Mendoza: también pidieron por el Atuel a La Pampa
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Asamblea del Agua de Mendoza pidió «restituir» el Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
El agua de Mendoza no se negocia
Sí al Área Protegida Uspallata-Polvaredas
Mendoza Libre de Fracking
Soberanía Alimentaria
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Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: Diario Textual
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El pueblo de Mendoza logró torcerle el brazo al gobernador Rodolfo Suárez, quien tuvo que dar marcha atrás con la Ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722. Miles de personas salieron a las calles, en «defensa del agua» y en contra de la megaminería. Una de las organizaciones más activas es la Asamblea Popular del Agua, que dejó en los últimos días -incluso antes de la derogación de la norma- de una serie de señales a los reclamos pampeanos: pidió la «restitución» del agua del río Atuel para el oeste de La Pampa y reclamó un «trato justo» en los acuerdos entre ambas provincias.
En uno de los documentos se alerta que los proyectos mineros en Malargüe pondrán en riesgo al oeste pampeano. «Los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio», alertó la asamblea.
«Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa«, dijo.
“Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, pero sobre estos proyectos y sobre emergencia climática, energías renovables, prácticas agroecológicas y devolución de cauces privados, restitución del agua a Huanacache y a La Pampa. Queremos una política ambiental seria”, dijeron en otro documento.
Uno de esos documentos, donde se menciona a La Pampa es el siguiente:
En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ. Creyeron que podrían tocar impunemente nuestra ley Guardiana del Agua, esa que el pueblo autoconvocado parió en 2007, que debimos defender muchas veces en estos 12 años, y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos, como seres del Agua. Apenas sancionada, la 7722 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad, hasta que recién en 2015 la Suprema Corte mendocina ratificó su plena constitucionalidad, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios, y de un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial, acompañado por miles de mendocinos.
Varios legisladores intentaron también modificarla, antes de que hace sólo 20 días y a horas de haber asumido, el gobernador Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura su proyecto de ley, que llegó a ser sancionado, pero tuvo una vida de efímeros 10 días. Jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes, actuando como casta política, no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo, sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias, sin que les importe hacerlo a costa del Agua y demás Bienes Comunes de todxs lxs mendocinxs. Pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza, día tras día, han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social. Finalmente, la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983. Pero a pesar de ello, consciente de lo que estaba en juego, en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones, gritando que la Ley 7722 NO se toca y que el agua de Mendoza NO se negocia, y diciendo a la vez implícitamente, NO al Código Contravencional. Exigimos el cese de la criminalización y judicialización de la protesta, y el sobreseimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos, entre ellos a un ambiente sano.
Como parte del pueblo mendocino, estos días de lucha unieron a AMPAP con la Coordinadora por el Agua. AMPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura, que existen en casi todos los departamentos de la provincia, incluido Malargüe. Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en su territorio, algunas incluso 15 años. Hemos construido lazos, organizando desde abajo… a veces siendo pocos, otras un vendaval, pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas, y con la convicción y confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado. Las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano. Nuestra fuerza, aún en los momentos más difíciles, fue, además de estar organizados, el reconocer que no hay líderes, ni cabecillas. En nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones, que siempre buscamos sean por consenso.
Por supuesto, la defensa del Agua contra el extractivismo excede ampliamente a AMPAP, y compromete a todos los mendocinos. Por eso, un amplio conjunto de organizaciones sociales de raigambre popular y de sindicatos comprometidos, se agrupó en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha, que involucra no sólo a un sector del pueblo, sino a todos. Y así como la Coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722, también muchos asambleístas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores. Entre ellas, hacia afuera pero también hacia adentro, las de mujeres y jóvenes por sus derechos, pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista. Celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios, comunidades inmigrantes y jóvenes, que defienden el agua pura, cada vez más escasa, cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas.
Nos sabemos agua y amamos la cordillera. Por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas, que en sus vertientes albergan glaciares, nieves, fauna, flora, veranadas, y son, todavía y pese a la historia oficial, hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros. Por esta razón, además de exigir la anulación de la ley 9209, reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte. 65.858/2014-D. Ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida. Y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722, presentados por Antonio Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018, y Martínez Guerra del PI este año, y al municipio de Las Heras que restituya la Ordenanza Ambiental Minera 12/16.
También reclamamos una vez más a la Legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el diputado Gustavo Majstruk, expte. 74.339, para declarar a Mendoza Libre de Fracking, y que fue apoyado por más de 100.000 firmas. Exigimos asimismo al gobierno provincial y a los departamentales, que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido, como la 008/13 de Tupungato.
Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista. Por ello, estamos dispuestos al diálogo para debatir, pero abierta y públicamente, sobre estas urgencias, sobre áreas protegidas, sobre una firme transición hacia energías limpias y una Mendoza libre de fracking, sobre prácticas agroecológicas, devolución de cauces privatizados, autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722. Podemos dialogar, pero no con funcionarios como Emilio Guiñazú, Humberto Mingorance o Miriam Skalany que en diversas ocasiones nos han denigrado, manipulado, insultado y hasta acusado de hacer terrorismo. Considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos, pedimos que renuncien como responsables políticos.
Muchos políticos y medios se han cansado de decir que sólo el Valle de Uco y General Alvear resisten a la megaminería. Luego de la proliferación de expresiones durante estas semanas, deberían reconocer de una vez que en toda la provincia, incluido en el Malargüe tan silenciado, hay oposición al extractivismo. El pueblo de Malargüe lucha por el agua pura, no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio. Desde AMPAP y la Coordinadora repudiamos todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malargüinos hayan recibido.
Apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos, cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la ley 7722 no fueron debidamente escuchadas. Acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería, y con mucho mayores beneficios para la sociedad. Exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras, y que políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa contraída por el gobierno anterior, o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego, sería deseable o necesario contar con hipotéticas regalías mineras futuras. Estas no sólo serían comparativamente irrisorias, sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina. En lugar de ver a estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras, nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal, que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitante. La Constitución Nacional manda a dictar esa ley, y su aplicación podría implicar para Mendoza recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge.
A propósito del proyecto San Jorge… La gran alerta que hoy debemos compartir. En su fluir natural, el agua no conoce de divisiones políticas, límites administrativos, zonificaciones o departamentalizaciones. Por eso, si se concretara en el valle de Uspallata el proyecto San Jorge, que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando, pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo. Por tal motivo, hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene negando la licencia social, y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo, y al municipal lasherino las necesarias correcciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, los proyectos mineros en Malargüe comprometerían no sólo a ese departamento, sino también a San Rafael, General Alvear y las provincias de La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. Ningún territorio debe ser zona de sacrificio.
Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa. Exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano lavallino. Y decimos un rotundo NO al tarifazo del agua y demás servicios esenciales.
Promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes, entre ellos los integrados en el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y participación en estas jornadas. Y a la vez denunciamos que a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que “periodistas estrella” repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas.
En fin, no por último menos importante sino todo lo contrario. Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5001, la hermana mayor de nuestra 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social.
Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia.
La 7722 no se toca
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