Cinco meses sin respuesta: la demanda contra la reforma de la Ley de Glaciares sigue sin cautelar

Un juzgado federal de La Pampa se declaró competente en la causa impulsada por organizaciones ambientales y respaldada por más de 850.000 personas, pero todavía no resolvió los pedidos para frenar la reforma ni para proteger un glaciar amenazado por un proyecto minero.

Más de cinco meses después de presentada, la demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares tuvo su primera definición, aunque no la que esperaban sus impulsores. El 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para tramitar la causa. Sin embargo, todavía no resolvió los pedidos de medidas cautelares que buscan frenar los efectos de la nueva norma.
“Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza”, advirtieron las organizaciones demandantes en un comunicado. La causa fue presentada el 5 de mayo por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas, organizaciones territoriales y referentes sociales de todo el país. Más de 850.000 personas adhirieron a la presentación en menos de dos semanas.

Qué cambió la reforma
La demanda cuestiona la Ley 27.804, publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril. Esa norma modificó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Según las organizaciones, la reforma eliminó la protección efectiva de los glaciares y de las cuencas que dependen de ellos.
Entre los cambios centrales, la nueva norma limita la protección a los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas y deja en manos de cada provincia la tarea de identificarlos. También modifica el criterio para prohibir actividades: ya no alcanza con que puedan afectar a los glaciares, sino que deben poder alterar de modo relevante su condición natural o sus funciones hídricas. Esa evaluación también queda a cargo de las provincias. Además, la evaluación ambiental estratégica deja de ser obligatoria y pasa a depender del criterio de cada autoridad provincial.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sigue a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero ahora debe incorporar o eliminar geoformas según la información que le envíen las jurisdicciones. Si un glaciar es dado de baja por no cumplir funciones hídricas, deja de estar alcanzado por la ley.
La demanda pide que se declare inconstitucional la reforma y que, como medida cautelar, se suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo, para evitar autorizaciones o avances de proyectos que puedan provocar daños irreversibles. Las organizaciones presentaron dos pedidos de pronto despacho para acelerar la decisión, sin resultado hasta ahora.

El glaciar en la mira
La urgencia tiene un caso concreto. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, de cobre, oro y plata, impulsado por BHP y Lundin en el departamento Iglesia, en San Juan. En su zona de intervención se encuentra el glaciar de escombros GE110, ubicado en la cuenca del río Jáchal e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2022. Según la presentación judicial, el proyecto prevé un tajo a cielo abierto de unas 259 hectáreas en esa zona.
El 23 de junio, las organizaciones pidieron una cautelar específica para impedir que el GE110 sea retirado del inventario mientras dure la causa. Advirtieron que, si el glaciar pierde su protección y el proyecto avanza, una sentencia posterior podría llegar cuando el daño ya esté hecho. “Llegar tarde equivale a convalidar la pérdida”, sostuvieron. Ese pedido tampoco recibió respuesta.

Voces cuestionadas
La resolución del 8 de octubre sumó otro motivo de preocupación. El juez Baric cuestionó las presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan la demanda. Entre ellas están las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, y las de integrantes de la Asamblea de Jáchal. Las organizaciones advirtieron que ese criterio podría dejar fuera del proceso a personas que defienden la ley desde hace años.
Para los demandantes, la demora no es neutral. Mientras la Justicia no se pronuncia sobre las cautelares, la reforma sigue vigente y las provincias pueden avanzar en la revisión del inventario. En juego están los glaciares, que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce para buena parte de las cuencas cordilleranas del país.

Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Econews, Greenpeace Argentina