Rescataron dos carpinchos de un lugar que vendía ''milanesas de capibara''

Fecha de Publicación: 05/05/2025
Fuente: Portal NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe


Una denuncia anónima derivó en un operativo ambiental que expuso un caso de maltrato animal y tráfico de fauna silvestre en una localidad santafesina.
Un operativo policial realizado en Pueblo Esther, Santa Fe, reveló un caso de tenencia ilegal y faena de fauna silvestre tras una denuncia anónima. En el lugar, los agentes encontraron dos crías de carpincho en malas condiciones sanitarias, encerradas en una jaula pequeña. Además, en el freezer de la vivienda se hallaron restos de un carpincho adulto y seis nutrias ya faenadas, presuntamente destinadas a la venta como alimento.
Durante el allanamiento, encabezado por la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de Rosario, también se incautaron milanesas elaboradas con carne de carpincho listas para la comercialización. La justicia dispuso el secuestro de todos los restos animales y ordenó el traslado de los ejemplares vivos a una clínica veterinaria.
El caso abrió una causa por presunta violación a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y la ley provincial 4830, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin habilitación.
Este hecho se suma a un antecedente reciente en la Ciudad de Buenos Aires, donde un comercio de Villa Crespo fue clausurado por vender carne de carpincho y chivo sin autorización, lo que refuerza la preocupación por el avance del tráfico ilegal de especies nativas.
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Medio ambiente: reclaman una implementación más flexible de la Ley de Bosques en el norte de Santa Fe

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Portal AireDeSantaFe
Provincia/Región: Santa Fe


En Las Gamas, funcionarios y productores expusieron la necesidad de adecuar la normativa a las condiciones locales. Plantearon cambios que permitan compatibilizar la producción con la conservación del ambiente.
Durante una jornada de capacitación sobre la Ley de Bosques, en el Centro Operativo Las Gamas, volvió a plantearse el condicionamiento para los establecimientos del departamento Vera que implica la normativa y la necesidad de adaptar su implementación para estimular la economía en el norte de Santa Fe.
    
El desafío de equilibrar producción y medio ambiente en el norte de Santa Fe
El miércoles 23 de abril, la actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
La actividad contó con la presencia de Germán Falo, subdirector de Bosques y Áreas Protegidas; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería; Facundo Méndez, director de Ganadería; el diputado Sergio Rojas; el asesor técnico Facundo Ferraris y la intendente de Vera, Paula Mitre.
En ese contexto, Mántaras volvió a poner foco en la aplicación de la Ley 26.331, como había hecho el año pasado durante la exposición rural de Vera, cuando planteó que la actividad en la zona está “restringida por la aplicación de una Ley de Bosques que debe ser reformulada especialmente para esta zona”.
La actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
Ahora, sostuvo que con más de una década en vigencia es “un momento para revisar qué implicancias y qué alcances ha tenido en la provincia”. Consideró que al ser “pensada desde Buenos Aires”, la norma no contempla “la idiosincrasia, cómo es el ambiente y cómo es el interior productivo”.
Por esto, dijo que entre las carteras de Producción y Medio Ambiente tienen la responsabilidad de “anclar esas leyes, a veces abstractas, que terminan siendo una complicación para un ciudadano del interior productivo, de zonas boscosas, de zona de montes, para hacerlas aplicables, si no, son letra muerta”.

La importancia de adaptar las normativas ambientales al modelo ganadero de Vera
Al momento de trazar un diagnóstico, el funcionario aseguró que actualmente “es una ley de escasa aplicación en la provincia de Santa Fe, más con un perfil sancionatorio y con pocos planes de manejo”. Por lo tanto, para extender la implementación e incrementar los planes de manejo se requiere “hacer foco en el sujeto; no hacer tanto foco en el ambiente sino cómo una persona puede vivir y realizarse en ese ambiente y para poder realizarse necesita producir”.
Mántaras agregó que, a raíz de inconvenientes operativos en la aplicación, “habría que repensar algunos términos”. También señaló la necesidad de “cambiar el enfoque”, porque el productor percibe que la Ley es persecutoria y lo trata “como un delincuente”.
De todas formas aclaró que “inclusive con sus defectos” es un marco legal que, si se trabaja en conjunto con todos los actores, “nos da herramientas para generar actividad productiva en un ambiente natural”.

Cómo impacta la Ley de Bosques en la ganadería de Vera y su economía regional
Por su parte, Sebastián Volkart, vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, también remarcó que al sancionarla “no se tuvo en cuenta la idiosincrasia de la gente que desde siempre trabajó en el monte produciendo leña y carbón”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar y por lo tanto, su actividad está muy condicionada, siendo marginal o prácticamente nula”, agregó.
Aclaró también que “en esta zona no se percibe el avance agrícola porque en la cuña boscosa nadie desmonta para sembrar soja, dado que es una zona básicamente ganadera”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar", dijo Sebastián Volkart.
Consideró que “reuniones como la de Las Gamas son importantes porque asesoran sobre el plan de manejo, pero siempre hemos sido críticos de la ley vigente por cuanto los fondos nacionales no contemplan el lucro cesante de las superficies que no se pueden explotar”.
En esta línea sumó el agravante de que “la Ley 26.331 es sancionatoria en su aplicación porque, en cierta medida, provoca la descapitalización de los productores del departamento Vera, teniendo en cuenta el detalle de que somos segundos productores de carne a nivel provincial”.
A tal efecto se manifestó a favor de trabajar coordinadamente con las distintas áreas con el fin de articular la tarea que involucre a productores e instituciones para adecuar el manejo del bosque con ganadería integral incorporando prácticas innovadoras.
Por último, el dirigente ruralista consideró importante contar con referentes territoriales que actúen en función de la realidad y el potencial productivo que ofrecen los campos de la Cuña Boscosa.
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Santa Fe: confirman que los agrotóxicos dañan la salud y fijan mil metros sin fumigaciones

Fecha de Publicación: 22/04/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Santa Fe


El Poder Judicial de Santa Fe reconoció que los agrotóxicos producen daño genético en las personas y confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las viviendas. La causa fue impulsada por una familia de la comuna de Piamonte. La sentencia señala que la ley provincial está desactualizada (respecto a los agroquímicos) y siente un importante precedente judicial.
Fallo resolvió prohibir la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la Comuna de Piamonte en la Provincia de Santa Fe.
La Corte Suprema de Santa Fe dejó firme una sentencia que reconoce el daño genético causado por los agroquímicos, ordena una distancia mínima de 1000 metros para las fumigaciones en la comuna de Piamonte y señala que se fomente la agroecología en la zona de resguardo. La decisión del máximo tribunal provincial obliga a esa localidad santafesina a tratar una ordenanza que ajuste la legislación local al fallo y marca la necesidad de una reforma de la ley provincial. "A partir de este momento, la sentencia podrá ser invocada en toda Santa Fe para establecer otras distancias que alejen las fumigaciones y permitan la defensa de la salud, la vida y el ambiente", destacó la abogada Eugenia Boccio, representante de la familia que accionó contra el Estado provincial, la comuna y los productores del agronegocio.
La causa se inició en 2016, cuando la familia Córdoba presentó un recurso de amparo ambiental por afecciones en su salud por la pulverización con agrotóxicos. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge, reconoció el derecho a incluir pruebas en los recursos de amparo y, con base en las pericias ofrecidas, tuvo en cuenta el daño genotóxico que producen los herbicidas. A partir de ello estableció el límite de 1.000 metros y declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Provincial 11.273, que regula la materia, y de la Ordenanza 9/20 de Piamonte. La provincia, la comuna y los productores apelaron la decisión judicial pero la Corte Suprema de Santa Fe dejó firme el fallo.
La decisión de Primera Instancia hizo énfasis en la necesidad de que haya controles (por parte de la comuna y de la provincia) cerca de la vivienda de la familia afectada, extensiva a los centros recreativos, de educación y de salud, especialmente en el área contigua a la zona de prohibición de las fumigaciones. También ordena que se controlen los silos y galpones que existen en la jurisdicción de Piamonte, teniendo en cuenta la Resolución Provincial 177 de 2003, que señala —entre otros requisitos— que estos espacios deben contar con cortinas forestales que limiten la proliferación de polvillo. Además, prohíbe que maquinarias como mosquitos y pulverizadoras transiten por el pueblo.
Los denunciados durante el juicio fueron la Comuna de Piamonte y los titulares de los silos, plantas de acopio y galpones que se emplazan en el pueblo: Iván Carignano, Luis y Roberto Cravero, Octavio Camusso, Román Vaira, Claudio Fiorito, la Cooperativa de Pellegrini y la Cooperativa de María Susana. El objetivo fue que se prohíban las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de todo el ejido urbano de Piamonte y específicamente de su vivienda. En la causa presentaron pruebas médicas de la afectación que las fumigaciones generaron en la salud de la familia, y en particular en la pequeña Abigail Córdoba, de 9 años.
Boccio explicó que el grupo familiar observaba situaciones la salud. “Hablamos de 'pluricontaminación' porque en Piamonte el ambiente está contaminado por distintas actividades relacionadas con el modelo agroindustrial: campos linderos a las viviendas que son fumigados, silos y acopios donde se guardan los granos y los tóxicos que se utilizan para el agro y circulación por el pueblo de maquinaria dedicada a la pulverización”, afirmó.
Con el amparo judicial se reclamó el cese de la contaminación y el resguardo del derecho al ambiente sano. El juez de primera instancia, Daniel Zoso, valoró para su sentencia dos pericias claves: una vinculada a los efectos en la salud de los agrotóxicos y otra sobre la posibilidad de implementar la agroecología en la localidad.
La localidad de Piamonte, de unos 3.500 habitantes, es cercana a Zenón Pereyra, a San Jorge y a Sastre y Ortiz, donde otros fallos judiciales también limitaron el uso de agrotóxicos.

Reconocimiento del daño genético causado por los agrotóxicos
La pericia médica incluida en la causa determinó que la familia presenta daño genético, sobre todo las mujeres y en particular Abigail. “Es la única niña en el núcleo familiar, de 9 años de edad. Según el examen físico, es una niña saludable, eutrófica (con buen estado de nutrición), escolarizada, que realiza deportes en el club del pueblo. Sin antecedentes patológicos personales desde su nacimiento hasta los 5 años, que comienza con broncoespasmos respiratorios a repetición”, destaca. E informa que dio positivo en estudios de genotoxicidad (daño en el ADN) y que esos valores se deben a la exposición a agroquímicos. La perito médica marca que el daño genético durante la infancia es predictivo del desarrollo de cáncer en adultos sanos.
El grupo familiar realizó las pruebas de laboratorio denominadas científicamente de "micronúcleo" y "aberraciones cromosómicas", ambas realizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ante estas pruebas, el magistrado valoró: “Corresponde atenerse a las conclusiones de la experta toda vez que dicho dictamen no se ha basado en meras abstracciones para emitir sus conclusiones sino que han suministrado los antecedentes, explicaciones y estudios que justifican con razonable convicción sus opiniones, las que encuentran un adecuado soporte técnico–científico”.
El juez también tuvo en cuenta los resultados de los “campamentos sanitarios” realizados por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos informes dan cuenta de que la matriz productiva en los pueblos de la zona, ligada a la actividad agroindustrial, se expresa a través de la fumigación y el uso de agroquímicos. En esos campamentos se evidenciaron patologías que pueden estar vinculadas a la exposición con agrotóxicos.
El fallo cita otros estudios que confirman que los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “Esta afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario”, subraya el juez.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”, es otro de los estudios citados que muestra el daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta 20 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo. Otra de las investigaciones citadas, realizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en pueblos rurales de Córdoba y llamada "Genotoxicidad del AMPA" (metabolito ambiental del glifosato), confirma que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana.
“Estos informes, pericias, documentaciones y datos suministrados permiten comprender la complejidad de la causa y la nocividad de estos productos químicos en la salud de las personas, lo que amerita una intervención jurisdiccional para evitar o mitigar los posibles daños que se están causando”, concluyó el juez.

La agroecología como alternativa en Piamonte
La segunda pericia valorada en la causa fue realizada por el ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo. Indica que la transición hacia la producción agroecológico en el periurbano de la localidad implica un proceso complejo, que debe ser direccionado. Señala que las entrevistas a los distintos actores de la localidad (productores, asesores y autoridades gubernamentales) dan cuenta del desconocimiento respecto de las vías para iniciar un proceso de transición agroecológica.
Afirma que es prioritario definir un plan de trabajo que plantee los pasos a seguir para producir de forma agroecológica. Y que, para iniciar un proceso de transformación productiva, sería recomendable seguir el camino que han transitado otras localidades del país y de la provincia. Estos procesos deben ser colectivos, participativos y contar con acompañamiento del Estado y de otros actores presentes en la zona.
“Se puede concluir que resulta factible y viable la realización de prácticas agroecológicas que permitan dejar de utilizar agroquímicos nocivos, que afectan el derecho a la salud de los vecinos de la comuna de Piamonte sin que con ello se afecte en demasía el derecho de propiedad de los productores y arrendatarios”, resuelve el fallo.
Esta pericia demostró que el modelo de producción hegemónico afecta el ambiente de distintas formas. Boccio precisó que el suelo de Piamonte perdió materia orgánica (capacidad de fertilidad) en un 20 por ciento y que disminuyó su capacidad de absorción del agua. “También mostró que la agroecología no es solo una práctica productiva sino que implica una recomposición socia. Y que la prohibición de la fumigación no es impedimento para la producción agraria, porque otros modos de producción son viables”, enfatizó.

Una ley obsoleta e inconstitucional
La sentencia judicial estableció la inconstitucionalidad de dos artículos (33 y 34) de la Ley 11.273, que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe. Los mismos establecen una distancia de exclusión de 3.000 metros para la fumigación aérea con productos fitosanitarios A y B, considerados de riesgo para la salud. Sin embargo, la normativa permite “excepcionalmente” la aplicación aérea de productos C y D, de “riesgo moderado y bajo”, dentro de los 500 metros de las zonas urbanas, cuando exista una ordenanza que lo autorice o en los casos que lo establezca la reglamentación de la ley.
En lo que refiere a las aplicaciones terrestres, la normativa lo prohíbe dentro del radio de 500 metros para los productos de clase toxicológica A y B (de riesgo alto), pero no lo prohíbe para los C y D (de riesgo bajo o moderado). En el decreto reglamentario se tratan las “excepciones” respecto a las fumigaciones aéreas. Y permite las fumigaciones aéreas con productos C y D dentro de los 500 metros, cuando las condiciones del terreno impidan hacerlo por la vía terrestre. También permite fumigar de forma aérea con productos B en el área comprendida entre los 500 y los 3.000 metros cuando no existieran en el mercado productos equivalentes de clases toxicológicas C o D.
El fallo destaca que la ley (de 1995) se basa en una clasificación toxicológica por letras que quedó en desuso en 2009. En relación al glifosato, cita la Resolución 350/99 del Senasa que lo clasificaba dentro del grupo de agroquímicos de improbable riesgo agudo (clase IV), es decir que no ofrecía peligro. Sin embargo, dicha Resolución fue derogada en 2012 por la Resolución Senasa 302. Ese mismo año, el glifosato pasó de ser considerado clase IV (producto que normalmente no ofrece peligro) a clase III (ligeramente peligroso).
Pese a que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, el Senasa no volvió a reclasificarlo. Este tóxico sigue siendo considerado clase III o IV (“C” o “D”, para la ley vigente), es decir “poco peligroso”. “Esto provoca que, según el artículo 34 de la ley se permita la aplicación de productos de clase C y D dentro del rango de exclusión, lo que se traduce en que se pueda fumigar con glifosato dentro de los 500 metros que permite la reglamentación”, cuestiona el juez. Y observa que esta situación contradice el principio de resguardo ambiental de la Constitución Nacional.
Según el fallo, la letra de la ley provincial es lo que termina recogiendo la Ordenanza 9/20 de Piamonte, que establece un ordenamiento de los permisos para fumigar según la vieja clasificación. Por este motivo, también la declara inconstitucional y exhorta al gobierno comunal a que sancione una nueva ordenanza.
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Piden pasafaunas en la ruta que une Rosario y Victoria para evitar que los animales sean atropellados

Fecha de Publicación: 09/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Decenas de organizaciones ambientalistas elevaron un pedido a la Secretaría de Transporte nacional para que el nuevo concesionario de esa traza sume sistemas similares a los que ya funcionan en Misiones
La Ruta Nacional 174 que une a Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos) tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses. A cambio de explotar esa traza, deberá realizar diversas obras de mantenimiento, según se desprende del pliego que dio a conocer Vialidad Nacional en una audiencia pública desarrollada a principios de marzo en la ciudad entrerriana. Sin embargo, decenas de organizaciones ambientalistas piden que se incluya, entre las obligaciones del nuevo concesionario, la instalación de pasafaunas que contribuyan a disminuir las muertes por atropellamientos de animales que se dan sobre esa ruta que atraviesa buena parte de los humedales del Delta del Paraná.
Se necesita con urgencia que el pedido de las organizaciones sea atendido por el secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta, ya que la actual concesión vence el próximo martes y todavía no se definió este punto mencionado por el que reclaman más de 70 organizaciones.
La solución sería que se replique la experiencia de Misiones. En diversas rutas de esa provincia se instalaron puentes y túneles para que la fauna pueda seguir movilizándose sin verse afectada por el paso de autos.
Tal vez el pasafaunas más conocido sea el “ecoducto”, un puente con vegetación selvática que se extiende sobre la Ruta Nacional 101 en Misiones. Pero el pedido es tal vez más simple, ya que la idea principal para el ecosistema de humedales es el desarrollo de túneles por debajo de la traza.

Túneles adaptados
“Los pasafaunas se pueden adaptar a los territorios y a los animales que viven en ellos”, explicó a TN Franco Peruggino, referente del refugio MundoAparte de Rosario, que vio pasar por sus instalaciones decenas de animales atropellados en esa ruta que llegan para ser rehabilitados en el mejor de los casos.
Y agregó: “Proponemos que sean túneles que se camuflen con vegetación natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. De esta manera, pasarían por abajo de la ruta y no buscarían hacerlo por arriba de la calzada”.
El referente del refugio fue uno de los presentes en la audiencia pública de principios de marzo, en la que presentaron el plan, brindaron detalles a las autoridades con informes adjuntos e incluso les facilitaron un mapa en el que marcaron puntos críticos donde podrían emplazarse los pasafaunas.
Peruggino resaltó que la empresa que gane la licitación tendrá derecho a la concesión de la traza por los próximos 30 años y es por eso la urgencia de que se incluya este punto entre las obligaciones que contraiga la nueva firma. No quieren que vuelva a pasar un período tan largo para discutir la cuestión: “Quisiéramos que entre las obras que deben hacer incluyan los pasafaunas. Y que instalen, al menos, uno por año”.

Buenos resultados en Misiones
La idea que buscan replicar en la Ruta Nacional 174 tiene su origen en las trazas de Misiones. Los primeros pasafaunas datan de la década de 1990, aunque se siguen instalando hasta hoy.
Para analizar si los animales hacían uso de las estructuras se llevaron a cabo diversas investigaciones con cámaras trampa y los resultados fueron positivos, detalló a TN el biólogo Diego Varela, que forma parte del Instituto de Biología Subtropical del Conicet en Puerto Iguazú.
“A medida que pasan los años, tuvimos muy buenos resultados de especies que van utilizando los pasos de fauna a medida que la vegetación en torno a esas estructuras se va recuperando”, explicó quien, además, es presidente del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba). Y sumó que no sólo hay más especies que lo usan, sino que, además, aumenta la tasa de uso de los pasafaunas.
Otra de las estructuras que dieron sus frutos fueron las alcantarillas. En nada se parecen a las clásicas estructuras que existen en las ciudades, sino que se trata de ductos desarrollados hace unos 50 años y que se hicieron para el drenaje de agua en una de las rutas que pasa por el Parque Nacional Iguazú. En ese sentido, Varela aseguró que encontraron que varios animales las usaron también como pasafaunas: “Registramos cruces de yaguaretés, osos hormigueros y de ocelotes, que son especies amenazadas”.

Seguridad vial
Si bien la conservación de la fauna es uno de los puntos principales de la instalación de los pasafaunas, el biólogo destacó que la seguridad vial es un factor fundamental a la hora de pensar incorporar este tipo de estructuras en rutas que atraviesan ecosistemas con mucha presencia de animales.
Sobre todo, hizo hincapié en los graves perjuicios que pueden ocasionarse a partir del cruce accidental entre un automovilista y un animal grande: “Atropellar a animales grandes, como por ejemplo los carpinchos, puede convertirse en un accidente muy serio con heridos o muertos. El trabajo sobre la interacción de la fauna silvestre en rutas va más allá de la conservación de especies”.
“Los pasafaunas que se instalan en países de primer mundo derivan de cuestiones vinculadas a la seguridad vial”, añadió.

Mapeo nacional
Actualmente, no hay datos certeros sobre la cantidad de atropellamientos de fauna que se dan en las rutas de Argentina.
Para intentar llenar ese vacío, Varela coordina, junto a otros especialistas, la iniciativa de ciencia ciudadana denominada Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada. Se trata de un sitio que se nutre a partir de la colaboración de personas que registran y cargan en un mapa colaborativo casos de atropellamientos de fauna en rutas de todo el país.
La premisa del proyecto, contó el biólogo, es “visualizar el problema a nivel nacional y poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Mientras más datos tengamos, podremos generar mejores recomendaciones para mitigar el impacto de los atropellamientos sobre la fauna”.
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Se viene el "mapeo" del arroyo Ludueña para identificar puntos críticos de contaminación

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La actividad la organiza el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial y será libre, con inscripción previa. Cómo anotarse
 El arroyo Ludueña tendrá idenfiticados sus puntos críticos y pormenorizadas sus problemáticas ambientales a partir del "mapatón" que organiza el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. La actividad será el próximo martes 1º de abril y es con inscripción previa.
Desde la cartera provincial indicaron que en la jornada, que se desarrollará el martes 1º de abril de 17 a 19, se buscará contribuir a la confección de una "cartografía participativa" que permita identificar riesgos, puntos críticos y problemáticas ambientales de la cuenca. Además, se busca mapear y pensar posibles soluciones.
 La actividad será en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario (Santa Fe 1950). Quien desee inscribirse, puede hacerlo ingresando a este enlace.

La contaminación del arroyo Ludueña
La contaminación del arroyo se visibiliza, sobre todo, luego de las lluvias en la región. La crecida arrastra residuos y hasta animales muertos hasta la desembocadura en el río Paraná. Lo más visible es lo que ocurre aguas abajo pero el punto de partida de la grave situación que atraviesa el curso debe analizarse aguas arriba.
La cuenca del arroyo Ludueña incluye a los canales Salvat e Ibarlucea e involucra a las localidades de Rosario, Roldán, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Ybarlucea, Ricardone, Pérez, Zavalla y Pujato, entre otras.
Para ver las complicaciones sobre el arroyo Ludueña, se pueden dividir en dos grandes zonas el accionar de cada grupo que afecta al curso de agua: en la zona alta y media hay dominio de usos agrícolas, mientras que en la zona baja del arroyo los problemas surgen no solo por estas cuestiones y por la injerencia de industrias sino, sobre todo, por las urbanizaciones recientes que se dieron en torno a la cuenca.
En noviembre del año pasado, el gobierno provincial presentó un plan de abordaje integral sobre el arroyo Ludueña y desde el Ministerio de Ambienteseñalaron que el abordaje será desde una perspectiva socioambiental. Enumeraron que los principales problemas que enfrenta la cuenca del arroyo son los cambios de uso del suelo (con sus consecuentes posibles inundaciones), los vertidos no autorizados y los microbasurales, entre otras cuestiones.

Retiro de basura
En los primeros meses del 2025, tras diversos trabajos realizados sobre la cuenca del arroyo Ludueña por ministerios de Obras Públicas; Justicia y Seguridad; e Igualdad y Desarrollo Humano; Aguas Santafesinas y la Municipalidad de Rosario, además del Ente Metropolitano (Ecom) y el Instituto Nacional del Agua (INA), se retiraron unas 500 toneladas de residuos sólo en el tramo noroeste de la ciudad.
Entre los residuos recolectados, predominaron papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, materia orgánica, desechos sanitarios, electrodomésticos viejos o estropeados, muebles y enseres, aparatos eléctricos y electrónicos y ropa usada.
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Exigen control sobre frutas y verduras en Rosario ante la detección excesiva de agroquímicos

Fecha de Publicación: 18/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En 2023 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Senasa debía extremar los controles sobre los alimentos en la zona, pero aún no se cumple en su totalidad
Un abogado, acompañado por el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, reclamó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) controle y evalúe de forma eficiente y eficaz los químicos de las frutas y verduras que se venden en los mercados de Rosario, desde donde distribuyen los alimentos a los comercios de la ciudad y alrededores.
Hace casi 10 años, el abogado rosarino Enrique Zárate comprobó que las frutas y verduras que se consumían en Rosario estaban contaminados con plaguicidas y otros agrotóxicos perjudiciales para la salud. Esa prueba sirvió para hacer una presentación judicial para que el Senasa se haga cargo de evaluar los alimentos y dejar un registro público.
Días atrás, Zárate presentó ante la Justicia un pedido explicito para que se lleven adelante los controles y las publicaciones correspondientes. "La información que ofrece el Senasa es deficitaria y deja de lado algunos elementos que deben ser considerados", explicó el letrado a La Capital.

Reforzar los análisis
Esta semana fue el propio Zárate que solicitó una revisión de las mediciones que el Senasa desarrolla. El abogado explica que se utilizó cromatografía líquida (HPLC), considerada menos precisa que la cromatografía de gases (GC-MS) para la detección de plaguicidas, esto deriva a un margen de error de un 50%. Además, en los ocho estudios que se realizaron en los últimos 120 días no se analizó ni frutas en cantidad ni cereales, a pesar de su importancia en la dieta diaria.
En concreto en la última medición se tomaron muestras de papa, zanahoria, zapallo, pimiento y tomate (la única fruta) sin detectar plaguicidas en ninguna de las muestras. Ante esta situación, Zárate se plantó y puso en duda esos resultados, ya que se habían detectado estos agroquímicos, algunos prohibidos, en visitas anteriores. Además, puso como ejemplo los mercados de Tucumán donde se encontraron residuos de plaguicidas en varios productos, como pimiento, tomate y zanahoria, incluyendo Acetamiprid, Tebuconazole, Imidacloprid, entre otros.
En otro orden, Zárate citó a las muestras realizadas por la provincia de Santa Fe, las cuales mostraron un 37% de desviaciones de uso, es decir, presencia de plaguicidas no permitidos o en concentraciones inadecuadas en zanahoria o zapallito, por ejemplo.

Cuándo se presentó el reclamo judicial
El periplo por la Justicia federal comenzó en 2016. Presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, finalmente la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que avaló en 2023 el reclamo de Zárate dando lugar a los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley General de Ambiente N° 25.675, que garantizan el derecho de toda persona a un ambiente sano y el acceso a información sobre la calidad de los productos alimenticios. Sin embargo, casi siete años después, La Capital recorrió la web oficial del Senasa sin encontrar informes referidos al tema.
“Acá un organismo estatal estuvo litigando, como varias otras áreas del Estado, para no hacer lo que tiene que hacer. Si pusieran esa energía en hacer los controles, los resultados serían diferentes”, explicó Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que acompaña de cerca el reclamo del abogado denunciante.
La Justicia resolvió que, a través de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal del Senasa, se realicen seis inspecciones y 24 monitoreos anuales sobre frutas, verduras, hortalizas de tráfico federal que se comercializan en el Mercado de Productores de Rosario y en el Mercado de Concentración de Fisherton. En este sentido, instó al organismo estatal a coordinar esfuerzos con autoridades provinciales y municipales para realizar las evaluaciones y minimizar la presencia de contaminantes en los alimentos.
Además, la jueza federal Sylvia Aramberri exigió garantías para el acceso a la información, según la ley N° 27.275, obligando al Senasa a publicar los resultados de los relevamientos para dar conocimiento a la comunidad.

Controles en frutas y verduras
A pesar de que Senasa aseguró realizar informes del estado de los alimentos en relación con químicos, la Justicia evaluó que se trataban de trabajos insuficientes. Bajo esta mirada, uno de los puntos más relevantes del fallo fue la inclusión del glifosato en los monitoreos, una cuestión la dependencia del Estado intentó evitar alegando que su uso se concentra en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo y no en hortalizas. Sin embargo, la jueza consideró que su presencia debía ser analizada en las muestras tomadas en los mercados rosarinos.
De Bueno destacó que la importancia de la sentencia recae en reconocer las pruebas, “las mismas que mostraban que los alimentos que consumen todos los rosarinos estaban excedidos en cantidad de químicos y de hidroquímicos”. En esta línea, reconoció: “Es importante que los ciudadanos podamos consumir estos alimentos libres de cualquier químico contaminante”.
El Área de Política Ambiental de la UNR se puso a la par de Zárate para “poder hacer efectiva la sentencia” y De Bueno exigió una Justicia especialista en temas ambientales. “El problema que tiene el derecho ambiental principalmente es la eficacia de los fallos de la Corte, que se dictan y muchas veces quedan en la letra del fallo y es difícil llevarlo a la práctica”, reclamó.
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La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Bermúdez sigue en disputa judicial

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: El Litorial
Provincia/Región: Santa Fe


Tras un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que cerró la investigación penal, los fiscales buscan revertir la decisión en la Corte Nacional. Según la información a la que pudo acceder El Litoral, también evalúan acudir a organismos internacionales para evitar que el caso quede impune.
El conflicto judicial por la contaminación ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez ha atravesado diversos vaivenes en los últimos años. La causa, que investiga los daños ambientales y las responsabilidades de los empresarios involucrados, fue cerrada en 2019, pero posteriormente reabierta tras insistentes reclamos de fiscales y organizaciones ambientales.
En 2020 se solicitó la anulación del archivo de la causa, argumentando que el cierre fue prematuro y que las irregularidades detectadas en el proceso requerían un análisis más profundo.
En 2022, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario dio lugar a esta solicitud y ordenó continuar con la investigación, al considerar que los acusados ni siquiera habían sido citados a declarar.
Sin embargo, en un nuevo giro, a fines de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió que no correspondía reabrir el caso, declarando la existencia de cosa juzgada.
Con este fallo, quedó sin efecto la posibilidad de avanzar penalmente contra los responsables de la empresa, lo que generó fuertes críticas por parte de fiscales y sectores ambientalistas.

Ante la Corte
Ante esta situación, los fiscales que impulsan la causa presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir el fallo provincial. También evalúan la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, en caso de que no se obtenga una resolución favorable en el ámbito local.
Mientras tanto, el impacto ambiental de la ex Petroquímica Bermúdez sigue siendo motivo de preocupación.
Estudios recientes han confirmado la presencia de sustancias altamente contaminantes en niveles muy por encima de lo permitido, lo que representa un riesgo latente para la población y el ecosistema de la zona.
En este contexto, organizaciones ambientalistas han convocado a un encuentro para debatir las últimas novedades de la causa. La actividad contará con la participación de especialistas en derecho ambiental, fiscales que impulsan la investigación y expertos en toxicología.

Convocatoria
El evento tendrá lugar el jueves 13 de marzo en Capitán Bermúdez y será abierto a toda la comunidad. Allí se abordará el estado actual de la causa, el impacto de la contaminación y los pasos a seguir para evitar que el caso quede impune.
Según la información a la que pudo acceder El Litoral, el objetivo de esta convocatoria es mantener viva la discusión sobre las responsabilidades en la contaminación y exigir respuestas concretas.
Para las organizaciones involucradas, la lucha no termina con un fallo adverso y continuarán reclamando justicia en todas las instancias posibles.
El caso de la ex Petroquímica Bermúdez es considerado uno de los mayores pasivos ambientales de la región y su desenlace será clave para definir el futuro de la responsabilidad ambiental empresarial en el país.
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Desde Ambiente de la UNR explicaron por qué no hay que seguir haciendo ecobotellas

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Portal Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe


En la región no existen empresas o cooperativas que apliquen esos objetos en sus edificaciones, por lo que no solo pierde su utilidad, sino que es contraproducente para quienes trabajan como separadores. La explicación
Un video en las redes sociales del Área de Política Ambiental de la UNR se difundió con la explicación de su referente, Matías de Bueno, sobre por qué ya no se debe seguir construyendo ecobotellas, una práctica que tuvo furor años atrás, con las cuales se planteaba la construcción de viviendas con esos objetos como ladrillos.
Al parecer en Rosario y la región no existe la modalidad de construcción con ecobotellas como ladrillos, y es por eso que seguir creando ecobotellas no solo pierde su utilidad, sino que es contraproducente para quienes trabajan como separadores, ya que su trabajo de cortar cada botella y separar cada bolsa les demanda mayor trabajo.
“¿Alguna vez te preguntaste sobre la utilidad de las ecobotellas? La realidad es que hoy están lejos de ser la mejor opción. Te contamos las razones en el reel”, reza la publicación con el video.
“Seguí reciclando tus plásticos, colocándolos todos, incluyendo bolsas plásticas y de nailon, en una misma bolsa. Acercalos a nuestras jornadas de eco-canje y puntos fijos”, destacaron, y aclararon: “Si tenés ecobotellas, las recibimos en nuestros puntos fijos, pero que incorpores esta nueva práctica”.
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Santa Fe avanza en energía sustentable: la UNL y el Conicet desarrollaron un aceite biodegradable y renovable

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet lograron desarrollar un aceite biodegradable para transformadores eléctricos.
En un paso significativo hacia la sustentabilidad, una importante multinacional adquirió transformador de la empresa de Rafaela, Santa Fe, Inelpa completado con 150 litros de un aceite ecológico, desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. Este innovador fluido, producido a partir de aceite de soja, busca reemplazar los aceites convencionales, derivados del petróleo, que presentan riesgos ambientales y operativos.
    
Un desarrollo innovador con impacto ambiental positivo
El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, Juan Carlos Yori, explicó en el programa de AIRE 6 AM que este desarrollo comenzó cuando la empresa santafesina Aceites Especiales de Santa Fe se acercó a la universidad con la necesidad de generar un fluido aislante y refrigerante para transformadores eléctricos.
"Los aceites derivados del petróleo son altamente tóxicos y pueden generar incendios o explosiones en épocas de alta demanda, como el verano”, detalló Yori. En cambio, el aceite ecológico es biodegradable y renovable, ya que su base es el aceite de soja, un recurso ampliamente disponible en Argentina.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo fluido es su capacidad de remediación rápida en caso de derrames. Mientras que un aceite convencional podría tardar hasta 100 años en degradarse en el suelo, el nuevo aceite desarrollado por la UNL y el Conicet se descompone completamente en solo 28 días.

Un avance probado en el sistema eléctrico
El aceite ecológico no es solo una propuesta teórica, sino que ya demostró su eficacia en el terreno. Hace más de 10 años, un transformador con este aceite fue instalado en la red de distribución de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) y ha funcionado sin inconvenientes.
"No solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. Su rendimiento es óptimo en condiciones extremas y permite que los transformadores operen con mayor seguridad", afirmó Yori. Empresas provinciales de energía, como la EPEC de Córdoba también mostraron interés y ya están incorporando este tipo de tecnología en sus redes de distribución.

Un cambio sustentable sin costos adicionales
Uno de los puntos clave de este desarrollo es que no representa un costo adicional frente a los aceites convencionales. A pesar de la fluctuación en el precio del petróleo, el aceite ecológico es totalmente competitivo en el mercado.
"No hay ninguna razón económica para no adoptarlo. Es un producto más seguro, biodegradable y renovable, al mismo precio que los aceites derivados del petróleo", destacó Yori.
El proceso de investigación y desarrollo llevó aproximadamente un año, tras lo cual el equipo presentó una patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualmente, la UNL, el Conicet y la empresa Aceites Especiales de Santa Fe poseen la propiedad intelectual del desarrollo.

Próximos proyectos: reciclaje de aceites y plásticos
El equipo de investigación de la UNL sigue avanzando en nuevas soluciones ambientales. Actualmente, trabajan en la recuperación y reutilización de aceites lubricantes usados, evitando que estos terminen contaminando cursos de agua o el suelo. Además, buscan incorporar plásticos reciclados en estos procesos, utilizando técnicas de pirólisis para obtener nuevas bases lubricantes.
"El cambio climático es una realidad innegable y las empresas están viendo la necesidad de incorporar procesos más amigables con el medio ambiente", concluyó Yori. Este desarrollo marca un hito en la transición energética de Argentina, con una innovación tecnológica que podría expandirse a nivel nacional e internacional, promoviendo una energía más limpia y segura.
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Máxima reducida y pasafaunas: qué cambios proponen en la ruta a Victoria para proteger la biodiversidad

Fecha de Publicación: 03/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos



Ambientalistas solicitaron que se contemple que la traza atraviesa por completo a los humedales, que son de importancia internacional
Durante la audiencia pública por la nueva concesión de la ruta nacional 174, que une a Rosario con Victoria y que tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses, se recibieron múltiples propuestas de varios ámbitos de la sociedad para que el nuevo concesionario las tenga en cuenta a la hora de tomar las riendas de la traza. Entre todas las iniciativas, la fauna cobró relevancia, teniendo en cuenta la preservación de la biodiversidad de los humedales, que son atravesados de punta a punta por la ruta.
Desde el refugio MundoAparte presentaron diversas propuestas, con dos iniciativas que serían novedosas en la región y colaborarían a preservar la fauna. En primera instancia, y dentro de la organización Guardianes del Humedal, que nuclea a 60 espacios, manifestaron la posibilidad de que se limite la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora en diversos tramos. Además, propusieron que se desarrollen pasafaunas para colaborar con la preservación de las especies.
 Este tipo de estructuras se encuentran en varias rutas de Misiones, aunque en esta región, con condiciones distintas, se deben pensar de manera diferente ya que en esa provincia se trata de puentes camuflados con vegetación de la zona que contempla a las especies que allí habitan. Una posibilidad en las islas es desarrollar túneles por debajo de la traza, explicó a La Capital Franco Peruggino, referente de MundoAparte.
"Los pasafaunas se adaptan al territorio y los animales que viven en él. Nosotros proponemos que sean túneles, que se camuflen con vegetacion natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. Esto ayudaría a que pasen por abajo de la ruta y no por arriba", detalló.

Tránsito asistido
El referente indicó que brindaron los detalles de estas estructuras en un informe que presentaron e incluso marcaron un mapa con los lugares donde convendría que se emplacen, teniendo en cuenta los sitios más frecuentes donde se dan los atropellamientos. En particular, hay un tramo muy conflictivo que se extiende durante 10 kilómetros, sobre lo que Peruggino explicó que es muy difícil para los animales caminar esa distancia para atravesar la ruta.
Es por ello que, además, propusieron que se desarrollen protocolos para evitar los atropellamientos de fauna, principalmente en días de poca visibilidad: "Se pueden reducir las velocidades máximas y que se haga tránsito asistido para días con niebla, lluvia o humo".
"En los 30 años que la empresa va a gozar de la explotación de la traza, quisiéramos que, entre las obras que deben hacer a cambio, incluyan los pasafaunas. Al menos, uno por año", expresó el referente, para sumar que esto fue algo que solicitaron tanto las organizaciones ambientalistas como el municipio de Victoria.

Estación de servicios en pleno humedal
Al margen de las propuestas, las organizaciones se mostraron disconformes con uno de los puntos del primer borrador del pliego, que buscar habilitar a la nueva concesionaria la posibilidad de que se explote comercialmente la traza con lo que se podría incluir en la ruta, por ejemplo, una estación de servicios en los casi 60 kilómetros que separan a Rosario de Victoria.
Al respecto, Peruggino dijo: "Esto es algo que nunca pudo hacer la concesionaria anterior porque está prohibido. Está mal por donde se lo mire y es algo que también marcaron desde la Municipalidad de Victoria porque viola una de sus ordenanzas municipales que regula el uso de la reserva de usos múltiples".
"Toda la ruta está dentro de la reserva, sería una locura tener una estación de servicios en el medio del humedal", concluyó.

Qué se hará en el puente Rosario - Victoria
La ruta nacional 174 que une la ciudad con la provincia de Entre Ríos consta de 59,43 kilómetros y tiene una cabina de peaje en suelo entrerriano. Forma parte de la Red federal de Concesiones y el próximo 8 de abril tendrá un nuevo proceso licitatorio, ya que la empresa Caminos del Río Uruguay, bajo una disputa judicial, no se podrá presentar. Mientras tanto, el Estado intervendrá el corredor a la espera de los pliegos definitivos.
En la audiencia se dieron detalles de las obras iniciales, que son aquellas que se deberán realizar dentro de los primeros tres meses. Se trata de tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos. En caso de no cumplirse con este requisito para junio, se ejecutará una multa a la empresa adjudicataria.
Otras de las obras importantes es el calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas. Además, se repintarán en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.
Durante el primer año de la concesión será el gobierno nacional el que fije el precio del peaje. En ese tiempo, la empresa que gane la licitación deberá terminar con las principales obras y, a partir de allí, cobrará la tarifa. El gobierno expresó que tendrá especial valor el precio del peaje fijado por el oferente a la hora de la adjudicación final.
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Un informe técnico confirma altos niveles de contaminación en suelo y agua de una petroquímica de Taselli

Fecha de Publicación: 11/02/2025
Fuente: Portal LaPolíticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La contaminación del acuífero subterráneo y del suelo es a 5 kilómetros de Rosario, junto con la afectación de la costa del río. El caso contra el empresario sigue en litigio.
El perturbador espectáculo de un brazo del riachuelo teñido de un rojo intenso, que se presume es efecto de un hecho de contaminación industrial en un área densamente poblada, tiene una analogía muy fuerte en Rosario. Es a raíz del daño ambiental que sí está probado en Capitán Bermúdez, a cinco kilómetros al norte de la ciudad, ocasionado hace casi una década por una petroquímica de uno de los empresarios más fuertes de Argentina.
A diferencia de lo que se verificó esta semana en el riachuelo, en los terrenos de Capitán Bermúdez el daño casi no se ofrece a los ojos. Pero uno de los últimos informes técnicos que encargó el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que no trascendió públicamente, constata niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
Los especialistas señalan que sustancias de cloro u organoclorados altamente tóxicos están próximos a las napas del Acuífero Pampeano y que también migraron a inmediaciones del lecho del Paraná desde donde se incorporan al caudal del río. Un segundo acuífero, el Puelche, también puede estar afectado.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de la UTN de San Nicolás. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, "se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado". Esto ocurre en el predio de 23 hectáreas de Petroquímica Bermúdez que son linderas al río.
Se tomaron extracciones de siete pozos. En tres de ellos se advierten valores extremos de contaminación (los denominan Gamexane, Río y Tricloroetileno). Al excavar el pozo Tricloroetileno se encontraron valores altos de ese elemento, tetracloruro de carbono y cloroformo, que se incrementan desde los 60 centímetros de profundidad hasta los 16 metros.
El asesor ambiental de la firma Petroquímica Capitán Bermúdez presentó una propuesta de remediación para las aguas subterráneas contaminadas en enero de 2024 de parte de la empresa HSE Ingeniería, que previó la construcción de perforaciones de testeo para el bombeo en napas. Eso supone una red de extracción de agua subterránea donde se hayan detectados niveles de toxicidad. El agua extraída según proponen será tratada antes de su descarga ya que el procedimiento, dicen en la propuesta, producirá emisiones atmosféricas del aireador y descarga de efluentes tratados al alcantarillado público.

Cal carburo
Un escrito del 5 de agosto del año pasado incluido en ese mismo expediente al que tuvo acceso LPO "acredita la contaminación de los recursos de agua subterránea y suelo de la empresa Capitán Bermúdez y la potencial afectación de la costa del río (Paraná) lindera a la empresa con cal de carburo". Luego se confirma "la contaminación de la costa del río (de acceso público) con cal de carburo de idéntica composición que la que se encuentra dentro del predio de la empresa, producto de los procesos productivos de la misma en el pasado". En la foja 1427 de ese expediente "se notifica al representante técnico la contaminación de la costa del río con cal carburo y su obligación de evaluar el pasivo y presentar un plan de remediación.
Poco antes, el 18 de junio de 2024, se hace referencia en el mismo documento público a las muestras tomadas en la ribera del río Paraná, a la detección de cal de carburo que "con un espesor variable cubre aproximadamente unos 150 meteros de la costa del río lindera al predio de Petroquímica Capitán Bermúdez.
"La presencia y magnitud del residuo en la costa del río, lugar de acceso público e inclusive poblado en las cercanías del hallazgo, constituye una afectación del suelo potencialmente peligrosa para la salud humana y la flora y fauna naturales, dado el pH extremo del material", indica el informe técnico, que adjunta fotos donde se advierte con claridad un residuo blanquecino en la orilla de la barranca del río. El perito recomienda un estudio más profundo "que permita cuantificar el daño y riesgo identificados, a fin de diseñar una remediación y prevenir mayores perjuicios".

El pleito y las tierras
El punto es qué dispondrá el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro en relación a las tierras que detenta la empresa todavía controlada por Taselli. Si le da aval al plan de remediación de la empresa o avanza en la perspectiva propuesta en el caso penal por los fiscales que pasa por fijar multas multimillonarias y recuperar para la provincia las 23 hectáreas con daño ambiental constatado.
La responsabilidad penal que llevó a imputación a Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos se determinó después de que la Fiscalía de Estado de Santa Fe constatara que Petroquímica Bermúdez operaba desde 2015 en instalaciones deterioradas, no patas para la manipulación de químicos. Las inspecciones manifestaron falta de mantenimiento en accesorias, cañerías y tanques de almacenamiento. Hubo derrame de sustancias peligrosas, emisiones corroboradas de gas cloro, presencia de residuos peligrosos mal tratados y bombonas contenedoras de químicos rotas a la intemperie y sus fluidos derramados. En esos recipientes se guardaban sustancias como benceno, amianto y mercurio.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y negocios agropecuarios. Fue representado al ser imputado por Mariano Cuneo Libarona hasta el día en que asumió como actual ministro de Justicia de la Nación.
La causa penal abierta por orden del ex gobernador Miguel Lifschitz tuvo una resolución favorable a Taselli a fin de 2024 cuando la Corte Suprema de Santa Fe, en votación que debió ser desempatada por un conjuez, resolvió que por este caso al empresario ya lo habían juzgado. Para los fiscales del caso más todos los juzgados inferiores la cosa juzgada que invoca la Corte Suprema para beneficiar a Taselli fue una trampa gigantesca.
Se dio cuando el anterior fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que afrontará por otros motivos un juicio por corrupción, ordenó repentinamente al fiscal que investigaba el daño ambiental cerrar el caso y concederle a Taselli un criterio de oportunidad, con lo que el caso fue al archivo y el empresario no recibió sanción. Este caso está actualmente discutido ante la Corte Suprema de la Nación. Justamente Cuneo Libarona sostenía que su cliente no debía ir a proceso porque sería en ese caso juzgado dos veces. Es el criterio que prevaleció, tras un empate 3 a 3 entre sus ministros, en el máximo tribunal santafesino. El juzgado de primera instancia y tres miembros de la Cámara Penal por unanimidad aseguraban lo contrario.
Mientras el caso se dirime penalmente la cuestión es cómo accionará la provincia de Santa Fe con las tierras envenenadas durante la gestión de la empresa. En las audiencias preliminares contra Taselli uno de sus acusadores se preguntaba más allá de la disputada causa penal. "Qué va a hacer Santa Fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar?"
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Los fiscales de Rosario advierten que irán a la CIDH si queda impune el daño ambiental de la Petroquímica Bermúdez

Fecha de Publicación: 05/02/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Santa Fe


La piden a la Corte que rechace el fallo santafesino que avaló una salida alternativa a Taselli. Es un caso donde se contaminaron 23 hectáreas con cloro y donde están implicados funcionarios públicos.
Fiscales de Rosario apelaron una resolución que consagró la impunidad para los acusados de una gravísima contaminación con químicos de un predio industrial de 23 hectáreas a cinco kilómetros de la ciudad.
El planteo hace foco en el derrame de cloro en los terrenos de la empresa que manejaba el poderoso empresario Sergio Taselli. La Corte Suprema de Santa Fe lo acaba de eximir de responsabilidad penal con un fallo dividido y controvertido en extremo. Contra eso va el pedido de los fiscales al máximo tribunal argentino que tiene en sus manos la última palabra sobre el caso.
Es un asunto sensible y estratégico para la provincia de Santa Fe, en tanto implica un envenenamiento del ambiente en una zona densamente poblada, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar. Después del fallo que perdonó a Taselli no hubo pronunciamiento de la provincia sobre qué pasará con esas tierras cuya contaminación está probada por pericias oficiales.
Esta tragedia ambiental entrelaza factores de poder, decisiones judiciales oscuras y sospechas manifiestas de corrupción institucional. Taselli que consiguió eludir sanciones pese al derrame constatado de cloro en su firma Petoquímica Capitán Bermúdez fue representado por Mariano Cúneo Libarona hasta el día que asumió el Ministerio de Justicia de la Nación. También estaban imputados los directivos Máximo Taselli y Matías Gallegos.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.

Problema ambiental
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
El entonces fiscal regional de Rosario Serjal, acusado de corrupción en otras causas, de manera polémica ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar al empresario un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. Fue por cuatro votos a tres y con la convocatoria de un conjuez para desempatar, que votó a favor de la pretroquímica, sin notificación a la fiscalía que pedía anular esa decisión.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina le piden a la Corte Nacional que rechace lo actuado por el superior tribunal santafesino porque la resolución que dictó afecta los derechos del medio ambiente como derecho humano fundamental, deja impunes a personas que provocaron graves daños al ecosistema y anticipa que concurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo no se impugna.
El caso también tiene pendiente un juicio colateral, ahora interrumpido, contra funcionarios públicos. El 22 de agosto de 2017, por instrucción del ex gobernador Miguel Lifschitz, el fiscal de Estado provincial Pablo Saccone había denunciado a Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos por los delitos de adulteración o envenenamiento dolosos mediante la Utilización de Residuos Peligrosos. El 21 de diciembre de 2018 la Fiscalía de Estado, a cargo de Gustavo Luzzini, presentó ante el Ministerio Público de la Acusación un acuerdo transaccional y conciliatorio que los tres directivos de la empresa. Luzzini manifestaba allí, en acuerdo con los defensores de los empresarios, su expreso consentimiento para considerar extinguida la acción penal.
En audiencia los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que era imposible no sospechar que la salida propuesta por el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal no fuera un hecho turbio ya que el delito de la empresa y sus consecuencias medioambientales estaban probados. Y no hubo ninguna explicación de por qué se renunciaba a una pena ni tampoco la obligada convocatoria a las víctimas del daño ambiental para prestar acuerdo a esa inesperada salida.
Tanto el ex fiscal de Estado adjunto Luzzini como el ex fiscal regional Serjal están actualmente acusados y esperan juicio por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento agravado y omisión de persecución. El trámite está suspendido hasta que la Corte Nacional se pronuncie sobre el tema de fondo.
En 2020 Patricio Serjal renunció a su cargo de fiscal regional de Rosario empujado por el escándalo del cobro de coimas para evitar la persecución al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti. En ese momento se sometieron a revisión algunas decisiones de Serjal consideradas inexplicables. Una de ellas su orden al fiscal Juan Carlos Ledesma de que renunciara a perseguir a los directivos de Petroquímica. Cuando el caso se llevó frente al juez Andrés Gazza este consideró que los valores de contaminación en petroquímica nunca se le mostraron al juez Juan José Tutau que aceptó la salida alternativa para los acusados.
Al mostrar las constancias verificadas del daño ambiental, dijo Gazza: "Estos son los valores que nunca se le expusieron al juez Tutau en la audiencia, estos son los valores que entiende el tribunal que son atentatorios del interés público, estos son los valores que no pueden pasar sin atención de un magistrado al que se le presente un pedido, ya sea de aplicación de un criterio de oportunidad o para declarar abstracta la cuestión penal evitando así la persecución de la conducta, siendo el producto de un convenio entre partes, no podemos obviar que están en juego bienes jurídicos colectivos, supraindividuales y entiende este magistrado que su protección es algo en lo que el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido."

El desempate
Sin embargo la Corte Suprema de Santa Fe lo hizo con los votos de Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y el conjuez Fernando Gentile Bersano. Votaron en contra Roberto Falistocco, Mario Netri y Daniel Erbetta. El argumento de la apretada mayoría era que el asunto ya estaba juzgado. La minoría señaló que el fin del caso estaba totalmente viciado, era inmotivado, apartado de la normativa vigente y sin ninguna fundamentación. En las audiencias Schiappa Pietra y Edery señalaron que lo único que podría explicarlo con lógica a lo que no tenía ninguna era un acto de corrupción.
En la apelación, Caterina y Schiappa Pietra dijeron que la salida que objetaron ante la Corte Nacional consagra la impunidad en un caso que beneficia a poderosos empresarios sin explicar por qué razón jurídica lo hace. Y remarcaron cómo el supremo santafesino lo hizo contra un juez de primera instancia y tres camaristas que por unanimidad sí explicaron con argumentos cómo el perdón otorgado a Taselli y sus directivos no tenía asidero jurídico. En este último caso en audiencias que duraron dos días enteros.
Para la posición que cuestiona el fallo de la Corte, es insostenible decir que a Taselli se lo juzgará dos veces si sigue el caso. Porque no hubo primera: la primera vez al poderoso empresario lo perdonaron de una manera injustificada y sospechosa, con una salida espuria y gravemente viciada, como remarcó en su voto el ministro Daniel Erbetta, validando lo que habían dicho antes juez y camaristas.
Más allá del desenlace del caso jurídico queda en pie algo que para la comunidad es relevante: qué hará el gobierno santafesino con las 23 hectáreas ubicadas en un lugar estratégico, en el hinterland portuario de donde salen a ultramar la mayoría de las cargas del complejo oleaginoso argentino, que están según peritos diversos seriamente contaminadas.
Entretanto, el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini también esperan juicio. Este último fue acusado por los fiscales del caso en audiencia preliminar el 4 de septiembre del año pasado por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por prestar conformidad a la salida de Taselli, cuando tenía una orden del exgobernador Lifschitz para ir a fondo contra la empresa y sus responsables por el daño ambiental contra Santa Fe.
Los defensores que continúan la línea de Cuneo Libarona aducen que tampoco a estos funcionarios se los puede perseguir porque el fallo de la Corte santafesina extingue la causa por completo. Al revés, los fiscales aducen que el caso no está cerrado y que la imputación a Serjal y Luzzini es una causa autónoma, que podría generarles condenas de 5 y 4 años de prisión efectiva respectivamente.
Para los fiscales Caterina y Schiappa Pietra, que la Corte Nacional avale la decisión de la Corte provincial implicará un espaldarazo a una decisión sin fundamentación, denegar justicia para un caso de contaminación que atenta contra la tutela efectiva a las víctimas, los habitantes de la zona de Capitán Bermúdez sobre los que se constataron daños a la salud.
La Corte nacional tiene pendiente hace tres años, junto a esta reciente elevación, otro caso de gran debate público en Rosario. Se trata de del planteo de inconstitucionalidad al artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar penalmente a un legislador si no se lo despoja de sus fueros. Fue iniciado por el caso del senador Armando Traferri, quien por años no pudo ser llevado a audiencia, aunque hace meses compareció por primera vez, tras ser reelecto en su banca, por acceder a que el cuerpo lo despoje de esa provisoria inmunidad.
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Contaminación: un estudio reveló más infartos en Rosario y región por el humo de las islas

Fecha de Publicación: 07/01/2025
Fuente: Radio Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe


La investigación analizó el impacto que tiene sobre la salud la quema de humedales. Los resultados fueron publicados en la revista International Journal of Environmental Health Research.
Un revelador estudio científico ha puesto en evidencia el impacto directo de las quemas de pastizales en las islas del Delta del Paraná sobre la salud cardiovascular de los habitantes de Rosario y alrededores. Según pudo saber El Litoral, la presencia de humo en el aire está asociada a un aumento significativo en los casos de infarto agudo de miocardio.
La investigación, titulada Evaluación multicéntrica del impacto sobre la salud cardiovascular de las quemas de humedales del Delta del Paraná 2022, fue publicada recientemente en la revista International Journal of Environmental Health Research. En ella participaron especialistas de prestigiosas instituciones, como el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR/Grupo Oroño), el Hospital Provincial del Centenario, la Sociedad Argentina de Medicina, la Dirección de Epidemiología de Santa Fe y el Hospital Italiano de Buenos Aires.
El equipo de investigadores analizó datos de diferentes centros de salud de Rosario, comparando la incidencia de infartos durante los días con humo y aquellos sin esta problemática ambiental. Los resultados son contundentes: el riesgo de sufrir un evento cardiovascular aumenta significativamente cuando la ciudad está expuesta al humo generado por las quemas en las islas.
Tradicionalmente, las enfermedades cardiovasculares se relacionan con factores de riesgo conocidos como el tabaquismo, la diabetes tipo II, la obesidad, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Sin embargo, según pudo saber El Litoral, este estudio incorpora un factor de riesgo no tradicional que resulta alarmante: la contaminación ambiental derivada de los incendios de humedales.
Los autores del estudio destacan que el humo proveniente de las quemas no solo genera molestias respiratorias, sino que también tiene un impacto directo y medible en el sistema cardiovascular de las personas expuestas. Entre las principales partículas contaminantes identificadas se encuentran el monóxido de carbono y las partículas finas PM2.5, las cuales ingresan al torrente sanguíneo, causando inflamación y alteraciones vasculares.
En los últimos años, Rosario ha sufrido una degradación notable de su calidad del aire debido a la quema indiscriminada de pastizales en las islas del Paraná. Esta práctica ha desatado serias consecuencias ambientales y sanitarias. Las autoridades locales han expresado su preocupación por estos hallazgos y han pedido un trabajo conjunto entre Santa Fe y Entre Ríos para controlar esta problemática.
El estudio también señala que las quemas no solo afectan a Rosario, sino que su impacto podría extenderse a otras localidades de la región. "Es una situación que debe ser considerada una emergencia ambiental y sanitaria", advirtió uno de los especialistas que participó en la investigación.
Desde el ámbito sanitario, remarcan la importancia de generar políticas públicas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental. Según pudo saber El Litoral, las recomendaciones incluyen monitorear de forma constante la calidad del aire, implementar alertas tempranas y reforzar las campañas de concientización para prevenir quemas en los humedales.
Los investigadores concluyen que es fundamental reconocer a la contaminación ambiental como un problema de salud pública, que va más allá de sus consecuencias inmediatas en el medio ambiente. “El humo no solo contamina el aire que respiramos, sino que también pone en riesgo directo nuestras vidas”, sintetizó un especialista del ICR.
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