Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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Reclamo por el Riachuelo a la CIDH

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


Tras el cierre de la causa, reclaman por el incumplimiento de relocalizaciones y obras en la cuenca por desfinanciamiento.
El conflicto por el cierre de la Causa Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue escalando y ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las entidades y organizaciones que intervenían en la causa denunciaron formalmente al Estado argentino ante la Comisión, luego de que el año pasado la Corte Suprema decidiera cerrar de forma intempestiva su intervención en el proceso judicial que comenzó en 2008 con el histórico fallo que ordenó sanear la cuenca y relocalizar a las familias de los barrios populares de la zona. Las organizaciones advierten, entre otros puntos, que todavía no se completó ni el 50 por ciento del total de esas soluciones habitacionales, ni se terminó la construcción del Sistema Riachuelo, obra clave para los servicios de agua y cloacas de la zona. Todo, además, en el marco del desfinanciamiento de Acumar.
La denuncia fue presentada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, el CELS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Vecinos de la Boca y la Fundación T.E.M.A.S. Se trata de organizaciones que conformaban el Cuerpo Colegiado que se constituyó tras el fallo para dar seguimiento a los trabajos y que ahora acuden a la CIDH para denunciar al Estado argentino por la "violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En la presentación ante la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) se piden medidas cautelares para que el Estado tome acciones con el fin de "proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca" y que "se continúen las medidas ordenadas en la sentencia de 2008 para mejorar la calidad de vida". Marcela Millán, defensora general de la Ciudad, aseguró a este diario que también se solicitó a la Comisión que "visite la Cuenca, que recomiende medidas urgentes y, de persistir el incumplimiento, eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La defensora advirtió que el cierre del seguimiento de la causa "implica un grave retroceso en la protección de los derechos socio ambientales de las personas de la Cuenca y en la ejecución de la sentencia ambiental más importante en la historia judicial de Argentina, de esta manera el Estado argentino incumple sus obligaciones internacionales de protección de derechos humanos". Además, sostuvo que la decisión de la Corte se tomó "a pesar del grave incumplimiento de los compromisos de saneamiento y relocalización de las familias".
Las organizaciones presentaron también un diagnóstico sobre la situación actual de los trabajos en la cuenca que comenzaron tras el histórico fallo de la Corte que ordenó a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, así como al Estado Nacional a través de Acumar, que reparen los daños ocasionados por la contaminación a las familias que viven a la vera del Riachuelo. El comunicado indica que hasta octubre del año pasado, cuando la Corte decidió de un día para el otro cerrar su intervención en la causa, la propia Acumar reconocía que la ejecución de las soluciones habitacionales alcanzaba sólo al 42 por ciento del total de familias afectadas.
"Hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito", advierten las organizaciones, que agregan que "al día de hoy no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza".
En cuanto al Sistema Riachuelo, al que califican como una obra "imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloacas, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo", recuerdan que los trabajos no terminaron, por lo que "tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia Acumar y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56 por ciento". Esa obra está a cargo de Aysa, y aunque tiene un financiamiento millonario del Banco Mundial, está frenada en la gestión de Javier Milei.
En este sentido, en la presentación también se denunciaron "las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias", entre las que se cuentan no sólo Aysa y Acumar sino también la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el MPD agregan que no existe un presupuesto asignado para obras en el Riachuelo durante 2025, "en tanto únicamente se ha prorrogado el presupuesto asignado desde 2023 sin modificar el monto por la inflación". "Además, desde la entrada de la nueva gestión de Nación en diciembre de 2023, ha habido un vaciamiento de recursos y de funcionarios en Acumar. En marzo de 2025 fueron despedidos más de 300 empleados", recuerdan.
Sostienen así que la decisión de la Corte "implica la finalización del proceso de supervisión institucional de control y de rendición de cuentas presupuestario al caso ambiental más importante en la historia de Argentina". "Ahora Acumar es el único ente encargado de continuar las tareas, sin tener un ente de control o supervisión. Esta decisión significa la pérdida de un recurso judicial que se había diseñado para dar una respuesta a las violaciones a los derechos de todas aquellas personas que viven en la Cuenca y, en definitiva, un retroceso que ya tiene y tendrá consecuencias para esa población", concluyen.
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Pese a los millones del Banco Mundial, las obras del Matanza Riachuelo en stand-by

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Tras una inversión de más de 1200 millones de dólares y con el 90% del proyecto terminado, la obra más importante para la recuperación del río está paralizada. Asombra la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción.
Ya se dijo: el Sistema Matanza Riachuelo, la obra más importante para la recuperación del río, está parada. Pero no está de más repetirlo. Es un dato asombroso por muchos motivos, como el volumen de su inversión: más de 1200 millones de dólares. Y por el avance alcanzado hasta el momento: más del 90% se halla actualmente terminada, después de diez años de trabajo.
La obra asombra por sus dimensiones. Se trata de la ampliación de la red de cloacas subterráneas del Área Metropolitana de Buenos Aires más importante desde la puesta en marcha de la red a principios del siglo XX.
También es notable por tener como principal socio estratégico al Banco Mundial, que la presenta como un proyecto de vanguardia a nivel internacional, por la escala y los desafíos técnicos resueltos para su construcción, y por ser la mayor inversión en su tipo realizada por el organismo en la región.
La obra es uno de los ejes centrales del plan de recuperación ambiental del río Matanza Riachuelo, impulsado por el Estado Nacional a través de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y ejecutada por la empresa pública AySA (Agua y Saneamiento).

Millones de inodoros
Los líquidos cloacales son el principal objetivo del proyecto. Estos representan, en volumen, la mayor fuente de contaminación del río. Se trata de líquidos provenientes de los baños de viviendas habitadas por las más de dos millones de personas del área sin acceso a la red de cloacas. Su desagüe se produce a través de arroyos, canales clandestinos y filtraciones de napas subterráneas.
La materia orgánica de estos inodoros, volcada sin tratamiento, llega al río en cantidades imposibles de procesar por éste. Su saturación provoca uno de sus problemas ambientales más graves: la falta de oxígeno disuelto en el agua. En condiciones normales, la materia orgánica se descompondría sin generar daños ambientales. Pero en cantidades extremas, las bacterias encargadas de degradarla terminan por absorber el oxígeno del medio, hasta agotarlo.
El resultado es la paradoja de un curso de agua como el Matanza Riachuelo, donde debido a la ausencia de oxígeno no pueden vivir peces ni otros organismos acuáticos; por no mencionar otros riesgos generados por las cloacas sin tratar, como las enfermedades y los malos olores.

Una obra descomunal
¿Cómo se llegó a esta situación? Es el resultado de más de un siglo de expansión del área urbana de Buenos Aires. O mejor dicho, de su evidente desigualdad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires contó desde principios del siglo XX con una red de cloacas moderna, motivo de orgullo en su época, no sucedió lo mismo en el llamado Conurbano, donde nunca se invirtió ni planificó de manera equivalente.
Este fue uno de los problemas encarados por ACUMAR desde 2009. Las dos millones de personas sin cloacas en la Cuenca Matanza Riachuelo no solo estaban desconectadas de la red. En realidad, no existía ninguna red con capacidad suficiente para recibir sus líquidos cloacales, transportarlos y tratarlos.
La solución del Sistema Riachuelo fue duplicar la capacidad de carga del sistema. La obra incluyó la excavación de un túnel de más de 40 kilómetros y tres metros de diámetro, que une la Matanza con el barrio de La Boca, recorriendo todo el borde del Riachuelo a lo largo del sur de la Ciudad, y aliviando los conductos existentes. Desde allí, pasa por debajo del Riachuelo, se interna en la Isla Maciel y Dock Sud, sigue por debajo del puerto y el Polo Petroquímico y termina en la orilla del Río de la Plata, en donde se construyó la mayor planta de tratamiento de líquidos cloacales del Área Metropolitana. Otro conducto subterráneo se interna 10 km bajo el río para realizar la dispersión final de los líquidos.
El resultado, cuando el sistema se ponga en marcha, será una mejora notable en la calidad del agua del río. El Sistema permitirá incorporar 1,5 millones de usuarios a la red de cloacas en la Cuenca, y mejorar el servicio de 4,3 millones de personas, en más de veinte Municipios, algunos fuera de esta.

Parálisis y perplejidad
Pero lo más asombroso del Sistema Riachuelo es que actualmente esté detenido. Entre trabajadores y funcionarios de ACUMAR reina la perplejidad. El último paso para su puesta en marcha requiere una transferencia de fondos del Estado Nacional. Las cañerías se hallan terminadas desde fines de 2023, pero su punto débil es la planta de tratamiento de Dock Sud, imprescindible para poner en marcha la red. Esta tiene un avance del 94%, según el sitio web de ACUMAR, y su fecha de finalización era el 2024, sin nuevas actualizaciones.
Como sucede en muchas áreas del Estado en la actualidad, no hay indicios de los planes a futuro. El contraste es notable. Por un lado, en la web abundan los materiales gráficos y audiovisuales realizados en los últimos años para transmitir la importancia de la obra, de donde fueron tomados los datos para esta columna. Pueden observarse las palabras llenas de orgullo y emoción de la ingeniera a cargo de su dirección, considerándola un hito histórico por su escala y dificultad. Los funcionarios del Banco Mundial destacan la obra como un modelo para otros proyectos impulsados por el organismo en otros países, por el volumen de la inversión y la cantidad de población beneficiada. Sobre todo, por la complejidad de los actores involucrados y las negociaciones requeridas para sostener en marcha el proyecto a través de los sucesivos cambios de gobierno.
Hoy los mayores elogios y apoyos a la obra provienen, paradójicamente, de las publicaciones de un organismo internacional y una empresa pública, AySA, a la cual se propone privatizar. ACUMAR adoptó el Sistema Riachuelo como una de las principales acciones para el saneamiento del río Matanza Riachuelo, pero en las últimas semanas el organismo borró de su sitio web la mayor parte de los materiales de difusión, noticias y registros realizados a lo largo de los últimos años sobre este y otros proyectos vinculados al saneamiento de la Cuenca. Quedaron disponibles solo los informes técnicos, en su mayoría desactualizados.

Silencio que aturde
El retiro de ACUMAR como impulsora general del proyecto tiene consecuencias obvias. Es difícil imaginar un proceso de transformación como el propuesto a través de estas obras, sin una voz pública dedicada a transmitir el sentido de sus inversiones. Sin información e imágenes que ayuden a dimensionar los cambios esperados.
El río tiene una tradición de intentos de limpieza sin terminar. El silencio oficial inquieta porque amenaza con dejar en el olvido obras que constituyen uno de los mayores avances realizados hasta el momento para revertir su ya legendaria contaminación.
Pero el silencio es más complejo en obras como las de las cloacas cuya naturaleza las vuelve invisibles, casi por definición, y cuyo funcionamiento y recorridos siguen siendo un misterio para el público general.
Asombra, además, la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción. Una inversión aportada por un organismo internacional, convertida en deuda, que más allá del futuro de la infraestructura construida, y de su eventual puesta en funcionamiento, deberá ser devuelta por el Estado. Es difícil entender la pasividad de tantos actores involucrados, desde funcionarios hasta representantes del Banco Mundial. Y, en consecuencia, la falta de preguntas y debates públicos acerca del futuro del trabajo realizado y de los fondos prestados y utilizados.
Pero, por último, este retiro del Estado también llena de dudas el día después de las obras. Cuando el Sistema Riachuelo logre ponerse en marcha, todavía quedará pendiente el tramo final de las conexiones a construir, las tuberías necesarias para que los distintos barrios y viviendas de la Cuenca logren incorporar sus líquidos cloacales a la red y eviten, definitivamente, sus filtraciones hacia el río y sus arroyos. La pregunta es cómo se pondrá en marcha este proceso y de dónde saldrán los recursos y el impulso de gestión necesarios, que involucrarán a cientos de miles de viviendas, y requerirá de otros financiamientos e impulsos. En definitiva, de un proceso de diálogo público como el que en estos días el Estado parece decidido, casi obsesionado, a evitar.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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El arroyo Sarandí se tiñó de rojo y los vecinos creen que es por desechos industriales

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
 En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.
Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.
Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”. 

Más Información:

Tiempo Argentino. Alarma por el arroyo Sarandí, que amaneció teñido de rojo y con olores nauseabundos
El arroyo Sarandí amaneció teñido de rojo y tanto el color como el olor nauseabundo llamó la atención de las y los vecinos de Avellaneda, que apuntan contra empresas de la zona por arrojar desechos industriales al agua. Un viejo problema de la zona que tuvo su pico de contaminación en el Riachuelo. El Gobierno provincial ordenó tomar muestras para analizarlas.

Clarín. La historia del arroyo que se tiñó de rojo: contaminación y sospechas de sabotaje por la mancha que alertó a los vecinos
La impactante imagen del arroyo Sarandí teñido de un rojo intenso que sorprendió a los vecinos de Avellaneda aún no tiene una explicación certera. Aunque la mancha que quedó registrada en videos y redes sociales se disipó, las autoridades que tienen jurisdicción sobre cauces hídricos y control ambiental no pudieron determinar el origen del fenómeno. Y la escena pone en agenda la contaminación de este y otras cuencas en el Gran Buenos Aires.
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Finalizó la segunda Audiencia Pública del año

Fecha de Publicación: 12/12/2024
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Con la participación de 38 expositores se llevó a cabo este viernes la Audiencia Pública convocada para presentar el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor de Lanús.
Se llevó a cabo el viernes 6 de diciembre la segunda Audiencia Pública del año, en el que ACUMAR presentó el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús, al que las curtiembres radicadas en la Cuenca deberán trasladarse para seguir operando.
La Audiencia, que tuvo lugar en el Cine Teatro “Tita” Merello, de la Universidad Nacional de Lanús, contó con la participación de 38  oradores y cerca de 100 participante que debatieron y expusieron sus posturas en torno a la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (PTELI) construidos en Lanús, y al que las empresas que realicen operaciones vinculadas al curtido de cueros deberán trasladarse.
La presentación del encuentro estuvo a cargo del Director General Ambiental, Federico Gatti Lavisse, quien agradeció a los presentes haciendo especial hincapié a la comunidad de Valentín Alsina, donde se concentran la mayor cantidad de curtiembres de la Cuenca, que participaron hoy tanto en representación de empresas como en calidad de vecinos.
Gatti destacó también el compromiso de todos los actores que forman parte del proyecto del PIC y la PTELI, y se refirió a la importancia de la sinergia entre los sectores público y privado: “La inversión del estado ha sido muy grande, queremos que las empresas trabajen, exporten, generen empleo y nuevas producciones siempre respetando los manuales y los procedimientos ambientales propuestos en este parque”.
El PIC está destinado a la radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se trata de una iniciativa promovida por ACUMAR y financiada por el Banco Mundial, que contempla la construcción del parque y de una Planta de Tratamiento que promueve la producción ambientalmente sustentable, optimizando recursos y procesos con una propuesta de mejora continua.
El Parque comprende un predio de 160.000m², con capacidad para 23 lotes y 8 pabellones, en tanto que la Planta de Tratamiento, por su parte, tendrá una capacidad para tratar hasta 9.000m³ de efluentes diarios, lo que equivale a 12 mil cueros diarios.
De acuerdo a los últimos relevamientos en la Cuenca operan 60 curtiembres, de las cuales el 90% se encuentran en Lanús, y el resto distribuidas entre Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza.
ACUMAR publicó recientemente una nueva normativa, la Resolución 259/2024, que establece las condiciones mínimas de producción del curtido de cueros, y se indican los plazos para acoplarse a las normas ambientales vigentes. Con esta regulación, la empresas que se dediquen al curtido, pelado, salado y/o terminación de cueros, sean o no agentes contaminantes y generen efluentes líquidos industriales derivados de estos procesos deberán presentar una propuesta de adecuación que contemple el traslado de su actividad al Parque Industrial Curtidor (PIC) con el objetivo de derivar sus efluentes líquidos industriales a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PTELI).
Durante más de 4 horas, 38 exposiciones formaron parte de la Audiencia en la que se destacaron representantes de la industria del cuero, empresas y PyMEs del sector, pero también vecinos y vecinas de Villa Diamante, que dejaron plasmado sus posturas en torno al proyecto.
Los testimonios y consideraciones vertidos durante el encuentro formarán parte de un informe final, que estará disponible en la web del organismo en un plazo máximo de 30 días, tal cual lo establece la norma que rige estos procesos, Decreto N°1172/2003. La totalidad del evento se encuentra disponible en el canal oficial de ACUMAR en YouTube.
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Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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La Corte Suprema cerró la causa por la contaminación del Riachuelo y dejará de controlar el curso de agua

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Argumentó que se están cumpliendo los objetivos del plan de saneamiento; evitó imponer una indemnización por el daño colectivo causado y dejó en manos de cada juez los reclamos de particulares
La Corte Suprema puso fin a la supervisión de la ejecución del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo que viene llevando adelante en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia” desde hace casi dos décadas. En un fallo emitido este martes, sostuvo que dejará de controlar el proceso porque se cumplen los objetivos del programa y eludió fijar un monto de daño colectivo en favor de las 17 personas que plantearon la demanda.
La Corte basó su decisión en que a partir de su intervención activa, se generó la reforma estructural que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos que en materia ambiental consagra la Constitución Nacional.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quien amplió sus fundamentos en un voto por separado.
Los ministros de la Corte, en una decisión que LA NACION adelantó en junio pasado, dijeron que las causas que están en manos de los jueces de ejecución por este caso, Ariel Lijo y Jorge Rodríguez de Morón, deberán regresar a los tribunales que les correspondan en razón del territorio y la materia. Es decir, ambos magistrados cesan su intervención en estos temas.
Además, señalaron que no corresponde por prematura evaluar “la consideración del daño moral colectivo solicitado” por los vecinos que iniciaron la causa. Además, el trabajo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se encuentra aún en desarrollo, “lo que impide que se pueda arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles”.
Los jueces dijeron que no corresponde crear un fondo común de recomposición para solventar los gastos de reparación del ecosistema, pues el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Acumar son quienes han venido afrontando los costos de la recomposición. Y determinaron que las costas deban ser impuestas en el orden causado.
El tribunal consideró que como consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de los años, el Congreso de la Nación reconoció la problemática ambiental en la zona como “una cuestión de Estado” y sancionó la ley 26.168, por la cual creó la Acumar con amplias facultades de regulación, control y fomento respecto de cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca.
Esta institución también tiene atribuciones para intervenir en materia de prevención, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. A su vez, la Corte analizó los diversos informes presentados por Acumar en la causa y concluyó que lo ordenado oportunamente se encuentra en ejecución con diferente grado de avance.
“La intervención de esta Corte ha cumplido acabadamente su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, dijeron los jueces y concluyeron que “de acuerdo a lo que surge del informe de la Acumar, los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) son ejecutados de un modo regular por parte de la autoridad de aplicación”
Indicaron que “en la medida en que esta Corte ha dispuesto que la Acumar es la obligada al cumplimiento del PISA y que hasta el presente ha venido ejerciendo su función de modo constante y sostenido, corresponde poner fin a la presente causa” y que el control del Acumar sea administrativo.
El tribunal entendió que en las actuales condiciones la medición detallada de los resultados que alcancen estas nuevas estructuras no forma parte del cometido del tribunal, en especial, si se tiene en cuenta que el monitoreo demandaría un tiempo prolongado o tiempo indefinido, en el caso de que lo ordenado sea de ejecución permanente.
La Corte enumeró que la Acumar informó que ha efectuado la continua limpieza y mantenimiento de 26.000 metros lineales de márgenes del cauce principal del río y 103.323 metros lineales de ríos y arroyos. Y que realiza desde el año 2010 la limpieza del cauce principal del Río Matanza Riachuelo, extrayendo diariamente los residuos flotantes.
El promedio mensual de residuos extraídos en 2022-2023 es de 286,48 toneladas mensuales y se extrajeron 80 embarcaciones hundidas en las aguas del río.
Además, resalto que hay en marcha planes contra la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales, hay planes directores de drenaje que se encuentran en ejecución con un grado de cumplimiento del 94%; se trabaja en el control de la contaminación de origen industrial con 4157 establecimientos empadronados, y un millar de ellos inspeccionados.
Indicó que se detectaron 434 agentes contaminantes, se relocalizaron curtiembres y se construyó la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli). En mayo de 2022 se efectivizó el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, porque se consideraba que era uno de los sectores que generaba mayor volumen de contaminación orgánica, ya que vertía sus efluentes, sin adecuado tratamiento, al Arroyo Cildañez.
Se implementaron planes habitacionales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región. En total, 17.771 familias en situación de emergencia ambiental. El plan se encuentra en ejecución con un avance del 41%, lo que representa un total de 7247 soluciones habitacionales terminadas.
El informe indica que se trabajó en la limpieza y el cierre de los macro basurales y con la instalación de sesenta estaciones de reciclado. Se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento y poda de las márgenes,
Finalmente, la Corte advirtió que resulta necesario que la Acumar siga trabajando para mejorar de manera continua el cumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento y que el control sobre su actividad habrá de canalizarse a través de las vías establecidas en la ley 26.168 y del procedimiento de control de la actividad de toda la administración pública nacional.

El devenir de la causa
El 14 de julio de 2004 se presentaron ante la Corte 17 personas, algunos representando a sus hijos, reclamando por en términos de la Ley General del Ambiente (LGA) una demanda de recomposición e indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, si la situación era irreversible. La acción fue dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas.
El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones en dos grupos: los reclamos individuales, que los mandó a cada juzgado, y los reclamos colectivos, que se los reservó. Y así, en 2006, las partes acompañaron el “Plan Integral para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, en el cual describieron los aspectos principales de este programa, que tuvo apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá, el jefe de gobierno Jorge Telerman y los intendentes de los partidos involucrados.
Se creó entonces la Acumar y la Corte monitoreó durante estos años los avances del proceso. El 19 de diciembre de 2012, la ejecución de la condena fue escindida en dos magistrados. Uno de ellos tendría el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura; y el otro, la supervisión de las restantes competencias.
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Clausuraron una química en el Parque Industrial de Almirante Brown

Fecha de Publicación: 15/10/2024
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires


El Municipio de Almirante Brown junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuraron una empresa química del Parque Industrial de Burzaco luego de comprobar que generaba efluentes que desembocaban en el Arroyo del Rey.
Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local explicaron que la situación fue advertida en el marco de los monitoreos preventivos que se llevan adelante en forma permanente y regular en el Parque Industrial para potenciar el cuidado del ambiente y bregar por un distrito sustentable.
En este sentido, en uno de los controles en los que se supervisa la calidad del aire y de efluentes que llegan al Arroyo del Rey se observaron incongruencias en los valores y colores que no coincidían con los registrados en los últimos monitoreos realizados.
Fue entonces cuando se llevó a cabo un exhaustivo análisis para comprobar de dónde provenían esos líquidos a partir del uso de Rodamina Colorante, un químico que expone los elementos contaminantes en el agua. Y se logró determinar que tenían características contaminantes.
Con los datos recabados, el personal llegó hasta la Química Ros, donde tras inspeccionar el lugar se encontró una cañería clandestina enterrada bajo tierra por la que se derramaban sobrantes químicos que recaían directamente en los efluentes.
Ante esta situación, ACUMAR realizó conjuntamente con la Comuna una clausura administrativa en el lugar, la cual estará vigente hasta que la empresa revierta todas las irregularidades.
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AGN: otro programa con menos del 1% de ejecución

Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Se trata de un informe sobre el Programa Integral del Hábitat que fue aprobado por el organismo de Control. También se debatieron los estados financieros vinculados con el programa de Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior y el financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Volvió a sesionar el Colegio de Auditores Generales de la Nación. Durante la jornada se aprobaron diferentes informes, entre ellos, una auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa Integral del Hábitat del Ministerio de Economía, por el ejercicio Nº 4 comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
El auditor general, Javier Fernández, presentó el informe y remarcó la subejecución de los fondos asignados al programa. “La ejecución fue casi nula, menor al 1%. Eso es una muestra clara de la poca gestión del área responsable”, agregó.
Además de la subejecución financiera del proyecto, el trabajo de los auditores también observó que el programa continuó “sin obras adjudicadas y con demoras en los desembolsos del dinero enviado por parte de la Corporación Andina de Fomento”.
Fernández también presentó un examen especial referido al impacto de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados en la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por el periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2019.
La particularidad fue que el trabajo solo fue tratado, pero sin aprobación y derivado al área de auditoría interna de la AGN.
“Este proyecto tuvo demoras desde su inicio hasta su finalización. En junio de 2020 se aprobó la planificación y luego pasaron cuatro años sin avances en las tareas de ejecución”, criticó Fernández y analizó que la situación es “un momento oportuno para llamar la atención sobre la manera de trabajar”.
“Si se llega cuatro años más tarde, el trabajo perdió oportunidad, más teniendo en cuenta que ya existen otros informes aprobados sobre la misma materia”, concluyó el auditor general.
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Nueva era: tras el saneamiento, el Riachuelo vuelve a ser navegable

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo


Ayer se llevó a cabo la presentación del nuevo servicio de viajes turísticos que se desarrollará entre el Dique 1 de Puerto Madero y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, en La Boca. El tramo se podrá recorrer en 40 minutos y tiene precios desdoblados entre turistas argentinos y extranjeros. La próxima semana se llevará a cabo una audiencia pública que tiene por objetivo ampliar el recorrido, porque se espera llegar hasta el puente de la Barraca Peña.
Luego de los trabajos de saneamiento y puesta en valor de las márgenes que se realizaron en la Cuenca Matanza-Riachuelo y, sobre todo, a partir del fallo del Juzgado Federal y Correccional N° 2 de Morón del 7 de septiembre de 2023 (causa Mendoza), que permitió la navegación comercial en el Riachuelo, desde este sábado quedó habilitada la posibilidad de realizar paseos fluviales en el tramo del Río de la Plata que va desde el muelle ubicado en Cecilia Grierson al 400, en el Dique 4 de Puerto Madero, hasta Pedro de Mendoza al 1.600, a pocos metros del Puente Trasbordador, y de la zona turística de La Boca. Es decir, en pleno Riachuelo.
La iniciativa forma parte del denominado “Paseo náutico­ Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, en el tramo (denominado 1) que va desde Cuatro Bocas hasta el Puente Nicolás Avellaneda. El próximo tramo, que permite ampliar el recorrido hasta la Barraca Peña, se discutirá en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto.
Se trata, en definitiva, de un plan que se impulsó desde el gobierno nacional, a través del entonces Ministerio de Turismo (hoy convertida en Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes) y de la Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar); del Gobierno porteño, por medio del Ministerio de Espacio Público e  Higiene Urbana, y del Ente de Turismo, cuando se permitió la navegación comercial con fines turísticos.
La iniciativa, además, forma parte del nuevo servicio de paseo en catamarán que se sostiene en el Proyecto Sur, el plan de turismo de la Ciudad que impulsa la identidad de La Boca, la pasión por el fútbol, la historia de la inmigración y el tango. También contempla el regreso de la actividad nocturna en Caminito con un nuevo ordenamiento del espacio público, la reorganización del transporte y el refuerzo de la seguridad.
Recorrido. El recorrido estará a cargo de la empresa Sturla Viajes, que ya presta este tipo de servicio de viajes fluviales desde Tigre hasta Puerto Madero, pasando por los puertos de San Fernando y Olivos.
En este caso puntual, durante el paseo el viajero tendrá la oportunidad de observar la Reserva Ecológica desde otro ángulo al habitual, los rascacielos y edificios emblemáticos que bordean la Costanera Sur, la desembocadura del Riachuelo, pasando por debajo del antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Monumento Histórico Nacional y uno de los últimos ocho puentes de su tipo aún en pie en el mundo. Aquí, el paisaje industrial se entremezcla con los colores vibrantes y el encanto del barrio de La Boca.
El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y diferentes horarios de partida. Desde el muelle de Puerto Madero los catamaranes saldrán a las 10.10, 11.50, 13.30, 15.10 y 16:50. Mientras que desde el muelle de La Boca zarparán a las 11, 12,40; 14,30; 16, y 17,40. Los recorridos podrán ser de ida y vuelta o solo de ida o de regreso.  
Respecto a los valores del paseo, desde la empresa Sturla informaron a PERFIL que habrá precios para locales y otro para extranjeros. En el caso de los residentes locales, el precio para la ida y vuelta será de 14 mil pesos, mientras que para los extranjeros, 17 mil pesos. Los menores de 3 a 5 años pagarán 6 mil pesos. Según adelantaron desde la firma, estos precios corresponden a una promoción por el lanzamiento del servicio.  
La presentación del servicio se llevó a cabo en el muelle de Sturla en La Boca, y participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación; Lucas Figueras, titular de Acumar, y Jorge Sturla, presidente de Sturla Viajes.
Víctor Iglesias, es uno de los vecinos de La Boca que pudo hacer el viaje inaugural. Apenas bajó del catamarán se detuvo a hablar con este diario. “Vi gente emocionada por poder navegar otra vez el Riachuelo, como  así también quienes lo hicieron por primera vez. El viaje es muy lindo y didáctico. También que podamos volver a aprovechar el río. Para mí fue algo especial porque soy remero y he remado por estas aguas cuando se podía. Soy vecino de La Boca desde hace tiempo y esto seguro también va a generar pertenencia con el barrio”, concluyó.
En el marco de la presentación, Macri señaló: “Poder recuperar la navegabilidad es un atractivo más para esta zona de la Ciudad. La recuperación del Riachuelo es increíble”, señaló Macri y detalló: “Uno viene acá y ya no hay malos olores. Antes nos habíamos acostumbrado a que olía mal. Además, está volviendo de a poco la flora y la fauna. Frente al edificio de la Fundación PROA se formó un islote natural. Es emocionante haber cumplido con este trabajo de saneamiento”, concluyó el titular del Ejecutivo comunal.
Saneamiento.  Como parte de la Acumar, la Ciudad trabaja en la recolección de residuos en el borde costero y en el lecho del río; la desinfección, desmalezamiento, fumigación de plagas y mosquitos y la limpieza del espejo de agua en toda la superficie, además del borde costero.
Los trabajos de limpieza del Riachuelo se realizan todos los días, incluso los fines de semana y feriados, en los que además de Acumar intervienen el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Prefectura Naval y APRA. Los mismos incluyen fumigación, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos, todo de manera sustentable.
Por otra parte, la Ciudad, continúa con sus trabajos de recuperación en la costa del Río de la Plata. Al plan de recuperación de la costa sur se suma la puesta en valor del frente ribereño de la costanera norte con el Plan BA Costa, que contempla obras en 110 hectáreas. Hace unos días se inauguró el Parque Costero, una playa urbana que es un nuevo paseo frente al Río.

Audiencia por otro tramo
Tal como estaba previsto, la Acumar impulsa en esta oportunidad la ampliación del tramo navegable del Riachuelo hasta el Puente Barraca Peña, completando así más de 1.500 metros de tramo navegable, si se suma el ya habilitado por la Justicia en el año 2023.
Para ello llama a Audiencia Pública para tratar y debatir esta propuesta, sosteniendo el compromiso de  transparencia y participación ciudadana que caracterizó al organismo. Se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a partir de las 10 en el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca.
La audiencia tiene por objetivo “permitir la navegabilidad de embarcaciones específicas con fines turísticos y deportivos, en el tramo comprendido entre el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda y el Puente Barraca Peña (Tramo 2)”.
“En 2011 la Justicia le pidió a Acumar que liberara el Riachuelo de todos los obstáculos, barcos hundidos, muelles y demás materiales, mientras suspendía las navegaciones. Esa tarea ya se cumplió y de hecho, en 2022 se autorizó a un primer tramo, que se corona con el circuito que se inauguró hoy. La audiencia que convocamos es para plantear una ampliación al tramo navegable hasta Barraca Peña. Proponemos navegaciones con embarcaciones de poco calado, que promuevan la integración entre Caminito y Barraca Peña, que incluya el cruce del Transbordador y que revitalice toda la zona sur, tanto del lado de la Capital como de la provincia”, aseguró Federico Gatti Lavisse, Director General Ambiental de Acumar.
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A 16 años del fallo de la Corte por el Riachuelo: piden al Gobierno que no abandone el trabajo de saneamiento de la cuenca

Fecha de Publicación: 09/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Organizaciones que integran el cuerpo colegiado de la causa del saneamiento del Matanza- Riachuelo enviaron un documento a la Corte Suprema para que exija al Estado que se ocupe de cumplir con la sentencia de 2008. “Las omisiones y demoras en el cumplimiento son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas”, destacaron. El 60% de la población que vive afectada todavía no fue relocalizada
Desde hace 200 años. Desde que las primeras poblaciones arrabaleras se instalaron “atrás” del puerto de La Boca, trabajadores de la carne, marineros, obreros migrantes y marginados, animales, vivos y muertos, el Riachuelo es una especie de lombriz de agua negra que corta el borde sur de la ciudad de Buenos Aires y que arrastra desde los primeros tiempos los desechos de industrias y barrios enteros. La podredumbre se acumuló con los siglos hasta que un día como hoy de hace 16 años la Corte Suprema le exigió en un fallo histórico al Estado terminar de una vez por todas con el proceso de contaminación y degradación que afectaba la salud de millones de personas alrededor de la cuenca.
Pero eso no ocurrió. Aunque el Riachuelo se convirtió en este último tiempo en un río más amable, y volvieron los pájaros y algunos peces, y ahora se mantienen limpias sus orillas y ya no flotan lavarropas, ni bolsas de nylon, ni latas de pintura y ni zapatillas viejas sobre la superficie, una década y media más tarde, el trabajo está lejos de completarse. Por caso, apenas se logró relocalizar al 40% de la población que vivía en condiciones indignas y sumamente expuestas al daño ambiental.
“Las omisiones y demoras en el cumplimiento integral de la sentencia son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas. Este cuadro de situación se agrava al advertir el contexto actual”, expusieron organizaciones sociales y ambientalistas que integran el cuerpo colegiado de la causa.
Lo escribieron en un documento que días atrás presentaron ante la Corte Suprema para reclamar el llamado del Máximo Tribunal a una Audiencia Pública y que le exija al Gobierno nacional la reasignación de partidas presupuestarias para la Acumar, la autoridad tripartita de la cuenca, nacida a la luz del fallo, y que de ese modo esta pueda cumplir, aunque sea mínimamente, con lo exigido en la sentencia judicial. Con las medidas económicas de ajuste del último tiempo, sostienen, el plan quedará a la deriva si no se actúa rápido.
Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), que integran el cuerpo colegiado, resulta “de vital trascendencia” un pronunciamiento de la Corte para evitar que las obras para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo “se sigan demorando y así lograr que los cronogramas se cumplan en los plazos previstos”. Y agregaron: “Indudablemente, para que esto pueda lograrse es fundamental que la Acumar cuente con un presupuesto actualizado y se dejen sin efecto los retrocesos institucionales que ha sufrido en los últimos meses. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”.
Del último informe de Acumar presentado ante la Corte se desprende que se solucionó el 41% de la situación habitacional, es decir, 7.247 casos terminados, y proyectan para fin de año un total de 8.433, es decir, llegar al 47%. Según fuentes de la Corte consultadas, la Autoridad destacó que en los últimos 5 años avanzaron “notoriamente”: de 2010 a 2018 se entregaron 3.992 soluciones habitacionales; mientras que de 2019 a 2024, se entregaron 3.255 soluciones. “El Juzgado Federal de Morón tuvo gran injerencia en la aceleración, al dictar resoluciones que acotaron la discrecionalidad política a la hora de fijar prioridades respecto de sus políticas públicas en materia de acceso a la vivienda”, explicó una fuente del tribunal supremo.
Sin embargo, hay complicaciones. A mediados de mayo, el gobierno nacional decidió cortar el vínculo laboral con 40 trabajadores de Acumar, la mayoría empleados que operaban sobre los territorios y no en oficinas administrativas. Integrantes y ex integrantes del organismo advirtieron en ese momento lo perjudicial que puede ser eso para el plan de trabajo contra la contaminación. “Si no hay gente que opere las embarcaciones que limpian el Riachuelo, se va a volver a ensuciar”, explicaban.
En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, los magistrados establecieron ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.
“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por Acumar apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, explicaron desde FARN. Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, detalló que “las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos” y aseguró que “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes”.
Según un informe de mediados de junio publicado por Naciones Unidas, la contaminación atmosférica se convirtió en el segundo factor de riesgo de muerte, más preponderante que el tabaco y la mala alimentación, incluso en niños menores a cinco años. Estudios anteriores cifraban las muertes por esta causa en siete millones anuales, pero el último relevamiento, publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud, con sede en Estados Unidos, concluyó que la contaminación ambiental cargó a su cuenta 8,1 millones de muertes en todo el mundo en 2021. “Es un avance constante”, advirtió Naciones Unidas.
El cuerpo colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.
“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN.
“Se observan algunos avances sustantivos y un alto grado de incumplimiento en este fallo. El juicio de 2008 ordenó la institucionalidad, hay una Autoridad de cuenca que tiene bastante trabajo que hacer porque, según ellos, mismos advierten hay un alto grado de incumplimiento, en especial con la elaboración de soluciones habitacionales conveniadas en 2010″, coincidió Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, que también integra el cuerpo colegiado.

Avances y retrocesos, 16 años después
La causa judicial, conocida como “Mendoza y otros vs. Estado Nacional y otros”, llegó a la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia hecha en 2004. Dos años más tarde, el máximo tribunal intimó a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 44 empresas- a presentar un plan integral de saneamiento.
Así nació Acumar, que tiene la misión de coordinar las acciones para descontaminar y proteger a las poblaciones afectadas. En 2008, finalmente, la Corte ordenó crear un cuerpo colegiado que supervisara el trabajo. Dieciséis años después, empezaron a verse buenas noticias, como por ejemplo la liberación total del camino de sirga.
Hace unos años se suspendió de forma preventiva la navegación de barcos que desde los primeros tiempos trasladaban frutas, verduras, arena, materiales de construcción a lo largo de todo del cauce, que nace en Cañuelas, hasta La Boca. Esto es porque la navegación remueve los lodos impregnados de la toxicidad letal acumulada en las décadas.
Además, se inició una transformación de la zona con la instalación de calles, bicisendas, parques y espacios de recreación. Los puentes levadizos, antes en uso, quedaron inhabilitados para el levantamiento, excepto el puente ferroviario del tren de carga.
La limpieza y recuperación implican el trabajo de embarcaciones especializadas que levantan constantemente la basura que flota o es llevada por las corrientes. Decenas de miles de toneladas se quitan cada año del agua o de las márgenes, donde hombres y mujeres de cooperativas trabajan con la limpieza de las orillas, o al menos lo hacían hasta la asunción del nuevo gobierno. Las estaciones de bombeo juegan un papel crítico en la prevención de inundaciones al remover el agua cuando los niveles del río aumentan.
La contaminación del agua, sin embargo, sigue siendo un problema generado por vertidos industriales y cloacales. Solo el 56% de la población que vive alrededor del Riachuelo tiene acceso a cloacas, lo que genera que, por ahora, toda la materia fecal de la zona baje al río. Esto disminuye el oxígeno en el agua y afecta negativamente la vida acuática. Hay peces, pero son peces nadando entre excremento humano diluido en agua.
Un buen sistema de cloacas y tratamiento de aguas es clave para abordar el problema. Hay avances, como la construcción del Colector Margen Izquierdo de Aysa, una obra monumental y multimillonaria que se hace con un préstamo del Banco Mundial, lo que impide que integre la lista de obras públicas frenadas por Milei.
Según un informe de la Corte al que tuvo acceso este medio, los agentes contaminantes (aquellos que generan un impacto negativo en el aire, suelo agua o en el ambiente en general) pasaron de 847 (en 2018) a 434 (en 2024).
Las obras de saneamiento en Villa 20 están avanzadas, dicen en Acumar, con colectores y plantas de tratamiento casi finalizados. Se espera que la contaminación disminuya gracias a estos procesos biológicos que se activarán tras detener la contaminación. La iniciativa fue impulsada desde el gobierno de Cristina Kirchner, continuada por el de Mauricio Macri. Se esperaba que finalice bajo la gestión de Alberto Fernández, pero la pandemia demoró los trabajos. Sobre los planes que tiene el gobierno de Milei no hay información. Infobae intentó la respuesta de voceros pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
Semanas atrás había retumbado fuerte un rumor difundido por el diario La Nación que indicaba que la Corte pretendía cerrar la causa Riachuelo. Las organizaciones del cuerpo colegiado reclamaron que haya especial atención sobre este punto. Una fuente cercana a los jueces del máximo tribunal despejó los temores ante la consulta de este medio e indicó que están trabajando en un documento que atienda el pedido del cuerpo colegiado, del que tomaron nota.
Esto sería requerir a la Acumar, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un plazo de 30 días elaboren un dispositivo que garantice una amplia participación ciudadana en los diversos aspectos de la implementación del programa de saneamiento y facilite la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de relocalización y reurbanización.
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