Arrasaron más de 3.300 hectáreas de bosques en Salta y avanzan sobre territorios de comunidades wichí

Topadoras con cadenas destruyen desde agosto bosque nativo en tres fincas cercanas a Tartagal, al punto de llegar a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Greenpeace y organizaciones wichí denuncian que un cambio reciente en el ordenamiento territorial de Salta habilitó el avance sobre tierras reconocidas como de ocupación ancestral indígena.

Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas desde principios de agosto en el área rural de Tartagal, al norte de Salta, en un desmonte que afecta directamente a tres comunidades wichí y que, según Greenpeace, pone en riesgo el sustento de otras siete más. La organización documentó con fotos y video a dos topadoras que, mediante inmensas cadenas, destruyen el bosque y el territorio de comunidades sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de la ciudad.

Tres fincas, tres empresas
Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: "Tonono", de Martín Morales; "Alcoba", de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y "Caraguatá", de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Las máquinas, a metros de las casas
En la zona de Finca Tonono, las máquinas con cadenas llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. "Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas", señaló Cruz. Los habitantes lograron evitar que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque el lugar sigue amenazado: "esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar", sostuvo Cruz. Según la referente de Greenpeace, Desdelsur lleva desmontadas más de 27.000 hectáreas en los últimos años en la zona.

Un cambio normativo que abrió la puerta
Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como "zona amarilla" dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una clasificación que impedía avanzar con el desmonte. Pero a fines de 2024 hubo una reforma a ese ordenamiento por la cual esos sectores pasaron a la categoría "amarillo oscuro", que sí permite cambios en el uso del suelo. Según un informe previo de Greenpeace, la aprobación del nuevo ordenamiento habilitó en total la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia, una cifra que la organización ya denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que viola la Ley Nacional de Bosques. Cruz advirtió además sobre el alcance futuro de la norma: "con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año". Según el relevamiento satelital de la organización, en los primeros seis meses de 2026 ya se habían desmontado 11.960 hectáreas en la provincia, el doble que en el mismo período del año anterior.

Territorios reconocidos, pero no respetados
Cruz calificó de ilegítimo el avance sobre estos territorios por tratarse de comunidades que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): "esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen". Entre las comunidades que la organización identifica como afectadas por el nuevo ordenamiento en la zona están Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.

Denuncias sin respuesta
Las comunidades presentaron denuncias ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Según relató Cruz, el propio fiscal de Tartagal informó que debía intervenir la Policía, pero el operativo no se concretó por falta de combustible para los vehículos. "Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes", afirmó. La organización lanzó además una convocatoria para sumarse a la "República de los Siete Bosques", una plataforma que busca construir una comunidad protectora de los bosques frente a distintas amenazas, con inscripción abierta en sietebosques.org.

Un patrón que se repite en el norte del país
La organización recordó que Argentina todavía está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, y cuestionó en ese marco los intentos de flexibilizar aún más la Ley de Bosques a nivel nacional. "Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos", sostuvo Cruz. Un informe anterior de la organización, de principios de 2025, ya había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte argentino durante 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco: el 75% de esa superficie correspondió a Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, con 149.649 hectáreas deforestadas, equivalentes a unos 210.000 campos de fútbol.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: El Diario AR, Nuevo Diario de Salta