Piden la detención e indagatoria de un empresario forestal por violar la cautelar que frenó los desmontes

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió al Juzgado Federal la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por cinco hechos de desobediencia judicial a la medida cautelar que suspendió por seis meses los desmontes en la provincia del Chaco. Vale recordar que estos hechos se dan en el marco de la causa conocida como "Mafia del desmonte" impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó al Juzgado Federal Nº 1 la detención y la declaración indagatoria del empresario forestal Roberto Nardelli por el presunto delito de desobediencia a un funcionario público por cinco hechos de violación a la medida cautelar que suspendió los desmontes en la provincia del Chaco.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de febrero pasado cuando se constataron actividades de desmontes en un inmueble rural en cercanías a la localidad de Tres Isletas. En la tarea llevada a cabo en el territorio por efectivos de Gendarmería Nacional se procedió al secuestra de una topadora. Posteriormente, de acuerdo a la información aportada por la Dirección de Bosques provincial, se corroboró la ilegalidad del desmonte que se llevaba adelante en ese predio.
No obstante, en el marco de la investigación, Sabadini tomó conocimiento de otros tres hechos que tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha: el 2 y 6 de enero y el 18 de febrero de 2025.
Más allá de que el empresario Nardelli contaba con un permiso de Plan de Deslindes Perimetrales y Transversales, desde el Ministerio Público Fiscal se constató que cada uno de los cambios de cobertura boscosa detectados no se encontraba avalados por el mismo, por lo cual eran “ilegales”. Es decir, se trata de desmontes no autorizados en infracción a la medida cautelar vigente, que fue dictada originalmente el 19 de agosto de 2024.
El último de los hechos imputados está vinculado a que el empresario Nardelli decidió trasladar la topadora de su propiedad que se hallaba secuestrada en un campo lindero en el marco de la presente causa judicial.
Con respecto al pedido de detención, el fiscal Sabadini consideró que se encontraban reunidos los requisitos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación, a efectos de asegurar la comparecencia del imputado ante los estrados judiciales. Además, advirtió que no debe soslayarse que “su accionar conlleva un entorpecimiento del curso de la investigación” que lleva adelante la Fiscalía Federal.
.

Desesperación en poblaciones ribereñas ante el desborde del Pilcomayo

Fecha de Publicación: 17/03/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La inundación también afectó a las poblaciones que se encuentran insertas en territorios donde hubo  grandes desmontes ubicados en la zona de Ballivián, en el departamento San Martín.
“Necesitamos urgente chalanas o gomones”. Este pedido de Amancio Martínez se elevó como exigencia a las autoridades de la provincia luego de que las comunidades de Misión La Paz (paraje que limita en la frontera con Paraguay, con la localidad de Pozo Hondo) quedaran aisladas por la llegada de las aguas del río Pilcomayo.
El miércoles último las autoridades habían anunciado la bajante de las aguas en la cuenca alta. El problema fue que, como se había indicado antes, los niveles del río en territorio argentino continuaban altos.
Ayer, la provincia informó que “los anillos del lado salteño están funcionando y se está trabajando para proteger a la comunidad. Actualmente en Misión La Paz se registran 6.30 metros y el comportamiento del río es variable”.
Se insistió en que si bien el cauce del río desciende, se registraron lluvias y un corte en la ruta provincial 54 entre La Estrella y Misión La Paz.
Por su parte, Martínez, quien es referente de la comunidad wichí Kilómetro 2 de Misión La Paz, contó anoche a Salta/12 que esta población junto a la de Kilómetro 1 y La Bolsa están aisladas desde la noche del miércoles por las crecidas del río.
En un video que se viralizó, Martínez mostró cómo las aguas del Pilcomayo habían anegado la ruta 54 y cruzar implicaba sortear la corriente con el agua llegando hasta la cintura. “Esta mañana quería cruzar pero no puedo porque es resbaloso y riesgoso y decidí volverme”, afirmó.
En esta circunstancia, “rogamos que no haya una emergencia en salud” porque no hay forma de salir a menos que sea por medio de gomones o chalanas que no tienen, dijo. Por eso pidió al Ministerio de Desarrollo Social que les provea de estos medios de transporte en la emergencia.
Martínez indicó que si bien la Policía Lacustre llegó con gomones, “no están cruzando a la gente” que quiere llegar a la comunidad. El transporte de pasajeros en colectivo que hace este recorrida deja a los viajeros en el punto donde el agua cortó la ruta, y para llegar a estas comunidades aisladas deben cruzar 200 metros en medio del agua. Pero los policías de la Lacustre “no cruzan a la gente porque dicen que no tienen combustible”, contó.
La preocupación no es solo por la posibilidad de una eventual urgencia de salud sino también por la provisión de comida. “Espero que los negocios aguanten y que podamos comprar”, manifestó. Y es que ante la crecida teme que haya un desabastecimiento, por lo que solicitó bolsones alimentarios para la asistencia.
Por su parte, Antonia Pérez desde la comunidad Santa María, contó que tras un corte de ruta en reclamo de asistencia lograron que la provincia les entregara bolsones. Contenían “un kilo de harina y un kilo de arroz y azúcar, leche en polvo y aceite nada más”, detalló.
Anoche Pérez seguía asustada porque persistían las lluvias y temían quedar aislados por completo dentro del anillo que los protege de las crecidas. Afirmó que hay familias que a raíz de la situación decidieron autoevacuarse.

Un desmonte que aísla
Las intensas lluvias registradas en el departamento San Martín afectaron a familias que viven en la zona del municipio de Ballivián, colonizada por los desmontes en la zona rural, y de Tartagal, ciudad cabecera del departamento.
Benjamín Roca, cacique en la comunidad wichí de La Corzuela, en Dragones (también del departamento San Martín), se comunicó con este diario para dar a conocer la situación que se vivía en Laguna Cuchuy, una de las poblaciones de Ballivián en donde estaba de visita y vió como las comunidades quedaron entrampadas en medio de la deforestación.
Desde hace tiempo se denuncia que en esta zona las cañadas rebalsan dejando aisladas a las familias cercanas y si no lo hacen, son los caminos los que quedan intransitables.
Roca sostuvo que en este caso no había llegado la asistencia alimentaria. En el mismo lugar, las comunidades indígenas coexisten con fincas que producen porotos. Las comunidades afirman que existe una suerte de acuerdo con los finqueros para que les den mercadería pero que se había incumplido.
Ante ello, decidieron frenar en el camino a uno de los contratistas de la finca para hacer el reclamo. Roca sostuvo que, de no tener respuesta de los bolsones, iban a evitar que cosechen la siembra.
El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, informó sobre la coordinación de un operativo aéreo para asistir a las familias aisladas por la crecida de cañadas en el municipio de Ballivián y del río, en Tartagal.
La directora General de Emergencia, Gabriela Locuratolo, detalló que en Ballivián se asistió a familias de los parajes; Corralito, Guamache, Providencia, El Cruce, Retiro, El Traslado, Zopota, Pescadito, San Francisco, Guachipas y El Escrito. Mientras que en Tartagal, se llevó ayuda a pobladores de los parajes El Paraíso, Paraje Arenales, Pozo Nuevo y Monteveo.
En total se entregaron más de 500 módulos alimentarios y los vuelos fueron coordinados con Aviación Civil. Se afirmó que la ayuda también habría llegado a Cuchuy.
.

Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
.

“Se han derribado cientos de árboles y el suelo serrano removido es masivo”

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis

Lo afirmó la Asociación Juvennat tras una recorrida por el lugar del desmonte. Detallan el daño ambiental. Presentarán una nota al Concejo Deliberante junto otras asociaciones y piden a los nueves concejales “tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria”.
“Desde la década de los años noventa, la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en la localidad de Merlo, siendo en esa época cuando surgen las “Zonas T”, las cuales, poco después, fueron incorporadas, a la Ordenanza 744/00.  En este contexto, surge la pregunta:
¿Cómo se justifica lo ocurrido en la zona ubicada en el pedemonte al noreste del Barrio Los Nogales?
La solicitud, para realizar una ´limpieza baja’, debe encender las alertas de las autoridades competentes, quienes deben informar de manera inmediata al Co.A.M.A. acerca de dicha petición. Es precisamente esta entidad, constituida hace más de 30 años, la que debe intervenir en el asunto, ya que está compuesta por las fuerzas vivas de la comunidad, así como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) y Concejales.
La zona T4, que corresponde a la Reserva Natural protegida de la Sierra de los Comechingones, está regida por la Ordenanza 744/00, y en su artículo 2.3.8.4., establece que únicamente se permiten paseos serranos y senderos peatonales. Con permisos estrictos, se podrían habilitar paradores y refugios, los cuales deben estar construidos con materiales autóctonos, respetando las costumbres y usos locales, y utilizando técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, siempre en completa armonía con el entorno natural.
Sin embargo, lo que se observa actualmente en la zona, es totalmente opuesto a las disposiciones legales: cientos de árboles y arbustos-arbóreos han sido derribados, la remoción del suelo serrano es masiva y, en el caso de la arteria principal, que se extiende a lo largo de 500 a 600 metros lineales, ‘al acompañar la pendiente se torna fácilmente erosionable’, en algunos tramos, tiene más de 20 metros de ancho (cabe recordar que la ley estipula que se deben permitir únicamente ‘senderos peatonales’). A pesar de ello, se le solicita al propietario y por segunda vez, que presente un Plan de Gestión Ambiental y los estudios de Impacto Ambiental, solicitando ‘detalles de la obra’. Allí surge la duda: ¿a qué obra se hace referencia?”
Es por todo lo expuesto que, el sábado 1° de marzo, la A. Juvennat, intentó presentar una nota de urgencia al Honorable Concejo Deliberante (HCD), sin embargo, fuimos informados por fuentes alternativas que dicha nota no podría ser recibida sino hasta el próximo miércoles 5 de marzo. Esa nota será acompañada por otras organizaciones intermedias de la comunidad. A través de la misma, se solicita a los nueve concejales actuales que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria.
En momentos tan delicados como el actual, debe prevalecer ‘la independencia del edil en la decisión’, ya que la situación que atraviesa nuestra comunidad turística se caracteriza por graves problemas ambientales, los cuales no solo afectan la economía local, sino, lo que es aún más relevante, la calidad de vida de los residentes. Esperamos que la comunidad reaccione de manera consciente y se sume al esfuerzo por esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestro entorno”.

Más Información:

Concejales de la oposición exigen sanciones y rendición de cuentas por el desmonte en Los Nogales
Impulsan "una investigación exhaustiva" para determinar las responsabilidades y exigen la restauración del área afectada, entre otras medidas.

Frenaron el desmonte entre Los Nogales y el Chumamaya
Así se informó a través de un comunicado oficial de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Villa de Merlo. Exigen a los titulares del predio que presenten un estudio de impacto ambiental.
.

Duro golpe a la mafia del desmonte, esta vez en Tres Isletas: de noche se paró la tala gracias a la Justicia

Fecha de Publicación: 27/02/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


“¡Paramos un desmonte y se secuestró la topadora en la provincia de Chaco!”, festejó el fin de semana la Asociación de Abogados Ambientalistas. Es que en Chaco, a pesar de haber una prohibición, se estaba llevando a cabo una tala enorme en un campo de Tres Isletas.
“A partir de la presentación judicial que hicimos en el momento donde denunciamos que se estaba violando la medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, en el día de ayer se realizó un operativo, ordenado por la Justicia Federal, en un predio en cercanías a la localidad de Tres Isletas”, especificaron los abogados.
Asimismo, denunciaron que “en el procedimiento, los operarios admitieron que ´estaban haciendo tareas de desmonte para Roberto Nardelli´ y se procedió -de manera inédita- al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking”. Asimismo, consignaron que “esta topadora es responsable de varios desmontes en los últimos año”.
“Además de haberse parado el desmonte, tendrá consecuencias judiciales por violar una medida judicial (desobediencia y daño). Esto demuestra que si estamos todos juntos, podemos convertirnos en guardianes/as del monte”, añadieron los abogados ambientalistas.
Se debe precisar que fue el Juzgado Federal  1 de Resistencia el que ordenó el allanamiento de un campo ubicado en la zona de Tres Isletas y el secuestro de una topadora que, en horas previas, habría violado la medida cautelar dictada a mediados de este mes por la que se prorrogó la suspensión de los desmontes por seis meses.
La medida fue ejecutada el pasado viernes 21 de febrero, en horas de la noche. La resolución fue dictada a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, luego de que un equipo de la Gendarmería Nacional informarse que, en el marco de las tareas de constatación del cumplimiento de la medida judicial, pudieron observar que se estaban realizando actividades de tala y desmonte en un campo cercano a la ciudad de Tres Isletas, perteneciente al empresario forestal Roberto Nardelli, expresidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco.
Al dictar la medida, el juez Ricardo Mihanovich, quién subroga el Juzgado Federal  1, consideró que “se encuentra justificado su otorgamiento, dado que existe en el caso una importante sospecha de un acontecer delictivo que reflejaría el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con respecto a la topadora, advirtió que “el bien en cuestión guardaría estrecha relación con las conductas que se pretenden dilucidar en la hipótesis delictiva investigada y que la medida resulta razonable, proporcional, necesaria e idónea”.
.

Golpe a la tala ilegal en Fuerte Esperanza: 13 detenidos y secuestro de madera y herramientas

Fecha de Publicación: 24/02/2025
Fuente: Portal TN24
Provincia/Región: Chaco


La División Rural desbarató una explotación forestal clandestina en una zona protegida. Incautaron motosierras, motocicletas y 700 postes de quebracho colorado.
Tras meses de investigación, un operativo de la División Rural logró frenar una tala clandestina en una reserva natural de Fuerte Esperanza. Con una orden judicial, los agentes irrumpieron en los campos señalados y sorprendieron a 13 personas en pleno desmonte, quienes fueron detenidas.
Durante el procedimiento se incautaron ocho motocicletas, ocho motosierras, una camioneta y varias escopetas, además de 700 postes de quebracho colorado ya labrados, lo que evidencia el impacto ambiental generado.
La acción forma parte de la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de madera, problemáticas que afectan gravemente los ecosistemas chaqueños.
Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la Dra. Noelia Miño, los detenidos fueron notificados de la causa y alojados en la comisaría jurisdiccional. Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar el destino de la madera incautada y si detrás de esta actividad hay una red de comercialización.
.

Entidades del campo le plantearon al Gobierno su preocupación por una norma europea sobre deforestación

Fecha de Publicación: 22/02/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Ruralistas e industriales se reunieron con funcionarios nacionales, que se comprometieron al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con los países del viejo continente.
Veinte entidades del agro le manifestaron al Gobierno nacional su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado el 31 de mayo de 2023.
La mencionada disposición, a la que se oponen desde la agroindustria argentina, es relativa a la comercialización en el mercado de la Unión Europea (UE) y a la exportación desde el viejo continente de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (EUDR, por sus siglas en inglés).
En ese marco, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, donde las instituciones del agro expresaron su preocupación.
Durante el encuentro, los representantes del agro les entregaron a los funcionarios un documento en el que se detallan los argumentos del rechazo al EUDR.
“Finalmente, las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino, al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino. Se acordó mantener una mesa de trabajo de seguimiento de esas negociaciones”, informaron.
“Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina, afectando nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”, enfatizaron los ruralistas por medio de un comunicado.
En este sentido, se detallaron puntos donde se plantea la interpretación sobre el alcance de determinados artículos del EUDR.
Asimismo, se solicitó que no haya inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de otros productos. Más allá de esta posición, en caso de que la acción de “no aplicación” solicitada no prospere o se demore en el tiempo, se acompañó con una serie de pedidos de modificación al EUDR, con el objetivo “de reducir el impacto comercial negativo para la Argentina”, según indicaron.
En forma paralela, muchas de las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado frente a los demás países competidores, que ya están definiendo sus respuestas al EUDR. sin que esto pueda interpretarse como un acto de conformidad del reglamento, aclararon.
Entre las entidades que participaron se encuentran la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).
También firmaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
.

La Justicia extiende la prohibición del desmonte en Chaco y ordena controles más estrictos

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Chaco


La Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que mantiene la prohibición del desmonte en Chaco. Esto implica acciones concretas de fiscalización, por lo que la Dirección de Bosques del Chaco deberá reforzar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios, con el objetivo de frenar el avance ilegal sobre los territorios protegidos. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024. Por RedEcoAlternativo
Esta medida fue lograda a partir de la causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, y representa – en palabras de la Asociación – “un paso crucial en la defensa del monte nativo, amenazado por la expansión de la frontera agrícola y la complicidad de la denominada Mafia del Desmonte”.
“La jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias. Quedó acreditado en el expediente que el gobierno de la provincia del Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Solo lo hizo al inicio de la vigencia de la medida cautelar, pero desde noviembre de 2024 dejó de cumplir con esta obligación. Esto no solo queda ahora acreditado en la causa, sino que evidencia la doble postura del gobierno actual chaqueño: por un lado, se narra como garante de los bosques, y por otro, incumple los requerimientos judiciales”, afirman desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
“El contexto es alarmante. Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del gobierno provincial. En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, advierten.
Para la Asociación, la prórroga de la prohibición del desmonte en Chaco “es una victoria para el movimiento socioambiental, pero también un recordatorio de la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”: “La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esta medida recae ahora sobre el Poder Ejecutivo provincial, que deberá rendir cuentas sobre sus políticas de protección del bosque nativo”, finalizan.
.

Robo de madera: advierten que Misiones debería tener 936 guardaparques y son 120

Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Los guardaparques y trabajadores ambientales de Misiones usaron las redes sociales para denunciar la situación de desfinanciamiento y vaciamiento del Ministerio de Ecología en la protección de los recursos naturales.
Mediante un documento publicado en la cuenta “Parques en Peligro” en Facebook, con el fin de “socializar” para “no ser cómplices de una realidad no adecuada al contexto misionero”.
Hicieron esta publicación días atrás, con datos técnicos y citando informes científicos, en un contexto de creciente cuestionamiento sobre las autoridades a raíz de que se han producido numerosos robos de madera en los Parques Provinciales, que son categorías Zona Roja, de máxima conservación.
Los Parques Piñalito, Urugua-í tuvieron graves daños ambientales confirmados por el Ministerio y en Esmeralda el robo se produjo en el límite del Parque, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, pero pese a ser una reserva privada, forma parte del territorio que debe proteger esta cartera ambiental.
Para los guardaparques en Misiones existe una política “reactiva de perseguir infractores posevento de daño ambiental, hacer prensa y anunciar mediáticamente temibles multas de muchos millones”. Pero advierten que “sin embargo, la ley general del ambiente plantea otra estrategia, evitar el daño ambiental”, que se logra con prevención y más recursos presupuestarios.

Menos del 10%
“La política de la infracción cuenta con un presupuesto tan bajo que facilita la infracción, eso es una decisión política de autoridades y diputados provinciales”, remarcan los trabajadores.
Enumeran que la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable tiene jurisdicción en bosques de alta y media prioridad para la conservación (zonas rojas y amarillas), le toca lidiar con la pesca, el hurto de madera y la cacería silvestre y para ello recibe solo el 9,39% del presupuesto total del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales.
En cambio, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) recibe el 28,59% del presupuesto; y la Unidad Superior tiene el 48,1% del presupuesto del Ministerio de Ecología para el 2025.
Denuncian que “esta política de asignación de recursos desprotege zonas rojas y amarillas y por lo tanto libera zonas para la actividad antijurídicas”.
Para ser más gráficos, explican que por cada $100 destinado al Ministerio de Ecología, se disponen de 48,1 pesos; el IMiBio de 28,59 pesos; y la Subsecretaría de Ecología y las Áreas Naturales Protegidas “dispone de miserables 9,39 pesos”.
Aclaran que “el despliegue territorial y la llegada a las zonas de máxima protección lo debe hacer el personal de las ANP”, sugiriendo que los sectores que trabajan en oficina reciben más presupuesto que los que ponen el cuerpo en el monte.
“Pongamos otro enfoque, por cada cien litros de combustible que se le asigna al Ministerio de Ecología, 50 litros los dispone el ministro Recaman, 29 litros el IMiBio, y 9 litros los dispone la Subsecretaría de Ecología que tiene a su cargo las ANP, los monumentos naturales provinciales y la diversidad”, explican.
En este sentido remarca que “está claro que, si no mejora la inversión en las ANP próximamente señores diputados y funcionarios, por omisión de acción, deberíamos declararnos Capital de Cacería Furtiva, posponiendo el de Capital de la Biodiversidad hasta que cambien la política de la cacería hacia una de conservación integral o no disruptiva, si no es muy tarde en términos ambientales, hablando del estado de las poblaciones de fauna”.

Menos fondos cada año
Los trabajadores ambientales recordaron que durante los últimos años se ha podido trabajar en terreno “gracias a los fondos provenientes de Fundación Vida Silvestre Argentina, el cual ha servido para equipar destacamentos de Zona Norte y Zona Sur y para realizar Educación Ambiental y Control y Vigilancia”.
Pero expresan que “desde mediados del año 2024 esos fondos de conservación ya no están, y la capacidad de trabajar en terreno se ha resentido al máximo histórico, la virulencia el hurto de madera se lleva chorros de tinta”.
Y cuestionan que “a pesar del mundo dinámico de los ministros de Ecología, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no hay cambios sustanciales de nada, como pasó con la crisis de incendios forestales del año 2020, no se trabaja en los planes de manejo de las ANP, hay parques que no tienen documento de gestión, ni personal ni los medios para alcanzar los objetivos de la ley XVI – N° 29”.
“Se cierran oficinas técnicas como el AMIRBY (Área de Manejo Integral Biosfera Yabotí) aunque se mantiene las estructuras vacías”, remarcaron.
Por otra parte, citaron un informe técnico que señala la baja protección de la selva misionera en cuanto al recurso humano asignado: “El Congreso de Conservación de la UICN, hecho en Hawaii en el año 2016, en su moción 32 sugiere a los gobiernos incrementar la planta de guardaparques hasta lograr un valor de un guardaparques cada 500 hectáreas (1 cada 5 km2)”.
Pero dada la superficie con categorías de manejo que la provincia de Misiones declara en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), de 468.359 hectáreas alcanzando un 15,72% de su superficie provincial, “hoy cada guardaparques tendría más de 3.500  hectáreas, con lo cual la provincia de Misiones debería tener 936 guardaparques como valor óptimo”.
Compararon que “hoy el Sistema Provincial cuenta con aproximadamente 120 agentes, de los cuales estarían de guardia unos 60 en un día ordinario, ese número solo es el 6,4% del valor óptimo de personal”.
“Duplicar el personal del SANP en un número aproximado de 250 agentes en los próximos años sería una medida que fortalece las ANP de Misiones, así como dotar de equipamiento y logística adecuada”, finalizaron los trabajadores ambientales.
.

Cuatro provincias concentraron el año pasado la pérdida de bosque nativo: fue 10% más que en 2023

Fecha de Publicación: 31/01/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según un informe de Greenpeace, el norte argentino sigue liderando los desmontes en el país, con casi 150.000 hectáreas; la mayoría se debió a la tala; acusaciones cruzadas
Durante el año pasado, el norte argentino fue otra vez protagonista de la mayor deforestación que registró el país. Casi 150.000 hectáreas de bosques nativos desaparecieron de las cuatro provincias más controvertidas en esta materia: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se trata de un 10% más que en el 2023. La mayoría –119.886– se debió a la tala y un porcentaje menor –29.763– a incendios, mucho de forma ilegal. Esta zona comparte la sección nacional del Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de América del Sur después del Amazonas. Coincide también con la región más pobre del país.
Los datos surgen del último reporte de Greenpeace, al que tuvo acceso LA NACION, que utiliza imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo. En otras palabras, si un sitio antes era bosque o pastizal, pasó de un año a otro a ser un cultivo o una zona urbana. Según el informe, gran parte de estos cambios fueron de bosque nativo a pastizal o a cultivos.
No es novedad que los motores que la organización ambientalista destaca en este documento son la agricultura y la ganadería extensiva. “El año pasado, fue incluso mayor la ganadería, aunque la producción, en especial de soja es también preponderante”, detalló Hernán Giardini, coordinador de las campañas de Bosques y Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
La situación que plantea Giardini es alarmante y las consecuencias exceden a la pérdida de un paisaje único. Se están eliminando plantas y animales valiosos para que los ecosistemas se mantengan, son hábitats enteros que desaparecen. Sitios que son resguardo, por ejemplo, del yaguareté, especie de la que quedan menos de diez ejemplares registrados en la región del Chaco argentino. Pero la pérdida de bosques significa también que las poblaciones de estas provincias quedan más vulnerables ante sequías o inundaciones.
Las propias dependencias oficiales del área ambiental y forestal de estas provincias reconocieron, en diálogo con este medio, los impactos de los desmontes. No niegan que exista la tala ilegal y confirman que los desmontes intensificaron. Pese a que para distintos funcionarios y exfuncionarios de tres de las cuatro provincias consultadas –se trató de contactar al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa sin éxito– la conservación es necesaria, argumentan que también debe ser combinada con la producción, en especial hacen énfasis en lo que llaman el manejo silvopastoril. En otras palabras, la integración de la ganadería y el cuidado de los bosques.
Tanto para Giardini como para Bernardo Voloj, abogado especializado en ambiente y miembro de la Defensoría del Pueblo Chaqueña, se ha usado esta idea como una excusa. Ellos acusan a los gobiernos de estas provincias de “ver hacia otro lado”, de una inacción deliberada.
A esto se añaden otros temas, como la falta de presupuesto para conservar y presuntos actos de corrupción entre algunos gobiernos y los sectores productivos. Tal es el caso de Chaco, que el año pasado vivió un escándalo con su exministro de Producción, acusado de autorizar desmontes en zonas prohibidas por lo estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331).

Santiago del Estero y Chaco
Según el informe, el 75% de la deforestación del país se concentra en estas cuatro provincias del norte argentino, pero el año pasado casi el 80% de los desmontes –sin contar incendios– se concentraron en Santiago del Estero (54.123 hectáreas) y después en Chaco (39.182 hectáreas). En ambos casos, según el reporte, la mayor parte de tala es ilegal.
Noelia Zanichelli, directora de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, no negó que estos desmontes existan, pero planteó que muchos están avalados por las leyes provinciales vigentes. También acusó a Greenpeace, como a otras organizaciones, de ser “de dudosa financiación, con fuertes lobbies mediáticos y oscuros fines”. En conversación con LA NACION, explicó que, sobre la tala ilegal, tienen “más de 2000 sumarios en curso vinculados al desmonte” y que, además de una multa, sus leyes provinciales estipulan también una recomposición de las zonas perturbadas.
Pero para Giardini los datos de deforestación son contundentes. Si se comparan los mapas de desmonte del reporte de Greenpeace con el mapa que el gobierno de Santiago del Estero ratificó hace casi 20 años para designar las zonas de protección, mucha de la tala del año pasado se encuentra en zonas de valor alto y medio de conservación. Según datos de la organización ambientalista, el 80% de la tala del año pasado se hizo en tierras dentro de estas categorías. Cuando se le preguntó a Zanichelli por esta denuncia, ella respondió que “todo lo que se autoriza se hace en el marco de la ley”.
Se refiere en especial a que una parte de estos desmontes están permitidos y vinculados al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, o los sistemas silvopastoriles. Ella explica que, a partir del convenio provincial 32/2015, es posible hacer esta actividad en un 80% de zonas de conservación media y baja, y designa un 10% de desmonte para forraje.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos plantea que deben designarse zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado, y actualizado de ser necesario, siempre dando prioridad a la conservación.
“Es contradictorio lo que la directora plantea, porque la ley provincial va en contra de lo que dice la ley nacional. La ley de Bosques Nativos en ningún lado dice que en la zona amarilla [de conservación media] se pueden otorgar desmontes, tampoco en la roja [de conservación alta]. Y respecto de la ganadería, tanto nosotros como la propia Secretaría de Ambiente de la Nación consideramos que lo que están haciendo es un desmonte”, argumenta Giardini.
En el caso de Chaco, las pruebas de ilegalidad son aún más nítidas, en especial después de la denuncia penal que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó a la Justicia Federal en mayo pasado en contra de exfuncionarios, empresarios y diputados provinciales. Incluso, desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó a la gobernación chaqueña suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia por la misma razón.
A partir de este escándalo, renunció el exministro de Producción provincial y principal imputado, Hernán Halavacs, pero también varios otros funcionarios. Jorge Damián Frank, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, que dice haber renunciado en medio del escándalo, reconoce que, con Halavacs al mando, era imposible controlar los desmontes. “Y ahora el problema persiste. Muchísima madera que viene a las dos tanineras viene de los desmontes ilegales. Si el infractor paga la multa, accede a la madera incautada”, denuncia el exfuncionario.
Explica que las medidas legales que hoy determinan el control de la deforestación son estériles. “El valor de la madera tumbada al menos duplica el valor de la multa. La gente lo paga y sigue talando”, describe Frank. Y añade: “Para mí, los primeros grandes responsables de la tala en Chaco son los sojeros y los ganaderos”.

Vuelco a lo productivo y falta de presupuesto para conservar
Para Giardini como para otras fuentes consultadas, lo que pasa en Santiago del Estero y en Chaco se reproduce de alguna u otra forma también en Salta y en Formosa: hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, pero los controles de los desmontes son insuficientes, leyes provinciales se sobreponen a la nacional y existe una priorización –a veces tácita y otras explícita– hacia la expansión productiva frente al cuidado del ambiente.
El propio secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Alejandro Aldazábal, reconoció en conversación con LA NACION que la falta de bosques trae inundaciones un ejemplo palpable podría ser lo que sucedió hace solo tres días en Metán. No obstante, confesó sentirse asfixiado por la Ley de Bosques Nativos. Como en el caso santiagueño, en Salta también impulsan los proyectos que mezclan la ganadería y la conservación, y acusaron varias organizaciones ambientalistas de querer que “no haya ningún tipo de intervención en el bosque”.
Desde Greenpeace dicen solo querer que la ley se cumpla, y con ellos se suman organizaciones indigenistas, y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Lo cierto es que, en materia de protección de bosques, existen también procesos muy cuestionados en el terreno de lo legal.
El año pasado, Salta modificó las zonas de bosques protegidos de una forma inusual. Si bien redujo la cantidad de zonas verdes, añadió una nueva categoría que no se precisa en la ley nacional. Una de color amarillo oscuro. Alguien que desconoce del tema podría confundirse, pero según el nuevo ordenamiento territorial provincial, en esta nueva categoría hay posibilidad de integrar la producción agropecuaria a zonas de conservación media, muchas pegadas a bosques en donde no debe haber ningún tipo de actividad.
Esto causó revuelo entre varias organizaciones en diciembre pasado, que además denunciaron falta de consultas a expertos y a comunidades indígenas en el proceso de diseño de este ordenamiento. “Es un ordenamiento territorial flexible, que va a ir cambiando. Van a permitir 720.000 hectáreas de desmonte en zonas que antes se protegían más. Van a fragmentar un montón los bosques”, vaticinó Giardini.
Aldazábal negó que haya nuevos permisos de desmonte en zona amarilla y dice que utilizan todas las técnicas de prevención para evitar las talas. También anunció que tienen 300 sumarios abiertos en 2024 por tala ilegal y sostuvo que también tienen las “multas más altas del país”. A pesar de este contexto, fueron 11.512 hectáreas las que se perdieron en Salta durante el año pasado.
Giardini advirtió que con las modificaciones que se hicieron, en 2025 la deforestación irá en aumento. Lo mismo advierte para Formosa, que varias de las fuentes consultadas llamaron el “wild west argentino”. Allí se perdieron 15.069 hectáreas y fue la provincia con más incendios del norte argentino. LA NACION no recibió respuesta de esta administración.
Lo que sí parece ser un común denominador entre los funcionarios provinciales es la necesidad de presupuesto para conservar. La ley de Bosques Nativos establece la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. A la vez, dice que las partidas presupuestarias que se le debieran asignar son de, al menos, el 0,3% del total del presupuesto nacional. El reclamo de las provincias trasciende a la administración libertaria, pero que se agravó de manera sustancial. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36% de lo que tendría que recaudar, aunque, al mantenerse la prórroga del presupuesto 2023, el monto destinado a la protección de bosques se ha licuado.
Según el informe titulado Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este año se asignaron a este fondo 38,8 veces menos de lo que corresponde. Aun sumando otros ingresos como los del Programa Nacional de Bosques Nativos, el aporte es mínimo. “El 70% de esto debería ir a los dueños de la tierra. A esta gente se le obliga a proteger los bosques, pero no se le retribuye”, argumentó Aldazábal.
.

Movilización indígena contra los desmontes y desalojos

Fecha de Publicación: 27/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades originarias del norte provincial llegarán en una marcha este lunes hasta la Casa de Gobierno de Salta con reclamos que apuntan a las gestiones para protegerlos de los desalojos y los desmontes.
El peligro de los desalojos se acentuó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160. Con esta política, se abre la puerta a que las comunidades indígenas que disputan sus territorios con titulares particulares de las tierras puedan ser expulsadas a través de resoluciones judiciales.
“Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados y perseguidos por este gobierno nacional”, dijo a Salta/12 Tichil Mendoza, secretario y vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), al hacer referencia a la decisión tomada desde la gestión mileista.
Otra política que les preocupa es la que se aplicará a partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el 3 de enero pasado. La aprobación fue pese a las críticas de distintos sectores ambientalistas y referentes de comunidades originarias que insistieron en la falta de participación en el proceso de decisión del nuevo mapa en el que se define dónde se desmontará y dónde no.
Mendoza sostuvo que el gobierno provincial se apresta a autorizar el desmonte de más de 720 mil hectáreas, que posibilita el nuevo OTBN.
Las comunidades de la movilización esperan reunirse en el norte provincial con poblaciones originarias de Aguaray, Tartagal, la ruta 86 y la ruta 81, para llegar a la ciudad de Salta el lunes.

Problemas de siempre
El referente añadió que tienen muchos problemas en lo que respecta a los centros de Salud, profesionales médicos, medicamentos, falta de agua y situación laboral. “No hay respuesta alguna a esos temas o los de vivienda”, afirmó.
“Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
De hecho, se desconocía la muerte de dos infantes de Rivadavia Banda Norte, que fallecieron con dos semanas de diferencia en comunidades originarias ubicadas en ese municipio de Coronel Juan Solá o Morillo. En ambos casos, habían tenido atención médica anterior, pero se presume que falló el seguimiento sanitario.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
.

Tras las denuncias de apeo ilegal, concientizan sobre la preservación de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/01/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Desde el Ministerio de Ecología resaltan las normativas para el cuidado del medioambiente con las que cuenta Misiones y la labor conjunta con diversas áreas dentro de la cartera. Por otro lado, guardaparques consultados sostienen la falta de recursos humanos para evitar delitos ambientales
Misiones es rica en reserva natural, y dentro del 52% de biodiversidad con la que cuenta la tierra colorada, hay varias reservas de árboles nativos. En este sentido, Misiones cuenta con una Ley Provincial (XVI N° 29) que establece el sistema de áreas naturales protegidas, que hace de interés público la conservación de los ambientes naturales y sus recursos. Está Ley tiene la obligación de velar por el cuidado de la integridad, defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos.
En ese marco, el Ministerio de Ecología realizó una denuncia por el apeo ilegal de más de 80 árboles de especies nativas y robo de madera en el Parque Provincial Piñalito hace días atrás, y donde recientemente se conoció que una familia de Eldorado denunció ante el Ministerio un desmonte no autorizado en su propiedad lindante al Parque Provincial Esmeralda. Se presume que también habrían apeado árboles dentro del parque, zona núcleo de la Reserva de Biósfera Yabotí.
Mateo Sosa, titular de Control Forestal que depende de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología de Misiones, aclaró que “desde la cartera se lleva adelante todo el control y fiscalización fuera de áreas naturales protegidas. Es decir fuera de los Parques Provinciales”.
En diálogo con El Territorio manifestó que “fue muy importante contar con todos los registros que lleva la Dirección de Bosques Nativos, ya sea registro de industria, guías, movimiento de madera, camiones, para reunir toda la información y poder dar con el destino de las maderas extraídas del Parque Provincial Piñalito”. Seguidamente, sostuvo que la tarea de Control Forestal “para evitar que esta ilegalidad ocurra es la fiscalización de todo el movimiento de la madera. Toda la madera nativa que circula está legalmente autorizada y registrada”.  
Por su parte, Roni Rosa, guardaparques provincial, repasó la labor de los guardaparques y lamentó “la extracción ilegal de árboles nativos que amenaza con la biodiversidad misionera”. Además, añadió que “la participación de los guardaparques se ve definida por la gestión de los recursos y el personal con el que cuenta cada área”. De este modo, también personal de guardaparques consultados coincidió en que “las sanciones para los delitos ambientales siguen siendo mínimas y el daño es irreparable en muchos casos”.

Control y fiscalización
Por su parte, Sosa destacó que el Ministerio de Ecología cuenta con distintas direcciones al existir un Sistema de Áreas Naturales Protegidas donde hay un cuerpo de guardaparques que se encarga de la fiscalización y el control en los Parques. “Este cuerpo de guardaparques depende del Ministerio de Ecología, y dentro de la Dirección de Bosques Nativos está Control Forestal. Estamos hablando de un territorio complejo, que tiene un trabajo en conjunto con todas las áreas del Ministerio. Dentro de los Parques está prohibido la caza y la extracción de madera. No obstante, siempre que haya autorización de la Dirección de Bosques la extracción puede ser legal”, explicó.
Luego, detalló que tanto guardaparques como guardabosques reciben información constante de lo que sucede en el territorio que resguardan. “En esta labor en conjunta se trabaja planificando acciones con el personal de guardaparques”, apuntó.
Sobre la concientización, Sosa destacó que es importante concientizar a la población misionera y a toda la comunidad en general. “Hay que recordar la importancia de los bosques en el resguardo de la biodiversidad, teniendo en cuenta que Misiones tiene más del 50% de variedades de especies de toda la Argentina. Misiones es una gran reserva natural. Todo su territorio cuenta con una gran superficie de bosques nativos que son el resguardo de la biodiversidad de muchas de las especies”, sostuvo. Añadió que la tierra colorada tiene un Digesto Juridico que toda la rama XVII cuenta con las normativas y leyes que sanciona la Provincia que se ocupan de la conservación del medio ambiente. “Para el apeo de árboles, todo lo que refiere a la tala ilegal de árboles adhiere (Ley 16.105) a la Ley Nacional de Bosques”, cerró.
En la misma línea, el guardaparques Rosa, destacó que la labor del guardaparques y Ecología es administrar y cuidar para que esto no ocurra. “Acá fallamos y perdimos todos”, se refirió al apeo ilegal sucedido en el Parque Provincial Piñalito, que tiene alrededor 3.800 hectáreas de extensión y fue escenario de una grave depredación ambiental con la tala ilegal de 89 árboles centenarios el pasado 15 de enero, que luego derivó el la detención del propietario de un aserradero de San Pedro.

Conservación y preservación
El guardaparque sostuvo: “en Yabotí nos involucramos desde el relevamiento de bosques antes del apeo, durante el apeo y después de la extracción”. Luego, indicó que este tipo de delitos que dañan el ambiente “se evitan con una política ambiental bien definida reflejada en el presupuesto Provincial, con buena administración, personal técnico y trabajo técnico”, se refirió además que no cuenta con todo el personal para la cantidad de hectáreas protegidas que hay en Misiones.
Sobre el daño del apeo ocurrido hace días y que trascendió luego de la denuncia del Ministerio de Ecología, Rosa expresó que “no hay forma de revertir el daño. Esos árboles    ya fueron sacados de donde pertenecían por más que se secuestre y se aprovecha luego”.
Por otra parte, hizo hincapié en las sanciones con respecto a la tala. “Una forma de mitigar más adecuadamente es que la sanción incluya la obligación de reforestar y recuperar áreas degradadas por parte del infractor.  Que lo obliguen a reforestar bajo riguroso seguimiento por el tiempo que tarde la recuperación. La multa se paga y se olvida, y ese dinero debería gastarse en cosas que vuelven al ambiente.” Seguidamente, dijo que en nuestro código penal no existe la figura del delito ambiental, “este tipo de delitos, la caza furtiva, el no respeto por la veda, la quema son infracciones”, mencionó el guardaparques refiriéndose a que las causas al ambiente son enormes ante estos daños y las sanciones mínimas.
Por otro lado, Sergio Ilchuk, guardaparque provincial, coincidió que “en el caso de lo sucedido en Piñalito es difícil cuantificar el daño que ha sufrido Misiones con respecto al robo de madera. Y resarcir eso será bastante complejo”.
“Hay que recordar los objetivos de conservación de las áreas, en este caso era un remanente de selva prácticamente virgen, entonces es muy difícil ver el impacto que va a tener y cómo va a afectar a los otros ecosistemas”, sostuvo.
Con respecto a como proteger los bosques nativos, hizo hincapié que desde hace muchos años la tierra colorada tiene una política de conservación de las áreas protegidas. No obstante, también apuntó a la falta de recursos, y mayor personal de guardaparques para la cantidad de áreas naturales protegidas. “Como guardaparque, considero que es una labor sumamente importante cuidar y conservar todas las áreas naturales protegidas para que puedan cumplir su objetivo de creación. Eso lo determina cada parque y obviamente que cada parque también tiene un plan operativo, pero para esto se necesitan más recursos que contribuyan con la tarea diaria”, manifestó.
En la misma línea, Damián Villa, guardaparques provincial, agregó que “con mayor personal de guardaparques destinados a las áreas protegidas se podría evitar la amenaza de la caza furtiva, en muchos casos incendios, y también el apeo ilegal”.
.

Gobierno provincial frenó otro desmonte en el Departamento Chacabuco

Fecha de Publicación: 22/01/2025
Fuente: Portal NoticiasDelParaná
Provincia/Región: Chaco


En un trabajo desplegado por efectivos del Departamento Seguridad Rural, de General Pinedo de la Policía del Chaco y articulado con la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, se logró frenar un nuevo operativo de desmonte en el Departamento Chacabuco, siendo en este caso un total de 10 hectáreas, donde fueron secuestradas las maquinarias utilizadas y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley N° 2079-R, que regula la actividad forestal en el ámbito provincial.
El procedimiento se llevó a cabo el pasado sábado 18 de enero, entre las 14 y las 18 horas, en el Paraje Pampa Cabrera, Departamento Chacabuco, jurisdicción de Charata, al tomar conocimiento los efectivos policiales que en ese lugar, maquinaria pesada estaba realizando trabajos de desmonte.
Debido a esta situación, se comisionó de inmediato personal policial del Departamento Seguridad Rural de General Pinedo, quien se trasladó hasta el campo mencionado en compañía de Nicolás Gallardo, quien cumple funciones en la Delegación de Bosques en Charata.
Una vez en el lugar, la comitiva de Policía y Bosques logró divisar la actividad forestal, constatando el desmonte de aproximadamente 10 hectáreas.
En virtud de esto, el delegado de Bosques realizó las actuaciones por infracción a la Ley N° 2079-R, Régimen para la actividad forestal, a un ciudadano de 39 años, con domicilio en Charata, dejando constancia sobre la presencia de otro masculino de 38 años, domiciliado en Coronel Du Graty, quien hacía las veces de maquinista.
En el operativo fueron secuestrados una topadora Caterpillar D7 con pala y pluma, una casilla rodante color blanco y verde sin nombre ni dominio; un carretón color rojo sin marca ni dominio; un tanque cisterna de un eje de 1.000 litros para agua, sin marca visible; un tanque cisterna de un eje de 1.500 litros para gasoil, marca Ombú y un acoplado de dos ejes, color verde, marca Ambroggio, modelo 2022, con herramientas varias.
.

Desmonte en Piñalito: la pista de Caterpillar que condujo a la detención del dueño de un aserradero - Primera Edición

Fecha de Publicación: 18/01/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La investigación por el robo de madera nativa en el Parque Provincial Piñalito Sur empezó a arrojar resultados. Ayer lunes, por orden de la Justicia, la Policía y los funcionarios del Ministerio de Ecología encabezaron un amplio operativo en la zona que terminó con el dueño de un aserradero detenido y decenas de rollos de madera incautados, que serán llevados a un predio de la Municipalidad.
Ocurrió en el barrio Zona Industrial de San Pedro, donde con orden del Juzgado de Instrucción 1 se procedió al allanamiento con personal de la Dirección General de Bosques del Ministerio de Ecología y la Dirección de Defensa de Medio Ambiente de la Policía.
Los inspectores forestales hicieron una medición completa del material que se encontraba en la playa del aserradero: 70 rollos sin marcas de martillo, 41 con marcas de martillo y 2 metros cúbicos de madera aserrada. El personal técnico de Bosques tomó muestras de uno de los rollos para cotejarlo con los restos de los árboles (cepas) extraídos en Piñalito. No obstante, se cree que la madera hallada en el establecimiento es la sustraída en el parque provincial.

La pista de Caterpillar
Horas antes de la detención del comerciante de 31 años, se había decomisado una máquina forestal pesada que estaba oculta en un área lindante al área natural protegida, lote perteneciente a una familia de madereros.
Además, se secuestraron tres teléfonos celulares relacionados con los sospechosos. Dos jóvenes prestaron declaración en el sumario judicial.
Todo comenzó ayer en el mismo Parque, con la presencia del juez, Ariel Belda Palomar; el director de Defensa del Medio Ambiente, comisario Maximiliano Jaques; el segundo jefe de la Unidad Regional XIV, comisario inspector Gustavo Mateo Braganza, y una comisión de la Dirección de Control Forestal, a cargo de Mateo Sosa.
Se hizo un relevamiento en el sector donde se produjo el apeo ilegal.  Allí, se encontraron los rastros de una motoarrastradora utilizada para el transporte de los rollos. Las huellas conducían a un lote lindante, propiedad privada.
Un rastrillaje en el lugar, siguiendo las marcas, permitió a los investigadores encontrar oculta en el monte una máquina Caterpillar CAT 518 amarilla, que fue trasladada y depositada en la comisaría de Tobuna.
Según un comunicado del Ministerio de Ecología, “el dueño del aserradero habría reconocido que el propietario del lote allanado el lunes, donde se halló oculta la motoarrastradora y que se encuentra lindante a Piñalito, fue quien le proveyó de la madera ahora incautada”.

Traslado de guardaparques
Desde Ecología se informó que se ordenó el traslado de los dos únicos guardaparques de Piñalito que estaban de guardia cuando se presume que sucedió el robo.
En su lugar, fue asignado personal proveniente de otros parques. Esto fue informado por el Ministerio, pero lo curioso es que no hay certeza de cuáles fueron los días precisos del robo ya que, a juzgar por la cantidad de árboles extraídos, se estima que trabajaron como mínimo unos diez días.
Según averiguaciones de PRIMERA EDICIÓN el traslado se habría producido con el argumento de “cuestiones de seguridad”, sin embargo esta acción despertó la alarma entre los colegas de otros parques a raíz de que se pretenda “cortar el hilo por lo más fino” y sancionar a los trabajadores cuando en realidad lo que hace falta son recursos humanos e infraestructura para cumplir mejor las tareas. Como publicó este Diario el domingo, el Parque tiene más de 3.000 hectáreas y solamente se cubre con una guardia mínima de dos guardaparques por turno, que prácticamente no pueden abandonar su destacamento para patrullar porque no quedaría nadie en el lugar.
Varios guardaparques consultados, sobre todo los que tienen resguardo gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que podría haber movilizaciones y protestas en caso de que sancionen a los trabajadores. Hablaron con PRIMERA EDICIÓN  y explicaron que carecen totalmente de recursos e infraestructura para cumplir con la tarea de frenar la tala y la cacería. Se debería, como mínimo duplicar la cantidad de guardaparques de guardia para realizar patrullas. Además, explicaron que no tienen camionetas ni combustible y el sistema de comunicación entre parques es un fracaso.
La última versión que circuló podría complicar a otros funcionarios de Posadas si se comprueba.
Un guardaparques jubilado que vive cerca habría escuchado el ruido de maquinaria y motosierras dentro del parque y habría dado aviso al Ministerio, pero nadie atendió su denuncia y no enviaron ningún control. Si esto se comprueba, los responsables podrían estar en Posadas y no en el monte.

Cerca de 80 árboles que superan $100 millones
El robo se conoció durante la primera semana de enero pero se habría producido durante las fiestas de fin de año. El Parque Piñalito Sur se trata de un área natural protegida -de una extensión de más de tres mil hectáreas- de categoría roja, intangible (está totalmente prohibida la extracción de bosque nativo) y que alberga una variedad importante de flora y fauna autóctona.
El episodio fue descubierto durante una inspección de rutina que se llevó adelante en el lugar por la Dirección de Control Forestal.
Ecología informó al respecto que “desconocidos habían abierto un camino y luego extrajeron ejemplares de especies nativas de gran porte, algunos de hasta 15 metros de altura. En el lugar había rastros de la utilización de maquinaria pesada (tipo motoarrastradora forestal)”.
PRIMERA EDICIÓN publicó el domingo que, en principio, fueron unos 40 árboles de alto valor comercial, de muy buen diámetro y altura, de especies como cedro, incienso, anchico y grapia.
Sin embargo, luego del operativo del lunes, se supo que serían más de 80 los árboles talados, muy grandes y antiguos por estar en una zona protegida, y que el valor comercial, como mercadería en base a una estimación de los metros cúbicos de madera extraída, supera los $100 millones.
.

Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
.

"Se violaron normas nacionales": indignación y denuncia por un desmonte en las yungas tucumanas

Fecha de Publicación: 02/01/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de Tafí Viejo realizó una denuncia por la tala de árboles y movimiento de suelo que se llevaba a cabo en una zona protegida. Videos.
Una denuncia del Grupo Ecologista Pro Eco y de vecinos de la zona, alertaron a la Municipalidad de Tafí Viejo para que detenga un desmonte ilegal que se llevaba a cabo en la yunga tucumana.
Los videos y las imágenes compartidas por el periodista David Correa en su cuenta de X, evidenciaban el daño que las máquinas causaban la zona de Uttinger al 1.400, dentro del municipio taficino.
Por esta razón, este lunes, Daniela Díaz Rudolf, de la dirección de medio ambiente de la municipalidad, dio una entrevista a FM La Tucumana 95.9, donde dio detalles de lo que ocurrió en la zona y las acciones tomadas para impedirlo. "Los operativos se sucedieron este fin de semana durante el viernes y el sábado a partir de una denuncia de vecinos y de una asociación civil es que se conoce la situación de un desmonte que estaba sucediendo en Uttinger al 1.400, donde se acercó el personal de inspección ambiental y de la dirección de inspección general, dos áreas competentes para abordar la temática, nos constataron de que había habido un desmonte, una extracción de árboles, tala, una remoción de suelo. No se encontró la maquinaria, no se encontró a los responsables en el lugar y en ese mismo instante se dio intervención a la policía de delitos Rurales y a la dirección de Flora y Fauna de la Provincia, que son también organismos competentes para poder eh realizar las actas correspondientes de infracción y poder encontrar a los responsables y, por lo tanto, penalizar", explicó la funcionaria.
Tras constatar las denuncias, desde el municipio labraron las actas correspondientes, como también la Provincia. "Nosotros tenemos en Tucumán diferentes leyes que van protegiendo nuestras yungas, nuestro pedemonte. En eso tenemos la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, la ley del ambiente y sobre todo Tafí Viejo en el 2020, pudo sancionar un código ambiental donde por supuesto también penaliza este tipo de acciones", aclaró.
"Los siguientes pasos es que se avance con las denuncias penales correspondientes, tanto desde el municipio como desde la Provincia. En esto ya también tiene que ir tomando intervención la Provincia, hacer los informes y elevarlos a la justicia penal, ya que lo que se violó, fueron normas nacionales. Entonces tenemos que verlo desde lo Federal", agregó.
Por último, sobre los culpables, Díaz Rudolf  dijo que "se menciona a una persona que es apellido Moyano, que es el propietario de la de las máquinas con las que se estaba realizando el desmonte". "Ya queda todo asentado, como denuncia: videos, fotos, tenemos la inspección in situ. O sea que son como muchos antecedentes que se van juntando para justamente demostrar lo que se está sucediendo", cerró.
.