Glifosato y yerba mate: qué cambió en Misiones y por qué divide a productores, ambientalistas y científicos

Misiones derogó la prohibición provincial del glifosato que había sancionado en 2023. Un productor yerbatero dice que la norma nunca se aplicó y que las notas alarmistas asustan al consumidor. Desde el ambientalismo y el derecho ambiental lo leen como parte de una regresión que incluye un fallo en Entre Ríos y el sumario a una investigadora del INTA.

Qué cambió en Misiones
El 3 de septiembre, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad modificar la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que desde 2023 prohibía el glifosato con un período de transición de dos años. La reforma derogó el artículo 8 de la Ley VIII N° 103 y quedó registrada como Ley VIII N° 124. El gobernador Hugo Passalacqua la promulgó el 8 de septiembre mediante el Decreto 1757. La ley mantiene el impulso a los bioinsumos, pero elimina la prohibición, de modo que el herbicida vuelve al régimen general de los fitosanitarios y puede usarse donde tenga autorización nacional. Entre los argumentos oficiales figura que los bioinsumos no se desarrollaron al ritmo previsto, y que exigir el reemplazo sin alternativas empuja a pequeños y medianos productores a la informalidad. Carlos Rovira, autor de la ley original, votó a favor de derogarla.

La mirada de los productores
El productor Cristian Klingbeil, de la zona centro de Misiones, cuestionó los títulos que vincularon la derogación con un riesgo sanitario para quienes toman mate. Entre ellos citó una nota de El Destape del 1 de octubre. Sostuvo que la prohibición nunca llegó a aplicarse, por lo que su caída no cambió las prácticas, y que el glifosato ya se usaba para controlar malezas. Explicó que se aplica con tractor o mochila, dirigido a la maleza y evitando la planta, y que los productos para el mercado interno y la exportación pasan por análisis. Planteó además un problema económico: controlar las malezas con motoguadaña requiere tres o cuatro pasadas por año, mientras que el glifosato necesita una o dos aplicaciones. Con el precio de la yerba en baja, advirtió, algunos productores pueden recurrir más a los herbicidas. Su temor es que la desconfianza reduzca el consumo: "Si no tenemos consumidores, estamos en el horno". El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) emitió un comunicado en la misma línea. Señaló que la yerba no es un cultivo transgénico tolerante al glifosato y que el herbicida no se aplica sobre la planta. Recordó que el límite máximo de residuos para la yerba en Argentina es de 0,5 mg/kg. Indicó también que el cambio de ley "no constituye evidencia" de que la yerba contenga residuos, y que eso solo lo determinan análisis de laboratorio.

Las críticas desde el derecho ambiental y la ciencia
Tiempo Argentino lee la decisión de Misiones junto con otros dos hechos. Marta Ferreira, exministra de Agricultura Familiar de Misiones e impulsora de la ley derogada, sostiene que el debate no se reduce a prohibir o autorizar un producto, sino a producir de otra manera. El primer hecho es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que anuló una sentencia que había fijado distancias de resguardo de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 para aéreas, y rechazó dos amparos en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. El tribunal consideró que el fallo anulado reconocía la validez de la Ley provincial 11.178 pero fijaba un régimen distinto sin declararla inconstitucional, y que no se había probado una infracción concreta. Aclaró además que rechazar los amparos no implica desatender la tutela ambiental ni a la niña con daño genotóxico involucrada. El 25 de septiembre hubo una protesta en los Tribunales de Paraná. La abogada Aldana Sasia habla de una "enorme asimetría" entre una familia con pruebas médicas y las industrias con capacidad jurídica y económica. El abogado Fernando Cabaleiro sostiene que se viola el principio de no regresión ambiental. El segundo hecho es el caso de Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET en Balcarce, que coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, sobre exposición a plaguicidas en personas, alimentos y ambiente. Enfrenta un sumario que, según su defensa y gremios como APINTA, podría terminar en su exoneración. En Balcarce, concejales de bloques opositores la recibieron en una reunión informal, y evalúan pedir los datos del estudio.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal MisionesOnline, Diario Tiempo Argentino, Dairio Primera Edición, Portal Nota al Pie