Crítico informe oficinal sobre transgénicos en Argentina
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Presentan informe crítico sobre uso de transgénicos
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
.
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
El informe «Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» de la Auditoria General de la Nación (AGN) confirmó que el Estado argentino aprueba los transgénicos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo cual pone en riesgo la biodiversidad.
En Argentina se han aprobado 60 transgénicos, que ocupan más de 30 millones de hectáreas. Ellos han sido aceptados en base a estudios realizados por las mismas empresas que los venden.
Ello resulta poco transparente, desatiende convenios internacionacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
La investigación de la AGN afirma también lo mismo que denuncian desde hace décadas las organizaciones campesinas y sociambientales.
Con el sustento del informe la AGN ha solicitado que la Dirección de Biotecnología y la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) hagan públicas las decisiones respecto a los pedidos de aprobación de transgénicos, que dé participación a la ciudadanía y realice consultas púbicas.
Asimismo, solicita que se dé especial participación, incluso con representantes dentro de la Conabia, a los pueblos originarios y a comunidades locales «a fines de considerar la perspectiva social en las evaluaciones impacto de los transgénicos».
Organismos genéticamente modificados
«Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados» analizó la actuación del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente en el periodo de 2015 y 2018.
Además, contiene un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos en Argentina, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Conabia.
«Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)», afirma la Auditoria General de la Nación.
La AGN detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena —instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología—.
Asimismo, refiere que la Dirección de Biotecnología, a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia, suministró a la AGN información «en formato borrador» y «ambigua» referida al proceso de autorización de los transgénicos.
El informe cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase del proceso para la autorización de transgénicos.
Los campesinos tenían razón
Desde hace años, distintos académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales han cuestionado que el Gobierno argentino apruebe los transgénicos en base a los publicitado por las campañas.
Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) es un claro ejemplo, pues presenta al mercado una soja o maíz transgénico, y aportan al expediente supuestos estudios de inocuidad que los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si es o no verdad.
«La Conabia no realiza análisis experimentales sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada», destaca la Auditoría.
De igual manera, tampoco existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información: «No se encuentran normalizados los criterios para la realización de las verificaciones realizadas por la Conabia respecto falsedad o inexactitud de la información que presenta el solicitante».
Historia de los transgénicos en Argentina
En Argentina, se han aprobado desde 1996 a la actualidad 60 eventos transgénicos como los de soja, maíz, papa, algodón, cártamo y alfalfa.
Las empresas beneficiadas son Syngenta, Bayer-Monsanto, Bioceres/Indear, Dow Agroscience, Tecnoplant, Pioneer y Nidera, entre otras.
Así, la aprobación de semillas transgénicas es el primer paso de una cadena que luego incluye desmontes, desalojos, uso masivo de agrotóxicos, agotamiento de suelos, concentración de tierras en pocas manos.
Por su parte, Carla Poth, docente e investigadora de la Universidad de General Sarmiento, realizó una tesis doctoral donde hizo foco en la forma de aprobar los transgénicos en Argentina.
«El marco regulatorio de aprobación de OGM es muy deficiente pero no por ignorancia, sino por complicidad. La conformación de la Conabia, con cámaras empresarias y científicos afines, priorizan los intereses y ganancias privadas por sobre los afectados por estas tecnologías. No hay una sola voz crítica dentro de la Conabia».
Así, la investigadora recordó que al momento de aprobar un transgénico el Estado no considera el uso de agrotóxicos que acompaña la semilla, no mide el impacto ambiental —en bosques, animales, aire, agua, suelos— y tampoco se evalúa el impacto en los alimentos.
«La Conabia tiene una mirada cortoplacista, totalmente afín al mercado, donde se prioriza la necesidad comercial y no de la población», afirmó Poth.
La Conabia no cuenta con participación ciudadana
La AGN confirma que la Conabia actúa en las sombras, sin ningún tipo de participación ciudadana.
«Las decisiones tomadas por la Dirección de Biotecnología y la Conabia para autorizar la liberación experimental de OGM no son publicadas para conocimiento de la población».
Tan desprolija es la forma de aprobar los transgénicos que la Auditoría cuestiona que ni siquiera se especifica qué dependencias del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) deben controlar la experimentación de OGM. Como tampoco se explica cuáles son los aspectos a controlar y los criterios a tener en cuenta.
La AGN afirma que, ante las irregularidades y los baches de información, «se afecta la transparencia del procedimiento de aprobación».
A pesar de ello, la Conabia es fundamental en la aprobación de transgénicos debido a que realiza la «evaluación técnica-científica» de las semillas presentadas.
La Conabia se creó en 1991 y durante 23 años, hasta el 2014, su composición fue secreta. Nadie podía saber quiénes autorizaban las semillas clave del agro. El periódico Mu (de la Cooperativa La Vaca) obtuvo en 2014 el listado secreto: eran 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses.
Ahora, la Auditoría General de la Nación suma un dato insólito: el quórum de la Conabia se obtiene con solo cinco integrantes presentes. Un puñado de personas puede decidir qué nueva semilla inundará los campos argentinos. La AGN cuestiona que la Dirección de Biotecnología no proveyó el listado de integrantes actuales.
La Auditoría resalta la preocupación de la ausencia total de control por parte Estado luego de la aprobación de los transgénicos. Lo que se aprueba en las oficinas del Ministerio de Agricultura luego no es evaluado por su impacto real en los campos.
«El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los OGM posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas», precisa la AGN.
Además de violar leyes nacionales, la forma de aprobar los transgénicos incumple tratados internacionales.
«Argentina no ha adoptado los dos instrumentos internacionales de referencia. El Protocolos de Cartagena y el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pese a la importancia que tienen las actividades con transgénicos en todo el territorio nacional», se destaca en las conclusiones del informe.
Descarga el informe completo de la AGN aquí.
.
Etiquetas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios
0 comentarios: