Agroquímicos en banquinas también afectan
Los agrotóxicos aplicados en las banquinas afectan a automovilistas
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
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