Se viene el "mapeo" del arroyo Ludueña para identificar puntos críticos de contaminación

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La actividad la organiza el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial y será libre, con inscripción previa. Cómo anotarse
 El arroyo Ludueña tendrá idenfiticados sus puntos críticos y pormenorizadas sus problemáticas ambientales a partir del "mapatón" que organiza el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. La actividad será el próximo martes 1º de abril y es con inscripción previa.
Desde la cartera provincial indicaron que en la jornada, que se desarrollará el martes 1º de abril de 17 a 19, se buscará contribuir a la confección de una "cartografía participativa" que permita identificar riesgos, puntos críticos y problemáticas ambientales de la cuenca. Además, se busca mapear y pensar posibles soluciones.
 La actividad será en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario (Santa Fe 1950). Quien desee inscribirse, puede hacerlo ingresando a este enlace.

La contaminación del arroyo Ludueña
La contaminación del arroyo se visibiliza, sobre todo, luego de las lluvias en la región. La crecida arrastra residuos y hasta animales muertos hasta la desembocadura en el río Paraná. Lo más visible es lo que ocurre aguas abajo pero el punto de partida de la grave situación que atraviesa el curso debe analizarse aguas arriba.
La cuenca del arroyo Ludueña incluye a los canales Salvat e Ibarlucea e involucra a las localidades de Rosario, Roldán, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Ybarlucea, Ricardone, Pérez, Zavalla y Pujato, entre otras.
Para ver las complicaciones sobre el arroyo Ludueña, se pueden dividir en dos grandes zonas el accionar de cada grupo que afecta al curso de agua: en la zona alta y media hay dominio de usos agrícolas, mientras que en la zona baja del arroyo los problemas surgen no solo por estas cuestiones y por la injerencia de industrias sino, sobre todo, por las urbanizaciones recientes que se dieron en torno a la cuenca.
En noviembre del año pasado, el gobierno provincial presentó un plan de abordaje integral sobre el arroyo Ludueña y desde el Ministerio de Ambienteseñalaron que el abordaje será desde una perspectiva socioambiental. Enumeraron que los principales problemas que enfrenta la cuenca del arroyo son los cambios de uso del suelo (con sus consecuentes posibles inundaciones), los vertidos no autorizados y los microbasurales, entre otras cuestiones.

Retiro de basura
En los primeros meses del 2025, tras diversos trabajos realizados sobre la cuenca del arroyo Ludueña por ministerios de Obras Públicas; Justicia y Seguridad; e Igualdad y Desarrollo Humano; Aguas Santafesinas y la Municipalidad de Rosario, además del Ente Metropolitano (Ecom) y el Instituto Nacional del Agua (INA), se retiraron unas 500 toneladas de residuos sólo en el tramo noroeste de la ciudad.
Entre los residuos recolectados, predominaron papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, materia orgánica, desechos sanitarios, electrodomésticos viejos o estropeados, muebles y enseres, aparatos eléctricos y electrónicos y ropa usada.
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Un estudio inédito sobre microplásticos permitirá saber qué tan contaminada está el agua de la Argentina

Fecha de Publicación: 28/03/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La investigación está a cargo de la bióloga María Belén Alfonso. El objetivo es tener mayores datos que permitan conocer la situación de los cursos de agua dulce en relación con esta problemática creciente.
Las investigaciones sobre los efectos de los microplásticos se multiplican a la par de la preocupación creciente por un fenómeno que no es reciente. Actualmente hay muchos estudios referidos a la incidencia de estos compuestos en mares y océanos, pero no existen tantas investigaciones sobre cursos de agua dulce.
Para tener más datos sobre la interacción de los microplásticos sobre ríos, lagos y embalses, la investigadora argentina María Belén Alfonso lleva adelante un relevamiento sobre más de 100 sistemas de agua dulce en el país que permitirá contar con información que servirá para abordar las diversas problemáticas que presentan estos compuestos, que van desde problemas para la flora y fauna hasta afectaciones a la salud humana.
La argentina lidera el proyecto MappA (Monitoring and Analysis of Plastic Pollution in Aquatic Environments), que busca aportar una mayor cantidad de datos sobre la situación de ríos, lagos o embalses en relación con los microplásticos. La iniciativa es parte del Centro de Estudios sobre Plásticos en el Océano de la Universidad de Kyushu, en Japón, de donde la investigadora es profesora asociada quien, además, forma parte de un proyecto de investigación internacional entre Japón y Tailandia que estudia la contaminación plástica tanto en el mar como en agua dulce.
El grupo que trabaja en MappA tiene más de 50 investigadores que colaboran y que son de diversos centros de investigación, universidades, parques nacionales y diversas instituciones de todo el país. La especialista resaltó, en diálogo con TN, que gracias a la “comunidad diversa y comprometida” que se conformó, el proyecto avanzó “de manera más eficiente”: “Esta estrategia de trabajo en conjunto ha sido clave para maximizar el impacto del proyecto y superar las dificultades de los tiempos actuales para la investigación en Argentina”.

Contaminación en contextos diversos
La iniciativa, explicó Alfonso, tiene como principales objetivos conformar un programa para monitorear las aguas continentales del país de manera coordinada con una misma metodología que pueda ser comparable en todos los sitios que se estudien, y generar datos que puedan usarse para estrategias locales o regionales sobre los cursos de agua.
En total, se contemplaron 117 cursos de agua de este tipo en toda Argentina. La investigadora dijo que la selección de los mismos se dio tras tomar “varios criterios clave, como su importancia ecológica, su uso para consumo humano, recreación o actividades productivas y la disponibilidad de antecedentes que permitan contextualizar los hallazgos”.
Entre los cursos de agua de importancia se destacan los ríos Iguazú, Paraná, Neuquén y Reconquista, además de lagunas pampeanas, lagos y embalses de la Patagonia, y ecosistemas similares del noroeste y el nordeste argentino. “Estos sitios fueron elegidos porque representan distintos tipos de ecosistemas acuáticos y presiones ambientales, lo que nos permite evaluar la contaminación por microplásticos en diversos contextos”, agregó.

Investigaciones
Alfonso hizo foco en los cursos de agua dulce como objeto de estudio porque, resaltó, se trata de “ecosistemas que son fundamentales para el suministro de agua potable, la biodiversidad y el equilibrio ambiental”.
Actualmente, hay muchas investigaciones en curso y datos sobre la incidencia de los microplásticos en mares y océanos. “Aunque los ríos, lagos y embalses actúan como reservorios y transportadores de esa contaminación, históricamente han recibido menos atención en comparación con los océanos”, remarcó la investigadora.
Las investigaciones por microplásticos tuvieron un aumento significativo en los últimos años, particularmente desde 2013, junto a una creciente preocupación global por la incidencia de estos componentes en el agua.
Los primeros estudios sobre microplásticos se enfocaron en ambientes marinos y se fueron extendiendo hacia otros objetos de estudio, como suelos, el aire y hasta alimentos. Al respecto, la investigadora aportó: “En la actualidad hay un mayor acceso a técnicas de análisis más precisas, que posibilitaron detectar partículas más pequeñas y caracterizar mejor su composición”.

Alteraciones
Alfonso resaltó que si bien todavía queda “mucho por investigar”, sobre todo respecto a los efectos a largo plazo de la interacción de los microplásticos con la biodiversidad y las personas, sí hay diversas alteraciones que ocasionan estas partículas sobre los ecosistemas.
Esas alteraciones, detalló, dependen de la composición química de los microplásticos, del tipo de ecosistema afectado y de las especies que se encuentren en él, entre otros puntos.
Consultada sobre si las afectaciones repercuten más en la fauna o la flora, la especialista explicó que la fauna suele ser la más afectada porque los organismos acuáticos pueden ingerir los microplásticos y que estos generen efectos físicos (obstrucciones o menor capacidad de alimentación) o químicos (posible liberación de tóxicos o absorción de contaminantes en el agua). Estos últimos pueden derivar, entre otras cuestiones, en “procesos de inflamación, reducción de la fertilidad e impacto en el desarrollo”.
“Sin embargo, la flora tampoco está exenta del impacto”, advirtió, para explicar: “Se ha demostrado que las plantas pueden absorber microplásticos a través de sus raíces y que estos pueden moverse por el sistema vascular, afectando su crecimiento y fisiología. Además, los microplásticos pueden absorberse en las superficies de las raíces y otras partes de las plantas, lo que podría influir en la disponibilidad de nutrientes y la interacción con microorganismos beneficiosos en el suelo o el agua”, completó.
“Este estudio resalta la oportunidad única que ofrece Argentina, con su vasto y diverso territorio, para abordar los desafíos de la contaminación por microplásticos en cuerpos de aguas continentales”, expresó Alfonso, para anticipar que, en caso de ser posible, les gustaría expandir esta investigación a otros países “para poder comparar patrones y mejorar el conocimiento global sobre microplásticos en ambientes de agua dulce, sobre todo en el hemisferio sur, donde el número de estudios y avances es relativamente menor”.
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Ambientalistas reclaman que termine la contaminación del río Uruguay

Fecha de Publicación: 27/03/2025
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


Un grupo ambientalista del Río Uruguay reclama más información y políticas activas para determinar la contaminación del lugar.
A mediados de febrero, las playas del lago de Salto Grande y el río Uruguay en Entre Ríos, se vieron contaminadas por un fenómeno de cianobacterias que tiñó el agua de verde fosforescente, especialmente tras observar carpinchos cubiertos por estas algas.
Aunque el agua volvió posteriormente a sus parámetros normales, el problema persiste como una preocupación latente para ambientalistas y comunidades ribereñas.
El grupo ambientalista Brote Nativo presentó una solicitud formal al municipio, invocando leyes de acceso a la información pública, para conocer las políticas ambientales relacionadas con el fenómeno.
En su demanda, buscan detalles sobre la regulación de agrotóxicos, el tratamiento de efluentes cloacales y la contaminación industrial, principales factores que contribuyen al crecimiento de las cianobacterias.
Silvia Burgos, de la Asamblea Ambiental de Concordia, señaló en diálogo con el portal “Diario Junio” que la contaminación por agrotóxicos, desechos cloacales e industriales aumenta cada año, intensificando la proliferación del “verdín” en la región.
Este fenómeno no solo afecta la recreación y el turismo, sino también a la pesca y el sustento de las familias ribereñas.
Por otro lado, el avance de las cianobacterias afecta gravemente la calidad del agua, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Además, los ambientalistas insisten en que el municipio y los gobiernos deben tomar medidas concretas para mitigar esta problemática, antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles.

¿Qué podemos hacer para prevenir esta situación?
La mejor medida de prevención es observar atentamente el agua y la arena. Si el agua presenta una coloración verdosa, o de acumulaciones de material similar a espuma, se recomienda evitar el contacto directo.
Las principales vías de exposición son la ingesta de agua directa o el contacto directo con la piel. A mayor cantidad de agua ingerida ya sea de una sola vez o en pequeñas cantidades, mayor es el riesgo de intoxicación.
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Derrame de ácido sulfúrico. El nuevo gobierno uruguayo promete mayor control a UPM y “multas más severas”

Fecha de Publicación: 25/03/2025
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


El Ministerio de Ambiente analiza los efectos del derrame de UPM (ex Botnia) registrado hace diez días. En este sentido, el titular de la cartera, Edgardo Ortuño, advirtió que, en caso de detectar incumplimientos, las multas “van a ser más severas” que durante la gestión de Luis Lacalle Pou.
Ortuño confirmó que se realizará una auditoría acerca de la instrumentación y el funcionamiento del plan gestión ambiental de operación y los planes de contingencia que la empresa finlandesa tiene que tener activos.
El ministro destacó lo que consideró “la inédita presencia en territorio dentro de las 24 horas ocurrido el hecho” en Fray Bentos, mientras indicó que aguarda los informes de los equipos técnicos y el plazo que tiene UPM para brindar información sobre el evento para después “realizar una evaluación sobre el tema”.
 En la misma línea, evitó fijar un plazo determinado: “Tendremos novedades cuando procesemos las dos cuestiones fundamentales, como lo son el insumo de nuestros equipos técnicos del ministerio y los descargos que tiene que hacer la empresa", insistió.
 A la par, anticipó que la aplicación de multas “no es la apuesta central” de su gestión, pero aclaró que, de ser necesarias, “en este período van a ser más severas, porque nos preocupa la historia reciente de eventos con químicos peligrosos”.

El regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM
Por otra parte, Ortuño confirmó el regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM. “Para nosotros es clave que se controle, fiscalice y trabaje en la prevención, en consulta y con participación de la sociedad y de la academia”, explicó.
Sobre la instancia creada en 2007 y que dejó de funcionar en la administración anterior, advirtió que “la UdelaR y la UTEC tuvieron un desarrollo que no estaba presente y ahora se tienen que incorporar”, al analizar la evolución de la formación académica en los últimos años.
La decisión de retomar el ente asesor se debe a múltiples faltas de UPM, que derivaron en un total de siete multas en menos de un año, que rondaron los 270.000 dólares.
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Contaminación del agua en Argentina: el impacto del arsénico y los nitratos

Fecha de Publicación: 24/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En el marco del Día Mundial del Agua, los expertos advierten sobre los desafíos en la garantía de agua segura en el país. Qué indica el “Mapa del agua”, que identifica problemas específicos en diferentes regiones
El desafío es concreto: mantener este recurso vital limpio y accesible. Hablamos del agua, nada más. Y nada menos. En un país como Argentina, la calidad de ese acceso varía considerablemente, dejando a millones de personas expuestas a peligros invisibles. Según datos de la Fundación Aguas, en Argentina hay más de 7 millones de personas sin agua potable y esto es algo que afecta especialmente a los niños menores de 2 años.
El arsénico y los nitratos, contaminantes silenciosos, pueden afectar desde la salud a largo plazo hasta poner en riesgo a los más pequeños con solo un sorbo. En este escenario, la gestión del agua se convierte en una cuestión de supervivencia, donde la clave está en el conocimiento, la tecnología y la concientización. La calidad del agua, un derecho humano esencial, necesita ser asegurada no solo en las ciudades, sino también en los rincones más remotos del país.
En el marco del Día Mundial del Agua, expertos de la Universidad de Buenos Aires han alertado sobre los desafíos que enfrenta Argentina para asegurar el acceso a agua segura y de calidad. A pesar de que un 85% de los hogares cuenta con acceso a una red pública de agua, los riesgos asociados a la contaminación del recurso son elevados.
En algunas regiones del país, cerca del 60% de la población está expuesta al arsénico, y hasta un 30% del agua embotellada presenta niveles de nitrato por encima de los límites recomendados, según detallan desde la UBA
Aunque el agua de red en la mayoría de las áreas urbanas cumple con los estándares de seguridad, su calidad varía considerablemente según la región y el proveedor del servicio.
La gestión del suministro, tanto por empresas públicas como privadas, se ve afectada por la fragmentación normativa, lo que dificulta la implementación de medidas uniformes. En este contexto, los expertos señalan la necesidad de un control más riguroso, inversiones en infraestructura y campañas de concientización para prevenir los riesgos sanitarios derivados de la contaminación. El agua contaminada puede ser portadora de agentes microbiológicos, como virus, bacterias y parásitos, que se transmiten a través de la vía fecal-oral y causan enfermedades graves, entre ellas fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A.
Además, los contaminantes químicos, como el arsénico, el plomo y los nitratos, tienen efectos a largo plazo en la salud, pudiendo provocar enfermedades crónicas y cáncer.
En los últimos años, ha surgido una preocupación adicional por los contaminantes emergentes, compuestos como medicamentos, cosméticos y pesticidas que han sido encontrados en el agua en concentraciones mínimas. Aunque se desconoce aún su impacto a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente, organismos internacionales como la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos han identificado estos compuestos como prioritarios para la investigación.
El Dr. Alfredo Gallego, bioquímico y especialista en ciencias químicas y medio ambiente, destacó que “la exposición al arsénico afecta a cerca de dos tercios de la población. El nitrato, especialmente en bebés, es otro problema grave. De hecho, hasta el 30% del agua envasada presenta niveles de nitrato superiores a los límites establecidos”.
En los casos de lactantes, el consumo de agua con altos niveles de nitrato puede causar efectos tóxicos agudos, un riesgo particularmente grave para aquellos menores de 4 meses o prematuros.
Otro de los grandes desafíos es el arsénico presente en las aguas subterráneas de varias provincias argentinas. La exposición prolongada a este metal está asociada al desarrollo del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una condición que provoca lesiones en la piel y aumenta el riesgo de cáncer. La discusión sobre los límites aceptables de arsénico continúa abierta, dado que la eliminación del contaminante requiere fuertes inversiones tecnológicas.
Victor Jordan, responsable de Proyectos de la Fundación Aguas, explicó que en las zonas rurales las familias obtienen agua de pozos artesanales llamados “calzados”, que presentan riesgos, especialmente para los niños, debido al trabajo forzoso de cargar agua y la posibilidad de contaminación.
Esta Fundación prioriza hablar de “derecho humano al agua” en lugar de solo “acceso”, ya que este derecho implica agua de calidad, a una distancia razonable y en un tiempo adecuado. También que eduque sobre este derecho para que las personas puedan evaluar si su fuente de agua cumple con los estándares de seguridad.
El arsénico es uno de los contaminantes más peligrosos, presente de manera natural en el agua subterránea. En altas concentraciones, puede causar problemas de salud graves, como cáncer. Fundación Aguas, en colaboración con el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), está desarrollando el “Mapa del agua” desde 2016, para identificar los problemas específicos del agua en diferentes regiones del país.
En un estudio realizado en 1369 puntos, se encontró que el 25% de las muestras de agua subterránea en ciertas provincias, como Santiago del Estero y Chaco, superan los límites establecidos por las normativas de calidad del agua para consumo.
Este proyecto busca generar soluciones a medida para cada problema detectado, y resalta la importancia de conocer la calidad del agua en diversas regiones para prevenir riesgos para la salud pública.

El control del agua de red: una cuestión de gestión
En cuanto al agua de red, si bien la calidad es generalmente aceptable, su seguridad depende en gran medida de la correcta gestión y control por parte de los prestadores del servicio. Ejemplos como los brotes de diarrea en Berazategui en 2016 y en Rojas en 2004, revelan las fallas en el monitoreo y la importancia de realizar inspecciones periódicas.
Para garantizar un agua segura en los hogares, los expertos recomiendan una serie de medidas preventivas. Entre ellas, se destaca la importancia de mantener los tanques domiciliarios limpios y, en caso de utilizar agua de pozo, hervirla durante cinco minutos o agregar dos gotas de lavandina por litro. No obstante, los contaminantes químicos requieren análisis más detallados y el uso de filtros especializados.

¿Cómo surgió el Día Mundial del Agua?
En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, desarrolló las bases para un modelo de desarrollo económico que considerara la conservación del medio ambiente. Durante el encuentro, que reunió a líderes mundiales, organizaciones no gubernamentales y otros actores, la ONU propuso la creación del Día Mundial del Agua.
La conmemoración se llevó a cabo por primera vez en 1993 y, desde entonces, cada 22 de marzo, la organización impulsa iniciativas para informar y sensibilizar sobre la importancia de este recurso.

Problemática global
Según la FAO, cada persona dispone de un promedio de 580 metros cúbicos de agua dulce al año. En total, se extraen 3.600 km³ anuales para consumo humano. Sin embargo, su distribución revela una desigualdad notable: el 69% se destina a la agricultura, el 21% a la industria y solo el 10% al uso doméstico. En América Latina, este último porcentaje es aún menor, del 8%.
A la par, más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable, según la OMS, a menudo debido a la contaminación de escorrentías agrícolas o desechos industriales.
El problema se agrava con amenazas invisibles como los microplásticos, encontrados no solo en productos marinos, sino también en agua embotellada y tejidos humanos, así como los residuos farmacéuticos, que alteran la química de los ecosistemas acuáticos. La contaminación no solo reduce la cantidad de agua disponible, sino también su calidad, planteando un desafío multidimensional.
Según un estudio científico reciente, hasta 5.500 millones de personas en todo el mundo podrían estar expuestas al agua contaminada para el año 2100. Las investigaciones han destacado los desafíos que la calidad del agua superficial podría enfrentar en las próximas décadas, especialmente en el África subsahariana. “Aunque se espera que la calidad del agua mejore en la mayoría de los países desarrollados, las perspectivas para las naciones más pobres son preocupantes”, señala un estudio, publicado en la revista Nature Water .
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Atanor: a un año de la explosión de la planta de atrazina, los vecinos insisten en el pedido de traslado

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Portal PrensaLibreSN
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves a las 17.00 Hs. vecinos de la planta Atanor, volverán a manifestarse para recordar que su pedido de traslado de la firma no cesa, a concentración será a la intersección de Rivadavia y Ponce de León.
A propósito de esta convocatoria que se da a un año de la explosión de la planta de atrazina, Prensa Libre SN dialogó con Gabriel Godoy, uno de los vecinos y convocantes a la manifestación. Aquel fue “un incidente químico” que “formó una nube tremenda de cianuro que invadió varios barrios de la ciudad, algunos en forma directa y otros luego a través de la nube que se sucedió debido a esta gran gran explosión”. El entrevistado recordó que “barrio Los Fresnos, por varias cuadras, amaneció lleno de polvillo blanco de cianuro, el cual produjo muchas afecciones a la salud, mucha gente se tuvo que asistir médicamente en el hospital, eso quedó todo comprobado”.
El abogado recuerda que a partir de aquella explosión se produjo “la clausura de la empresa completa y en particular de esta parte que fabricaba o producía Atrazina, que es un pesticida muy utilizado actualmente”. Por otra parte, pidió no olvidar que los vecinos y organismos defensores del medioambiente, más puntualmente FOMEA, previo al incidente ya habían iniciado una “causa judicial con el patrocinio del doctor Fabián Maggi. Dentro de esta causa se introdujo una cautelar y la jueza hizo lugar, clausurando la planta de Atrazina y la empresa”. Esto, como es de publico conocimiento para la mayoría de los nicoleños, duró algún tiempo hasta que la Justicia permitió la reapertura de Atanor sin que funcione el sector de Arazina.
“Nuestro pedido de que se reubique la empresa es porque lo que está pasando actualmente es terrible, muchos días los vecinos de Barrio de los Fresnos seguimos padeciendo los olores fuertes a químicos que provienen claramente de la empresa Atanor”, afirmó Godoy y a ello agregó: “vemos la cantidad de camiones que ingresan, muchos de ellos siguen pasando por nuestros barrios y con productos altamente tóxicos, productos químicos que nosotros vamos identificando y vamos llevando en planilla para que sirvan de testigo, de prueba de lo que está sucediendo en esta empresa”.
Casi para cerrar, el entrevistado remarcó que “en el mismo marco de la causa se van sucediendo situaciones que nos van poniendo en conocimiento de la peligrosidad de los elementos que tienen ahí adentro, en la causa surgió que tienen un tanque de 5.000 litros de amoníaco” afirmó. “El amoníaco sería mucho peor que la atrazina, porque si una nube de amoníaco nos sorprende durmiendo prácticamente no vamos a poder salir de nuestra pieza porque es muy potente en cuanto a su peligrosidad. Si el amoníaco ingresa a nuestras casas nos va a afeccionar, nos va a matar dentro de nuestra vivienda”.
Los vecinos “creemos que ese tipo de situaciones de peligrosidad extrema deben hacerse en otro lado. No se pueden hacer acá a metros de los barrios aduciendo una preexistencia que realmente no les da derecho a ellos a tener ese tipo de elementos tan cerca , porque primero que no tienen una preexistencia y segundo que no les da derecho a ponernos en tanto riesgo potencial”, aseguró Godoy.
Para cerrar, insistió, “esta empresa se debe trasladar, se debe reubicar a una zona donde se puede instalar con las debidas condiciones y lo más lejos posible de nuestros barrios”.
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La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Bermúdez sigue en disputa judicial

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: El Litorial
Provincia/Región: Santa Fe


Tras un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que cerró la investigación penal, los fiscales buscan revertir la decisión en la Corte Nacional. Según la información a la que pudo acceder El Litoral, también evalúan acudir a organismos internacionales para evitar que el caso quede impune.
El conflicto judicial por la contaminación ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez ha atravesado diversos vaivenes en los últimos años. La causa, que investiga los daños ambientales y las responsabilidades de los empresarios involucrados, fue cerrada en 2019, pero posteriormente reabierta tras insistentes reclamos de fiscales y organizaciones ambientales.
En 2020 se solicitó la anulación del archivo de la causa, argumentando que el cierre fue prematuro y que las irregularidades detectadas en el proceso requerían un análisis más profundo.
En 2022, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario dio lugar a esta solicitud y ordenó continuar con la investigación, al considerar que los acusados ni siquiera habían sido citados a declarar.
Sin embargo, en un nuevo giro, a fines de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que no correspondía reabrir el caso, declarando la existencia de cosa juzgada.
Con este fallo, quedó sin efecto la posibilidad de avanzar penalmente contra los responsables de la empresa, lo que generó fuertes críticas por parte de fiscales y sectores ambientalistas.

Ante la Corte
Ante esta situación, los fiscales que impulsan la causa presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir el fallo provincial. También evalúan la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, en caso de que no se obtenga una resolución favorable en el ámbito local.
Mientras tanto, el impacto ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez sigue siendo motivo de preocupación.
Estudios recientes han confirmado la presencia de sustancias altamente contaminantes en niveles muy por encima de lo permitido, lo que representa un riesgo latente para la población y el ecosistema de la zona.
En este contexto, organizaciones ambientalistas han convocado a un encuentro para debatir las últimas novedades de la causa. La actividad contará con la participación de especialistas en derecho ambiental, fiscales que impulsan la investigación y expertos en toxicología.

Convocatoria
El evento tendrá lugar el jueves 13 de marzo en Capitán Bermúdez y será abierto a toda la comunidad. Allí se abordará el estado actual de la causa, el impacto de la contaminación y los pasos a seguir para evitar que el caso quede impune.
Según la información a la que pudo acceder El Litoral, el objetivo de esta convocatoria es mantener viva la discusión sobre las responsabilidades en la contaminación y exigir respuestas concretas.
Para las organizaciones involucradas, la lucha no termina con un fallo adverso y continuarán reclamando justicia en todas las instancias posibles.
El caso de la ex Petroquímica Bermúdez es considerado uno de los mayores pasivos ambientales de la región y su desenlace será clave para definir el futuro de la responsabilidad ambiental empresarial en el país.
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Argentina vive un bum petrolero, con luces y también con sombras

Fecha de Publicación: 15/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Desde hace unos tres años, los argentinos escuchan casi todos los meses noticias de que la producción petrolera bate nuevos récords. Hacia el futuro, se proyecta que el país podría convertirse en un importante proveedor mundial de la que sigue siendo la fuente de energía más buscada.
Las que se presentan como novedades ilusionantes para una economía que vive una crisis profunda desde hace al menos 12 años -con caída del producto interno bruto (PIB) por persona, empeoramiento de la distribución del ingreso y aumento de la pobreza- generan, sin embargo, muchísimas dudas.
Se cuestiona desde la distribución de los beneficios económicos y el acceso a  la energía de la población, al impacto ambiental y social de la expansión y el virtual abandono de los objetivos y compromisos climáticos por parte del país.
La llamada cuenca neuquina, en el sudoeste del país, es epicentro de una expansión de la actividad petrolera que sectores de la academia y organizaciones ambientales y sociales califican como demasiado agresiva.
“En los últimos 10 años empezó a meterse la exploración en la zona agrícola. Desde 2012 se construyeron 3300 puestos (pozos) petroleros, de los cuales 440 se hicieron en 2024. Para 2025 hay más de 500 pozos planeados”, dijo a IPS el investigador Agustín González.
González es ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene sedes en Neuquén y Río Negro, dos de las provincias de la cuenca en la Patagonia argentina por la que se extiende la formación geológica Vaca Muerta.
Este yacimiento, que generó la ilusión de políticos y empresarios argentinos en 2011, cuando la Administración Energética de Estados Unidos lo clasificó como una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo de esquisto, está finalmente comenzando a dar frutos, a veces a costa de otros sectores.
Los hidrocarburos de esquisto se extraen mediante una técnica llamada fractura hidráulica –o fracking, en inglés- y González advierte que su uso masivo está causando fuertes impactos en una zona tradicionalmente agrícola, conocida por su producción de frutas de alta calidad.

Impacto sobre comunidades locales
“El fracking es extremadamente violento. Utiliza 30 000 litros de agua por cada pozo, que es mezclada con más de 60 sustancias químicas y bombas de gran potencia para fracturar la roca. No tiene nada que ver con la actividad petrolera convencional”, explicó.
“El fracking afecta todos los usos del suelo cercanos. Cuando se hace al lado de un río, de una finca agrícola o de un centro poblado, lo pone en riesgo”, agregó González, quien forma parte de un grupo de investigación conjunta sobre el impacto ambiental y social de Vaca Muerta de la Universidad del Comahue y el sueco Instituto Ambiental de Estocolmo.
“El desarrollo del fracking debe equilibrarse con la protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la equidad social, estableciendo un marco regulatorio sólido que evite daños irreversibles en los ecosistemas, zonas agrícolas y las comunidades locales”, advierte un trabajo publicado en diciembre pasado por ese grupo de investigadores
No parece, sin embargo, el momento más propicio para  hablar de estos temas en Argentina, donde el presidente ultraderechista Javier Milei, convirtió el Ministerio de Ambiente en una dependencia menor bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y ha rechazado por completo no solo la agenda climática sino también el fortalecimiento del rol del Estado como regulador de las actividades productivas e industriales.
“El gobierno ha desfinanciado el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) y directamente cerró el de energía distribuida”, dijo a IPS Matías Cena Trebucq, economista de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
El especialista agregó que “si en los gobiernos anteriores había una discutida apuesta al gas natural como combustible de la transición energética, ahora directamente el gobierno de Milei pone todo en los combustibles fósiles y eliminó cualquier referencia  a un camino hacia energías limpias”.
El legislativo Congreso argentino sancionó en 2015 una ley que fijó el objetivo de que 20 % del consumo interno de electricidad provenga de fuentes renovables en diciembre de 2025. En 2024 el rubro creció, por proyectos antiguos que entraron en funcionamiento, y alcanzó 15% de la generación, pero difícilmente seguirá creciendo sin apoyo estatal.

Balance positivo
Gracias a la tendencia de los últimos años, Argentina logró en 2024, por primera vez en 13 años, un resultado positivo de la balanza comercial energética, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en 5668 millones de dólares.
Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3 % el año pasado con respecto al anterior y alcanzaron 9677 millones de dólares, que representan 12,1 % de las exportaciones totales del país, según datos oficiales.
La gran explicación de estos números está en la expansión del fracking en Vaca Muerta, que aportó 54,9 % de toda la producción de petróleo y 50,1 % del gas a nivel nacional. Durante el mes de diciembre último, solo en Vaca Muerta se produjeron 446 900 barriles de crudo (de 159 litros), 27 % más que en el mismo mes de 2023.
La producción convencional de petróleo y gas, en cambio, no deja de caer, por el agotamiento de la cuenca del golfo de San Jorge, en la provincia patagónica de Chubut, que tradicionalmente fue la principal zona petrolera del país.
El total de producción de 2024 fue de 256 268 454 barriles de petróleo, 11 % más que en 2023. Van cuatro años consecutivos de crecimiento, pero solo impulsado por el petróleo no convencional de Vaca Muerta.
Debido al potencial de esa formación geológica, distintos estudios que circulan en el sector sostienen que Argentina va camino a alcanzar los 30 000 millones de dólares anuales de exportaciones de petróleo en 2030 y a colocarse en el mapa mundial como un proveedor.
“La industria petrolera argentina ha avanzado en los últimos 15 años, independientemente de los gobiernos”, dijo a IPS Gerardo Rabinovich, vicepresidente del no gubernamental Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, enfocado en el estudio de políticas públicas en la materia.
Añadió que “hoy se están recogiendo los beneficios, el sector va a seguir creciendo y es posible que el objetivo de los 30 000 millones de dólares de exportaciones se alcance antes de 2030”.
“En 2022 teníamos un déficit de la balanza energética de 4000 millones de dólares y pasamos en 2024 a un superávit de más de 5000. Eso es muy importante para Argentina”, agregó
De todas maneras, el propio Rabinovich apunta que la contracara de esta realidad es que, debido al brutal ajuste de las cuentas públicas realizado por el gobierno de Milei, la demanda interna de gasolina y de diesel fueron 6,5 % y  5 % menores que en 2024, según informe del IAE.
“El gobierno de Milei se planteó liberalizar completamente la actividad petrolera, deplazar al Estado y llevar al plano local los precios globales”, dice a IPS Fernando Cabrera Christiansen, investigador del Observatorio Petrolero Sur, organización que impulsa una producción y consumo de energía más justo y sostenible.
Cabrera apuntó desde la ciudad de Neuquén, donde vive, que el crecimiento de la producción petrolera argentina no genera ni un mayor bienestar de una población mayoritariamente empobrecida y ni siquiera que la energía sea más barata localmente.
Subrayó, en ese sentido, que si bien en la última década llegaron a Neuquén inversiones por más de 40 000 millones de dólares, según datos de la provincial Subsecretaría de Energía, monto que no recibió ningún otro territorio, los índices sociales son tan alarmantes como los del resto del país.
“La provincia usa las regalías petroleras para pagar sueldos públicos y otros gastos corrientes. No alcanza para hacer obras de infraestructura ni para dar beneficios sociales. Y los niveles de pobreza en Neuquén son parecidos a los nacionales”, concluyó.
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La primera planta de celulosa de Uruguay derramó ácido sulfúrico y se analizará el “goteo puntual” en Fray Bentos

Fecha de Publicación: 14/03/2025
Fuente: IngoBae
Provincia/Región: Entre Ríos  - Nacional


Las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente fueron hasta UPM (ex-Botnia) y aseguraron que se aumentarán los controles
La primera planta de UPM en Uruguay –la ex Botnia, aquella que generó fuertes enfrentamientos entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner– lleva 17 años de funcionamiento en Uruguay. El martes, la industria ubicada en Fray Bentos recibió a las autoridades ambientales del gobierno de Yamandú Orsi tras anunciar que había tenido un derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad.
En un comunicado, la compañía finlandesa informó que sobre la hora 17 del lunes ocurrió “un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga”. “La situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa, que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos”, detalló la multinacional.
UPM descartó que la situación haya generado afectaciones al ambiente y a las personas que trabajan en el lugar. Además, informó que trabajó en la “limpieza y recolección del material en el muelle”.
Las autoridades del Ministerio de Ambiente del país, encabezado por Edgardo Ortuño, fueron hasta el lugar y recorrieron la planta junto a los técnicos. Tras esta visita, el jerarca –que asumió la semana pasada, tras el regreso del Frente Amplio al poder– señaló que la afectación en la zona “no fue de entidad” y sostuvo que así fue comprobado por las muestras que tomó tanto la Prefectura como la empresa.
“Se comprobó que no hubo afectación de la toma de agua para el abastecimiento humano y esto es importante transmitirlo para la tranquilidad de la población”, sostuvo Ortuño. Agregó que se evalúa un “goteo puntual” que quedó en una de las válvulas. También se comprometió a “aumentar los controles”, así como a estar cerca de estos temas.
El gobierno de Yamandú Orsi se comprometió a tener una presencia “más cercana” en ese lugar para hacer un seguimiento del funcionamiento de esta industria. “Son 17 años de funcionamiento de esta planta. Esta es una situación puntual, acotada, que tuvo una respuesta rápida de la empresa, que se da en un contexto que nos preocupa y así se lo transmitimos a las autoridades de la empresa”, señaló.
El derrame fue de una tonelada de ácido sulfúrico, de los cuales se recuperó cerca de la mitad, detalló.
El Ministerio de Ambiente esperará los informes técnicos de la cartera para definir si aplica sanciones a la empresa o no. “Lo que más nos preocupa es avanzar en la auditoría que hemos dispuesto sobre los planes de manejo ambiental en la operación y los planes de contingencia, para ajustarlos, mejorarlos en trabajo conjunto con el ministerio para prevenir estas situaciones”, sostuvo Ortuño.
El ministro de Ambiente destacó que Uruguay “demostró” que esta empresa”puede funcionar adecuadamente” y que “requiere controles” que esa cartera se compromete a realizar.
Además de la planta de UPM en Fray Bentos, en 2023 comenzó a operar en Uruguay la segunda planta de la compañía finlandesa. Las empresas de la multinacional, que operan tanto en la planta de Pueblo Centenario como la de Fray Bentos, fueron objeto de 26 multas entre 2020 y 2024. Los montos van desde 100 UR (casi USD 4.300) a 4.500 UR (unos USD 193.000).
Hasta agosto del año pasado, la nueva planta (ubicada en Durazno) llevaba siete sanciones ambientales. La multa más grande fue por un derrame de un millón de litros de soda cáustica. Después de ese episodio, la empresa detectó un derrame de lixiviado al mismo arroyo que decidió ocultarle durante ocho días al Ministerio de Ambiente.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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Preocupada por la «planta de hidrogeno verde» y la contaminación del río Uruguay, la diputada Osuna pide informes

Fecha de Publicación: 05/03/2025
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


La Diputada Entrerriana acompañada de un importante número de legisladores presentó la iniciativa para frenar la contaminación del Río Uruguay. Mediante un Proyecto de Resolución se solicitan informes sobre dos sucesos que amenazan a las condiciones del río Uruguay, a quienes habitan la región. El proyecto cuyo expediente es el 7933-D-2024 exige al Poder Ejecutivo Nacional información de manera completa y detallada sobre diversas cuestiones. En primer lugar, se informe sobre gestiones argentinas frente al proyecto uruguayo de instalación de planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sobre la costa del río, en la localidad de Paysandú, frente a las ciudades entrerrianas de Colón, San José y Pueblo Liebig. Por otro lado, en la iniciativa se requiere informes sobre contaminación de cianobacterias (verdín), que afecta la costa del río Uruguay, exigiendo estudios que orienten la prevención y control de la situación, cuya consecuencia afecta a bañistas y a la fauna y flora nativa de la región.
“Es imprescindible que la población tenga conocimiento del estado actual del agua del Río Uruguay, si hay riesgo para la salud humana, como también la posibilidad de una futura contaminación que genera gran preocupación e incertidumbre”, señaló la diputada.
Con respecto a la Proyecto pertenece a la multinacional HIF de producción de metanol y gasolina en Paysandú, se ignora por completo los posibles impactos sobre la ribera argentina donde, a menos de dos kilómetros, se encuentran ciudades entrerrianas.
“Mantuve reuniones con organizaciones de vecinos de la zona. Escuchamos sus preocupaciones y reclamos sobre la afectación de la economía, salud, cultura y la biodiversidad de la región”, informó Osuna.
La sustentabilidad ambiental y ecológica del río Uruguay es fundamental para sostener la vida humana y natural de la provincia de Entre Ríos. La posibilidad de la instalación de una planta de producción de combustibles, sumado a la presencia de algas y microorganismos contaminantes, tensiona la salud de un curso de agua de gran relevancia para el Cono Sur, que se constituye como un recurso natural estratégico por ser una fuente de agua dulce no renovable.
La Diputada destacó que, en la norma legislativa se cita a los responsables de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). Todo para que ambos organismos binacionales, que cuentan con representantes de la Provincia de Entre Ríos, brinden explicaciones presenciales ante la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es tener un intercambio con los legisladores y que los representantes brinden su parecer sobre estos asuntos.
La Diputada Nacional Blanca Osuna impulsa desde su banca el seguimiento y solución de problemas que pueden afectar el ambiente ribereño, la vida humana, animal, vegetal y el desarrollo productivo.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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Santa Fe avanza en energía sustentable: la UNL y el Conicet desarrollaron un aceite biodegradable y renovable

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet lograron desarrollar un aceite biodegradable para transformadores eléctricos.
En un paso significativo hacia la sustentabilidad, una importante multinacional adquirió transformador de la empresa de Rafaela, Santa Fe, Inelpa completado con 150 litros de un aceite ecológico, desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. Este innovador fluido, producido a partir de aceite de soja, busca reemplazar los aceites convencionales, derivados del petróleo, que presentan riesgos ambientales y operativos.
    
Un desarrollo innovador con impacto ambiental positivo
El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, Juan Carlos Yori, explicó en el programa de AIRE 6 AM que este desarrollo comenzó cuando la empresa santafesina Aceites Especiales de Santa Fe se acercó a la universidad con la necesidad de generar un fluido aislante y refrigerante para transformadores eléctricos.
"Los aceites derivados del petróleo son altamente tóxicos y pueden generar incendios o explosiones en épocas de alta demanda, como el verano”, detalló Yori. En cambio, el aceite ecológico es biodegradable y renovable, ya que su base es el aceite de soja, un recurso ampliamente disponible en Argentina.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo fluido es su capacidad de remediación rápida en caso de derrames. Mientras que un aceite convencional podría tardar hasta 100 años en degradarse en el suelo, el nuevo aceite desarrollado por la UNL y el Conicet se descompone completamente en solo 28 días.

Un avance probado en el sistema eléctrico
El aceite ecológico no es solo una propuesta teórica, sino que ya demostró su eficacia en el terreno. Hace más de 10 años, un transformador con este aceite fue instalado en la red de distribución de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) y ha funcionado sin inconvenientes.
"No solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. Su rendimiento es óptimo en condiciones extremas y permite que los transformadores operen con mayor seguridad", afirmó Yori. Empresas provinciales de energía, como la EPEC de Córdoba también mostraron interés y ya están incorporando este tipo de tecnología en sus redes de distribución.

Un cambio sustentable sin costos adicionales
Uno de los puntos clave de este desarrollo es que no representa un costo adicional frente a los aceites convencionales. A pesar de la fluctuación en el precio del petróleo, el aceite ecológico es totalmente competitivo en el mercado.
"No hay ninguna razón económica para no adoptarlo. Es un producto más seguro, biodegradable y renovable, al mismo precio que los aceites derivados del petróleo", destacó Yori.
El proceso de investigación y desarrollo llevó aproximadamente un año, tras lo cual el equipo presentó una patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualmente, la UNL, el Conicet y la empresa Aceites Especiales de Santa Fe poseen la propiedad intelectual del desarrollo.

Próximos proyectos: reciclaje de aceites y plásticos
El equipo de investigación de la UNL sigue avanzando en nuevas soluciones ambientales. Actualmente, trabajan en la recuperación y reutilización de aceites lubricantes usados, evitando que estos terminen contaminando cursos de agua o el suelo. Además, buscan incorporar plásticos reciclados en estos procesos, utilizando técnicas de pirólisis para obtener nuevas bases lubricantes.
"El cambio climático es una realidad innegable y las empresas están viendo la necesidad de incorporar procesos más amigables con el medio ambiente", concluyó Yori. Este desarrollo marca un hito en la transición energética de Argentina, con una innovación tecnológica que podría expandirse a nivel nacional e internacional, promoviendo una energía más limpia y segura.
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Contaminación del Paraná: advierten que los buques se quedan sin serenos

Fecha de Publicación: 26/02/2025
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El Litoral repasó días atrás que un derrame de hidrocarburos en Fray Luis Beltrán obligó a paralizar la planta potabilizadora. Y que hubo una respuesta oficial a un pedido de informes del Senado. Ahora se señala un nuevo riesgo para la zona portuaria.
"Tan solo tres de los últimos 60 buques contrataron un sereno" en el movimiento portuario de Timbúes, en el departamento San Lorenzo, desde que está vigente un decreto del gobierno nacional que desreguló distintos aspectos de la navegación fluvial y convirtió en opcional para cada firma la contratación de ese personal en tierra.
El dato es parte de las advertencias que formuló el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) respecto del nuevo marco de exigencias (menores) para los barcos de ultramar que surcan el río Paraná, contenido en el decreto 37/25 del presidente de la Nación Javier Milei, que también tiene las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Excluir a los serenos de buque tiene consecuencias", expresó el legislador en un escrito, que aquí El Litoral reproduce parcialmente y comenta. El envío del representante por San Lorenzo llegó luego de que este medio publicara la respuesta que recibió el Senado de Santa Fe a un pedido de informes suyo, que solicitó precisiones sobre un derrame de petróleo de un buque del transporte de granos llamado "Princesa María", con bandera de las Islas Marshall.

Proyecto y preocupación
"El 19 de septiembre pasado, ingresé en la Cámara de Senadores un pedido de informes por un hecho gravísimo que ocurrió en el río Paraná, en el Puerto de Vicentin de la ciudad de San Lorenzo", señala Traferri y sigue: "ese proyecto, votado por unanimidad, requería información sobre el derrame de hidrocarburos producido por el buque granelero de bandera de las Islas Marshall, llamado "Princesa María", que obligó a detener la producción de agua potable para la Ciudad de Fray Luis Beltrán".
"Más allá de la respuesta que llega ahora desde el gobierno provincial, me parece que es necesario llamar la atención sobre otro aspecto que puede hacer que este tipo de incidentes se repita cada vez más", dice el senador que va luego directo al punto que lo preocupa: ¿Quién cumple ahora la función que hasta ahora tenían lo serenos de buques?. El detalle no es menor porque en el derrame de líquidos oleosos en el sur santafesino no hubo aviso al servicio municipal de agua potable. Nadie advirtió de la mancha viscosa que apareció en la superficie del río, junto al buque: fueron los empleados de la planta potabilizadora los que dieron la voz de alerta al notar que flotaban hidrocarburos en el agua cruda en las primeras piletas de tratamiento ya dentro del establecimiento potabilizador. (De todos modos, para cuando sucedió ese incidente, en septiembre de 2024 aún regía la obligación de contratar serenos de buques).
Traferri manifestó su preocupación por "la decisión del gobierno nacional de quitar la obligatoriedad de contratar serenos de buque" y aseguró que tan solo en el puerto de Timbúes en el departamento que representa sobre 60 barcos solo 3 los contrataron desde que está vigente el reciente decreto mencionado.
"Esta acción del gobierno nacional seguramente terminará con la exclusión de esta figura, ya que los barcos buscarán ahorrarse el costo de su contratación (monto exiguo para los presupuestos que manejan), prescindiendo de los serenos. Pero el impacto será grande. Porque ellos son los encargados de detectar y denunciar eventuales derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico", subraya.
"Entonces, por un lado, se afecta las fuentes laborales de muchísimas personas, principalmente en nuestra región. Y, por otro, nuestro río, ese gran recurso natural que tenemos, queda a merced de ser contaminado como en este caso. Y se facilitan otros delitos como la trata de personas y el narcotráfico", afirma.
De inmediato concluye: "Vamos a trabajar para que el gobierno nacional revierta esta decisión, porque estamos convencidos de la necesidad de cuidar los empleos y el ambiente. Y sería bueno que el gobierno provincial acompañe este reclamo".

Nueva normativa
El primer artículo del decreto señalado aprueba el "Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre" o Reginave que está anexado a la norma dictada por la Casa Rosada. Dice que la autoridad de aplicación es la como antes la Prefectura Naval Argentina, que queda autorizada a establecer "normas operativas y complementarias" y "celebrar los acuerdos que hagan posible los servicios reglamentarios y de certificación de buques, de conformidad con las disposiciones y recomendaciones establecidas por la Organización Marítima Internacional , en el marco de lo dispuesto por el "Código para las Organizaciones Reconocidas".
A continuación, en el artículo cuarto se sustituye la Sección 2 del Capítulo II del Título II del Anexo "Reglamentación del Régimen de la Seguridad Portuaria" del Decreto N°890 del 25 de abril del 1980 por el siguiente: "Sección 2 - De los serenos de buques: Funciones".
Desde fines de enero consisten en "la vigilancia general de los buques amarrados en puerto, como asimismo de la carga o mercaderías depositadas en muelles, riberas y plazoletas". En el ítem siguiente se crea el título "Libertad de los buques de tomar serenos" y añade: "La contratación de serenos por parte de toda embarcación será opcional".
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