El Gobierno canceló Atucha III y reserva parte del predio para un reactor modular privado

Una asamblea de Nucleoeléctrica Argentina dejó sin efecto el proyecto de la cuarta central nuclear del país, que iba a construirse con tecnología china. En la misma reunión se habilitó una licitación para instalar en 12 hectáreas del predio un reactor modular de capital privado, por unos 1.203 millones de dólares.

La cuarta central nuclear argentina, Atucha III, fue cancelada. La decisión quedó asentada en la asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) del miércoles 23 de septiembre, según las actas a las que accedió Página/12. NA-SA es una empresa estatal: el 79% de las acciones depende de la Secretaría de Energía, el 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% de Enarsa. El proyecto contaba con tecnología y financiamiento mayoritario de China, y había sido impulsado durante el gobierno anterior.

Qué se resolvió
La asamblea decidió dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong, que la asamblea de 2021 había encomendado a NA-SA. El fundamento fue la "falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento", en el marco de la emergencia pública de la Ley 27.742. En el mismo acto se declaró el predio "de interés empresarial" y se autorizó al directorio a preparar los pliegos para una licitación pública. La inversión estimada es de 1.203 millones de dólares, con capital 100% privado y sin fondos ni avales públicos. Requiere otorgar un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del terreno reservado para Atucha III, y contempla que NA-SA opere y mantenga la planta.

Qué era Atucha III
El 1° de febrero de 2022, NA-SA firmó con la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) el contrato para construir un reactor Hualong One de 1.200 MW y 60 años de vida útil inicial, en el complejo nuclear de Lima, provincia de Buenos Aires. La obra se estimaba en unos 8.300 millones de dólares y China ofrecía financiar el 85%. También se proyectaban unos 7.000 empleos directos. Habría incorporado al país una tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, que Argentina no domina: las centrales actuales usan uranio natural y agua pesada. El contrato se prorrogó varias veces, hasta abril de 2025, mientras se negociaba el financiamiento.

El reactor que ocuparía el predio
La cifra de la licitación coincide con la del reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como inversión vinculada al Super RIGI. El Gobierno lo anunció el 2 de julio: unos 300 MW eléctricos en el complejo de Lima, partido de Zárate, con la operación a cargo de NA-SA y un canon por el uso del predio a cargo de la empresa privada. Meitner nació en 2024. El 60% es del empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari y el 40% de Black River Technology, firma estadounidense controlada por la estatal rionegrina Invap, que aporta la tecnología. Autorizar la licitación todavía no significa adjudicarla. Página/12 señala que, por sus características, la licitación tendría un único oferente, y que los especialistas ven varios obstáculos para concretar el reactor, entre ellos su costo. El vocero presidencial Adrián Ravier ya había dicho que Meitner se instalaría en el predio de Atucha.

Críticas y silencio oficial
El exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo sostuvo que Atucha III permitía expandir la potencia nuclear y el complejo científico-tecnológico, con contrato firmado y financiamiento acordado. Dijo que se la "mata" y se entrega el predio en el mismo acto. El especialista Nicolás Malinovsky consideró que la medida profundiza la cercanía con Estados Unidos y la calificó de "punto de inflexión". Según los críticos, el derecho real sobre el terreno buscaría que el proyecto con China no pueda retomarse en futuras gestiones. Página/12 consultó a NA-SA y a sus autoridades por los motivos y por el curso de la licitación y no obtuvo respuesta oficial.

Otro frente: cuánto vale NA-SA
La diputada Florencia Carignano denunció que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) reemplazó al Tribunal de Tasación para valuar empresas estatales sujetas a privatización, con una fórmula que, dijo, arrojó valor cero para NA-SA. Agregó que las tasaciones ahora son confidenciales. Carignano y la diputada Ana María Ianni pidieron el valor al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que integra el directorio de NA-SA y busca la privatización parcial de la compañía. Si no hay respuesta en 72 horas, advirtieron que acudirán a la Procuración de Investigaciones Administrativas.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Ámbito, Diario Infobae