Luz verde a la Ley Bases y más política extractiva en Argentina

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. Represión en las calles y el extractivismo como política de Estado.
El Senado aprobó la Ley Bases. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, donde se deberá revisar las modificaciones que, aunque mínimas, hizo la Cámara Alta. La iniciativa del Gobierno beneficia a grandes trasnacionales, como mineras, petroleras y firmas del agronegocio. Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina. Mientras se desarrollaba la sesión, las personas que se manifestaban en el Congreso fueron ferozmente reprimidas y más de 30 fueron apresadas.
Tras un empate de 36 votos afirmativos, 36 negativos y cero abstenciones, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villaruel, resolvió a favor del proyecto del Ejecutivo. En las horas previas trascendió que la senadora Lucila Crexell será nombrada en la Embajada ante la Unesco a cambio de su voto afirmativo. También fueron llamativos los votos a favor de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes). "Este proyecto exacerba la matriz extractivista porque genera beneficios fiscales, financieros y cambiarios que acentúan la política de saqueo de nuestra naturaleza. Y su tratamiento fue escandaloso. Es la Banelco del siglo XXI. Más que una explicación política, hay que buscar una explicación criminal", afirmó tras la sesión Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas.
El abogado fue uno de los expositores de la sociedad civil contra la Ley Bases en la Cámara de Diputados. "Estábamos discutiendo leyes del siglo XXI y pasamos a discutir temas del siglo XIX", afirmó entonces. Ya con la aprobación de ambas cámaras, denuncia: "Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica, que además es entreguista y está manejado por grandes corporaciones. Esto le cae como anillo al dedo a Elon Musk para saquear el litio argentino, por ejemplo. Pero no hubiera salido sin la complicidad de gran parte de la denominada oposición". En la Cámara Alta hay sólo siete senadores oficialistas, por lo que la gran mayoría de los votos fueron de legisladores de otros bloques.
Al volver el proyecto a Diputados, se abren tres posibilidades: la primera es que esa cámara apruebe la ley tal como salió del Senado. La segunda es que la apruebe pero insista en el proyecto original (para eso necesita la mitad de uno). Y la tercera es que rechace todo. En caso de darse este último escenario, el tema no podría volver a tratarse durante este año. Pero para Viale no es probable que ocurra. "Hay que estudiar si no hubo complicidades por parte de senadores que acompañaron diciendo que hacían modificaciones, sabiendo que después vuelve a Diputados y se puede volver al proyecto original", apunta y concluye: "Hay que seguir más juntos que nunca defendiendo a la naturaleza, los territorios y la patria".

RIGI: las puertas abiertas para el saqueo
"Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones", resume Viale. La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de "foresto industria" (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.
Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán "estabilidad fiscal": no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.
El RIGI fue uno de los temas que generó más polémica en el Senado por los beneficios que otorga a los grandes capitales. Sin embargo, las modificaciones terminaron siendo sólo cosméticas. Uno de esos cambios fue modificar (según se observó en el debate) "agroindustria" por "foresto industria". "Con esto estamos protegiendo al campo, a la agroindustria, a sectores tradicionales argentinos. No necesitamos que vengan grandes capitales, compren el complejo aceitero de Santa Fe, hagan un RIGI y no paguen impuestos. Esto es para actividades nuevas, como la forestal, que en Argentina está tan mal manejado que terminaron todas las pasteras yéndose a Uruguay", alegó el senador salteño Juan Carlos Romero.
Al votar de forma afirmativa, el legislador también manifestó, en relación al artículo 163, que demanda la adhesión de las provincias para la aceptación de un proyecto: "Se protege el ejercicio legítimo de las provincias. Soy reacio a que le cedamos el resguardo ambiental a la Nación o que aparezcan los grupos ambientalistas porteños a decir si es bueno o no un proyecto en la Puna. La cuestión ambiental es de las provincias".
Los senadores decidieron no resguardar el derecho al ambiente sano ante el desembarco de estas empresas. Ni siquiera cuando lo solicitó en plena sesión la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. "El régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos", argumentó. Y propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen.
Ninguna de las dos propuestas fueron tenidas en cuenta. Pero la legisladora terminó votando a favor.
En el mismo sentido votaron Guillermo Andrada, senador del PJ cercano al gobernador Raúl Jalil de Catamarca. Una de las modificaciones que propuso fue incluir un plan de desarrollo de proveedores locales, aunque no avanzaron en la contratación de trabajadores locales para los proyectos mineros. En la bancada oficialista también se sumaron los votos a favor del RIGI de Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin organismos ni fondos para proteger la naturaleza
La Ley también salió del Senado con otras modificaciones en materia de regulación ambiental y cesión de recursos. En el artículo 3°, de delegación de facultades, se habilita al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. Para ello, se le permite modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales. Entre los espacios claves para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que quedarán a merced del Presidente están el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En la Cámara Alta se exceptuó de este artículo a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).
Durante la sesión, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (UP) propuso sin éxito quitar la palabra “eliminar” de las facultades cedidas al Presidente. En tanto, el artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Foder (orientado al desarrollo de energías renovables) y el Fodis (destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables).
La decisión del Congreso de avalar la posibilidad de eliminar estos fondos perjudica a las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Hidrocarburos para la exportación
El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo (nacional o provincial, según corresponda), podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de esas actividades. También se elimina la prioridad del abastecimiento interno y la potestad del Ejecutivo de fijar precios.
"Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional", se lee en la iniciativa. De esta manera, se modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la 24.076, de Gas Natural, y la 26.741, por la cual se nacionalizó el 51 por ciento de YPF en 2012. Además, introduce cambios en los entes reguladores y en las leyes 15.336 y 24.065, sobre generación, transporte y regulación de la energía eléctrica.
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Pesca ilegal: afirman que el buque chino capturó ejemplares jóvenes de merluza negra, algo prohibido para evitar su depredación

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Las 163 toneladas de merluza negra encontradas en el buque Tai An, del empresario chino, Liu Zhinjang, incluían ejemplares juveniles lo cual dadas las características de las especie podría generar un daño considerable que pone en riesgo su supervivencia
Tras la ola de renuncias en el Gobierno por la pesca ilegal de merluza negra por parte de la empresa Prodesur (de capitales chinos) en el Mar Argentino, el buque Tai An arribó al puerto de Ushuaia con una carga de 163 toneladas de merluza negra, valuada en 5 millones de dólares. Pero distintos expertos ambientales advirtieron además que se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibido con el objetivo de preservar la especie.
Desde hace más de 15 años existe un sistema de cuotificación para la pesca de la merluza negra, una especie protegida a nivel global. Ni empresas locales ni extranjeras pueden pescar merluza negra sin autorización. Y en ningún caso se pueden pescar ejemplares en etapa de desarrollo de los que, en el caso del pesquero propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, se hallaron 60 toneladas.
“La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”, dijo la organización ambiental Sin azul no hay verde, especializada en la protección del Mar Argentino y en combatir la destrucción y sobreexplotación de la biodiversidad y hábitats marinos.
“El caso del buque Tai An, que pescó toneladas de merluza negra juvenil sin tener permiso para hacerlo, refleja la impunidad de algunos actores de la pesca en Argentina y la falta de conciencia ambiental y del impacto negativo que tiene un hecho así en nuestro ecosistema marino”, agregó en X.
La ONG destacó no solo la ilegalidad del accionar “sino también la práctica utilizada (pesca de arrastre) y sus consecuencias ambientales. Si la pesca realizada fue directa o incidental a estas alturas en material ambiental ya no es relevante: el ecocidio ya sucedió”.
La entidad criticó la falta de controles y fiscalizaciones, a la vez que se preguntó: “¿Y si este no es un hecho aislado? ¿Y si en realidad hay más depredadores como el buque Tai An en el Mar Argentino?”. También pidió sanciones para el buque Tai An por incumplimiento del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).

Sobrepesca y sobreexplotación
La merluza negra, según Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales; se descubrió en los años 90′ y a principios de los años 2000 se empezó a ver que la sobrepesca y sobreexplotación de la especie estaba generando un daño a su población, por lo que se empezaron a tomar medidas y restricciones a nivel global.
“Es una especie tan frágil y tan sensible porque tiene un largo periodo de vida y un ciclo muy lento. Puede llegar a vivir hasta 80 años en algunos casos y esto hace que cuando se la captura, la posibilidad de recuperación de la especie sea muy lenta, a diferencia de otras especies, como la merluza común de la Argentina que llega a vivir un máximo de 10 años, o el calamar que vive entre 1 y 2 años máximo y tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida”, detalló el especialista.
“La captura de ejemplares juveniles causa un daño aún mayor en la especie ya que no han llegado a la edad de reproducción. Siempre hay medidas, tamaños y edades mínimos permitidos para la captura para evitar y asegurar que la especie se pueda reproducir”, agregó.
A partir del accionar del Tai An, quedaron involucrados funcionarios del gobierno, en particular del ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de sospechas de la existencia de cierta protección a la empresa china. Ayer se conoció la tercera renuncia vinculada a este caso. Se trata de Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempeñaba como director nacional de Acuicultura.
Esta dimisión, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino que depredaba el Mar Argentino, se produjo días después de la polémica salida de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera que disparó la polémica. Ambos se conocían y tenía buena relación. Abdala Bertiche también se fue descontento por el desfinanciamiento de su área y el pedido de despedir personal calificado. Cerca suyo aseguraron que no estaba dispuesto a acompañar porque su estructura iba a ser reducida algo que le iba a impedir alcanzar cualquier objetivo técnico y productivo que se había fijado.
El supuesto motivo de la renuncia de Suárez fueron las presiones recibidas por parte de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino, y otro de los renunciantes.
El conflicto se desató días atrás cuando se detectó el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería para evitar ese regreso. Quien realizó el llamado fue Ferrara Raisberg.
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El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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Tomá mate: científicos argentinos aprovechan la yerba usada para almacenar energía y descontaminar el ambiente

Fecha de Publicación: 04/10/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Un equipo de investigadores del Conicet y la Universidad Nacional del Centro utilizan yerba mate usada para desarrollar “carbones activados” que descontaminan el suelo y el agua y “capacitores” para almacenar energía
Cada año los argentinos consumimos unas 250.000 toneladas de yerba (6,4 kg per cápita anuales, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate). En su mayoría esa materia orgánica va a parar a la basura, o con suerte al compost para abonar plantas. ¿Por qué no darle un destino más relevante a este residuo, tan común y ligado a la idiosincrasia nacional?
Con esta idea, la ingeniera química Florencia Jerez, junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, se pusieron a estudiar cómo transformar la yerba usada en un biomaterial para almacenar energía.
“En el mundo se están desarrollando carbones activados a partir de residuos vegetales abundantes, que sirven para construir “supercapacitores”, pero nadie hasta ahora había investigado el uso de la yerba mate”, comenta Jerez. “Los supercapacitores funcionan de forma similar a una batería, pero tienen la característica de poder almacenar grandes cantidades de energía y liberarlas muy rápido, a diferencia de las pilas y baterías comunes, que almacenan la energía para liberarla en forma más lenta y constante”, explica. De hecho, los supercapacitores complementan a las baterías y alargan su vida útil, ya que permiten balancear flujos de energía intermitentes.
Para transformar la yerba usada en “carbón activado”, se la somete a altas temperaturas y luego se la “activa” con un agente químico. “Así se obtiene un material altamente poroso, capaz de almacenar energía y que además puede usarse en filtros para descontaminar suelos y cursos de agua, ya que absorbe los contaminantes”, detalla Jerez, quien desde 2019 realiza un doctorado en Ingeniería en el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería (CIFICEN) de Olavarría, gracias a una beca del Conicet.

Una industria limpia con potencial
La demanda de supercapacitores crece en el mundo con el desarrollo de las energías renovables (como la eólica y solar), que son generalmente intermitentes. También para complementar las baterías de computadoras, celulares, autos eléctricos y robots autónomos que precisan de una alta dosis de energía rápida para encenderse, y luego su consumo se estabiliza.
La mayoría de los carbones activados para esos supercapacitores se obtienen de carbonizar madera, pero hay una tendencia a valorizar residuos vegetales para evitar la tala de bosques. En ese sentido, se está investigando también el uso de restos de poda, rastrojos de trigo, bagazo de cerveza y residuos de cáñamo (la planta del cannabis).
La yerba usada tiene la ventaja de ser muy abundante, aunque su obtención para uso industrial se dificulta si no hay una separación de residuos en origen y una recolección diferenciada. “Para hacer las pruebas piloto, nos proveemos de la yerba que se consume y se junta en la Universidad, y estamos en conversaciones con el municipio de Olavarría para hacer una recolección diferenciada”, destaca la investigadora, cuya tesis sobre el uso de yerba mate en la síntesis de carbones activados -bajo la dirección de los investigadores Gerardo Acosta, Marcela Bavio y Pamela Ramos- fue publicada este año en el Journal of Environmental Management.
La idea del equipo, que se completa con los investigadores Federico Ponce, de Olavarría, Arminda Mamaní y Fabiana Sardella de San Juan, es instalar una planta piloto y transferir la tecnología para la producción de carbón activado a alguna empresa que desee invertir en este desarrollo.
“En el país hay dos plantas de carbón activado a partir de madera que cubren solo el 20% de la demanda. El resto se debe importar. Una vez instalada la planta, el equipamiento y los procesos sirven para carbonizar distintos tipos de residuos vegetales, cambiando las temperaturas y dosis químicas”, apunta Jerez.
La investigadora participó este año de una beca de investigación en España, financiada por la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, donde profundizó sus conocimientos en el desarrollo de carbones activados a partir de residuos vegetales, y hoy se ilusiona con la posibilidad de abrir el juego a una industria de exportación, y a la vez tan argentina como la costumbre de tomar mate.
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¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?

Fecha de Publicación: 12/06/2023
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La trazabilidad es un aspecto clave para evitar la sobrepesca y minimizar el impacto ambiental. Según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, al que accedió AIM, los sistemas de trazabilidad de diferentes tipos de productos están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando.
Entonces, ¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?
1) Porque el 36 por ciento del pescado comercializado en las principales ciudades de la Argentina está mal etiquetado o es sustituido x otras especies no declaradas, como tiburones y rayas.
2) Porque la trazabilidad es una herramienta que permite diferenciar en los mercados de destino a los productos legales de los de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que practican las flotas de aguas distantes, mayoritariamente chinas.
3) Porque tres los principales mercados de destino de la pesca argentina, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ya cuentan exigencias de rastreo y están haciendo más estrictas sus políticas de trazabilidad.
4) Porque las flotas que realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada están asociadas al crimen organizado, la violación de los derechos humanos de sus tripulaciones y a la devastación del mar.

Qué es la trazabilidad
Según el estudio, al que accedió AIM, existe una vasta experiencia en trazabilidad en diferentes sectores de la industria alimenticia. En la pesca, estos esquemas implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y cómo atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo, dónde y cuándo (se) pesca, procesa y transporta.
Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la rastreabilidad o el seguimiento de productos; pueden ser en formato impreso, pero en la actualidad se avanza rápidamente hacia sistemas informáticos y la utilización de Blockchain.
Existe una bibliografía especializada que contiene múltiples descripciones detalladas de los sistemas de rastreabilidad existentes en varios sectores alimentarios, y existe un consenso general sobre qué atributos podrían o deberían poseer dichos sistemas.
Un sistema de rastreabilidad para productos alimentarios debería ser capaz de:
· dar acceso a todos los atributos2 de un producto alimentario, no solamente aquellos que se pueden verificar en forma analítica;
· dar acceso a los atributos de un producto alimentario o un ingrediente en todas sus formas y en todos los eslabones de la cadena de suministro, no solamente a nivel de lote de producción; facilitar la rastreabilidad hacia atrás (¿de dónde proviene el producto?) y hacia adelante (¿a dónde fue?)
Cabe destacar que se prevé que el segmento de la pesca sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de trazabilidad de alimentos en los próximos años. Según las directrices recientes de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, la trazabilidad es ahora (y cada vez más) un mandato para todas las empresas que operan en el mercado de productos del mar y la pesca.
La industria alimentaria está cada vez más impulsada por la demanda de los clientes que buscan alimentos seguros y, frente a ello, establecer un sistema de trazabilidad sólido para minimizar la producción y distribución de alimentos inseguros o de mala calidad resulta una respuesta adecuada.
En el caso de los productos del mar, además, la ocurrencia y las implicancias de la captura ilegal y el etiquetado incorrecto se han vuelto más visibles en los últimos años debido a la mayor atención de los medios y los esfuerzos de la industria, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los gobiernos para combatir estos problemas.
Además, se han documentado abusos de los derechos humanos, como la trata de personas y el trabajo forzoso, en algunas cadenas de suministro de productos del mar. Las oportunidades de fraude, como etiquetar incorrectamente a sabiendas del nombre de la especie o el método de captura, también están aumentando a medida que se desarrollan nuevas pesquerías y las cadenas de suministro se vuelven más complejas.
En el mercado mundial de alimentos altamente globalizado de hoy, el pescado sigue un largo y sinuoso camino desde el océano hasta el consumidor. A menudo se envía a grandes distancias, visita múltiples puertos y cambia de manos entre varios corredores, procesadores y minoristas antes de que finalmente llegue al plato del consumidor
El fraude de los productos del mar se presenta en diferentes formas:
· la sustitución de especies, a menudo un artículo de bajo valor o menos deseable es vendido en lugar de una opción más costosa o deseable ya que, una vez que el pescado está fileteado, su especie puede ser difícil de determinar;
· el etiquetado incorrecto, que incluye ocultar el verdadero origen de los productos -se etiqueta incorrectamente el nombre de la especie, el país de origen, para evitar regulaciones y tarifas, o incluso para colar pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro-;
· el agregado de empanizado, agua u otros a los productos del mar para aumentar su peso aparente -los procesadores suelen agregar una capa de hielo o un conservante para mantener fresco un producto de mar, una práctica normal y legal. Sin embargo, cuando un procesador usa exceso de hielo o aditivos -remojo- e incluye ese peso con el peso neto de los productos, eso es un fraude-.

Trazabilidad en Argentina
Existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas en nuestro país que han avanzado en la trazabilidad de los productos de la pesca.
Sin embargo, la Argentina no cuenta con un sistema unificado, institucionalizado y establecido en su legislación nacional para la totalidad de la cadena. En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado dos proyectos de ley que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría de los puntos esenciales. A diferencia de cualquier otro tipo de instrumento, una ley marco elaborado a partir de la participación de todos los sectores involucrados contribuiría a dar seguridad a todos los actores de la cadena sobre las implicancias del sistema, y colocaría al país entre las naciones más responsables en la actividad pesquera, lo que redundaría en beneficios económicos, ambientales y reputacionales.
Dicho de otro modo, una ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura dotaría al Estado argentino de un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no reglamentada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico.
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Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para nacionalizar el litio

Fecha de Publicación: 05/05/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La propuesta busca declarar "de interés público nacional" todos los actos relativos al mineral y sus derivados. Fue presentada por Juan Carlos Alderete y cuenta con el apoyo de una decena de diputados oficialistas.
Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone nacionalizar las reservas naturales de litio y sus derivados debido al carácter estratégico que tiene el mineral para el desarrollo del país. Argentina es uno de los principales actores en el mercado del mundo ya que posee cerca del 20% de las reservas globales.
La iniciativa es encabezada por el líder de la Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, y cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.
El texto refiere "a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio económico e industrial de la República Argentina" y declara "de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados".
"Está en marcha una feroz disputa entre potencias hegemónicas que, a través de sus empresas monopólicas, saquean el litio argentino y profundizan la dependencia", dijo el diputado en el proyecto, en el que aludió al proyecto presentado la semana pasada por el presidente chileno, Gabriel Boric, que otorga al Estado un papel protagónico en la explotación del litio.

Triángulo del litio
Chile, junto con Bolivia y Argentina, constituye el llamado triángulo del litio por la abundancia de sus reservas del llamado "oro blanco", esencial para las baterías de los vehículos eléctricos.
Alderete consideró que es "imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios".
Ante quienes cuestionan la inviabilidad de la propuesta, Alderete dijo que "esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía".
Al mismo tiempo, el legislador oficialista dijo estar convencido de que "hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles y nos exige estar a la altura, y sobre todo tomar las medidas que se deban tomar".
Respecto de las concesiones vigentes otorgadas a las empresas privadas, establece que estarán "plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación".
Argentina integra junto a Chile y Bolivia el denominado "Triangulo del litio" donde se concentran el 65% de los recursos mundiales de dicho mineral. Se trata de uno de los cuatro grandes productores mundiales de derivados de litio y cuenta con más del 20% de las reservas globales.
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Qué pasa en la milla 201: pesca y depredación extranjera sobre territorio argentino

Fecha de Publicación: 10/04/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Especialistas en lo que sucede más allá de la zona económica exclusiva argentina explican por qué el accionar de embarcaciones de China, Corea del Sur, Taiwán y España impacta directamente en la economía y la flora y fauna marina de nuestro país.
Además, qué herramientas existen a nivel nacional e internacional para terminar con dicha problemática.

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Los dueños del litio: nombres ocultos, fondos de inversión y bancos extranjeros, detrás del boom minero en Argentina

Fecha de Publicación: 05/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Nacional


Cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los principales dueños de las empresas que extraen y exportan el mineral. Además, las compañías se montaron sobre un complejo entramado de accionistas. Cuánto pagan de regalías en Catamarca y Jujuy y cuan transparentes son las gobernaciones en relación a la actividad. Una investigación de los periodistas de Ruido y Fundeps, en elDiarioAR.
El litio se ha convertido en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo, debido a su utilización en baterías para celulares, tablets, computadoras portátiles y, más recientemente, en vehículos eléctricos e híbridos.
Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de productos derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales.
 Y si bien ya existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, hasta ahora sólo dos de ellos producen y exportan los productos derivados de este mineral (carbonato y cloruro de litio).
¿Cuán transparente es esta actividad en esos dos casos, constituidos en Jujuy y en Catamarca?
elDiarioAR publica en esta nota algunas de las conclusiones del informe “Litio y transparencia en Argentina”, una investigación de periodistas de la red Ruido y Fundeps sobre la legislación nacional y provincial que rige en estas dos provincias, además de la accesibilidad a información de contratos, regalías, beneficiarios finales y otros indicadores de transparencia relacionados con esta industria extractiva.

Las empresas
Una de las dos empresas investigadas es la estadounidense Livent, que opera el Proyecto Fénix (Salar del Hombre Muerto), en Catamarca.
 La otra es Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%). En la práctica, Allkem es la empresa que controla las operaciones, y a la que remite el sitio web de Sales de Jujuy. El portal de Sales de Jujuy podía ser consultado antes de noviembre de 2022. Desde entonces figura “en construcción” y remite a la empresa australiana. De hecho, desde el área de comunicación de Sales de Jujuy remitieron todas las consultas al portal de Allkem.
Los dos principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos.
En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).
 A su vez, estos cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, directa o indirectamente, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina.
Además, estos cuatro fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Esa misma condición se encontró en al menos tres propietarios de acciones de Allkem (JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management); y en al menos 7 casos de Livent (además de Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunit).

Beneficiarios finales
¿Es posible acceder a los nombres particulares de los principales beneficiarios finales de estas empresas? En Argentina no existe una política uniforme relativa a la solicitud de información sobre personas beneficiarias finales de empresas, es decir, quienes controlan, acceden a una parte de los ingresos o activos de las compañías, dirigen sus actividades, o tienen capacidad de influir en ellas.
Hay canales públicos de los cuales extraer información relativa a estas personas, como el Registro Nacional de Sociedades, la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores. Pero en el caso de las empresas relevadas no se encontró ninguna información allí, ya sea porque se trata de compañías que no están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires o bien porque los registros no están completos.
Del análisis pormenorizado de los reportes anuales de las empresas Allkem, Livent y de sus principales accionistas (Blackrock, The Vanguard Group, HSBC Group y JP Morgan) sí surgen nombres propios de autoridades y directivos que recibieron dividendos como propietarios de acciones de ambas empresas.
 Sin embargo, estos nombres representan un porcentaje mínimo del paquete accionario (menos de 1% sumando todos los nombres, en todas las empresas analizadas) y no se registran detalles de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, que son los grandes fondos de inversión y las empresas mencionadas.

Falta de transparencia en las provincias
Si bien en Jujuy y en Catamarca la legislación relativa a minería se encuentra disponible en las páginas oficiales de los gobiernos provinciales, la misma es de muy difícil acceso y comprensión: se trata de decenas de leyes nacionales y provinciales, decretos y resoluciones que no están sistematizadas ni organizadas.
Esto conlleva que los procesos, organismos, métodos, directivas y demás regulaciones provinciales sean de muy difícil entendimiento para la sociedad en general y para las comunidades afectadas por los proyectos mineros en particular.  
En relación a los dos proyectos específicos que extraen el litio, la información a la que se accede es de muy difícil comprensión debido al lenguaje técnico que es utilizado por las mineras y al volumen de los estudios e informes. Esta información es muchas veces provista por las empresas mineras, sin la intervención y control por parte de las autoridades provinciales o locales. Existen reportes anuales con resultados económicos y financieros de Allkem, Livent y Toyota. Pero no es posible acceder a ninguna información de ese tipo en el caso de Jemse, la empresa propiedad de la provincia de Jujuy, socia de Allkem en Sales de Jujuy.
En ningún caso funcionaron las solicitudes de información efectuadas a distintas dependencias tanto del gobierno de Catamarca como de Jujuy. Sí se realizó una entrevista al ministro de Minería catamarqueño, que aportó datos generales.
Catamarca es una de las cuatro provincias (junto con Santa Cruz, Salta y San Juan) que recientemente adhirió a la Iniciativa EITI de Transparencia para las Industrias Extractivas (Argentina lo hizo en 2019), y en este caso sí es posible acceder al contrato de concesión con Livent (Leyes 4589, 4780 y 5531).
En el caso de Jujuy, no es posible acceder al contrato de concesión con Allke o Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz. Jujuy es, además, una de las pocas provincias mineras que decidió no adherir por ahora a la Iniciativa EITI de Transparencia en la Industria Extractiva para impulsar la rendición pública de sus cuentas en la industria minera. Catamarca sí adhirió a dicha iniciativa, en marzo de 2022, junto a Santa Cruz, Salta y San Juan (Argentina adhirió en 2019).
 En Jujuy, también se dejó sin efecto, por el decreto 9194 del 3 de mayo de 2019 -ratificado luego por ley provincial-, una norma que exigía un análisis extra de los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos mineros de primera categoría, como es el litio. Estaba a cargo de un Comité de Expertos para el Análisis Integral de Proyectos de Litio, pero las autoridades de Jujuy consideraron que esa tarea se superponía con la que realiza la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) como órgano consultivo multidisciplinario, integrado por diversos sectores.
En materia ambiental, los principales cuestionamientos tienen que ver con el uso del agua y el destino de los residuos de la producción y los alcances de los controles ambientales en ambas provincias. También, la dificultad para acceder a informes sobre el impacto de estas actividades, tanto para la ciudadanía en general como para las comunidades afectadas por este tipo de actividades.

Cuánto dejan las empresas en regalías
Por la ley de Inversiones Mineras de 1993, la producción minera está amparada por un amplio sistema de beneficios y exenciones fiscales, con estabilidad de 30 años, devoluciones de ganancias de los gastos de prospección y exploración y de IVA por la compra de bienes y servicios destinados a la exploración, entre otras.
Esta ley establece, además, topes a la percepción de regalías por parte de las provincias que cuentan con proyectos.
En Catamarca, Livent paga un 3,5% sobre el valor de facturación. Ese monto engloba: regalías, canon, aportes adicionales y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Este último ítem se integra a un fideicomiso para obras de infraestructura, proyectos de inversión o desarrollo productivo.
En Jujuy, las regalías son del 3% sobre el valor de boca de mina (tal como es extraído). De todos modos, están reguladas por la Ley Fiscal número 5.791 de 2014, que establece en algunos casos un descuento del 1% cuando el mineral o concentrado se industrializa en la provincia. Se aplica también a las operaciones que industrializan el carbonato de litio, lo que en esos casos llevaría la tasa efectiva a aproximadamente 1,6% sobre el valor de venta (2% boca de mina).
En relación a las retenciones que cobra el Estado nacional, para el litio ese valor es de 4,5% de las exportaciones. La soja, principal commodity argentina, paga entre 30% y 35%.
En Chile, por ejemplo, desde 2018 se establecen regalías a través de una tasa de comisión escalonada, progresiva y marginal, que va del 6,8% al 40%, según los distintos compuestos de litio.

A dónde va el litio argentino
Hasta 2022, el destino de las exportaciones de litio de Argentina estaba más diversificado (a varios países, empezando por Estados Unidos), pero a partir de ese año, el principal comprador pasó a ser China, seguido de Japón.
China es uno de los países que más invierte en litio y en minería en general en Argentina. Es a la vez el origen del 13% de la producción mundial del mineral y el líder global en refinación.
Aun así, estos volúmenes no son suficientes para abastecer a su colosal industria de baterías, que fabrica alrededor del 56% del suministro global, según la firma Abrdn.
Esto explica su creciente presencia a nivel mundial y en Argentina, que se refleja en el incremento de las exportaciones de litio a ese país durante 2022. En conjunto, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292,3 millones de dólares en litio.

*Este informe fue realizado con el apoyo del programa Opening Extractives. Sin embargo, el contenido del mismo es de autoría y responsabilidad exclusiva de Fundeps y de Ruido, y no refleja en modo alguno las opiniones del programa. Cualquier pregunta sobre este artículo o el reporte debe ser dirigida a estas organizaciones.

Ver el Informe Completo
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Alerta en el Mar Argentino: un impresionante enjambre de pesqueros sin regulación amenaza a especies marinas

Fecha de Publicación: 22/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Buques poteros que capturan calamar operan en las zonas adyacentes a la milla 200, por fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA); si ingresan en aguas argentinas, la actividad se considera pesca ilegal
LA NACIÓN sobrevoló la milla 200, a la altura de Comodoro Rivadavia; en sus alrededores, buques extranjeros van tras el codiciado calamar Illex argentinus; una actividad que atenta también contra la industria nacional; ONG piden controlar la situación
Un ruido de turbinas anuncia el inminente despegue. El cielo, en llamas, amenaza con oscurecer pronto, y la negrura de una noche de luna menguante no tarda en aparecer. Una hora y media más tarde la luz vuelve furiosa, aunque no por acción del sol: cientos de buques poteros de bandera extranjera pescan en la zona adyacente a la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) –en la que el país es soberano en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos– a la altura de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Frente al Golfo de San Jorge, se encuentra el Agujero Azul, una región de gran biodiversidad que es fuente de alimentación de diversas especies que habitan el Mar Argentino. Allí está el codiciado calamar Illex argentinus que, además de tener un atractivo comercial en todo el mundo, es una especie migratoria y por ello no siempre se encuentra dentro de aguas nacionales.
La nubosidad de la noche convierte a los barcos repletos de lámparas en brumosas luciérnagas gigantescas. El piloto da vueltas, baja varios metros de altura de vuelo y rompe las nubes para poder visualizar los hechos con claridad. Quiere que no haya dudas.
Una voz se escucha por el altoparlante del Boeing 787 de la ONG Solidaire: “Damas y caballeros, buenas tardes, les habla el capitán, mi nombre es Enrique Piñeyro y les voy a dar información importante: el catering es de Anchoita [el nombre de su restaurante]”.
Cineasta, médico, emprendedor gastronómico, piloto, activista por los derechos humanos y actor. Piñeyro es multifacético y enigmático. Habla despacio, en un tono que raya lo inaudible, aunque se hace escuchar.
“A la derecha podrán ver todos los buques en actividad dentro de las 200 millas argentinas”, indica el piloto. Las lucecitas de los barcos se multiplican a medida que el avión avanza y deja atrás bancos de nubes.
Si bien el conteo exacto de barcos dentro de la ZEEA se hará una vez el avión haya aterrizado, Piñeyro especifica que durante un vuelo similar realizado durante abril de 2021, de las 500 embarcaciones avistadas, solo 170 tenían prendido el Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite a los buques comunicar su posición y hacerse visibles. “Es la zona de mayor apagado de AIS en el mundo”, repite el capitán.
“Es un problema de la humanidad”, enfatiza Piñeyro sobre la pesca depredatoria, y precisa que la razón por la que organiza, costea y pilotea estos vuelos es para que el margen de incertidumbre sea cero. “Estos vuelos hacen que deje de ser una cuestión de opinión. Pone en contexto y es un principio de solución. Hasta ahora nadie parece hacerse cargo del problema. Al menos esto es el puntapié para plantearnos qué nos falta y qué podemos hacer para solucionarlo”, subraya.

¿Es pesca ilegal?
Ante la falta de una organización regional de ordenación pesquera en el espacio marítimo limítrofe a la ZEEA, las actividades que realizan los buques extranjeros por fuera de la milla 200 no cumplen con los aspectos de la definición de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, por ello, no son consideradas ilegales. La pesca ilegal, entonces, se determina cuando los buques de flota extranjera ingresan a capturar especies, y no solo navegar, a nuestra zona económica sin autorización.
Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) introduce disposiciones relativas a la conservación de los recursos vivos del mar y delimita la jurisdicción de los espacios marítimos, la falta de una regulación regional implica que no haya determinaciones sobre cuotas de capturas y vedas de pesca por fuera de la milla 200 y eso supone un problema: la sostenibilidad de las especies marinas.
“Desde el momento en que, fuera de la ZEEA, estas actividades pesqueras están desreguladas, deben ser consideradas depredatorias. Producen daños ecosistémicos y ambientales de magnitud desconocida”, remarcan la doctora Marcela Ivanovic, jefa de Pesquerías de Cefalópodos; la doctora Claudia Carozza, directora nacional de Investigación; y el director de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino, el doctor Gustavo Álvarez Colombo del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep).
“Los países del Atlántico Sudoccidental deben tomar conciencia de la gravedad de la situación y del peligro real para el ecosistema regional y adopten, Uruguay, Brasil y Argentina, una forma de cooperación regional para regular los espacios marítimos internacionales adyacentes a sus zonas económicas exclusivas bajo figuras de ordenamiento que no afecten el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas [Malvinas].”, explica a LA NACION Juan Redini, armador del buque potero “Villarino” -una de las 73 embarcaciones que componen la flota nacional- y presidente de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA).
Una oportunidad de controlar la sobrepesca y de preservar los recursos de los mares se abrió a principio de mes, con la celebración del tratado Global de los Océanos, un acuerdo histórico tras 10 años de negociaciones, por el que se pretende convertir el 30% de los océanos en zonas protegidas para 2030, con el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina.
Sin embargo, Flavia Broffoni, activista ambiental y cofundadora de XR (Extinction Rebellion), se muestra escéptica ante este nuevo tratado internacional. “No hay forma de que se regule la pesca en alta mar en tanto no haya un control. Lo que más me interesa como activista es ver cómo estamos tomando parte en los grandes conflictos ambientales. La pregunta es, ¿cómo tensionar esa voluntad política que no llega? Ya no negociamos más, debemos pasar a la desobediencia civil pacífica contra la crisis climática”, enfatiza.

El Illex Argentinus
Estos cefalópodos tienen un ciclo de vida de aproximadamente 1 año. Pasados los 8 meses, y luego de que las concentraciones reproductivas produzcan el desove dentro de aguas nacionales, se desplazan en sentido de la corriente marina dirigiéndose hacia el talud continental. En general, el cardumen sobrepasa el límite exterior de la ZEEA donde barcos de bandera extranjera capturan esta especie migratoria. Las mayores concentraciones de esta flota, se producen entre los meses de febrero a abril, con registros de casi 500 buques pesqueros extranjeros en operaciones.
“Las flotas pesqueras -en su mayoría de bandera china y en menor medida españolas, taiwanesas y coreanas- llegan del Océano Pacífico para cruzar al Atlántico a través del Estrecho de Magallanes en busca de calamar, merluza y otras especies ictícolas. Se trata, casi en su totalidad, de buques poteros, aunque también se detectan barcos arrastreros y palangreros de diferentes nacionalidades”, detalla a LA NACION el Prefecto Mayor Alfredo Oscar Panozzo, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Los buques poteros realizan sus actividades extractivas durante la noche. Con máquinas automáticas, pescan por medio de líneas de tanzas y potas (señuelos), especialmente diseñadas sobre la base del comportamiento de los calamares.
La poderosa iluminación de las lámparas ubicadas sobre la cubierta del barco hace que el cardumen de calamar se concentre durante la noche debajo del casco del buque, lo que facilita su captura. “Se trata del arte de pesca más selectivo, dado que solo se puede pescar calamar, y no otras especies”, precisa Panozzo.

¿Cómo se patrulla la ZEEA?
La PNA posee cinco embarcaciones con las que se realiza el control de la actividad pesquera dentro de las 200 millas y su zona adyacente en los aproximadamente 700 kilómetros del litoral marítimo (Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Madryn). Una guardia que funciona las 24 horas y los 365 días del año patrulla la zona de manera alternada por dos semanas.
El patrullaje marítimo se complementa con un sistema integral de vigilancia electrónica denominado Sistema Guardacostas, aplicado al control y vigilancia del mar. Este Sistema de Información Geográfica (GIS) permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos, incluso de aquéllos que apagan sus AIS para no ser detectados.
“Tenemos más infracciones de buques argentinos que de extranjeros. Las infracciones de los buques argentinos son por navegar o pescar en zona de veda, o por excederse en los cupos de captura -detalló Panozzo-. A lo largo de 4 años, hubo 450 infracciones de buques argentinos y solo tres de buques extranjeros, de los que fueron capturados dos de nacionalidad china y uno portugués”.

Perjuicios para la industria nacional
Según cifras del Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional, la industria pesquera es el octavo complejo exportador que mayor cantidad de divisas genera en el país. Entre el 93% y el 97% de los productos pesqueros que se desembarcan en puertos argentinos son destinados a los mercados internacionales.
En diálogo con LA NACION, Juan Redini no duda en identificar lo que, para él, es el principal perjuicio de que flotas extranjeras pesquen en el límite de la milla 201: la competencia desleal.
“Nos cuesta el 100% más tener el barco en el mar. Pagamos impuestos y no tenemos el combustible subsidiado. La flota china tiene subsidios en el combustible, paga salarios de US$100 mensuales y no descarga en puertos, sino que transborda la carga en alta mar a barcos frigoríficos. Para nosotros, cada descarga de la bodega implica US$170.000 y pagamos salarios bajo convenio colectivo. No hay manera de competir con los costos de esa flota”, enfatiza Redini.
El mercado en donde operan, además, es el mismo. Tanto la flota china como la nacional venden su producto, con mayor o menor nivel de procesamiento, a Japón, China, la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso, el armador del buque “Villarino”, repite: “Nuestro negocio no depende de nosotros, sino de lo que pescan otros con nuestro recurso”.
Y explica: “Entre 2014 y 2015 se capturó 1.000.000 de toneladas de Calamar. 300.000 toneladas por buques argentinos, y 700.000 de extranjeros, por fuera de la ZEEA. Por eso, muchos se fundieron, dado que el precio del calamar descendió abruptamente”.
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Piden no consumir peces del río Salado por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 17/02/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Litoral Argentino


El Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Cepronat) alertó que "los sábalos del tramo inferior del río Salado no están en condiciones de ser consumidos debido a los  El Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Cepronat) alertó que "los sábalos del tramo inferior del río Salado no están en condiciones de ser consumidos debido a los altísimos niveles de agrotóxicos en sus cuerpos" y que representan un "peligro para la salud pública", a partir de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet que determinó "niveles récord" de agroquímicos en los ejemplares.
"El equipo dirigido por el Investigador del Conicet y profesor titular de ecotoxicología UNL, Rafael Lajmanovich, detectó en todas las muestras obtenidas niveles récord de glifosato, glufosinato de amonio y otros agrotóxicos y sus metabolitos", indicó el comunicado.
En esa línea, detalló que "dichos agrotóxicos constituyen niveles de contaminación subletal en los sábalos, pero por el fenómeno de bioacumulación, se convierten en un peligro a la salud pública y a la disponibilidad de alimentos para la población".
Según la investigación, el origen de la contaminación está en "el modelo de agricultura transgénica", que se utiliza en la provincia de Santa Fe para la producción de soja, maíz, trigo, algodón y otros.
"La gran cantidad de venenos que se utilizan en la agricultura desde hace muchos años, y que no desaparecen por arte de magia, nos está diciendo que donde los vayamos a buscar, los vamos a encontrar", remarcó.
"Ahora en el sábalo -continúa- así como también en nuestras hortalizas y frutas, en el algodón, en el río Paraná y los cursos de agua o humedales, en el aire".
Además, advirtieron que se requieren "urgentes medidas a los efectos de salvaguardar la salud de la población en forma integral".
"Sabemos que resulta difícil tomar algunas decisiones, pero las autoridades deben tener en cuenta que está en riesgo la vida de toda la ciudadanía", apuntaron.
"En el día de hoy, el Cepronat entregó notas de interpelación a los ministerios de Salud, Producción, Ambiente y en la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)" en los que solicitó "información de las medidas a tomar o tomadas, teniendo en cuenta la gravedad de la situación descripta. Esperamos una decisión urgente de las autoridades", concluyeron.
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Récord mundial de niveles de agrotóxicos en sábalos de la cuenca del Paraná

Fecha de Publicación: 09/02/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Científicos de la UNL hallaron alarmantes concentraciones de plaguicidas. Representan un peligro para la salud humana y el ecosistema
Un estudio realizado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostró que los peces del tramo inferior del río Salado -desde San Justo hasta la desembocadura en Santa Fe- están contaminados por un cóctel de nueve biocidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas de uso masivo en cultivos transgénicos de la región) con índices récord a nivel mundial para organismos acuáticos. En algunos casos, los valores hallados en los ejemplares de sábalos (prochilodus lineatus) superan largamente el máximo de las ingestas diarias admisibles (IDA) para los humanos. La alta concentración de plaguicidas hallados significa un riesgo potencial por tratarse de un pez comercial de agua dulce que se consume localmente y se exporta a otros países para consumo humano.
Los datos develados por el estudio que llevaron adelante los científicos Rafael Lajmanovich, María Repetti, Ana Cuzziol Boccioni, Melina Michlig, Luisina Demonte, Andrés Attademo y Paola Peltzer pertenecientes al Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (Conicet) y al Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Facultad de Ingeniería Química (UNL), llevan a disparar las alarmas de la sociedad en vistas de que la especie analizada se ubican entre las más consumidas por la población de la región e incluso se exporta con fines alimenticios humanos y veterinarios.
Entre otros índices más sorprendentes, el trabajo científico, publicado por la editorial académica Elsevier (Países Bajos), demostró que en el cien por ciento de los ejemplares muestreados se halló glifosato y ácido aminometilfosfónico (Ampa), el principal metabolito del herbicida glifosato. El segundo herbicida que se halló con más frecuencia en los músculos y vísceras muestreados fue el glufosinato de amonio que se dio en una proporción del 50% de los análisis, valores que ubican a los peces del Salado en el récord mundial de concentraciones halladas en organismos de biota acuática.
Los músculos, branquias e hígados de sábalo se obtuvieron de cuatro sitios del curso inferior del río Salado y uno del río Santa Fe, cerca de su confluencia con el Salado, en inmediaciones de la capital provincial, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. De esos lugares, también se obtuvieron muestras de sedimentos.

Para consumo humano
El documento con las conclusiones de los científicos especifica que los ejemplares se compraron a pescadores locales ubicados en los mismos cinco sitios de muestreo donde se recolectaron los sedimentos y destaca que “estos peces estaban a la venta para el consumo humano”.
Todos los elementos obtenidos se analizaron en busca de residuos de plaguicidas siguiendo el método “Quechers”, para cuantificar 136 sustancias. En general, el tejido muscular de los peces mostró concentraciones muy altas (las máximas detectadas en el mundo), del insecticida cipermetrina (204 microgramos por kilo - µg/kg), herbicidas polares (solubles en agua) glifosato (187 ?g/kg) y su producto de degradación (Ampa) 3.116 µg/ kg, glufosinato de amonio (677 µg/ kg) y el fungicida piraclostrobina (50 µg/kg).
En muestras de vísceras, los principales plaguicidas encontrados fueron altos valores de cipermetrina (506 µg/kg), clorpirifos (78 µg/kg) y lambda-cihalotrina (73 µg/ kg). Las concentraciones medias de residuos detectadas entre los sitios no fueron significativamente diferentes ni en el músculo ni en las vísceras de los sábalos, en la mayoría de los casos.
El trabajo especifica que “excepcionalmente, el sitio estudiado más austral del río Salado bajo mostró diferencias significativas en la concentración de residuos encontrados en el músculo, debido a las altas concentraciones de glifosato y glufosinato de amonio. Otros sitios del río Salado bajo, al norte, mostraron una concentración de Ampa significativamente mayor en vísceras de peces que en el resto de los sitios estudiados”. Algunas muestras de sedimentos mostraron bajos niveles de herbicidas como glifosato (24 µg/ kg) y fungicidas. Sin embargo, los niveles más altos del mundo de herbicidas polares se registraron en el músculo de los peces.

Advertencia
Los científicos advirtieron que “los resultados de este estudio resaltan la necesidad de un monitoreo periódico debido a la alta concentración de plaguicidas y su riesgo potencial en un pez comercial de agua dulce muy importante de Argentina, que se consume localmente y se exporta a otros países para consumo humano”.
Los científicos aclararon que este es el primer estudio que alerta sobre la presión combinada de la presencia de pesticidas aprobados para agricultura en sábalos, lo que indica una exposición regular a múltiples sustancias en concentraciones con valores medios altos y rangos superiores extremos. “Inesperadamente, los resultados de nuestro estudio determinaron concentraciones máximas muy altas de herbicidas polares, principalmente glifosato y sus productos de degradación y glufosinato de amonio en tejido muscular de peces que los registrados para peces de agua dulce en otros estudios a nivel mundial”, destacaron. Los plaguicidas analizados están dentro de lo más utilizados para usos agrícolas en la región estudiada para el control de malezas, insectos y hongos y su hallazgo en el material analizado indica una exposición regular en las poblaciones de peces a estas sustancias.
“En nuestro estudio los tejidos de peces de todos los sitios estudiados presentan glifosato y Ampa con concentraciones mayores a 187 y 3.116 µg/kg respectivamente”, señalaron los especialistas y añadieron que “el segundo herbicida más detectado en los dos ríos muestreados en músculo de pescado fue el glufosinato de amonio con concentraciones altas (677 µg/kg). Este agroquímico es uno de los herbicidas más utilizados en los últimos años en cultivos transgénicos en muchos países del mundo incluyendo Argentina. Dado que el glufosinato de amonio es absorbido por la materia orgánica y la arcilla del suelo y es transportado a las aguas subterráneas y superficiales por la escorrentía durante las lluvias, representa un alto riesgo para los ambientes acuáticos y antrópicos”.
Detectaron además el fungicida piraclostrobina (valor máximo de 50 µg/ kg), ampliamente utilizada en los cultivos de soja transgénica para aumentar su cosecha y productividad.
En las conclusiones del trabajo se destaca que la contaminación por pesticidas representa una amenaza dañina para la viabilidad de la población de peces y otros organismos acuáticos y constituye un gran riesgo para los consumidores humanos, en especial para los niños, ya que la ingesta de pescado se considera una de las principales fuentes de exposición a pesticidas. “Falta normativa que establezca tolerancias para el pescado como los límites máximos de residuos u otras tolerancias muy utilizadas para la aplicación y evaluación del riesgo dietético”, enfatizaron.
“Nuestros resultados demuestran que las poblaciones de sábalos en una cuenca fluvial rodeada de cultivos genéticamente modificados incorporaron múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos. Este grado de contaminación provoca un aumento significativo de los efectos nocivos para la salud de los peces por la presencia simultánea de plaguicidas en dosis subletales y, además, puede suponer un grave riesgo para toda la fauna acuática y la salud humana”, advirtieron los científicos y remarcaron que “el deterioro de la calidad ambiental observado en la cuenca del río Salado amenaza a los organismos acuáticos, al medio ambiente, a los servicios socioculturales y a la población humana”.
“Como primera medida de mitigación, existe una necesidad urgente de aumentar la distancia de los cultivos modificados genéticamente dependientes de plaguicidas de los ecosistemas acuáticos o la aplicación de la agroecología libre de plaguicidas, así como mejorar la evaluación del riesgo ambiental, en particular de los organismos acuáticos”, enfatizaron los autores del estudio.
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Portezuelo del Viento: claves de la obra que divide al gobierno y a la oposición

Fecha de Publicación: 01/02/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


La represa situada en la provincia de Mendoza podría afectar el caudal del Río Colorado con impacto en otras cuatro provincias de signos políticos diversos. Las licitaciones para avanzar están detenidas.
El último desencuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en la provincia homónima, esconde la discusión sobre el futuro de la mega obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.
“Lamento que no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca”, manifestó el presidente sobre el gobernador en la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en la localidad de El Paramillo. A su vez, Suarez alegó que “nunca nadie” lo había convocado desde Presidencia, pero igualmente “no se sentía cómodo” asistiendo ya que “tenía mucha bronca”, por la dilación atribuida a Fernández de la obra pública.
Portezuelo del Viento consiste en la construcción de una presa y una central hidroeléctrica. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la presa tendrá 185 metros de alto, lo que la convertirá en una de las más grandes del planeta. El proyecto también contempla el tendido de una línea eléctrica, la construcción de las rutas nacionales 145 y 226 y la relocalización de Villa Las Loicas.
Mendoza presta especial atención a esta obra millonaria porque su construcción se realizaría sobre el Río Grande, localizado en el departamento de Malargüe. Sin embargo, su avance no depende solo de esa provincia sino también de otras cuatro: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Esto es porque el Río Grande da nacimiento al Río Colorado (en confluencia con el río Barrancas), cuyo recorrido atraviesa estas tierras que se ven directamente afectadas por lo que suceda en el río.
El organismo que regula tanto el caudal de agua correspondido para cada provincia como los proyectos de infraestructura se llama Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y está conformado por estas jurisdicciones más la venia del Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Todas las decisiones que toma el COIRCO deben ser unánimes. Cuando no sucede, la situación pasa a estar sujeta a un laudo que debe resolver el presidente de la Nación.
La instancia de laudo arbitral fue activada dos veces: una con Mauricio Macri, quien se expresó a favor del proyecto pero con la condición de que se evalúe el impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado, y otra con Alberto Fernández, que ratificó la decisión del expresidente el 29 de diciembre. Recibió el apoyo del COIRCO y el rechazo de la oposición e incluso de algunas figuras oficialistas, como la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien en su momento expresó: “Este laudo es una muy mala noticia. Es resultado de la falta de trabajo y gestión de Suárez, de la voluntad del presidente, de la conocida mala fe del gobierno de La Pampa y el escaso trabajo para el consenso en el COIRCO”.
La decisión del mandatario generó rispideces políticas e incluso pone en duda la continuidad de Mendoza dentro del COIRCO, confirmado por Suárez. “Han dicho eso varias veces. Mendoza no practica ni el federalismo ni el consenso”, dijo a Tiempo el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri. Para Suárez, en cambio, Alberto Fernández solo buscó “congraciarse con La Pampa, que son del mismo espacio político”. Es que el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, fue quien solicitó en 2020 un nuevo estudio ambiental sobre toda la cuenca y no limitado al espacio donde se emplazaría la obra. Motivado por la bancada del COIRCO, fue lo que detuvo el avance del proyecto y derivó en el segundo laudo arbitral.
Para contextualizar, el reclamo de La Pampa no solo se enmarca en medio del agravamiento de la crisis hídrica general de la cuenca del Río Colorado, sino también porque, según FARN, “esta provincia se ha visto afectada por todas las obras de infraestructura que ha realizado Mendoza, sufriendo la baja del caudal de los ríos Tunuyán, Atuel, Colorado y Salado, que desembocó en grandes sequías”.
Además, según Lastiri, “existe una tensión política” porque el financiamiento de Portezuelo del Viento por USD 1023 millones fue aprobado por Mauricio Macri, y eso lo “ataría” a Suárez.
Por su parte, Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, sostuvo a este medio que la provincia “ya tenía aprobado el impacto ambiental por las 4 provincias que están involucradas”. “Lo que hicieron es desarchivar un pedido de La Pampa para realizar un nuevo impacto ambiental. El perjuicio es que es una obra que generaba energía eléctrica, pagada por Mendoza sin utilizar dinero de la Nación ni de las otras provincias”, concluyó. El proceso licitatorio, que incluye a las empresas Sinohydro, IMPSA, Ceosa, Obras Andinas y la participación de la firma china CGGC como parte del consorcio a cargo de la construcción, está detenido actualmente.
“Mendoza dice que un nuevo estudio va a llevar tres años y con eso invalida poder hacer la presa. Pero no se le objeta la obra sino que no haga estudios parciales para comprobar que el río puede soportar la envergadura de la obra que se quiere realizar”, concluye Lastiri. «

La voz de los pueblos originarios
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que una gran cantidad de organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asambleas de las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires se siguen manifestando en contra del proyecto. Las organizaciones aseguran ver “sus derechos esenciales vulnerados”, tras el avance sin consulta de la presa, a contramano del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la consulta previa, libre e informada de pueblos originarios.
Sobre el impacto negativo en el ambiente, Nahuel Cáceres, integrante de la organización, advierte: “Se observará indefectiblemente un impacto ambiental sobre la cuenca, debido a que las represas de gran porte requieren del desvío significativo de cauces de agua y su acumulación en diques, lo cual transforma el ecosistema con consecuencias negativas.”
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Informe sobre la pesca ilegal china en Argentina: advierten por un saqueo que podría agotar la presencia de especies

Fecha de Publicación: 11/01/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país asiático no sanciona a aquellos barcos que rompen el límite de la milla 200 y entran en las aguas nacionales. Las características del suelo marítimo en esa zona permiten técnicas sencillas para capturar calamares, poniendo en peligro a su población
A pesar de los múltiples reclamos internacionales y del trabajo de la Armada para intentar evitarlo, cientos de buques chinos continúan pescando ilegalmente en el mar argentino y su accionar representa un saqueo que podría agotar la presencia del calamar dientuso en la zona.
Así lo revela un informe publicado por el sitio InSight Crime, que forma parte de una serie de reportes sobre la pesca no reglamentada, que se elaboró en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS).
El estudio da cuenta de la actividad que los barcos del país asiático realizan a unas 201 millas marítimas de la costa, en el límite de la línea de Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde es territorio de aguas internacionales y capturan toneladas de calamar.
Sin embargo, tal como detalló Infobae en varias oportunidades, cientos de estos navíos utilizan diferentes maniobras para traspasar ese límite y continuar pescando más allá del área permitida, sin que las autoridades chinas implementen ninguna sanción efectiva hasta el momento.
“Muchos hablan de una ciudad flotante, pero por el ruido y las luces yo la veo más como un juego de aspiradoras dentro de una máquina gigante”, explicó al mencionado medio un experto pesquero argentino que pidió permanecer en el anonimato por su trabajo en el sector.
De acuerdo con Daniel Coluccio, jefe del Observatorio Marítimo Naval de Argentina, “más allá de la milla 200 no hay control” y estos barcos aprovechan para pescar allí “lo que pueden día y noche”, por lo que consideró que “en algún momento el recurso va a disminuir”.
En este sentido, el especialista comentó que, por ejemplo, cuando escucha la radio en el mar, le llega una gran variedad de idiomas: portugués, ruso y, sobre todo, chino. “Realmente uno no sabría si estás a 300 kilómetros de Argentina o a 300 kilómetros de China”, señaló.
En esta misma línea, el informe también cita un estudio de la ONG Oceana, que indica que la mitad de las capturas mundiales de calamar dientuso provienen de aguas argentinas, por lo que la pesca ilegal podría estar afectando a su población.
Al respecto, advirtieron que, sumado a que esta especie tiene un ciclo de vida muy corto, la sobreexplotación de sus ejemplares más jóvenes podría hacer que su presencia en esta zona disminuya o incluso que se agote.
Por otra parte, Coluccio detalló que la extensa plataforma marina de la Argentina proporciona zonas de alimentación fértiles para la vida debajo del agua y, además, tiene una profundidad relativamente poco profunda de 200 metros.
En este lugar, donde suele haber grandes cantidades de plancton, prosperan el bacalao del sur, también conocido como merluza negra, la langosta, el calamar y otras valiosas especies.
Además, esta condición facilita el trabajo de los buques, que pueden utilizar métodos fáciles para atrapar a los peces: “Nadie pescaría con una red de arrastre a 5.000, 6.000 metros, pero a 200, 250 metros, sí”, dijo Coluccio.
Asimismo, el portal detalló que estos navíos apagan regularmente sus sistemas de identificación automática (AIS), que transmiten la identidad y la posición, para así poder ingresar a la ZEE argentina si ser detectados ni dejar rastros, lo cual es ilegal.
Según datos de Oceana, basados en registros satelitales, alrededor de 433 embarcaciones con bandera china pescaron entre enero de 2018 y abril de 2021 durante 679.067 horas a lo largo de ese límite y desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4.000 veces.
“Argentina simplemente no puede vigilarlo”, lamentó Coluccio a InSight Crime, que también recordó algunos episodios en los que la Armada intentó interceptar a algunos de estos infractores e incluso tuvo que disparar contra ellos por la negativa de estos de acatar las órdenes.
“No hay autoridad para aplicar porque no hay ley, no hay límites claros. El vacío legal da lugar a un montón de barcos sin escrúpulos y sin ningún tipo de seguimiento, especialmente chinos, que hacen lo que quieren”, cuestionó el Dr. Rodolfo Werner, asesor principal de Argentina para la Coalición Antártica y del Océano Austral, una alianza internacional de organizaciones que trabajan en la conservación de las especies.
Por su parte, según publicó InSight Crime, las autoridades chinas son conocidas por no vigilar la flota de su país que opera en aguas distantes, a pesar de que la ley marítima internacional dice que deben hacerlo, y solamente afirmó imponer sanciones y normas más estrictas, endureciendo los requisitos de informes de transbordo y prohibiendo la pesca de calamar fuera de temporada, lo cual no se estaría cumpliendo.
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