Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
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Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
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A Tribunales por la contaminación

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Junto a vecinos y organizaciones sociales, el concejal pidió que se investigue el vertido de efluentes en el arroyo Ludueña.
Junto a organizaciones sociales, ambientales, vecinas y vecinos de Fisherton, el concejal Julián Ferrero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por contaminación en el Arroyo Ludueña. La misma llega luego de “reiterados episodios de contaminación documentados en la zona noroeste”, y -según se indicó- apunta a que se investigue el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en un sector crítico de la cuenca.
La presentación del edil que preside la comisión de Ecología del Concejo llega luego de varios reclamos de vecinos que vienen advirtiendo cambios en el color del agua, espuma y olores nauseabundos. El planteo se apoya además en un “exhaustivo relevamiento” del concejal junto a la ciudadanía, en relación a “imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes, además de los antecedentes que dan cuenta de un deterioro sostenido de la calidad del agua”.
Ferrero indicó que “la información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables”, señaló Ferrero.
El edil agregó que la presentación judicial se da luego de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Según indicó, “en marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”.
Según el informe, la situación no muestra señales de mejora sostenida, en relación a contaminación orgánica, presencia de bacterias y otros indicadores de deterioro ambiental.
En ese sentido, el edil sostuvo que se va a la Justicia “para investigar los hechos, para que sea la justicia la que pueda impulsar un proceso de investigación que dé con los responsables”.
La presentación, apunta a que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery”.
El escrito sostiene que “por la naturaleza de la materia ambiental en juego y, en virtud de los principios precautorios y de prevención, deben ordenarse pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño que venimos a poner en conocimiento”.
Al describir los hechos, la denuncia presentada con patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, plantea: “Hace años recibimos denuncias de vecinos y vecinas de la zona noroeste, respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas. En 2024 éstas se originaron a partir de episodios que ocurrían en el sector del arroyo lindante con las calles Schweitzer y Bello, aparentemente contaminantes del Arroyo Ludueña. Los mismos dan cuenta de la presencia de efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población”.
En la misma línea, indica que desde diciembre de 2025, en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República los vecinos advierten aguas residuales vertidas “sin su respectivo tratamiento”. Este episodio, según el testimonio de los denunciantes, “se presenta cotidianamente, en el mismo sector y franja horaria. Estaría vinculado a un aparente conducto pluvial que descarga en el cuerpo de agua, específicamente en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos de Jockey, a 350 metros aproximadamente de la estación elevadora de Aguas Santafesinas”.
Al respecto, el escrito sostiene que “estas circunstancias, que resultan evidentes para el ojo humano, llevaron a vecinos y vecinas a pensar que era probable que existiera un daño ambiental mayor aún al que resulta visible”. Así, “en defensa de la salud pública, vecinos y vecinas se organizaron para investigar en la medida de lo posible las causas del daño ambiental que observaban”. Por ello, reunieron material fotográfico y archivos de video para probar la situación”. Ese material fue adjuntado en la presentación.
Además, expresa que el 14 de febrero pasado se realizó un relevamiento aéreo del sector, donde “se identifica el daño ambiental y el posible desagüe que descarga en el arroyo”.
Ante ese estado de situación, solicitaron al Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR, “la toma de muestras y elaboración de un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial”, que también sumaron a la presentación judicial. “De acuerdo a la interpretación técnica de los parámetros arrojados por el análisis del agua, en la muestra se identificó: alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales”.
Edgardo Orellano, uno de los vecinos y referente de la Organización Civil Bocacha Orellano, dijo en LT8 que “hace dos, tres años que le venimos diciendo a la provincia y al municipio, llevándole fotos, videos y pruebas, no nos llevan el apunte, por lo tanto se decidió hacer una denuncia penal”.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Fecha de Publicación: 19/05/2026
Fuente: Diario Uno Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


Imágenes viralizadas en redes sociales exponen una caza ilegal de patos, yacarés y otras aves protegidas en la Cuña Boscosa del departamento Vera. La provincia formalizó una denuncia penal y la Guardia Rural Los Pumas realiza inspecciones en la zona.
Desde principios de mayo, imágenes que circularon en redes sociales generaron indignación y encendieron las alarmas sobre una presunta masacre de fauna autóctona en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos, en la Cuña Boscosa del departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Las fotografías mostraban a contingentes de turistas extranjeros posando junto a cientos de ejemplares muertos de patos, yacarés y otras aves protegidas, cuyos restos habrían sido abandonados en los esteros de la zona.
Según las denuncias, los hechos habrían ocurrido a principios de mes e involucrarían la caza ilegal de más de 300 animales. Los responsables serían cazadores provenientes del exterior que abonarían importantes sumas en dólares a "supuestas" personas de las localidades para que los guíen hacia las zonas de caza.

Denuncia penal y actuaciones judiciales
La provincia de Santa Fe formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue de forma urgente la matanza ilegal de fauna silvestre. En diálogo con LT9, el secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, precisó que la presentación judicial ya se encuentra bajo la órbita de los tribunales santafesinos.
"Nos anoticiamos por las redes sociales, iniciamos de inmediato una investigación propia y elevamos las denuncias correspondientes al MPA, a la extrapenal de la Procuraduría provincial y a la Fiscalía Federal", detalló el funcionario. Además, indicó que las fuerzas territoriales de la Guardia Rural Los Pumas lideran las inspecciones de oficio en el área de Tostado.

Una red de irregularidades
Luciani advirtió que la pesquisa expone una red de irregularidades absolutas. "Se incurrió en un delito grave violando la ley de fauna nacional", apuntó. El secretario reveló que el organizador del contingente es un operador cinegético de la provincia de Córdoba que no está inscripto en la Secretaría de Turismo santafesina, que el guía carecía de credenciales habilitantes y que el campo donde se llevó a cabo el exterminio no figura en ningún registro oficial de zonas de caza permitidas.
Incluso si el trámite administrativo hubiese estado en regla, el volumen de animales muertos califica el hecho como una masacre ecológica. La última resolución gubernamental del 30 de abril restringe los cupos a un máximo de 12 patos por persona por día. "Aquí mataron más de 300 ejemplares y otras especies prohibidas, por lo que se expusieron de manera personal a sanciones muy duras", fundamentó el funcionario.

El sector cinegético repudia el hecho
Por su parte, abogado Marcos Oalechea, apoderado de la Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe, expresó el malestar del sector tras la difusión de las imágenes. Sostuvo que el hecho "ensucia a toda la actividad" y perjudica a las empresas habilitadas que trabajan bajo estrictos controles provinciales. Actualmente son nueve las empresas que integran la cámara y desarrollan actividades de turismo cinegético de manera regulada en la provincia.
"El problema es que pagan justos por pecadores. Cuando aparecen imágenes de este tipo, se instala la idea de que toda la actividad funciona de manera ilegal, y no es así", afirmó Oalechea en diálogo con LT9. El representante explicó que el turismo cinegético no se limita a la caza deportiva, sino que incluye experiencias vinculadas al turismo rural, gastronomía, pesca y actividades recreativas en el interior santafesino, con un impacto económico directo en localidades de la región. "De esto viven muchas familias. Hay movimiento en alojamientos, gastronomía, transporte y servicios rurales", detalló.
Por último, Oalechea reclamó que se investigue a los responsables y consideró que la Provincia debería profundizar los mecanismos de control para detectar operadores clandestinos y cazadores furtivos.
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Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Fecha de Publicación: 31/03/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


La Provincia actualizó los valores de las sanciones por caza furtiva, tráfico y tenencia ilegal de animales silvestres. Buscan reforzar el efecto disuasivo y fortalecer la protección de la biodiversidad
 La provincia de Santa Fe actualizó los montos de las multas por infracciones vinculadas a la fauna silvestre, en el marco de una nueva normativa que apunta a reforzar la protección de la biodiversidad y combatir delitos ambientales.
A través de la resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, los valores pasaron de un mínimo de $32.948,30 y un máximo de $2.745.177,80, a un nuevo rango que va desde $41.485,00 hasta $3.456.434,80. La medida busca que las sanciones tengan un impacto real frente a prácticas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna y la tenencia indebida de animales silvestres.
 Desde el gobierno provincial remarcaron que, al inicio de la gestión en diciembre de 2023, las multas estaban completamente desactualizadas: no se modificaban desde 2013 y oscilaban entre apenas $188,90 y $15.738,70, cifras consideradas irrisorias frente al daño ambiental generado.
“El cuidado de la biodiversidad no puede sostenerse con sanciones simbólicas. Actualizar las multas es darle al Estado herramientas reales para proteger nuestra fauna y dejar en claro que los delitos ambientales tienen consecuencias”, sostuvo el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.

Más controles y políticas de conservación
La actualización de las multas se enmarca en una política integral que combina sanción, prevención y trabajo territorial. Entre las principales acciones, se destacan:
- Elaboración de mapas de atropellamiento de fauna para identificar zonas críticas en rutas.
- Instalación de señalización estratégica para reducir siniestros.
- Campañas de concientización ciudadana sobre el cuidado de la fauna.
- Operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para combatir el comercio ilegal y rescatar animales.

Rescate de fauna: cifras en alza
El fortalecimiento de los controles también se refleja en los resultados: durante 2025, la Provincia registró el rescate de 677 ejemplares de fauna silvestre en 91 operativos realizados en conjunto con distintas fuerzas.
Estos procedimientos incluyen casos de urbanización de animales, mascotismo y situaciones de tráfico ilegal, donde las especies son recuperadas para su posterior rehabilitación.

Rehabilitación y reinserción de especies
En paralelo, Santa Fe impulsa programas de rehabilitación y liberación de fauna, además de iniciativas de ranching, un sistema que permite recuperar poblaciones silvestres mediante la cría controlada y su posterior reinserción en el hábitat natural.
También se desarrollan planes de manejo de fauna, orientados a equilibrar la conservación de las especies con las actividades productivas.

La Esmeralda, eje de la política ambiental
Otro de los pilares es la transformación del Centro de Recuperación, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, cuya primera etapa de obras ya fue finalizada.
El proyecto contempla nuevas instalaciones y mejoras estructurales para optimizar el tratamiento y rehabilitación de animales silvestres, incorporando estándares modernos de bienestar animal. El objetivo es consolidar este espacio como un centro de referencia en conservación de la biodiversidad en la provincia.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Fecha de Publicación: 19/02/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe


Entre los ejemplares rescatados hay loros habladores, tortugas y aves autóctonas. El cargamento provenía de Santiago del Estero y tenía como destino Buenos Aires.
El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, recibió más de 500 animales silvestres decomisados durante un operativo de control vial realizado esta semana sobre la Ruta Nacional 34. El procedimiento fue calificado como inédito por la cantidad de ejemplares incautados y se enmarca en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.
El control permitió interceptar un camión que provenía de Santiago del Estero y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección, las fuerzas nacionales constataron el traslado de aves y reptiles en condiciones precarias e incompatibles con su bienestar, lo que motivó el inmediato decomiso.

Más de 500 ejemplares rescatados
Entre los animales incautados se contabilizaron:
- 219 loros habladores
- 146 tortugas terrestres
- 33 pepiteros de collar
- 28 jilgueros
- 105 reina mora
- 16 corbatitas
Tras el operativo, los ejemplares fueron derivados al Criif “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, donde cumplen con la cuarentena sanitaria obligatoria. Allí reciben evaluación clínica, asistencia veterinaria y monitoreo conductual.
Una vez otorgadas las altas sanitarias correspondientes, se analizará técnicamente la posible reinserción en su hábitat natural, bajo estrictos criterios sanitarios, ecológicos y de conservación.
Un dispositivo clave para la conservación en Santa Fe
El centro “La Esmeralda” funciona de manera permanente como un dispositivo estratégico para la conservación de la biodiversidad en la provincia. Recibe animales provenientes de decomisos, rescates y entregas voluntarias, y desarrolla tareas de rehabilitación, enriquecimiento ambiental e investigación aplicada.
En paralelo, el Gobierno provincial impulsa un proyecto integral de puesta en valor del predio, que incluye la modernización de infraestructura, ampliación de áreas de cuarentena y rehabilitación, incorporación de equipamiento especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas. La iniciativa busca consolidar al centro como referencia regional en rescate y bienestar animal.

Tráfico ilegal de fauna: una amenaza para la biodiversidad
El tráfico ilegal de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad. La captura y el transporte clandestino generan altos niveles de estrés, lesiones y elevada mortalidad, además de impactos irreversibles sobre los ecosistemas.
En este caso, durante el procedimiento también se incautó el teléfono celular del conductor, cuyo análisis podría aportar información clave para avanzar en la investigación y eventualmente desarticular redes de comercialización ilegal.
Desde el Ministerio recordaron que la captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre sin autorización está prohibida y sancionada por la Ley Provincial de Fauna N° 4.830, la Ley Nacional N° 22.421 y la Ley N° 14.346.
Además, se instó a la ciudadanía a colaborar denunciando al 911 cualquier situación vinculada a la caza, venta o traslado ilegal de animales silvestres. No comprar fauna silvestre es una acción concreta para proteger la biodiversidad santafesina.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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Vecinos de Fisherton denuncian contaminación en el Ludueña: “Agua blanca, olor a pudrición y nadie hace nada”

Fecha de Publicación: 06/02/2026
Fuente: Portal VersiónRosario
Provincia/Región: Santa Fe


Para los vecinos, la preocupación excede el impacto visual o el mal olor: señalan que se trata de un riesgo ambiental y sanitario, especialmente para quienes viven pegados al curso de agua.
Vecinos de barrio Fisherton volvieron a encender la alarma por el estado del arroyo Ludueña, donde aseguran que desde hace semanas se repite un fenómeno de agua blanquecina, fuerte olor y posibles vuelcos cloacales. Denuncian además falta de controles y sospechan que parte de la contaminación podría estar vinculada a descargas ilegales de camiones atmosféricos durante la madrugada.
“El olor del agua blanca y el olor que tiene… desde el 23 de diciembre, hace un mes y pico que aparece así”, describió Marcelo, vecino del barrio, en diálogo con VersiónRosario. Según su relato, el cuadro se vuelve más evidente en determinados horarios: “A la tarde se lava, porque supuestamente están tirando a la madrugada. La madrugada empieza, y a las 2 de la tarde ya se lava. Pero es todo pudrición”, sostuvo.
El denunciante aseguró que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema que se repite año tras año. “Hace más de 6 años que estoy con esto: todos los veranos lo mismo”, afirmó. Y admitió que, aunque no puede confirmar el origen exacto, los indicios apuntan a descargas fuera de regla. “Puede ser pluviales, puede ser camiones atmosféricos, no sé, porque esto aparece a la madrugada”, explicó. Incluso contó que intentó seguir el rastro: “Me levanté un día a las 5 de la mañana, fui a buscarlo, llegué hasta un punto que no pude pasar más, pero no lo pude localizar”.
Para los vecinos, la preocupación excede el impacto visual o el mal olor: señalan que se trata de un riesgo ambiental y sanitario, especialmente para quienes viven pegados al curso de agua. Marcelo apuntó que el problema se siente con fuerza en sectores donde hay viviendas a metros del arroyo. “Más que todo en Villa Estela Mar, que viven todos ahí al lado… eso es contaminación pura. Ellos viven alrededor del arroyo”, remarcó.
Además, mencionó otro punto crítico que —según dijo— ya fue denunciado: “Hay problemas en el Puente Negro, que es un pluvial que hace años que tira cloaca. Ya está denunciado, ya las autoridades lo saben, pero sigue pasando”, afirmó.
Mientras los reclamos se acumulan, los vecinos cuestionan la lentitud de las respuestas y la falta de acciones concretas para frenar los vuelcos y sancionar a los responsables. “Hace un mes que lo vengo denunciando… que análisis, que esto, que lo otro, pero tenemos este problema”, resumió Marcelo. En Fisherton, la queja se repite con una sensación de desgaste: el Ludueña vuelve a aparecer contaminado en verano y, denuncian, el control no llega.
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Mientras arde la Patagonia, el Delta del Paraná también se consume en silencio

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


En el Día Internacional de los Humedales una columna de humo recorta el horizonte del río Paraná. Mientras el país mira con preocupación los incendios en la Patagonia, frente a Rosario el Delta vuelve a arder. Y con cada foco que avanza, no solo se quema pasto seco: se pierde biodiversidad, se altera el humedal y se profundiza una crisis ambiental que lleva años sin respuestas de fondo.
“Hoy en el Día de los Humedales tenemos a la vista columnas de humo”, cuenta Jorge Bártoli, integrante de la ONG El Paraná No Se Toca, en diálogo con El Litoral. Desde hace más de una semana un foco de fuego lleva quemadas 900 hectáreas en el kilómetro 20 del camino que une Rosario con Victoria, Entre Ríos.
Se ve desde la costa rosarina. Según explicaron desde el grupo ambientalista, nadie ha ido a combatirlo porque está lejos de las ciudades costeras o las rutas. Mientras tanto, la biodiversidad del humedal sigue siendo castigada.

Narices que no huelen, corazón que no siente
El fuego en las islas frente a Rosario, que puede seguirse periódicamente por un satélite de calor de la agencia espacial NASA, sigue el destino de los focos que se ven, pero no llegan a “molestar” a la vida en las ciudades. “Generalmente el Estado toma acción cuando las columnas afectan a las ciudades costeras o los caminos.
Cuando el incendio deja de ser «un tema de islas» y se convierte en una amenaza directa para quienes viven en la ribera o circulan por la ruta”, dice y advierte: “Pero el daño ambiental no espera. Aunque el fuego esté lejos de la vista cotidiana, el impacto sobre el humedal se acumula. Es una situación crítica”.
Para Bártoli, el avance del fuego no puede leerse sin mirar el estado del río Paraná. En las últimas semanas, señala que hubo una leve suba del nivel del agua y eso “da una mano”, pero no alcanza.
“La última creciente importante que tuvo el Paraná fue en agosto de 2019. Estamos a seis años y medio”, afirma el ambientalista. En ese período, siempre según explicaron desde El Paraná no se toca, el río no volvió a recuperar los niveles que, históricamente, garantizaban el funcionamiento normal del sistema.
“Hay una hidrología alterada por factores diversos”, explica Bártoli y en el mapa de causas menciona el peso de las transformaciones vinculadas a la actividad humana. “Se está haciendo una tremenda afectación por la hidrovía que conspira y el humedal da señales claras de un cambio estructural: menos agua, menos ciclos de crecientes y bajantes, más vulnerabilidad ante el fuego”, agrega.
El resultado, en palabras del referente ambiental, es una especie de “pampeanización” del Delta: un proceso en el que el humedal empieza a parecerse a una llanura seca y domesticada, con cambios visibles en flora y fauna. “Vemos invasión de especies vegetales que no son propias del humedal. El cardo pampeano no es propio de la zona y esto habla de un cambio”, señala como ejemplo.
Bártoli pone nombres concretos a lo que suele aparecer en los informes como “pérdida de biodiversidad”. Habla de especies que se vuelven menos frecuentes, de poblaciones que se reducen, de ambientes que dejan de ofrecer refugio.
“El carpincho en nuestra zona es una población diezmada por la caza furtiva. Ahora vemos una población reducida a la mínima expresión de coipo, mal llamada nutria, el animal más conocido”, señala.
Según explica el integrante de la ONG, en los últimos dos o tres años el coipo cayó a niveles mínimos por una combinación de factores: pérdida de hábitat natural, falta de agua sostenida y presión de la caza.
En el agua, la situación también se vuelve cada vez más frágil. “Hay muy pocos datos. Empiezan a verse algunos datos con cuentagotas sobre el estado de los peces: sábalo, boga, dorado”, dice.
En el caso del sábalo —especie clave por su rol ecológico y también por la cadena económica que se monta alrededor de su captura—, advierte un problema extra: La captura se hace cuando son muy jóvenes, cuando no han tenido más que un desove.
Todo ocurre en un escenario donde el fuego funciona como una aceleración del deterioro. No solo destruye vegetación: rompe ciclos, desplaza fauna, arrasa refugios, altera el suelo. Y deja un humedal más débil frente al próximo evento extremo.

Tecnología para mirar lo que nadie mira
En medio de esa falta de control y seguimiento, la ONG sostiene parte de su monitoreo con herramientas abiertas. “La herramienta que brinda la página de la NASA ha sido invalorable”, dice Bártoli.
Es que les permite seguir focos activos y también calcular superficies afectadas. A eso se suma el trabajo de instituciones que sistematizan datos desde hace años como el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás.
Consultado por cómo califica la respuesta de los gobiernos frente a los incendios, Bártoli recordó que el 2021 fue un punto de quiebre, justamente porque el humo se instaló como rutina en Rosario y la región.
"Hoy tenemos algunos organismos coordinados por el Estado que tienen más estructura, más formalidad, se trabaja más, pero los recursos siguen siendo pocos. Hace muy poco el gobierno provincial mandó 30 brigadistas a la Patagonia cuando también son necesarios acá”, opina.
En el cierre, Bártoli vuelve a un reclamo que atraviesa a las organizaciones socioambientales desde hace años: la falta de una norma nacional que ordene el uso del territorio y proteja ecosistemas clave. “Los problemas de base siguen y seguimos sin contar con una ley de humedales nacional que tenga una protección”, afirma.
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Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 04/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Siete productores y dos exfuncionarios están acusados. La causa se inició en 2018 tras la denuncia de una vecina que sufrió graves consecuencias en su salud. El proceso abre un debate sobre el modelo agroindustrial y la protección ambiental
 Este lunes, a las 11, se abrió en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una audiencia preliminar de cara al juicio oral que comenzará este miércoles contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, acusados de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, en violación de la normativa vigente.

La investigación se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y abogada de Pergamino, quien relató graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz había comenzado a denunciar las fumigaciones ya en 2011, cuando se aplicaban agroquímicos a apenas diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. Según su testimonio, esas prácticas derivaron en un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y múltiples afecciones neurológicas.

El agua de Pergamino, contaminada
La acusación sostiene que las fumigaciones provocaron contaminación de aguas subterráneas, intoxicaciones y daños a la salud de vecinos, además de un incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo establecidas por la normativa. Se investiga también la complicidad de funcionarios públicos, que habrían permitido las prácticas pese a las advertencias de especialistas y las denuncias de la comunidad.

Un juicio histórico
El proceso judicial es considerado histórico porque por primera vez se juzga en el país a productores agroindustriales por el uso de agrotóxicos en zonas urbanas. El caso pone en debate el modelo agroindustrial dominante, cuestionado por vecinos expuestos, organizaciones ambientalistas y científicos independientes que advierten sobre los riesgos de los agroquímicos para la salud y el ambiente.
El juicio pasó de San Nicolás a Rosario porque, tras la etapa de instrucción en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, la causa fue elevada a juicio oral y quedó bajo competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que es el tribunal designado para llevar adelante los debates orales en esta jurisdicción.
Desde temprano, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán el miércoles frente a los Tribunales Federales de Rosario para acompañar a la querella. Se espera que el juicio se extienda varias jornadas, con la presentación de pruebas, testimonios de vecinos y peritajes científicos que podrían marcar un precedente en materia de protección ambiental y salud pública.

El antecedente cordobés
El proceso que se abrirá este miércoles hoy en Rosario tiene un antecedente clave: el juicio realizado en 2012 en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar con glifosato y endosulfán a escasos metros de viviendas.
Aquella sentencia fue pionera al reconocer judicialmente que las fumigaciones en zonas urbanas constituyen delito. Sin embargo, el caso de Pergamino amplía el alcance: por primera vez se juzga en el fuero federal a siete productores agroindustriales y dos ex funcionarios públicos, en un proceso que podría sentar un precedente más fuerte en materia de responsabilidad penal por contaminación ambiental.
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Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

Fecha de Publicación:09/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El decreto que pone fin al expediente administrativo considera que el proyecto inmobiliario lesiona una zona de reserva ambiental y tendría un impacto negativo.
El gobierno de Santa Fe dio un paso definitivo en el conflicto por el barrio cerrado Damfield, ubicado en la ciudad de Funes, al rechazar formalmente la revocatoria administrativa presentada por la desarrolladora Davik SA contra la clausura de las obras. La decisión, adoptada mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ratifica la postura provincial y consolida el cierre del expediente administrativo, con el respaldo explícito de la Justicia rosarina.
El decreto, fechado el 30 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial, “rechaza por improcedente” el planteo de los empresarios, que había sido interpuesto en 2024 luego de que el Ejecutivo provincial ordenara la paralización total del emprendimiento. Para el gobierno santafesino, el proyecto inmobiliario es “inviable” por emplazarse en una zona considerada inundable, de reserva ambiental y con potencial impacto negativo sobre áreas urbanas de Funes y Rosario ante eventos de lluvias de gran magnitud.
La resolución administrativa se apoya, además, en la reciente sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, a cargo de la jueza Susana Gueiler, que rechazó el amparo presentado por la desarrolladora y concluyó que la clausura “no fue arbitraria, sino debidamente fundada”. 
En ese fallo, la magistrada sostuvo que Davik SA “no puede pretender desconocer que no tenía autorización suficiente para el emprendimiento inmobiliario y que el mismo se encontraba supeditado a otras autorizaciones administrativas, fundamentalmente el certificado de aptitud ambiental”.

Los argumentos
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, tanto a nivel provincial como nacional, y en la aplicación de criterios preventivos.
El decreto subraya que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se entenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y enfatiza que la Provincia no puede “eludir sus deberes constitucionales en pos de los bienes colectivos”, que hoy cuentan con estatus constitucional y forman parte de políticas públicas.
El conflicto se agravó en los últimos meses por la comercialización de lotes que realizó la desarrolladora sin contar con la autorización definitiva para avanzar con el barrio cerrado.
Esa situación generó tensiones con inversores y compradores, ante el incumplimiento de los plazos de entrega originalmente anunciados. En ese contexto, el futbolista Denis Rodríguez presentó una denuncia penal por presunta estafa, causa que se encuentra bajo análisis del fiscal provincial Ramiro González Raggio.
Con el rechazo de la revocatoria, el expediente administrativo quedó cerrado, lo que deja a Davik SA sin una vía de resolución inmediata.
La empresa aún podría recurrir al fuero Contencioso Administrativo si decide insistir con el proyecto original, aunque desde la Provincia advierten que no existe una salida de corto plazo. 
En paralelo, la sentencia judicial es de primera instancia y puede ser apelada, aunque hasta fines de 2025 no se había presentado ningún recurso, pese a que los plazos continuaban vigentes.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial fueron categóricos respecto del futuro del emprendimiento. “El proyecto original no tiene factibilidad”, señalaron fuentes oficiales, aunque admitieron que, en su carácter de propietarios de las tierras, los titulares podrían readecuar el uso del suelo.
Según estimaciones que circulan en la Casa Gris, la superficie habilitable para viviendas permanentes no superaría entre el 3 y el 5 por ciento del total del predio. También descartaron de plano la posibilidad de una modificación legislativa que beneficie a Damfield para concretar el barrio cerrado tal como fue concebido.

Otra posición
La posición provincial contrastó con las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien cuestionó con dureza la clausura y defendió la continuidad del emprendimiento. “Los ingenieros ya lo dijeron y presentaron certificados que confirman que el lugar no se inunda”, afirmó el jefe comunal, y apuntó directamente contra el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich. “Para mí es un irresponsable”, dijo, al responsabilizarlo por frenar “más de 60 emprendimientos en toda Santa Fe”.
Santacroce sostuvo que, de existir riesgos en otras zonas, “será el Estado provincial o nacional el que deba encarar las obras de infraestructura necesarias”, y planteó interrogantes sobre la previsibilidad para la inversión privada. “¿Qué seguridad jurídica tiene la Argentina si mañana cambia el gobierno y te cambian todas las reglas del juego?”, se preguntó.
Las declaraciones del intendente generaron respuestas en el ámbito político local. El concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Ignacio Rímini, expresó su preocupación por “la liviandad con la que el Ejecutivo municipal aborda la seguridad hídrica de la región”.
“Hay una ambición por avanzar en negocios de toda índole que poco tiene que ver con las necesidades de los vecinos”, afirmó.
El edil recordó que la potestad de aprobación hídrica y ambiental corresponde a la Provincia y que esas normativas “son garantías de seguridad, no simples obstáculos”, y pidió priorizar la calidad de vida y la protección de residentes e inversores.
Con el decreto firmado y el aval judicial, el gobierno provincial cerró filas en torno al rechazo de la revocatoria y dejó firme la clausura de Damfield, consolidando una decisión que coloca el eje en la prevención ambiental y en la autoridad provincial sobre el ordenamiento territorial y la seguridad hídrica..
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Liberaron en Santa Fe a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de 10 años fuera de su hábitat

Fecha de Publicación: 31/12/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe


El ejemplar había sido rescatado de una casa particular y terminó en cautiverio en CABA. Tuvo que ser rehabilitado antes de regresar a la naturaleza.
Después de más de diez años viviendo lejos de su entorno natural, el yacaré overo Ricardito fue liberado en una reserva natural de la provincia de Santa Fe.
Este ejemplar fue rescatado de una casa particular y terminó en el Instituto Malbrán, donde vivió en una pequeña pileta, sin las condiciones necesarias para desarrollar los comportamientos propios de su especie.
En octubre pasado, gracias a una intervención coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, el Ministerio Público Fiscal de CABA, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño, el animal fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
Al llegar al centro especializado, Ricardito presentaba signos claros de haber pasado mucho tiempo en cautiverio. Allí, un equipo técnico interdisciplinario evaluó durante semanas su estado sanitario, nutricional y conductual.
Si bien no detectaron enfermedades de base, los especialistas advirtieron que el yacaré no tenía la cantidad de comportamientos necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Además, debió alcanzar un peso adecuado y reducir el contacto con personas, ya que la habituación humana es incompatible con la vida silvestre.
La liberación de Ricardito se concretó recién cuando el animal demostró que podía alimentarse solo, desplazarse sin asistencia y mostrar conductas propias de su especie.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmó que el área elegida para la reinserción reunía condiciones ecológicas óptimas y no presentaba riesgos sanitarios ni genéticos para otras poblaciones.
La historia de Ricardito dejó en evidencia la necesidad de respuestas estatales coordinadas frente a la tenencia ilegal de animales silvestres. Desde el Ministerio de Ambiente provincial remarcaron que las reintroducciones de fauna requieren criterios técnicos estrictos: una liberación sin planificación puede derivar en alta mortalidad, conflictos sociales o impactos negativos sobre otras especies.
En el caso de reptiles como los yacarés, los especialistas advirtieron que muchas veces se subestima la complejidad del proceso. La evaluación del hábitat, la alimentación, el comportamiento y la genética fue clave para definir el momento y el lugar de la reinserción.
La provincia de Santa Fe no solo trabaja con yacarés: también rehabilitará monos, urracas y tortugas de agua rescatados en Mendoza, consolidando su rol como referente en la conservación y el rescate de fauna silvestre.
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