La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
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