Denuncian “groseros errores” en el estudio que habilitó la caza de patos autóctonos en Entre Ríos

Profesionales de Gualeguay piden anular el informe financiado por el sector cinegético que sirvió de base a la Resolución 100/2026, y reclaman nuevos estudios a cargo de instituciones independientes.

La temporada de caza de patos en Entre Ríos terminó el 23 de agosto, pero la discusión sobre su legitimidad sigue abierta. Un grupo de profesionales de Gualeguay denunció que el estudio poblacional usado para habilitar la caza de aves autóctonas contiene “groseros errores técnicos y estadísticos” y pidió que se declare su nulidad.
La presentación administrativa fue realizada ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, el organismo que autorizó la temporada mediante la Resolución 100/2026, y tramita bajo el expediente 3453784. Los denunciantes, entre ellos un médico y un biólogo, solicitan además una revisión de oficio de la resolución y nuevas evaluaciones científicas sobre las especies involucradas. La organización ambientalista Ceydas fue la encargada de exponer públicamente el caso.

Un estudio pagado por el sector
El documento cuestionado es un informe de campaña elaborado por un equipo privado de monitoreo de fauna silvestre, por encargo de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético, una entidad vinculada al sector que se beneficia con la actividad. Ese trabajo evaluó las poblaciones de cuatro especies de patos autóctonos, entre ellas el pato picazo y el pato brasilero.
Según el informe técnico que acompaña la denuncia, el estudio presenta “al menos diez vicios graves”. Entre los señalamientos figura que se contaron ejemplares que no se veían, bajo el supuesto de que estaban ocultos en la vegetación, que la probabilidad de detección de las aves fue mal estimada y que la cantidad de muestreos no alcanza para que los modelos estadísticos sean confiables. Los denunciantes también objetan la selección de escalas espaciales, un período de muestreo demasiado acotado y el uso de datos que no cumplirían los requisitos del método aplicado. En uno de los casos, dos especies con abundancias estimadas diferentes aparecen con el mismo rango superior de cálculo.

Sin control sanitario ni independencia
La denuncia advierte además que el estudio no incluyó una evaluación sanitaria, a pesar de los riesgos asociados a patógenos zoonóticos como la influenza aviar y a la exposición al plomo de las municiones. Y apunta a un problema de fondo: la falta de independencia. El relevamiento fue realizado por organizaciones vinculadas a la promoción de la caza y no intervino ningún organismo técnico oficial de la provincia.
Ese punto quedó expuesto dentro del propio expediente. Según la documentación difundida, el asesor legal de la Dirección, Luciano Emanuel Campos, señaló que no se puede avanzar sin un estudio propio del área de Fauna y Flora, mientras que el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, derivó la cuestión a la cámara de turismo cinegético, ya que el área técnica indicó no haber participado del trabajo.
El pedido de medida cautelar quedó en abstracto con el cierre de la temporada, y el expediente llegó a octubre sin resolución. Los denunciantes reclaman que un nuevo estudio poblacional y sanitario quede a cargo de instituciones independientes como la Universidad Nacional de Entre Ríos, el INTA o el Conicet, con al menos cuatro réplicas temporales por sitio y una escala espacial definida. Invocan el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Una disputa que vuelve cada año
La caza de patos autóctonos en Entre Ríos acumula años de conflicto. En julio de 2022, la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial provincial frenó la caza del pato picazo, el sirirí pampa, el sirirí colorado y el pato capuchino, al considerar que el gobierno carecía de estudios que justificaran la medida. El amparo había sido presentado por Ceydas, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres.
En abril de este año, Ceydas, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje reclamaron poder exponer en igualdad de condiciones que el sector cinegético en la audiencia pública convocada en Victoria para decidir la apertura de la temporada 2026. Además, organizaciones ambientalistas y de protección animal mantienen una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización provincial de la caza de aves autóctonas.
Hasta el momento, ni el gobierno entrerriano ni los autores del estudio respondieron públicamente a los cuestionamientos.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Agencia AIM Digital, Diario Junio, Portal Era Verde