La Corte Suprema dejó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

Ocho años después de que una nena de dos años con cáncer moviera a su comunidad contra las fumigaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva el caso de Sastre y Ortiz, Santa Fe, y dejó firme una zona de exclusión que ya se perfila como antecedente para otros pueblos fumigados del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, en el centro-oeste santafesino, y dejó firme la sentencia que establece una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con agroquímicos alrededor de toda la planta urbana, y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. "El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja", señaló la Corte en una resolución de apenas unas líneas, publicada el 13 de agosto, que cierra ocho años de litigio.

La historia de una nena de dos años
El conflicto se remonta a 2018, cuando Zoe Giraudo fue diagnosticada con linfoma linfoblástico tipo T a los dos años. Su madre, Sonia González, relató en su momento que los médicos vincularon el cáncer con la exposición a agroquímicos: la familia vivía a metros de campos de soja y ella misma había trabajado once años en una cooperativa agrícola, con su oficina a cinco metros de un depósito de insumos químicos. Ese diagnóstico movilizó a gran parte de la comunidad de Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hasta entonces se podía fumigar a apenas 100 metros de las viviendas. Los vecinos lograron primero que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que alejaba las aplicaciones a 200 metros, pero la norma fue vetada por la oposición de productores y del propio municipio, cuya intendenta, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para tratar el tema.

El camino judicial
Los vecinos autoconvocados recurrieron entonces a la Justicia con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, y en noviembre de 2018 el juez de San Jorge Daniel Zoso les otorgó una cautelar de 400 metros. La medida quedó frenada hasta que, en septiembre de 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó sentencia firme y extendió la zona de resguardo a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Desde entonces, ningún tribunal modificó esa decisión central: la Municipalidad, respaldada por productores agropecuarios que se presentaron como terceros coadyuvantes, agotó sin éxito los recursos ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y la Corte Suprema de Santa Fe, hasta llegar en 2024 a la Corte Suprema nacional, con el patrocinio del estudio jurídico Rondina. El Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso como tercero interesado.

La evidencia científica detrás del fallo
El fallo de primera instancia, de 54 páginas, se apoyó en pruebas científicas que luego resistieron todas las instancias posteriores. El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Damián Verzeñassi, aportó un informe que documentó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional, en base a los llamados "campamentos sanitarios". El biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, presentó veinte años de estudios de laboratorio sobre áreas sojeras argentinas y una docena de investigaciones internacionales sobre el daño en la salud -en particular en niños- por la exposición a fumigaciones, y recomendó específicamente una zona de resguardo de 1.000 metros. También se incorporó la investigación en genética y mutagénesis ambiental de la genetista Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esa base, la Justicia aplicó el principio precautorio, que permite adoptar medidas de protección ante un riesgo de daño grave o irreversible aun sin certeza científica absoluta.

Un antecedente para otros pueblos fumigados
Aunque la Corte Suprema no fijó una doctrina propia ni se pronunció sobre el fondo del asunto -solo desestimó el recurso por falta de fundamentación autónoma-, dejó en pie un antecedente que especialistas consultados por medios locales calificaron como "una referencia obligada en materia ambiental". El fallo confirma que un amparo colectivo puede desplazar una ordenanza municipal, y que el principio precautorio alcanza para sostener una restricción de este tipo incluso frente a la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos. Sastre y Ortiz queda así como caso testigo para los reclamos de otros pueblos fumigados de la Argentina que discutan distancias de resguardo similares.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario Tiempo Argentino, Diario La Capital de Rosario