Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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El gobierno impulsa endurecer las sanciones contra desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


El gobierno envió a la legislatura un proyecto de Ley con el objeto de adoptar medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal que incluyan, tanto la agravación de las penas como la implementación de mecanismos de control más eficientes.
Así lo informaron ayer el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción, Víctor Zimmermann. "Durante toda esta gestión no hubo autorización de cambio de uso de suelo ni permiso para desmonte de ninguna hectárea.
Estamos combatiendo el desmonte ilegal y en ese marco promovemos el agravamiento de multas y un control más fuerte", apuntó Gutiérrez e informó que la propuesta contempla penas mucho más duras que las actuales para quienes violen el régimen forestal.
Zimmermann destacó también el compromiso del gobernador Zdero y de la actual gestión con el cuidado del ambiente y preservación de bosques. "Se trata fundamentalmente de evitar los desmontes ilegales, esto se suma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que impulsamos oportunamente", destacó.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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Policías impidieron la deforestación ilegal de un área nativa de Misiones

Fecha de Publicación: 31/10/2024
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones


En un operativo rural llevado a cabo en la mañana de este lunes, por efectivos de la División de Delitos Rurales de la Unidad Regional XV, se detectó la deforestación en una parcela de la localidad de Montecarlo sin la autorización del Ministerio de Ecología de Misiones. Además, secuestraron dos motosierras utilizadas para el apeo.
La intervención se realizó cerca de las 10:30, cuando los agentes realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona ubicada cerca de la Ruta Provincial 15. Fue allí cuando observaron a dos hombres en el interior de la propiedad privada, quienes alegaron ser empleados del propietario del sitio y que estarían extrayendo leñas por orden del dueño de lugar.
Al verificar el área, los agentes constataron la presencia de al menos cinco árboles nativos de distintas especies ya talados, junto con dos motosierras utilizadas para el apeo. Asimismo, tras documentar la ubicación geográfica de la deforestación, establecieron que los mismos no contaban con la autorización del Ministerio de Ecología. Por lo que procedieron al secuestro preventivo de las herramientas en presencia del propietario del terreno.
Por último, se labró al acta correspondiente y se dio intervención al Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Además, los elementos incautados fueron llevados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las actuaciones legales correspondientes. Esta no sería la primera vez que los efectivos frenan un apeo ilegal en esa zona, donde meses antes ya labraron un acta de infracción.
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El Gran Chaco argentino agoniza por la deforestación masiva e ilegal

Fecha de Publicación: 26/10/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Santiago del Estero - Nacional

Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal. Con la desaparición de los bosques se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
El Gran Chaco argentino sufre una deforestación masiva y descontrolada a causa de la cesión de grandes extensiones de tierra a la agricultura y la ganadería, lo que pone en riesgo una de las zonas más boscosas de Sudamérica.
Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal.
Lorenzo Langbehn, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explica a EFE que “la tala continúa actualmente a un promedio de 60.000 hectáreas por año” en esta región.
Según el investigador, la alteración de bosques nativos impulsados por el avance del cultivo de soja o la cría de ganado, principal motor económico de Argentina, impacta en la productividad de los suelos, los ciclos del agua y la resiliencia climática de la región.
“Los suelos que han estado bajo cobertura de bosque se mantenían productivos o fértiles, pero al ser sometidos a cultivos anuales permanentes se deterioran por la salinización y pierden rendimiento”, resume Langbehn, también docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas en esta zona alcanzan los 600 milímetros, mientras que las temperaturas máximas promedio superan con facilidad los 35 grados. La capital santiagueña tuvo una temperatura récord de 45,2 grados en el verano de 2023.
Con la desaparición de los bosques “se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global”, agrega Langbehn.
En su último reporte sobre estos gases, el desaparecido Ministerio de Ambiente (rebajado a la categoría de subsecretaría por el Gobierno de Javier Milei) informó en 2021 que el 39% de esas emisiones nocivas provenían del sector agropecuario del país.

El Gran Chaco, amenazado
Santiago del Estero pertenece al Gran Chaco Americano, la segunda área boscosa más grande del continente después de la Amazonía, y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.
El 59% de este territorio está en Argentina, con unos 625.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa 13 provincias con 8,5 millones de habitantes, según el censo de 2010.
Un informe de Greenpeace revela que el 75% de la deforestación se concentra en el norte del país y que la Ley de Bosque Nativo, cuyo objetivo era reordenar las zonas de tala y acabar con la deforestación en casi un 80% del territorio, solo ha logrado reducir la actividad en un 40% desde 2014.
La tala de montes se justifica bajo el supuesto manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, una combinación de flora y fauna agropecuaria que se retroalimenta y ayuda a capturar el carbono, algo que está amparado por ley como actividad sustentable, pero en la práctica las empresas modifican las reglas del juego.
“Es gente viene con capitales de afuera, se insertan aquí y hacen cambios que les resultan muy rentables”, remarca a EFE Cecilia Escalada, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.
“Los grandes terratenientes hacen un uso extractivista”, denuncia.
Greenpeace explica que las talas “se realizan en zonas donde no está permitido” y calcula que desde 2007 hasta junio de 2024 se deforestaron 1.007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
El Gran Chaco argentino alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 tipos de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, todos en riesgo por el avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Incendios forestales
Además del uso de topadoras, el fuego también acaba con los terrenos y justifica la deforestación en Santiago del Estero por la falta de control.
'Los Caracoles', una de las pocas reservas privadas de bosque, a once kilómetros de la capital provincial y utilizada para turismo sustentable, perdió quince hectáreas por incendios provocados.
 “Es el último pulmón verde cercano a la ciudad, de casi 250 hectáreas y ribereño, donde se hace cicloturismo, una forma de explotación no extractivista”, explica a EFE Pablo Muratore, poblador y dueño de la reserva.
Según Global Forest Watch, en esta provincia se han registrado 1.018 alertas de incendio desde octubre de 2023.
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Pidieron a la Legislatura rechazar el nuevo ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 14/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pese a las persistentes promesas de enviar la iniciativa para que sea aprobada en la Legislatura provincial, el gobierno demora su ingreso.
Las organizaciones ambientalistas Greenpece, Fundación Cebil y Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir solicitaron a los legisladores provinciales no aprobar la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta por entender que el procedimiento con el cual se realizó implica un retroceso en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Pese a los reiterados anuncios de envíos de la iniciativa al recinto legislativo, y de haberse presentado en diciembre del año pasado, el gobierno provincial no presentó todavía la propuesta en la Legislatura provincial para su tratamiento.
Entre otros puntos, las organzaciones ambientalistas cuestionaron que la nueva propuesta no defina qué sucederá con las tierras desmontadas de manera ilegal durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya sea por no estar autorizadas, o por haber sido autorizadas por un decreto que violaba la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Recordaron que las tierras desmontadas bajo la posibilidad del proceso de “recategorización”, “deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN”, y en todo caso, ser restauradas. Lo cual hasta el momento no sucedió.
Cuestionaron también que el nuevo ordenamiento permita el desmonte legal de 721.568 hectáreas, una superficie “sumamente excesiva”, aseguraron; más cuando la provincia ha tenido una alta tasa de deforestación en las últimas tres décadas.
Asimismo, afirmaron que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental, dado que permite el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías 1 (rojo) y 2 (amarillo), en las que no se puede desmontar. En este punto, sostuvieron que el mecanismo propuesto por el equipo técnico que realizó el nuevo OTBN es similar al “utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión”. “Se trata de una zonificación flexible (…), no determina claramente donde se puede y dónde no se puede desmontar”, advirtieron.
La nueva propuesta también habla de una zona de “color marrón”, que es la categoría que permite la flexibilidad de la ubicación de los desmontes. Las organizaciones ambientalistas entendieron que la propia existencia de esta categoría no incluida en la Ley de Bosques “puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y (que) no favorecen al control social de los desmontes ilegales”.
Además, nuevamente la región de los Valles Calchaquíes queda sin categorizar, como sucede hasta la actualidad, “desconociendo los montes nativos de algarrobos, talas, chañares, y a las especies en peligro de extinción, como los ejemplares en cardones y los retamos”. Este desconocimiento de los bosques nativos “incrementa el desmonte indiscriminado, el avance del agronegocio y genera conflictos socioambientales con las distintas comunidades originarias que habitan el valle”, afirmaron.
Al permitir que algunos desmontes puedan hacerse sobre categorías que estén en rojo o amarillo, se promueve la “fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continas”, agregaron. También criticaron que se haya dejado fuera de la Ley la falta de relevamiento de los territorios indígenas y la falta de talleres interculturales que incluyeran a las comunidades en sus territorios.
Mientras se espera que la propuesta de OTBN obtenga estado parlamentario en Salta, surgió lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó y aprobó una propuesta de OTBN que tenía mucha resistencia. La Dirección de Bosques de la Nación ya observó la propuesta aprobada y sostuvo que cuenta con “graves deficiencias”, algunas de ellas parecidas a las objeciones que realizan los ambientalistas en Salta al nuevo OTBN.
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Crítico informe de Greenpeace que alerta la deforestación "que quieren ocultar" en Santiago del Estero y Chaco

Fecha de Publicación: 12/10/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero - Chaco


Un informe de Greenpreace reveló la crítica situación por los desmontes en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde se concentra gran parte del este problema grave en la Argentina, causando daños en algunas de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
Desde hace casi tres décadas, el 75% de los desmontes de Argentina se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La deforestación afecta a los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo.
En el estudio, destacan que desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta junio de 2024 se deforestaron 1.0007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
"La situación es más grave aún teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido por la normativa forestal nacional. Esto ocurre sobre todo en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, principalmente para ganadería intensiva", denunciaron.
Greenpeace analizó la intervención realizada, entre los años 2008 y 2022, sobre 1.881 lotes de las provincias de Santiago del Estero y Chaco con bosques clasificados en la Categoría II – amarillo (donde se permiten actividades sustentables, pero no desmontes), con el objetivo de realizar una caracterización y cuantificación del impacto a partir de variables como su estructura y funcionamiento.
El análisis reveló que desde el año de su intervención hasta la actualidad, los lotes perdieron, en promedio, la mitad de su fracción leñosa.
Por otra parte, se evidenció que el 70% de los casos analizados perdió su estructura y función como bosque.
"De este modo, los bosques de Chaco y Santiago del Estero intervenidos para ganadería intensiva terminan con la misma densidad de árboles que tienen parques públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo que implica que prácticamente están transformando a los bosques chaqueños en una plaza", advirtieron.
Bajo la denominación de un “manejo silvopastoril” supuestamente sustentable, grandes productores en realidad están realizando desmontes, por lo que "es evidente la responsabilidad de los gobiernos de Santiago del Estero y Chaco en la violación de la Ley Nacional de Bosques, al autorizarlos donde no está permitido", alertaron.
Frente a la actual crisis climática y de biodiversidad, Greenpeace reclama en forma urgente prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
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Siguen los desmontes ilegales: frenaron y secuestraron maquinaria en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación: 08/10/2024
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Este viernes, en la localidad de Pampa del Infierno, inspectores de la Dirección de Bosques detectaron un nuevo caso de desmonte ilegal, tras recibir un informe del departamento de Geoinformación de la misma repartición provincial.
Ingenieros e inspectores se trasladaron a un predio rural, donde constataron en el lugar la presencia de una topadora marca Caterpillar D6, que estaba siendo utilizada para realizar un cambio de uso de suelo sin autorización. A pesar de la rápida intervención, los trabajos ilegales ya habían afectado varias hectáreas de monte.
Las autoridades procedieron a detener las actividades, labraron el acta de infracción correspondiente y decomisaron la maquinaria empleada en el desmonte.
Con este decomiso, suman más de 40 las topadoras secuestradas por la Dirección de Bosques, bajo la dirección de Gustavo Vázquez, en la lucha contra la deforestación y el uso ilegal de los recursos naturales en la provincia.
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Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
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Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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La denuncia por los desmontes chaqueños llegó al Vaticano

Fecha de Publicación: 23/09/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunciante en una causa que tramita la justicia federal e involucra a exfuncionarios, funcionarios, diputados y empresarios, expuso en un evento organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y la organización internacional Líbera, en la Casina Pio IV de la santa sede.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas  llevó el caso denominado "la Mafia del desmonte" y su participación en el desmonte ilegal en el Chaco, ante una audiencia de alto nivel reunida en la conferencia internacional sobre "El uso social de los bienes confiscados" , organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional Líbera en la Casina Pio IV del Vaticano.
El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el director ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista italiano Luigi Ferrajoli y el fiscal jefe antimafias de Italia, el cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.
El abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expuso en el panel titulado "Sociedad civil organizada y políticas centradas en la doctrina del desarrollo humano integral: el rol del Estado en la búsqueda y construcción del bien común". Su intervención destacó el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte, el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.
El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA fue la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). "Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social-  a comunidades afectadas" , reveló la entidad en un comunicado.
Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el yaguareté en el Gran Chaco.
La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que "el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades", subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.
La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. "Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global", indicaron.
"El desmantelamiento de estas mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más  justa e igualitaria, incluso con la naturaleza", resaltaron finalmente.

La causa
En el marco de la denuncia penal presentada por la Asociación, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) dictó el mes pasado una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de tres meses (ampliables).
A través de la resolución, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
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Protesta contra Santiago del Estero por “exceso de desmontes”

Fecha de Publicación: 21/09/2024
Fuente: Portal LaHoradeSalta
Provincia/Región: Santiago del Estero


Activistas de la ONG ambientalista, Greenpeace, colgaron un cartel a 7 metros de altura con la leyenda “Santiago del Estero: exceso de desmontes” cubriendo la entrada a las oficinas que la provincia tiene en Buenos Aires. Denuncian que en los últimos 25 años se deforestaron más de 2 millones de hectáreas y que el gobierno de Gerardo Zamora viola sistemáticamente la Ley Nacional de Bosques, con el caso Manaos como claro ejemplo.
Santiago del Estero es la provincia con más desmontes del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, entre 1998 y 2022 en la provincia se deforestaron 2.052.582 hectáreas de bosques nativos. Cabe advertir que, posteriormente a la sanción de la Ley Nacional de Bosques en noviembre de 2007, en la provincia se desmontaron más de 1 millón de hectáreas, https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/umsef
“Es inaceptable la impunidad que hay para deforestar en Santiago del Estero. Es evidente la complicidad del gobierno provincial, que autoriza desmontes para ganadería intensiva donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite, lo que afecta seriamente a la rica biodiversidad de los bosques del Gran Chaco y los territorios de familias campesinas e indígenas”, afirmó Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace Andino.
Un claro ejemplo de la violación de la normativa forestal nacional en Santiago del Estero son los desmontes que viene realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, que con permisos irregulares otorgados por el gobierno provincial ya arrasaron más de 12.000 hectáreas de bosques, una superficie equivalente a la de media ciudad de Buenos Aires.
Greenpeace detectó, mediante la comparación de imágenes satelitales, que entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, desmontaron 11.900 hectáreas en su estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza y 290 hectáreas en otra finca localizada a 10 kilómetros de Quimilí. La organización ecologista protestó recientemente en ambas propiedades.
“Resulta clave proteger nuestros últimos bosques frente a la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. Los desmontes ponen en peligro de extinción a especies como el yaguareté. Destruir bosques debe convertirse en un delito penal. Mientras tanto, las topadoras de Manaos no paran, por lo que convocamos a la gente a ayudarnos a frenar este ecocidio”, finalizó Salas.
Manaos bloqueó la posibilidad de realizar comentarios en sus posteos al recibir reclamos de la ciudadanía. En la página excesodedesmontes.org se puede firmar la petición a la empresa para que frene el desmonte.
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Denuncian desmonte ilegal en Chaco

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
«A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial», expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna. «Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región», señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Violación de las medidas cautelares
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.
«En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar», indicaron.
«Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente , como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio», enfatizaron.
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Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco


Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Chaco: Gendarmería allanó Casa de Gobierno por una denuncia de desmontes indiscriminados

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


Los uniformados allanaron una subsecretaría en Casa de Gobierno y dos sedes administrativas en la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina realizó dos allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña y uno en Resistencia. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las diligencias en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los procedimientos en Sáenz Peña se llevaron a cabo en la Dirección de Bosques, ubicada en la calle Pellegrini entre San Martín y Belgrano, donde se secuestraron computadoras y otros elementos considerados importantes para la causa.
Posteriormente, se realizó otro allanamiento en una consultora que se sospecha es propiedad del actual ministro de Producción del Chaco. Esta consultora gestionaba permisos de desmontes hasta el año 2021, durante la gestión de Jorge Capitanich.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Resistencia, en la sede de la actual Subsecretaría de Desarrollo Forestal. Niremperger resolvió suspender los desmontes en el Chaco por tres meses, mientras investiga una denuncia presentada por abogados ambientalistas.
Por su lado, el fiscal Patricio Sabadini expuso la existencia de un presunto mecanismo de corrupción público-privado que se beneficiaba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo. Niremperger recibió la denuncia del fiscal Sabadini, quien alertó sobre una posible "mafia de los desmontes" en el Chaco.
Según la investigación de los abogados ambientalistas, el actual ministro Hernán Halavacs habría tramitado la mayor cantidad de permisos de desmonte en la última década: 353 de los 876 permisos otorgados por la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando Halavacs dirigía la consultora situada a solo una cuadra de la Dirección de Bosques en Sáenz Peña.
Sabadini ha solicitado una instrucción formal contra Hernán Javier Halavacs, Miguel Ángel López, Luciano Olivares, Atlanto Honcheruk, Juan José Bergia, Zenón Cuellar y, póstumamente, Hernán Miguel Brunswig.
Los cargos incluyen "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
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La Justicia suspendió los desmontes en Chaco por tres meses tras una denuncia de abogados ambientalistas

Fecha de Publicación: 21/08/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


Fue por decisión de la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Un grupo funcionarios forestales y empresarios, están en la mira acusados de armar un esquema sistemático de deforestación.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó este lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes en la provincia de Chaco por un período de tres meses, ampliables.
Esta decisión surge en el marco de la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) contra un grupo de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, acusados de armar un esquema de desforestación sistemático de bosque nativo con graves consecuencias ambientales.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
Entre los delitos imputados a los funcionarios figuran abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y asociación ilícita, entre otros.
A su vez, la gravedad de los hechos denunciados llevó al fiscal a solicitar la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que también se investigará a empresas involucradas en estos actos, como Vicentin y otros grandes grupos agroindustriales.
Al enterarse de la medida cautelar otorgada por la Justicia, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron: “Es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la mafia del desmonte”.
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La Fiscalía Federal de Chaco imputó a ministro de Zdero, diputados y empresas por la megadenuncia ambiental

Fecha de Publicación: 16/08/2024
Fuente: Chaco Ahora
Provincia/Región: Chaco


La Fiscalía Federal de Chaco imputó a altos funcionarios, diputados y empresas, en respuesta a la megadenuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) que se realizó en julio pasado, tal lo publicó Chaco Ahora.
Esto representa un golpe decisivo contra la llamada mafia del desmonte de Chaco, organización criminal devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo.
En concreto, el Fiscal Federal Patricio Sabadini realizó la acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, en contra de Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco e importantes empresas.
Asimismo el fiscal Federal solicitó el cese inmediato de las actividades de extracción forestal.
“Esta decisión judicial es el primer paso para desbaratar esta organización criminal. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y celeridad”, marcaron en las redes los denunciantes.
Chaco Ahora accedió al requerimiento que realizó este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini a la jueza federal Zunilda Niremperger   y que tiene que ver con la denuncia formal que concretó en los primeros días de julio las Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Tal lo publicado por este medio, los abogados ambientalistas concretaron una denuncia penal contra la “mafia del desmonte en Chaco”, ante la Fiscalía Federal de Resistencia con elementos probatorios, en pos de conseguir justicia para los bosques y la sociedad chaqueña y de todo el país.
En esta denuncia penal que implica delitos graves contra la naturaleza, la democracia y las instituciones, están implicados el ministro de la Producción del Chaco, dos diputados, un intendente y empresarios.
“Ministros y diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron e impulsaron una ley que los enriqueció personalmente”, fundamenta los ambientalistas en la denuncia dando cuenta además a la ley que la Legislatura chaqueña aprobó entre gallos y medianoche.
“La denuncia penal que realizamos  es contra funcionarios y empresarios que actúan de los dos lados del mostrador para favorecer el agronegocio y a las corporaciones madereras de Chaco”, se desprende de la denuncia penal.

La causa va tomando fuerza
En ese sentido, este miércoles, la fiscalía federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini presentó “acusación” y “pedido de investigación” a los ciudadanosHernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco; Hernán Miguel Brunswig, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal), “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Sabadini solicitó al mismo tiempo a la jueza Zunilda Niremperge “el cese de desmontes en la provincia del Chaco”.
En presentación dicha presentación se dejó en claro además que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401, como ser  “Vicentín”; “Las Guindas” S.A; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca del salado” S.A; “Grupo Buratovich Hermanos”; “MSU” S.A; “Triad” S.A; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie” S.A; “Cigra” S.A; “La Nueva Pirámide”.
Dice Sabadini en el requerimiento a Niremperger “que los hechos vienen enmarcados según la denuncia que dio inicio a la presente investigación por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras”.
Y añade: “En este sentido, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto, hoy ya sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.
Al mismo tiempo, se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia del Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Santo Padre, el Papa Francesco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad toda a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual, independientemente de las religiones.   

¿Quiénes son los denunciados e imputados?
1-Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
2-Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
3-Atlanto Honcheruk. Diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
4-Miguel Ángel López. Exdirector de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS.
5-Zenón Cuellar, intendente de El Espinillo.
6- Hernán Miguel Brunswig. Exministro de Ambiente.
 7-Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
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