Santiago del Estero: denuncian desmontes autorizados en territorio de la comunidad vilela El Tunal

Integrantes de la comunidad indígena, junto al MOCASE-VC y Greenpeace, denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó el desmonte de unas 200 hectáreas de monte nativo sin consulta previa, en tierras cuya ocupación tradicional reconoció el INAI.

La comunidad indígena El Tunal, del pueblo vilela, denunció que topadoras avanzan sobre el monte nativo de su territorio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), que acompaña a las familias, los trabajos cuentan con una autorización de la Dirección de Bosques provincial a favor de la firma Agropecuaria Tomay S.A., otorgada sin informar ni consultar previamente a la comunidad.
Greenpeace se sumó al reclamo y difundió el 19 de octubre que el desmonte ya había alcanzado una superficie considerable. “Las topadoras ya avanzaron sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo”, advirtió la organización. Pidió frenar los trabajos de inmediato y que la provincia proteja la vida de quienes defienden el monte. También envió una nota a la Dirección de Bosques y Fauna santiagueña y lanzó una campaña de firmas en defensa de los bosques nativos.

Un territorio reconocido por el Estado
El conflicto se da en tierras que el propio Estado nacional reconoció como de ocupación indígena. En 2019, El Tunal obtuvo su personería jurídica y quedó inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido, mediante la Resolución 95/2020, el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160. Ese relevamiento reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre unas 3.132 hectáreas georreferenciadas.
El relevamiento no equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero sí acredita la posesión ancestral de las familias. El MOCASE-VC sostiene, además, que la empresa beneficiada por la autorización no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.

De la topadora frenada al regreso de las máquinas
El reclamo lleva varias semanas. A fines de agosto, integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado en uno de los últimos sectores de monte nativo del territorio, y difundieron el hecho en redes sociales. Días después, según la denuncia, la maquinaria volvió con una orden atribuida a las autoridades provinciales de Bosques y con personas que custodiaban las tareas. El MOCASE-VC y Greenpeace denunciaron la presencia de personas armadas en la zona.
La organización campesina presentó reclamos ante organismos provinciales, la Policía y el INAI, y exigió la suspensión de los trabajos. “Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas”, reclamó el movimiento. Pidió además revisar los permisos, realizar estudios de impacto ambiental y llevar adelante la consulta pública que, según afirma, nunca se hizo.
No es la primera vez que el territorio queda bajo amenaza. En 2023 hubo denuncias por desmontes en el mismo sector, y las tareas se detuvieron tras los reclamos. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE ya habían denunciado el ingreso de policías y particulares, en una causa por presunta usurpación iniciada a partir de la denuncia de un empresario.

Lo que dice la ley
El caso pone en discusión el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos:
- su artículo 19 exige que los proyectos de desmonte reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras;
- su artículo 26 obliga a garantizar instancias de participación y consulta pública antes de autorizar el cambio de uso del suelo.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía legal en la Argentina a través de la Ley 24.071, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas que los afecten.
Según Greenpeace, la provincia no cumplió con esas exigencias al otorgar el permiso. Hasta el momento no se conocen respuestas públicas de la Dirección de Bosques ni de la empresa sobre las denuncias.

La provincia que más desmonta
El episodio ocurre en el distrito que encabeza la deforestación en el país. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, en 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, la cifra más alta de la Argentina. La pérdida de monte en el Gran Chaco no solo libera carbono y destruye hábitats: también empuja a comunidades indígenas y campesinas a defender con el cuerpo territorios de los que dependen para vivir.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal La Noticia Web; Diario Tiempo Argentino; Portal Reporte 24; Portal Economía Sustentable