Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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Desmontes ilegales: para la Cámara Federal de Resistencia, la causa se debe investigar en la justicia provincial

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que declaró la incompetencia del fuero federal para investigar la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes ilegales en el Chaco. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y confirmó la decisión de primera instancia que declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar una compleja trama de desmontes ilegales en la provincia del Chaco, presuntamente orquestada por funcionarios públicos provinciales y particulares, en la que se conoció como “la Mafia del Desmonte”
La resolución fue dictada este miércoles 20 de agosto. Firmada por la jueza subrogante Patricia García, sostiene que, tras un año de investigación, no se ha logrado acreditar el requisito fundamental que habilita al fuero federal en materia ambiental: la interjurisdiccionalidad. Es decir, que afecta a más de una provincia.
El fallo señala textualmente que “los elementos probatorios que obran en la causa no resultan -de momento- suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida en este tipo de procesos a los efectos de la procedencia del fuero federal”. En ese sentido, agrega que “la magnitud del daño ambiental postulado por los recurrentes no autorizaría, por sí, la intervención del fuero federal, puesto que, de lo contrario, cualquier controversia ambiental podría ser federalizada por vía indirecta, diluyendo la competencia de las jurisdicciones provinciales, lo que contraría principios constitucionales básicos”.
El caso, iniciado a partir de una denuncia de la asociación ambientalista, involucraba graves delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita, todos en el marco de una presunta maniobra para facilitar desmontes ilegales. Pese a la gravedad de los hechos, la Cámara coincidió con la jueza de primera instancia en que la investigación demostró que la trama se desarrolló íntegramente dentro del ámbito provincial. “La maniobra delictiva [fue] desplegada por funcionarios provinciales quienes, de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de modo alternado y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares, tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial”, fundamenta la sentencia.

Delitos federales no corroborados
Respecto a los delitos federales esgrimidos para intentar mantener la causa en el fuero federal, como lavado de activos y trata de personas, el tribunal fue contundente: “tales hipótesis no han sido corroboradas mediante elementos objetivos incorporados al expediente”. La Cámara consideró que estas figuras aparecen “mencionadas como una proyección posible de la maniobra, sin respaldo probatorio concreto que justifique la intervención del fuero federal por el momento”.
La decisión judicial hace hincapié en el carácter excepcional del fuero federal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que “la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”, y que corresponde a quien lo invoca demostrar los presupuestos necesarios, algo que en este caso no se logró.
En consecuencia, la causa deberá ser derivada a la justicia ordinaria de la provincia del Chaco para que continúe con la investigación de los hechos, los cuales, según el fallo, se inscriben en “el marco del derecho público local y de normas provinciales en materia ambiental, con presunta responsabilidad de autoridades y particulares sometidos a la jurisdicción de la justicia ordinaria chaqueña”.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Alerta en Misiones ante el creciente avance sobre los territorios guaraníes

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


Denuncian que un empresario desmontó selva nativa y avanzó sobre territorio ancestral de la comunidad mbya guaraní El Pocito para instalar un emprendimiento ganadero. El hecho se suma a otros conflictos territoriales y denuncias por vulneración de derechos indígenas en la provincia. Advierten que se exacerba el hostigamiento hacia las comunidades.
La Comunidad El Pocito, en el municipio de Capioví, Misiones, denunció la intrusión, el cercamiento y el desmonte ocasionado por un productor ganadero en su territorio. El productor, quien alega tener una supuesta tenencia dominial, avanza con un proyecto para la cría de vacas y búfalos en un sector de monte nativo, habitado ancestralmente por la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní. El negocio afecta espacios naturales que la comunidad destina al cuidado de plantas medicinales, a la recolección de frutos y de materias primas para la elaboración de artesanías. La situación no es aislada: las comunidades indígenas de la provincia aseguran que viven una ”creciente intolerancia racial”.
Hasta el momento, se han desarrollado reuniones entre referentes de El Pocito, funcionarios municipales y provinciales y Javier Striedel, el producto ganadero acusado de intrusión. Las reuniones fueron convocadas por la Municipalidad de Capioví en busca de una solución extrajudicial, pero la instancia se cerró sin llegar a un acuerdo. Striedel aseguró que irá por la vía judicial, mientras que la comunidad, que cuenta con reconocimiento oficial de la posesión tradicional de sus tierras, pide al Estado provincial que haga cumplir las leyes y que dé respuestas ante las denuncias de desmonte.
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), que acompaña el reclamo de la comunidad con asistencia jurídica y comunicacional, explicó que "la comunidad reafirma su vínculo ancestral con el monte en disputa, ya que lo considera parte fundamental de su territorio". La mburuvicha (lideresa) de El Pocito, Sergia Ferreyra, denuncia que Striedel alambró una parte de esas tierras para avanzar con la producción ganadera. “Somos preexistentes, este es nuestro territorio y nos ampara la ley”, sentencia Ferreyra.
La comunidad obtuvo, en 2013, la carpeta técnica del relevamiento previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y respalda la delimitación que reivindican. El conflicto se enmarca en una situación crítica por la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de derogar la ley de relevamiento, lo que no modifica el derecho adquirido por las comunidades que consiguieron el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Consultada acerca de las instancias de diálogo que se abrieron tras la denuncia de la comunidad, Ferreyra lamentó que "el gringo (por Striedel) no quiere entrar en razón" y denunció: "Hasta nos amenazó". Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes de Misiones, marcó la posición oficial y dejó abierto el conflicto: "La comunidad tiene título de propiedad, pero el crecimiento poblacional en la ciudad hizo que ocuparan tierras de Striedel. El Estado provincial intervino con tres mesas de diálogo junto al municipio y las partes involucradas, pero no se llegó a un acuerdo". Sin embargo, la comunidad defiende las 23 hectáreas que utiliza para sus prácticas culturales, formalmente, desde la década de 1980.
Por su parte, la integrante de Emipa, María “Kiki” Ramírez, advierte sobre la primeras denuncias de la comunidad sobre la actividad ordenada por el productor ganadero que consistió en la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte. “Son las propias comunidades las que terminan cumpliendo funciones de control de los desmontes”, resaltó Ramírez y señaló que aunque el Ministerio de Ecología misionero pudo constatar las infracciones denunciadas en el caso de El Pocito, aún se desconocen sanciones hacia el productor denunciado.
“Este conflicto afecta la sobrevivencia de la comunidad como cultura, pues necesitan un arroyo libre y un territorio donde transitar con libertad. La comunidad resistió mucho tiempo en silencio, pero ahora se han puesto firmes para que el propietario no avance con sus pretensiones”, marcó la integrante de Emipa. 

El monte nativo guaraní acechado
Capioví se sitúa a la vera de la ruta Nacional 12, a mitad de camino entre la capital provincial, Posadas, y la turística ciudad de Puerto Iguazú. Su nombre es una deformación de “Kapi'i Hovy”, que en guaraní significa "pasto alto". Como otros municipios de Misiones, Capioví fue un punto receptivo del oleaje migratorio que, en las primeras décadas del siglo XX, instaló en su geografía a familias oriundas de Alemania, Suiza, Polonia y otros países atravesados por conflictos bélicos y hambrunas.
La llegada de los nuevos pobladores alteró definitivamente el paisaje original: el escenario selvático empezó a diezmarse al fragor de las prácticas agrícolas iniciales de los inmigrantes europeos. Quienes hasta ese momento poblaban esos montes surcados por arroyos, los guaraníes, se vieron forzados a desplazarse. Así vieron afectado su nomadismo tradicional: comenzaron a huir en busca de rincones seguros ante la novedosa otredad, a la que percibían como una amenaza.
En la segunda mitad del siglo XX, la provincialización de Misiones y otros ordenamientos institucionales municipales dieron lugar a una serie de políticas para establecer a los grupos guaraníes en espacios fijos. Esto reductos se conocen hoy como aldeas o comunidades. Los mbya guaraní los llaman tekoa.
El 7 de agosto de 1982, se constituyó formalmente la Comunidad El Pocito. Fue a partir de un entendimiento entre el municipio y quienes entonces eran los líderes de la comunidad: Bonifacio Ferreyra y Rosa Benítez. Resultó determinante además, la intervención de la Asociación Indigenista Misionera, creada en el año 1981, por un grupo de colonos de la zona. Esta organización fue la que adquirió el lote de 23 hectáreas donde se asentó la comunidad. Hacia fines de la década del '80 la asociación ya no existía, pero la comunidad continuó asentada en ese lugar.
A diferencia de las comunidades que viven en el norte de Misiones, las dos tekoa que viven en Capioví son prácticamente periurbanas. Queda muy poco de la selva originaria y las viviendas de las familias mbya están en el centro de la ciudad. En los alrededores, en lo poco que queda de monte nativo, extraen plantas medicinales, frutos y elementos para sus artesanías. Es en ese territorio que avanzó Striedel.
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Abogados ambientalistas repudian el intento de amedrentamiento del ministro de Producción

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Señor director de NORTE:

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando "pruebas" sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan.
Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en el Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante, sino que participa activamente como parte querellante.
El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso. Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas: Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. "Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco", entre muchos otros).
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas. Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras Indunor y Unitan, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara. Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al señor ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar? Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática.
Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en el Chaco hacia actos ilegales de desmontes. No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores.
Exigimos al gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
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Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago

Fecha de Publicación: 02/08/2025
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


La ONG Nuevo Ambiente denuncia desmontes y obras en una zona protegida del humedal, pese a un fallo judicial que lo prohíbe. Acusan a los municipios de Berisso y Ensenada de impulsar negocios inmobiliarios y de incumplir el plan de manejo ambiental
La ONG Nuevo Ambiente denunció un nuevo atropello ambiental en el Delta del Río Santiago que abarca la Isla Santiago y la Islar Paulino, en los distritos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Desmontes, rellenos y alteración de humedales en una zona que está protegida por ley, como también el avance de desarrollos inmobiliarios en esa zona.
Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago
A pesar de que existe una medida cautelar en vigencia —dictada por la justicia en marzo pasado— que impide cualquier tipo de obra o intervención hasta que se apruebe un Plan de Manejo Ambiental, los trabajos continúan sin control, con la complicidad o desidia de las autoridades locales y provinciales.
La zona afectada forma parte del paisaje protegido establecido por la Ley Provincial 12.756, que exige una estricta regulación para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las islas Santiago y Paulino. Sin embargo, la realidad en el territorio dista de cualquier política seria de conservación.
“El fallo fue claro: no se pueden hacer obras, ni movimientos de suelo, ni desmontes, ni mucho menos loteos hasta tanto se apruebe el plan de manejo ambiental. Nada de eso se está respetando”, denunció Marcelo Martínez, representante de Nuevo Ambiente, en diálogo con Desconfiados en Cadena Río. Según indicó, los relevamientos realizados por la organización constataron la tala de especies vegetales, el avance de rellenos con hormigón y trabajos sobre la ribera, particularmente en las inmediaciones del canal Génova y del parador Marina del Sur, en jurisdicción de Berisso.
Cabe recordar que, el fallo judicial —emitido por la jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata— establecía un plazo de 60 días para que los municipios de Berisso, Ensenada y el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Ambiente, instrumentaran un Plan de Manejo Ambiental conjunto. Ese plazo venció hace meses. Ninguno de los tres niveles del Estado ha cumplido.
Marcelo Martínez, representante de la ONG Nuevo Ambiente, dialogó con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, y expuso una serie de denuncias sobre el deterioro ambiental en las islas Santiago y Paulino, en la región de Berisso y Ensenada. Alertó sobre la falta de planificación y la existencia de posibles negocios inmobiliarios ilegales, pese a que ambas islas están amparadas por una figura de “paisaje protegido” según la legislación provincial.
“Venimos haciendo relevamientos en la isla de Santiago, ante la denuncia de vecinos, que también nos llegaron en los últimos días”, explicó Martínez. Y detalló: “Hicimos un relevamiento en lo que es el sector del canal de Génova, que desemboca al río Santiago, que está frente a Marinas del Sur y también al Club Náutico de Berisso, en donde se encontraron una serie de irregularidades que tienen que ver con desmontes, en este caso en Berisso, y en Ensenada”.
Estas acciones, indicó, se dan en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, tras un recurso de amparo impulsado por la organización ambientalista. “Se le exige tanto al municipio de La Plata como al municipio de Ensenada y de Berisso a confeccionar un plan de manejo ambiental de las dos islas”, señaló.
Martínez subrayó que “una planificación ambiental no solamente tiene que ver con la construcción, tiene también que ver con la ocupación de suelo, zonas intangibles, zonas donde se pueda hacer recreación. Un plan de manejo tiene que ver cómo gestionás todo un sector protegido, como es este caso las dos islas, que va desde el tratamiento de aguas hasta el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y también distintas cuestiones que tienen que ver con la protección del ambiente”.
A pesar del fallo judicial, desde la ONG aseguran que aún no se presentó el plan de manejo correspondiente. “Nos hemos enterado que Ensenada hizo dos reuniones, pero por lo que vi esas reuniones no tenían nada que ver con el plan de manejo. Un plan de manejo es una cuestión seria, interdisciplinaria, que tienen que trabajar varios actores, y Berisso tampoco hizo nada”, denunció.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay una irregularidad, que ya lo hemos denunciado en la justicia, que tiene que ver que tanto el municipio de Berisso como Ensenada se tienen que poner de acuerdo e ir en forma conjunta a hacer el plan de manejo. No es que tiene que hacerlo disociadamente, porque es todo un mosaico de lo que es el monte ribereño y las dos islas. Uno te contesta una cosa, otro otra, pero nosotros seguimos elevando los informes correspondientes ante la justicia”.
Consultado sobre posibles negocios inmobiliarios detrás del conflicto, Martínez fue tajante: “En Isla Santiago sí. Ya hemos denunciado hace dos años la intención de la construcción de un barrio privado con unos 40 lotes, que lo estaban vendiendo a 15 mil dólares cada uno, una inmobiliaria de La Plata, que la hemos denunciado ante el Colegio de Martilleros de La Plata y también lo hemos denunciado públicamente ante una investigación que habíamos llevado adelante y que adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada”.
“Hay intereses, están desesperados por vender lotes y ahí están también metidos, pero no hay que mirar para el costado. Acá, hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo la isla en un gran predio”, acusó.
Sobre el avance del desmonte y la pérdida del valor natural, apuntó: “La Isla Santiago pierde mucho territorio por la característica que tiene un puente y que entran vías terrestres, que ahí perdió bastante su esencia”. En cambio, dijo que “la Isla Paulino, hasta ahora, están siendo ocupados algunos sectores, pero no tanto como la Isla Santiago”.
Martínez advirtió también sobre un posible engaño a los ocupantes: “Ahí lo único que se puede hacer es entregar un papel de tenencia y nada más. No pueden escriturar porque no son propietarios de las tierras. Hay un descontrol, una falta de fiscalización por parte del municipio de Ensenada, intereses económicos”.
El ambientalista insistió en la gravedad del impacto ecológico: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la degradación de todo el sector y aparte la degradación de los humedales, que es tan importante para nuestra región. Pero ahí también demuestra una vez más el poco interés que tienen, no solamente con la apatía que tienen con las gestiones ambientales, sino también que no hay una política de gestión ambiental seria en ninguno de los distritos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los polos petroquímicos más importantes del país”.
Desde el programa se le informó a Martínez que el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, respondió a las consultas periodísticas y afirmó: “Si es la denuncia que se hizo hace cuatro meses atrás, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el Ministerio de Ambiente”. 
Ante esta declaración, Martínez replicó: “Hay que ver qué llama el plan de manejo, porque primero que el fallo judicial fue hace más de cuatro meses. Hay que ver qué entiende por plan de manejo. El plan de manejo, primero, estamos notificados por el juzgado que haya presentación de un plan de manejo. O sea, sospechamos que no hubo ninguna presentación”.
“Porque el plan de manejo no es una cosa que se escribe un poco y listo, es una cosa seria, interdisciplinaria, que trabajan varias disciplinas y profesionales, y bueno, si es así, veremos qué presentaron. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna presentación al respecto”, concluyó el referente ambiental.

La respuesta de los involucrados 
Lejos de asumir responsabilidades, los intendentes eluden definiciones. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, consultado por Desconfiados, respondió: “Yo no estoy enterado de ninguna denuncia. Hay una denuncia de ambientalistas de la isla Santiago de la Paulino y de la ribera de hace como cuatro meses. Si es eso, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el ministerio de ambiente”. Sin embargo, al solicitarle una copia del supuesto plan, nunca respondió. Asimismo, el Ministerio de Ambiente bonaerense también prefirió mantener el silencio y eludir las respuestas. 
Desde la Municipalidad de Esenada respondieron que: “en primer término la denuncia de Nuevo Ambiente no hace más que remarcar la ignorancia total que tienen de la Ciudad y del ambiente, y reafirma el único propósito que tiene esta ONG que es la persecución política sobre quienes ellos toman como sus adversarios. Otro claro ejemplo es que cuando uno de sus referentes, Marcelo Martinez, fue funcionario de María Eugenia Vidal, dejó de lado todas las investigaciones ambientalistas”.
En esta misma línea agregaron que “sobre la errónea acusación que hacen, el Municipio no incumple nunca ninguna norma, porque está en el espíritu de la gestión el cuidado del ambiente, arrancando por lo más preciado que tiene que es la vida humana. Por otra parte, se está trabajando en la realización de una escollera cercana al puente de ingreso a la Isla Santiago. Este trabajo es fundamental para el cuidado del Canal Río Santiago, ya que evita que la salida del canal se llene de sedimento y por lo tanto no pueda recircular el agua. Hace poco tiempo se hizo un dragado del lugar, y si no se hace la escollera, la salida del canal se tapará más rápido y no permitirá la circulación del agua, afectando al ambiente, a los clubes de la zona y a la actividad deportiva”.
Sobre el Plan de manejo ambiental aclararon que “si lo hay y se está trabajando en el plan de manejo de suelo de la isla”. Sin embargo ante el pedido de este medio para conocerlo, no hubo respuesta. 
Respecto a las declaraciones del entrevistado aclararon que “no nos vamos a meter en acusaciones totalmente faltas, carentes de cualquier prueba y que solo buscan que Marcelo Martínez se haga conocido en el mapa electoral de la ciudad en el que siempre fue un fracaso y un total desconocido”.

La gravedad del caso no es menor: la ONG había advertido desde hace más de dos años sobre intentos de loteo en Isla Santiago para construir un barrio privado, con 40 lotes ofrecidos por una inmobiliaria de La Plata a 15 mil dólares cada uno. Según Martínez, “adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada. Hasta el hijo del Intendente usurpó un predio y vive en la isla”.
Mientras se especula con negocios inmobiliarios en terrenos fiscales y protegidos, el ecosistema de humedales se degrada sin control y a la vista de todos. “Hay una falta total de fiscalización, desinterés por la gestión ambiental, desidia institucional. No hay una política ambiental seria en ninguno de los distritos involucrados”, sentenció Martínez.
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Denuncian tala ilegal y desmonte en una reserva ribereña de Berisso

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal InfoPlatense
Provincia/Región: Buenos Aires

Vecinos alertaron sobre la extracción de árboles nativos en una zona protegida en los humedales del Río Santiago. Reclaman intervención urgente del Municipio y organismos provinciales.

Alerta ambiental en un área protegida
En la zona ribereña de Berisso, específicamente en el Río Santiago, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron un preocupante caso de desmonte y tala ilegal. Según informaron, el avance sobre este ecosistema costero afecta directamente al monte nativo y podría generar un fuerte impacto ambiental si no se toman medidas urgentes.
Las imágenes difundidas muestran claros signos de tala de árboles y movimiento de suelo. Todo esto en un área que, además de ser parte del humedal del Río de la Plata, es considerada una reserva natural estratégica para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.

Preocupación vecinal y pedido de respuestas
Desde la organización Nuevo Ambiente que realiza tareas de conservación en la zona expresaron que “el lugar está siendo intervenido sin autorización”. Además, detallaron que estas acciones afectan tanto al hábitat natural como al uso recreativo y educativo que ofrece el espacio. Por eso, elevaron un reclamo formal al Municipio de Berisso y a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires.
Vecinos aseguran que en el lugar no hay carteles de obra, ni intervención oficial que justifique el desmonte. Temen que estas maniobras respondan a intereses inmobiliarios o comerciales ajenos al bien común.

Un sector clave en riesgo
Esta es una de las pocas zonas de humedal conservadas del cordón ribereño sur, junto a Punta Lara y Punta Indio. Allí habitan especies protegidas de flora y fauna, y también se desarrollan actividades culturales, deportivas y educativas impulsadas por escuelas e instituciones sociales.
Por estas razones, vienen reclamando desde hace años una política clara de protección y manejo sustentable de estos espacios. El caso de Berisso vuelve a poner en agenda el dilema entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental.
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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Comunidad Mbya vuelve a denunciar desmonte en el Teyú Cuaré 

Fecha de Publicación: 11/07/2025
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones


Desde la comunidad Mbokayaty denuncian que durante el mes de junio de este año fueron testigos del desmonte que se está haciendo en el Teyú Cuaré, dentro de un área que forma parte de su territorio tradicional y relevado por Ley 26.160.
Esta situación se viene registrando desde el 2019, pero en los últimos años este proceso se aceleró. Esta situación enfrenta a quienes hacen estas actividades y la comunidad que defiende su territorio, del cual implica la biodiversidad del monte, como el acceso al agua.
En esta ocasión se trata de una supuesta “reserva natural privada” llamada Monte Victoria, a nombre de Leyrías-Giménez, quienes se adjudican la propiedad del lugar.
Todo empezó con el cercamiento del territorio, prohibiendoles el acceso al lugar para acceder al río o para buscar alimentos en esa zona. Más tarde, la comunidad comenzó a ver ante sus ojos un cartel que dice “Reserva natural”, mientras detrás veían como desmontaban los árboles nativos. Sin embargo, Leyrías-Giménez no quedaron satisfechos y desmontaron también los que estaban al costado del camino, hasta avanzar por sobre el territorio de la comunidad.
La comunidad denuncia el cercamiento que vienen sufriendo hace años, donde actores ajenos al territorio deforestan la biodiversidad con sus plantas nativas y medicinales; les cortan el acceso al río, y la posibilidad de alimentarse de ciertas plantas, mientras las autoridades son indiferentes o responden al poder de personas que no viven en el lugar, y que por el contrario, ponen en peligro a las familias de los pueblos originarios.
La comunidad ya ha realizado la denuncia, la cual se suma al montón de las anteriores. En Mbokayaty se preguntan cuántas veces más deberán denunciar para que las autoridades defiendan de una vez el territorio a quienes les pertenece ancestralmente. Por eso, exigen justicia y la regularización urgente del territorio indigena en San Ignacio por el futuro de sus familias y por el monte que tanto la Provincia de Misiones dice defender.
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El impacto ambiental del desmonte descontrolado en Formosa: animales en peligro y tierras desérticas

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Formosa


Está dentro de las provincias que más bosque pierden por el negocio agropecuario y la ganadería intensiva. Campesinos y movimientos indígenas sin título de propiedad temen quedarse sin las tierras donde viven.
El árbol da una sacudida rápida y violenta y cae hacia adelante como si fuera un palillo que se quiebra. La topadora larga una bocanada de humo negro, da marcha atrás y arremete de nuevo hacia adelante. Le pasa por arriba al árbol que acaba de tirar y voltea el siguiente. Atrás, va dejando su huella en una tierra seca, marrón. Adelante se abre el monte verde.
Desde hace un mes que hay topadoras desmontado ese polígono de más de 120 hectáreas en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño, en Formosa. TN es testigo del recorrido de la máquina desde un drone que la sigue desde el aire mientras avanza matando el bosque.
En los lugares en donde la topadora pasó hace algunas semanas quedó un campo cubierto de ramas secas y árboles con las raíces arrancadas de cuajo, apuntando al cielo. 
Parecen espinas gigantes, enredadas en un descampado marrón. La tierra está seca, sequísima y el silencio es absoluto. Ya no quedan pájaros, ni se escuchan pisadas de animales o el ruido de los insectos.
En algunos días, empleados irregulares, jornaleros, vendrán a retirar los tocones de los árboles más grandes que quedaron enterrados. Después, prenderán fuego el lugar para limpiarlo y no quedará rastro de que ahí hubo un bosque.
Solamente el año pasado, Formosa perdió 36.915 hectáreas de bosque nativo: 15 mil por desmonte y 24.800 por incendio. El principal motivo es la expansión del negocio agrícola y la ganadería intensiva. Se saca bosque para sembrar soja o pastura para animales.
“Este suelo es muy rico cuando está el monte, pero cuando no está el monte, no infiltra el agua. El suelo está todo coartado, es muy erosionable. Muy rápidamente asciende la napa freática y el suelo se saliniza, queda como una costra de sal", explicó a TN Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Y cerró: “Dura un tiempo con pastura, pero después se lo abandona. Ya no tiene nutrientes. Donde había un bosque muy rico y biodiverso, hoy hay un paisaje geométrico y uniforme”.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023 se perdieron en todo el país 7 millones de hectáreas de bosque. El equivalente a la superficie de toda la provincia de Formosa.
En 2007, se sancionó en la Argentina la ley de Bosques, se ordenaron las tierras y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde (categoría III) para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo (categoría II) para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse, pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo (categoría I) para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
El problema y la particularidad con Formosa es que a la mayoría de la provincia se la pintó de verde. Y, por lo tanto, el desmonte creció incluso después de sancionada la ley.
Más allá de la desertificación y pérdida de biodiversidad (los animales pierden su refugio) que produce el desmonte, también se ven amenazadas comunidades originarias y pequeños campesinos que viven en el monte. Estas personas hacen convivir sus actividades con los árboles, plantas y animales para no dañar el ambiente. Son una suerte de guardianes del monte, pero con escasos recursos para ganarle a la topadora de los grandes empresarios.

La lucha de los guardianes del monte
A dos horas del sitio del desmonte, en Pozo del Mortero, tiene su chacra Teófila Palma (59), dirigente del Frente Nacional Campesino que reúne a pequeños campesinos que viven en el monte y que se organizaron para tratar de pelear por sus tierras y cuidar el bosque, aunque no tienen personería jurídica.
El lugar es amplio, con 150 hectáreas. Tiene una casita sencilla de ladrillo y cemento, afuera un brasero, un toldo y un corral para las cabras y algunas vacas. Bob y Remigio, dos caniches, persiguen a unas gallinas entre las patas de una mesa.
Todo lo demás son árboles, monte que todavía se preserva. Teófila necesita que todo esté lo más verde posible, con sombra y humedad para que sus animales no mueran de sed o calor.
Teófila vive de sus animales y de su jubilación como docente. Pese a que nació en ese lugar y lo trabajó toda la vida, no es legítima propietaria. Cuenta que su papá tenía la documentación de ocupante legal, pero todas las veces que ella quiso comprar y tener un título de propiedad se lo negaron. “No me dejan legalizar, me dicen que la tierra donde estoy no está a la venta”, asegura.
Vive con el miedo de que algún día un gran terrateniente, tal vez alguien que ni siquiera vive en Formosa, le quite su tierra para transformarla en un páramo y montar un campo para ganadería intensiva o plantar soja.
“Esta es la realidad de los pequeños campesinos, de los que nos quedamos en la lucha. Vivimos de lo que producimos”, dice y le caen algunas lágrimas.
A Teófila también le preocupa las consecuencias del desmonte desmedido y de la crisis climática: nota que cada vez llueve menos, hay menos vegetación.
“Tuvimos muchísimo tiempo de sequía. Me olvidé de cómo era la lluvia. No teníamos para darle de comer a los animales, los vientos erosionan la tierra, la cambia de aspecto. Sube la temperatura, a veces tenemos sensaciones térmicas de 50 grados. Lo que nos pasa con el clima es una respuesta de lo que hacen los grandes terratenientes, de su desmonte", denuncia.
Teófila organizó una reunión con otros pequeños campesinos de la zona para discutir las problemáticas frente a algunos medios, entre ellos, TN. Vestida con un poncho rojo y mientras algunas cabritas le mastican los cordones, Mariela Soto, una campesina de 44 años que trabaja sola su campo, cuenta su historia. 
“A mí me pueden venir a ofrecer un castillo en el pueblo, pero voy a decir siempre que no. Porque yo quiero vivir en mi choza, yo nací ahí. Antes estuvieron mis viejos. Mi campo me llena de orgullo, de amor, de alegría”, mientras habla se le traban algunas palabras y llora. “Quiero seguir viviendo el monte y morir en el monte. Y ojalá algún día lo pueda ver a mi nieto corriendo por el monte y no vivir con el miedo de que me saquen mi tierra”.
Al igual que Teófila, Mariela es “poseedora” de su Tierra, pero no tiene los papeles de propiedad, nadie quiere decirle cuánto debería pagar o cómo regularizar la situación. “Es para que vivas en el aire, no sabés cuándo te va a caer un empresario y te va a decir ‘esta es mi tierra’. Yo le voy a decir que vivo acá pero no tengo los papeles. Acá las tierras se venden con los productores adentro”. 
Mariela tiene cabras y vende queso y dulce de leche. Su hijo estudia en el pueblo y ella espera poder inculcarle su amor por el monte para que él siga con su legado. Si bien él la ayuda los fines de semana, cada vez es más difícil. Más allá de su incertidumbre legal, falta el agua y hace más calor. Incluso, el año pasado, los perros desbocados de un vecino, le mataron 50 cabras. Perdió gran parte de la producción y nadie le repone eso.
“A pesar de todo, siempre tenemos esperanza. Si este año me fue mal, el que viene me van a nacer más cabritos, va a parir una vaca. Siempre tengo esperanza de mejorar, de que a mi hijo le guste el campo y siga con esto”, cierra.

La problemática para las comunidades indígenas
Una mujer de la comunidad Pilagá en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace
En otro punto de Formosa, en el sembrado Tierra Nueva viven miembros de la comunidad indígena Pilagá. Además de la producción que surge de sus cultivos, viven de planes sociales que les da la provincia y de la venta de artesanías que hacen con hojas de los árboles del monte.
La vida que llevan es sumamente humilde, con casas de adobe y chapa y animales flaquísimos que levantan el polvo de la tierra seca cuando corren. El agua es un problema: cuando no llueve, no tienen para tomar. Acá no hay gas o agua.
Y a medida que avanza el desmonte, se van perdiendo corredores verdes que conectaban a las distintas comunidades.
Una de las referentes de la comunidad es Noolé Palomo. En las elecciones del pasado 29 de junio formó parte de la elección como candidata a constituyente. El eterno gobierno de Gildo Insfrán busca reformar la Constitución y eso podría garantizarle otra reelección.
La lucha de Noolé es porque en ese revoleo, no se toque el artículo 79 que es el único que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la provincia. Si eso se pierde, podrían quedar aún más expuestos a las ambiciones económicas.
Noolé quiere que las comunidades indígenas del lugar -pilagá, nivaclé, wichi y qom- que reúnen a 700 personas puedan vivir dignamente en las tierras en las que nacieron, preservando el monte y sus tradiciones.
Cuando se desmonta no solo se barre con el bosque, sino también con la identidad de las comunidades.
“Para nosotros el monte es alimentación, es el resguardo. El aborigen nunca abusó de la caza, se caza para comer. Creemos que cada especie tiene un protector y hay que respetarlo. No hay que cazar indiscriminadamente, hay que respetar a la naturaleza”, explica Noolé mientras camina por la sombra necesaria que dan los árboles.
“Cada árbol tiene una historia y tiene vida, nos da sus semillas y sus frutos. Pero además previene el cambio climático. Ahora se habla mucho del cambio climático, pero no se hace nada para evitarlo. Queda como un título. El cambio climático lo produce el hombre, con sus manos, con la topadora, con su ambición. Pero nosotros vamos a volver a esa misma naturaleza, a abonar esa tierra, por eso hay que cuidarla”. 
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Indignación del sector agroexportador y ganadero con la Unión Europea por el reglamento de deforestación

Fecha de Publicación: 28/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En base a la explicación del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, “los que han deforestado pos diciembre 2020, no van a permitir que se venda el producido de esa tierra a la Unión Europea”. 
El nuevo reglamento contra la deforestación de la Unión Europea repercutió de manera negativa entre los exportadores de granos y carne de Argentina. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores.
“Esta es una resolución, la 1115/2023, que dicta el Parlamento de la Unión Europea”, explicó Fernando Rivara. Y precisó: “Básicamente dice que los que han deforestado pos diciembre 2020, o sea, a partir del primero de enero del 2021, no van a permitir que se venda el producido de esa tierra a la Unión Europea”.

Evitar el cambio climático: un objetivo en común
Aunque dijo compartir el objetivo general, “compartimos un poco la mirada de hacer acciones para evitar el cambio climático”, criticó el enfoque burocrático: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Según Rivara, “hay una serie de burócratas que están en un parlamento y que ven la exigencia de sus votantes de que hagan algo. Es como se hace una resolución y listo, ya está, ya cumplimos”.

Controversias en el reglamento contra la deforestación de la Unión Europea
Uno de los puntos más controversiales del reglamento es la exigencia de que no se mezclen productos provenientes de campos certificados con los que no lo están. “La Unión Europea pretende que el poroto que venga de un campo certificado no se pueda mezclar con el poroto que venga de un campo no certificado”, explicó. Ante este panorama, expresó su rechazo: “No tiene sentido, no tiene sentido práctico, no tiene fundamentación técnica”.
El presidente de la Federación de Acopiadores remarcó que la trazabilidad ya está garantizada mediante herramientas propias del sistema comercial argentino: “La carta de porte es una herramienta comercial, que solamente existe en Argentina, y que amerita de manera clara y concreta la procedencia del poroto de soja”.
Sobre la misma línea, explicó que, ante este escenario, el sector desarrolló una alternativa: “Se ha desarrollado un sistema en donde la persona que deforesta se identifica con las cartas de porte”.
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En Misiones, el desmonte no para: En 30 años se perdieron cerca de 130 mil hectáreas de bosque nativo, dentro del Corredor Verde de esa provincia

Fecha de Publicación: 27/06/2025
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Misiones


El Bosque Atlántico, que se extiende por Brasil, Paraguay y Argentina, es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Dentro de el, la ecorregión conocida como Selva Paranaense –ubicada en la provincia de Misiones- alberga a gran parte de las especies nativas del país. Aún así, es una de las zonas más amenazadas por el desmonte.
En un intento por protegerla, en el año 2000 se creó el Corredor Verde Misionero, con el objetivo de conservar y conectar a las principales áreas protegidas de esa provincia. Sin embargo, ahora un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) mostró que entre 1990 y 2020 se deforestaron allí casi 130 mil hectáreas de bosques nativos, lo que representa un 13% del área original de ese corredor.
“Se estima que el Bosque Atlántico cuenta con menos del 10% de su cobertura original, y su remanente principal en la Argentina está en la Selva Paranaense de Misiones. Esta ecorregión contiene más de la mitad de las especies del país y brinda servicios ecosistémicos claves como regular el ciclo hidrológico, almacenar carbono o proveer alimentos y otros medios de vida para las comunidades locales”, explicó Luis Sangel Polo Perdomo, egresado de la Escuela para Graduados de FAUBA, al medio Sobre la Tierra.
La tesis de especialización de Perdomo se enfoco en la deforestación y fragmentación de los bosques nativos, utilizando imágenes satelitales y teledetección, entre otras herramientas.
“Cuando se combinan el desmonte con la fragmentación, se genera un paisaje más hostil para la biodiversidad y la dinámica de los ecosistemas”, dijo el egresado.
Y detalló a continuación: “La superficie de bosque que quedó se dividió en fragmentos más pequeños y aislados. El tamaño promedio de cada parche pasó de 285 a 215 hectáreas. El número de parches se duplicó y la distancia entre ellos aumentó de 94 a 246 metros. Se perjudica la migración de especies y la dispersión de semillas, y facilita la entrada de especies invasoras, entre otros efectos negativos”.
Si bien en Argentina existe desde 2007 el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que definió zonas de conservación (en rojo aquellas en las que no se puede intervenir, en amarillo las que se pueden aprovechar en forma sostenible, y en verde las que se pueden transformar), la herramienta no logró un impacto duradero en el tiempo.
“Logró un impacto positivo pero no constante. Misiones armó su ordenamiento en 2010. Entre 2010 y 2015 se dio la tasa de desmonte más baja de los 30 años que analicé. Sin embargo, después del 2015 se disparó la tasa y volvió a valores previos al ordenamiento”, resaltó Polo Perdomo.
De acuerdo con el análisis realizado, la fragmentación se mantuvo baja en la categoría roja, aumentó en la amarilla y fue crítica en la verde.
“Por sí solo, el ordenamiento territorial no garantiza la conservación de los bosques. Es necesario complementarlo con restauración, monitoreo y gestión participativa”, sostuvo el investigador.
El trabajo también permitió identificar la zona donde el proceso de trasformación fue más intenso. Se trata del departamento de San Pedro, entre las localidades de Dos Hermanas y Pozo Azul, a ambos lados de la ruta provincial que conduce a El Dorado.
“Busqué aportar a la discusión la necesidad de una gobernanza territorial que, además de regular el uso del bosque, también promueva de forma activa la restauración y la conexión ecológica. Es un tema muy complejo. Hay muchos actores e intereses involucrados. Espero que se le dé la importancia que se merece y que logremos implementar sistemas de producción más sostenibles”, concluyó Perdomo.
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Detectan y detienen un nuevo desmonte ilegal en Los Frentones

Fecha de Publicación: 04/06/2025
Fuente: Diario TAG
Provincia/Región: Chaco


El operativo fue llevado a cabo por el personal de la Dirección de Bosques, quienes al tomar conocimiento de la actividad ilegal, se dirigieron a un predio que se encontraba con el portón de acceso abierto. En el interior, encontraron maquinaria utilizada para el desmonte no autorizado.
Tras labrar las actas correspondientes, se procedió al secuestro de dos tractores con pala tipo rastrillo: uno de marca Michigan y otro LOVOL. Ambos vehículos fueron trasladados a la Municipalidad de Los Frentones.
Además, en el campo quedó un acoplado rural de dos ejes marca Agromac, una casilla rodante de dos ejes marca Super Alcas y una cisterna para agua de 2.000 litros marca CAS.
Esta intervención fue posible gracias a la detección del Centro de Geo Información de la Dirección de Bosques, que cuenta con nuevos dispositivos satelitales instalados por la empresa Ecom Chaco.
Esta tecnología permite mantener la conectividad de los vehículos en todo el territorio provincial, lo que fortalece el trabajo de control y preservación de los bosques nativos chaqueños.
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