INTA exoneró a la científica que midió agroquímicos

 


El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la científica que midió agroquímicos en personas

El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público a la investigadora de Balcarce que coordinó el proyecto europeo SPRINT. Ella rechaza las acusaciones y anticipó que irá a la Justicia.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de personas del sudeste bonaerense. El Consejo Directivo del organismo adoptó la decisión el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366. Es la sanción más grave prevista para el empleo público nacional: la deja fuera del INTA y del Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA desde 1997 y también es investigadora del CONICET. Dedicó más de dos décadas al estudio de suelos, agua y plaguicidas. Ella y parte de la comunidad científica consideran infundadas las acusaciones administrativas en su contra.

Qué midió el proyecto SPRINT
SPRINT es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con un presupuesto de 14 millones de euros, y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Analizó más de 200 plaguicidas y sus mezclas en suelo, agua, aire, alimentos, animales y personas. La Argentina fue el único país participante fuera de Europa; el INTA aprobó su incorporación en mayo de 2020.
En 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores. Entre los resultados, se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y se identificaron mezclas de plaguicidas. Según un informe técnico del proyecto de febrero de 2023, ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia. Los autores advirtieron, de todos modos, que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.

Del freno al sumario
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del organismo del proyecto y abrió un sumario que se extendió casi tres años, con ocho imputaciones y trece agentes investigados.
La resolución sostiene que Aparicio incurrió en dos faltas previstas en la ley marco de empleo público. La primera es haber usado las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el INTA, dio un rol en la coordinación y supervisión de datos a su pareja, el investigador retirado José Luis Costa, sin autorización formal ni declaración de conflicto de interés. La segunda es el uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. Sin embargo, el propio texto reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal y que no se acreditó un beneficio económico.
El organismo hizo además otros reproches. Señaló que se centralizaron análisis en el exterior sin autorización y que se reemplazó el comité de ética previsto por el de un programa de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También marcó diferencias entre el protocolo original y la composición final de los grupos de voluntarios. La resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. Otros agentes recibieron suspensiones, como el director de la estación Balcarce, Facundo Quiroz, con 15 días, y el resto fue eximido.
En un comunicado que no menciona a la investigadora, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

La respuesta de Aparicio
Aparicio pidió la nulidad del sumario por indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el planteo al considerar que se garantizó su derecho de defensa, y su defensa anticipó que recurrirá a la Justicia. La investigadora sostiene que la decisión excede lo administrativo y que busca “instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles”. En una entrevista reciente había descrito con crudeza su situación dentro del organismo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El 15 de octubre, días antes de conocerse la resolución, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Conicet impulsan una campaña contra la exoneración. Organizaciones de pueblos fumigados, científicos y organismos de derechos humanos también rechazaron la medida.
El caso reabre el debate sobre el uso de agroquímicos en el país y sobre las condiciones para investigar sus efectos en la salud y el ambiente.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Diario Textual, Portal Bichos de Campo, INTA

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