Denuncian que AySAM vuelca cloacas en un predio de Maipú cercano al humedal Leyes-Tulumaya

Una organización civil llevó a la Justicia los vertidos de efluentes sin tratar que la empresa estatal de agua realiza desde 2015 en un campo de 12 hectáreas, a pocos metros del arroyo Leyes y de lagunas protegidas, con riesgo de que la contaminación alcance las napas.

En un campo de unas 12 hectáreas sobre calle Los Pinos, en el departamento mendocino de Maipú, se formó con los años una laguna que no figura en ningún mapa hídrico. La alimentan los líquidos cloacales sin tratar que Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), la empresa estatal de agua de la provincia, deriva allí desde 2015. La situación llegó a la Justicia a partir de una denuncia de la organización Fiscalía Ciudadana, que advierte por el riesgo de contaminación de las napas y de un sistema de humedales cercano.
El predio está ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, junto al trazado de la Colectora Máxima Noreste, el caño que conduce los efluentes cloacales hacia la planta depuradora El Paramillo. A poca distancia corre el arroyo Leyes y se extienden las lagunas El Viborón, La Paloma y Soria. Esas lagunas integran el sistema Leyes-Tulumaya, declarado de interés para su conservación en 2020.

Una emergencia que duró once años
La propia empresa reconoció los vertidos. AySAM explicó que la derivación hacia el campo funciona como un mecanismo de emergencia ante las fallas estructurales de la colectora, un caño construido en la década de 1980 que se fracturó en 2015. También sostuvo que los vuelcos se producen de manera "esporádica y eventual", solo ante contingencias como tormentas que elevan los caudales. En los momentos de mayor descarga, la superficie afectada llegó a abarcar unas 40 hectáreas.
Las constataciones realizadas en junio pusieron en duda esa explicación: se registraron descargas aun cuando no había llovido en los días previos. Marcos Neirotti, vicepresidente de Fiscalía Ciudadana, sostuvo que la situación ya era conocida por las autoridades de control y que, pese a ello, el daño ambiental continuó durante años.
Los antecedentes le dan sustento a ese planteo. El Departamento General de Irrigación ya había intimado a AySAM el 3 de agosto de 2021 a frenar los vertidos y presentar un plan de remediación, y reiteró el pedido seis días después. Cuando el caso se reactivó este año, el expediente físico de aquellas actuaciones no pudo ser localizado.

La denuncia y la respuesta oficial
Fiscalía Ciudadana presentó su denuncia ante Irrigación el 29 de mayo, a partir de denuncias anónimas, y luego promovió una querella penal. Ese mismo día, el organismo labró un acta en la que intimó a la empresa a sanear el área y a retirar el caño que descargaba desde una boca de registro del colector. La intimación se basó en una resolución destinada a prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En la inspección no se observaron vuelcos activos, pero sí una extensa superficie de agua estancada con olor característico de efluentes cloacales.
Dos días después de la denuncia, el 31 de mayo, AySAM firmó un acuerdo con el propietario del campo para utilizarlo como área de contención ante contingencias. La empresa proyecta construir allí una laguna de contención con terraplenes perimetrales y avanzar con el reemplazo progresivo de la vieja colectora. Esas obras cuentan con un financiamiento de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El principal riesgo señalado por los denunciantes es la infiltración. Como el suelo del predio no está impermeabilizado, los efluentes podrían alcanzar las aguas subterráneas y, desde allí, el sistema de humedales, aunque ese impacto todavía no fue acreditado judicialmente. El caso ya involucra a Irrigación, a la autoridad ambiental provincial y a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

Un patrón que se repite
La denuncia de Maipú no es el primer frente judicial de AySAM por vuelcos cloacales. El 26 de mayo, el fiscal Gabriel Blanco imputó al presidente de la empresa, Humberto Mingorance, al gerente general Darío Hernández y al gerente de Operaciones Carlos Sifuente por los derrames en Los Corralitos, en Guaymallén. Los cargos son daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua peligrosa para la salud. Unas semanas antes, Irrigación había multado a la empresa con 100.000 unidades de agua, unos 120 millones de pesos, por esos mismos vertidos.
En ambos casos aparece el mismo telón de fondo: una infraestructura cloacal envejecida cuyas fallas, según los denunciantes, terminan descargándose sobre suelos, canales y humedales de la provincia.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental, Portal Data24, Departamento General de Irrigación de Mendoza