontraron agua tratada, pero, tras excavar, hallaron un caño de cemento roto con líquido sin tratar que llegaba hasta la línea de Conarpesa. Ante una fotografía exhibida por la Fiscalía, el testigo dijo ver dos caños, mientras que la acusada sostuvo que eran tres.
Lo que revelaron los análisis
El investigador Mauricio Faleschini, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), que depende del CENPAT-CONICET, y especialista con más de veinte años en tratamiento de aguas residuales, tomó muestras en la cámara que rebalsaba y en la descarga sobre la playa. Según declaró, los valores superaban los límites del decreto provincial 1540/16, y advirtió sobre el efecto que una descarga sostenida puede tener en un cuerpo de agua cerrado como el golfo. De acuerdo con los datos de la causa, las muestras mostraron más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica, frente a un límite permitido de 50.
Los mensajes del celular
El perito informático forense Ariel Aburto presentó su informe sobre los mensajes que el encargado de efluentes envió al teléfono de la responsable ambiental. Entre ellos figura uno que decía: “no podemos derivar más al pay pass”. Los imputados explicaron en la primera audiencia que el mensaje se refería al cierre del by-pass, una derivación que la empresa había declarado.
Las defensas, a cargo de Luis Novoa y Jorge Rubiolo, interrogaron a los testigos sobre las inspecciones realizadas en otras plantas de la zona. En un momento de la audiencia, la jueza llamó la atención a uno de los defensores por formular una pregunta que condicionaba la respuesta.
Un golfo de alto valor ecológico
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur. Según Faleschini, este tipo de vertidos no elimina los nutrientes, lo que podría alterar el equilibrio del ecosistema. El juicio continuará con nuevas audiencias.
Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut; Portal Economía Sustentable; Diario Jornada; Ministerio Público Fiscal de Chubut
El aire de Tucumán quita hasta dos años y medio de vida
El aire contaminado de Tucumán reduce hasta dos años y medio la esperanza de vida, según un estudio
Durante la zafra, la contaminación atmosférica llega a ser siete veces mayor que el valor guía de la OMS, y un trabajo científico estima que eliminar las quemas agrícolas podría evitar unas 519 muertes por año en la provincia.
Respirar en Tucumán tiene un costo sanitario que empieza a medirse en años de vida. Una investigación interdisciplinaria basada en una red de sensores de calidad del aire estimó que la contaminación atmosférica puede reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida de los tucumanos en comparación con el resto del país. Durante la zafra, entre mayo y octubre, los niveles de contaminación llegan a ser siete veces superiores a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio fue realizado por neumólogos y especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA), que forma parte del Instituto de Química del Noroeste Argentino (Inquinoa), y la Fundación Breathe2Change, con la colaboración de la Subsecretaría de Medio Ambiente provincial. El trabajo fue premiado en el 52° Congreso Argentino de Medicina Respiratoria y sus resultados se presentaron en el foro Tucumán Respira.
Los investigadores también detectaron un aumento de los síntomas respiratorios en unos 2.000 chicos de entre 7 y 11 años de distintas escuelas, que relacionaron con los registros de la red de monitoreo. “Tucumán es la provincia más contaminada del NOA y la segunda del país”, afirmó María Marta Sáez, de Breathe2Change.
Fuego, ingenios y una geografía que encierra el humo
Las fuentes de la contaminación son múltiples. Una de las más importantes es la quema de cañaverales, que todavía se utiliza para facilitar la cosecha: según las estimaciones difundidas, cada año se quema entre el 10% y el 20% de las aproximadamente 260.000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar, sobre todo en manos de pequeños productores que no cuentan con cosechadoras. A eso se suman la quema de restos de la producción citrícola, de pastizales en las banquinas de rutas y caminos y de basura domiciliaria, además de las emisiones de los ingenios azucareros y el tránsito vehicular, cuyo peso confirmó un estudio de la UNT y el CONICET durante las restricciones de la pandemia.
La geografía agrava el problema. El cordón montañoso del oeste dificulta la circulación del aire y favorece que el humo quede concentrado cerca del suelo, una situación que se acentúa en San Miguel de Tucumán por el relieve sobre el que está asentada la ciudad.
Cientos de muertes evitables
Un estudio publicado en 2025 en la revista Salud Ambiental dimensionó el impacto sanitario de las quemas agrícolas. Con la herramienta AirQ+, desarrollada por la OMS, y datos de nueve estaciones de monitoreo de 2023, los autores estimaron que alrededor de 1,1 millones de habitantes estuvieron expuestos a concentraciones de partículas finas PM2.5 que durante el invierno superaron los 40 microgramos por metro cúbico como promedio mensual.
A partir de esos datos, calcularon que unas 888 muertes anuales podrían atribuirse a la exposición a PM2.5. Al simular un escenario sin el período de mayor quema, la cifra bajó a 369, por lo que eliminar las quemas a cielo abierto podría evitar alrededor de 519 muertes por año. Se trata de una estimación epidemiológica basada en modelos de riesgo, no de una identificación individual de fallecimientos.
Hollín sobre los techos y olores nauseabundos
Los números tienen su correlato en la vida cotidiana. En el sur provincial, vecinos de Aguilares, Concepción y Villa La Trinidad denuncian desde hace años la llamada lluvia negra: partículas de hollín que cubren veredas, patios, autos y techos durante la zafra, y que con las lluvias forman un barro que obstruye canaletas y desagües. En el Gran Tucumán, en cambio, el reclamo más repetido es el olor nauseabundo que invade las calles antes de las tormentas, que los vecinos asocian con la vinaza, el residuo de la destilación de alcohol, y con efluentes y basurales.
La industria sucroalcoholera acumula además antecedentes de sanciones. En junio de este año, la Subsecretaría de Medio Ambiente ordenó el cese de un vertido del ingenio Bella Vista tras detectar peces boqueando en el arroyo del Rey, y en 2024 el ingenio Concepción fue multado con unos 17 millones de pesos por volcar efluentes en la cuenca Salí-Dulce. En octubre, organismos provinciales y nacionales inspeccionaron diez establecimientos azucareros en el marco del acuerdo de 2011 para sanear la cuenca, cuyos resultados se informan a la Corte Suprema.
Para los especialistas, la salida combina educación, control y sanción: reemplazar las quemas por cosecha mecanizada, mejorar los filtros de las calderas y fiscalizar los basurales. La Ley provincial 6.253 de protección ambiental ya permite sancionar las quemas, pero la persistencia del humo cada invierno muestra que la norma, por sí sola, no alcanza.
Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Tucumán
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental; Portal Contexto Tucumán; Diario La Gaceta; Universidad Nacional de Tucumán; Revista Salud Ambiental.
Detectan microplásticos en granizo caído en Funes
Santa Fe: detectan microplásticos y metales en granizo caído en Funes, en un estudio preliminar
Tres laboratorios independientes hallaron partículas plásticas y una variedad de metales en muestras de una granizada de 2025, aunque todavía se desconocen sus concentraciones y su origen, y los especialistas piden cautela ante las especulaciones sobre siembra de nubes.
Un análisis de muestras de granizo recolectadas en Funes, en el departamento Rosario de la provincia de Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos y de una variedad de metales y otros elementos químicos. El material corresponde a una fuerte granizada ocurrida en abril de 2025. Los resultados, todavía preliminares, comenzaron a difundirse a fines de septiembre en medios santafesinos y reavivaron el debate sobre la contaminación atmosférica y su llegada a través de las precipitaciones.
El estudio surgió a partir de una observación de productores de la zona, que aseguraron que algunas piedras de granizo tardaron entre 24 y 48 horas en derretirse por completo, aun con temperaturas de hasta 27 grados. A partir de esos testimonios, las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes, dos de Rosario y uno de Córdoba, cuyos nombres no fueron informados.
Qué se encontró
Además de microplásticos, los análisis identificaron calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc. Sin embargo, no se informaron:
- las concentraciones de cada elemento;
- la cantidad o el tipo de partículas plásticas;
- la metodología empleada.
Los resultados tampoco fueron publicados en una revista científica con revisión de pares.
El epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, que participó en la logística del envío de las muestras, sostuvo que se trata de una investigación incipiente y que es necesario profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado. También planteó que algunos de los elementos detectados podrían haber actuado como núcleos de formación de hielo, aunque aclaró que eso no demuestra que haya existido una siembra de nubes.
La sospecha de la siembra de nubes
La presencia de plata y de yodo alimentó especulaciones sobre una posible intervención artificial, ya que el yoduro de plata es una de las sustancias que se utilizan en técnicas de modificación del tiempo. Pero los especialistas advierten que encontrar metales o plásticos en una muestra no indica cómo llegaron allí ni en qué cantidad. Además, una partícula capaz de actuar como núcleo de hielo puede tener origen natural o humano sin que eso implique una intervención deliberada. Hasta el momento no se conocieron pronunciamientos oficiales sobre el caso.
Para respaldar cualquier hipótesis, los propios impulsores del análisis señalan que harían falta:
- nuevas muestras y la determinación de concentraciones;
- datos meteorológicos del momento de la tormenta y el estudio de las trayectorias de las masas de aire;
- la comparación con muestras de referencia;
- el monitoreo de aire, agua, suelo y otras precipitaciones.
Plásticos que viajan por el aire
Más allá de las incógnitas del caso de Funes, la ciencia ya documentó que los microplásticos pueden permanecer suspendidos en la atmósfera, viajar grandes distancias con las corrientes de aire y regresar al suelo con la lluvia, la nieve o el granizo. Un estudio publicado en enero de 2026 en la revista Nature identificó entre sus principales fuentes atmosféricas el desgaste de neumáticos y frenos, la actividad industrial, los suelos y los residuos plásticos. Otras fuentes posibles son el tránsito, la combustión, las actividades agrícolas y el polvo transportado desde otras regiones.
Las partículas pueden incluso participar en la formación de las precipitaciones. Una investigación publicada en noviembre de 2024 en Nature Communications demostró en laboratorio que ciertos microplásticos, como el polietileno, pueden favorecer la formación de hielo en las nubes. Ese resultado, sin embargo, no prueba que el fenómeno haya ocurrido en Funes.
El hallazgo tampoco es inédito a nivel internacional: en 2019, científicos eslovenos detectaron microplásticos y fibras naturales en el núcleo de piedras de granizo de hasta 13 centímetros caídas en el valle del río Kolpa.
Una línea de investigación abierta
Por ahora, el caso santafesino es un primer registro que no permite determinar el origen de las partículas ni su relación con la tormenta. Aun así, pone sobre la mesa una pregunta relevante para una región agrícola como el sur santafesino: cuánta contaminación transporta la atmósfera y de qué manera llega, con cada tormenta, a los suelos y al agua.
Fecha de Publicación: 05/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Diario La Capital; Portal Economía Sustentable; Nature Communications.
Nación deja de limpiar el Riachuelo y la Provincia denuncia
Riachuelo: Nación deja de limpiar el río y la Provincia denuncia el abandono del saneamiento
El Gobierno nacional dejará de financiar la limpieza del cauce principal y la recolección de residuos en la ribera de cuatro municipios del sur del conurbano, mientras la Provincia advierte que ACUMAR fue vaciada y que debe afrontar la tarea con fondos propios.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo informó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su conferencia de prensa del lunes 2 de noviembre. Según Bianco, el Gobierno nacional comunicó la semana pasada que dejará de financiar la limpieza del cauce principal del río y la recolección de residuos en tramos de su ribera. Hasta ahora, esa tarea estaba a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La medida alcanza a las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y a 35 puntos de arrojo de basura en Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. De acuerdo con Bianco, esos servicios se prestaban a través de cooperativas mediante licitaciones. En 2025 no hubo nuevas convocatorias, pero se prorrogaron los contratos, y para 2026 la Nación anunció que no volverá a contratarlos.
Los arroyos, el primer recorte
No es el primer retiro. Hasta 2023, ACUMAR financiaba con cooperativas la limpieza del cauce principal y de unos 103 kilómetros de arroyos de la cuenca. Según el ministro, al inicio de la gestión de Javier Milei la Nación le comunicó a la Provincia: “De los arroyos no nos hacemos más cargo, que se haga cargo la Provincia”. Desde entonces, la Provincia sostiene esa tarea con fondos propios y hoy limpia 21 arroyos, más de 71 kilómetros, con diez cooperativas. “Nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó Bianco.
Un organismo sin recursos
El funcionario aportó cifras sobre el ajuste en ACUMAR, según datos de la Provincia:
- el presupuesto del organismo cayó un 58% en 2024 y un 61% en 2025 respecto de 2023, con una baja real del 74% en el último año;
- el presupuesto previsto para 2026 es un 65% inferior al de 2023;
- la planta de personal se redujo a la mitad, con unos 350 despidos;
- la ejecución de gastos de capital es prácticamente nula desde el cambio de gestión.
A esto se suma el proyecto de Presupuesto 2027. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los fondos para la cuenca serían un 91,5% menores en términos reales que los de 2023.
La Provincia enumeró las consecuencias. Hay obras paralizadas:
- la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, con un 51% de avance;
- el río subterráneo para llevar agua al sur de Quilmes, con un 70%;
- la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, con un 14%.
De las 17.771 viviendas previstas para relocalizar a familias que viven en la ribera, se entregaron 7.541 hasta 2023 y no se iniciaron nuevas. Tampoco registraron ejecución los programas de plan sanitario de emergencia, urbanización de barrios populares, desagües pluviales, control de la contaminación industrial y ordenamiento territorial. Además, se interrumpieron las evaluaciones de riesgo sanitario.
Bianco aseguró que la Provincia invirtió un 50% más que ACUMAR en la porción bonaerense de la cuenca. Entre esas obras están la tercera etapa del arroyo Dupuy, en La Matanza; el entubamiento del canal Rivadavia Sur, en Marcos Paz, con un 93% de avance, y el programa Completar, que busca terminar viviendas que quedaron inconclusas. Sin embargo, advirtió que asumir nuevas obligaciones sin recursos adicionales genera dificultades, y vinculó el retiro nacional con los riesgos de inundaciones que podría traer El Niño.
Una deuda ambiental de dos décadas
La cuenca Matanza-Riachuelo es objeto de una de las causas ambientales más emblemáticas de la Argentina. En 2008, en la causa Mendoza, la Corte Suprema condenó al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a sanear el río. ACUMAR quedó a cargo de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. En octubre de 2024, el máximo tribunal dio por concluida su supervisión, al considerar que los objetivos institucionales de su fallo estaban cumplidos, y dejó en manos del organismo la responsabilidad de cumplir el plan.
Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni ACUMAR respondieron públicamente a las críticas de la Provincia, y tampoco se informó cómo se reorganizarán las tareas que dejarán de financiarse. Mientras tanto, los municipios ribereños del sur del conurbano quedan a la espera de saber quién se hará cargo de la limpieza del río.
Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: El Diario Sur; Portal InfoRegión; Portal ImpulsoBaires; Grupo La Provincia; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; ACUMAR; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Abra Pampa: 20 años esperando justicia por el plomo
Abra Pampa: 457 vecinos esperan un fallo por la contaminación con plomo de Metal Huasi
Damnificados de la Puna jujeña se movilizaron a Tribunales para reclamar la sentencia de una causa que lleva dos décadas, mientras denuncian que el pasivo ambiental de la ex fundidora nunca fue remediado del todo.
Después de dos décadas de litigio, vecinos de Abra Pampa, en la Puna jujeña, siguen esperando que la Justicia de Jujuy dicte la sentencia definitiva en la causa por la contaminación con plomo que dejó la ex fundidora Metal Huasi. Un grupo de damnificados viajó hasta San Salvador de Jujuy y se movilizó frente a Tribunales para reclamar que se firme el fallo. Denuncian que el pasivo ambiental no fue remediado y que el plomo sigue enfermando a personas y animales.
La causa reúne a 457 personas que reclaman un resarcimiento por los daños a la salud, con el patrocinio del abogado Riad Quintar. Los manifestantes se presentaron en el despacho del juez Federico Otaola, a quien piden que firme la sentencia final, y dejaron asentado un pedido formal de audiencia. Según los vecinos, todos los representados cuentan con estudios de laboratorio realizados en la provincia de Buenos Aires que certifican niveles elevados de plomo en sangre.
Para las próximas generaciones
Esteban Morales vive a una cuadra y media del antiguo complejo. Contó que sufre dolores en los huesos y una pérdida progresiva de la memoria, la vista y el oído, síntomas que atribuye al plomo. El vecino advirtió sobre las enfermedades que podrían afectar a quienes vienen detrás y sostuvo que el reclamo es para las próximas generaciones.
Lorena Mendoza vive junto al predio donde funcionaba la fundidora, hoy convertido en un anfiteatro, y cuestionó los trabajos de limpieza del suelo. “La remediación se hizo pero no como se debía hacer, la contaminación continúa”, afirmó. Según su relato, cuando llueve la ropa se daña, el asfalto se deteriora y los cordones cuneta toman un color amarillento.
Los damnificados también reclaman por quienes ya no están. “Queremos pedir justicia por aquellas personas que también ya no están con nosotros”, señaló uno de los vecinos, en referencia a quienes murieron mientras esperaban una respuesta judicial.
Una herencia tóxica en medio del pueblo
La fundidora Metal Huasi funcionó durante décadas en Abra Pampa y acumuló grandes cantidades de escoria metalúrgica. Cuando sus instalaciones fueron desmanteladas, a comienzos de los años noventa, esos residuos quedaron como un pasivo ambiental en pleno casco urbano. Recién a mediados de la década de 2000 sus efectos sobre la salud fueron vinculados con una situación de riesgo. Así lo señala un trabajo publicado en 2010 en la Revista de Salud Ambiental por investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, que confirmó a Abra Pampa como sitio contaminado, con una alta proporción de la población infantil afectada por la exposición.
La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino de oficio en 2007. En una resolución de 2011, recogió estudios del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy que daban cuenta de unas 7.000 toneladas de escoria de plomo almacenadas en lugares de fácil acceso. Las concentraciones eran de 17 a 50 veces superiores a los valores de referencia de Estados Unidos y México. Según esos estudios, el 81% de los niños presentaba niveles de plomo en sangre capaces de provocar daños en el neurodesarrollo.
Remediación tardía
En esa resolución, el organismo advirtió que la remediación acumulaba fuertes demoras. Las obras se financiaban con un subprograma del Banco Interamericano de Desarrollo y estaban previstas para 2008-2010. También señaló que el cerco perimetral tenía aberturas, que el embolsado de los residuos no seguía las recomendaciones de los expertos y que la limpieza de fachadas, techos y tanques se había atrasado. La Defensoría recordó además que retirar los residuos no implica por sí mismo recomponer el ambiente. Sostuvo que la remediación y el tratamiento de todos los afectados revestían “carácter urgente y no admite más demoras”.
En aquella resolución, el organismo instó al Gobierno de Jujuy a poner en marcha un programa de asistencia sanitaria para toda la población, en especial para los niños. También recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación intervenir para garantizar la remediación.
Quince años después de esa advertencia, los vecinos aseguran que la contaminación persiste y que la respuesta judicial todavía no llega. La causa sigue sin una resolución ejecutada.
Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Jujuy
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Jujuy al Momento, Defensoría del Pueblo de la Nación, Revista de Salud Ambiental
Riachuelo. Más de 350 empresas siguen bajo control ambiental
Riachuelo: 354 establecimientos siguen declarados contaminantes y ACUMAR apuesta a reforestar
Grandes empresas y pymes siguen en el registro de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, mientras el organismo de cuenca suma un plan para restaurar humedales, talares y riberas con especies nativas.
Más de 350 establecimientos siguen bajo control ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo por su impacto sobre el agua, el suelo y el aire. Según los datos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a fines de 2025, 354 establecimientos permanecían activos en el registro de “agentes contaminantes”. Esa categoría alcanza a las industrias y comercios que vuelcan efluentes, generan residuos peligrosos o emiten contaminantes.
El listado incluye a grandes empresas y a pymes de distintos rubros. Entre ellas figura YPF, con su planta Líquidos Docke, en Avellaneda, declarada en octubre de 2011 y todavía activa en el registro. Raízen Argentina, la ex Shell, tiene tres establecimientos activos, dos en Ezeiza y uno en Avellaneda. La operadora de Carrefour suma cuatro locales: uno en Mataderos, uno en Monte Grande y dos en Avellaneda. Coto cuenta con dos establecimientos: uno comercial en la Comuna 3 porteña y una planta de faena y procesamiento de carne en La Matanza, declarada en 2009.
La lista se completa con frigoríficos de Avellaneda, La Matanza y la Comuna 9, y una firma química de Almirante Brown. También incluye una empresa de tratamiento de residuos peligrosos de Cañuelas, incorporada en enero de 2025, y una curtiembre de Avellaneda, sumada en julio de ese año. Figurar en el registro, de todos modos, no implica que se trate de los mayores contaminantes del río.
Planes de adecuación
Para salir del registro, los establecimientos deben presentar y cumplir un Plan de Adecuación Ambiental. A fines de 2025 había 139 planes activos: 81 aprobados y en ejecución y 58 todavía sin aprobar. Desde que comenzó el sistema se presentaron 455 planes, de los cuales 127 se cumplieron y 189 fueron rechazados, incumplidos o excluidos.
El padrón histórico de ACUMAR reúne 1.469 registros. Además de los 354 activos, 520 establecimientos se reconvirtieron y 281 cesaron su actividad. Otros 119 fueron considerados adecuados, 135 quedaron excluidos y 49 volvieron a su condición anterior. Algunas empresas, en definitiva, corrigieron sus procesos y lograron salir de los listados oficiales.
El organismo mantiene, además, un listado de establecimientos de seguimiento particular, que exigen una inspección más estrecha. Allí figuran los mayores aportantes de contaminación, los involucrados en conflictos socioambientales, las instalaciones del Polo Petroquímico Dock Sud, las del aeropuerto de Ezeiza y las curtiembres. Para las curtiembres, una resolución de 2024 permite presentar planes de adecuación que contemplen su traslado al Parque Industrial Curtidor de Lanús o el envío de sus efluentes a la planta de tratamiento de ese predio.
Del control a la restauración
Mientras continúan los controles industriales, ACUMAR aprobó en agosto, mediante la Disposición 1/2026, el Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo. La iniciativa marca un giro: de frenar la contaminación a restaurar los ecosistemas degradados.
El plan busca recuperar sistemas naturales, aumentar la biodiversidad y mejorar las condiciones socioambientales de la cuenca. Contempla trabajar con especies nativas en áreas ribereñas, talares y ambientes de estepa pampeana, y recuperar vegetación degradada y humedales, que almacenan agua y amortiguan las inundaciones. También prevé corredores biológicos para conectar fragmentos de vegetación y el desarrollo de infraestructura verde y azul, con parques, plazas, áreas naturales, cursos de agua y humedales.
Para medir sus avances, el plan fija indicadores como la cantidad de ejemplares plantados, la tasa de supervivencia, la superficie forestada y reforestada, los espacios verdes recuperados y los kilómetros de corredores biológicos. La producción de especies nativas podría además generar demanda para viveros, cooperativas, bancos de semillas y trabajadores especializados. Sin embargo, no se informaron el presupuesto ni el cronograma del programa.
Una cuenca con historia
La cuenca arrastra una larga historia de vuelcos industriales y cloacales, residuos y transformaciones urbanas. ACUMAR fue creada por la Ley 26.168 como un organismo interjurisdiccional que reúne a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, porque ninguna jurisdicción puede abordar el problema por sí sola. En octubre de 2024, tras 16 años de supervisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado el control de cumplimiento de la sentencia de la causa Mendoza, el fallo que había ordenado sanear el Riachuelo.
Con cientos de establecimientos todavía bajo control y un plan de restauración sin metas presupuestarias conocidas, el saneamiento del Riachuelo sigue siendo una tarea abierta.
Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: iProfesional, Economía Sustentable, ACUMAR, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Ordenan cerrar el pozo petrolero salteño que contamina
Ordenan a YPF y otras petroleras un plan urgente para cerrar un pozo que contamina en Salta
A pedido de la Fiscalía de Pichanal, la Justicia de Orán dictó una cautelar ambiental por las emanaciones de gas del pozo Loma de Olmedo X-10, ante el riesgo de que las lluvias de El Niño arrastren la contaminación a los campos vecinos.
La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán ordenó medidas urgentes para contener la contaminación del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, en la zona de Puesto Guardián, en el norte de Salta. A pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, el juez Ramiro Morizzio dictó una cautelar ambiental urgente, preventiva y provisoria. La medida obliga a YPF y a President Petroleum a presentar en diez días hábiles un plan para cerrar en forma definitiva el pozo y contener la contaminación. La resolución se notificó el 23 de octubre.
El pozo mantiene emanaciones de gas que las empresas debían controlar, y en sus inmediaciones se acumuló una sustancia en la superficie. La preocupación se agravó por el pronóstico de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían arrastrar ese material hacia campos agrícolas y ganaderos vecinos.
Un pozo con 40 años de historia
El Loma de Olmedo X-10 fue perforado por YPF en 1983, cuando era una sociedad del Estado, y luego pasó por distintas operadoras. La última fue President Petroleum, cuya quiebra se declaró en 2025. Los primeros problemas se detectaron en agosto de 2023, cuando la Dirección General de Energía e Hidrocarburos de Salta comprobó una pérdida de gas en el cabezal y la aparición de líquidos en los alrededores. En 2024, la Secretaría de Minería y Energía ordenó el abandono obligatorio del pozo.
En junio de 2025, una inspección oficial constató que seguían brotando gas y líquidos desde la boca del pozo y desde un cráter cercano. El Gobierno provincial conformó entonces un comité de emergencia y restringió el acceso con presencia policial permanente. Además, sostuvo que “si se respetan las medidas de seguridad, no hay riesgo alguno” para la población cercana. Más tarde, mediante un decreto, declaró la caducidad de la concesión de President Petroleum y recuperó el área.
Los productores de la zona denuncian desde hace años los efectos sobre el suelo, el agua, la vegetación y los animales. Atribuyen a las pérdidas la muerte de unas 300 cabezas de ganado. Según Greenpeace, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo alrededor del pozo están secas, y muchos habitantes tuvieron que abandonar sus casas. “Como biólogo, ver la naturaleza destruida me partió el alma”, relató Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de la organización, tras recorrer el lugar.
Qué ordenó el juez
La cautelar exige un Plan Técnico de Cierre y Abandono Técnico para sellar el pozo en forma permanente y frenar las emanaciones. El plan debe incluir la metodología de intervención, las medidas de seguridad, mecanismos para evitar nuevas surgencias, un cronograma y el monitoreo posterior. El juez también pide un plan de contingencia y contención para la sustancia depositada en la superficie, que deberá elaborarse junto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Minería y Energía de Salta.
Ese segundo plan deberá contemplar:
- el aislamiento del área y la instalación de barreras;
- la identificación de las vías de escurrimiento y el monitoreo de los campos vecinos;
- protocolos de respuesta rápida ante lluvias;
- procedimientos para recuperar y disponer de forma segura las sustancias desplazadas.
La medida alcanza a seis empresas de la cadena de concesiones. YPF y President Petroleum ya fueron notificadas. Restaba notificar a E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José. El juez consideró que la responsabilidad de las empresas por los costos de cierre y la remediación del suelo podría ser objetiva y solidaria, y que los permisos administrativos no las eximen de sus obligaciones ambientales.
La resolución se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú. Advierte, además, que el incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial. El Ministerio Público Fiscal aclaró que las medidas “no constituyen un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas involucradas”. Antes, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, había sostenido que todas las firmas que participaron de la operación debían integrar el proceso.
Un cierre costoso
Sellar el pozo costaría unos 15 millones de dólares y requeriría equipos especiales y al menos un pozo de alivio. El antecedente cercano es el del pozo MdT 14, en Martínez de Tineo, en la misma zona. Ese pozo tuvo un descontrol en 2006 y causó daños durante seis años, hasta que YPF lo selló en 2012 con un costo superior a los 30 millones de dólares.
Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, El Tribuno, Ministerio Público Fiscal de Salta
Residuos del fracking se acumulan en Neuquén
Vaca Muerta: los residuos del fracking se acumulan en Neuquén y dejan zonas de sacrificio
Los lodos y las aguas contaminadas que genera la fractura hidráulica superaron durante años la capacidad de tratamiento de la provincia, y una de las causas por contaminación más grandes llegará a juicio oral.
Mientras la Argentina bate récords de producción de petróleo impulsada por Vaca Muerta, en Neuquén crece una pila menos visible: la de los residuos que deja el fracking. Más del 97% del crudo y el 90% del gas de la provincia se extraen mediante fractura hidráulica. Esa técnica genera grandes volúmenes de desechos, y durante años su tratamiento quedó por detrás del ritmo de la producción.
El proceso deja dos corrientes principales de residuos. Por un lado, el agua de retorno, contaminada con químicos y sales naturales, que se reinyecta bajo tierra. Por otro, un lodo sólido compuesto por roca perforada, arena y restos del procesamiento, conocido como recortes o cuttings. Ese material debería quemarse en hornos de alta temperatura hasta quedar reducido a cenizas inertes, pero la capacidad de tratamiento no acompañó el crecimiento de la actividad.
Montañas junto a la ciudad
Las pilas de sedimentos se levantan cerca del Parque Industrial Neuquén Oeste (PINO) y del barrio Casimiro Gómez, en la capital provincial. Julio Polo trabaja como guardia de seguridad en un emprendimiento lindero al parque industrial. Relató que cuando el viento sopla desde los depósitos llegan olores similares al azufre que le irritan los ojos y le provocan estornudos.
Según la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, la provincia cuenta con cinco sitios de disposición final y cinco plantas de tratamiento en funcionamiento. Otras tres plantas, entre ellas las de Comarsa y HP&V, atraviesan disputas legales por casos de contaminación. La funcionaria reconoció además que algunos sitios son “zonas de sacrificio” que ya no podrán destinarse a ningún otro uso.
El caso Comarsa, a juicio
El de Comarsa es uno de los expedientes más resonantes. La Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina es querellante en la causa. En agosto informó que la Justicia neuquina ordenó elevarla a juicio oral y público por la acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos de la actividad hidrocarburífera en las instalaciones de la empresa, en el Parque Industrial Neuquén Oeste. En la misma audiencia, el juez sobreseyó a los imputados por el delito de defraudación, pero la acusación por contaminación sigue en pie. La mayor parte de la prueba ofrecida por la querella fue admitida. El magistrado excluyó a algunos testigos por considerarlos redundantes y se declaró incompetente para decidir si el debate se hará ante un jurado popular.
Agua que vuelve al subsuelo
El destino del agua de retorno es otro foco de preocupación. Pedro Brisio, de la Asociación Neuquina de Profesionales del Ambiente, señaló que más del 95% de las aguas residuales del fracking en el país se descarta en pozos de inyección profunda. En Estados Unidos y Canadá, en cambio, se llega a reutilizar hasta el 70%. La inyección profunda fue vinculada a la sismicidad inducida, porque la presión del fluido puede reactivar fallas geológicas dormidas.
Los efectos sobre la salud de las comunidades cercanas todavía no fueron medidos con métodos epidemiológicos rigurosos. Como referencia, un estudio de 2019 de la organización Concerned Health Professionals of New York documentó más de 200 contaminantes en el aire cerca de sitios de fracking en Estados Unidos y más de 1.000 sustancias químicas en los fluidos de fractura. También describió radiactividad en las aguas residuales.
Capitales globales, costos locales
El boom de Vaca Muerta también atrae inversiones extranjeras. Las empresas chinas invirtieron unos 6.000 millones de dólares en el sector fósil argentino, alrededor de una cuarta parte de toda la inversión china en el país. La mitad de ese monto corresponde a la participación de la estatal CNOOC en Bridas, sociedad que comparte con la familia Bulgheroni. Bridas y BP son dueñas en partes iguales de Pan American Energy, la cuarta mayor productora de petróleo de la formación. YPF, en tanto, busca compradores para su gas natural licuado en China, Brasil, India, Japón y Europa.
Para Neuquén, el desafío es que una actividad orientada a los mercados globales no deje como herencia territorios inutilizables y comunidades expuestas a un pasivo ambiental que todavía no se terminó de medir.
Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina
Golfo Nuevo: nuevo juicio por la contaminación de Conarpesa
Habrá un nuevo juicio por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de Conarpesa
El Superior Tribunal de Chubut anuló la absolución de dos empleados jerárquicos de la pesquera, acusados de verter al mar líquidos sin tratar mediante un sistema de desvío oculto, y el debate oral volverá a empezar el 5 de noviembre en Puerto Madryn.
La causa por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de la pesquera Conarpesa vuelve a juicio. La Oficina Judicial de Puerto Madryn fijó para el 5 de noviembre el inicio de un nuevo debate oral contra dos empleados jerárquicos de la empresa. Están acusados de verter al mar líquidos industriales sin tratar. El nuevo proceso llega después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara la absolución dictada en el primer juicio.
El juicio se hará en los tribunales de Puerto Madryn, ante una jueza penal que actuará como tribunal unipersonal. Los acusados son la responsable ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y el encargado de su planta de tratamiento de efluentes. La acusación estará a cargo del fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, y del fiscal Juan Pablo Santos.
Un caño oculto hacia el mar
La investigación comenzó por un video difundido en redes sociales. Mostraba un líquido rosado y de fuerte olor que corría por un canal a cielo abierto hasta la playa, desde el parque industrial pesquero de la ciudad. La Fiscalía abrió una investigación de oficio con el apoyo de la Policía Científica, la Secretaría de Ecología y Ambiente municipal y especialistas del CENPAT, el centro científico del Conicet en Puerto Madryn.
En un allanamiento con retroexcavadora, los investigadores encontraron una cámara de inspección. Allí confirmaron la existencia de un sistema de desvío no declarado, conocido como “bypass”. Según la acusación, ese sistema conectaba las instalaciones de la pesquera con el caño autorizado. Por esa vía se descargaban en el mar efluentes del procesamiento de langostinos sin tratamiento previo, sobre todo cuando la planta superaba su capacidad. Tras la intervención judicial, el sistema fue obstruido y el vertido cesó.
Los análisis de laboratorio mostraron valores muy por encima de los permitidos:
- Materia orgánica: según la Fiscalía, la normativa fija un límite de 50 miligramos por litro y las muestras superaron los 1.500.
- Sólidos en suspensión: 21 veces por encima de lo autorizado.
- Bacteria Escherichia coli: unas 2.700 veces por encima del límite.
La causa se tramita por el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. En 2023, cuando se dictó el procesamiento, la Fiscalía destacó que era la primera vez que esa ley se usaba para imputar penalmente a una persona jurídica por un daño cuya víctima es el ambiente.
De la absolución al nuevo juicio
El primer juicio terminó en agosto de 2025 con la absolución de los dos acusados. La Fiscalía había pedido penas de prisión efectiva de tres años y seis meses y de tres años y tres meses. La jueza sostuvo que la acusación había cambiado durante el debate y que eso había afectado el derecho de defensa.
La Fiscalía impugnó el fallo con estos argumentos:
- el hecho imputado fue siempre el mismo;
- la sentencia no estaba bien fundamentada;
- el daño ambiental tiene una dimensión colectiva, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.
“Los delitos ambientales impactan directamente en derechos fundamentales como la salud y la vida”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su presentación.
En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut aceptó por unanimidad la impugnación. Consideró que no existió el error procesal invocado, anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio. En ese momento, la Fiscalía advirtió que el paso del tiempo podría afectar la memoria de los testigos.
Un golfo de alto valor ambiental
El Golfo Nuevo no es un cuerpo de agua cualquiera. Junto con la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral. Además alberga una rica fauna marina que sostiene buena parte de la economía turística de Puerto Madryn.
Los vertidos con alta carga orgánica y bacteriológica pueden reducir el oxígeno del agua, alterar los ecosistemas costeros y afectar la calidad de las playas. La causa muestra la tensión entre la actividad pesquera, uno de los motores económicos de la provincia, y la protección de un ecosistema marino muy frágil.
El nuevo juicio volverá a poner a prueba la aplicación de la legislación penal ambiental en la Argentina. Hasta que haya una sentencia firme, los acusados mantienen su estado de inocencia.
Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut, Ministerio Público Fiscal de Chubut, Portal Economía Sustentable, Portal Pescare
Plomo en Tortuguitas: rescatan a 14 víctimas de trata
La muerte de un joven con plomo en sangre destapó una planta clandestina de baterías en Tortuguitas
Un trabajador de 20 años murió con niveles de plomo cuatro veces superiores al máximo permitido, y la investigación derivó en el allanamiento de una planta de desarme de baterías y una fundición donde 14 personas trabajaban en condiciones de explotación.
La muerte de un joven de 20 años con niveles críticos de plomo en sangre permitió descubrir una planta clandestina de desarme de baterías y una fundición en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde 14 trabajadores fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde manipulaban, sin protección, residuos de óxido de plomo y ácido.
El caso salió a la luz a partir de la muerte del trabajador, oriundo de Misiones, cuyos análisis registraron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces el máximo admitido para un trabajador expuesto, según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La información oficial no establece que la intoxicación haya sido la causa del fallecimiento.
Dos establecimientos, 23 trabajadores
Por orden de la Justicia federal, se allanaron dos establecimientos en Tortuguitas: una planta de desarme de baterías de plomo y una fundición. Uno de los predios no estaba declarado ante ninguna autoridad. En el lugar se relevaron 23 trabajadores, de los cuales 14 fueron identificados como presuntas víctimas de trata.
Los inspectores constataron jornadas de 12 horas, falta de elementos de protección personal y contacto directo con residuos tóxicos. Se labraron actas por indicios de explotación laboral, y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por trata de personas y reducción a servidumbre. La presentación se basó en un reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un informe de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven.
En el operativo participaron, además, la Dirección Provincial de Inspección, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, el Departamento de Delitos Ambientales, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.
Un metal sin nivel seguro
El plomo es un metal tóxico que se acumula en el organismo y afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre y el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro, y sus efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. La exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar anemia, daño neurológico, convulsiones e incluso la muerte.
El reciclado informal de baterías de plomo es una de las principales fuentes de contaminación por este metal en el mundo. Durante el desarme y la fundición se liberan polvo y humos con plomo que no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden depositarse en el suelo y contaminar el aire y el agua de los alrededores. Por eso, la intervención del Departamento de Delitos Ambientales y de los equipos de toxicología resulta clave para determinar el alcance del daño.
Ambiente y derechos humanos
El caso expone el cruce entre la contaminación ambiental y la explotación laboral. Las baterías en desuso de autos y motos contienen plomo y ácido sulfúrico, por lo que su tratamiento debería realizarse en plantas habilitadas, con controles sanitarios y ambientales, ya que se trata de residuos peligrosos alcanzados por la Ley nacional 24.051. Cuando ese proceso se hace en la clandestinidad, el costo recae sobre los trabajadores más vulnerables, muchas veces trasladados desde otras provincias, y sobre los barrios cercanos.
Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si se realizaron estudios de contaminación en el entorno de los establecimientos. Tampoco se conoció si otras personas del barrio presentan niveles elevados de plomo.
Las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de manera confidencial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, al 0800-666-2187, y que la línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas, en forma gratuita y anónima.
Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Organización Mundial de la Salud (OMS).
Piden control de residuos sobre el Paraná de la ex Sulfacid
El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná
La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.
El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.
Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.
La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.
Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.
Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe
Mujeres originarias exigen respuestas en Pozo de Olmedo
Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo
La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.
Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.
Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.
Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.
La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.
Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.
Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta
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