Organizaciones sociales y ambientales piden una nueva Constitución provincial que "ponga la vida en el centro"

Fecha de Publicación: 02/07/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Bregan por una reforma ecosocialmente justa y popular, que respete los derechos de la naturaleza y las comunidades y el de protesta en defensa del ambiente
“¿Qué Constitución necesitamos en Santa Fe?: Una que ponga la Vida en el centro”, de esta manera desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron que la provincia está frente a “una oportunidad histórica” respecto a la reforma de la Constitución, por esa razón alertan sobre las consecuencias que puede tener sobre el futuro si en este proceso “se ignora la crisis ecológica por la que atravesamos”.
Al respecto mencionan que “Santa Fe ya sufrió décadas de extractivismo: Más del 80% de sus bosques nativos desaparecieron. Los suelos se erosionan, los humedales arden, y las fumigaciones con agrotóxicos siguen enfermando comunidades”. Por esa razón advierten que “no alcanza con modificaciones y compromisos superficiales: necesitamos una Constitución que se comprometa con el presente y con el futuro”.
Desde diferentes plataformas y redes sociales imploran que "Es urgente evitar que la ola libertaria que recorre el país impida la incorporación de derechos ecológicos y ambientales, así como el fortalecimiento de los derechos humanos, laborales, políticos, culturales, indígenas y el respeto por la diversidad de género." 

La Constitución que se necesita
Entienden que por esa razón “se necesita una Constitución que reconozca los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, y el derecho a vivir en un ambiente sano. Que diga basta a la mercantilización de los bienes comunes, y que garantice la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios".
Manifiestan que el debate tiene que aportar a “una Constitución ecosocial, que articule justicia ambiental con justicia social. Porque no hay derechos humanos posibles en territorios devastados. Y no hay futuro si no desarmamos el modelo que está destruyendo la vida”. 
Destacan que la reforma puede ser un punto de inflexión “¿Vamos a permitir que avance la agenda del saqueo, o vamos a impulsar un nuevo pacto ecosocial y popular?”, se preguntan y como una forma de establecer algún tipo de agenda que contemple estas preocupaciones elaboraron un documento con la intención de solicitar que la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe contemple aspectos relativos a promover la “sostenibilidad y el cuidado colectivo”.

Junto a organizaciones sociales
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto a otras entidades sociales y ambientales reunieron en un documento una serie de propuestas que sintetizan sus principios y reivindicaciones.
El texto está firmado por: Capibara; El Paraná No se Toca; el Centro de Protección a la Naturaleza; Onda Verde; Caje; Instituto de Salud Socio Ambiental; CTA; Equipo Transiciones; Mopea; Taller Ecologista; Multisectorial Humedales; STS Rosario, la Asociación de Abogados Ambientalistas y Trama Tierra. 
“Consideramos que la provincia necesita preservar los bienes comunes, resignificar la habilitabilidad de los territorios y propiciar la integración de las comunidades, en armonía con la naturaleza”, expresaron al comienzo del documento que está circulando por medio de sus redes sociales.
“La reforma constitucional no puede ser ajena al contexto crítico que atravesamos: una crisis ecológica de escala civilizatoria, marcada por el avance del extractivismo, el deterioro ambiental extremo y una creciente ofensiva de sectores conservadores que buscan desmantelar derechos conquistados”, prosigue el texto.

Responsabilidad histórica
“Frente a la amenaza de una agenda negacionista representada por intereses concentrados, creemos que Santa Fe tiene la responsabilidad histórica de construir una Constitución que reafirme un horizonte de justicia social, ambiental, étnica, de género, económica y cultural”.
“Estamos convencidos que es una oportunidad para que la provincia recupere, por fin, el espíritu precursor, el de anteponer las necesidades compartidas a los intereses individuales o los egoísmos corporativos, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Esperamos que nuestros convencionales sean portavoces de este tiempo, el que nos toca transitar, donde urge el resguardo de la casa común y su legado para generaciones futuras”, mencionaron.

Visión ecocéntrica y derechos fundamentales
El texto sugiere la necesidad de “incluir una cláusula ambiental ecocéntrica que articule el reconocimiento del derecho a un ambiente sano con el derecho de la naturaleza al respeto integral de su existencia y ciclos vitales. Incorporar los principios ambientales reconocidos a nivel nacional (Ley 25.675) y actualizarlos incorporando otros nuevos (in dubio pro natura y pro acqua, no regresión y desmercantilización)”. También propone: “Reconocer el derecho humano al agua como fundante de la vida en sus dimensiones individuales y colectivas, así como el derecho a la ciudad y a la ruralidad; incluyendo el ordenamiento territorial por cuencas hídricas y la creación de entes de gestión público-social que garanticen el acceso equitativo y eviten la privatización de ríos o la mercantilización del agua”. 

Agroecología, soberanía alimentaria y responsabilidad
Por otra parte propone la incorporación de “el concepto de sustentabilidad y modalidades de producción y consumo que resguarden los límites planetarios; impulsando una transición hacia modelos agroecológicos y de soberanía alimentaria, basados en sistemas alimentarios locales, biodiversos y libres de agrotóxicos”. 
Para ello sugiere incluir en las modificaciones de la Carta Magna provincial los “instrumentos y herramientas de diseño y gestión de políticas públicas socioambientales. Incorporar la mitigación y adaptación al cambio climático como deber del Estado y de los particulares”.
Esto supone reconocer “la función social y ecológica de la propiedad, estableciendo límites al uso de la propiedad que implique destrucción ambiental o afectación de derechos colectivos, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Proteger los suelos, la calidad del aire, los cursos de agua y la diversidad biológica, con especial énfasis en los humedales, su preservación, restauración y protección frente a incendios intencionales, dragados indiscriminados o avance de fronteras extractivas”.
Entre los bienes comunes que las organizaciones quieren que se reconozcan, están: la ciencia y a los saberes colectivos y ancestrales: “Sintonizar con el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, garantizando el derecho a sus territorios ancestrales, la consulta libre, previa e informada, y la protección de sus formas de vida frente a la destrucción ecológica y cultural”.

Participación ciudadana
Otro aspecto que solicitan tener en cuenta es la incorporación de “mecanismos permanentes de participación ciudadana directa o semi-directa especialmente ante grandes proyectos que puedan afectar gravemente los ecosistemas y su porvenir”, as{i como “fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental” y, además: “Promover el acceso a la información y la generación activa de información de parte del Estado provincial”.
Plantean “Incluir instituciones de representación de la naturaleza y las generaciones futuras, así como para la protección defensores/as ambientales”. 
También solicitan “incorporar la dimensión ambiental al Consejo Económico y Social, denominándolo Consejo económico, social y ecológico de la Provincia de Santa Fe”y los “mecanismos de evaluación ambiental integrales y acumulativos, que contemplen los impactos a escala de cuenca o ecosistema, incluyendo herramientas como la evaluación estratégica ambiental”.

Derecho a la protesta social
El derecho a la protesta social y a “la libre expresión de las comunidades en defensa del ambiente, rechazando cualquier intento de criminalización o persecución de quienes protegen sus territorios. Es deber del Estado crear entornos seguros para defensoras y defensores ambientales”, también forma parte del petitorio. 
Finalmente solicitan “prohibir expresamente la mercantilización de los bienes comunes a través de figuras como los créditos de carbono o compensaciones corporativas, que perpetúan la contaminación y la desigualdad”. 
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