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Terminan de destruír los terraplenes en Yahaveré
12:53 | 
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Yahaveré. Se dio por cumplida la sentencia de destrucción del terraplén
Fecha de Publicación: 02/06/2014
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) se notificó de la Resolución judicial que dio por concluida las obras de destrucción del terraplén de Yahaveré que fuera constatada en el marco de la causa: “Leiva Bruno c/Forestal Andina S.A. S/Sumarísimo”dando así por cumplida la sentencia recaída en dichos autos y ordenando el archivo de las actuaciones en su oportunidad.
La obra de destrucción fue realizada por la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia, conforme a un plan de trabajo presentado en su oportunidad y aprobado por todas las partes, donde la supervisión estuvo a cargo de profesionales del ICAA.
En la sentencia judicial se destaca la constatación personal de esa destrucción, mediante una inspección judicial realizada el 16 de mayo pasado y el cumplimiento del acuerdo de partes que tuvo lugar en junio del 2013. En esa recorrida de campo se constató que la parte del terraplén -cuya destrucción se acordó en audiencia- se efectuó adecuadamente por la Dirección Provincial de Vialidad.
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Fecha de Publicación: 02/06/2014
Fuente: ICAA
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) se notificó de la Resolución judicial que dio por concluida las obras de destrucción del terraplén de Yahaveré que fuera constatada en el marco de la causa: “Leiva Bruno c/Forestal Andina S.A. S/Sumarísimo”dando así por cumplida la sentencia recaída en dichos autos y ordenando el archivo de las actuaciones en su oportunidad.
La obra de destrucción fue realizada por la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia, conforme a un plan de trabajo presentado en su oportunidad y aprobado por todas las partes, donde la supervisión estuvo a cargo de profesionales del ICAA.
En la sentencia judicial se destaca la constatación personal de esa destrucción, mediante una inspección judicial realizada el 16 de mayo pasado y el cumplimiento del acuerdo de partes que tuvo lugar en junio del 2013. En esa recorrida de campo se constató que la parte del terraplén -cuya destrucción se acordó en audiencia- se efectuó adecuadamente por la Dirección Provincial de Vialidad.
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Demolieron terraplén en el río Salado
Removieron el tapón clandestino que obstruía el paso del el río Salado
Fecha de Publicación: 20/01/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santiago del Estero - Santa Fe
El ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, lo había pedido hace unos días en una reunión con autoridades nacionales y de las provincias de Santiago y Salta
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, indicó que Santiago del Estero concretó la remoción total del terraplén construido de forma ilegal sobre el río Salado en jurisdicción de la provincia de Santiago del Estero a la altura del límite interprovincial.
"Equipos técnicos de nuestra cartera que fueron al lugar, el senador del departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo y autoridades de la Cooperativa de Agua de la localidad de Tostado fueron quienes confirmaron tal acción" indicó el funcionario provincial.
Cabe recordar que fueron intensos los reclamos de la provincia de Santa Fe para buscar una solución definitiva en la cuenca del río Salado y la provisión de agua en el norte provincial. Hubo reuniones con el subsecretario de Recursos Hídricos nacional, Edgardo Bortolozzi, con autoridades de Salta y Santiago del Estero y con legisladores del departamento 9 de Julio en las últimas dos semanas.
En cada encuentro se dijo "que sea la Nación quien garantice una respuesta definitiva para la situación del norte de la provincia de Santa Fe, la remoción inmediata del terraplén que se construyó de forma unilateral en jurisdicción de Santiago del Estero para retener agua del Salado, y garantizar el paso de 1,5 m3 de agua por segundo. La remoción de este tapón clandestino es una de las respuestas esperadas, pero nuestros equipos técnicos están aforando para confirmar que se cumpla con el compromiso de derogar 1,5 m3 de agua por segundo en el límite provincial", dijo Ciancio, y agregó "seguiremos bregando por acuerdos duraderos y no que cada verano tengamos que empezar de nuevo".
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Fecha de Publicación: 20/01/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santiago del Estero - Santa Fe
El ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, lo había pedido hace unos días en una reunión con autoridades nacionales y de las provincias de Santiago y Salta
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, indicó que Santiago del Estero concretó la remoción total del terraplén construido de forma ilegal sobre el río Salado en jurisdicción de la provincia de Santiago del Estero a la altura del límite interprovincial.
"Equipos técnicos de nuestra cartera que fueron al lugar, el senador del departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo y autoridades de la Cooperativa de Agua de la localidad de Tostado fueron quienes confirmaron tal acción" indicó el funcionario provincial.
Cabe recordar que fueron intensos los reclamos de la provincia de Santa Fe para buscar una solución definitiva en la cuenca del río Salado y la provisión de agua en el norte provincial. Hubo reuniones con el subsecretario de Recursos Hídricos nacional, Edgardo Bortolozzi, con autoridades de Salta y Santiago del Estero y con legisladores del departamento 9 de Julio en las últimas dos semanas.
En cada encuentro se dijo "que sea la Nación quien garantice una respuesta definitiva para la situación del norte de la provincia de Santa Fe, la remoción inmediata del terraplén que se construyó de forma unilateral en jurisdicción de Santiago del Estero para retener agua del Salado, y garantizar el paso de 1,5 m3 de agua por segundo. La remoción de este tapón clandestino es una de las respuestas esperadas, pero nuestros equipos técnicos están aforando para confirmar que se cumpla con el compromiso de derogar 1,5 m3 de agua por segundo en el límite provincial", dijo Ciancio, y agregó "seguiremos bregando por acuerdos duraderos y no que cada verano tengamos que empezar de nuevo".
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Esteros del Iberá en manos de empresas
Reclamos en los esteros
Fecha de Publicación: 24/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
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Fecha de Publicación: 24/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
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Terraplenes y fumigaciones hacen peligrar el Delta
Cómo evitar un naufragio en el Delta
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Comenzaron a detruir los terraplenes de Corrientes
Supervisaron la destrucción del terraplén de Yahaveré
Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) constató mediante una nueva inspección, los trabajos de destrucción del terraplén no autorizado en Yahaveré, departamento de Concepción, a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 4, que ordenó retrotraer a las condiciones existentes antes de la realización de las obras.
Cabe recordar que dicha medida sólo dictaminó respecto a la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) previo al inicio de la obra cuestionada, en ningún momento dictaminó sobre el impacto ambiental que la obra ocasionó. Las tareas para la destrucción de los tramos que aún quedan del terraplén se desarrollan conforme a un plan de trabajo presentado por el Icaa y aprobado por el juez que entiende en la causa. Se constató además que se encuentran en la zona de obra todos los equipamientos necesarios para la ejecución de las mismas por parte de la DPV.
Se estableció así disminuir la rasante del camino hasta alcanzar las cotas definidas, el tipo de máquina a utilizar como también sobre el retiro del excedente del camino y depósito del mismo.
El terraplén fue construido con suelo del lugar, extraído de ambos costados del mismo, con alturas variables de entre 90 centímetros y 1,20 metros, sin la compactación mecánica que se utiliza en una ruta convencional, por lo que a la acción de los agentes climatológicos de los últimos meses se sumó el paso del tiempo, que realizó el trabajo de erosión y destrucción.
El Icaa aconsejó hacer la tarea lo más rápido posible, buscando reducir la intervención al hábitat natural a lo indispensable, evitando de ese modo disturbar la abundante presencia de fauna autóctona presente en el paisaje construido.
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Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) constató mediante una nueva inspección, los trabajos de destrucción del terraplén no autorizado en Yahaveré, departamento de Concepción, a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 4, que ordenó retrotraer a las condiciones existentes antes de la realización de las obras.Cabe recordar que dicha medida sólo dictaminó respecto a la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) previo al inicio de la obra cuestionada, en ningún momento dictaminó sobre el impacto ambiental que la obra ocasionó. Las tareas para la destrucción de los tramos que aún quedan del terraplén se desarrollan conforme a un plan de trabajo presentado por el Icaa y aprobado por el juez que entiende en la causa. Se constató además que se encuentran en la zona de obra todos los equipamientos necesarios para la ejecución de las mismas por parte de la DPV.
Se estableció así disminuir la rasante del camino hasta alcanzar las cotas definidas, el tipo de máquina a utilizar como también sobre el retiro del excedente del camino y depósito del mismo.
El terraplén fue construido con suelo del lugar, extraído de ambos costados del mismo, con alturas variables de entre 90 centímetros y 1,20 metros, sin la compactación mecánica que se utiliza en una ruta convencional, por lo que a la acción de los agentes climatológicos de los últimos meses se sumó el paso del tiempo, que realizó el trabajo de erosión y destrucción.
El Icaa aconsejó hacer la tarea lo más rápido posible, buscando reducir la intervención al hábitat natural a lo indispensable, evitando de ese modo disturbar la abundante presencia de fauna autóctona presente en el paisaje construido.
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El terraplén de Yahaveré se demolerá
Gobierno confirma demolición de terraplén de Yahaveré
Fecha de Publicación: 25/06/2013
Fuente: Impacto Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
En el marco del Plan de Desarrollo Ecoturístico, se inauguraron dependencias de la Subsecretaría de Turismo, Recursos Naturales, Parques y Reservas, con la presencia de funcionarios provinciales. En el flamante edificio del Centro de Interpretación de Concepción del Yaguareté Corá se inauguraron, este viernes 21, las delegaciones de la Subsecretaría de Turismo de la provincia y de las direcciones de Parques y Reservas y de Recursos Naturales.
Durante ese acto, el senador Sergio Flinta anunció el convenio de partes con la justicia para la demolición del polémico terraplén de Yahaveré, ordenada por la justicia en 2007 y que sería el causante de la grave inundación de los parajes de la zona.
La demolición además de atender un fallo judicial, se haría en acuerdo con la justicia, precisó el senador provincial.
Cabe recordar que sobre el terraplén la última medda judicial se trata de un pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV en donde se llama a acelerar la demolición del muro denunciado por pobladores y ecologistas por daños contra propiedades y el ecosistema.
En el fallo se insta a los jueces Carlos Anibal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni a concretar la demolición.
"Las sentencias judiciales están para cumplirse" se lee en uno de los párrafos del fallo de la Cámara.
Se dice que "la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además construyó otros terraplenes que pueden causar un grave perjuicio al ecosistema Iberá”.
La Cámara de Apelaciones advierte que si el terraplén es reemplazado por otros se consumará una burla a la justicia.
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Fecha de Publicación: 25/06/2013
Fuente: Impacto Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
En el marco del Plan de Desarrollo Ecoturístico, se inauguraron dependencias de la Subsecretaría de Turismo, Recursos Naturales, Parques y Reservas, con la presencia de funcionarios provinciales. En el flamante edificio del Centro de Interpretación de Concepción del Yaguareté Corá se inauguraron, este viernes 21, las delegaciones de la Subsecretaría de Turismo de la provincia y de las direcciones de Parques y Reservas y de Recursos Naturales.Durante ese acto, el senador Sergio Flinta anunció el convenio de partes con la justicia para la demolición del polémico terraplén de Yahaveré, ordenada por la justicia en 2007 y que sería el causante de la grave inundación de los parajes de la zona.
La demolición además de atender un fallo judicial, se haría en acuerdo con la justicia, precisó el senador provincial.
Cabe recordar que sobre el terraplén la última medda judicial se trata de un pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV en donde se llama a acelerar la demolición del muro denunciado por pobladores y ecologistas por daños contra propiedades y el ecosistema.
En el fallo se insta a los jueces Carlos Anibal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni a concretar la demolición.
"Las sentencias judiciales están para cumplirse" se lee en uno de los párrafos del fallo de la Cámara.
Se dice que "la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además construyó otros terraplenes que pueden causar un grave perjuicio al ecosistema Iberá”.
La Cámara de Apelaciones advierte que si el terraplén es reemplazado por otros se consumará una burla a la justicia.
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Justicia correntina orden demolición de terraplenes
Jueces ratifican orden de demolición de terraplenes construidos en el Iberá
Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Política Correntina
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia correntina volvió a expedirse en contra de la construcción de terraplenes en la Reserva del Iberá. En un pronunciamiento firmado por los jueces Carlos Aníbal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni, se ordena concretar la demolición tras la denuncia hecha por pobladores y ecologistas en agosto, por el inicio de nuevos trabajos en la zona.
En el expediente Nº 74.036, de la Cámara Sala IV, fallo del 5 de noviembre, los jueces señalan que “Las sentencias judiciales están para cumplirse. 3- En el caso la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además realizo una serie de obras que no sólo continuaron sino que constituyen un conjunto de terraplenes que, en nuestra opinión -ratificada por el Alto Cuerpo en su decisorio ya mencionado- pueden constituir un grave perjuicio al ecosistema Iberá.”
Desde la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, señalan que no se cumplió con la sentencia firme de demoler el terraplén (2007), y se comenzó a ampliarlo. Esto fue denunciado por la Organización Ecologistas “Guardianes del Iberá” (animadora de la campaña “Salvemos al Iberá”) el 13 de Agosto de este año con presentaciones administrativas en el Icaa que fueron acompaña por protestas”.
Destacan además que los jueces de la Cámara de Apelaciones decían en su fallo “podemos llegar a la conclusión de que todo este largo proceso terminaría con la demolición de lo construido por la demandada, pero reemplazado por otra obra de similares características, lo que de admitirse constituiría además de una grave burla al poder jurisdiccional, un nuevo e igual peligro para el ecosistema del Iberá y esto debe prevenirse por mandato legal y constitucional”.
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Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Política Correntina
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia correntina volvió a expedirse en contra de la construcción de terraplenes en la Reserva del Iberá. En un pronunciamiento firmado por los jueces Carlos Aníbal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni, se ordena concretar la demolición tras la denuncia hecha por pobladores y ecologistas en agosto, por el inicio de nuevos trabajos en la zona.En el expediente Nº 74.036, de la Cámara Sala IV, fallo del 5 de noviembre, los jueces señalan que “Las sentencias judiciales están para cumplirse. 3- En el caso la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además realizo una serie de obras que no sólo continuaron sino que constituyen un conjunto de terraplenes que, en nuestra opinión -ratificada por el Alto Cuerpo en su decisorio ya mencionado- pueden constituir un grave perjuicio al ecosistema Iberá.”
Desde la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, señalan que no se cumplió con la sentencia firme de demoler el terraplén (2007), y se comenzó a ampliarlo. Esto fue denunciado por la Organización Ecologistas “Guardianes del Iberá” (animadora de la campaña “Salvemos al Iberá”) el 13 de Agosto de este año con presentaciones administrativas en el Icaa que fueron acompaña por protestas”.
Destacan además que los jueces de la Cámara de Apelaciones decían en su fallo “podemos llegar a la conclusión de que todo este largo proceso terminaría con la demolición de lo construido por la demandada, pero reemplazado por otra obra de similares características, lo que de admitirse constituiría además de una grave burla al poder jurisdiccional, un nuevo e igual peligro para el ecosistema del Iberá y esto debe prevenirse por mandato legal y constitucional”.
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Ayuí: fallo a favor de la provincia por parte de la CSJ
Corte Suprema reconoce postura de Corrientes en caso Ayuí
Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia avaló la postura del Gobierno de Corrientes en una causa iniciada contra el Estado Nacional por el proyecto de represa Ayuí. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto. Admitió que una decisión de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes se remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti por compartir sus argumentos y “en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias”.
La provincia había pedido solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Más precisamente, Corrientes presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
El Gobierno de Corrientes cuestionó la medida de la Secretaría de Ambiente en cuanto por su intermedio el Gobierno Nacional decidió que las obras del proyecto productivo Ayuí Grande llevadas a cabo por la Provincia resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y las leyes 25.675 del Ambiente y 26.331 de Bosques Nativos.
Además consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y además viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su falló se basó en el dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti quien sostuvo que correspondía la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación “en atención a la naturaleza de la partes enfrentadas en el proceso”.
La Procuradora Fiscal destacó que “la provincia de Corrientes –a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional –que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-”.
“La única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria”, por lo que “opino que la causa debe tramitar ante los estrados del Alto Tribunal”, aseveró después la funcionaria del Ministerio Público.
En consecuencia, y conforme el dictamen de la Procuración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la acción iniciada por la provincia de Corrientes, para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones cuestionadas, era parte de su competencia originaria.
Además la Corte de la Nación ordenó correr traslado de la demanda al accionado, el Estado Nacional, por el plazo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia avaló la postura del Gobierno de Corrientes en una causa iniciada contra el Estado Nacional por el proyecto de represa Ayuí. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto. Admitió que una decisión de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes se remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti por compartir sus argumentos y “en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias”.
La provincia había pedido solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Más precisamente, Corrientes presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
El Gobierno de Corrientes cuestionó la medida de la Secretaría de Ambiente en cuanto por su intermedio el Gobierno Nacional decidió que las obras del proyecto productivo Ayuí Grande llevadas a cabo por la Provincia resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y las leyes 25.675 del Ambiente y 26.331 de Bosques Nativos.
Además consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y además viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su falló se basó en el dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti quien sostuvo que correspondía la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación “en atención a la naturaleza de la partes enfrentadas en el proceso”.
La Procuradora Fiscal destacó que “la provincia de Corrientes –a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional –que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-”.
“La única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria”, por lo que “opino que la causa debe tramitar ante los estrados del Alto Tribunal”, aseveró después la funcionaria del Ministerio Público.
En consecuencia, y conforme el dictamen de la Procuración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la acción iniciada por la provincia de Corrientes, para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones cuestionadas, era parte de su competencia originaria.
Además la Corte de la Nación ordenó correr traslado de la demanda al accionado, el Estado Nacional, por el plazo de sesenta días.
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Delta del Paraná en emergencia ambiental
Piden emergencia ambiental y frenar los terraplenes en las islas
Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: la Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un conjunto de organizaciones ciudadanas de la región presentó ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas de la vecina provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná.
Cinco organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación M'biguá un proyecto para declarar "la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41º, 43º y 124º de la Constitución nacional, y 83º a 86º de la Constitución de Entre Ríos", reza el texto de la iniciativa.
El proyecto está dirigido particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y fue elaborado "a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de Bosque Nativo", con el propósito de impulsar y retomarlo.
La ONG pide además "acompañar el Piecas y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta", según señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).
Fundamentos. A finales de julio, un equipo formado por miembros del Taller Ecologista y la Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes.
Una de las irregularidades más graves que pudieron comprobar los ambientalistas es la que tiene como responsable a " la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10 mil hectáreas en las islas entrerrianas, que ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato", señala un comunicado de la Red Delta del Paraná.
Simultáneamente, el movimiento de ciudadanos autoconvocados "El Paraná No se Toca" alertaba sobre el cierre de un curso de agua en el humedal, frente a la costa rosarina, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria.
Esta misma organización denunció el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, de los que productores isleños se valen para resguardar ganado, abrir caminos, y alterar los cursos de agua, según sus necesidades. Y a principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más, además de los denunciados.
Después de que derogara en enero pasado una ley de explotación arrocera de algunos sectores del Delta, el Ejecutivo entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero según las organizaciones todavía no se han producido novedades al respecto. "Ello profundizó la necesidad de avanzar con esta iniciativa" para la declaración de la emergencia ambiental en los humedales de Entre Ríos y la prohibición del desmonte y de "toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a las normas del Código Civil y de la Constitución Provincial", concluyó la ONG.
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Fecha de Publicación: 20/08/2012
Fuente: la Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un conjunto de organizaciones ciudadanas de la región presentó ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas de la vecina provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná.Cinco organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación M'biguá un proyecto para declarar "la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41º, 43º y 124º de la Constitución nacional, y 83º a 86º de la Constitución de Entre Ríos", reza el texto de la iniciativa.
El proyecto está dirigido particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y fue elaborado "a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de Bosque Nativo", con el propósito de impulsar y retomarlo.
La ONG pide además "acompañar el Piecas y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta", según señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).
Fundamentos. A finales de julio, un equipo formado por miembros del Taller Ecologista y la Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes.
Una de las irregularidades más graves que pudieron comprobar los ambientalistas es la que tiene como responsable a " la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10 mil hectáreas en las islas entrerrianas, que ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato", señala un comunicado de la Red Delta del Paraná.
Simultáneamente, el movimiento de ciudadanos autoconvocados "El Paraná No se Toca" alertaba sobre el cierre de un curso de agua en el humedal, frente a la costa rosarina, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria.
Esta misma organización denunció el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, de los que productores isleños se valen para resguardar ganado, abrir caminos, y alterar los cursos de agua, según sus necesidades. Y a principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más, además de los denunciados.
Después de que derogara en enero pasado una ley de explotación arrocera de algunos sectores del Delta, el Ejecutivo entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero según las organizaciones todavía no se han producido novedades al respecto. "Ello profundizó la necesidad de avanzar con esta iniciativa" para la declaración de la emergencia ambiental en los humedales de Entre Ríos y la prohibición del desmonte y de "toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a las normas del Código Civil y de la Constitución Provincial", concluyó la ONG.
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Operativos para detectar terraplenes en Entre Ríos
Intensifican operativos aéreos para detectar terraplenes
Fecha de Publicación: 13/08/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial constató la existencia de un terraplén y dos obstrucciones a cursos de agua en la zona de islas del departamento Victoria, y se intimó al propietario. Esta semana se continuará con inspecciones, esta vez desde el aire, para relevar otras zonas.
La presencia de un terraplén y dos obstrucciones al curso de agua fue verificada en un recorrido por la Isla de Ceibal realizado por técnicos de la Secretaría de Ambiente y la comuna de Victoria. El organismo provincial envió una carta documento al propietario de la isla para que, en 10 días, presente la documentación habilitante y el Estudio de Impacto Ambiental. Ahora se planificaron otras recorridas aéreas por la zona durante esta semana y se hará un inventario las obras ilegales de obstrucción detectadas.
“No estamos en contra de las obras ni del desarrollo de actividades productivas siempre y cuando se realicen cumpliendo los requerimientos específicos de la legislación ambiental vigente y habiendo elaborado el Estudio de Impacto Ambiental previo”, explicó el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, y reiteró que “este tipo de trabajos provocan impactos que en muchos casos son irreversibles en el ambiente”.
Personal de la Secretaría de Ambiente volverá a realizar recorridos sobre el departamento Victoria esta semana pero en esta ocasión serán aéreos, a partir de los cuales se realizará un inventario con los lugares donde existen las obstrucciones o terraplenes.
Los trabajos se realizan mediante el movimiento y acumulación de suelo obstruyendo un curso de agua, y suelen ejecutarse para hacer un camino o evitar inundaciones.
Constatación
Días pasados, y luego de que una ONG ambientalista rosarina denunciara la construcción de terraplenes sin autorización, técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia recorrieron en lancha la Isla de Ceibal, acompañados por dos agentes de la Policía y dos municipales de la Delegación de Islas. En el lugar se tomaron fotografías y coordenadas geográficas y se pudo constatar la presencia de dos obstrucciones en el curso de agua, que tienen su naciente en el arroyo Meones Chico y su desembocadura en una Laguna Abierta.
Se pudo observar que, paralelo al curso de agua y hasta la distancia de la segunda obstrucción, se encuentra construido un terraplén de aproximadamente 1,5 metros de ancho.
Se labró un acta de constatación y se envió una carta documento al propietario del lugar donde se constataron los terraplenes para que en un plazo de 10 días presente la documentación habilitante para realizarlos y el Estudio de Impacto Ambiental.
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Fecha de Publicación: 13/08/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial constató la existencia de un terraplén y dos obstrucciones a cursos de agua en la zona de islas del departamento Victoria, y se intimó al propietario. Esta semana se continuará con inspecciones, esta vez desde el aire, para relevar otras zonas.La presencia de un terraplén y dos obstrucciones al curso de agua fue verificada en un recorrido por la Isla de Ceibal realizado por técnicos de la Secretaría de Ambiente y la comuna de Victoria. El organismo provincial envió una carta documento al propietario de la isla para que, en 10 días, presente la documentación habilitante y el Estudio de Impacto Ambiental. Ahora se planificaron otras recorridas aéreas por la zona durante esta semana y se hará un inventario las obras ilegales de obstrucción detectadas.
“No estamos en contra de las obras ni del desarrollo de actividades productivas siempre y cuando se realicen cumpliendo los requerimientos específicos de la legislación ambiental vigente y habiendo elaborado el Estudio de Impacto Ambiental previo”, explicó el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, y reiteró que “este tipo de trabajos provocan impactos que en muchos casos son irreversibles en el ambiente”.
Personal de la Secretaría de Ambiente volverá a realizar recorridos sobre el departamento Victoria esta semana pero en esta ocasión serán aéreos, a partir de los cuales se realizará un inventario con los lugares donde existen las obstrucciones o terraplenes.
Los trabajos se realizan mediante el movimiento y acumulación de suelo obstruyendo un curso de agua, y suelen ejecutarse para hacer un camino o evitar inundaciones.
Constatación
Días pasados, y luego de que una ONG ambientalista rosarina denunciara la construcción de terraplenes sin autorización, técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia recorrieron en lancha la Isla de Ceibal, acompañados por dos agentes de la Policía y dos municipales de la Delegación de Islas. En el lugar se tomaron fotografías y coordenadas geográficas y se pudo constatar la presencia de dos obstrucciones en el curso de agua, que tienen su naciente en el arroyo Meones Chico y su desembocadura en una Laguna Abierta.
Se pudo observar que, paralelo al curso de agua y hasta la distancia de la segunda obstrucción, se encuentra construido un terraplén de aproximadamente 1,5 metros de ancho.
Se labró un acta de constatación y se envió una carta documento al propietario del lugar donde se constataron los terraplenes para que en un plazo de 10 días presente la documentación habilitante para realizarlos y el Estudio de Impacto Ambiental.
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Islas del Delta del Paraná: medidas para protegerlas
Santa Fe y Entre Ríos abordan conjuntamente la problemática ambiental de las islas del Delta del Paraná
Fecha de Publicación: 01/08/2012
Fuente: AgenciaFe - Infoambiente
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler brindó detalles del encuentro su par de la provincia de Entre Ríos, Fernando Raffo. Está en vigencia una prohibición de quema, se están labrando actas en las zonas afectadas por incendios y se está tomando intervención en las construcciones no autorizadas de terraplenes.
Mackler indicó que “el abordaje de las inquietudes de los últimos acontecimientos de quema de pastizales, construcción de terraplenes, entre otros no escapan a los temas de agenda que continuamente coordinamos y dialogamos”.
“Raffo me comunicó una serie de medidas que la provincia de Entre Ríos está implementando ya que es la autoridad con jurisdicción para intervenir en los hechos antes mencionados” y detalló “desde el pasado 26 de julio rige una orden provincial que prohíbe la quema en zona de islas, al tiempo que se comenzaron a labrar una serie de actas, acompañadas del peritaje correspondiente en las zonas donde hubo este tipo de siniestros”.
Muchos de los focos de incendios fueron detectados por un equipo de sistema satelital y por el avión vigía del Sistema Nacional del Fuego al que ambas provincias litoraleñas están adheridos.
Otro tema abordado por los funcionarios del área ambiental tiene que ver con la construcción de un terraplén a la altura de la localidad de Victoria. En tal sentido Raffo informó que “se está tomando intervención desde la cartera a su cargo y que se procederá en forma similar al protocolo aplicado en la localidad de Colón, donde ante la construcción de un terraplén se procedió al dictado de una resolución avalada por decreto del gobernador ordenando el desmantelamiento del mismo”.
Mackler adelantó que la semana próxima está agendada una reunión con su par entrerriano a fin de evaluar el avance del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Piecas) del Delta y para evaluar la posibilidad de generar un Sitio Ramsar compartido por ambas provincias.
Finalmente, Mackler destacó la estrecha relación en materia ambiental que mantienen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sostuvo que “el desarrollo sustentable de la región y el cuidado del medio ambiente es el objetivo primordial y común que sortea cualquier tipo de circunstancias de orden jurídico - administrativa o de límites geográficos y se plasma en un trabajo compartido y a la par”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2012
Fuente: AgenciaFe - Infoambiente
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler brindó detalles del encuentro su par de la provincia de Entre Ríos, Fernando Raffo. Está en vigencia una prohibición de quema, se están labrando actas en las zonas afectadas por incendios y se está tomando intervención en las construcciones no autorizadas de terraplenes.Mackler indicó que “el abordaje de las inquietudes de los últimos acontecimientos de quema de pastizales, construcción de terraplenes, entre otros no escapan a los temas de agenda que continuamente coordinamos y dialogamos”.
“Raffo me comunicó una serie de medidas que la provincia de Entre Ríos está implementando ya que es la autoridad con jurisdicción para intervenir en los hechos antes mencionados” y detalló “desde el pasado 26 de julio rige una orden provincial que prohíbe la quema en zona de islas, al tiempo que se comenzaron a labrar una serie de actas, acompañadas del peritaje correspondiente en las zonas donde hubo este tipo de siniestros”.
Muchos de los focos de incendios fueron detectados por un equipo de sistema satelital y por el avión vigía del Sistema Nacional del Fuego al que ambas provincias litoraleñas están adheridos.
Otro tema abordado por los funcionarios del área ambiental tiene que ver con la construcción de un terraplén a la altura de la localidad de Victoria. En tal sentido Raffo informó que “se está tomando intervención desde la cartera a su cargo y que se procederá en forma similar al protocolo aplicado en la localidad de Colón, donde ante la construcción de un terraplén se procedió al dictado de una resolución avalada por decreto del gobernador ordenando el desmantelamiento del mismo”.
Mackler adelantó que la semana próxima está agendada una reunión con su par entrerriano a fin de evaluar el avance del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Piecas) del Delta y para evaluar la posibilidad de generar un Sitio Ramsar compartido por ambas provincias.
Finalmente, Mackler destacó la estrecha relación en materia ambiental que mantienen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sostuvo que “el desarrollo sustentable de la región y el cuidado del medio ambiente es el objetivo primordial y común que sortea cualquier tipo de circunstancias de orden jurídico - administrativa o de límites geográficos y se plasma en un trabajo compartido y a la par”.
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Santa Fe: ganadero cerró un arroyo del Delta
Repudian a ganadero que cerró un arroyo y preparan relevamiento de las islas
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Ecologistas reiteran que el Iberá está en peligro
Ecologistas reiteran que el Iberá está en peligro
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
En el Día Mundial de los Humedales, el ecologista a cargo de la campaña “Salvemos al Iberá” reitera la advertencia que los esteros correntinos “están en grave peligro”. El Iberá es uno de los humedales de agua dulce más importantes de Argentina y Latinoamérica. La Reserva Provincial del Iberá se creó en 1983 por ley y fue declarado humedal de importancia internacional en 2001.
El territorio correntino cuenta con una importante porción de superficie que se encuentra protegida pues se trata de una reserva natural que fue declarada además de importancia internacional. Se trata de los Esteros del Iberá y, precisamente hoy, que se recuerda el Día Internacional de los Humedales, es pertinente recordar que se encuentra en Centro-Noreste de la provincia, entre otras cosas.
Los humedales son áreas que se inundan de manera temporal o permanente, donde el agua juega un rol fundamental en su ecosistema y en la determinación de su estructura. Para proteger esta zona, se creo la Reserva Provincial del Iberá en abril de 1983 por Ley Provincial Nº 3771. También fue declarado sitio Ramsar o Humedal de importancia internacional en el año 2001. En 2007 se declaró Area de Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) y finalmente en el año 2009 se conviertió en Parque Provincial.
De acuerdo a lo qu explican especialistas, esta reserva ya protegida por ley, se encuentra gravemente amenazada por la actividad ilegal de particulares. "Desgraciadamente, muchas de las actividades productivas realizadas en el área no cuentan con los estudios de impacto ambiental a escala de cuenca y realizan alteraciones ilegales en la dinámica hídrica del Iberá", comentó Emilio Spataro coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá.
"Los emprendimientos productivos no tienen porqué ser perjudiciales para la reserva, siempre y cuando se desarrollen con métodos de bajo impacto ambiental y cumpliendo con la normativa ambiental vigente", agregó Spataro.
En ese marco, enumeró que existen 4 amenazas principales dentro de la Reserva: el robo del agua, los terraplenes y canales, el robo de tierras de dominio público y las forestaciones.
En cuanto al robo de agua, señala que “de conformidad con la Constitución Provincial y el Código de Aguas, el agua dentro de la Provincia de Corrientes constituye un recurso natural de dominio originario del Estado, y es considerado un bien social esencial para la vida”.
Sin embargo, “en los Esteros del Iberá existen 10 arroceras que están construidas dentro de la Reserva Provincial, que se encuentran al margen de la ley, llevándose de manera gratuita y sin autorización legal el recurso mas preciado, el agua de todos los correntinos”.
En tanto, los terraplenes ilegales conforman una barrera para el normal escurrimiento de las aguas generando una radical alteración del ecosistema.
La demanda de accesos vehiculares a todos los rincones de los campos y las actividades turísticas con accesos privados a espejos de agua en el interior de los esteros, han incrementado la aparición de numerosos terraplenes y canales artificiales, construidos sin autorización estatal ni estudios de impacto ambiental previos, afectando el funcionamiento hídrico de toda la cuenca del Iberá.
"Debemos valorizar los humedales entendiéndolos como sistemas de gran importancia para asegurar la calidad y disponibilidad de las aguas y son fuente de biodiversidad. El camino correcto en este sentido es el cumplimiento estricto de las leyes ambientales, justamente lo que hoy en Iberá no ocurre", finalizó el coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá.
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
En el Día Mundial de los Humedales, el ecologista a cargo de la campaña “Salvemos al Iberá” reitera la advertencia que los esteros correntinos “están en grave peligro”. El Iberá es uno de los humedales de agua dulce más importantes de Argentina y Latinoamérica. La Reserva Provincial del Iberá se creó en 1983 por ley y fue declarado humedal de importancia internacional en 2001.
El territorio correntino cuenta con una importante porción de superficie que se encuentra protegida pues se trata de una reserva natural que fue declarada además de importancia internacional. Se trata de los Esteros del Iberá y, precisamente hoy, que se recuerda el Día Internacional de los Humedales, es pertinente recordar que se encuentra en Centro-Noreste de la provincia, entre otras cosas.
Los humedales son áreas que se inundan de manera temporal o permanente, donde el agua juega un rol fundamental en su ecosistema y en la determinación de su estructura. Para proteger esta zona, se creo la Reserva Provincial del Iberá en abril de 1983 por Ley Provincial Nº 3771. También fue declarado sitio Ramsar o Humedal de importancia internacional en el año 2001. En 2007 se declaró Area de Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) y finalmente en el año 2009 se conviertió en Parque Provincial.
De acuerdo a lo qu explican especialistas, esta reserva ya protegida por ley, se encuentra gravemente amenazada por la actividad ilegal de particulares. "Desgraciadamente, muchas de las actividades productivas realizadas en el área no cuentan con los estudios de impacto ambiental a escala de cuenca y realizan alteraciones ilegales en la dinámica hídrica del Iberá", comentó Emilio Spataro coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá.
"Los emprendimientos productivos no tienen porqué ser perjudiciales para la reserva, siempre y cuando se desarrollen con métodos de bajo impacto ambiental y cumpliendo con la normativa ambiental vigente", agregó Spataro.
En ese marco, enumeró que existen 4 amenazas principales dentro de la Reserva: el robo del agua, los terraplenes y canales, el robo de tierras de dominio público y las forestaciones.
En cuanto al robo de agua, señala que “de conformidad con la Constitución Provincial y el Código de Aguas, el agua dentro de la Provincia de Corrientes constituye un recurso natural de dominio originario del Estado, y es considerado un bien social esencial para la vida”.
Sin embargo, “en los Esteros del Iberá existen 10 arroceras que están construidas dentro de la Reserva Provincial, que se encuentran al margen de la ley, llevándose de manera gratuita y sin autorización legal el recurso mas preciado, el agua de todos los correntinos”.
En tanto, los terraplenes ilegales conforman una barrera para el normal escurrimiento de las aguas generando una radical alteración del ecosistema.
La demanda de accesos vehiculares a todos los rincones de los campos y las actividades turísticas con accesos privados a espejos de agua en el interior de los esteros, han incrementado la aparición de numerosos terraplenes y canales artificiales, construidos sin autorización estatal ni estudios de impacto ambiental previos, afectando el funcionamiento hídrico de toda la cuenca del Iberá.
"Debemos valorizar los humedales entendiéndolos como sistemas de gran importancia para asegurar la calidad y disponibilidad de las aguas y son fuente de biodiversidad. El camino correcto en este sentido es el cumplimiento estricto de las leyes ambientales, justamente lo que hoy en Iberá no ocurre", finalizó el coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá.
Siembra de soja en las islas
La Justicia entrerriana no intervendrá en la siembra de soja en las islas
Fecha de Publicación: 20/06/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa holandesa Bema Agri adquirió en 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas en jurisdicción de Victoria y levantó terraplenes para proteger los sembradíos de oleaginosas.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) desestimó la apelación de dos concejales que, en calidad de ciudadanos y a través de un amparo ambiental, pedían la intervención de los tribunales para el cese de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación en unas 10 mil hectáreas de islas ubicadas dentro del ejido de esta ciudad, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles.
Los magistrados de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Carlos Alberto Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, consideraron que la Justicia no es la vía de resolución del caso, sino que el propio municipio de Victoria cuenta con las herramientas suficientes para resolverlo. Por eso recomendaron que se vuelva “a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación”.
El mismo destino corrió unos días antes la apelación presentada por el Ejecutivo municipal de Victoria, que también se había dirigido a la Justicia para que tomara cartas en el asunto.
Cabe recordar que tanto la comuna como los concejales oficialistas Rodrigo Juárez y José Molla presentaron —con distintos argumentos— un recurso ambiental ante el Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad.
Los expedientes derivaron en el Juzgado de Instrucción local, que consideró que la acción encabezada por los ediles no era la vía adecuada de reclamo, mientras que al recurso de la comuna lo calificó como extemporáneo. De allí que ambos denunciantes recurrieran al Superior Tribunal de Justicia, donde tampoco tuvieron éxito.
Sin autorización. La empresa holandesa Bema Agri adquirió en marzo de 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas del ejido victoriense y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas, con una inversión de unos 3,5 millones de dólares.
El emprendimiento se montó sin autorización de la comuna, que en vez de aplicar una serie de normas municipales que prohíben ese tipo de actividades en esa zona, derivó el caso al Gobierno provincial, que no tiene normas específicas para intervenir.
La amplia repercusión mediática movilizó al Concejo, que exigió al Ejecutivo que tome cartas en el asunto e incluso se reflotó un proyecto de ley antisiembra y fumigación en el humedal, el cual aún no prospera en la Legislatura entrerriana. A la inacción siguieron los infructuosos amparos, por lo que ahora “resta conocer qué va a hacer el Ejecutivo municipal al respecto, y veremos si realmente hay una decisión política, porque está visto que la Justicia le está dando instrucciones e instrumentos precisos para tomar cartas en el asunto”, concluyó el edil José Molla.
Regulado, avasallado y no explotado
De acuerdo a la ordenanza municipal urbanística Nº 2.472, el emprendimiento agrícola se encuentra ubicado en el "Suelo Delta (SL-3)" y en el apartado de "usos no admitidos" de su articulado especifica que está prohibida la "agricultura y actividades productivas industriales".
En tanto, la ordenanza Nº 1.787 establece que "todo emprendimiento en territorio de Islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, en lo que respecta a urbanización, construcción, modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y alteración del ecosistema, quedará supeditada a la opinión del Honorable Concejo Deliberante, previa elevación por parte del Departamento Ejecutivo, con su correspondiente evaluación de factibilidad", lo cual no ocurrió en este caso.
Finalmente, la ordenanza Nº 2.185 declara como área natural protegida "a la zona de islas pertenecientes al ejido de la ciudad de Victoria, con límites definidos según la ley provincial Nº 8.855/94, y que se incorpore al Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas, conforme a lo establecido en la ley provincial N 8.967, en los artículos 11, 12 y 14", inclusión que no se cumplió hasta el momento.
Fecha de Publicación: 20/06/2009
Fuente: La Capital (Rosario)
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa holandesa Bema Agri adquirió en 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas en jurisdicción de Victoria y levantó terraplenes para proteger los sembradíos de oleaginosas.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) desestimó la apelación de dos concejales que, en calidad de ciudadanos y a través de un amparo ambiental, pedían la intervención de los tribunales para el cese de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación en unas 10 mil hectáreas de islas ubicadas dentro del ejido de esta ciudad, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles.
Los magistrados de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Carlos Alberto Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, consideraron que la Justicia no es la vía de resolución del caso, sino que el propio municipio de Victoria cuenta con las herramientas suficientes para resolverlo. Por eso recomendaron que se vuelva “a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación”.
El mismo destino corrió unos días antes la apelación presentada por el Ejecutivo municipal de Victoria, que también se había dirigido a la Justicia para que tomara cartas en el asunto.
Cabe recordar que tanto la comuna como los concejales oficialistas Rodrigo Juárez y José Molla presentaron —con distintos argumentos— un recurso ambiental ante el Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad.
Los expedientes derivaron en el Juzgado de Instrucción local, que consideró que la acción encabezada por los ediles no era la vía adecuada de reclamo, mientras que al recurso de la comuna lo calificó como extemporáneo. De allí que ambos denunciantes recurrieran al Superior Tribunal de Justicia, donde tampoco tuvieron éxito.
Sin autorización. La empresa holandesa Bema Agri adquirió en marzo de 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas del ejido victoriense y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas, con una inversión de unos 3,5 millones de dólares.
El emprendimiento se montó sin autorización de la comuna, que en vez de aplicar una serie de normas municipales que prohíben ese tipo de actividades en esa zona, derivó el caso al Gobierno provincial, que no tiene normas específicas para intervenir.
La amplia repercusión mediática movilizó al Concejo, que exigió al Ejecutivo que tome cartas en el asunto e incluso se reflotó un proyecto de ley antisiembra y fumigación en el humedal, el cual aún no prospera en la Legislatura entrerriana. A la inacción siguieron los infructuosos amparos, por lo que ahora “resta conocer qué va a hacer el Ejecutivo municipal al respecto, y veremos si realmente hay una decisión política, porque está visto que la Justicia le está dando instrucciones e instrumentos precisos para tomar cartas en el asunto”, concluyó el edil José Molla.
Regulado, avasallado y no explotado
De acuerdo a la ordenanza municipal urbanística Nº 2.472, el emprendimiento agrícola se encuentra ubicado en el "Suelo Delta (SL-3)" y en el apartado de "usos no admitidos" de su articulado especifica que está prohibida la "agricultura y actividades productivas industriales".
En tanto, la ordenanza Nº 1.787 establece que "todo emprendimiento en territorio de Islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, en lo que respecta a urbanización, construcción, modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y alteración del ecosistema, quedará supeditada a la opinión del Honorable Concejo Deliberante, previa elevación por parte del Departamento Ejecutivo, con su correspondiente evaluación de factibilidad", lo cual no ocurrió en este caso.
Finalmente, la ordenanza Nº 2.185 declara como área natural protegida "a la zona de islas pertenecientes al ejido de la ciudad de Victoria, con límites definidos según la ley provincial Nº 8.855/94, y que se incorpore al Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas, conforme a lo establecido en la ley provincial N 8.967, en los artículos 11, 12 y 14", inclusión que no se cumplió hasta el momento.
Busca frenar la invasión sojera en las islas
La Legislatura entrerriana busca frenar la invasión sojera en las islas
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
El fantasma de la sojización de las islas frente a Rosario y sus consecuencias ecológicas (tanto por la desnaturalización del humedal como por los efectos de los agroqímicos) promete disiparse: la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó un proyecto de ley por el cual se prohíbe la actividad agrícola y la fumigación con agroquímicos en todas las islas fiscales o privadas sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro la jurisdicción provincial. La iniciativa sería fundamental para frenar un proceso que ya comenzó: la invasión de la soja sobre las islas, ya invadidas por la ganadería y sometidas a permanentes quemas que han tenido a maltraer a los rosarinos.
El área comprende el delta entrerriano, desde la altura de ciudad de Diamante (frente a Puerto Gaboto en Santa Fe) hasta las islas del Ibicuy (frente a las provincia de Buenos Aires, pasando Baradero).
El proyecto, presentado originalmente en 2004 por el diputado provincial victoriense Carlos Almada, no tuvo eco en la Legislatura hasta este año, cuando explotó la polémica generada por la instalación en la isla Itapé, frente a Villa Constitución, de la firma chileno-holandesa Bema Agri BV que el año pasado construyó terraplenes para proteger sembrados y fumigó la zona.
Los emprendedores montaron kilómetros de terraplenes, plantaron distintos tipos de semillas y fumigaron unas 10 mil hectáreas sin un previo pedido de autorización.
Acciones legales. Tras el receso legislativo de verano y la confesión por parte de funcionarios provinciales de que no podían hacer nada, el Concejo de Victoria intimó al Ejecutivo municipal para que aplicara las ordenanzas que prohíben ese tipo de actividades en las islas de jurisdicción comunal. Incluso lo instó a iniciar acciones judiciales o recurrir a un amparo ambiental para detener las obras.
El pedido tuvo poco eco en la Intendencia, que sólo remitió una nota a Bema Agri BV pidiendo informes sobre su actividad. La misiva fue contestada por la firma con otra, en la que se habría justificado en un desconocimiento de las normas vigentes, entre otros fundamentos.
Mientras tanto, los concejales están a la espera de una reacción por parte del Ejecutivo para hacer cumplir las normas y producir el cese de la iniciativa, o seguramente será pasible de serias acusaciones como el incumplimiento de los deberes. De todas maneras y en caso que no prospere la gestión de los ediles y la Cámara alta provincial apruebe el proyecto de ley que restringe la actividad agrícola en las islas, "los holandeses", como los llaman los lugareños, no podrán continuar con su actividad una vez que la norma esté reglamentada.
Impacto. El impacto ecológico de las distintas actividades que desarrolla el hombre en las islas que se extienden frente a Rosario viene generando debates desde hace tiempo. La quema de pastizales tiene a mal traer todos los año a los santafesinos en general, y a los rosarinos en particular, por las molestias que ocasionan y por los efectos nocivos para la salud.
El fenómeno se emparenta directamente con la explotación ganadera indiscriminada en las islas, el que al mismo tiempo se genera por el boom de la soja y la necesidad de liberar tierras productivas para sembrarla.
No obstante, y como un alud que arrastra con todo, la soja también llegó a la isla, y con ella las fumigaciones. Algo que fue reflejado en las páginas de LaCapital (ver aparte).
Fecha de Publicación: 05/04/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
El fantasma de la sojización de las islas frente a Rosario y sus consecuencias ecológicas (tanto por la desnaturalización del humedal como por los efectos de los agroqímicos) promete disiparse: la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó un proyecto de ley por el cual se prohíbe la actividad agrícola y la fumigación con agroquímicos en todas las islas fiscales o privadas sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro la jurisdicción provincial. La iniciativa sería fundamental para frenar un proceso que ya comenzó: la invasión de la soja sobre las islas, ya invadidas por la ganadería y sometidas a permanentes quemas que han tenido a maltraer a los rosarinos.
El área comprende el delta entrerriano, desde la altura de ciudad de Diamante (frente a Puerto Gaboto en Santa Fe) hasta las islas del Ibicuy (frente a las provincia de Buenos Aires, pasando Baradero).
El proyecto, presentado originalmente en 2004 por el diputado provincial victoriense Carlos Almada, no tuvo eco en la Legislatura hasta este año, cuando explotó la polémica generada por la instalación en la isla Itapé, frente a Villa Constitución, de la firma chileno-holandesa Bema Agri BV que el año pasado construyó terraplenes para proteger sembrados y fumigó la zona.
Los emprendedores montaron kilómetros de terraplenes, plantaron distintos tipos de semillas y fumigaron unas 10 mil hectáreas sin un previo pedido de autorización.
Acciones legales. Tras el receso legislativo de verano y la confesión por parte de funcionarios provinciales de que no podían hacer nada, el Concejo de Victoria intimó al Ejecutivo municipal para que aplicara las ordenanzas que prohíben ese tipo de actividades en las islas de jurisdicción comunal. Incluso lo instó a iniciar acciones judiciales o recurrir a un amparo ambiental para detener las obras.
El pedido tuvo poco eco en la Intendencia, que sólo remitió una nota a Bema Agri BV pidiendo informes sobre su actividad. La misiva fue contestada por la firma con otra, en la que se habría justificado en un desconocimiento de las normas vigentes, entre otros fundamentos.
Mientras tanto, los concejales están a la espera de una reacción por parte del Ejecutivo para hacer cumplir las normas y producir el cese de la iniciativa, o seguramente será pasible de serias acusaciones como el incumplimiento de los deberes. De todas maneras y en caso que no prospere la gestión de los ediles y la Cámara alta provincial apruebe el proyecto de ley que restringe la actividad agrícola en las islas, "los holandeses", como los llaman los lugareños, no podrán continuar con su actividad una vez que la norma esté reglamentada.
Impacto. El impacto ecológico de las distintas actividades que desarrolla el hombre en las islas que se extienden frente a Rosario viene generando debates desde hace tiempo. La quema de pastizales tiene a mal traer todos los año a los santafesinos en general, y a los rosarinos en particular, por las molestias que ocasionan y por los efectos nocivos para la salud.
El fenómeno se emparenta directamente con la explotación ganadera indiscriminada en las islas, el que al mismo tiempo se genera por el boom de la soja y la necesidad de liberar tierras productivas para sembrarla.
No obstante, y como un alud que arrastra con todo, la soja también llegó a la isla, y con ella las fumigaciones. Algo que fue reflejado en las páginas de LaCapital (ver aparte).
Relevarán las islas por las denuncias
Relevarán las islas por las denuncias de proteccionistas
Fecha de Publicación: 14/03/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Tras la aprobación de una ordenanza por el Concejo de Victoria, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo un relevamiento en la zona de la isla Irupé. La medida surge de las distintas denuncias de ambientalistas y vecinos sobre construcciones de terraplenes y sembradíos de oleaginosas realizados en forma irregular en el lugar. También insta a que la zona ingrese al sistema de áreas naturales.
La concejal María Angélica Chada presentó un proyecto de ordenanza por el cual solicitó al Ejecutivo que releve la isla Irupé, a los fines de corroborar las denuncias sobre la construcción de terraplenes y el sembradío de distintas oleaginosas.
El texto, aprobado por unanimidad, establece que una vez realizado el relevamiento la comuna "deberá arbitrar los medios y medidas, requerir la intervención de autoridades provinciales administrativas o judiciales, para cesar y remover las construcciones o sembradíos no permitidos por el ordenamiento jurídico vigente".
También se gestionará la incorporación al sistema de áreas naturales protegidas con la modalidad de Reserva de Uso Múltiple a la zona de islas comprendida dentro del ejido local.
Fecha de Publicación: 14/03/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Tras la aprobación de una ordenanza por el Concejo de Victoria, el Ejecutivo tendrá que llevar a cabo un relevamiento en la zona de la isla Irupé. La medida surge de las distintas denuncias de ambientalistas y vecinos sobre construcciones de terraplenes y sembradíos de oleaginosas realizados en forma irregular en el lugar. También insta a que la zona ingrese al sistema de áreas naturales.
La concejal María Angélica Chada presentó un proyecto de ordenanza por el cual solicitó al Ejecutivo que releve la isla Irupé, a los fines de corroborar las denuncias sobre la construcción de terraplenes y el sembradío de distintas oleaginosas.
El texto, aprobado por unanimidad, establece que una vez realizado el relevamiento la comuna "deberá arbitrar los medios y medidas, requerir la intervención de autoridades provinciales administrativas o judiciales, para cesar y remover las construcciones o sembradíos no permitidos por el ordenamiento jurídico vigente".
También se gestionará la incorporación al sistema de áreas naturales protegidas con la modalidad de Reserva de Uso Múltiple a la zona de islas comprendida dentro del ejido local.
Mas terraplenes sin control
Mas terraplenes sin control, esta vez en Baradero?
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Buenos Aires
Alzan terraplenes ilegales para secar los humedales en islas del municipio de Baradero, provincia de Buenos Aires. La empresa Pazzaglia Hnos. también construyó canales, y colocó bombas y compuertas para ampliar sus emprendimientos agropecuarios. El promotor del proyecto estuvo prófugo de la Justicia en abril sospechado por la quema de pastizales.
Los terraplenes cortan los flujos naturales y fragmentan el ecosistema. Las obras se multiplican sin control del Estado en islas fiscales y privadas.
Vecinos de la localidad bonaerense de Baradero denunciaron la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario, según informó la prensa local.
Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
La noticia, que tuvo inmediata repercusión en medios nacionales, puso al Delta nuevamente como centro de atención, luego de los incendios que devastaron a este ecosistema único desde abril pasado hasta hace pocos días.
“La empresa Pazzaglia Hnos. construyó terraplenes, armó canales, colocó compuertas y bombas, para ampliar el área de sus emprendimientos agropecuarios”, se indicó.
El arquitecto José María Serpi, un reconocido profesional de la zona, explicó a Prensa PROTEGER lo que sucede en pleno Delta del Paraná. “Un empresario adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas. Con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario. En algunos sectores ya sembró y cosechó granos”.
"El uso al sólo efecto comercial, de aquellos que realizan arbitrariamente actividades en estas islas, está alterando de manera manifiesta este ecosistema imprescindible para la vida. Las consecuencias son y serán nefastas”, agregó.
Serpi también se refirió a la falta de control por parte del Estado: “las autoridades locales se limitan sólo a burocráticas denuncias a las secretarías correspondientes y éstas hacen lo mismo con respecto a este tema”.
“Hace pocos días ingresé un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Baradero declare de interés la protección de las islas, la no habilitación de emprendimientos que afecten a las mismas, la exigencia de presentar estudios de factibilidad y de impacto ambiental previo a cualquier obra, y la declaración de áreas protegidas”, indicó Serpi.
Un intento de frenar el desastre
En el texto que acompaña a la norma propuesta Serpi destaca que “alarman los trabajos que se están realizando en cuanto a canales y terraplenes. Un terraplén es un macizo de tierra elevado para hacer una defensa, un represamiento, un “polder” para desecar un humedal, un camino sobreelevado en un área inundada u otra obra semejante”.
“Al perder tierras altas y heterogeneidad en el paisaje, disminuirá la capacidad de una gran extensión del humedal de sustentar animales terrestres y acuáticos, ya que desaparecerían los sitios de refugio, descanso y lugares de reproducción en general. Habría una disminución de la biodiversidad en una de las zonas más exuberantes del Delta del Paraná”, señala.
“En términos sociales, las familias de campesinos que habitan las islas sufrirían la anegación de las escasas tierras altas en donde tienen sus hogares y alimentan a su ganado quedando aisladas y desprotegidas”, se sostiene.
Además, Serpi hizo hincapié en la voluntad popular: “La mayoría de los ciudadanos considera que los trabajos realizados en las islas son actividades destructivas de nuestro patrimonio natural, lesionan los intereses de la comunidad presentes y futuros, y atentan contra las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible”.
El texto recuerda que “el artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales” y que se ha propuesto “un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná”.
De esa manera Serpi apuntó a “que en orden al bien común el Delta del Paraná debe constituir un claro ejemplo de intervención proactiva y orientadora del Estado, ajustada a logros de conservación y desarrollo sostenible, basada en una trama político institucional que reconozca la construcción de consensos desde la diversidad de perspectivas, ámbitos de intervención e intereses”.
El proyecto de ordenanza también indica que “se convocará a universidades nacionales, ONG y organismos específicos a colaborar con la autoridad de aplicación en la elaboración de un plan de manejo de las áreas protegidas municipales. No obstante, hasta tanto el mismo sea elaborado y queden definidas las distintas zonas se considerará a todas las islas del Partido con criterios similares a los utilizados para las reservas naturales integrales”.
Además en su artículo Nº 9 solicita “a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la sanción de una ley a los efectos de reconocer las áreas protegidas por el Municipio como Reserva de Usos Múltiples o Parque Provincial”.
Cuando el “dueño de la isla” se hizo humo
El diario La Nación indicó en una nota del 27 de abril de 2008 que el campo de Pazzaglia Hnos. SA es de 30 mil hectáreas, casi toda la isla. Precisamente Juan Antonio Pazzaglia fue uno de los hombres más buscados por el gobierno nacional sospechado de ser uno de los responsables de la quema de pastizales en la zona del Delta.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo en ese momento que Pazzaglia es “propietario de un campo de más de dos mil hectáreas en la isla” y varios testigos lo señalan como “responsable del incendio en Baradero”, afirmó.
Pazzaglia es un productor cerealero y ganadero, dueño de Pazzaglia Hnos, una compañía radicada en San Antonio de Areco. Sin embargo, su actividad se desarrolla cerca de Baradero. Además de ser el dueño de 3.000 hectáreas en una zona conocida como “la isla”, ubicada en Baradero a diez kilómetros de la ruta 9, controlaría otras 6.000 hectáreas de tierras fiscales y municipales, que lo convierten en el “dueño de la isla” –según informó el diario Perfil.
En julio pasado “Crítica” reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Rosario-Victoria y los accesos que facilitan las “bajadas” a las islas de la planicie aluvial del Paraná.
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Buenos Aires
Alzan terraplenes ilegales para secar los humedales en islas del municipio de Baradero, provincia de Buenos Aires. La empresa Pazzaglia Hnos. también construyó canales, y colocó bombas y compuertas para ampliar sus emprendimientos agropecuarios. El promotor del proyecto estuvo prófugo de la Justicia en abril sospechado por la quema de pastizales.
Los terraplenes cortan los flujos naturales y fragmentan el ecosistema. Las obras se multiplican sin control del Estado en islas fiscales y privadas.
Vecinos de la localidad bonaerense de Baradero denunciaron la construcción de terraplenes y otras obras destinadas a secar humedales del Delta del Paraná para que las tierras pasen a ser parte de un emprendimiento comercial agropecuario, según informó la prensa local.
Las islas afectadas por los extensos terraplenes están comprendidas entre los ríos Baradero, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 140 de la ruta 9 que une Rosario con la capital del país.
La noticia, que tuvo inmediata repercusión en medios nacionales, puso al Delta nuevamente como centro de atención, luego de los incendios que devastaron a este ecosistema único desde abril pasado hasta hace pocos días.
“La empresa Pazzaglia Hnos. construyó terraplenes, armó canales, colocó compuertas y bombas, para ampliar el área de sus emprendimientos agropecuarios”, se indicó.
El arquitecto José María Serpi, un reconocido profesional de la zona, explicó a Prensa PROTEGER lo que sucede en pleno Delta del Paraná. “Un empresario adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas. Con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario. En algunos sectores ya sembró y cosechó granos”.
"El uso al sólo efecto comercial, de aquellos que realizan arbitrariamente actividades en estas islas, está alterando de manera manifiesta este ecosistema imprescindible para la vida. Las consecuencias son y serán nefastas”, agregó.
Serpi también se refirió a la falta de control por parte del Estado: “las autoridades locales se limitan sólo a burocráticas denuncias a las secretarías correspondientes y éstas hacen lo mismo con respecto a este tema”.
“Hace pocos días ingresé un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Baradero declare de interés la protección de las islas, la no habilitación de emprendimientos que afecten a las mismas, la exigencia de presentar estudios de factibilidad y de impacto ambiental previo a cualquier obra, y la declaración de áreas protegidas”, indicó Serpi.
Un intento de frenar el desastre
En el texto que acompaña a la norma propuesta Serpi destaca que “alarman los trabajos que se están realizando en cuanto a canales y terraplenes. Un terraplén es un macizo de tierra elevado para hacer una defensa, un represamiento, un “polder” para desecar un humedal, un camino sobreelevado en un área inundada u otra obra semejante”.
“Al perder tierras altas y heterogeneidad en el paisaje, disminuirá la capacidad de una gran extensión del humedal de sustentar animales terrestres y acuáticos, ya que desaparecerían los sitios de refugio, descanso y lugares de reproducción en general. Habría una disminución de la biodiversidad en una de las zonas más exuberantes del Delta del Paraná”, señala.
“En términos sociales, las familias de campesinos que habitan las islas sufrirían la anegación de las escasas tierras altas en donde tienen sus hogares y alimentan a su ganado quedando aisladas y desprotegidas”, se sostiene.
Además, Serpi hizo hincapié en la voluntad popular: “La mayoría de los ciudadanos considera que los trabajos realizados en las islas son actividades destructivas de nuestro patrimonio natural, lesionan los intereses de la comunidad presentes y futuros, y atentan contra las posibilidades de lograr un desarrollo sostenible”.
El texto recuerda que “el artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales” y que se ha propuesto “un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná”.
De esa manera Serpi apuntó a “que en orden al bien común el Delta del Paraná debe constituir un claro ejemplo de intervención proactiva y orientadora del Estado, ajustada a logros de conservación y desarrollo sostenible, basada en una trama político institucional que reconozca la construcción de consensos desde la diversidad de perspectivas, ámbitos de intervención e intereses”.
El proyecto de ordenanza también indica que “se convocará a universidades nacionales, ONG y organismos específicos a colaborar con la autoridad de aplicación en la elaboración de un plan de manejo de las áreas protegidas municipales. No obstante, hasta tanto el mismo sea elaborado y queden definidas las distintas zonas se considerará a todas las islas del Partido con criterios similares a los utilizados para las reservas naturales integrales”.
Además en su artículo Nº 9 solicita “a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la sanción de una ley a los efectos de reconocer las áreas protegidas por el Municipio como Reserva de Usos Múltiples o Parque Provincial”.
Cuando el “dueño de la isla” se hizo humo
El diario La Nación indicó en una nota del 27 de abril de 2008 que el campo de Pazzaglia Hnos. SA es de 30 mil hectáreas, casi toda la isla. Precisamente Juan Antonio Pazzaglia fue uno de los hombres más buscados por el gobierno nacional sospechado de ser uno de los responsables de la quema de pastizales en la zona del Delta.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo en ese momento que Pazzaglia es “propietario de un campo de más de dos mil hectáreas en la isla” y varios testigos lo señalan como “responsable del incendio en Baradero”, afirmó.
Pazzaglia es un productor cerealero y ganadero, dueño de Pazzaglia Hnos, una compañía radicada en San Antonio de Areco. Sin embargo, su actividad se desarrolla cerca de Baradero. Además de ser el dueño de 3.000 hectáreas en una zona conocida como “la isla”, ubicada en Baradero a diez kilómetros de la ruta 9, controlaría otras 6.000 hectáreas de tierras fiscales y municipales, que lo convierten en el “dueño de la isla” –según informó el diario Perfil.
En julio pasado “Crítica” reveló la construcción de una serie de terraplenes en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario. En esa zona, la ocupación del Delta para uso agropecuario se ve favorecida por la conexión vial Rosario-Victoria y los accesos que facilitan las “bajadas” a las islas de la planicie aluvial del Paraná.
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El terraplen ilegal continua en Ibera
El terraplen ilegal continua en Ibera pese a la orden de demolicion
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
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