Detectan y detienen un nuevo desmonte ilegal en Los Frentones

Fecha de Publicación: 04/06/2025
Fuente: Diario TAG
Provincia/Región: Chaco


El operativo fue llevado a cabo por el personal de la Dirección de Bosques, quienes al tomar conocimiento de la actividad ilegal, se dirigieron a un predio que se encontraba con el portón de acceso abierto. En el interior, encontraron maquinaria utilizada para el desmonte no autorizado.
Tras labrar las actas correspondientes, se procedió al secuestro de dos tractores con pala tipo rastrillo: uno de marca Michigan y otro LOVOL. Ambos vehículos fueron trasladados a la Municipalidad de Los Frentones.
Además, en el campo quedó un acoplado rural de dos ejes marca Agromac, una casilla rodante de dos ejes marca Super Alcas y una cisterna para agua de 2.000 litros marca CAS.
Esta intervención fue posible gracias a la detección del Centro de Geo Información de la Dirección de Bosques, que cuenta con nuevos dispositivos satelitales instalados por la empresa Ecom Chaco.
Esta tecnología permite mantener la conectividad de los vehículos en todo el territorio provincial, lo que fortalece el trabajo de control y preservación de los bosques nativos chaqueños.
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Argentina le reclamó a la Unión Europea por la calificación sobre deforestación

Fecha de Publicación: 03/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno le pidió al bloque del Viejo Continente que se vuelva a catalogar al país con “riesgo bajo” luego de ser removido a “estándar”. 
Argentina le reclamó de manera formal a la Unión Europea (UE) por la calificación unilateral sobre deforestación, lo cual despertó las críticas del sector agroindustrial.
El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea (CE), en el marco de su Reglamento de Deforestación (2023/1115) calificó a la Argentina como país de riesgo “estándar” de deforestación.
La Secretaría de Agricultura y la Cancillería comunicaron su rechazo formal a la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. 
Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
“El gobierno argentino manifesta su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de riesgo bajo”, según comunicó este viernes la secretaría de Agricultura.
En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han trabajado “en forma conjunta y constructiva” con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros del viejo continente y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del reglamento.
En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”, según informaron oficialmente.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, anunciado el 6 de diciembre de 2024, no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, describieron desde la cartera agropecuaria.
Finalmente, la Argentina reiteró que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa “una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, argumentaron.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
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Detectan desmontes ilegales mediante fotos satelitales

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero


Con el firme objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, fiscalizadores de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero realizaron una serie de inspecciones en distintos predios del departamento Taboada, tras detectar indicios de actividad ilícita a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), una herramienta satelital que permite monitorear en tiempo real los cambios en la cobertura forestal.
Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de las Leyes Provinciales N° 6.841 y N° 6.942, que regulan el uso del suelo, el manejo sostenible del monte nativo y las sanciones por intervenciones no autorizadas. Según informaron fuentes del organismo, las imágenes satelitales pusieron en evidencia movimientos sospechosos en diversas parcelas rurales, lo que motivó un operativo de control en territorio.
En una primera intervención, los agentes se dirigieron al inmueble identificado como 13-13-B, donde pudieron constatar un desmonte total. El material vegetativo extraído aún permanecía en el lugar, lo que facilitó la verificación de los hechos.
Cabe destacar que este predio ya tenía un expediente administrativo abierto, con una infracción en curso por haber llevado a cabo tareas de desarbustado sin la debida autorización de la autoridad competente.
Posteriormente, los fiscalizadores visitaron otro campo donde se realiza extracción de leña con destino a la producción de carbón.
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La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
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Ambiente de Nación acreditó el ordenamiento territorial de bosques nativos del Chaco

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En una reunión encabezada por el ministro Oscar Dudik, junto a los subsecretarios Orlando Morán (Coordinación), Oscar Navarro (Desarrollo Forestal), Julio Fantin (Agricultura) y Mariela Casco (Ganadería), se analizó la acreditación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) que lleva la firma del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Jorge Brown.
Desde la cartera productiva destacaron que el OTBN es una herramienta de planificación del territorio y de la economía provincial, que sirve como instrumento de planificación estratégica provincial, y favorece un proceso inclusivo donde diversos actores sociales, económicos y ambientales definen el destino del uso del bosque, de manera sustentable.
Al finalizar la reunión, el ministro Dudik se mostró satisfecho con la medida y aclaró que “somos cuidadosos, sabemos que existe una cuestión judicial, somos respetuosos respecto de esto, por lo cual los próximos pasos a dar es poder normalizar la situación que vive el sector forestal que hace las cosas bien”.
El titular de la cartera productiva destacó el trabajo que desde la gestión del gobernador Zdero se viene impulsando: “Hemos dado muestras desde lo legislativo, aumentando multas y con el registro de topadoras; con el OTBN aprobado por ley y homologado en Nación, son demostrativos de nuestro correcto accionar”.

Alcances del OTBN
Contar con el OTBN actualizado y acreditado permite al estado provincial planificar y controlar las actividades realizadas en los bosques nativos:
- Control del avance de la frontera agropecuaria y la deforestación: Establece límites normativos al desmonte y al cambio de uso del suelo (CUS), evitando la degradación ambiental y el deterioro de los recursos naturales. A diferencia de lo que sucede cuando no se cuenta con un OTBN vigente y los CUS se encuentran suspendidos: “el desmonte avanza de forma ilegal sin respetar el ordenamiento de los bosques, sobre zonas de bosques con altos y medios niveles de conservación (categoría amarilla y roja)”.
- Condición para la sostenibilidad en las cadenas de valor forestal: Asegura trazabilidad legal y ambiental del origen de productos forestales, lo que favorece la competitividad en mercados nacionales e internacionales (por ejemplo, frente a exigencias como la EUDR europea). Es una herramienta para los productores agropecuarios para realizar sus actividades de manera legal. Permitiendo el aprovechamiento integral de los recursos forestales y la legalidad en toda la cadena productiva forestal en las actividades de transformación de la madera y en la comercialización de los productos forestales.
- Acceso al Fondo Nacional de Bosques Nativos: Permite a la provincia recibir recursos económicos nacionales para compensar a quienes conservan o manejan sosteniblemente los bosques nativos, incluyendo comunidades indígenas y criollas.
- Promoción de actividades sustentables: Habilita la implementación de planes de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, generando empleo y desarrollo local con enfoque ambiental.
- Conservación de servicios ecosistémicos clave: Ayuda a mantener funciones vitales como la regulación del ciclo hídrico, la prevención de inundaciones y erosión, la captura de carbono, y la calidad del aire y del agua. Además, contribuye a proteger especies nativas de flora y fauna, así como ecosistemas estratégicos para la conservación a largo plazo.
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Medio ambiente: reclaman una implementación más flexible de la Ley de Bosques en el norte de Santa Fe

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Portal AireDeSantaFe
Provincia/Región: Santa Fe


En Las Gamas, funcionarios y productores expusieron la necesidad de adecuar la normativa a las condiciones locales. Plantearon cambios que permitan compatibilizar la producción con la conservación del ambiente.
Durante una jornada de capacitación sobre la Ley de Bosques, en el Centro Operativo Las Gamas, volvió a plantearse el condicionamiento para los establecimientos del departamento Vera que implica la normativa y la necesidad de adaptar su implementación para estimular la economía en el norte de Santa Fe.
    
El desafío de equilibrar producción y medio ambiente en el norte de Santa Fe
El miércoles 23 de abril, la actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
La actividad contó con la presencia de Germán Falo, subdirector de Bosques y Áreas Protegidas; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería; Facundo Méndez, director de Ganadería; el diputado Sergio Rojas; el asesor técnico Facundo Ferraris y la intendente de Vera, Paula Mitre.
En ese contexto, Mántaras volvió a poner foco en la aplicación de la Ley 26.331, como había hecho el año pasado durante la exposición rural de Vera, cuando planteó que la actividad en la zona está “restringida por la aplicación de una Ley de Bosques que debe ser reformulada especialmente para esta zona”.
La actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
Ahora, sostuvo que con más de una década en vigencia es “un momento para revisar qué implicancias y qué alcances ha tenido en la provincia”. Consideró que al ser “pensada desde Buenos Aires”, la norma no contempla “la idiosincrasia, cómo es el ambiente y cómo es el interior productivo”.
Por esto, dijo que entre las carteras de Producción y Medio Ambiente tienen la responsabilidad de “anclar esas leyes, a veces abstractas, que terminan siendo una complicación para un ciudadano del interior productivo, de zonas boscosas, de zona de montes, para hacerlas aplicables, si no, son letra muerta”.

La importancia de adaptar las normativas ambientales al modelo ganadero de Vera
Al momento de trazar un diagnóstico, el funcionario aseguró que actualmente “es una ley de escasa aplicación en la provincia de Santa Fe, más con un perfil sancionatorio y con pocos planes de manejo”. Por lo tanto, para extender la implementación e incrementar los planes de manejo se requiere “hacer foco en el sujeto; no hacer tanto foco en el ambiente sino cómo una persona puede vivir y realizarse en ese ambiente y para poder realizarse necesita producir”.
Mántaras agregó que, a raíz de inconvenientes operativos en la aplicación, “habría que repensar algunos términos”. También señaló la necesidad de “cambiar el enfoque”, porque el productor percibe que la Ley es persecutoria y lo trata “como un delincuente”.
De todas formas aclaró que “inclusive con sus defectos” es un marco legal que, si se trabaja en conjunto con todos los actores, “nos da herramientas para generar actividad productiva en un ambiente natural”.

Cómo impacta la Ley de Bosques en la ganadería de Vera y su economía regional
Por su parte, Sebastián Volkart, vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, también remarcó que al sancionarla “no se tuvo en cuenta la idiosincrasia de la gente que desde siempre trabajó en el monte produciendo leña y carbón”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar y por lo tanto, su actividad está muy condicionada, siendo marginal o prácticamente nula”, agregó.
Aclaró también que “en esta zona no se percibe el avance agrícola porque en la cuña boscosa nadie desmonta para sembrar soja, dado que es una zona básicamente ganadera”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar", dijo Sebastián Volkart.
Consideró que “reuniones como la de Las Gamas son importantes porque asesoran sobre el plan de manejo, pero siempre hemos sido críticos de la ley vigente por cuanto los fondos nacionales no contemplan el lucro cesante de las superficies que no se pueden explotar”.
En esta línea sumó el agravante de que “la Ley 26.331 es sancionatoria en su aplicación porque, en cierta medida, provoca la descapitalización de los productores del departamento Vera, teniendo en cuenta el detalle de que somos segundos productores de carne a nivel provincial”.
A tal efecto se manifestó a favor de trabajar coordinadamente con las distintas áreas con el fin de articular la tarea que involucre a productores e instituciones para adecuar el manejo del bosque con ganadería integral incorporando prácticas innovadoras.
Por último, el dirigente ruralista consideró importante contar con referentes territoriales que actúen en función de la realidad y el potencial productivo que ofrecen los campos de la Cuña Boscosa.
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Panorama urgente: más desmonte en el Chaco, alerta por el uranio en Chubut y resistencias en todo el país

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Los legisladores de Chaco facilitan el desmonte. La comunidad indígena Cueva del Inca de Jujuy resiste desalojo. Una década de colonia agrícola en Buenos Aires. Encuentro de asambleas socioambientales en Catamarca. Alerta en Chubut por la minería de uranio y un aviso: "No es no".

Chaco: los legisladores del desmonte
La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.

Jujuy: la comunidad Cueva del Inca y el territorio
La comunidad indígena Cueva del Inca sufrió un intento de desalojo de sus tierras en la Quebrada de Sarahuaico (cerca de Tilcara), con un fuerte operativo policial perpetrado por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal el martes 22 de abril. El objetivo fue expulsar a las familias de su territorio ancestral, que es reclamado por los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Cruz Simona del Hotel Canto del Viento. El desalojo fue suspendido pero la comunidad está en alerta hasta que se suspenda definitivamente la orden judicial.
Como respuesta ante la violencia del desalojo, el mismo martes la comunidad inició una protesta pacífica en la Ruta 9. El juez de paz, Pedro Apaza, se apersonó en el lugar y dio media hora para desalojar bajo amenaza de represión. La Policía de Jujuy avanzó y detuvo a dos personas (luego liberadas).
Las familias denunciaron la violencia de la Policía y a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por facilitar las condiciones para el hecho. También radicaron una denuncia en el fuero federal, porque durante el desalojo del territorio comunitario se afectó un sitio arqueológico.

Diez años de la Colonia Agroecológica 20 de Abril en Luján
La “Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán” cumplió diez años en Jáuregui (partido bonaerense de Luján). Hace una década, 50 familias campesinas de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) producen alimentos en tierras que recuperaron del abandono estatal. “Donde antes había abandono, hoy florecen la agroecología, la organización y la soberanía alimentaria”, señalan.
El predio donde trabajan tiene 84 hectáreas: eran terrenos fiscales que estaban inutilizados y que la organización campesina recuperó para la producción. Actualmente se cultivan allí verduras y frutas. Además construyeron una plantinera y una biofábrica para dejar atrás los insumos del agronegocio. Y abrieron su propia Escuela Campesina, donde las y los trabajadores pueden terminar sus estudios. La colonia permitió crear canales de comercialización directa y un consultorio de salud para la comunidad.
Cada familia trabaja una hectárea. En asamblea consensúan qué se cultiva, el precio y cómo se comercializa. Lo que producen lo venden en el almacén campesino en el ingreso a la colonia (y otro en el centro de Luján) y en las ferias de la zona. La experiencia no es un hecho aislado: las colonias son una política de la UTT para repoblar el campo, generar mejores condiciones de trabajo a las familias campesinas y avanzar hacia la agroecología.

Catamarca será sede del 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades
Entre el 1 y el 3 de mayo se realizará el 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La actividad se llevará a cabo en la Cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción de litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. Los anfitriones serán la asociación BePe y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas.
La elección del lugar se debe a que es una provincia emblemática, que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente Minera La Alumbrera, antecesora del Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), y a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto (en Antofagasta de la Sierra).
“Una vez más Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil (actual gobernador) se reúne con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre”, explicaron desde UAC.
La minería de uranio es el nuevo objetivo extractivo del gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres. La Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) denuncia que el proyecto de Ley 047/2025 presentado por el oficialismo busca generar un hueco legal para habilitar la minería, esquivando la Ley 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia. "Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto", advierte Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
El proyecto presentado por Torres hace una semana crea la Empresa Provincial de Energía de Chubut (Epech), una sociedad mixta público-privada de mayoría estatal, que tendrá como objetivo “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Para denunciar que se trata de un caballo de troya para la habilitación de la minería de uranio, las asambleas chubutenses apuntan al artículo 29 que indica: “La explotación de toda fuente de energía eléctrica”.
“Buscan la manera para evitar mencionar cosas que son urticantes para la sociedad”, señala Lada sobre la estrategia desplegada por el gobernador Torres, quien en campaña prometió no avanzar con la megaminería, pero ya mostró su interés por la explotación de uranio, oro, plata y cobre. Además, en marzo, le reclamó al gobierno nacional la restitución a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina, en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Organizaciones advierten que la sanción agravaría la crisis por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fundación Vida Silvestre Argentina, expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción  en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles.  
Conocida la convocatoria a sesión extraordinaria para este miércoles, para tratar el proyecto de ley 1861/2024 del diputado Juan José Bergia  que propone incrementar multas por desmontes ilegales , pero avanza en el blanqueo con la madera proveniente de los mismos, las organizaciones Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina , expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción. "Se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en el Chaco", advirtieron.
El pedido a los legisladores lleva las firmas de Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata; y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento, las organizaciones explican que el proyecto de ley propone modificar diversos artículos de la Ley 2079-R respecto de las multas que aplican a los desmontes de bosques nativos ilegales. Y mencionan, en particular "el artículo 4 del proyecto de ley, que propone incorporar a la Ley 2079-R el artículo 45-bis a los fines de legalizar mediante un contrato privado los productos forestales provenientes de desmontes ilegales".
Así, mencionan que el texto del proyecto establece que "para el acceso de los descuentos habilitados por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales, deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución, como mínimo, de un año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos".
Las tres organizaciones advierten que, de aprobarse dicho proyecto "podría institucionalizarse un incentivo perverso  al promover la comercialización de madera proveniente de desmontes ilegales, perpetuando un ciclo de explotación insostenible de los bosques chaqueños".

Diseñar mejores mecanismos
Luego, resaltan que "en la provincia de Chaco es conocida la problemática de desmontes  que devienen en terrenos sin ningún uso productivo posterior, a los fines de aprovisionamiento irregular de madera en contraposición a lo establecido por las regulaciones vigentes y las posibilidades de desarrollo sostenible de la provincia".
Así, desde las organizaciones firmantes, consideran que el mencionado artículo "debe ser eliminado y, en todo caso, se deben diseñar mejores mecanismos para desincentivar los desmontes ilegales y el posterior aprovechamiento de la madera  que sumen y acompañen la efectiva implementación a nivel provincial de la Ley 26.331, sancionada y plenamente vigente desde hace casi dos décadas".
En ese sentido, señalan que "el decomiso de la madera por parte de la Dirección de Bosques, y el agravamiento de las sanciones ante una quema posterior al desmonte, son algunos ejemplos de medidas alternativas  que no perpetúen un círculo vicioso de explotación insostenible". "Cabe mencionar que observaciones similares a las nuestras fueron presentadas por autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción", indicaron.

Crisis ambiental
Por último, sostienen que "la provincia de Chaco enfrenta una crisis ambiental alarmante, donde los procesos de deforestación constituyen una de las principales causantes, a través del cual se despliegan múltiples problemáticas como es la pérdida de biodiversidad ".
Mencionan al respecto que, solamente entre enero y abril de 2024, según datos de Greenpeace, se deforestaron cerca de 20.000 hectáreas , una superficie comparable a la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. Y resaltan que ese incremento "se produce a pesar de las restricciones legales vigentes y de las prohibiciones establecidas por la Justicia Federal y ordinaria".
Agregan también los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que indican que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia de Chaco perdió casi medio millón de hectáreas de bosques nativos. "Estos datos evidencian las limitaciones de la implementación de la Ley de Bosques Nativos, dentro de las cuales se encuentran las insuficientes sanciones a los desmontes ilegales. De sancionarse el proyecto de ley 1861/2024, se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en la provincia de Chaco", alertaron finalmente.
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Somos Monte en Diputados por controvertido proyecto de diputado imputado: "Los desmontes deberían ser delito penal"

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


El pasado viernes 4, ante un pedido formal, Somos Monte fue invitado a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo,  junto a  los diputados provinciales de dicha comisión, “para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes”, informaron desde la agrupación.
Y señalaron que “entre dichos proyectos, el promovido por el diputado Juan José Bergia, proyecto de Ley 1861/2024, ´Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos´,  propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones”, explicó Somos Monte.
“Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que los desmontes deberían ser delito penal, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. No aceptamos las multas a cambio de nuestro monte nativo”, afirma Somos Monte.
“Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera, ya carente de sus funciones ecosistémicas, de todos modos debería quedar en el suelo contribuyendo a la restauración del sistema y como soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido”, dice el colectivo ambientalista.
Por último, dejaron en claro que “la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad”.

Manifestación pública
Sobre la reunión en concreto, Somos Monte contó que “mientras se llevaba a cabo la audiencia en la Legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueñ”a.
“Queremos dejar constancia también de que a los compañeros que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, y que la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos”, se agregó por último.

Megacausa "La mafia de los desmontes"
Es de recordar que el gobernador Leandro Zdero echó a su funcionario porque fue imputado por la Justicia Federal en una megacausa por los desmontes ilegales tras una denuncia de abogados ambientalistas. Se trata de Hernán Halavacs, quien era "el zorro en el gallinero" para los desmontes en el Chaco.
El 14 de agosto de 2024 se conoció la dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo.

Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
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ONG denuncia “brutal desmonte de selva en galería” para construir un camping

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), advirtió sobre un “desastre ambiental”, ante el “brutal desmonte de selva en galería para construir un camping en zona administrada por Codesal”.
“Brutal desmonte de selva en galería”. Desde la ONG dieron cuenta que se cortaron varios árboles autóctonos de la selva, algunos de más de 80 años. “El camping pertenece al sindicato STIA y se ubica en zona administrada por la CODESAL próxima a la Tortuga Alegre”.
En este sentido, dieron cuenta que “cientos de árboles autóctonos y arbustos recientemente cortados con motosierra o arrancados de raíz que dieron lugar a amplias picadas abiertas en la selva en galería del río Uruguay es el tristísimo espectáculo que ofrece hoy el denominado camping Pesca perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) en zona administrada por la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), en proximidades del paraje La Tortuga Alegre”.
Sobre las especies afectadas mencionaron que hay “guayabos colorados, coronillos, ubajay, canelones, palos cruz, guayabos blancos, palos amarillos, yerbas de bugre, sarandíes negros, chalchales y espinillos son tan solo algunos de los cientos de árboles talados para la construcción del camping. Entre ellos, hay ejemplares de más de 80 años con troncos de más de 50 cm. de diámetro. Muchos de los troncos fueron apilados para su utilización como leña”.
Finalmente, desde CEYDAS expresaron que “lo más indignante de este polémico desmonte es que en la cartelería de ingreso al camping figura el logo de CODESAL, entidad que administra el polo turístico de Salto Grande”.
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Incautan maquinarias al empresario Nardelli por desobedecer cinco veces a la Justicia Federal

Fecha de Publicación: 08/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco

Tres máquinas habían sido llevadas por las fuerzas federales, una de las cuales estaba en resguardo judicial y fue retirada del depósito.
Ayer, por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, la Gendarmería requisó propiedades en Tres Isletas y Barranqueras, con el fin de incautar las máquinas. Una de las cuales el empresario Roberto Nardelli recuperó luego de abonar la multa ante el Ministerio de la Producción y por lo que el fiscal Patricio Sabadini puso énfasis en investigar para saber cómo fue que Nardelli, pese a que la máquina estaba bajo resguardo judicial, pudo volver a tenerla y seguir desmontando, a pesar de la cautelar que lo prohíbe.
Según Sabadini, fueron taladas 200.000 hectáreas, que es el total de la superficie en esta actividad restringida hace meses. La investigación de los desmontes ilegales se inicia a partir de la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y mediante una medida cautelar dictada en agosto del año pasado, que prohíbe el desmonte en todo el territorio provincial, cuya medida se prolongará hasta agosto de este año. Pese a dicha resolución judicial, en empresario del carbón desoyó y siguió con la tala indiscriminada.
Los allanamientos contaron con la presencia de funcionarios judiciales federales y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y se realizó en Barranqueras y Tres Isletas. De acuerdo con fuentes de la investigación, en la localidad portuaria se inspeccionó la oficina comercial de Nardelli, ubicada en la avenida Laprida 4784.
En el lugar se recolectó documentación relacionada con el comercio exterior de carbón vegetal y otras actividades empresariales, que incluyeron facturas, libros de actas y documentación de importación y exportación. Sin embargo, por orden judicial, no se procedió al secuestro de dicha documentación.
En Tres Isletas, el allanamiento se centró en la planta industrial de la firma Alesio y Enzo Nardelli, ubicada en la ruta provincial 95. Allí, se constató la presencia de tres maquinarias de gran porte que fueron utilizadas para la deforestación, una de las cuales ya había sido incautada previamente el 21 de febrero de 2025 en una zona rural cercana a Tres Isletas y que fuera sustraída del lugar donde había quedado bajo custodia judicial, y por lo que Sabadini pidió el allanamiento. Por el momento no hubo detenidos.
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