Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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La Corte Suprema cerró la causa por la contaminación del Riachuelo y dejará de controlar el curso de agua

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Argumentó que se están cumpliendo los objetivos del plan de saneamiento; evitó imponer una indemnización por el daño colectivo causado y dejó en manos de cada juez los reclamos de particulares
La Corte Suprema puso fin a la supervisión de la ejecución del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo que viene llevando adelante en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia” desde hace casi dos décadas. En un fallo emitido este martes, sostuvo que dejará de controlar el proceso porque se cumplen los objetivos del programa y eludió fijar un monto de daño colectivo en favor de las 17 personas que plantearon la demanda.
La Corte basó su decisión en que a partir de su intervención activa, se generó la reforma estructural que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos que en materia ambiental consagra la Constitución Nacional.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quien amplió sus fundamentos en un voto por separado.
Los ministros de la Corte, en una decisión que LA NACION adelantó en junio pasado, dijeron que las causas que están en manos de los jueces de ejecución por este caso, Ariel Lijo y Jorge Rodríguez de Morón, deberán regresar a los tribunales que les correspondan en razón del territorio y la materia. Es decir, ambos magistrados cesan su intervención en estos temas.
Además, señalaron que no corresponde por prematura evaluar “la consideración del daño moral colectivo solicitado” por los vecinos que iniciaron la causa. Además, el trabajo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se encuentra aún en desarrollo, “lo que impide que se pueda arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles”.
Los jueces dijeron que no corresponde crear un fondo común de recomposición para solventar los gastos de reparación del ecosistema, pues el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Acumar son quienes han venido afrontando los costos de la recomposición. Y determinaron que las costas deban ser impuestas en el orden causado.
El tribunal consideró que como consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de los años, el Congreso de la Nación reconoció la problemática ambiental en la zona como “una cuestión de Estado” y sancionó la ley 26.168, por la cual creó la Acumar con amplias facultades de regulación, control y fomento respecto de cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca.
Esta institución también tiene atribuciones para intervenir en materia de prevención, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. A su vez, la Corte analizó los diversos informes presentados por Acumar en la causa y concluyó que lo ordenado oportunamente se encuentra en ejecución con diferente grado de avance.
“La intervención de esta Corte ha cumplido acabadamente su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, dijeron los jueces y concluyeron que “de acuerdo a lo que surge del informe de la Acumar, los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) son ejecutados de un modo regular por parte de la autoridad de aplicación”
Indicaron que “en la medida en que esta Corte ha dispuesto que la Acumar es la obligada al cumplimiento del PISA y que hasta el presente ha venido ejerciendo su función de modo constante y sostenido, corresponde poner fin a la presente causa” y que el control del Acumar sea administrativo.
El tribunal entendió que en las actuales condiciones la medición detallada de los resultados que alcancen estas nuevas estructuras no forma parte del cometido del tribunal, en especial, si se tiene en cuenta que el monitoreo demandaría un tiempo prolongado o tiempo indefinido, en el caso de que lo ordenado sea de ejecución permanente.
La Corte enumeró que la Acumar informó que ha efectuado la continua limpieza y mantenimiento de 26.000 metros lineales de márgenes del cauce principal del río y 103.323 metros lineales de ríos y arroyos. Y que realiza desde el año 2010 la limpieza del cauce principal del Río Matanza Riachuelo, extrayendo diariamente los residuos flotantes.
El promedio mensual de residuos extraídos en 2022-2023 es de 286,48 toneladas mensuales y se extrajeron 80 embarcaciones hundidas en las aguas del río.
Además, resalto que hay en marcha planes contra la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales, hay planes directores de drenaje que se encuentran en ejecución con un grado de cumplimiento del 94%; se trabaja en el control de la contaminación de origen industrial con 4157 establecimientos empadronados, y un millar de ellos inspeccionados.
Indicó que se detectaron 434 agentes contaminantes, se relocalizaron curtiembres y se construyó la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli). En mayo de 2022 se efectivizó el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, porque se consideraba que era uno de los sectores que generaba mayor volumen de contaminación orgánica, ya que vertía sus efluentes, sin adecuado tratamiento, al Arroyo Cildañez.
Se implementaron planes habitacionales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región. En total, 17.771 familias en situación de emergencia ambiental. El plan se encuentra en ejecución con un avance del 41%, lo que representa un total de 7247 soluciones habitacionales terminadas.
El informe indica que se trabajó en la limpieza y el cierre de los macro basurales y con la instalación de sesenta estaciones de reciclado. Se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento y poda de las márgenes,
Finalmente, la Corte advirtió que resulta necesario que la Acumar siga trabajando para mejorar de manera continua el cumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento y que el control sobre su actividad habrá de canalizarse a través de las vías establecidas en la ley 26.168 y del procedimiento de control de la actividad de toda la administración pública nacional.

El devenir de la causa
El 14 de julio de 2004 se presentaron ante la Corte 17 personas, algunos representando a sus hijos, reclamando por en términos de la Ley General del Ambiente (LGA) una demanda de recomposición e indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, si la situación era irreversible. La acción fue dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas.
El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones en dos grupos: los reclamos individuales, que los mandó a cada juzgado, y los reclamos colectivos, que se los reservó. Y así, en 2006, las partes acompañaron el “Plan Integral para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, en el cual describieron los aspectos principales de este programa, que tuvo apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá, el jefe de gobierno Jorge Telerman y los intendentes de los partidos involucrados.
Se creó entonces la Acumar y la Corte monitoreó durante estos años los avances del proceso. El 19 de diciembre de 2012, la ejecución de la condena fue escindida en dos magistrados. Uno de ellos tendría el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura; y el otro, la supervisión de las restantes competencias.
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Clausuraron una química en el Parque Industrial de Almirante Brown

Fecha de Publicación: 15/10/2024
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires


El Municipio de Almirante Brown junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuraron una empresa química del Parque Industrial de Burzaco luego de comprobar que generaba efluentes que desembocaban en el Arroyo del Rey.
Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local explicaron que la situación fue advertida en el marco de los monitoreos preventivos que se llevan adelante en forma permanente y regular en el Parque Industrial para potenciar el cuidado del ambiente y bregar por un distrito sustentable.
En este sentido, en uno de los controles en los que se supervisa la calidad del aire y de efluentes que llegan al Arroyo del Rey se observaron incongruencias en los valores y colores que no coincidían con los registrados en los últimos monitoreos realizados.
Fue entonces cuando se llevó a cabo un exhaustivo análisis para comprobar de dónde provenían esos líquidos a partir del uso de Rodamina Colorante, un químico que expone los elementos contaminantes en el agua. Y se logró determinar que tenían características contaminantes.
Con los datos recabados, el personal llegó hasta la Química Ros, donde tras inspeccionar el lugar se encontró una cañería clandestina enterrada bajo tierra por la que se derramaban sobrantes químicos que recaían directamente en los efluentes.
Ante esta situación, ACUMAR realizó conjuntamente con la Comuna una clausura administrativa en el lugar, la cual estará vigente hasta que la empresa revierta todas las irregularidades.
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AGN: otro programa con menos del 1% de ejecución

Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Se trata de un informe sobre el Programa Integral del Hábitat que fue aprobado por el organismo de Control. También se debatieron los estados financieros vinculados con el programa de Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior y el financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Volvió a sesionar el Colegio de Auditores Generales de la Nación. Durante la jornada se aprobaron diferentes informes, entre ellos, una auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa Integral del Hábitat del Ministerio de Economía, por el ejercicio Nº 4 comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
El auditor general, Javier Fernández, presentó el informe y remarcó la subejecución de los fondos asignados al programa. “La ejecución fue casi nula, menor al 1%. Eso es una muestra clara de la poca gestión del área responsable”, agregó.
Además de la subejecución financiera del proyecto, el trabajo de los auditores también observó que el programa continuó “sin obras adjudicadas y con demoras en los desembolsos del dinero enviado por parte de la Corporación Andina de Fomento”.
Fernández también presentó un examen especial referido al impacto de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados en la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por el periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2019.
La particularidad fue que el trabajo solo fue tratado, pero sin aprobación y derivado al área de auditoría interna de la AGN.
“Este proyecto tuvo demoras desde su inicio hasta su finalización. En junio de 2020 se aprobó la planificación y luego pasaron cuatro años sin avances en las tareas de ejecución”, criticó Fernández y analizó que la situación es “un momento oportuno para llamar la atención sobre la manera de trabajar”.
“Si se llega cuatro años más tarde, el trabajo perdió oportunidad, más teniendo en cuenta que ya existen otros informes aprobados sobre la misma materia”, concluyó el auditor general.
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Nueva era: tras el saneamiento, el Riachuelo vuelve a ser navegable

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo


Ayer se llevó a cabo la presentación del nuevo servicio de viajes turísticos que se desarrollará entre el Dique 1 de Puerto Madero y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, en La Boca. El tramo se podrá recorrer en 40 minutos y tiene precios desdoblados entre turistas argentinos y extranjeros. La próxima semana se llevará a cabo una audiencia pública que tiene por objetivo ampliar el recorrido, porque se espera llegar hasta el puente de la Barraca Peña.
Luego de los trabajos de saneamiento y puesta en valor de las márgenes que se realizaron en la Cuenca Matanza-Riachuelo y, sobre todo, a partir del fallo del Juzgado Federal y Correccional N° 2 de Morón del 7 de septiembre de 2023 (causa Mendoza), que permitió la navegación comercial en el Riachuelo, desde este sábado quedó habilitada la posibilidad de realizar paseos fluviales en el tramo del Río de la Plata que va desde el muelle ubicado en Cecilia Grierson al 400, en el Dique 4 de Puerto Madero, hasta Pedro de Mendoza al 1.600, a pocos metros del Puente Trasbordador, y de la zona turística de La Boca. Es decir, en pleno Riachuelo.
La iniciativa forma parte del denominado “Paseo náutico­ Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, en el tramo (denominado 1) que va desde Cuatro Bocas hasta el Puente Nicolás Avellaneda. El próximo tramo, que permite ampliar el recorrido hasta la Barraca Peña, se discutirá en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto.
Se trata, en definitiva, de un plan que se impulsó desde el gobierno nacional, a través del entonces Ministerio de Turismo (hoy convertida en Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes) y de la Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar); del Gobierno porteño, por medio del Ministerio de Espacio Público e  Higiene Urbana, y del Ente de Turismo, cuando se permitió la navegación comercial con fines turísticos.
La iniciativa, además, forma parte del nuevo servicio de paseo en catamarán que se sostiene en el Proyecto Sur, el plan de turismo de la Ciudad que impulsa la identidad de La Boca, la pasión por el fútbol, la historia de la inmigración y el tango. También contempla el regreso de la actividad nocturna en Caminito con un nuevo ordenamiento del espacio público, la reorganización del transporte y el refuerzo de la seguridad.
Recorrido. El recorrido estará a cargo de la empresa Sturla Viajes, que ya presta este tipo de servicio de viajes fluviales desde Tigre hasta Puerto Madero, pasando por los puertos de San Fernando y Olivos.
En este caso puntual, durante el paseo el viajero tendrá la oportunidad de observar la Reserva Ecológica desde otro ángulo al habitual, los rascacielos y edificios emblemáticos que bordean la Costanera Sur, la desembocadura del Riachuelo, pasando por debajo del antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Monumento Histórico Nacional y uno de los últimos ocho puentes de su tipo aún en pie en el mundo. Aquí, el paisaje industrial se entremezcla con los colores vibrantes y el encanto del barrio de La Boca.
El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y diferentes horarios de partida. Desde el muelle de Puerto Madero los catamaranes saldrán a las 10.10, 11.50, 13.30, 15.10 y 16:50. Mientras que desde el muelle de La Boca zarparán a las 11, 12,40; 14,30; 16, y 17,40. Los recorridos podrán ser de ida y vuelta o solo de ida o de regreso.  
Respecto a los valores del paseo, desde la empresa Sturla informaron a PERFIL que habrá precios para locales y otro para extranjeros. En el caso de los residentes locales, el precio para la ida y vuelta será de 14 mil pesos, mientras que para los extranjeros, 17 mil pesos. Los menores de 3 a 5 años pagarán 6 mil pesos. Según adelantaron desde la firma, estos precios corresponden a una promoción por el lanzamiento del servicio.  
La presentación del servicio se llevó a cabo en el muelle de Sturla en La Boca, y participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación; Lucas Figueras, titular de Acumar, y Jorge Sturla, presidente de Sturla Viajes.
Víctor Iglesias, es uno de los vecinos de La Boca que pudo hacer el viaje inaugural. Apenas bajó del catamarán se detuvo a hablar con este diario. “Vi gente emocionada por poder navegar otra vez el Riachuelo, como  así también quienes lo hicieron por primera vez. El viaje es muy lindo y didáctico. También que podamos volver a aprovechar el río. Para mí fue algo especial porque soy remero y he remado por estas aguas cuando se podía. Soy vecino de La Boca desde hace tiempo y esto seguro también va a generar pertenencia con el barrio”, concluyó.
En el marco de la presentación, Macri señaló: “Poder recuperar la navegabilidad es un atractivo más para esta zona de la Ciudad. La recuperación del Riachuelo es increíble”, señaló Macri y detalló: “Uno viene acá y ya no hay malos olores. Antes nos habíamos acostumbrado a que olía mal. Además, está volviendo de a poco la flora y la fauna. Frente al edificio de la Fundación PROA se formó un islote natural. Es emocionante haber cumplido con este trabajo de saneamiento”, concluyó el titular del Ejecutivo comunal.
Saneamiento.  Como parte de la Acumar, la Ciudad trabaja en la recolección de residuos en el borde costero y en el lecho del río; la desinfección, desmalezamiento, fumigación de plagas y mosquitos y la limpieza del espejo de agua en toda la superficie, además del borde costero.
Los trabajos de limpieza del Riachuelo se realizan todos los días, incluso los fines de semana y feriados, en los que además de Acumar intervienen el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Prefectura Naval y APRA. Los mismos incluyen fumigación, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos, todo de manera sustentable.
Por otra parte, la Ciudad, continúa con sus trabajos de recuperación en la costa del Río de la Plata. Al plan de recuperación de la costa sur se suma la puesta en valor del frente ribereño de la costanera norte con el Plan BA Costa, que contempla obras en 110 hectáreas. Hace unos días se inauguró el Parque Costero, una playa urbana que es un nuevo paseo frente al Río.

Audiencia por otro tramo
Tal como estaba previsto, la Acumar impulsa en esta oportunidad la ampliación del tramo navegable del Riachuelo hasta el Puente Barraca Peña, completando así más de 1.500 metros de tramo navegable, si se suma el ya habilitado por la Justicia en el año 2023.
Para ello llama a Audiencia Pública para tratar y debatir esta propuesta, sosteniendo el compromiso de  transparencia y participación ciudadana que caracterizó al organismo. Se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a partir de las 10 en el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca.
La audiencia tiene por objetivo “permitir la navegabilidad de embarcaciones específicas con fines turísticos y deportivos, en el tramo comprendido entre el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda y el Puente Barraca Peña (Tramo 2)”.
“En 2011 la Justicia le pidió a Acumar que liberara el Riachuelo de todos los obstáculos, barcos hundidos, muelles y demás materiales, mientras suspendía las navegaciones. Esa tarea ya se cumplió y de hecho, en 2022 se autorizó a un primer tramo, que se corona con el circuito que se inauguró hoy. La audiencia que convocamos es para plantear una ampliación al tramo navegable hasta Barraca Peña. Proponemos navegaciones con embarcaciones de poco calado, que promuevan la integración entre Caminito y Barraca Peña, que incluya el cruce del Transbordador y que revitalice toda la zona sur, tanto del lado de la Capital como de la provincia”, aseguró Federico Gatti Lavisse, Director General Ambiental de Acumar.
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A 16 años del fallo de la Corte por el Riachuelo: piden al Gobierno que no abandone el trabajo de saneamiento de la cuenca

Fecha de Publicación: 09/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Organizaciones que integran el cuerpo colegiado de la causa del saneamiento del Matanza- Riachuelo enviaron un documento a la Corte Suprema para que exija al Estado que se ocupe de cumplir con la sentencia de 2008. “Las omisiones y demoras en el cumplimiento son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas”, destacaron. El 60% de la población que vive afectada todavía no fue relocalizada
Desde hace 200 años. Desde que las primeras poblaciones arrabaleras se instalaron “atrás” del puerto de La Boca, trabajadores de la carne, marineros, obreros migrantes y marginados, animales, vivos y muertos, el Riachuelo es una especie de lombriz de agua negra que corta el borde sur de la ciudad de Buenos Aires y que arrastra desde los primeros tiempos los desechos de industrias y barrios enteros. La podredumbre se acumuló con los siglos hasta que un día como hoy de hace 16 años la Corte Suprema le exigió en un fallo histórico al Estado terminar de una vez por todas con el proceso de contaminación y degradación que afectaba la salud de millones de personas alrededor de la cuenca.
Pero eso no ocurrió. Aunque el Riachuelo se convirtió en este último tiempo en un río más amable, y volvieron los pájaros y algunos peces, y ahora se mantienen limpias sus orillas y ya no flotan lavarropas, ni bolsas de nylon, ni latas de pintura y ni zapatillas viejas sobre la superficie, una década y media más tarde, el trabajo está lejos de completarse. Por caso, apenas se logró relocalizar al 40% de la población que vivía en condiciones indignas y sumamente expuestas al daño ambiental.
“Las omisiones y demoras en el cumplimiento integral de la sentencia son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas. Este cuadro de situación se agrava al advertir el contexto actual”, expusieron organizaciones sociales y ambientalistas que integran el cuerpo colegiado de la causa.
Lo escribieron en un documento que días atrás presentaron ante la Corte Suprema para reclamar el llamado del Máximo Tribunal a una Audiencia Pública y que le exija al Gobierno nacional la reasignación de partidas presupuestarias para la Acumar, la autoridad tripartita de la cuenca, nacida a la luz del fallo, y que de ese modo esta pueda cumplir, aunque sea mínimamente, con lo exigido en la sentencia judicial. Con las medidas económicas de ajuste del último tiempo, sostienen, el plan quedará a la deriva si no se actúa rápido.
Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), que integran el cuerpo colegiado, resulta “de vital trascendencia” un pronunciamiento de la Corte para evitar que las obras para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo “se sigan demorando y así lograr que los cronogramas se cumplan en los plazos previstos”. Y agregaron: “Indudablemente, para que esto pueda lograrse es fundamental que la Acumar cuente con un presupuesto actualizado y se dejen sin efecto los retrocesos institucionales que ha sufrido en los últimos meses. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”.
Del último informe de Acumar presentado ante la Corte se desprende que se solucionó el 41% de la situación habitacional, es decir, 7.247 casos terminados, y proyectan para fin de año un total de 8.433, es decir, llegar al 47%. Según fuentes de la Corte consultadas, la Autoridad destacó que en los últimos 5 años avanzaron “notoriamente”: de 2010 a 2018 se entregaron 3.992 soluciones habitacionales; mientras que de 2019 a 2024, se entregaron 3.255 soluciones. “El Juzgado Federal de Morón tuvo gran injerencia en la aceleración, al dictar resoluciones que acotaron la discrecionalidad política a la hora de fijar prioridades respecto de sus políticas públicas en materia de acceso a la vivienda”, explicó una fuente del tribunal supremo.
Sin embargo, hay complicaciones. A mediados de mayo, el gobierno nacional decidió cortar el vínculo laboral con 40 trabajadores de Acumar, la mayoría empleados que operaban sobre los territorios y no en oficinas administrativas. Integrantes y ex integrantes del organismo advirtieron en ese momento lo perjudicial que puede ser eso para el plan de trabajo contra la contaminación. “Si no hay gente que opere las embarcaciones que limpian el Riachuelo, se va a volver a ensuciar”, explicaban.
En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, los magistrados establecieron ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.
“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por Acumar apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, explicaron desde FARN. Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, detalló que “las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos” y aseguró que “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes”.
Según un informe de mediados de junio publicado por Naciones Unidas, la contaminación atmosférica se convirtió en el segundo factor de riesgo de muerte, más preponderante que el tabaco y la mala alimentación, incluso en niños menores a cinco años. Estudios anteriores cifraban las muertes por esta causa en siete millones anuales, pero el último relevamiento, publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud, con sede en Estados Unidos, concluyó que la contaminación ambiental cargó a su cuenta 8,1 millones de muertes en todo el mundo en 2021. “Es un avance constante”, advirtió Naciones Unidas.
El cuerpo colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.
“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN.
“Se observan algunos avances sustantivos y un alto grado de incumplimiento en este fallo. El juicio de 2008 ordenó la institucionalidad, hay una Autoridad de cuenca que tiene bastante trabajo que hacer porque, según ellos, mismos advierten hay un alto grado de incumplimiento, en especial con la elaboración de soluciones habitacionales conveniadas en 2010″, coincidió Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, que también integra el cuerpo colegiado.

Avances y retrocesos, 16 años después
La causa judicial, conocida como “Mendoza y otros vs. Estado Nacional y otros”, llegó a la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia hecha en 2004. Dos años más tarde, el máximo tribunal intimó a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 44 empresas- a presentar un plan integral de saneamiento.
Así nació Acumar, que tiene la misión de coordinar las acciones para descontaminar y proteger a las poblaciones afectadas. En 2008, finalmente, la Corte ordenó crear un cuerpo colegiado que supervisara el trabajo. Dieciséis años después, empezaron a verse buenas noticias, como por ejemplo la liberación total del camino de sirga.
Hace unos años se suspendió de forma preventiva la navegación de barcos que desde los primeros tiempos trasladaban frutas, verduras, arena, materiales de construcción a lo largo de todo del cauce, que nace en Cañuelas, hasta La Boca. Esto es porque la navegación remueve los lodos impregnados de la toxicidad letal acumulada en las décadas.
Además, se inició una transformación de la zona con la instalación de calles, bicisendas, parques y espacios de recreación. Los puentes levadizos, antes en uso, quedaron inhabilitados para el levantamiento, excepto el puente ferroviario del tren de carga.
La limpieza y recuperación implican el trabajo de embarcaciones especializadas que levantan constantemente la basura que flota o es llevada por las corrientes. Decenas de miles de toneladas se quitan cada año del agua o de las márgenes, donde hombres y mujeres de cooperativas trabajan con la limpieza de las orillas, o al menos lo hacían hasta la asunción del nuevo gobierno. Las estaciones de bombeo juegan un papel crítico en la prevención de inundaciones al remover el agua cuando los niveles del río aumentan.
La contaminación del agua, sin embargo, sigue siendo un problema generado por vertidos industriales y cloacales. Solo el 56% de la población que vive alrededor del Riachuelo tiene acceso a cloacas, lo que genera que, por ahora, toda la materia fecal de la zona baje al río. Esto disminuye el oxígeno en el agua y afecta negativamente la vida acuática. Hay peces, pero son peces nadando entre excremento humano diluido en agua.
Un buen sistema de cloacas y tratamiento de aguas es clave para abordar el problema. Hay avances, como la construcción del Colector Margen Izquierdo de Aysa, una obra monumental y multimillonaria que se hace con un préstamo del Banco Mundial, lo que impide que integre la lista de obras públicas frenadas por Milei.
Según un informe de la Corte al que tuvo acceso este medio, los agentes contaminantes (aquellos que generan un impacto negativo en el aire, suelo agua o en el ambiente en general) pasaron de 847 (en 2018) a 434 (en 2024).
Las obras de saneamiento en Villa 20 están avanzadas, dicen en Acumar, con colectores y plantas de tratamiento casi finalizados. Se espera que la contaminación disminuya gracias a estos procesos biológicos que se activarán tras detener la contaminación. La iniciativa fue impulsada desde el gobierno de Cristina Kirchner, continuada por el de Mauricio Macri. Se esperaba que finalice bajo la gestión de Alberto Fernández, pero la pandemia demoró los trabajos. Sobre los planes que tiene el gobierno de Milei no hay información. Infobae intentó la respuesta de voceros pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
Semanas atrás había retumbado fuerte un rumor difundido por el diario La Nación que indicaba que la Corte pretendía cerrar la causa Riachuelo. Las organizaciones del cuerpo colegiado reclamaron que haya especial atención sobre este punto. Una fuente cercana a los jueces del máximo tribunal despejó los temores ante la consulta de este medio e indicó que están trabajando en un documento que atienda el pedido del cuerpo colegiado, del que tomaron nota.
Esto sería requerir a la Acumar, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un plazo de 30 días elaboren un dispositivo que garantice una amplia participación ciudadana en los diversos aspectos de la implementación del programa de saneamiento y facilite la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de relocalización y reurbanización.
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La motosierra pone en riesgo el saneamiento obligado del Riachuelo

Fecha de Publicación: 24/06/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Las ONG piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento del Gobierno. "La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas", advierten.
El próximo 8 de julio se cumplirán 16 años del fallo judicial que ordena al Estado sanear el Riachuelo. En la previa, hay movimientos que preocupan en torno a una causa de dimensiones descomunales y cuyos alcances afectan a millones de personas que viven en la cuenca. Mientras el impacto de la motosierra se hace sentir, las organizaciones de la sociedad civil advierten sobre lo mucho que falta para cumplir aquella sentencia y piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento por parte del Gobierno.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) –integrantes del Cuerpo Colegiado que interviene en la causa- entregaron un documento a la Corte, en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Con un relevamiento detallado del estado de situación compartieron su mirada crítica sobre lo hecho hasta ahora, pero también advirtieron sobre los riesgos de un retroceso ante los recortes y ajustes que recaen sobre el sector.
Además de pedir al Máximo Tribunal que tenga por incumplida la sentencia de 2008 en la llamada Causa Mendoza, convoque a una audiencia pública sobre el tema e inste a la designación de un Defensor del Pueblo, solicitaron que “se requiera al Jefe de Gabinete de Ministros la reasignación de partidas presupuestarias a efectos de que la Acumar cuente con los fondos suficientes a fines de desarrollar las tareas necesarias para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Reclamaron también “que se ordene restituir todas las direcciones y coordinaciones eliminadas o disminuidas de categoría” por la nueva gestión.

Fondos congelados
En abril, el presidente de Acumar designado por el mileísmo –Lucas Figueras, quien ya había estado a cargo durante el macrismo- acudió a la cita del juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2, para presentar el plan de acción del ente sobre la cuenca. Uno de sus ejes fue el ajuste presupuestario: aludió a los fondos congelados de 2023 y dio cuenta de un achique de la estructura del organismo en un 50%. Es decir, despidos y cierre de áreas.
“El informe de Acumar dice ‘acá no puedo avanzar porque no hay presupuesto’. Eso no es aceptable. La Corte debería exigir al Congreso partidas que permitan cumplir el fallo”, dijo Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, en diálogo con Tiempo.
En el informe presentado por las organizaciones sociales a la Corte alertan: “En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, la Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las acciones y programas comprometidos en el cumplimiento de las mandas que integran la condena”. Y agregan: “El argumento presupuestario por parte de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo es a todas luces insuficiente para desligarse del cumplimiento de una decisión judicial que ya tiene 16 años. La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
El desguace no sólo se da en forma de despidos y achique del organigrama. Tiene efectos cotidianos tan palpables como la suspensión de la entrega de bidones de agua potable en Villa Inflamable (Avellaneda). El titular de Acumar dijo ante la Justicia que esa provisión continuaba. El informe de las organizaciones advirtió que “lamentablemente, esto no es así. La distribución de bidones de agua potable a la población se interrumpió a fines de febrero último, y ello es de conocimiento de Acumar que  fue notificada reiteradamente por quejas de los vecinos y mediante una nota” en mesa de entradas.

Cuentas pendientes
“Queda mucho camino por recorrer. No decimos que no se hizo nada. Estamos diciendo que, respecto de lo que se fijó hace 16 años, el cumplimiento es bajo en porcentaje”, apuntó Cristián Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, para resumir el análisis sobre lo concretado y lo pendiente para acatar la sentencia de 2008.
“Las falencias de Acumar en el control de las descargas químicas y orgánicas de origen industrial es la causa principal de la contaminación de las aguas superficiales, del sedimento del cauce y del aire de la cuenca”, plantea el documento que firman FARN, CELS y demás organizaciones. Advierte al respecto que “resulta imprescindible esclarecer los motivos por los cuales existen 86 establecimientos declarados como agentes contaminantes cuyos Planes de Adecuación aún no han sido aprobados. Ello, dado lo prioritario de la posterior ejecución y puesta en marcha de dichos planes” para mejorar los niveles de calidad de agua y aire. Si bien en los últimos años hubo avances en esos aspectos, con cambios incluso visibles en el paisaje, hay mediciones con indicadores que siguen preocupando.
En materia habitacional, Acumar dio cuenta de un cumplimiento del 40% de las soluciones acordadas en el Convenio Marco de 2010. En su plan de acción para este año, indicó que podría concluir 1.255 soluciones habitacionales ya iniciadas. Pero, en función del desfinanciamiento y ajuste, las organizaciones advirtieron que “de lo expuesto por la propia Acumar en su presentación ante la CSJN el 22/05/2024, surge que el cumplimiento de esta manda se encuentra muy lejos de haberse alcanzado. Por otro lado, no se presenta ninguna estrategia o plan definido para alcanzar este cumplimiento”.
Así, el Cuerpo Colegiado advierte a la Corte que “Acumar no brinda ninguna propuesta ni estrategia a futuro de como concretar las obras necesarias, limitándose a plantear problemas financieros pero informando la desarticulación de aquellos programas que permitieron los magros avances que reseñan como logros”.

Muchos informes y un rumor
La respuesta de las organizaciones a la Corte en su pedido de analizar el último informe de Acumar se dio en un contexto particular, atravesado por un rumor que causó un sacudón. “La Corte Suprema de Justicia se apresta a cerrar, luego de 20 años, la causa en la que condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y la provincia a sanear el Riachuelo”, publicó el diario La Nación.
“Si bien surgió como un rumor, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestamos sorpresa y preocupación por cualquier intento de cierre de la causa. Sería descabellado en este contexto, cuando más protección necesita la gente de la cuenca ante los recortes del Ejecutivo”, sostuvo María José Lubertino, presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Una fuente que trabajó en el tema durante la gestión anterior contó que llamó la atención que la Corte estuviera “pidiendo un montón de informes, que hace tiempo no pedía, a los juzgados de Ariel Lijo y Jorge Rodríguez, al organismo, a los tres Estados, sobre cómo se viene avanzando. Eso despertó esta ola de rumores”. En este marco y en contra de esa posibilidad, “el Cuerpo Colegiado expresó que faltan un montón de cosas por hacer, pero que no sólo hay algo inconcluso sino que hay un deterioro. El desfinanciamiento es absoluto”.
Lo graficó con un ejemplo visible: los peses muertos flotando en el Riachuelo a la altura de Caminito. “A fines del año pasado hubo ahí una remada, veíamos patos, peces. Pero creo que se dejó de hacer todo. Que hay menor control a las empresas y un nivel muy notorio de disminución de limpieza. Lo que dicen los representantes del Ejecutivo, los colaboradores del Presidente en Acumar, es que no hay plata. Intentan desligarse de sus responsabilidades”.
Así de claro lo dijeron las organizaciones sociales en su documento al Máximo Tribunal: “Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. De no hacerlo, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes sino que se agravarán frustrando el principio de progresividad al extremo de vulnerar el principio de no regresión y dar lugar a retrocesos que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida”.
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“Golpe en la nuca”: la reacción de las asociaciones que controlan el saneamiento del Riachuelo por el posible cierre de la causa

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Integrantes del cuerpo colegiado mostraron sorpresa y rechazo ante el trascendido de que la Corte Suprema daría por terminado el expediente, tras condenar a la Nación, la Ciudad y la Provincia por daño ambiental y exigirles recuperar el río
Sorpresa, incredulidad y un “golpe bajo”. El cuerpo colegiado que monitorea la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, reaccionó luego de trascender que la Corte Suprema de Justicia podría cerrar el caso a 16 años de haber dictado ese fallo. Integrantes del organismo, compuesto por asociaciones civiles, mostraron un rechazo general a la posibilidad que los jueces del máximo tribunal den por terminada la causa que en 2008 condenó al Estado nacional, a la Ciudad, a la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por daño ambiental y les exigió recuperar el río de llanura contaminado sobre el que habita uno de cada diez argentinos.
La ejecución del fallo está hoy a cargo de dos juzgados federales, uno del juez Jorge Rodríguez y otro en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la plaza disponible en la Corte Suprema. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido una resolución sobre la clausura de las actuaciones y los miembros del cuerpo colegiado guardan cautela hasta que tal escenario no sea una realidad.
“Que la Corte nos dé la espalda ahora es un golpe bajo que no esperábamos recibir a esta altura de la contienda, después de 25 años de lucha por el Riachuelo y sus habitantes”, dice a LA NACION Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca.
Alberti es un vecino histórico del barrio quien, junto con Beatriz Mendoza y otros habitantes de la cuenca, promovió la demanda contra el Estado y 44 empresas que derivó en un fallo trascendental para la Justicia argentina en materia ambiental. Una vez dictada la sentencia, fue designado por la Corte Suprema para integrar el cuerpo colegiado, una comisión que audita los avances de la recuperación del Riachuelo. Además de la Asociación Vecinos de La Boca, lo integran: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Entre sus funciones tiene también la responsabilidad de monitorear el Plan Integral de Saneamiento (PISA) que ejecuta el ente tripartito Acumar.
“Nos enteramos por los medios. Estamos en diálogo permanente con los miembros de la Justicia y esto nos sorprendió. Es un golpe en la nuca, inesperado de la Corte Suprema, cuando ellos mismos hicieron este fallo que está incumplido. No lo entendemos, no lo podemos creer. Que se confirme el cierre de la causa sería nefasto en la historia tan penosa de la cuenca. Esperemos que recapaciten, redoblen el esfuerzo en la zona donde está afectada la salud de seis millones de personas y que defiendan la causa que marcó un rumbo para el Riachuelo y el resto de los ríos contaminados del país”, agrega Alberti.
Para el dirigente vecinal, el fallo de 2008 fue un momento bisagra en el saneamiento de la cuenca, aunque insuficiente por la demora y la falta de eficiencia de los funcionarios políticos en implementar los cambios. Por otro lado, lamenta que la causa pueda “ir al cajón” en un contexto en el que, entiende, las políticas de la gestión de Milei “han sido ineficientes” en temas ambientales.
“Queremos que la Corte defienda lo que ella misma expuso, comprendió y exigió en 2008. Se da en un momento político donde el Gobierno, por razones presupuestarias, está cerrando obras importantes para el saneamiento, lo que demuestra una poca vocación de la Justicia en la protección del ambiente”, reclama.
Por su lado, Cristian Fernández, abogado y representante de FARN, no considera posible el cierre de la causa. “No hay motivos para cerrarla. Al contrario, tendría que intimar a las autoridades a redoblar los esfuerzos. La Corte no puede actuar contra sí misma cuando todavía hay muchas mandas judiciales de la sentencia cautelar que no fueron cumplidas”, afirma.
Y agrega: “Si se confirmase lo trascendido, sería de gravedad institucional, porque estaríamos ante el reconocimiento de la Corte Suprema de que ha fracasado en monitorear el cumplimiento de una megacausa de hace 16 años muy importante, lo que incluso debilitaría la imagen de la Justicia y de todas las causas ambientales. Espero que no suceda. Vamos a mostrar con contundencia como cuerpo colegiado que estamos totalmente en contra de la idea de cerrarla”.
El abogado estima que, en el expediente, el próximo paso del máximo tribunal será convocar pronto a una audiencia pública en la que se interpele a las autoridades estatales a cumplir con el fallo. Recientemente, los jueces supremos habían solicitado informes de la evolución de los expedientes al juzgado de Lijo y al de Rodríguez, que es el que tiene más expedientes vinculados a la ejecución del fallo Mendoza. Estos fueron presentados por los magistrados en conjunto con un informe de la Acumar que ahora el cuerpo colegiado se encuentra estudiando. Tienen plazo para plantear sus dudas u objeciones al informe hasta el 14 de junio.
“Si la Corte llegara a evaluar después de los informes presentados por los jueces que no se hicieron bien las cosas judicialmente, la solución no puede ser cerrar el caso. Además, nos encontramos en un contexto de retroceso en el Riachuelo porque la Acumar tiene prorrogado el presupuesto del año pasado, lo que significa que va a ejecutar menos medidas de las que haría si tuviese un presupuesto actualizado por inflación”, concluye Fernández.
La Acumar cuenta este año con un presupuesto congelado de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y que le fueron asignados teniendo en cuenta el índice inflacionario de 2022. La gestión presidida por Lucas Figueras, quien representa al gobierno nacional en el ente tripartito, además redujo la estructura del organismo en un 50%.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino, señala que la causa Riachuelo significó un hito ambiental por la inclusión de las organizaciones en el cuerpo colegiado y el control a las industrias contaminantes.
“El rol de la Justicia en estos casos es indispensable. Lamentablemente, aunque hubo avances, todavía queda mucho por hacer y el eje judicial es fundamental para ello. Es un riesgo cerrar la causa porque significa abandonar los objetivos planteados, como la mejora en la calidad de vida de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, la recomposición del ambiente y la prevención de los daños a futuro. Las autoridades deben implementar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra”, dice Salas.
De acuerdo con el representante de Greenpeace, lo único que podría justificar el cierre definitivo de la causa es un escenario en el que se acredite en el expediente haberse cumplido todos los requisitos que los jueces de la Corte exigieron en el fallo Mendoza.
Consultados por LA NACION, desde la ACDH no emitieron hasta el momento declaración mientras que representantes del CELS sostuvieron que no tienen información de que pueda cerrarse el caso.
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El abandono del Riachuelo

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que no renovará los contratos de ACUMAR con las cooperativas que hacen la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo en territorio bonaerense, y que trasladará esa responsabilidad al Gobierno provincial. El organismo no paga a los cooperativistas desde abril, aunque está obligado por la sentencia de la causa Mendoza. Desde la institución también alertan por más de 80 despidos.
En protesta por la falta de pago a las 56 cooperativas que realizan limpieza en la cuenca Matanza Riachuelo, el pasado martes 28 de mayo, los trabajadores de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y representantes de esas cooperativas hicieron una protesta frente al edificio de este organismo, el ex YPF de la calle Esmeralda, en el microcentro porteño, con radio pública y múltiples oradores, entre los que estuvo Beatriz Mendoza, iniciadora de la causa que impulsó la creación de ACUMAR. El organismo no paga a los 1600 cooperativistas desde abril y pretende trasladar esa responsabilidad al Gobierno bonaerense, aunque está obligado por la sentencia de la causa Mendoza, dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2008.
En el año 2004, un grupo de personas lideradas por Mendoza presentaron una demanda contra el Estado Nacional, el de las provincia y ciudad de Buenos Aires, que luego fue ampliado a otros 14 municipios, por la contaminación del Riachuelo y las consecuencias de salud que generaba en los habitantes de la cuenca. En 2008, la Corte Suprema dictó una sentencia en la que se creaba un fondo de financiamiento para el saneamiento de la cuenca. ACUMAR es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional creado a partir de entonces para cumplir con el fallo judicial y está integrado por los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante los últimos 20 años, se llevó adelante la tarea de limpieza de márgenes, remoción de barcos abandonados, monitoreo de la contaminación de las empresas y un programa de readecuación industrial, que se vieron reflejados en una mejora del río y sus afluentes. Aunque con avances dispares dependiendo del interés y los recursos destinados por el gobierno de turno, siempre existió un monitoreo de la cuenta a partir de los informes pedidos por la Corte Suprema, que también exigió acciones concretas. En los meses que lleva en funciones el actual Gobierno todavía no hubo presentaciones de la Corte.
En la protesta del martes pasado, hubo presencia policial pero se acordó no cortar la calle. Se realizó un acto en el que hablaron representantes de las cooperativas como Doris Pérez, del barrio Nicol, de Virrey del Pino. El barrio tiene ese nombre porque no tiene ni colegios, ni colectivos.
En total, en la provincia de Buenos Aires trabajan 56 cooperativas vinculadas a ACUMAR con 1600 trabajadores que estaban cobrando 156.000 pesos, pero hace poco pasaron a cobrar 78.000 y ya no cobran desde abril. “Nosotros hacemos la limpieza del arroyo Morales, que es un afluente del Matanza-Riachuelo. Nos metemos y sacamos lo que hay en el río, que hasta han sido cuerpos humanos. También cortamos el pasto de las márgenes y cuidamos las plantas para que haya oxigenación del río. Antes todo el barrio se inundaba con las lluvias pero ahora que está limpio no pasa más”, le contó Pérez a TSS. Ella hace 15 años que hace este trabajo en la cooperativa 204, junto a otras 25 personas.
Lily Galeano, de la cooperativa 203, le dijo a TSS: “Somos una cooperativa de saneamiento y reciclado y ahora Nación quiere desentenderse del trabajo en el río y tirarle el fardo a la provincia, por más que está obligada por el fallo de la Corte. Se dice que las cooperativas de la ciudad van a seguir trabajando acá y sabemos que ellos siguen cobrando. Igual, a nuestros barrios no pueden mandar empresas tercerizadas como nos amenazaron, porque nadie que no sea del barrio va a entrar ahí, es peligroso”.
El área de Salud de ACUMAR fue la más afectada por los despidos, ya que sus trabajadores están en el territorio en contacto con los vecinos y sin ir a las oficinas de microcentro. Sergio Mendez, integrante del área de Salud, le contó a TSS: “Siempre trabajé en la Firección de salud, entré como encuestador y ahora estoy en zoonosis. Con la nueva gestión nos inventaron faltas. A mi me inventaron 173 faltas en 2023 cuando solo falté un día y justificado. Somos muy pocos en zoonosis y no podemos andar faltando, además de que la gestión anterior no registró ninguna falta injustificada. En zoonosis siempre sacamos fotos de los animales que atendemos por si tienen alguna enfermedad y además yo me dedico a la parte de registro de vectores, sobre todo de mosquitos. Participé en cuatro congresos en todo el país, hice investigaciones, tengo registros de todo. En Salud éramos cerca de 200 personas pero hay más de 100 intimados y ya despidieron a 60. En todo ACUMAR hay más de 80 despidos. Yo hace 12 años que trabajo y a muchos con la misma antigüedad que yo los han despedido sin pagar ni las indeminzaciones. Un compañero está en tratamiento oncológico y fue despedido, uno de los mejores veterinarios que conozco, que se lleva muy bien con la gente del territorio, que se encarga de muchas cosas y siempre anda con su riñonera cargando cosas propias para solucionar problemas. Nunca faltó y hoy se quedó sin trabajo, sin indemnización y sin obra social”.
En la navegación que realizó TSS al Riachuelo en 2023 se pudo observar una gran cantidad de animales silvestres en las costas, como garzas blancas, tortugas de río y algunos peces. También se apreció la gran cantidad de cooperativistas limpiando las márgenes y la maquinaria sacando la basura flotante. Gran parte de la contaminación que todavía queda en el río tenía que ver con el mercado de Liniers, que tiraba mucho material orgánico al arroyo Cildañez pero ya ha sido mudado a Cañuelas, y con vertidos cloacales que deben ser recolectados por el Colector Margen Izquierda, una obra que ya está terminada aunque faltaba un pequeño porcentaje de la planta de tratamiento, que todavía no está inaugurada.
El Colector Márgen Izquierdo tuvo financiamiento del Banco Mundial, así como el Emisario, el caño que deja los líquidos ya tratados río adentro del Río de la Plata. La planta de tratamiento debía ser financiada por aportes del Tesoro pero la gestión de Mauricio Macri suspendió las obras por falta de fondos. La gestión de Alberto Fernández consigió un nuevo crédito del Banco Mundial y retomó las obras, que hoy se encuentran en un 86% completadas.
“El trabajo con la gente y con la comunidad te enamora, uno trabaja para la gente, no por uno. En estos 12 años no me ascendieron pero no me importa porque veo que el laburo que hago le llega a la gente que le tiene que llegar. En estos 12 años he propuesto cosas para mejorar el río y se ven. Vemos cómo van cambiando las plantas de la orilla del río y que las nativas son el filtro natural del agua. Permitimos que las plantas palustres crezcan y no otras, porque limpian el agua. En diciembre seguí un cardúmen de sábalos que pensé que habían entrado con una sudestada y llegaron a puente Alsina pero todavía están ahí. Si querés ir a pescar sábalos abajo del puente Alsina ahí están. Pensé que era una utopía, que no iba a poder verlos en mi vida pero ahí están, veo de qué se alimentan, los voy siguiendo y filmando”, contó Méndez.
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Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.
Con el modus operandi que caracteriza al mileísmo, el viernes a última hora llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Este lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para mañana martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la Justicia que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años.
Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal de Acumar ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.

Modus operandi
“El viernes a la noche, con el modus operandi que tienen, empezaron a llegar alrededor de 40 despidos y algunas sanciones como suspensiones por determinado tiempo. Pero ya antes de Pascuas empezaron a mandar intimaciones por incumplimientos laborales bastante truchos. Hubo 120 intimaciones en un comienzo, después otras 20 a compañeros ‘jubilables’, luego otras 90 y la semana pasada otro puñado. Las intimaciones eran por supuestas ausencias o cuestiones de horarios, se valieron del registro biométrico y cuando hay home office por ejemplo eso no está. O en áreas territoriales hay planillas remitidas a Recursos Humanos que luego no se cargaban, hay compañeras –sobre todo, mujeres- que estaban dos veces por semana en los barrios relevando población, haciendo tareas de contención, de acompañamiento en huertas, de apoyo escolar. Todo lo que es abordaje social previo y posterior a la relocalización de las familias”, describió un trabajador que fue intimado pero aún no recibió notificación de despido.
Los despidos, alertó, tienen que ver con la reestructuración orquestada por la nueva gestión, a cargo del abogado chaqueño Lucas Figueras, quien ya había pasado por la función pública de la mano de Cambiemos. “Hubo despidos en las áreas de salud –que se encarga del relevamiento sanitario de la población-, de adecuación ambiental, de laboratorio, que desaparece del organigrama con la reestructuración del nuevo presidente”, enumeró el empleado, poco después de la asamblea y el ruidazo realizados para visbilizar el conflicto desde el edificio de Esmeralda 255.

“Ahora peligra todo”
Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
El proceso –largo e inconcluso- mostró avances en los últimos años. Lo saben quienes se acercaron al Riachuelo en el último tiempo. “Hemos tenido la posibilidad de navegarlo y no hay olor, se ve fauna y flora, el camino de sirga está avanzado. Antes de 2020 ya no había olor. Falta mucho por hacer, pero es una situación en la que se puede estar en el río. El año pasado hubo audiencia pública por un proyecto de navegabilidad y ahora va a quedar en stand by. Acumar trabaja mucho con cooperativas y se sabe que no les dan plata, eso también va a quedar a la buena de Dios”, describió otro trabajador que prefirió no dar su nombre, por razones obvias.
“La mitad de los trabajadores despedidos están todo el día en territorio. El 9 de abril el presidente tenía que ir al juzgado de Morón a dar un parte del estado de avance de la causa y planteó la restructuración. Quiere trasladar responsabilidades los municipios, algo que va en contra del fallo Mendoza”, advirtió.
Una de las mujeres despedidas llevaba más de una década en Acumar. “En lo que hace a lo que yo me ocupo, relocalización, las familias en situaciones malas de vida la han mejorado sobre todo a partir de 2021, cuando el Ministerio de Vivienda empezó a dar impulso y financiamiento a los municipios para que terminen las obras que estaban iniciadas y paradas. A partir de eso tuvimos mucha actividad y las obras se reactivaron, fue un período de mucho trabajo, cuando antes habían estado detenidas bastante, con el macrismo totalmente detenidas”, recordó.
Y lamentó: “En lo personal, me cortaron el deseo y el estímulo de laburo. Ahora peligra totalmente todo. Se pararon todas las obras. A las familias de la cuenca las va a afectar, porque siempre hay cosas para reparar en las viviendas entregadas y las cooperativas de trabajo no están cobrando. Nadie va a reparar nada”.
En marzo, el portal Letra P publicó que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tenían en la mira a Figueras por sus demoras para recortar el 45% del personal de Acumar. Finalmente, parece que puso la motosierra en marcha como le pedían.

“Maniobras fraudulentas”
“Este vaciamiento responde a la decisión política de retirar al Estado de tareas que son fundamentales. Es lamentable que acudan a maniobras fraudulentas para despedir personal”, escribió en redes sociales el ex titular de Acumar, Martín Sabbatella. “Nuestra experiencia de gestión en el organismo nos deja en claro que cada trabajador y cada trabajadora cumple con absoluta dignidad sus tareas para lograr cumplimentar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia –agregó- Son trabajadorxs que con sus tareas contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, con compromiso y dedicación cumplen las misiones del organismo para lograr el saneamiento del río, prevenir futuros daños, y hacer de este territorio un lugar más habitable y con mejor calidad ambiental”.
“Desguazar ACUMAR también implica violar la Ley 26.168 que protege la Cuenca y reconoce a lxs vecinxs el derecho a vivir en un ambiente sano, como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional. La motosierra de Milei nos demuestra una vez más que la variable de ajuste son los trabajadores. En ACUMAR no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora”, sostuvo.
Una de las respuestas que recibió Sabbatella fue de una de esas trabajadoras: “La mitad de mis compañeros está intimado por inasistencias injustificadas de forma fraudulenta. Son trabajadores que cumplieron día a día sus tareas. Sin embargo y haciendo una necesaria autocrítica, durante tu gestión hubo funcionarios que ni cargaron nuestros presentismos y nos dejaron a merced de esta nueva gestión que nos acusa y criminaliza tratándonos de ñoquis”.

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Bajo el signo de la gestión de Milei: qué cambios tendrá la agenda para el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El ente tripartito que debe encargarse de la tarea redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado; priorizará la limpieza y los tratamientos residuales; así lo explicó hoy el presidente del organismo designado por el gobierno nacional, Lucas Figueras
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó hoy el plan de acción del ente tripartito, integrado también por la Ciudad y la Provincia, para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Expuso en el Juzgado Federal Nº2 de Morón la agenda que definió –tras el cambio de gestión– cuál será el destino de la entidad este año. El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo que recortó hasta el momento la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden a través de un ente reducido enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. El diseño del manual de Acumar hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y que continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la Cuenca.
El funcionario asistió a la Justica luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 que ejecuta la sentencia  “Mendoza” en la que fueron condenados el Estado nacional, el provincial, y el de la Ciudad, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodriguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Por orden judicial la presentación no pudo ser delegada en otro funcionario y tuvo que realizarla el nuevo presidente, que adelantó el plan por escrito en el expediente al que accedió LA NACIÓN. En la audiencia también participaron los miembros del Cuerpo Colegiado que fueron designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.

Ajustes
El plan de acción definió las políticas que se mantendrán y las que desaparecen. Un punto central fue el presupuesto acotado. Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 que le fueran asignado por la prórroga del Presupuesto Nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. Acumar redujo la estructura del organismo en un 50% (pasó de 130 personas a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del Programa de Saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el ente, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se descontinuaron tareas como por ejemplo financiar una bicicleteada por la Cuenca”.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto Acumar como Aysa y laboratorios por convenio. “Por supuesto que se va a mantener la continuidad del muestreo de calidad de aire y agua y suelos, pero a través del laboratorio que es propio de Acumar”, sostuvieron desde el organismo.
La reducción del ente, de acuerdo con Figueras, derivó en una disminución de gastos en la planta política, programas y acciones que no estaban vinculadas directamente con el cumplimiento del fallo a la vez que se suprimieron programas y fondos que sí estaban ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas no nace del propio recorte de Acumar, sino que se trata de una consecuencia de la descontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo que impactó en la operación que realizaban estos grupos en la limpieza. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la Cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.

Obras prioritarias en el Riachuelo
Las obras que aseguró su continuidad y que tienen el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que provienen de financiamiento del crédito internacional del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles que recolectan los desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 km del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas y una planta de pretratamiento de los residuos que está avanzada en un 86%.
Por otro lado, informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando Aysa y que se prevé que finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrere que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se está construyendo en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la Cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, Acumar aseguró que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir más el abanico a otras industrias que trabajan en la Cuenca y que puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, que no va a ser solamente curtidor, sino que abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a LA NACIÓN voceros de Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados.”.

Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga que libere finalmente las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa se encuentra avanzada en un 89% y aún resta la relocalización de vecinos de la Villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y la Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y en la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante el uso de unidades móviles. Sostuvo que a los efectos de disminuir la mortalidad infantil se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas y que estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. Acumar pretende, a su vez, tener una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
Por último, Figueras sostuvo que habrá una revisión de los criterios para definir los barrios más vulnerables y el riesgo ambiental a través de un entrecruzamiento con los datos del Censo 2022.
En simultáneo la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez, en el que expuso hoy Figueras. El otro, es el Nº12 en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.
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