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Apicultura como elemento de la seguridad alimentaria
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
“La apicultura es fundamental en la seguridad alimentaria”
Fecha de Publicación: 07/06/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Tradicionalmente asociada a la producción de miel o productos comerciales, la apicultura juega un papel más importante en el equilibro ecológico y la producción de alimentos. En el Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur se llevan adelante diversos estudios en este campo y se coordinan actividades junto con más de 300 productores en 14 partidos de la región.
La primera asociación entre “apicultura” y “alimentación” que hacen los consumidores se refiere a la miel, su producción y calidad, mientras que la importancia de las abejas en la producción de alimentos a través de su acción polinizadora es poco conocida.
“La apicultura es más que la producción de miel y productos comercializables. Los cambios en los agroecosistemas de muchas regiones del planeta, en muchos casos ligados a la agriculturización, redujeron las fuentes de polen y néctar, lo cual provocó estrés nutricional en las colmenas, problemas sanitarios y bajos rendimientos. Esto supera el ámbito apícola e involucra, además, la polinización de especies cultivadas y espontáneas. Por eso, la apicultura ocupa un lugar destacado en la seguridad alimentaria ya que este concepto abarca tanto la calidad como la cantidad de alimentos”, explica a Argentina Investiga la magíster Liliana Gallez, directora del Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.
Junto a ella, el ingeniero agrónomo Alfredo Marconi y las doctoras Ana Andrada y Cecilia Pellegrini, explican que en Argentina la apicultura constituye una importante fuente de trabajo y de ingresos, cuya principal cuenca melífera es la región Pampeana. “Desde hace muchos años nuestro país se posiciona entre los primeros productores y exportadores mundiales de miel y la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente la mitad de la producción”, indican.
Según Marconi, “la seguridad alimentaria abarca, de acuerdo a la definición de la FAO, cuatro dimensiones y la primera es la disponibilidad física de alimentos relacionada con la cantidad de alimentos producidos. En este contexto, el servicio de polinización que brindan las abejas forma parte de los debates sobre la alimentación en el mundo”.
Tal como explican los investigadores, en su búsqueda de néctar y polen para alimentar a la colonia y producir miel, las abejas transportan polen de una flor a otra favoreciendo la polinización cruzada de numerosísimas especies vegetales. Muchas forman parte de nuestra dieta diaria como las manzanas, las peras, los melones, los zapallos, los tomates, el girasol aceitero, etc. Muchos otros vegetales que consumimos en forma regular se cultivan a partir de semillas cuya producción depende de las abejas e, indirectamente, la producción de carne también se relaciona con los insectos polinizadores porque la semilla de alfalfa y otras pasturas requieren de polinización entomófila. Este proceso, que pasa inadvertido para la mayor parte de los consumidores, es en la actualidad el eje más destacado de la relación entre la apicultura y la seguridad alimentaria en el ámbito internacional.
“El aporte de los polinizadores a la producción mundial de cultivos alimentarios fue evaluado en cerca de 190 mil millones de dólares/año. La abeja melífera es, de acuerdo a numerosos reportes, el polinizador más importante en el mundo. En algunas regiones, como Estados Unidos, su disponibilidad es tan limitante que en la actualidad se pagan precios muy altos, ente U$S 50 y U$S 200, de acuerdo al cultivo, por el servicio de polinización”, informan.
Dentro de la problemática relativa a la polinización, existe una importante demanda de semilla híbrida de numerosos cultivos (girasol, colza, cebolla, pimientos, etc.) que implica significativas sumas de dinero y grandes superficies cultivadas. “La producción de semilla híbrida requiere como progenitor femenino una línea androestéril, que no produce polen, y sólo es posible su obtención mediante la intervención de polinizadores. De allí su interés en la seguridad alimentaria”, agregan.
Según detallan, “la agriculturización altera en forma sustancial el paisaje, reduce la biodiversidad y de manera paulatina va restringiendo otras actividades como por ejemplo la apicultura, asociada a los ciclos biológicos naturales. Ciertas prácticas como el monocultivo, el control de malezas -muchas de las cuales son importantes fuentes nectaríferas y poliníferas-, el uso intensivo de insecticidas y fungicidas y otras alteraciones de los agroecosistemas, reducen peligrosamente las poblaciones de abejas y de otros polinizadores”.
“Los productos apícolas pueden ser importados en caso de conveniencia económico-comercial, pero no puede importarse el servicio de polinización que brindan las abejas para la producción de alimentos (granos oleaginosos como el girasol y la colza, frutas y hortalizas varias). En nuestro país todavía no existe, en la generalidad de los consumidores y productores agrícolas, una conciencia sobre el riesgo que conlleva la escasez de polinizadores”, concluyen los especialistas.
Qué es y qué hace el Labea
El Laboratorio de Estudios Apícolas fue creado por la UNS en diciembre de 2009 sobre la base del Laboratorio de Calidad de Mieles, existente desde 1994. En agosto de 2013 se firmó el convenio que lo convirtió en un centro vinculado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Allí se llevan adelante estudios en el campo de la apidología, en particular de la apicultura, con un enfoque multidisciplinario. También se realizan y coordinan actividades de investigación, dictado de cursos de grado y de posgrado, publicaciones, actividades de divulgación y servicios. Trabajan allí cerca de 20 investigadores y becarios, llevando a cabo actividades con más de 300 productores en 14 partidos de la región, lo que implica con aproximadamente 90.000 colmenas. Esto facilita el vínculo con la problemática regional y retroalimenta al equipo, que cuenta, además, con el apoyo de investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras.
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Fecha de Publicación: 07/06/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Tradicionalmente asociada a la producción de miel o productos comerciales, la apicultura juega un papel más importante en el equilibro ecológico y la producción de alimentos. En el Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur se llevan adelante diversos estudios en este campo y se coordinan actividades junto con más de 300 productores en 14 partidos de la región.
La primera asociación entre “apicultura” y “alimentación” que hacen los consumidores se refiere a la miel, su producción y calidad, mientras que la importancia de las abejas en la producción de alimentos a través de su acción polinizadora es poco conocida.
“La apicultura es más que la producción de miel y productos comercializables. Los cambios en los agroecosistemas de muchas regiones del planeta, en muchos casos ligados a la agriculturización, redujeron las fuentes de polen y néctar, lo cual provocó estrés nutricional en las colmenas, problemas sanitarios y bajos rendimientos. Esto supera el ámbito apícola e involucra, además, la polinización de especies cultivadas y espontáneas. Por eso, la apicultura ocupa un lugar destacado en la seguridad alimentaria ya que este concepto abarca tanto la calidad como la cantidad de alimentos”, explica a Argentina Investiga la magíster Liliana Gallez, directora del Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.
Junto a ella, el ingeniero agrónomo Alfredo Marconi y las doctoras Ana Andrada y Cecilia Pellegrini, explican que en Argentina la apicultura constituye una importante fuente de trabajo y de ingresos, cuya principal cuenca melífera es la región Pampeana. “Desde hace muchos años nuestro país se posiciona entre los primeros productores y exportadores mundiales de miel y la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente la mitad de la producción”, indican.
Según Marconi, “la seguridad alimentaria abarca, de acuerdo a la definición de la FAO, cuatro dimensiones y la primera es la disponibilidad física de alimentos relacionada con la cantidad de alimentos producidos. En este contexto, el servicio de polinización que brindan las abejas forma parte de los debates sobre la alimentación en el mundo”.
Tal como explican los investigadores, en su búsqueda de néctar y polen para alimentar a la colonia y producir miel, las abejas transportan polen de una flor a otra favoreciendo la polinización cruzada de numerosísimas especies vegetales. Muchas forman parte de nuestra dieta diaria como las manzanas, las peras, los melones, los zapallos, los tomates, el girasol aceitero, etc. Muchos otros vegetales que consumimos en forma regular se cultivan a partir de semillas cuya producción depende de las abejas e, indirectamente, la producción de carne también se relaciona con los insectos polinizadores porque la semilla de alfalfa y otras pasturas requieren de polinización entomófila. Este proceso, que pasa inadvertido para la mayor parte de los consumidores, es en la actualidad el eje más destacado de la relación entre la apicultura y la seguridad alimentaria en el ámbito internacional.
“El aporte de los polinizadores a la producción mundial de cultivos alimentarios fue evaluado en cerca de 190 mil millones de dólares/año. La abeja melífera es, de acuerdo a numerosos reportes, el polinizador más importante en el mundo. En algunas regiones, como Estados Unidos, su disponibilidad es tan limitante que en la actualidad se pagan precios muy altos, ente U$S 50 y U$S 200, de acuerdo al cultivo, por el servicio de polinización”, informan.
Dentro de la problemática relativa a la polinización, existe una importante demanda de semilla híbrida de numerosos cultivos (girasol, colza, cebolla, pimientos, etc.) que implica significativas sumas de dinero y grandes superficies cultivadas. “La producción de semilla híbrida requiere como progenitor femenino una línea androestéril, que no produce polen, y sólo es posible su obtención mediante la intervención de polinizadores. De allí su interés en la seguridad alimentaria”, agregan.
Según detallan, “la agriculturización altera en forma sustancial el paisaje, reduce la biodiversidad y de manera paulatina va restringiendo otras actividades como por ejemplo la apicultura, asociada a los ciclos biológicos naturales. Ciertas prácticas como el monocultivo, el control de malezas -muchas de las cuales son importantes fuentes nectaríferas y poliníferas-, el uso intensivo de insecticidas y fungicidas y otras alteraciones de los agroecosistemas, reducen peligrosamente las poblaciones de abejas y de otros polinizadores”.
“Los productos apícolas pueden ser importados en caso de conveniencia económico-comercial, pero no puede importarse el servicio de polinización que brindan las abejas para la producción de alimentos (granos oleaginosos como el girasol y la colza, frutas y hortalizas varias). En nuestro país todavía no existe, en la generalidad de los consumidores y productores agrícolas, una conciencia sobre el riesgo que conlleva la escasez de polinizadores”, concluyen los especialistas.
Qué es y qué hace el Labea
El Laboratorio de Estudios Apícolas fue creado por la UNS en diciembre de 2009 sobre la base del Laboratorio de Calidad de Mieles, existente desde 1994. En agosto de 2013 se firmó el convenio que lo convirtió en un centro vinculado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Allí se llevan adelante estudios en el campo de la apidología, en particular de la apicultura, con un enfoque multidisciplinario. También se realizan y coordinan actividades de investigación, dictado de cursos de grado y de posgrado, publicaciones, actividades de divulgación y servicios. Trabajan allí cerca de 20 investigadores y becarios, llevando a cabo actividades con más de 300 productores en 14 partidos de la región, lo que implica con aproximadamente 90.000 colmenas. Esto facilita el vínculo con la problemática regional y retroalimenta al equipo, que cuenta, además, con el apoyo de investigadores de otras instituciones nacionales y extranjeras.
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Misiones impulsa la apicultura como actividad sustentable
Promueven la apicultura como una alternativa sustentable
Fecha de Publicación: 12/09/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables participó en el Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014, que se realizó en Puerto Iguazú, con la presentación de un proyecto que intenta promover la apicultura como una alternativa sustentable y perfectamente compatible con la conservación y aprovechamiento del monte nativo
El objetivo es potenciar la capacidad de producción de servicios ambientales de los montes, así como también trabajar en una valorización más integral de este recurso.
El proyecto fue presentado por el director de Servicios Ambientales, Iván Otiñano. El proyecto “Apicultura bajo monte una alternativa que integra recuperación, conservación y aprovechamiento de servicios ambientales”, se inserta en una realidad social y territorial que demanda respuestas y alternativas que permitan a los pequeños productores no sólo mejorar su calidad de vida sino también desarrollar alternativas productivas diversificadas y sostenibles.
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Fecha de Publicación: 12/09/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables participó en el Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014, que se realizó en Puerto Iguazú, con la presentación de un proyecto que intenta promover la apicultura como una alternativa sustentable y perfectamente compatible con la conservación y aprovechamiento del monte nativo
El objetivo es potenciar la capacidad de producción de servicios ambientales de los montes, así como también trabajar en una valorización más integral de este recurso.
El proyecto fue presentado por el director de Servicios Ambientales, Iván Otiñano. El proyecto “Apicultura bajo monte una alternativa que integra recuperación, conservación y aprovechamiento de servicios ambientales”, se inserta en una realidad social y territorial que demanda respuestas y alternativas que permitan a los pequeños productores no sólo mejorar su calidad de vida sino también desarrollar alternativas productivas diversificadas y sostenibles.
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Misiones promueve la apicultura para conservar el monte
Promueven la apicultura como una alternativa sustentable
Fecha de Publicación: 11/09/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables participó en el Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014, que se realizó en Puerto Iguazú, con la presentación de un proyecto que intenta promover la apicultura como una alternativa sustentable y perfectamente compatible con la conservación y aprovechamiento del monte nativo
El objetivo es potenciar la capacidad de producción de servicios ambientales de los montes, así como también trabajar en una valorización más integral de este recurso.
El proyecto fue presentado por el director de Servicios Ambientales, Iván Otiñano. El proyecto “Apicultura bajo monte una alternativa que integra recuperación, conservación y aprovechamiento de servicios ambientales”, se inserta en una realidad social y territorial que demanda respuestas y alternativas que permitan a los pequeños productores no sólo mejorar su calidad de vida sino también desarrollar alternativas productivas diversificadas y sostenibles.
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Fecha de Publicación: 11/09/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables participó en el Congreso Latinoamericano de Apicultura 2014, que se realizó en Puerto Iguazú, con la presentación de un proyecto que intenta promover la apicultura como una alternativa sustentable y perfectamente compatible con la conservación y aprovechamiento del monte nativo
El objetivo es potenciar la capacidad de producción de servicios ambientales de los montes, así como también trabajar en una valorización más integral de este recurso.
El proyecto fue presentado por el director de Servicios Ambientales, Iván Otiñano. El proyecto “Apicultura bajo monte una alternativa que integra recuperación, conservación y aprovechamiento de servicios ambientales”, se inserta en una realidad social y territorial que demanda respuestas y alternativas que permitan a los pequeños productores no sólo mejorar su calidad de vida sino también desarrollar alternativas productivas diversificadas y sostenibles.
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Terraplenes y fumigaciones hacen peligrar el Delta
Cómo evitar un naufragio en el Delta
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Nuevo mapa de bosques nativos del Delta
Avance favorable sobre la 'Ley de Bosques' en el Delta
Fecha de Publicación: 31/05/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras una reunión entre el Municipio de Tigre y autoridades de Medio Ambiente de la Provincia, el el OPDS anunció como quedaría el nuevo mapa de bosques nativos del Delta de San Fernando.
Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública de San Fernando mantuvieron una reunión de trabajo con el Director Provincial de Recursos Humanos en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Germán Larrán, y su equipo, quienes actualizaron al Municipio sobre los avances de la "Ley de Bosques", que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental.
En un nuevo mapa de bosques nativos, se presenta una reducción del 80% en las zonas donde no se podía producir. Las mismas, señalizadas con "puntos rojos", son los lugares donde hay forestación nativa y, por ende, no se pueden desarrollar emprendimientos propios como la forestación habitual que se hace en el Delta.
"La participación fue realmente muy importante para nosotros, ya que nos nutre de conocimientos. Creo que el OPDS ha podido volcar en este último ensayo, estadísticas más cercanas a lo que realmente sucede en el territorio, a diferencia del primer mapeo original presentado hace casi 3 que marcaba casi todo el bajo Delta con grandes territorios pintados de rojo. Esto significaba un gran problema para los productores del Delta, debido a las limitaciones que suponía", sostuvo Gabriel Tato, el Director de Medio Ambiente, presente en la reunión que, especialmente, trató sobre cómo quedó el nuevo reordenamiento territorial o "mapa de bosques" respecto a los puntos rojos, que hablan de bosques autóctonos y que limitarían el sistema productivo del Delta.
"Es necesario desde la forestación que se siga plantando, que se siga consolidando un Delta productivo y para eso es necesario, inevitablemente, los subsidios que bajan desde la Nación", agregó el funcionario.
"Afortunadamente, han recapacitado. El OPDS, luego de varias reuniones y trabajos en territorio, ha efectuado un ajuste sustancial y el mapa se redujo considerablemente casi un 80%. Hoy tenemos una herramienta que nos da conocimientos para próximamente juntarnos con todos los productores de la Segunda y Tercera Sección, exponer los avances de este proyecto de ley y poder lograr un consenso entre los Municipios y los productores para presionar los suficiente para que esta ley se sancione o para hacerle las modificaciones necesarias para que cubra las expectativas de la producción", festejó Tato, sobre los nuevos avances y en alusión a la Ley de Bosques que actualmente está en la instancia previa a la sesión de aprobación.
La disminución del porcentaje de los puntos rojos a los que hace referencia el funcionario, tiene una relación directa con el crecimiento de la producción en el sector insular. "Hoy necesitamos que esta ley se sancione para que pronto los productores comiencen a cobrar sus subsidios y se les dé, de una buena vez por todas, lo que tanto el Municipio, la Provincia y la Nación están pidiendo al territorio del Delta bonaerense: que se convierta en una zona productiva especialmente desde lo maderero", enfatizó, Tato.
Vale aclarar, que desde el año 2010 todos los subsidios a la producción forestal del Delta están frenados y seguirán así hasta que no salga la aprobación de la Ley de Bosques, una ley impulsada desde el 2007 y que establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
"La idea es lograr un consenso, poner este último mapeo y, si estamos de acuerdo entre los productores y el Municipio, impulsar la pronta aprobación. Esto significaría que una cantidad importante de productores volverían a cobrar estos subsidios que no son menores, son casi de 7000 pesos por año por hectárea de álamo plantada, habría una cantidad muy grande de productores que se verían muy beneficiados", expresó el funcionario.
"Es necesario que el Delta conserve su perfil productivo, es más, que se profundice siempre dentro de un marco de sustentabilidad ambiental. La producción forestal hoy ocupa un lugar muy importante para los isleños y para el sistema productivo de la Provincia y la Nación. Además, existen muchas producciones como la mimbrera, la fruticultura e incluso la apicultura que son vitales hoy para la economía familiar del isleño. Es por eso, que es vital que este proyecto de ley del OPDS se ajuste a la realidad territorial, y una vez ajustado se sancione con suma urgencia. Desde el año 2010 los productores forestales no cobran los subsidios para la plantación, y no lo van a cobrar hasta tanto se sancione la ley en cuestión", desarrolló Tato.
La producción más fuerte, importante y representativa del Delta es la forestación, ya sea forestación de álamos o sauces. A su vez, en la segunda sección, en la zona de transición, ya hay un ejercicio fuerte y consolidado de producción mixta donde se comparte territorio entre la forestación y el ganado vacuno.
La reunión tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal, sito en la calle Madero 1218, y también formaron parte del encuentro la Secretaria interina de Medio Ambiente y Salud Pública, Alicia Aparicio, y el Subsecretario de Salud Pública, Omar Maresca.
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Fecha de Publicación: 31/05/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Tras una reunión entre el Municipio de Tigre y autoridades de Medio Ambiente de la Provincia, el el OPDS anunció como quedaría el nuevo mapa de bosques nativos del Delta de San Fernando.Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública de San Fernando mantuvieron una reunión de trabajo con el Director Provincial de Recursos Humanos en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Germán Larrán, y su equipo, quienes actualizaron al Municipio sobre los avances de la "Ley de Bosques", que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental.
En un nuevo mapa de bosques nativos, se presenta una reducción del 80% en las zonas donde no se podía producir. Las mismas, señalizadas con "puntos rojos", son los lugares donde hay forestación nativa y, por ende, no se pueden desarrollar emprendimientos propios como la forestación habitual que se hace en el Delta.
"La participación fue realmente muy importante para nosotros, ya que nos nutre de conocimientos. Creo que el OPDS ha podido volcar en este último ensayo, estadísticas más cercanas a lo que realmente sucede en el territorio, a diferencia del primer mapeo original presentado hace casi 3 que marcaba casi todo el bajo Delta con grandes territorios pintados de rojo. Esto significaba un gran problema para los productores del Delta, debido a las limitaciones que suponía", sostuvo Gabriel Tato, el Director de Medio Ambiente, presente en la reunión que, especialmente, trató sobre cómo quedó el nuevo reordenamiento territorial o "mapa de bosques" respecto a los puntos rojos, que hablan de bosques autóctonos y que limitarían el sistema productivo del Delta.
"Es necesario desde la forestación que se siga plantando, que se siga consolidando un Delta productivo y para eso es necesario, inevitablemente, los subsidios que bajan desde la Nación", agregó el funcionario.
"Afortunadamente, han recapacitado. El OPDS, luego de varias reuniones y trabajos en territorio, ha efectuado un ajuste sustancial y el mapa se redujo considerablemente casi un 80%. Hoy tenemos una herramienta que nos da conocimientos para próximamente juntarnos con todos los productores de la Segunda y Tercera Sección, exponer los avances de este proyecto de ley y poder lograr un consenso entre los Municipios y los productores para presionar los suficiente para que esta ley se sancione o para hacerle las modificaciones necesarias para que cubra las expectativas de la producción", festejó Tato, sobre los nuevos avances y en alusión a la Ley de Bosques que actualmente está en la instancia previa a la sesión de aprobación.
La disminución del porcentaje de los puntos rojos a los que hace referencia el funcionario, tiene una relación directa con el crecimiento de la producción en el sector insular. "Hoy necesitamos que esta ley se sancione para que pronto los productores comiencen a cobrar sus subsidios y se les dé, de una buena vez por todas, lo que tanto el Municipio, la Provincia y la Nación están pidiendo al territorio del Delta bonaerense: que se convierta en una zona productiva especialmente desde lo maderero", enfatizó, Tato.
Vale aclarar, que desde el año 2010 todos los subsidios a la producción forestal del Delta están frenados y seguirán así hasta que no salga la aprobación de la Ley de Bosques, una ley impulsada desde el 2007 y que establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
"La idea es lograr un consenso, poner este último mapeo y, si estamos de acuerdo entre los productores y el Municipio, impulsar la pronta aprobación. Esto significaría que una cantidad importante de productores volverían a cobrar estos subsidios que no son menores, son casi de 7000 pesos por año por hectárea de álamo plantada, habría una cantidad muy grande de productores que se verían muy beneficiados", expresó el funcionario.
"Es necesario que el Delta conserve su perfil productivo, es más, que se profundice siempre dentro de un marco de sustentabilidad ambiental. La producción forestal hoy ocupa un lugar muy importante para los isleños y para el sistema productivo de la Provincia y la Nación. Además, existen muchas producciones como la mimbrera, la fruticultura e incluso la apicultura que son vitales hoy para la economía familiar del isleño. Es por eso, que es vital que este proyecto de ley del OPDS se ajuste a la realidad territorial, y una vez ajustado se sancione con suma urgencia. Desde el año 2010 los productores forestales no cobran los subsidios para la plantación, y no lo van a cobrar hasta tanto se sancione la ley en cuestión", desarrolló Tato.
La producción más fuerte, importante y representativa del Delta es la forestación, ya sea forestación de álamos o sauces. A su vez, en la segunda sección, en la zona de transición, ya hay un ejercicio fuerte y consolidado de producción mixta donde se comparte territorio entre la forestación y el ganado vacuno.
La reunión tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal, sito en la calle Madero 1218, y también formaron parte del encuentro la Secretaria interina de Medio Ambiente y Salud Pública, Alicia Aparicio, y el Subsecretario de Salud Pública, Omar Maresca.
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El Delta del Paraná en peligro por la agricultura
Prácticas destructivas amenazan el Delta
Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En las últimas semanas se ha hablado y escrito sobre las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, pero poco se ha dicho sobre el anegamiento de casi un millón de hectáreas en el Delta entrerriano, a escasos 130 kilómetros del centro porteño.
Allí nos encontramos con el Humedal Delta del Paraná, cuyos servicios ambientales son fundamentales para el futuro: garantiza la reserva de la diversidad biológica, es moderador natural de las inundaciones proveniente de las cíclicas crecientes del río Paraná y es un importantísimo reservorio de agua dulce para uso humano.
La realidad nos muestra que todo esto está en peligro, pues se están incorporando a esta zona técnicas de producción agrícolas diseñadas para tierra firme: se modifican totalmente las condiciones naturales de sus suelos y del movimiento del agua en todo el sistema. La construcción de obras públicas y privadas sospechadas de irregulares sin responder a un proyecto que garantice la sustentabilidad y sin ningún control, han sido decisivas para que esa superficie continúe aún inundada.
El Delta está surcado por innumerables cursos de agua y la napa freática está muy cercana a la superficie, en consecuencia la aplicación de agroquímicos para hacer agricultura como en tierra firme, lleva indefectiblemente a la contaminación de las aguas. Su uso es ilegal, ya que, según las mismas empresas agroquímicas, no hay un solo producto probado y registrado por la industria para ser aplicado en un humedal.
Sin embargo, son utilizados furtivamente en estas nuevas explotaciones; con el impacto inmediato sobre la flora y la fauna autóctonas, iniciándose el proceso de contaminación que irremediablemente llegará a las aguas del Río de la Plata.
Los principales centros de estudio y los científicos especializados en esta disciplina, por caso, la Fundación Humedales, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y técnicos del INTA y del INA, han levantado reiteradamente la voz de alerta sobre los resultados negativos de estas prácticas, que ponen en riesgo la existencia misma del humedal. Lo propio hemos hecho varios integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), al expresar la preocupación por el avance de los endicamientos en la región.
Sin cambios
Sin embargo, se continúa con esas prácticas destructivas. En efecto, dragados proyectados sin respaldo técnico ni estudios de impacto ambiental, endicamientos y cambios de hábitos productivos, todos sin control, están generando un panorama desalentador pues atenta contra las producciones tradicionales, muchas de ellas orgánicas, y en consecuencia contra la gente que desde hace más de un siglo las lleva adelante como modo de vida.
No se está queriendo obstaculizar cualquier emprendimiento en estas zonas, sino reclamando una producción sustentable, en consonancia con las ventajas naturales que brinda la misma, reflejando una conducta ética ambiental tal como lo establece el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) "Cuidar la Tierra", donde no se rechazan las opciones económicas, pero se va más allá de ellas: por ejemplo se podría intensificar la forestación con álamos y sauces, la producción ganadera para exportación y como región receptora de la hacienda expulsada por la sojización de la pradera pampeana, la producción orgánica, la apicultura, el turismo y muchas más.
Para muchas culturas el agua, o condición de humedad, es sinónimo y relativo a la vida, a la fertilidad. Debemos incorporar el tema medio ambiental dentro de las agendas políticas para generar una sociedad consciente del cuidado de los recursos naturales y su uso responsable. Más que de un tema económico o productivo, se trata de una decisión ética inherente a la condición humana.
"Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil de todo", palabras del poeta alemán Goethe, base del concepto de ética.
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Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En las últimas semanas se ha hablado y escrito sobre las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, pero poco se ha dicho sobre el anegamiento de casi un millón de hectáreas en el Delta entrerriano, a escasos 130 kilómetros del centro porteño.Allí nos encontramos con el Humedal Delta del Paraná, cuyos servicios ambientales son fundamentales para el futuro: garantiza la reserva de la diversidad biológica, es moderador natural de las inundaciones proveniente de las cíclicas crecientes del río Paraná y es un importantísimo reservorio de agua dulce para uso humano.
La realidad nos muestra que todo esto está en peligro, pues se están incorporando a esta zona técnicas de producción agrícolas diseñadas para tierra firme: se modifican totalmente las condiciones naturales de sus suelos y del movimiento del agua en todo el sistema. La construcción de obras públicas y privadas sospechadas de irregulares sin responder a un proyecto que garantice la sustentabilidad y sin ningún control, han sido decisivas para que esa superficie continúe aún inundada.
El Delta está surcado por innumerables cursos de agua y la napa freática está muy cercana a la superficie, en consecuencia la aplicación de agroquímicos para hacer agricultura como en tierra firme, lleva indefectiblemente a la contaminación de las aguas. Su uso es ilegal, ya que, según las mismas empresas agroquímicas, no hay un solo producto probado y registrado por la industria para ser aplicado en un humedal.
Sin embargo, son utilizados furtivamente en estas nuevas explotaciones; con el impacto inmediato sobre la flora y la fauna autóctonas, iniciándose el proceso de contaminación que irremediablemente llegará a las aguas del Río de la Plata.
Los principales centros de estudio y los científicos especializados en esta disciplina, por caso, la Fundación Humedales, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y técnicos del INTA y del INA, han levantado reiteradamente la voz de alerta sobre los resultados negativos de estas prácticas, que ponen en riesgo la existencia misma del humedal. Lo propio hemos hecho varios integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), al expresar la preocupación por el avance de los endicamientos en la región.
Sin cambios
Sin embargo, se continúa con esas prácticas destructivas. En efecto, dragados proyectados sin respaldo técnico ni estudios de impacto ambiental, endicamientos y cambios de hábitos productivos, todos sin control, están generando un panorama desalentador pues atenta contra las producciones tradicionales, muchas de ellas orgánicas, y en consecuencia contra la gente que desde hace más de un siglo las lleva adelante como modo de vida.
No se está queriendo obstaculizar cualquier emprendimiento en estas zonas, sino reclamando una producción sustentable, en consonancia con las ventajas naturales que brinda la misma, reflejando una conducta ética ambiental tal como lo establece el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) "Cuidar la Tierra", donde no se rechazan las opciones económicas, pero se va más allá de ellas: por ejemplo se podría intensificar la forestación con álamos y sauces, la producción ganadera para exportación y como región receptora de la hacienda expulsada por la sojización de la pradera pampeana, la producción orgánica, la apicultura, el turismo y muchas más.
Para muchas culturas el agua, o condición de humedad, es sinónimo y relativo a la vida, a la fertilidad. Debemos incorporar el tema medio ambiental dentro de las agendas políticas para generar una sociedad consciente del cuidado de los recursos naturales y su uso responsable. Más que de un tema económico o productivo, se trata de una decisión ética inherente a la condición humana.
"Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil de todo", palabras del poeta alemán Goethe, base del concepto de ética.
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Derogan una ley de cultivos en el Delta
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Evitar la deforestación con la apicultura orgánica
Quieren evitar la deforestación con la apicultura orgánica
Fecha de Publicación: 14/01/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero
¿Qué vinculación puede haber entre la apicultura que se practica en el monte santiagueño, un emprendimiento inmobiliario de lujo en Buenos Aires y los bonos de carbono? Es difícil encontrarla, pero hay quien la hizo. Se trata de Rodolfo Tarraubella, presidente honorario del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo), que consiguió unir su experiencia como perito apícola especializado en producción orgánica, experto en finanzas y asesor en bonos de carbono.
El objetivo es evitar la deforestación en Frías, Santiago del Estero, e impulsar un proyecto de desarrollo apícola que abarcará a más de 1000 productores de la zona en cinco años.
Utilizando la alta capacidad defensiva de las abejas criollas del norte Argentino, ubicándolas en zonas límites de campos, con carteles de advertencia como "No entrar, abejas agresivas", los impulsores del proyecto esperan ponerle un freno a la tala de árboles. Así se emiten bonos de carbono denominados "deforestación evitada", que compensarán las emisiones de un proyecto inmobiliario de lujo en el partido bonaerense de Bella Vista, denominado Buenos Aires Village-Golf Apartments.
Según Tarraubella, se trata del primer pago por "servicios ambientales para la producción orgánica argentina". Esto, explica, se apoya en la ley 26.311 de presupuestos mínimos para la protección ambiental, conocida como la ley de bosques.
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura se comenzaron a capacitar los primeros apicultores que recibirán en comodato de la firma Dinámica de Procesos, que desarrolló el proyecto de los bonos de carbono y que preside Tarraubella, unas 600 colmenas y material para instalar 800 colmenas más.
Los productores formarán un grupo denominado "Guardianes del Monte" que será el encargado de velar por el cuidado de la forestación en la región. "Se utilizan las abejas como si fueran un perro guardián para atemorizar a quien quisiera entrar a los campos para robar leña, asimismo, el apicultor, al recorrer el mismo por las zonas que en general el puestero no visita, hace un reporte al dueño del campo y al puestero de las anormalidades que pueda haber visto", explica Tarraubella. "Por otro lado, al ver el puestero y el dueño del campo, el ingreso que puede darles la producción de miel, suma un incentivo al mantenimiento del monte, ya que la miel, es un fruto no leñoso del monte, que se hace a partir de la existencia de los árboles y las abejas", añade.
Según el ejecutivo, "se transfieren fondos desde zonas ricas de la ciudad, mediante el comprador de los departamentos de lujo hacia zonas de extrema pobreza. O sea que ayuda a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero y tiene un efecto social en el lugar donde se aplica", explica.
En un principio la miel, que tendrá certificación de producción orgánica, tendrá como destino el mercado exportador. Tarraubella cree que en el mediano plazo también se elaborarán productos con mayor desarrollo como propóleo.
"Vemos que las abejas africanizadas tienen un gran potencial en el norte del país. Su manejo es más complejo que la abeja rubia, pero en el norte del país tiene mejores condiciones para desarrollarse", señala. "Esperamos conseguir la protección de unas 5000 hectáreas de bosques", añade.
Además de Frías, el proyecto de apicultura orgánica se extenderá hacia la provincia de Catamarca.
Por otra parte, Tarraubella sostiene que Dinámica de Procesos, como empresa desarrolladora de proyectos de carbono y tecnologías limpias de Argentina, será la encargada de medir las emisiones de gases efecto invernadero de la construcción del emprendimiento inmobiliario. "Es la primera vez que sucede con un proyecto de viviendas", destaca.
Fecha de Publicación: 14/01/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero
¿Qué vinculación puede haber entre la apicultura que se practica en el monte santiagueño, un emprendimiento inmobiliario de lujo en Buenos Aires y los bonos de carbono? Es difícil encontrarla, pero hay quien la hizo. Se trata de Rodolfo Tarraubella, presidente honorario del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo), que consiguió unir su experiencia como perito apícola especializado en producción orgánica, experto en finanzas y asesor en bonos de carbono.
El objetivo es evitar la deforestación en Frías, Santiago del Estero, e impulsar un proyecto de desarrollo apícola que abarcará a más de 1000 productores de la zona en cinco años.
Utilizando la alta capacidad defensiva de las abejas criollas del norte Argentino, ubicándolas en zonas límites de campos, con carteles de advertencia como "No entrar, abejas agresivas", los impulsores del proyecto esperan ponerle un freno a la tala de árboles. Así se emiten bonos de carbono denominados "deforestación evitada", que compensarán las emisiones de un proyecto inmobiliario de lujo en el partido bonaerense de Bella Vista, denominado Buenos Aires Village-Golf Apartments.
Según Tarraubella, se trata del primer pago por "servicios ambientales para la producción orgánica argentina". Esto, explica, se apoya en la ley 26.311 de presupuestos mínimos para la protección ambiental, conocida como la ley de bosques.
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura se comenzaron a capacitar los primeros apicultores que recibirán en comodato de la firma Dinámica de Procesos, que desarrolló el proyecto de los bonos de carbono y que preside Tarraubella, unas 600 colmenas y material para instalar 800 colmenas más.
Los productores formarán un grupo denominado "Guardianes del Monte" que será el encargado de velar por el cuidado de la forestación en la región. "Se utilizan las abejas como si fueran un perro guardián para atemorizar a quien quisiera entrar a los campos para robar leña, asimismo, el apicultor, al recorrer el mismo por las zonas que en general el puestero no visita, hace un reporte al dueño del campo y al puestero de las anormalidades que pueda haber visto", explica Tarraubella. "Por otro lado, al ver el puestero y el dueño del campo, el ingreso que puede darles la producción de miel, suma un incentivo al mantenimiento del monte, ya que la miel, es un fruto no leñoso del monte, que se hace a partir de la existencia de los árboles y las abejas", añade.
Según el ejecutivo, "se transfieren fondos desde zonas ricas de la ciudad, mediante el comprador de los departamentos de lujo hacia zonas de extrema pobreza. O sea que ayuda a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero y tiene un efecto social en el lugar donde se aplica", explica.
En un principio la miel, que tendrá certificación de producción orgánica, tendrá como destino el mercado exportador. Tarraubella cree que en el mediano plazo también se elaborarán productos con mayor desarrollo como propóleo.
"Vemos que las abejas africanizadas tienen un gran potencial en el norte del país. Su manejo es más complejo que la abeja rubia, pero en el norte del país tiene mejores condiciones para desarrollarse", señala. "Esperamos conseguir la protección de unas 5000 hectáreas de bosques", añade.
Además de Frías, el proyecto de apicultura orgánica se extenderá hacia la provincia de Catamarca.
Por otra parte, Tarraubella sostiene que Dinámica de Procesos, como empresa desarrolladora de proyectos de carbono y tecnologías limpias de Argentina, será la encargada de medir las emisiones de gases efecto invernadero de la construcción del emprendimiento inmobiliario. "Es la primera vez que sucede con un proyecto de viviendas", destaca.
Denunciaron la mortandad de abejas en Entre Ríos
Denunciaron a la Justicia y la Legislatura por la mortandad de abejas
Fecha de Publicación: 12/08/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
A la primera, por su indiferencia frente al hecho -que se debería al uso indiscriminado de agroquímicos- y a la segunda, por no avanzar en la modificación a la ley de plaguicidas.
La ONG Vida responsabilizó a la Justicia y a la Legislatura por la mortandad de abejas como consecuencia del uso de plaguicidas. Según esta organización “la aplicación indiscriminada de los agrotóxicos se ha ensañado en nuestra provincia de Entre Ríos, cobrándose la vida de Don Daniel Ortiz pero a ello se suma la muerte de las colmenas”.
La ONG Vida se reunió con el apicultor uruguayense Alcides Alberto Parlatto, quien manifestó el problema existente con la mortandad de las mismas y la indiferencia de la Justicia para actuar como así la demora en sacar la modificación a la ley de plaguicidas Nº 6599, de Entre Ríos, informó Recintonet.com.ar.
“Hace cuatro años, nos mataron 400 colmenas en una franja que va del arroyo Molino al arroyo de la China; fuímos a la policía y no querían tomar la denuncia porque no sabían cómo hacerla. El único recurso que logramos es plantear a nivel de la Justicia como para que queden precedentes pero tampoco pasó nada”, aclaró Parlatto. Y, añadió: “En ese entonces sólo había una denuncia en La Paz y la otra era la nuestra de C. del Uruguay. El daño fué enorme y, hay un desgaste al que nos someten por parte de la Justicia a los productores”, que quejó.
Los apicultores piden la aplicación activa del control de la flora nativa, ya que Feliciano y Federal sufren el desmonte descontrolado, arrasando 200 hectáreas en 4 ó 5 días, donde no queda nada. Por otra parte, desean que la política agropecuaria sea clara e integral, “ya que no se puede exigir una producción de miel pura libre de contaminantes cuando los aportes de néctar y polen son bombardeados por pesticidas indiscriminadamente”. El 95% de la miel se exporta.
“El estado tiene herramientas para fomentar la agricultura orgánica, con controles y se produciría un punto de inflexión pero son opiniones contra los monopolios”, dijo Parlatto.
“La población en general debe tomar conciencia que la apicultura es el eslabón principal de la cadena alimentaria animal y humana”. Y, citaron a Einsten quien habría dicho que “el dia que desaparezcan las abejas, al hombre sólo le quedarán cuatro años de vida”.
Fecha de Publicación: 12/08/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
A la primera, por su indiferencia frente al hecho -que se debería al uso indiscriminado de agroquímicos- y a la segunda, por no avanzar en la modificación a la ley de plaguicidas.
La ONG Vida responsabilizó a la Justicia y a la Legislatura por la mortandad de abejas como consecuencia del uso de plaguicidas. Según esta organización “la aplicación indiscriminada de los agrotóxicos se ha ensañado en nuestra provincia de Entre Ríos, cobrándose la vida de Don Daniel Ortiz pero a ello se suma la muerte de las colmenas”.
La ONG Vida se reunió con el apicultor uruguayense Alcides Alberto Parlatto, quien manifestó el problema existente con la mortandad de las mismas y la indiferencia de la Justicia para actuar como así la demora en sacar la modificación a la ley de plaguicidas Nº 6599, de Entre Ríos, informó Recintonet.com.ar.
“Hace cuatro años, nos mataron 400 colmenas en una franja que va del arroyo Molino al arroyo de la China; fuímos a la policía y no querían tomar la denuncia porque no sabían cómo hacerla. El único recurso que logramos es plantear a nivel de la Justicia como para que queden precedentes pero tampoco pasó nada”, aclaró Parlatto. Y, añadió: “En ese entonces sólo había una denuncia en La Paz y la otra era la nuestra de C. del Uruguay. El daño fué enorme y, hay un desgaste al que nos someten por parte de la Justicia a los productores”, que quejó.
Los apicultores piden la aplicación activa del control de la flora nativa, ya que Feliciano y Federal sufren el desmonte descontrolado, arrasando 200 hectáreas en 4 ó 5 días, donde no queda nada. Por otra parte, desean que la política agropecuaria sea clara e integral, “ya que no se puede exigir una producción de miel pura libre de contaminantes cuando los aportes de néctar y polen son bombardeados por pesticidas indiscriminadamente”. El 95% de la miel se exporta.
“El estado tiene herramientas para fomentar la agricultura orgánica, con controles y se produciría un punto de inflexión pero son opiniones contra los monopolios”, dijo Parlatto.
“La población en general debe tomar conciencia que la apicultura es el eslabón principal de la cadena alimentaria animal y humana”. Y, citaron a Einsten quien habría dicho que “el dia que desaparezcan las abejas, al hombre sólo le quedarán cuatro años de vida”.
Agroquímicos en banquinas también afectan
Los agrotóxicos aplicados en las banquinas afectan a automovilistas
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
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