Exigen que YPF intervenga para frenar la fuga tóxica en Lomas de Olmedo

La situación del pozo petrolero LO X-10, abandonado por su operadora privada en el norte salteño, se agrava con una fuga constante de gases tóxicos que ya requeriría una inversión de al menos 12 millones de dólares, mientras la Fiscalía de Estado intensifica gestiones para que YPF intervenga en la remediación.

La situación del pozo petrolero LO X-10, ubicado en la zona de Lomas de Olmedo, en jurisdicción de Pichanal, en el norte de la provincia de Salta, continúa agravándose ante la fuga constante de gases tóxicos y fluidos, y un pasivo ambiental que ningún sector institucional logró resolver hasta ahora. El pozo emana de forma continua gases compuestos en un 95% por dióxido de carbono y un 5% por metano, un daño estructural que se originó tras una explosión y el posterior colapso del pozo, y que dejó sin efecto los intentos de control directo sobre la boca original del yacimiento.

Una empresa en quiebra y un vacío operativo
El pozo fue operado desde 2023 por la empresa privada President Petroleum S.A., que finalmente se declaró en quiebra y abandonó el lugar sin completar las tareas de remediación exigidas. En diciembre de 2025, el Gobierno de Salta dictó el Decreto 826/25, que declaró la caducidad de la concesión y recuperó para la provincia el manejo del área, traspasando las competencias operativas a REMSa, una empresa energética local con participación estatal, mientras se define un nuevo llamado a licitación. Pese a esa intervención formal, la contaminación continuó expandiéndose: Greenpeace documentó en la zona un bosque nativo severamente afectado, con unas 20 hectáreas secas y sin vida en el perímetro del pozo, además de riesgos de explosión e incendio por la acumulación de hidrocarburos.

El costo de la solución técnica
Según advirtió el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, los informes más recientes confirman que la solución definitiva ya no admite intervenciones superficiales y demandará una inversión estimada en al menos 12 millones de dólares. Los especialistas consultados determinaron que la única vía técnica viable es una perforación lateral, conocida como side track, una maniobra compleja que requiere maquinaria de última generación, personal altamente especializado en control de reventones y una logística de magnitud internacional de la que la provincia no dispone por sus propios medios. La contaminación afecta también a pobladores y puesteros rurales de parajes cercanos, como La Estrella, que debieron abandonar sus tierras ante la dificultad para respirar en la zona.

Una discusión sobre responsabilidades
Frente a la imposibilidad financiera de la provincia para afrontar una erogación de esa magnitud, algo que el propio Ejecutivo salteño reconoció en su momento, la Fiscalía de Estado intensificó las gestiones para lograr que YPF intervenga de manera directa en los trabajos de remediación. El planteo se sustenta en que el pozo forma parte del tendido histórico originalmente perforado por la petrolera de bandera durante su operación en la cuenca hidrocarburífera norte del país, lo que abre una discusión legal sobre responsabilidades compartidas. Según el principio de responsabilidad solidaria previsto en la Ley General del Ambiente, cuando se produce un daño de estas características, todas las empresas que participaron en la cadena de explotación del yacimiento -serían al menos seis, según especialistas que siguen el caso- pasan a ser corresponsables, junto con los gobiernos provincial y nacional. Mientras continúan las discusiones sobre jurisdicciones y expedientes entre los distintos organismos involucrados, la situación ambiental en Lomas de Olmedo permanece sin una solución definitiva, en un caso que organizaciones ambientales ya describieron como uno de los pasivos petroleros más graves y prolongados del norte argentino.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: El Tintero de Salta, iProfesional, Cadena 3

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

Investigadores y comunidades expuestas alertan sobre el impacto oncogénico, la contaminación hídrica y las fallas en las zonas de resguardo


Estudios en epidemiología ambiental y ecotoxicología documentan la exposición crónica a formulaciones de plaguicidas en franjas periurbanas y sus secuelas en la población.

Un relevamiento enfocado en las dinámicas del modelo agroindustrial argentino expone la vulnerabilidad sanitaria de las poblaciones rurales sujetas a pulverizaciones continuas. La deriva atmosférica y la posterior escorrentía de agroquímicos —que incluyen principios activos como el glifosato, la atrazina y diversos organofosforados— transportan moléculas tóxicas hacia zonas residenciales, escuelas rurales y fuentes de agua para consumo. Las investigaciones de campo demuestran que la ingestión, la vía inhalatoria y el contacto dérmico repetido con estas sustancias químicas generan una carga de morbilidad sensiblemente superior a los promedios nacionales en patologías crónicas y reproductivas.

Genotoxicidad edáfica y mecanismos de daño al ADN
La constante aspersión de plaguicidas genera un impacto prolongado que trasciende la sintomatología de la intoxicación aguda. En el plano citogénico, la exposición a dosis subcoletales de biocidas induce estrés oxidativo y daño en la doble hebra del ADN, evidenciado mediante ensayos de microcélulas y cometa en muestras biológicas de residentes expuestos. A nivel hidrogeológico, la percolación de metabolitos persistentes alcanza los acuíferos someros, donde las matrices de filtración natural del suelo resultan incapaces de degradar los xenobióticos. Este proceso contamina los recursos hídricos subterráneos de los que se abastecen las comunidades, afectando el sistema endocrino y actuando como disruptores hormonales en el desarrollo infantil.
Vectores de vulnerabilidad identificados en las comunidades periurbanas:
- Deriva secundaria e inversión térmica: Suspensión y desplazamiento de partículas tóxicas horas después de la aplicación.
- Biomarcadores de daño celular: Presencia de aberraciones cromosómicas en muestras epiteliales de habitantes en zonas de fumigación.
- Contaminación de pozos de agua: Percolación de agrotóxicos y sus productos de degradación a las napas freáticas.

Evaluaciones toxicológicas y categorización de riesgo biológico
Estudios desarrollados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y laboratorios de toxicología de universidades públicas argentinas coinciden en que la exposición continuada a mezclas de formulados plaguicidas incrementa la probabilidad de desarrollar mutagénesis y enfermedades oncohematológicas. Las clasificaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúan a varios de estos compuestos dentro de las categorías de probable o potencial carcinógeno humano, lo que respalda la necesidad de revisar los criterios de aprobación comercial y los límites residuales permitidos en matrices ambientales.

Reconversión productiva y amortiguamiento sanitario
La mitigación de este impacto en la salud pública requiere la reconfiguración urgente de las zonas periurbanas de producción. La fijación de franjas de restricción absoluta para la aplicación de agroquímicos, el fomento de barreras forestales protectoras y el impulso a esquemas agroecológicos libres de sintéticos emergen como las vías indispensables para frenar el deterioro ambiental y resguardar la salud comunitaria.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Perfil, RDI (Radio de la Iglesia), Agencia Télam, Infobae, La Nación
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La provincia habilita la operación tras el derrame de cianuro e impone inspecciones continuas y un estricto cupo laboral de trabajadores locales


Informes sobre economía regional y auditoría ambiental analizan el levantamiento de las sanciones sobre la minera Newmont y las nuevas condiciones impuestas por la provincia.

Un informe sobre el panorama extractivo en la meseta patagónica confirma que el gobierno de Santa Cruz levantó las clausuras que pesaban sobre el yacimiento de oro y plata Cerro Negro, operado por la multinacional Newmont. La decisión administrativa se toma tras la verificación de los trabajos de contención e inspección derivados del reciente derrame de solución cianurada y los incidentes de seguridad que paralizaron el yacimiento. Sin embargo, las autoridades provinciales condicionaron el reinicio pleno de las operaciones a un régimen de monitoreo técnico en tiempo real y al cumplimiento irrestricto de las leyes de contratación de mano de obra local, en un esfuerzo por equilibrar la recaudación fiscal y la estabilidad social en la región.

Manejo de efluentes industriales y fiscalización del riesgo operativo
El levantamiento de la suspensión exigió la implementación de planes de remediación química acelerada para degradar los complejos cianurados residuales y la readecuación de las estructuras de contención de la planta de procesamiento. En el ámbito de la ingeniería minera subterránea, la reanudación de las tareas implica la revisión exhaustiva de los sistemas de ventilación y el monitoreo geomecánico de los frentes de trabajo para prevenir colapsos rocosos. La acumulación de eventos operativos críticos en Cerro Negro obligó a la autoridad ambiental provincial a establecer auditorías semanales que verifiquen el pH y la estabilidad química en los piletas de colas, evitando la migración de sustancias tóxicas hacia los perfiles de suelo y las cuencas hidrogeológicas adyacentes.
Puntos clave del acuerdo para la reapertura operativa:
- Remediación y verificación de piletas: Auditorías sobre la concentración de cianuro disociable en ácido (WAD) en efluentes.
- Exigencia de cupo laboral provincial: Control estricto de la nómina para garantizar el porcentaje legal de trabajadores residentes en Santa Cruz.
- Inspecciones técnicas cruzadas: Intervención conjunta de las secretarías de Ambiente, Minería y Trabajo para autorizar nuevas fases de extracción.

Evaluación de riesgo y monitoreo técnico institucional
Informes elaborados por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz destacan la necesidad de mantener controles independientes sobre los planes de contingencia de las grandes corporaciones extractivas. Las evaluaciones ecotoxicológicas aplicadas al sitio confirman que la rápida neutralización de la solución cianurada evitó la filtración hacia los acuíferos profundos de la meseta, aunque los organismos técnicos insisten en la instalación de piezómetros de control adicionales para descartar contaminación diferida a mediano plazo.

Sostenibilidad operativa y paz social en la meseta
La reapertura de Cerro Negro marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado provincial y las corporaciones mineras transnacionales. El condicionamiento de la actividad comercial al estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y al desarrollo socioeconómico de las comunidades locales establece un precedente en la búsqueda de una minería con mayor responsabilidad ambiental y territorial en el sur argentino.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Santa Cruz 
Fuentes originales consultadas: Clarín, La Tecla Patagonia, Tiempo Sur, Agencia Télam
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Reportes nacionales confirman la grave contaminación por la emanación ininterrumpida de fluidos y gases en Salta


Informes de la red de emisoras patagónicas amplifican la denuncia sobre el pasivo hidrocarburífero en el departamento General San Martín, exigiendo la intervención del Estado Nacional.

La grave crisis socioambiental desatada en la provincia de Salta por la emanación incontrolada de fluidos tóxicos y gases combustibles desde un pozo petrolero abandonado ha tomado dimensión nacional tras ser ratificada y difundida por la red federal de medios Radio 3 Cadena Patagonia. La cobertura confirma las denuncias presentadas por pobladores rurales y comunidades originarias del departamento General San Martín, quienes constatan la presencia ininterrumpida de líquidos salobres impregnados de hidrocarburos pesados que discurren a cielo abierto sobre terrenos agrícolas y cauces de agua Somera. La difusión del caso por cadenas informativas de otras regiones productoras de hidrocarburos —como la cuenca golfo San Jorge y Neuquén— refleja una preocupación generalizada por la proliferación de pozos "huérfanos" que quedan sin sellado definitivo tras la finalización de los contratos de concesión o la retirada de las empresas operadoras.

Infiltración profunda, corrosión y riesgo sanitario latente
El diagnóstico técnico del incidente en el norte salteño evidencia el colapso estructural del encamisado metálico de la perforación debido a décadas de corrosión galvánica y falta de mantenimiento preventivo. Al fallar el sistema de aislamiento, la alta presión de los yacimientos profundos empuja hacia la superficie una mezcla peligrosa de agua de formación cargada de metales pesados (como plomo, cadmio y arsénico), fenoles y gas metano mezclado con sulfuro de hidrógeno. Este efluente no solo inutiliza la capa arable del suelo para cualquier uso agropecuario, sino que representa un riesgo inminente de contaminación irreversible sobre los acuíferos subterráneos de donde se abastecen las poblaciones locales, además del peligro constante de explosión o incendios en la vegetación nativa por la acumulación de gases volátiles.
Para desglosar los vectores de riesgo ecológico y los vacíos de control institucional identificados en esta emergencia hidrocarburífera, se destacan los siguientes puntos:
- Infiltración de metales pesados en acuíferos de consumo: Riesgo de bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica y en las fuentes de agua potable rural.
- Falta de fondos de garantía para pasivos ambientales: Inexistencia o insuficiencia de avales financieros exigidos a las petroleras para cubrir los costos de remediación tras el cese de operaciones.
- Exposición continuada a gases tóxicos: Afecciones respiratorias y dermatológicas reportadas por pobladores expuestos a las emanaciones de sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Exigencia de un plan federal de sellado de pozos inactivos
La reiteración de estas denuncias a través de medios nacionales ha motivado que legisladores y organizaciones del tercer sector soliciten a la Secretaría de Energía de la Nación y a las autoridades ambientales provinciales la elaboración urgente de un Inventario Nacional de Pozos Abandonados e Inactivos. La iniciativa busca identificar las perforaciones en estado crítico dentro del territorio argentino para ejecutar de forma prioritaria las obras de ingeniería de taponamiento hermético (plugging and abandonment), financiadas mediante la ejecución de seguros ambientales o fondos de reparación creados a partir de cánones de la propia industria hidrocarburífera.

Remediar el pasado para proteger el futuro del agua
El caso del pozo emisor en Salta ratifica la urgencia de establecer políticas de estado inflexibles en materia de pasivos ambientales en la Argentina. La explotación de los recursos recursos energéticos del subsuelo no puede realizarse a expensas de la salud humana, la pureza de las fuentes hídricas y la integridad de los territorios rurales.


Fecha de Publicación: 11/09/2026
Provincia/Región: Salta 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, TN (Todo Noticias), Secretaría de Energía de la Nación, Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta
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Denuncian a dos ingenios por contaminación y piden controles efectivos al Gobierno de Tucumán

La Fundación Ecológica Ave Fénix presentó nuevas denuncias administrativas contra los ingenios Aguilares y Marapa por la emisión de hollín y bagacillo, y advirtió que la solución no requiere nuevas inversiones sino el mantenimiento de los filtros que las plantas ya tienen instalados.

La Fundación Ecológica Ave Fénix formalizó nuevas denuncias administrativas ante la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán para exigir el correcto funcionamiento de los filtros en los ingenios Aguilares y Marapa. Desde la organización remarcaron que el problema no radica en la falta de equipamiento ni en la crisis del sector azucarero, sino en la falta de voluntad empresarial para hacer el mantenimiento adecuado de los sistemas ya instalados. "No se está pidiendo algo imposible ni inversiones nuevas porque los filtros ya están; lo que tienen que hacer es el mantenimiento correspondiente para que funcionen al 90%", sostuvo el presidente de la ONG, Gustavo Masmud.

Toneladas de ceniza sobre los barrios
Según la fundación, los vecinos de ambas localidades deben soportar a diario toneladas de material particulado que afectan a las viviendas, los espacios públicos y la salud de la población. La organización cuestionó además la efectividad de las inspecciones oficiales, al señalar que las actas administrativas suelen contradecir la realidad que atraviesan las familias de la zona. "Le pedimos al subsecretario que la inspección no termine en la puerta, que recorra el barrio e ingrese a las viviendas para ver la cantidad de material particulado, porque algo está funcionando mal", planteó Masmud.

Un reclamo con expediente abierto y años de historia
Este es apenas el capítulo más reciente de un conflicto que se repite en cada zafra. A mediados de septiembre, Ave Fénix ya había presentado una denuncia formal contra el ingenio Marapa, en Juan Bautista Alberdi, que derivó en un expediente administrativo abierto por la Dirección de Fiscalización Ambiental bajo el número 952/621/AF/2026. Vecinos de la zona venían advirtiendo por el incremento de hollín y bagacillo -el desecho de la molienda de caña usado como combustible en las calderas- que el viento arrastra desde los predios fabriles hacia las viviendas cercanas. La problemática lleva más de siete años de denuncias documentadas contra ambos ingenios: la ONG ya había presentado reclamos similares en 2019 contra Aguilares y Marapa, cuando también señaló el mal funcionamiento de los filtros scrubbers y el tratamiento deficiente del bagazo acumulado, y llegó a anunciar una denuncia penal contra el entonces arrendatario de Marapa.

La salud pública, en el centro del reclamo
La persistencia de las emisiones industriales encendió las alarmas sanitarias en la zona, con afectación severa en niños y adultos por la inhalación constante de hollín. Ante la falta de respuestas a nivel provincial, las organizaciones comunitarias no descartan volver a realizar protestas públicas ni elevar las actuaciones a la Justicia Federal. "Si no hay una respuesta del organismo de control o esta situación no cambia, el próximo paso es la Justicia Federal, donde ya hay causas y condenas por contaminación ambiental", advirtió Masmud. Desde la fundación remarcaron, de todos modos, que el objetivo central es lograr un impacto mínimo de contaminación sin perjudicar la actividad económica ni las fuentes de trabajo del sector azucarero. "No es justo que para no lidiar con el material dentro del ingenio lo envíen al medio ambiente dañando la salud y el patrimonio de la gente cuando la solución está al alcance de la mano", concluyó el ambientalista.


Fecha de Publicación: 02/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Diario Primera Fuente, Portal Economía Sustentable, Portal GN Noticias

Científicos argentinos afirman que el fondo del mar argentino es un foco de contaminación irreversible

Fecha de Publicación: 29/08/2026
Fuente: Portal Weekend
Provincia/Región: Nacional


Una expedición internacional logró filmar y documentar la alarmante acumulación de desechos atrapados a casi 4.000 metros bajo la superficie. Si bien la mayoría de los elementos hallados son plásticos y redes, un insólito objeto de los años 80 asombró a los investigadores. ¿De qué se trata? 
Un equipo conformado por 26 prestigiosos investigadores pertenecientes al CONICET documentó una preocupante realidad al detectar 29 tipos de residuos de origen humano ocultos en las profundidades del mar argentino. El histórico y alarmante hallazgo sistemático se logró tras relevar 55 kilómetros de suelo submarino, por lo que las alarmas de la comunidad ambiental global se encendieron de inmediato ante la impactante evidencia física.
Los datos corresponden a una investigación que fue publicada recientemente en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science y que se llevó a cabo puntualmente en tres profundos cañones submarinos ubicados en la Patagonia argentina Utilizando el sofisticado robot subacuático SuBastian, los científicos lograron registrar imágenes en alta definición nunca antes vistas hasta el presente. Los dispositivos operaron a profundidades extremas que oscilaron entre los 400 y los 4.000 metros y confirmaron que, en esas zonas abisales y completamente oscuras, la basura humana ya alteró por completo el paisaje natural.

Mar Argentino: sumidero alarmante
Los elementos contaminantes más predominantes en las profundidades correspondieron a envoltorios, recipientes y a bolsas de plástico comerciales. Si bien también se identificaron numerosos restos de artes de pesca abandonados, incluyendo sogas, líneas y redes enteras, el objeto que más desconcertó a los expertos fue un cassette de video VHS que encontraron, en perfecto estado, a 2.000 metros de profundidad. 
Los especialistas también señalaron que el fondo continental funciona actualmente como un sumidero irreversible. "Debido a la ausencia total de luz solar y de oxígeno, los plásticos tardarán siglos en degradarse. Los microorganismos y peces de la región ingieren estos componentes nocivos de manera involuntaria al confundirlos con alimento. Destruyendo hábitats biológicos completos, la remoción manual de estos materiales resulta tecnológicamente inviable en la actualidad", agregaron los científicos argentinos.
Por último, explicaron que la procedencia de los desechos no responde a un foco local único, sino a múltiples actividades. "Las corrientes marinas del Atlántico Sur arrastran la basura desde la plataforma continental hacia las fosas. Para mitigar esta crisis ambiental hace falta un abordaje integral con urgentes normativas internacionales aplicadas. Regular de manera estricta la navegación y la explotación pesquera comercial global representa el único camino de salvación", concluyeron..
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Pese a las promesas de cierre, la última central a carbón de la Argentina sigue activa y preocupa a los vecinos

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa AES y su filial argentina prometieron abandonar el carbón, pero su termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos aún funciona; el impacto ambiental y sanitario, y los argumentos de la compañía
La Central Térmica de San Nicolás de los Arroyos sobrevivió a la hegemonía del petróleo, al auge del gas natural y, ahora, al avance de la transición energética. Es hoy la única central eléctrica en el país que funciona con carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Y, pese a anuncios empresariales que apuntaban a su reconversión, al conflicto con vecinos y a una causa judicial en curso, la empresa que la opera sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su cierre.
Habitantes de la zona reclaman la reconversión o, al menos, la mitigación y control de los contaminantes de la central, como ocurrió con otras plantas cercanas. “Sopla viento del norte y el olor se hace más intenso. Puede durar horas y hasta días. Nos afecta todo el tiempo”, contó Gabriel Godoy, que vive a menos de dos kilómetros de la central y del polo industrial.
Desde AES Argentina Generación SA, la empresa que hoy opera la central térmica, reiteraron a LA NACION su compromiso con la descarbonización. “La intención sigue firme”, aseguraron. “AES trabaja en planes para progresivamente eliminar el carbón de su matriz de generación. Durante los más de 30 años de operación, hemos mantenido una relación cercana con la comunidad, con la que activamente cooperamos”, agregaron. Tanto la filial argentina como su casa matriz habían anunciado públicamente que avanzarían en la transición energética para contribuir con su responsabilidad global y local.
En 2023, como parte del Carbon Disclosure Project, The AES Corporation afirmó que avanzaría hacia cero emisiones netas para 2050 y que eliminaría por completo el carbón de su cartera para 2025 mediante cierres, ventas o reconversiones, mientras expandía sus inversiones en energías renovables. Para impulsar esa meta, la empresa implementó incentivos de desempeño para sus ejecutivos a nivel global.
Este compromiso coincidía con el giro de la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, representado en el Inflation Reduction Act, el conjunto más grande de políticas ambientales de la historia de ese país, que promovió el mayor paquete de descarbonización. Actualmente, su página de internet muestra que la empresa basa el 54% de su producción en renovables, un 29% en gas y un 15% en carbón. En Chile y República Dominicana vendió tres termoeléctricas a carbón.
Sin embargo, esos compromisos dejaron de aparecer con la misma claridad. En los documentos enviados a accionistas para las asambleas anuales de 2024 y 2025, The AES Corporation destacaba su “estrategia de transición energética para abandonar la generación a base de carbón”. Esa definición desapareció en 2026, aunque la empresa mantuvo referencias a trabajar para reorientar la cartera “hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono”. El cambio no es menor: se trata de documentos sensibles para compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
El vencimiento del plazo para abandonar el carbón coincidió con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el recorte de fondos verdes internacionales y un giro de la política ambiental estadounidense hacia los combustibles fósiles bajo el gobierno de Donald Trump. En ese contexto, AES Global avanza además en su venta a un consorcio liderado por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo que también deja en suspenso cuál sería la dirección si el cambio de dueños se consolida.
En la Argentina, AES también prometió avanzar hacia la salida del carbón. En 2023, el CEO local, Martín Genesio, anunció la reconversión de la central de San Nicolás y afirmó que trabajaban con el Gobierno para evitar el impacto sobre sus 550 empleados. Aunque la empresa redujo de forma significativa el consumo de carbón, la planta continúa operativa y el retiro definitivo permanece en suspenso. Así lo revela esta investigación de LA NACION realizada en el marco de Las Ruinas del Carbón, un proyecto regional liderado por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre la salida de la energía a carbón en América Latina.
Instalada sobre el río Paraná en la década de 1950 como parte del segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, la planta fue privatizada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem y hoy pertenece a AES Argentina. Aunque aporta solo el 5,7% de la generación eléctrica local, la compañía es un jugador global. La anunciada eliminación del carbón para 2025 significa solo el recambio de una de las cinco usinas de la planta, ya que el resto funciona a diésel.
La falta de cumplimiento de AES coincidió con un giro de la política climática argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque el país no abandonó el Acuerdo de París, degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría y decidió no presentar la nueva Contribución Nacional Determinada, el plan con el que los países actualizan sus metas de reducción de emisiones cada cinco años.
Algunos analistas consultados apuntaron a que la dilución de los compromisos gubernamentales puede abrir un margen para que las empresas que lo decidan sigan los mismos pasos. “Cuando los presidentes niegan el cambio climático, validan cualquier flexibilización por parte de las empresas para cumplir con sus objetivos”, opinó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, desde AES Argentina rechazan esa interpretación y sostienen que el consumo de carbón cae de forma sostenida desde 2023. Para ellos, no cerrar se vincula con cuestiones contractuales y de servicio. “El mercado y la demanda de energía son dinámicas y nuestro rol como compañía es brindar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del país. Si bien en un momento se habló de fechas concretas, el proceso de descarbonización responsable está sujeto a la seguridad y suficiencia del sistema eléctrico. La planta de San Nicolás sigue desempeñando un rol importante para asegurar la confiabilidad y resiliencia del sistema”, señalaron.
Para Slipak es necesario dar señales claras que apunten a una descarbonización: “Mientras no haya un plan en el que la empresa se haga cargo de la sustitución de los combustibles por otras fuentes, con la correspondiente consideración del empleo, no es transición energética, sino una adhesión energética”. Por adhesión, el experto se refirió a una diversificación de fuentes más que a un abandono.
Pese a haber reducido más de un 50% su consumo desde 2021, la central sigue siendo la segunda mayor importadora de carbón mineral de la Argentina, al menos hasta inicios del año, según datos obtenidos por LA NACION vía pedidos de acceso a la información pública y registros de UN Comtrade, el registro de comercio mundial que coordina Naciones Unidas.
AES Argentina invirtió, en los últimos años, en grandes hidroeléctricas y también en parques eólicos y proyectos de almacenamiento de energía. De acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, de las diez plantas que tienen en el país, solo tres utilizan combustibles fósiles. Poco más de la mitad de la potencia instalada de la empresa sigue siendo fósil, en su mayoría funciona a partir de gas o diésel.
Hay un dilema en cuanto a la expansión de renovables en el país, ya que falta infraestructura clave para el transporte y la transmisión de esa energía. Durante la administración de Alberto Fernández esto había sido un compromiso a cumplir, algo que fue descartado con la llegada de Milei. En ninguna de las dos administraciones hubo políticas públicas concretas que incentivaran la salida del carbón en coordinación con el Estado.
Esa ausencia también queda registrada en documentos oficiales. Según otro pedido de acceso a la información dirigido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a la Secretaría de Energía, no existen “actos administrativos, planes de metas, acuerdos o cronogramas” que formalicen el retiro de la central ni su transición energética.
Mientras tanto, el carbón sigue llegando. El último dato disponible muestra que en enero de este año se importaron más de 40.000 toneladas. En el caso de AES, provienen principalmente de Colombia y de minas operadas por Drummond, una empresa basada en Estados Unidos y una de las mayores controlantes de la producción de carbón en ese país.
La discusión en San Nicolás no se agota en los compromisos corporativos. La central es investigada hoy en una causa por contaminación, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, por los riesgos que su operación podría representar para la salud y el ambiente.

Los contaminantes de la planta
Según el mapa de la organización internacional Climate Trace, la central térmica de AES Argentina redujo sus emisiones de casi cinco megatoneladas de CO2 equivalente en 2021 a poco más de tres en 2025. Es todavía una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de San Nicolás. Además de dióxido de carbono, el registro incluye emisiones de monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, carbón negro y otras partículas que podrían contener metales pesados como mercurio y plomo.
Natalia Magnani, investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó que la exposición prolongada a estas sustancias puede derivar en enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. “Estos contaminantes pueden afectar los tejidos directamente, pero también combinarse con el agua”, señaló. El riesgo, precisó, no proviene solo de los gases, sino también de las partículas suspendidas liberadas tras la combustión del carbón.
“Cuanto más pequeñas, más peligrosas. Quedan suspendidas en el aire por más tiempo y penetran más profundamente en los tejidos”, explicó Magnani sobre las partículas derivadas de la combustión. Según detalló, ingresan al cuerpo principalmente por la nariz, la boca y los ojos, aunque también pueden atravesar la piel y acumularse en distintos órganos. “En nuestras investigaciones vimos que se concentran especialmente en el corazón y el cerebro, aunque también en otros órganos, lo que podría estar vinculado a distintos tipos de cáncer”, agregó.
AES Argentina aseguró que su sistema integrado de gestión “está en funcionamiento desde hace más de 15 años” y que registra series históricas sobre seguridad, salud laboral y medio ambiente. En sus reportes de sustentabilidad, la empresa sostiene que mantiene valores por debajo de los límites normados para distintos componentes derivados de la combustión. Aun así, vecinos de barrios cercanos continúan denunciando enfermedades y otros padecimientos vinculados al polo industrial.
Desde hace años, habitantes de San Nicolás sostienen que el polo industrial podría estar asociado a problemas crónicos de salud en la zona, desde casos de EPOC, asma y dermatitis hasta muertes por cáncer. Entre los antecedentes mencionados con mayor frecuencia aparece la explosión ocurrida en 2024 en Atanor, que liberó componentes nocivos sobre barrios cercanos.
“Me acuerdo que, al poco tiempo de mudarnos acá, se me declaró el asma. Tenía 7 años”, contó Iván Nappsomoza, de 34 años, vecino del barrio Saavedra, ubicado a menos de dos kilómetros de la planta. Tras la muerte de sus padres por cáncer, él y su madre iniciaron una demanda contra AES Argentina por daño ambiental colectivo. Según relató, su madre padecía carcinoma endometrial mixto, una enfermedad que sus oncólogos asociaron con la contaminación del barrio. Iván asegura sufrir asma severa y dermatitis crónica.
En una recorrida de LA NACION por la zona cercana al polo industrial predominaba un intenso olor metálico y sulfurado. Siete vecinos afirmaron que la exposición a químicos es permanente y describieron síntomas similares: problemas respiratorios, dermatitis y casos de cáncer en familiares y allegados. Fue la oncóloga de la madre de Iván quien le recomendó a Fabián Maggi, abogado especializado en causas de contaminación ambiental en ese polo industrial.
Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y querellante en la causa contra AES Argentina, remarcó la opacidad en el control ambiental sobre las empresas instaladas allí y apuntó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua bonaerense y a las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud bonaerense, los datos disponibles no muestran más casos asociados a la contaminación ambiental en San Nicolás que en otros lugares. Sin embargo, varios testimonios recopilados señalaron que fueron atendidos en hospitales de otras provincias o de la ciudad de Buenos Aires, porque a nivel local los tratamientos resultaron insatisfactorios.
“Fue después de la demanda que pudimos obtener datos de emisiones de AES. No había nada público y tampoco tenían medidores. A pesar de las múltiples sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los controles ambientales de la provincia son muy laxos”, sostuvo Maggi.
Pero desde la empresa niegan que los argumentos de Maggi sean verosímiles. “En relación a la causa judicial, no se demostró la validez de los alegatos. Hemos respondido en tiempo y forma a los compromisos asumidos, los cuales son superiores a los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente”, indicaron. En los dos informes de sustentabilidad publicados por la empresa se muestran valores normales de estos químicos.
El Ministerio de Ambiente bonaerense aseguró que monitorea el Polo de San Nicolás y que su laboratorio móvil puede evaluar la calidad del aire ante denuncias. Sin embargo, no respondió sobre los cuestionamientos planteados en la causa.
Por su parte, AES Argentina se comprometió desde fines de 2024 a realizar controles semestrales en el marco de la demanda judicial. Pero el abogado Maggi denunció ante la Justicia que la empresa no habría cumplido “adecuadamente” con la presentación de información sobre el monitoreo del agua y el aire.
Consultada, la jueza María Eugenia Sormani respondió que no daría declaraciones sobre causas en curso. La investigación judicial avanza lentamente, pero la chimenea de la planta no espera, continúa activa sobre barrios que todavía reclaman respuestas.
Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy es senadora, sintetizó: “AES planteaba ir bajando su huella de carbono e ir retirándose, pero eso no fue más que una charla”. No hubo una hoja de ruta pactada y la interlocución abierta para evitar despidos se fue diluyendo.
Esa preocupación sigue presente. En diciembre de 2025, Genesio reconoció la inquietud por el empleo y afirmó que no habría despidos al menos hasta diciembre de 2026 en un evento de fin de año que compartió con el secretario del sindicato de Luz y Fuerza, seccional San Nicolás, Alberto Noguera. 
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La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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ACUMAR aprobó un plan integral de reforestación para toda la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 17/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Dirección General de Gestión Política y Social del organismo oficializó el Plan Integral de Reforestación (PIR), que contempla especies nativas para las zonas alta, media y baja de la cuenca y se enmarca en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en la causa "Mendoza"
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) aprobó este jueves, a través de su Dirección General de Gestión Política y Social, el "Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo" (PIR). La medida, oficializada mediante la Disposición 1/2026 y firmada por el director general Cristian Botana, se enmarca en el "Programa de Multiplicación de Especies Nativas, Talleres de Huerta y Mitigación de la Huella de Carbono" (MENTaHC), aprobado en 2024 por el organismo.
Según los considerandos de la norma, el plan busca dar cumplimiento a los tres objetivos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó a ACUMAR en el fallo dictado en 2008 en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios": la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición ambiental y la prevención de daños. En particular, la disposición señala que el plan se vincula con la manda judicial de limpieza de márgenes del río y con la transformación de la ribera en un área parquizada.

ACUMAR lanzó un plan integral para reforestar la Cuenca Matanza-Riachuelo
El PIR se propone, según el anexo aprobado, la "restauración integral de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)", con foco en la recomposición del paisaje nativo, el aumento de la biodiversidad y la mejora de la calidad socioambiental. El documento detalla que gran parte de los ambientes de la cuenca se han empobrecido respecto de su fisonomía original, en parte por el avance de especies exóticas invasoras como la acacia negra y el ricino, que reducen el espacio vital de la flora nativa.
La cuenca Matanza-Riachuelo es una región hídrica de unos 2.200 km² , que mide 64 km, nace en la provincia de Buenos Aires, marca el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. El plan divide la cuenca en tres zonas con características ecológicas propias (baja, media y alta) e incluye un listado de flora autóctona apta para cada una de ellas, distribuido en árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas. Entre los sitios de intervención previstos figuran espacios verdes públicos, áreas protegidas, zonas de influencia cercanas a esas áreas, sitios de valor ambiental, arborización lineal urbana y periurbana, biocorredores viales y ferroviarios, e intervenciones institucionales y particulares, como reforestación en hospitales, clubes, escuelas o huertas comunitarias.
La norma también fija criterios de intervención que incluyen la evaluación previa del sitio, la capacitación técnica a la comunidad, la conformación de equipos de trabajo para el control de especies exóticas invasoras y la promoción de la participación activa de las comunidades locales en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta el monitoreo.
La ejecución del plan quedará a cargo de la Coordinación de Gestión de Áreas Protegidas, con supervisión de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Territorial, ambas dependientes de la Dirección General de Gestión Política y Social.
El anexo también prevé estrategias de mantenimiento diferenciadas según el tipo de sitio, capacitaciones dirigidas tanto a equipos ya abocados a tareas de restauración como a comunidades organizadas interesadas en sumarse, y un esquema de monitoreo y seguimiento que contempla la recolección de datos ecosistémicos y sociales. La disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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El plástico ya llegó a la alta montaña y científicos buscan medir su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de especialistas chilenos y argentinos trabajan en un proyecto internacional que analiza la presencia de macro y microplásticos en glaciares, montañas y la Puna.
La contaminación por plásticos ya no se limita a las ciudades, los ríos o al mar, como registraron especialistas en el fondo del Mar Argentino. Un proyecto internacional que llevan adelante Argentina y Chile busca determinar hasta qué punto estos residuos llegaron a algunos de los ecosistemas de alta montaña más remotos de la región, como el Aconcagua, el Parque Nacional Los Glaciares, el Cerro Catedral y la Puna jujeña.
La iniciativa se llama “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, comenzó en 2025 y es financiada por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). 
En Argentina, el trabajo es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través del Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur (CRBAS), con la participación de especialistas en plásticos, química y ambiente.
El objetivo es ampliar el conocimiento sobre la presencia de macroplásticos -residuos de más de cinco milímetros- y microplásticos, partículas de menor tamaño que pueden dispersarse por el aire, el agua y el suelo, incluso en ambientes alejados de las actividades humanas.

Dónde se realizó la investigación
En el país, el proyecto incluyó relevamientos en cuatro sitios piloto: el Cerro Catedral, en Río Negro; el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y las localidades de Susques y Paso de Jama, en Jujuy.
En cada uno de estos puntos se realizaron muestreos de microplásticos en cuerpos de agua y relevamientos de macroplásticos en zonas terrestres mediante transectos. Además, se desarrollaron jornadas de capacitación y sensibilización con instituciones, investigadores y comunidades locales para abordar el impacto de estos residuos sobre los ecosistemas de montaña.
La información obtenida permitirá comparar los resultados con los relevamientos realizados en Chile y contribuir al desarrollo de futuras estrategias conjuntas para la protección ambiental en ambos países.

Más información sobre la contaminación por plásticos
La última etapa del trabajo de campo se desarrolló en las localidades jujeñas de Susques y Paso de Jama, una zona estratégica por su cercanía con el paso fronterizo hacia San Pedro de Atacama, en Chile.
Durante las tareas se recolectaron cerca de 30 kilos de residuos sobre la Ruta Nacional 52, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía a plásticos.
Además, los investigadores realizaron muestreos de agua superficial en el río Pastos Chicos utilizando redes de fitoplancton con una malla inferior a 50 micrones. En cada punto se filtraron alrededor de 200 litros de agua para detectar la posible presencia de microplásticos.
Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires, donde serán analizadas para identificar tanto la composición de los macroplásticos recolectados como la existencia y el tipo de microplásticos presentes en el agua.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos, acompañamiento territorial y logística durante las campañas de campo. También participaron la iniciativa provincial GIRSU e investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.
Los resultados permitirán comprender mejor cómo llegan los residuos plásticos a ecosistemas considerados remotos y aportar información científica para fortalecer las políticas de conservación en la región andina.
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