El plástico ya llegó a la alta montaña y científicos buscan medir su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de especialistas chilenos y argentinos trabajan en un proyecto internacional que analiza la presencia de macro y microplásticos en glaciares, montañas y la Puna.
La contaminación por plásticos ya no se limita a las ciudades, los ríos o al mar, como registraron especialistas en el fondo del Mar Argentino. Un proyecto internacional que llevan adelante Argentina y Chile busca determinar hasta qué punto estos residuos llegaron a algunos de los ecosistemas de alta montaña más remotos de la región, como el Aconcagua, el Parque Nacional Los Glaciares, el Cerro Catedral y la Puna jujeña.
La iniciativa se llama “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, comenzó en 2025 y es financiada por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). 
En Argentina, el trabajo es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través del Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur (CRBAS), con la participación de especialistas en plásticos, química y ambiente.
El objetivo es ampliar el conocimiento sobre la presencia de macroplásticos -residuos de más de cinco milímetros- y microplásticos, partículas de menor tamaño que pueden dispersarse por el aire, el agua y el suelo, incluso en ambientes alejados de las actividades humanas.

Dónde se realizó la investigación
En el país, el proyecto incluyó relevamientos en cuatro sitios piloto: el Cerro Catedral, en Río Negro; el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y las localidades de Susques y Paso de Jama, en Jujuy.
En cada uno de estos puntos se realizaron muestreos de microplásticos en cuerpos de agua y relevamientos de macroplásticos en zonas terrestres mediante transectos. Además, se desarrollaron jornadas de capacitación y sensibilización con instituciones, investigadores y comunidades locales para abordar el impacto de estos residuos sobre los ecosistemas de montaña.
La información obtenida permitirá comparar los resultados con los relevamientos realizados en Chile y contribuir al desarrollo de futuras estrategias conjuntas para la protección ambiental en ambos países.

Más información sobre la contaminación por plásticos
La última etapa del trabajo de campo se desarrolló en las localidades jujeñas de Susques y Paso de Jama, una zona estratégica por su cercanía con el paso fronterizo hacia San Pedro de Atacama, en Chile.
Durante las tareas se recolectaron cerca de 30 kilos de residuos sobre la Ruta Nacional 52, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía a plásticos.
Además, los investigadores realizaron muestreos de agua superficial en el río Pastos Chicos utilizando redes de fitoplancton con una malla inferior a 50 micrones. En cada punto se filtraron alrededor de 200 litros de agua para detectar la posible presencia de microplásticos.
Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires, donde serán analizadas para identificar tanto la composición de los macroplásticos recolectados como la existencia y el tipo de microplásticos presentes en el agua.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos, acompañamiento territorial y logística durante las campañas de campo. También participaron la iniciativa provincial GIRSU e investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.
Los resultados permitirán comprender mejor cómo llegan los residuos plásticos a ecosistemas considerados remotos y aportar información científica para fortalecer las políticas de conservación en la región andina.
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Presentan una demanda judicial para anular el acuerdo entre Chubut e YPF

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional


Es un amparo colectivo contra la ley que libera a la petrolera de responsabilidad ambiental. Lo presentaron un vecino y una Asociación Argentina de Abogados, con duros cuestionamientos a la ley que ratificó el convenio. Al recurso lo analizará la Justicia Federal. 
Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, representada por su presidente Enrique Viale, promovieron una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF SA y la Provincia del Chubut, para que se declare la nulidad del Acta Acuerdo firmada el 26 de junio entre la Provincia e YPF, ratificada por la Ley XVII N° 166. También se solicitó la citación como tercero de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según recordó el parte de prensa, la ley aprueba la transferencia de las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, y libera a YPF de toda responsabilidad pasada, presente y futura por los pasivos ambientales generados en más de cien años de explotación petrolera en esas áreas.
A cambio, la petrolera se comprometió a una compensación de USD 25.000.000 y a la donación de vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumió a su cargo cualquier contingencia futura derivada de esos pasivos.
El texto incorpora, además, sin fundamentación específica ni contraprestación asignada, la liberación de responsabilidad sobre el área marina Restinga Alí, donde según el padrón oficial de la Secretaría de Energía de la Nación se contabilizan 560 pozos, más de un tercio de los cuales no registra estado de abandono.
Como principio, se sienta en la demanda que el acuerdo entre Chubut e YPF violenta de modo flagrante el orden público ambiental consagrado y garantizado constitucional y convencionalmente.
Entre otros puntos se cuestiona la falta de una auditoría ambiental independiente, ya que el estudio en que se basó el acuerdo fue encargado y pagado por la propia YPF sin control técnico del Estado provincial.
Se suman la contradicción con las propias disposiciones administrativas de la Secretaría de Ambiente del Chubut, que reconocen que aún restan relevarse pasivos ambientales "no individualizados" en las áreas involucradas.
La presentación agrega la falta de participación ciudadana previa a la firma del acuerdo, en violación de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
También el riesgo sanitario de los miles de pozos inactivos o mal sellados dentro del ejido urbano, algunos ubicados bajo viviendas, asociados a la exposición a sustancias como benceno, tolueno y xilenos.
El recurso advierte sobre la inclusión del área marina Restinga Alí, sobre la que —según los demandantes— no existe auditoría específica ni acto administrativo que respalde la liberación de responsabilidad, pese a tratarse de un bien de dominio público inalienable.
Los demandantes consideran que se pactó una compensación arbitraria e insuficiente frente al costo real de remediación: solo el sellado definitivo de los pozos abandonados en el ejido urbano de Comodoro —donde hay 6.000 pozos, de los cuales cerca de 3.700 fueron catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos— podría demandar entre USD 240 y 740 millones, según las estimaciones incluidas en el escrito.
Se cita como parámetro de comparación, el acuerdo alcanzado entre YPF y Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatorio.
También se cuestiona la absoluta ausencia en el Acta Acuerdo del Estado Nacional responsable de importante proporción del pasivo ambiental.
Además de la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que la aprueba, la demanda solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los pasivos ambientales anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de YPF por los posteriores a esa fecha.
Como medida cautelar urgente, se pidió la suspensión de los efectos del acuerdo y de la ley que lo ratifica, la prohibición de ceder las concesiones a terceras empresas mientras dure el proceso, y la prohibición de realizar operaciones de sellado o abandono de pozos sin notificación previa a la parte actora, a fin de preservar la prueba sobre el estado real de contaminación.
A Spíndola lo patrocinan José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti, Estrella Gerez, Alejandro Fernández Vecino, Eduardo Acevedo, Verónica Heredia, Eduardo Hualpa y Marco Castro.
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La cruda revelación de Irrigación sobre la contaminación en los cauces de agua de Mendoza: “La basura está en todos lados”

Fecha de Publicación: 10/08/2026
Fuente: Portal NDI
Provincia/Región: Mendoza


El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli advirtió sobre las consecuencias de arrojar desechos en los canales de riego. Además, habló de los vuelcos industriales en el Pescara.
El estado de los canales de riego de Mendoza volvió a estar bajo la lupa. En las últimas horas el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, hizo un análisis sobre los vuelcos industriales y la acumulación de basura en los cauces de agua. En ese sentido, lanzó una dura advertencia.
En ese contexto, el canal Pescara aparece como uno de los puntos bajo seguimiento del organismo, que ya aplicó multas y clausuras a establecimientos por la contaminación de sus efluentes.

Marinelli advirtió por la contaminación de los cauces
Marinelli explicó que “los vuelcos industriales son localizados, pero la basura en cauces es permanente y en todos lados, en todos los cauces de riego” de Mendoza.
El funcionario señaló además que el problema alcanza a los cauces aluvionales, que pueden arrastrar grandes cantidades de residuos cuando se producen lluvias intensas. Esa basura puede avanzar por la red de riego y terminar afectando las tierras productivas. “El agua degradada por la basura en su recorrido llega en muchos casos a las tierras productivas porque se cuela en la red secundaria“, advirtió Marinelli.
Si bien Marinelli recordó una campaña realizada junto con los municipios para advertir sobre el impacto de los residuos que se arrojan en el área metropolitana, también anticipó que Irrigación volverá a impulsar esa campaña para generar conciencia sobre el impacto que tiene arrojar residuos en los cauces de riego.
“Esa basura que se tira en el área metropolitana luego vuelve, vuelve en las verduras que se consumen en la ciudad que provienen del campo y que fueron regadas con agua degradada por la basura en cauces de riego“, explicó el superintendente de Irrigación.

La situación de los vuelcos industriales en el canal Pescara
Según explicó Marinelli, unas 70 empresas están conectadas al Pescara y deben contar con sus propias plantas para minimizar los parámetros de contaminación de los efluentes. Cabe resaltar que dicho cauce atraviesa buena parte del cinturón industrial del oasis Norte de Mendoza y recibe los efluentes de numerosas actividades que utilizan agua en sus procesos.
“En Irrigación hemos hecho un registro y la calidad del ducto al que se conectan es pésima, por lo tanto, venimos de forma permanente poniendo multas“, afirmó Marinelli. En ese marco, recordó el caso del frigorífico San Javier, aunque no es el único establecimiento sancionado. También fueron multadas una papelera y una bodega, mientras que Irrigación continúa realizando inspecciones sobre los establecimientos.
En el caso de San Javier, el organismo clausuró el punto de vuelco. El establecimiento continúa trabajando, pero actualmente debe retirar sus efluentes mediante camiones. El funcionario señaló que la sanción se determinó de acuerdo con la gravedad de la contaminación y que las multas aumentan conforme al incumplimiento del establecimiento.
“La idea no es recaudar, sino que no baje la calidad del agua y que la empresa invierta en un sistema de saneamiento“, explicó Marinelli.
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Comodoro Rivadavia demandará a YPF por los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut 


La Municipalidad presentará una acción judicial para que una prueba científica independiente establezca si la petrolera cumplió con la obligación constitucional de recomponer los daños ambientales. La carta.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF para que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano.
A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, si bien reconoce el papel histórico de la petrolera en el desarrollo de la ciudad y del país, “esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada”.
Según el documento, la explotación petrolera dejó “pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta”.

La demanda buscará determinar si hubo recomposición ambiental
Desde la Municipalidad afirmaron que la decisión se basa en información documentada durante años mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación.
“No se trata de afirmaciones retóricas. Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que la propia documentación elaborada por YPF demuestra que “numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención”, lo que, a su criterio, confirma que la problemática requiere una respuesta integral.
Por ese motivo, el municipio explicó que acudirá al Poder Judicial para que determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.

También presentarán el caso ante la CNV
Además de la demanda judicial, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según argumentó, considera que la controversia resulta “objetivamente relevante” para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
El comunicado aclara que la decisión “no constituye un acto de confrontación”, sino “el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio”.

El municipio cuestionó el acuerdo entre YPF y Chubut
La Municipalidad también sostuvo que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la controversia ambiental.
Según indicó, ese convenio “no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental”.
En ese sentido, agregó que “la Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados”.

Convocatoria al diálogo con la petrolera
Pese al anuncio de las acciones judiciales, el municipio aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución institucional con la empresa.
“Todavía es posible abrir una instancia de diálogo institucional serio, transparente y técnicamente fundado que coloque en el centro la recomposición efectiva del ambiente y no la discusión acerca de quién debe asumir esa obligación”, expresó.
El comunicado concluye señalando que “YPF tiene hoy la oportunidad de demostrar que su compromiso con la sostenibilidad no se limita a declaraciones, reportes o instrumentos financieros” y que la Municipalidad ejercerá “todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que resulten necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
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Basura en el Mar Argentino: científicos encontraron casi 30 tipos de residuos y el fondo continental es un “sumidero irreversible”

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Una investigación desarrollada en tres cañones submarinos determinó que la gran mayoría de los desechos son plásticos. Piden reforzar la prevención para evitar que se sigan acumulando.
El buque Falkor too, desde donde se transmitió la expedición Talud Continental IV que atrapó a todo el país mostrando criaturas marinas durante varias semanas, no se limitó solamente a la exploración de especies en el fondo continental argentino. El mismo barco se usó para registrar los múltiples tipos de residuos que se encuentran en el lecho marino argentino y que, por su ubicación, convirtieron al área en un “sumidero irreversible”.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por 26 científicos y publicada en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science. El artículo se denomina “Acumulación de residuos antropogénicos en aguas profundas de la Argentina: la evidencia de un sumidero irreversible” y en él también se muestran imágenes en alta definición de la basura encontrada, tomadas gracias al ROV SuBastian que también su usó para mostrar la biodiversidad marina durante el streaming del Conicet.
En total, se registraron, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 29 tipos de residuos tras un relevamiento de 55,6 kilómetros del lecho marino distribuidos en diversos cañones submarinos ubicados en aguas argentinas. La mayoría de ellos, especificó en diálogo con TN la investigadora Melisa Fernández Severini, que fue parte del equipo de trabajo, se concentró en el área de los cañones de Colorado-Rawson.
“Los elementos predominantes fueron plásticos representados por bolsas, envoltorios y recipientes, seguidos por artes de pesca (líneas, sogas y redes). También se observaron otros objetos, como prendas de vestir de tela y de goma, y una cinta VHS”, detalló quien integra el Instituto Argentino de Oceanografía (Iado - Conicet) y es directora del Grupo de Investigación en Química de Ambientes de Transición, en Bahía Blanca.
La mayoría de artículos de plástico encontrados, resaltó, “coincide con los patrones globales reportados para ecosistemas bentónicos profundos, donde este material representa la categoría de basura más persistente y extendida”.
Esos patrones globales mencionados por la investigadora son reflejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos y si no se toman medidas, esta crisis podría triplicarse hacia 2040.

Irreversible
El título del artículo que publicó Fernández Severini junto a otros 25 investigadores de la Argentina, Uruguay y Estados Unidos remite a una situación irreversible en el fondo marino argentino.
La científica explicó que se basaron en “tres argumentos principales” para catalogar la situación de esta manera. Las zonas casi inaccesibles donde se alojan los residuos, la persistencia de los mismos en el tiempo y su impacto sobre la biodiversidad explican por qué el lecho marino argentino es un “sumidero irreversible”.
“Las zonas donde se hicieron los estudios presentan corrientes que favorecen la acumulación de sedimentos y material externo, incluso la basura. En ausencia de luz y oxígeno, tanto los plásticos como las artes de pesca pueden quedar en el ambiente por décadas o siglos, provocando la destrucción de hábitats y daños físicos prolongados. Los plásticos pueden ser ingeridos de manera involuntaria por los organismos”, agregó.
Estas razones hacen que la eliminación natural de estos residuos sea casi nula y que por las profundidades alcanzadas por esos residuos (entre 1000 y 4000 metros, especificó la investigadora) tampoco sea posible hacerlo de manera manual: “No existen tecnologías viables ni escalables para la remoción de residuos a las profundidades relevadas”.

Fuentes de contaminación
Consultada sobre los orígenes de los residuos, la científica indicó que no hay una única fuente y que tampoco es local.
Al tratarse de una zona tan compleja, la basura puede provenir de muchas fuentes tanto marinas como terrestres: “Los cañones submarinos actúan como conductos que canalizan material desde la plataforma continental hacia las profundidades. La basura detectada en el mar Argentino puede tener origen tanto en actividades desarrolladas en el país como en otras regiones del Atlántico Sur”.
Estos múltiples orígenes plantean un desafío a la hora de pensar en, al menos, reducir la cantidad de residuos en el lecho marino. En ese sentido, Fernández Severini dijo: “Requiere un abordaje integral. Implica, por un lado, políticas nacionales en gestión de residuos y regulación de la actividad pesquera. Y por otro la coordinación a nivel internacional, porque una parte significativa de la basura puede provenir de la navegación y de la pesca en aguas internacionales”.

Prevención
La finalidad del trabajo es establecer una base sobre la situación del “mar profundo argentino”, dijo Fernández Severini, para diseñar políticas que apunten a su conservación.
Si bien consideró que eliminar por completo los plásticos del océano es “un objetivo lejano”, se puede ir hacia una reducción significativa de las fuentes que aportan esos contaminantes al ecosistema.
Mencionó por caso al Tratado Global de Plásticos, una herramienta que aún no logra consensos a nivel internacional a pesar de que se viene discutiendo hace años: “Si logran establecer metas vinculantes para reducir la producción de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos a nivel global y regular los materiales utilizados en la pesca y la navegación, tendrán un impacto directo en la cantidad de basura que finalmente alcanza el lecho marino”.
De todos modos, aclaró que el consenso actual en el ámbito científico internacional es que la prevención debe ser la primera opción ante esta problemática para que dejen de depositarse residuos en el lecho marino, por sobre posibles intentos de remover los que ya están allí.
Se trata de un problema global, por lo que requiere soluciones en la misma medida, indicó la científica. Y afirmó que “la única manera efectiva de proteger el mar profundo argentino es evitar que continúe ingresando basura”.
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Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
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Encontraron más de 700 cajones pesqueros en las playas de Puerto Madryn y crece el reclamo por controles

Fecha de Publicación: 27/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut


Los cajones aparecieron a pocos metros del muelle operativo y fueron retirados por vecinos. Organizaciones ambientales advierten que no se trata de un hecho aislado.
Más de 700 cajones pesqueros abandonados en las playas céntricas de Puerto Madryn volvieron a poner bajo la lupa el impacto ambiental de la actividad marítima en el Golfo Nuevo y la falta de controles sobre los residuos que genera la industria pesquera.
El hallazgo, registrado a pocos metros del muelle operativo, expuso una problemática que va más allá de la presencia de basura en la arena: la falta de trazabilidad de los pertrechos comerciales, las fallas en los sistemas de estibaje y la ausencia de sanciones efectivas para las empresas responsables.
Según los relevamientos realizados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente municipal, en dos jornadas de trabajo se retiraron 750 recipientes plásticos. La imagen de los cajones acumulados en la rambla generó preocupación entre vecinos y organizaciones ambientales.
El episodio se suma a otro ocurrido dos semanas antes en las playas de la zona sur de la ciudad, donde se retiró más del doble de estos desechos, sin que hasta el momento se conozcan explicaciones oficiales claras ni multas aplicadas a las operadoras.

Vecinos retiraron los cajones antes de que llegaran al mar abierto
La respuesta inicial estuvo a cargo de vecinos que recorrían la costa y decidieron ingresar al agua para retirar los residuos antes de que la marea pudiera arrastrarlos mar adentro.
“Cuando levantamos la mirada y vimos que había centenares de cajones, nos dio mucha impotencia”, relató Shirley, una de las ciudadanas que impulsó el retiro manual de los residuos.
La vecina explicó que suele ser habitual encontrar elementos vinculados a la actividad marítima en sectores más alejados por acción de las corrientes, pero destacó la magnitud del hallazgo en una zona céntrica de la ciudad.
“En el medio de la ciudad nunca vimos esa magnitud de cajones”, señaló.
El operativo se desarrolló en un sector visible y cercano a las autoridades marítimas, lo que incrementó el malestar de quienes participaron de la limpieza.
“Más que nada me indignó que, estando frente a Prefectura y frente al puerto, nadie haya hecho nada”, denunció Shirley.
La vecina contó que dieron aviso formal a las dos y media de la tarde y trabajaron hasta las seis sin asistencia de organismos públicos. También cuestionó la falta de colaboración de quienes circulaban por la zona.
“Era un día lindo y había muchas personas caminando, pero nadie nos ayudó”, lamentó.

Cajones identificados pero sin responsables
Uno de los principales cuestionamientos surgió porque los recipientes encontrados contaban con marcas que permitían identificar su origen.
La voluntaria confirmó que “los cajones sí estaban identificados en su mayoría” y explicó que pudieron fotografiar las insignias y marcas comerciales impresas en el plástico.
Además, observaron en el agua dos pallets de madera que podrían evidenciar fallas en la manipulación de cargas o en las operaciones de los buques.
A pesar de la identificación visible de parte del material, los vecinos cuestionaron que todavía no haya responsables identificados.
“Es increíble que a un barco le falten 700 cajones y todavía no hay un responsable”, cuestionó Shirley.
La vecina reclamó controles más estrictos sobre las empresas y el estibaje, y advirtió que la falta de protocolos también genera otros residuos.
“Frutas, verduras y hasta un pack de cintas Scotch” pueden terminar en el mar por descuidos industriales, señaló.

El riesgo de los microplásticos
Más allá del impacto visual en la costa, organizaciones ambientales advierten que la permanencia del plástico en el mar genera consecuencias a largo plazo por su fragmentación en microplásticos.
El episodio también generó críticas hacia la falta de compromiso ciudadano durante la limpieza.
“Fue indignante ver la cantidad de gente que pasaba por al lado nuestro y no nos ayudó ni a sacar un cajón, y después los ves a todos subiendo los videítos con la ballena”, expresó Shirley.
La vecina alertó sobre el impacto de estos residuos en la cadena alimentaria. “La gente no sabe que ese plástico enorme que está flotando en el mar después termina en nuestro torrente sanguíneo”, sostuvo.
Y agregó: “Si comés peces, sabés que estás consumiendo plástico”. Si bien reconoció el trabajo de remoción realizado por el municipio, cuestionó que se trate de una solución definitiva.
“Las limpiezas solo funcionan como parches”, afirmó, y señaló que el problema continuará si el Estado no interviene sobre las causas que generan estos residuos.

Reclaman sanciones para el sector pesquero
Desde la fundación Sin Azul No Hay Verde coincidieron con el diagnóstico vecinal y advirtieron que el hallazgo no representa un caso aislado.
El coordinador de la organización, Juan Coustet, remarcó que el hallazgo de los recipientes “no es un hecho aislado” sino una crisis que persiste y aumenta con el paso del tiempo.
Según explicó, una investigación reciente del proyecto MARES reveló que aproximadamente el 90% de la contaminación plástica en las costas de Chubut proviene de la actividad pesquera.
Frente a este escenario, Coustet reclamó que el problema no se aborde únicamente con limpiezas de playas, sino con medidas que permitan identificar responsabilidades.
El referente ambiental sostuvo que el Estado debe avanzar en “sancionar a los responsables”.
También cuestionó que la comunidad deba asumir este pasivo ambiental a pocos kilómetros de un área protegida y Patrimonio de la Humanidad como Península Valdés.
Desde la organización remarcaron que los residuos terminan afectando al territorio chubutense más allá de la jurisdicción bajo la que operen los buques y reclamaron que las autoridades implementen “medidas efectivas para que deje de pasar”.
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Barrick Gold está en la mira por miles de peces que murieron en San Juan por contaminación minera 

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: San Juan


Un equipo de investigación identificó metales peligrosos en el agua y señala a Veladero como fuente de polución, contradiciendo versiones oficiales 
Miles de pejerreyes aparecieron muertos en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan, durante noviembre de 2025. El hallazgo movilizó a los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, quienes decidieron no quedarse con la versión oficial.
Las autoridades provinciales cerraron el caso casi de inmediato. Su explicación: los peces murieron por falta de oxígeno en el agua. No hubo estudios, no hubo análisis, no hubo dudas, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Pero la Asamblea sabía que algo no cerraba. Los antecedentes de contaminación en la zona eran demasiado contundentes como para aceptar esa respuesta simple.
Los activistas ambientales recogieron muestras de agua y ejemplares de peces muertos. Las enviaron para análisis a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados fueron devastadores: concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y aluminio, cobre y arsénico en el hígado de los peces.
También se detectó una fuerte concentración de aluminio en el agua del dique. Valores incompatibles con la vida acuática.
"El Río La Palca es el que viene de Veladero", explicó Saúl Zeballo, integrante de la Asamblea Jáchal No se Toca. "Ante la evidencia de los miles de peces muertos, se inició una causa de oficio a cargo del fiscal Alfredo Aballay".
La causa se cerró casi automáticamente después de que los funcionarios de la provincia dijeran públicamente, sin haber realizado ningún estudio, que los peces habían muerto por falta de oxígeno.
"Eso no fue así", sostuvo Zeballo en diálogo con Economía Sustentable. "Nosotros nos organizamos para realizar una muestra del agua y los peces. El resultado fue abrumador".

El informe científico que desmiente la versión oficial
El Informe Técnico de Interpretación Ecotoxicológica y Evaluación de Riesgo Ambiental relacionado con la mortalidad de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento se publicó el 29 de junio de 2026.
Las muestras interpretadas correspondieron a las recogidas por la Asamblea de Jáchal en noviembre de 2025. Fueron analizadas a través de la Universidad Nacional de Cuyo.
El documento fue elaborado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet. Entre ellos, Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía, Doctor en Biología y uno de los autores del informe.
"Con altísimos niveles de aluminio, cobre y arsénico incompatibles con la vida", describió Zeballo los hallazgos. "Esto te da una dimensión de la persistente contaminación minera".
El informe no solo analizó las muestras de 2025. También repasó estudios sobre el agua realizados en diferentes períodos históricos: 2005 y 2010, sumados a los análisis posteriores al gran derrame de 2015, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
"La comparación temporal histórica (período 2005-2026) de los resultados refuerza el concepto de un proceso persistente de alteración de la calidad hidroquímica en el sistema Río La Palca–Río Blanco–Dique Cuesta del Viento–Río Jáchal", puede leerse en el informe al que tuvo acceso Economía Sustentable. Los datos muestran concentraciones reiteradamente elevadas del metal aluminio, y los metaloides arsénico y boro.
Las excedencias son significativas respecto de los niveles guía nacionales e internacionales establecidos para la protección de la vida acuática.
En particular, el arsénico se mantuvo por encima de los umbrales de referencia en todas las campañas analizadas (2005, 2015 y 2026). El aluminio alcanzó concentraciones extremadamente elevadas en distintos sectores de la cuenca.

La contaminación que no para de crecer
Los datos ambientales demuestran que el Río La Palca constituye el principal aporte de contaminantes metálicos al sistema. Este río nace en las inmediaciones del proyecto minero Veladero.
"Los estudios de agua encargados por la Asamblea son extremadamente consistentes con otros realizados históricamente", sostuvo Folguera. "Con un agravante: los niveles de estos componentes están aumentando".
Con los estudios diacrónicos, hechos en el tiempo, se ve que está aumentando la presencia de contaminantes incompatibles con la vida, agrega la nota de EconomiaSustentable.com.
"Estamos hablando de un río cada vez más contaminado", concluyó el biólogo que interpretó el episodio contaminante de noviembre de 2025.
Las autoridades provinciales, más que decir que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, no hicieron mayores indagaciones sobre el episodio. Situación desmentida por los estudios realizados.
Antecedentes no faltaban para sospechar el posible origen contaminante. La historia de derrames de Veladero es larga y documentada.

Barrick Gold y los derrames que nadie olvida
En 2015 ocurrió un gran derrame de tóxicos reconocido por la propia Barrick Gold. Hasta entonces era la única dueña del proyecto Veladero. Actualmente, comparte el 50% de las acciones con la china Shandong Gold.
Al año siguiente, hubo otro episodio sobre la misma cuenca. En marzo de 2017 se detectó el tercer episodio.
"Primero ocultado por la empresa y luego reconocido porque no tuvieron otra opción", según lo señalado por Zeballo.
"En los tres casos hicimos que la provincia y el gobierno municipal avanzaran con los estudios de agua correspondientes", recordó el activista ambiental.
Por entonces, los rastros de aluminio y manganeso encontrados habían sido exponencialmente altos.
Con el nuevo episodio de noviembre del año pasado, el intendente Martín Espejo (PJ) no hizo nada. A pesar de que en Jáchal rige la ordenanza agua segura que impuso estudios periódicos.
Para los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca y los científicos convocados para interpretar los resultados del laboratorio, la conclusión resultó ineludible. La fuente persistente de contaminación de los ríos de la zona proviene del proyecto minero Veladero.

La metodología científica detrás del estudio
La geografía no miente. La selección de los sitios para recoger las muestras de agua se realizó bajo criterios rigurosos.
Se consideró la continuidad hidráulica, la proximidad espacial, la representatividad ecosistémica y la congruencia temporal entre los diferentes estudios realizados en el tiempo.
"Este diseño permite reconstruir el gradiente de transporte de los elementos traza de preocupación ambiental (ETPA) a lo largo del continuo fluvial", puede leerse en el informe técnico interpretativo. El modelo conceptual de Fuente-Trayecto-Receptor vincula el área de influencia de la explotación minera Veladero con el sector léntico donde se manifestó la mortalidad de peces durante noviembre de 2025.
El documento está firmado por Folguera junto a Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Paola Peltzer de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet.
La interpretación de Folguera es que los peces murieron por un "efecto sinérgico devastador". Una interacción letal entre múltiples tóxicos.
"Una interpretación posible es que los peces murieron por un pico de los químicos encontrados o una situación ambiental adversa extrema", explicó el biólogo.
Todo el escenario demuestra que lo ocurrido es compatible con los efectos elevados de tóxicos que interactuaron entre sí. El dique Cuesta del Viento sigue siendo la principal fuente de agua de la región, amenazada por una contaminación persistente que no cesa.
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Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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