Misiones judicializa la derogación de la Ley de Tierras y lleva su reclamo ambiental al Cofema

Tras el fallo de la Corte Suprema que reactivó la eliminación de los límites a la compra de campos por extranjeros, el gobierno misionero ordenó acciones judiciales y defendió ante el Consejo Federal de Medio Ambiente la vigencia de la Ley 26.737.

Misiones decidió dar pelea en dos frentes para frenar la venta sin restricciones de tierras rurales a compradores extranjeros. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, a iniciar acciones judiciales contra los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En paralelo, el ministro de Ecología, Martín Recamán, llevó la defensa de esa norma al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
"No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", sostuvo el mandatario al anunciar la medida. La instrucción quedó formalizada en el decreto provincial 1935, firmado el 2 de octubre, que habilita a la Fiscalía a representar a la provincia y a promover las acciones y defensas que considere necesarias, por las vías y en los momentos que resulten técnicamente más oportunos.

El fallo que destrabó el decreto
La reacción misionera llegó días después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, el 29 de septiembre, la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Con esa decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, volvieron a quedar sin efecto los topes a la extranjerización del suelo rural.
Ante las críticas, el máximo tribunal emitió un comunicado en el que aclaró que su resolución fue estrictamente procesal. Según explicó, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para obtener la cautelar. La Corte remarcó que no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen y que su sentencia no alcanza a otras cautelares en trámite con el mismo objeto. También recordó que el Congreso conserva la facultad de rechazar el decreto o sancionar una nueva ley.
Ese margen ya empezó a usarse. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, pidieron una nueva cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 para evitar que se consoliden compras irreversibles mientras el Congreso trata el tema. Pichetto advirtió que en el escenario actual "pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles ribereños". Massot, por su parte, alertó que lo que se venda en las próximas semanas podría no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites, ya que esas operaciones quedarían protegidas por el derecho de propiedad.

Una provincia rodeada de fronteras
El planteo de Misiones se apoya en su geografía. Más del 90% de sus límites son internacionales, con Brasil y Paraguay. Por eso el gobierno provincial sostiene que regular la titularidad del suelo es una cuestión de soberanía, ordenamiento territorial y conservación. A esos argumentos Passalacqua sumó la protección de una biodiversidad única en el país y la defensa de los pequeños productores locales.
La Ley 26.737 fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental, e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo. También restringía la compra en zonas de seguridad de frontera y en inmuebles con cuerpos de agua permanentes, dos situaciones que en el territorio misionero son la regla y no la excepción.
Según los datos presentados por la provincia, cinco de sus 17 departamentos ya superaban el límite del 15% aun con la ley vigente: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción. El caso más extremo es Iguazú, donde 114.406 hectáreas pertenecen a titulares extranjeros, casi el 40% de su superficie rural. Esa concentración, advierte el gobierno, ya condiciona la expansión urbana, habitacional e industrial de municipios como Puerto Libertad.

La discusión en el Cofema
En ese contexto, Recamán expuso la posición misionera ante el Cofema, el organismo que reúne a las autoridades ambientales de las provincias y la Nación. El consejo acordó convocar a una asamblea extraordinaria para el martes 13 de octubre, con el objetivo de definir una postura institucional frente a la derogación de la ley.
La asamblea será la primera instancia en la que las autoridades ambientales de todo el país deberán fijar una posición común sobre el tema. Misiones ve en el control del suelo una herramienta para proteger sus ecosistemas, sus cursos de agua y sus fronteras. Para la provincia, el resultado de esa reunión y el de las causas judiciales en marcha definirán hasta dónde puede avanzar la extranjerización de su territorio.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Diario El Territorio, Misiones Online, Canal 12 Misiones